Hoy y mañana se debate en el Congreso la investidura de Sánchez, que puede no salir y abocarnos a otra votación en septiembre o a nuevas elecciones en noviembre. Pero, según las encuestas, esas elecciones valdrían para poco, porque se repetirían 2 bloques sin mayoría para gobernar. Y perderíamos otros 6 meses, cuando España lleva 4 años de bloqueo político, desde que en octubre de 2015 se convocaron elecciones. La economía sigue creciendo, por inercia, pero amenazan vientos en contra desde fuera (crisis comercio mundial, estancamiento UE, tipos y petróleo al alza) sin que España haya hecho las reformas más urgentes: empleo y normas laborales, pensiones, vivienda, sanidad, educación, dependencia, desigualdad y pobreza, demografía, financiación autonomías, Ciencia y formación, digitalización, reindustrialización, inversiones públicas y lucha contra el Cambio climático. Y una reforma fiscal que permita recaudar más de los que pagan poco y gastar en lo mucho que hace falta. Problemas serios que hay que afrontar cuanto antes, con medidas pactadas. Para eso queremos a los políticos.
En 2015 se acabó un periodo político de la reciente democracia española: el bipartidismo. Hasta entonces, el centro, la izquierda o la derecha habían conseguido gobernar y hacer reformas (algunas duras y nefastas), a golpe de mayorías absolutas o con acuerdos con los nacionalistas. Pero en las elecciones del 20 de diciembre de 2015 (20-D), se configuró una España de cuatro partidos y dos bloques, sin mayorías claras, que han impedido gobernar y tomar medidas de fondo en estos casi 4 años de “bloqueo político”, desde que el 26 de octubre de 2015 se convocaran las elecciones del 20-D.
El problema de fondo es que retrasar la investidura y convocar
nuevas elecciones para noviembre
de 2019 (las cuartas en 4 años) no va a resolver nada. Porque las últimas encuestas indican que aumentaría mucho la abstención (hasta el
32,4%) y que seguiría habiendo dos
bloques sin mayoría para gobernar (176 diputados): uno de izquierdas (PSOE
con algunos diputados más y Podemos con menos, 168 diputados frente a los 165
de ahora) y otro con “las tres derechas” (PP con algo más diputados, Cs con
menos y Vox con la mitad que ahora, unos 149 diputados frente a los 147 de
ahora). Y así, tendríamos nuevo bloqueo político en diciembre,
tras haber perdido otros 6 meses más.
Y lo grave es que España
lleva 4 años en este bloqueo político, desde octubre de 2015, sin afrontar los problemas de fondo, que
se agravan mes a mes. La economía sigue creciendo, con la inercia de
la recuperación, y la Comisión Europea nos augura un crecimiento del 2,3%
para 2019, el doble que la zona euro (+1,2%) y más que Alemania o Francia
(+12,2%). Pero no hay que confiarse. Primero, porque una parte de ese
crecimiento ha venido de la ayuda exterior desde 2014, en forma de bajos tipos
de interés y bajos precios del petróleo, más las compras de deuda del BCE. Pero
ahora, el temor es que los vientos exteriores soplen de frente, por la crisis del comercio
mundial (proteccionismo), el estancamiento de Europa y las subidas del petróleo
y tipos. Y, sobre todo, porque España
tiene una serie de problemas de fondo que exigen reformas, abandonadas desde 2015 por falta de
Gobiernos estables y pactos.
El primer problema
a afrontar es aprobar un Plan de choque por el empleo y contra el paro, el primer problema para los
españoles, según todos los CIS. Este año 2019 se va a crear menos empleo
(+350.000, frente a 566.200 en 2018 y +475.000 en los tres anteriores). Y el
problema es que el 91% son
empleos temporales y un tercio a tiempo parcial, casi todos mal pagados (menos
de 1.000 euros netos al mes). Y la mitad de los parados llevan más de dos años
en el paro y casi la mitad no cobra ya el desempleo, con lo que malviven sin
perspectiva de trabajar, sobre todo los mayores de 45 años. Y los jóvenes y las mujeres sufren más la precariedad en el empleo y en los sueldos, ganando los jóvenes hoy igual que hace 20 años.
