2026, otro año de mayor crecimiento

2025 ha sido mejor de lo esperado hace meses, cuando se temía una recesión mundial por los aranceles de Trump y los conflictos geopolíticos. A final, el mundo ha crecido casi como en 2024 y Europa languidece, mientras España crece casi el doble que la UE, por 5º año consecutivo. Y todo apunta a que en 2026, la economía mundial crecerá como en 2025, sin sobresaltos, salvo la incertidumbre por las guerras y conflictos o el temor a una crisis bursátil por la burbuja de la Inteligencia Artificial. España volverá a crecer más que el resto de Europa, empujada por el aumento de la población (inmigrantes) y el empleo, que tirarán del consumo, junto a las mayores inversiones por los Fondos europeos (que se acaban).Pero este fuerte crecimiento no puede hacernos olvidar los problemas pendientes: subida de alimentos, alquileres por las nubes, sueldos bajos, jóvenes sin horizonte, deterioro de los servicios públicos (sobre todo la sanidad) y demasiada pobreza y desigualdad. Hay que repartir el crecimiento.

¡Feliz 2026¡

El año 2025 se ha cerrado con la sensación de que ha sido mejor de lo esperado, como ya pasó en 2023 y 2024, sin que los aranceles de Trump o los conflictos geopolíticos nos hayan sumido en una recesión, como algunos temían en primavera. El crecimiento mundial habrá sido del +3,2%, según el FMI, parecido al de 2024 (+3,3%), aunque con diferencias entre Europa (+1,3%), EEUU (+2%) y Asia (+4,5%). Al final, la economía internacional no ha caído en recesión porque los aranceles se han retrasado y suavizado sobre la amenaza inicial, por la capacidad de paises y empresas para reaccionar y adaptarse, por las bajadas de tipos (que reanimaron la inversión y el consumo) y por el alivio de la energía, con precios bajos del petróleo y el gas tras los sustos de años anteriores. Eso sí, en 2025 vimos un mundo más fragmentado, de bloques comerciales y políticamente dividido.

Este año 2026 se presenta bastante parecido, con un cierto dinamismo en la economía mundial, que podría crecer casi lo mismo (+3,1% prevé el FMI), con un crecimiento similar al de 2025 en EEUU (+2,1%), Europa (+1,4%) y China (+4,2%). Por un lado, se notarán más este año los aranceles de Trump, pero también avanzará la búsqueda de nuevos mercados por parte del resto del mundo. Y se esperan tipos bajos y energía barata, con el petróleo rozando los 62 dólares por barril, el precio más bajo desde febrero de 2021. Y se espera además que la inversión siga fuerte, empujada por la Inteligencia Artificial (IA), que movilizó 1,5 billones de dólares en 2025. Precisamente, el auge de la IA es un factor que puede contribuir a un salto de la productividad y el crecimiento, sobre todo en EEUU y China, pero también es un factor de incertidumbre: muchos expertos temen que la burbuja de la IA estalle en 2026 y provoque una debacle de las Bolsas, que han batido todos los récords en 2025.

Pero hay otras incertidumbres en el panorama internacional para 2026, en especial los conflictos geopolíticos (a Ucrania y Gaza de podría sumar Venezuela), la guerra comercial entre USA y China, el aumento de la deuda en EEUU y en todo el mundo (que podría llevar a recortes de gasto y a subidas de tipos), el gasto en Defensa (que impide otros gastos sociales), el progresivo envejecimiento de la población en Occidente y la emergencia climática, que no se afronta con decisión por el auge del negacionismo climático y causará nuevas y costosas emergencias (inundaciones, huracanes, incendios, sequías…).

En Europa, el año 2026 se presenta algo mejor, según las previsiones de otoño de la Comisión Europea: se espera un crecimiento del +1,4% en la UE-27, el mismo que en 2025, pero con una cierta recuperación en Alemania, el motor del continente (espera crecer +1,2%, tras crecer sólo un +0,2% en 2025 y caer un -0,5% en 2024). Francia también crecerá algo más (+0,9% frente a +0,7% en 2025) e Italia (+0,8%, el doble que en 2025), aunque eso se contrapone con un elevado déficit público en los tres paises para 2026 (-4,0% del PIB Alemania, -4,9% Francia y -2,8% Italia), que dificultará reanimar más estas economías, máxime con el estancamiento político en Francia y los enfrentamientos en Italia.