Además de volcarse en el empleo, reformando las
oficinas del SEPE (que ni buscan empleo ni forman a los parados), haría
falta apostar por las políticas activas de empleo, con ayudas a la
contratación y reforzando la FP con los empleos que necesitan las empresas. Y
conseguir una reforma laboral que
reduzca la precariedad y mejore la
productividad española, cada vez más alejada de Europa: somos más pobres que la UE (tenemos el
90% de su renta) porque aquí trabaja
menos gente (67% de adultos
20-64 años frente al 73,2% en la UE-28 y el 79,9% en Alemania, según Eurostat) y trabajan con menos
eficacia (la productividad por hora
trabajada ha crecido en España un +17,5% entre 1995 y 2018 y en Europa un +37,1%,
según un estudio de la Fundación BBVA e Ivie).
El otro gran problema sin resolver son las pensiones. No se ha hecho nada desde que Rajoy y el PNV pactaron, en abril de 2018 una subida de las pensiones del 1,6% y retrasar a 2023 la entrada en
vigor del factor de sostenibilidad
(rebajar la pensión inicial en función de la esperanza de vida). La mayor
subida de las pensiones (en 2018 y 2019) ha aumentado el gasto de la Seguridad
Social, mientras no suben tanto los ingresos por sueldos (bajos) y cotizantes. Y así, a finales
de junio, se ha batido un récord de gasto en pensiones: 9.773 millones, más casi otro tanto para la extra (19.000 millones
en total), con lo que la SS ha tenido que acudir a un préstamo del Tesoro,
porque “la hucha” está casi agotada. Y ya se pagan 9.733.234 pensiones (a 8,8 millones de pensionistas), con una
pensión nueva más alta: 990 euros de pensión media y 1.410 euros las nuevas jubilaciones de junio.
Al final, el envejecimiento de la población está aumentando el número de pensiones y
pensionistas, que cobran cada vez más porque han tenido salarios más altos. Y
sin embargo, los 2,8 nuevos empleos
creados con la recuperación son precarios, con bajas cotizaciones.
Esto crea un déficit de la Seguridad
Social que ha sido de -18.500
millones en los últimos tres años y que podría superar los -20.000 millones en 2019.Un déficit que se agravará a partir de
2027, cuando se jubila la generación del “baby boom” (nacidos entre 1960 y
1975) y sobre todo para 2050 (cuando habrá 15 millones de pensiones). Por eso, urge tomar medidas desde ya, tratando de aumentar ingresos (vía
cotizaciones e impuestos) y atemperar los gastos, con medidas
varias: retraso edad de jubilación, computar lo cotizado en toda la vida
laboral, ajustar las subidas al PIB y no sólo al IPC y rebajar algo las
pensiones iniciales para asegurarlas durante más años que vive ahora el pensionista.
El tercer gran problema a resolver es la vivienda, que es, junto al empleo y los salarios, el tercer factor que provoca hoy mayor
vulnerabilidad entre jóvenes y familias: hay 8,5 millones de españoles en
situación de exclusión social, un 18,4% de la población, según el informe FOESSA. Una causa clave es que los alquileres se han disparado desde
2014, subiendo un 46% y alcanzando máximos históricos en 25 capitales. De hecho, 1,5
millones de españoles no pueden pagar un alquiler de mercado, según un estudio de la Fundación Alternativas. Esto ha llevado a muchas familias a la
exclusión social, al tener dedicar la
mitad y más de sus ingresos al alquiler (el 40%
de los excluidos viven en alquiler). Y hay 2.100.000 hogares (el 11%) que
viven en situación de “exclusión residencial”: 1,3 millones en viviendas con graves
deficiencias (“infraviviendas”)o sin suministros adecuados (agua, calefacción)
y otros (800.000), sin contrato de alquiler, con riesgo de desahucio o con
situaciones de violencia intrafamiliar.
La solución al grave problema de vivienda de
millones de familias y jóvenes no pasa
por limitar
legalmente los alquileres (como pretenden Podemos y algunos
Ayuntamientos), porque eso retraería a
los propietarios a alquilar, ni por conceder 150 euros de ayuda al alquiler
de los jóvenes como promete el alcalde de Madrid (terminan subiendo más el alquiler), sino aumentando
la oferta de pisos en alquiler, incentivando a alquilarlas a los
propietarios que las tienen vacías (bajándoles el IBI y el IRPF) y, sobre todo,
ampliando el parque de viviendas
públicas (VPO) en
alquiler, con compras de pisos sin vender y nuevas promociones en suelo
público. Porque es una vergüenza que en 2018 sólo se terminaran 5.136 VPO, según Fomento, cuando entre 1957 y 1.989 se terminaban más de 100.000 VPO al año. Es posible promover 20.000 al año y
sacar al mercado otras 20.000 vacías o sin vender, unas 50.000 viviendas en alquiler más al año que tirarían a la baja de
los precios.
El 4º gran problema a afrontar en España es recuperar el Estado del Bienestar,
tras recortes de 21.847 millones de euros entre 2009 y 2016 (según Hacienda) en sanidad, educación, Dependencia y gastos sociales. En Sanidad, habría que gastar como
la media europea (el 7% del PIB, unos
12.000 millones más al año), aumentando y regularizando las plantillas de
médicos y enfermeras (1/3 tienen contratos temporales), ampliar los
especialistas, renovar tecnológicamente los hospitales y reducir con ello las
abultadas listas de espera (584.000 españoles esperan una operación y el 43%
esperan 57 días de media para ir al especialista) y las enormes diferencias de
servicio entre autonomías. En Educación, urge un Pacto
educativo para gastar también como europeos (el 5% del PIB, 11.200 millones más
al año) y para reformar a fondo la educación, desde infantil a la universidad,
para reducir los repetidores (1 de cada 3 estudiantes), el fracaso escolar
(18,3%) y el elevado paro de los jóvenes (35% los menores de 25 años).
En Dependencia, la atención a
mayores y discapacitados ha sufrido serios recortes (-4.600 millones entre 2012
y 2017) y el resultado es que, en junio de 2019, junto a 1.083.329
dependientes atendidos (la mayoría, con servicios “low cost”, no en
residencias), hay todavía 256.821
dependientes en lista de espera, con derecho reconocido pero sin recibir
ningún servicio o ayuda, porque su autonomía no tiene recursos. Y lo grave es
que la mayoría son ancianos muy mayores, con lo que 80 dependientes mueren cada día sin recibir la ayuda a la que
tienen derecho, según los Directores de Servicios Sociales. En cuanto a los servicios sociales, el gasto
en 2018 (1,57% del PIB) fue 2.300 millones menos que en 2010 (1,68% del PIB), con grandes
desigualdades entre la cuantía y la calidad de la atención social en Castilla y
León, País Vasco o Navarra (las mejores) y Madrid, Comunidad Valenciana, Murcia
y Canarias (las peores), según los Directores de Servicios Sociales. Y urge relanzar las ayudas a la familia
y a la natalidad, para frenar nuestro “suicidio demográfico”
Otra 5ª prioridad, que lleva años esperando, es un Plan integral contra la pobreza y la
desigualdad social, que han aumentado con la crisis. España es el país
europeo donde más ha crecido la desigualdad entre
2008 y 2017 y el 4º país más desigual de Europa, tras Bulgaria, Ucrania y Letonia: el
10% más rico concentra más de la mitad de la riqueza total (55,3%), más que el
90% restante (que se lleva el 44,6%), según Intermón Oxfam. Y el 1% más rico acapara más riqueza (24,42%) que el 50%
más pobre (7,20%). Eso lleva a que España
tenga más pobreza que antes de la crisis: el 26,6% de la población
(12.338.187 españoles) están en riesgo de
pobreza, según el indicador europeo AROPE, sobre todo
parados, inmigrantes y mujeres solas con niños (+50% son pobres). Y 1 de cada 3
menores de 16 años están en situación de pobreza: 1.400.000 niños pobres, según Save the Children.
Una 6ª prioridad que no puede esperar más (el clima, la
sequía y los incendios nos lo “gritan”) es la
lucha contra el Cambio Climático, donde España tiene una posición de partida peor que el resto de Europa, porque somos el 3º país europeo que más ha aumentado sus emisiones de efecto
invernadero entre 1990 y 2017: un +17,9%,
sólo superado por Chipre (+57,8%) y Portugal (+19,5%), mientras el conjunto de
la UE las reducía un -23,5%. Y además, porque si hay un país
que sufre y sufrirá más el Cambio Climático es España, junto a la Europa del
sur. El Gobierno Sánchez envió a Bruselas, a
finales de febrero de 2019, el Plan español, considerado por los expertos como uno de los más ambiciosos. En
esencia, propone suprimir el uso del carbón en 2030, reducir las nucleares y
contar con un 42% de energías renovables para 2030, además de reducir el uso
del diesel y la gasolina en los transportes (plantea suprimir los coches de combustión a partir de 2040).