Pero este ligero crecimiento de la UE y de sus tres mayores economías es muy importante para España, porque son nuestros mayores clientes (allí van el 33% de todas nuestras exportaciones) y los europeos que más vienen como turistas (el 31,6% vienen de estos 3 paises europeos). Esto nos ayudará más a crecer en 2026, un año en que la Comisión augura un crecimiento para España del +2,3%, casi el doble que el de la UE-27 (1,4%) y Alemania (1,2%). Con ello, será el 6º año consecutivo (de 2021 a 2026) en que España crecerá más que la media europea: hemos crecido +11,1% entre 2021 y 2025, más del doble de lo que han crecido estos años la UE-27 (+5,2%). Y eso gracias al mayor aumento de la población y del empleo, al turismo, a las exportaciones y a las inversiones promovidas por los Fondos UE.

Este año 2026, el mayor crecimiento español se asentará en dos motores, según las previsiones del Gobierno. Uno, el consumo de las familias, que ha crecido ya en 2025, por el aumento de la población (+475.000 habitantes, por la inmigración) y del empleo (se habrán creado unos 600.000 empleos el año pasado), que han gastado más (y ahorrado menos), también porque los sueldos han subido algo más (+3,49%) que la inflación media esperada (+2,8%) y porque la bajada de tipos ha ayudado a los que tienen una hipoteca o un préstamo. El otro motor del crecimiento, en 2025 y 2026, será la inversión (pública y sobre todo privada), que crece gracias a la inyección de los fondos europeos y a la renovación tecnológica de las empresas, ayudada por la bajada de tipos.

El fuerte consumo de los hogares y la inversión empresarial no sólo tiran del crecimiento sino que reflejan la confianza de empresas y familias en la economía española, reforzadas por una enorme confianza en España de los inversores internacionales, que se demuestra en el aluvión de inversiones en el sector inmobiliario o energético (renovables), pero también en hoteles, turismo, empresas, tecnología y centros de datos. Una confianza que se traduce en que la prima de riesgo, lo que tenemos que pagar de más como país para financiarnos (deuda a 10 años) respecto a Alemania es menor en España (+0,44%) que el extra que tienen que pagar Francia (+0,72%) o Italia (+0,67%).

Todo apunta a que 2026 será el 6º año consecutivo en que España crecerá por encima de su potencial (+1,6%), gracias a una serie de factores que aportan un crecimiento extra, según el análisis de CaixaBank Research: los fondos UE (+0,6% adicional), el aumento de población (+0,5%), los bajos tipos de interés (+0,3%), el alivio de los precios energéticos (+0,1%), el mayor consumo privado (+0,1%) y la mayor inversión en vivienda (+0,1% adicional). Y hay otros factores que restarán crecimiento este año 2026: el menor crecimiento de las exportaciones (restará -0,4% al PIB), el efecto negativo de los aranceles USA (-0,1%), la incertidumbre geopolítica mundial (-0,3%) y la política fiscal contractiva para seguir bajando el déficit público (-0,2%) y otros factores (-0,1%). Ayudas y frenos que se suman al crecimiento “normal” para conseguir ese +2,1% de crecimiento previsto para 2026.

Un crecimiento que no sólo es destacable por superar al de la mayoría de paises sino porque es “más sano” que el fuerte crecimiento de España en los años 90 o al principios de este siglo. Porque España crece con una inflación moderada (3%), creando mucho empleo (+600.000 en 2025), recortando el déficit público (-2,1% en 2026 frente al -3,2% en 2024) y dejándolo por debajo del déficit de Alemania, Francia o Italia, con menos deuda pública (que paga tipos muy bajos) y, sobre todo, con un superávit con el exterior (gracias a los ingresos por turismo, a las exportaciones y a las inversiones extranjeras), algo inédito en el último siglo.

Pero este crecimiento, alto y más sano, no puede esconder los problemas económicos de España que siguen pendientes en 2026. El primero, la sensación que tienen muchos españoles de que “no notan este crecimiento”, porque la mitad tienen problemas para llegar a fin de mes (el 47,4% de los hogares, según el INE), debido a que las subidas de precios se han comido sus sueldos y pensiones. El  problema es que arrastramos la alta inflación de los años pasados (+15,4% subió el IPC entre 2022,2023, 2024 y hasta noviembre de 2025), que ha superado la subida de los salarios (+13,45% en estos 4 años), con lo que los españoles han perdido poder adquisitivo. Y han perdido más los que menos ganan y gastan más en alimentos (subieron +29% estos 4 años), vestido, calzado y vivienda.

Precisamente, la vivienda es otro de los grandes problemas para 2026, porque tiene unos precios prohibitivos tanto para comprar ( 2.605 euros/m2 de media, pero 5.089 euros/m2 en Barcelona y 5.758 euros/m2 en Madrid) como para alquilar: 14,6 euros/m2 de media (1.314 euros por un piso de 90m2), una subida del 40,38% desde 2022, pero 24 euros/m2 en Barcelona (2.160 euros de alquiler) y 22,8 euros/m2 en Madrid (2.052 euros). Esto deja fuera a muchos jóvenes y familias o las obliga a dedicar la mitad de sus ingresos o más al pago de un techo, mientras las autonomías y el Gobierno son incapaces de pactar unas medidas para promover la construcción de muchas más viviendas para alquiler y venta.

Otro gran reto para 2026 es el deterioro de los servicios públicos (sanidad, educación, dependencia, servicios sociales, transportes), que suponen serios problemas para la mayoría y un gasto creciente, que también les dificulta llegar a fin de mes, ya sea en un seguro privado, en la cuota de las guarderías privadas y los colegios concertados, en las Universidades privadas (porque no han conseguido plaza en las públicas, también con matrículas caras), en contratar a una persona para cuidar de los mayores o en pagarles una residencia, en el bono transporte o en los carburantes, los peajes y los seguros.

El mayor problema sigue siendo la sanidad, cada vez más deteriorada por falta de profesionales y recursos, lo que se traduce en que la demora media para ir al médico de cabecera son casi 10 días (9,78), según el último Barómetro del CIS, y una lista de espera de 128 días para el especialista y 118 días para operarse (donde esperan 832.278 pacientes, según Sanidad). Un deterioro que exige más gasto en Sanidad de las autonomías, sobre todo de las que menos gastan por habitante: Murcia (1.511 euros), Cataluña (1.516 euros), Comunidad de Madrid (1.537 euros), Andalucía (1.871 euros), Castilla la Mancha (1908 euros) y Baleares (1.981 euros) , las 6 por debajo del gasto medio en España (2.013 euros/habitante), según los Presupuestos autonómicos para 2026.

Otro gran problema para 2026 es ejecutar los Fondos europeos recibidos y conseguir las subvenciones y créditos pendientes: son 25.000 millones de ayudas a fondo perdido y otros 6.800 millones en créditos, cuya recepción está condicionada a que España apruebe 230 hitos y reformas este año, porque el 31 de agosto se acaban los Fondos europeos. Y no lo vamos a tener fácil, porque al Gobierno Sánchez le faltan apoyos para aprobar en el Parlamento muchas de esas reformas. Y si no se aprueban, no hay Fondos europeos, que han sido y son uno de los factores claves para el crecimiento y el empleo logrados por España.

Otro problema a afrontar en 2026 es reducir la desigualdad y la pobreza, que en 2024 afectó a 9,6 millones de españoles, los que ingresaron menos del 60% de la media (personas que ganan menos de 827 euros al mes en 14 pagas o familias con dos niños que ingresan menos de 1.737 euros mensuales). Son el 19,7% de la población y el objetivo del Gobierno es que este porcentaje baje al 19,4% en 2026 (serían más “pobres”, porque sube la población). Y es especialmente preocupante la pobreza “severa” (los que ingresan menos del 40% de la media), que afecta a 4,3 millones de españoles, en especial mujeres solas con niños (hay 2,5 millones de niños y niñas que viven en “hogares pobres”, según Save the Children), jóvenes, mujeres e inmigrantes.

Y seguimos teniendo el reto del paro, que es el más elevado de Europa, tanto el global (10,5% frente al 6% en la UE-27 y el 3,8% en Alemania) como el paro juvenil (25,3% en España y 15,2% en Europa). Un problema que exige Planes de empleo específicos para jóvenes y mujeres, así como para mayores de 45 años (1.061.100 están parados, el 40,6% de todos los parados, y muchos no van a encontrar ya trabajo nunca). Y también urge reformar de una vez las oficinas de empleo autonómicas (SEPE), que no utilizan las empresas para contratar (acuden a ETTS y conocidos) y tampoco ayudan a los parados a encontrar empleo.