En paralelo a la reconversión hacia una economía más limpia, la
energía debe ser la 7ª prioridad a afrontar en los próximos años, con el
doble objetivo de conseguir una energía
más limpia y más barata, en especial la
electricidad: hoy España tiene la luz
para uso doméstico un 43,8% más cara
que Europa (0,187 €/Kwh frente a 0,130 €) y la luz industrial un 32,4% más
cara (0,094 €kWh frente a 0,071 € la UE-28), según
Industria. Y eso se debe a que los distintos Gobiernos, desde Aznar a
Sánchez, no han sido capaces de imponer una auditoría y recortar
a las eléctricas los costes que nos cobran de más en el recibo (un tercio).
Otra 8ª prioridad debería ser apostar por la Ciencia y la tecnología, tras años de recortes en
I+D+i (-21.728 millones desde 2009), traducidos en abandono de proyectos y fuga
de investigadores. España es uno de los paises que menos gasta en Ciencia (1,20% del PIB en 2017 frente al 2,07% de la UE-28,
el 3% de Alemania o el 3,30% de Suecia) y estamos en el puesto 17º del ranking europeo de innovación, según la Comisión Europea. Y además de gastar poco, lo gastamos mal, porque el 60% del Presupuesto es vía créditos que
no se piden (hay Universidades y Centros que tienen prohibido endeudarse más),
con lo que en 2018 sólo se gastó el 46,8% del Presupuesto en Ciencia (3.278 de 7.003 millones).
Y en paralelo, las empresas gastan poco
en tecnología e innovación.
La 9ª prioridad de futuro debería ser modernizar la economía, apostando más por la industria (en España aporta el 16% del PIB
frente al 17,5% en la UE-28 y el 23,2% en Alemania), que aporta empleo más
estable, la exportación, las inversiones
públicas en infraestructuras, agua y medio ambiente, la innovación y la digitalización, buscando aumentar el tamaño de las empresas (tenemos demasiadas pymes, menos eficientes que las grandes empresas) y mejorando
la productividad, con una mayor apuesta por la formación y la mejor
organización de las empresas, fomentando la participación en la gestión del día
a día.
Y por fin, la 10ª gran tarea pendiente: una nueva reforma fiscal, para conseguir
recursos suficientes para afrontar las tareas anteriores. El
gran problema de España, y por el que tenemos todavía el 4º mayor déficit público de Europa (el
2,48% en 2018, tras 2,5% Francia, 2,1% Italia y 4,8% Chipre), no es que gastemos más (gastamos menos: un 41,3% del PIB frente
al 45,6% que gasta la UE-28) sino que
ingresamos mucho menos que el resto de Europa, según Eurostat. Así, en 2018, España recaudó el 38,9% del PIB, mientras los
paises europeos recaudaron el 45% de su PIB y la zona euro el 46,3%. Eso
significa que recaudamos 73.703 millones menos el año pasado que la media
europea, 89.410 millones menos que los paises euro y 177.612 millones menos que
Francia. Pongamos 80.000 millones menos
de ingresos, que darían para reducir el déficit
y gastar más en lo que hace falta.
Así que el gran reto
del próximo Gobierno no es hacer más
recortes, como ya pidió la Comisión Europea en junio (15.000 millones de “ajuste” entre
2019 y 2020 para seguir bajando el déficit), sino recaudar más, en línea con Europa. Y para ello, hay que aumentar la recaudación
en el IRPF (reduciendo deducciones,
que benefician a los ingresos más altos) y en el IVA (quitando tipos reducidos al 10% sin justificación, como
hoteles y restaurantes), en los impuestos
verdes (subiendo impuestos al gasóleo y gasolina, menores que en Europa),
y, sobre todo, aumentando el impuesto de
sociedades a los bancos, grandes empresas y multinacionales, así como a los
más ricos, que pagan menos de lo que deben. Se trata de hacer una reforma fiscal donde el 95% paguemos igual o menos y un 5% pagarán más.
Y reducir el fraude fiscal y cobrar a los que evaden. Medidas de las que no quieren hablar las tres derechas, que prometen
bajar impuestos, cuando el camino es recaudar más.
Son bastantes retos,
muy importantes, donde apenas se ha hecho nada en los últimos 4
años de bloqueo político y Gobiernos débiles. Y son reformas que exigen pactos, acuerdos y consensos, con recursos suficientes y tiempo,
sin politiqueos egoístas, buscando mejorar la vida de los ciudadanos y ser un
país más eficiente, más moderno y socialmente más justo. Es lo que necesitamos los españoles. Para eso queremos a los
políticos. No para llevarnos a bloqueos políticos que agravan los problemas y
retrasan las soluciones.