En resumen, 2026 puede ser otro año con una economía internacional que mantenga su crecimiento en medio de la incertidumbre, una economía europea que salga del túnel (débilmente) y una economía española que siga creciendo más que el resto, lo que permitirá llagar a los 23 millones de empleos. Pero hay que resolver los problemas de los precios de los alimentos y la vivienda (alquileres y venta), mejorando los sueldos de una gran mayoría que los tiene bajos y se los come la inflación. Y además, hay que mejorar los servicios públicos, que afectan a la mayoría y a su bolsillo. Pero sobre todo, hay que repartir mejor el crecimiento, que no nota mucha gente, porque existe todavía una gran desigualdad, que sólo pueden corregir los impuestos, las ayudas y las políticas públicas. Pero eso resulta difícil con el actual enfrentamiento político, que impide acuerdos para mejorar la vida de la gente. Algo que se complica mucho más en un año electoral, donde las tensiones políticas podrían afectar negativamente a la recuperación de la economía. Al final, ese es nuestro mayor riesgo. Con todo, que tengan un buen año. ¡Feliz 2026¡  

Sin más reformas no hay más Fondos europeos

El 20 de diciembre, el Gobierno español envió una carta a Bruselas para pedir el 5º pago de los Fondos europeos adjudicados. Un día antes, el Gobierno Sánchez peleó a fondo en el Congreso para aprobar varias Leyes que exige la Comisión Europea para hacernos ese pago. Una de las medidas exigidas, la subida del impuesto al gasóleo (+11 céntimos/litro), no se ha podido pactar y se pospone  hasta marzo. Pero si no se implanta el 1 de abril, Bruselas nos quitará parte de los Fondos se esta 5ª entrega. Hasta ahora, el Gobierno ha aprobado 181 reformas y han llegado ya 48.000 millones de subvenciones europeas, a los que sumar los 8.000 millones pedidos ahora. Faltan 3 entregas más, en 2025 y 2026, por 24.000 millones (y otros 84.000 millones en créditos). Pero todo este dinero europeo no llegará si España no aprueba otras 500 reformas, algunas de ellas Leyes que han de pactarse en el Parlamento. Y con la oposición a la contra y el Gobierno débil (chantajeado por sus socios), no parece nada fácil asegurar los futuros Fondos europeos. Por favor, pacten y no perdamos dinero.

                          Enrique Ortega

Recordemos la pequeña historia de los Fondos europeos. En la madrugada del 21 de julio de 2020, en plena pandemia, los líderes europeos aprobaban por unanimidad el Plan de Recuperación, dotado con 750.000 millones de euros hasta 2026, para que Europa superara la nueva crisis y afrontara los retos energético y digital, con subvenciones y créditos europeos. Si en la crisis financiera de 2010-2014, Merkel y el resto de líderes europeos afrontaron los problemas con ajustes y recortes, sobre todo para los paises del sur, en esta ocasión se optó por el camino contrario: reanimar la economía con fondos europeos (y con emisión de deuda de los 27, algo “prohibido” antes) y aprovechar la nueva crisis provocada por la COVID-19 para modernizar la economía europea y ayudar a los paises a invertir en la reconversión energética y digital de sus economías.

España fue el primer país europeo en aprobar un Plan de Recuperación, el 27 de abril de 2021, para optar a las ayudas y créditos del Fondo “Next Generation EU”, unos 140.000 millones inicialmente adjudicados a España (70.000 en subvenciones a fondo perdido y 70.000 en créditos con bajo interés), con 4 objetivos básicos: la transición energética, la digitalización de la economía, las reformas económicas necesarias y la reducción de desigualdades regionales, sociales y de género. El Gobierno Sánchez envió el Plan a Bruselas el 30 de abril y un mes y medio después, el 16 de junio de 2021 lo aprobó la Comisión Europea (fue el primer Plan nacional aprobado), siendo ratificado por los ministros de Economía de la UE, el 13 de julio de 2021, “con la máxima calificación”.

A partir de ahí, el Plan de Recuperación empezó a andar y enseguida llegaron los primeros Fondos europeos: el 17 de agosto de 2021, el Tesoro español recibió la primera transferencia de la UE: 9.036 millones en concepto de “prefinanciación”. A partir de ahí, se establecían 8 desembolsos oficiales, 8 entregas de Fondos europeos hasta agosto de 2026, que se irían abonando a medida que España justificara a la Comisión Europea que se habían hecho las reformas e inversiones exigidas. Había que “sudar” para recibir cada entrega… 

El primer desembolso oficial condicionado (tras el anticipo de agosto) llegó el 27 de diciembre de 2021: 10.000 millones de euros, recibidos tras confirmar la Comisión que España había cumplido 52 hitos y reformas, entre ellas la Ley de Cambio Climático, la mejora de la conectividad, el Plan de Ciencia, la modernización de la Administración Pública y los Planes para la igualdad retributiva de hombres y mujeres. Además, España tuvo que aceptar y firmar antes, en noviembre de 2021, el Reglamento de concesión de los Fondos europeos aprobado por la Comisión, una exigente “hoja de ruta” para asegurar su buen funcionamiento.

España siguió con su calendario de reformas e inversiones y el 27 de junio de 2022, la Comisión Europea aprobó un  2º desembolso oficial a España: otros 12.000 millones de euros de subvención, recibidos tras cumplir 40 hitos, entre ellos la reforma laboral, la 1ª fase de la reforma de las pensiones, la estrategia de movilidad sostenible, la hoja de ruta de la eólica marina, la Carta de Derechos Digitales, la Ley Riders (repartidores), las medidas fiscales para el despliegue de la Red 5-G, la modernización de la Agencia Tributaria, el Plan de acción para la Atención Primaria y la Ley de la Cadena Alimentaria.

Ya en 2023, el 17 de febrero, la Comisión Europea autorizó el tercer desembolso condicionado para España: 6.000 millones de euros, que llegaron el 28 de marzo, tras confirmarse que España había cumplido otros 29 hitos y objetivos en 2022, entre ellos la Ley Concursal, la Ley de Formación Profesional, la reforma de la cotización de autónomos y la Ley de medidas contra el fraude fiscal. Esta vez, la luz verde al tercer pago costó más, porque España tuvo que convencer a la Comisión de los cambios en el sistema de control y auditoría implantados para cumplir con los estándares de vigilancia europeos, una herramienta llamada CoFFEE, perfilada por Economía y Hacienda.

Y en pleno verano, el 26 de julio de 2024, España recibió el 4º pago condicionado, de 9.883 millones de euros, tras confirmar Bruselas que había cumplido 61 hitos y objetivos más, en la transformación digital, la transición energética, pensiones, educación, tratamiento de aguas, digitalización de servicios públicos y cooperación internacional. Con este 4º pago condicionado (de los 8 previstos), España había recibido (en julio de 2024) un total de 48.000 millones de subvenciones europeas (a fondo perdido), el 60% del total adjudicado (al final, 79.954 millones de euros, en vez de los 70.000 inicialmente previstos, por ajustes en el PIB y nuevos Fondos). Con ello, España es el país europeo al que la Comisión ha entregado más Fondos europeos y también el país que ha cumplido más hitos (181).

Ahora, en plenas Navidades, España pide a Bruselas el pago de la 5ª entrega de Fondos europeos, otros 8.000 millones de euros, que llegarán en 2025. Y además, pide también la 1ª entrega del paquete de créditos (a bajo interés), 16.000 millones de euros, que nos corresponden como parte del paquete de 84.000 millones en créditos del Plan de Recuperación adjudicados a España por el Consejo Europeo, en octubre de 2023. La entrega de este primer paquete de créditos (el 20% del total) es también a cambio de nuevas reformas (30 hitos), a las que se comprometió España al solicitarlos en diciembre de 2022. De estos 84.000 millones en créditos, 24.000 los gestionará el Banco Europeo de Inversiones (el BEI, presidido por Nadia Calviño) y 40.000 el ICO (Instituto de Crédito Oficial), que los canalizará a empresas, particulares e instituciones para proyectos “verdes”, innovación, tecnología, vivienda y digitalización.

Esta 5ª solicitud de subvenciones (y la 1ª de créditos) a Europa se hizo sólo un día después de que el Gobierno Sánchez lograra aprobar en el Congreso, al 19 de diciembre, varios proyectos de Ley que exige Bruselas para hacernos el nuevo pago de Fondos Europeos. Por un lado, el Gobierno consiguió aprobar “in extremis” una Ley con medidas fiscales “descafeinada”, porque  el veto conjunto de Junts y PNV habían sacado el impuesto a las energéticas (por presiones de Repsol e Iberdrola). Y por otro, una negociación de última hora con Podemos permitió aprobar dos Leyes sobre la Eficiencia de la Justicia y el Derecho de Defensa, también exigidas por Bruselas.

Eso sí, el Gobierno no pudo aprobar en el Congreso la subida del impuesto al gasóleo (+11 céntimos por litro con el IVA, lo que encarecerá 6 euros el llenar un depósito), para equiparar su impuesto (0,3790 euros por litro) al de la gasolina (0,4726 euros por litro), por presión de Podemos, que justificó su veto en que la subida perjudica a los más vulnerables, aunque es una exigencia medioambiental de la UE (el gasóleo emite más CO2 y partículas que la gasolina) y clave para recaudar más (ingresaría 1.500 millones al año). Por eso,  el Gobierno quiere aprobar esta subida en el primer trimestre de 2025, para intentar convalidarla después y que entre en vigor el 1 de abril de 2025. De momento, Bruselas ha pactado con el Gobierno una prórroga, para aprobarla antes de finales de marzo. Pero si no logra los apoyos para convalidarla en el Congreso, España perderá parte de los 8.000 millones del 5º pago solicitado ahora.

Con la solicitud de esta 5ª entrega de ayudas, el Gobierno suma 84 hitos más a los 181 cumplidos antes (hasta julio, cuando recibimos el 4º pago). Pero quedan muchas reformas, hitos e inversiones que aprobar, concretamente el 50% de todos los hitos comprometidos por España al presentar el Plan de recuperación en 2021 y la adenda para solicitar los créditos adicionales de 2022. En total, faltan por cumplir otros 265 hitos. Este va a ser el gran problema de España (no sólo de su Gobierno) en 2025 y 2026: necesitamos aprobar nuevas reformas e inversiones (pactadas con la Comisión Europea) para seguir recibiendo subvenciones y créditos. Y el Gobierno Sánchez  está en una situación de peligrosa minoría, teniendo que pelear en el Congreso cada Ley que aprueba y cada convalidación de Decretos-Leyes. Así que cuando el PP hace “pinza” con Junts (o Podemos veta) para tumbar una Ley comprometida con Bruselas, no sólo es “una derrota política de Sánchez”, sino que ponen en peligro los Fondos europeos que tanta falta nos hacen.

En los dos últimos meses, un batallón de funcionarios del Estado, autonomías, Ayuntamientos y Universidades (800, según Economía) han trabajado en miles de reuniones para aportar más de 325.000 documentos a otro “batallón” de funcionarios de la UE, con los que están permanentemente en contacto (online) para presentar las reformas e hitos aprobados y justificar las inversiones adjudicadas. Puede que algún día aparezca un problema, pero pocos procesos se vigilan tanto y por tantas personas como la solicitud, recepción y adjudicación de los Fondos Europeos. Y en estas reuniones es donde España negocia retrasar una reforma unos meses (como la del gasóleo) o posponerla a 2025 o 2026 a cambio de anticipar otra. Técnicos que deben estar al tanto de las peleas políticas en el Congreso, porque de ellas dependen que el Plan de Recuperación avance.

De momento, España es un “alumno ejemplar” en Europa en el cumplimiento del Plan de Recuperación (y el país más “vigilado”, por ser el primero donde se prueban los controles europeos). Cuando recibamos el 5º pago ahora solicitado,  habrán llegado 56.000 millones de subvenciones europeas, el 70% del total. Y España afianzará así su liderazgo, siendo el país que más Fondos UE ha recibido y el que ha cumplido con más hitos y reformas. Y también es uno de los paises que más porcentaje de esos Fondos  UE ha adjudicado: 44.163 millones, un 92% del dinero recibido en las 4 primeras entregas (48.000 millones) y un 55,30% del dinero total asignado en subvenciones a España (79.854 millones), según el último balance hecho por el ministro de Economía el 12 de diciembre.

De esos 44.163 millones europeos ya adjudicados, un 40,1% han ido a microempresas y pymes, un 25,7% a grandes empresas, un 15,9% a uniones temporales de empresas (UTEs), un 14,4% a Fundaciones y otras instituciones y un 3,9% a hogares, según el Balance oficial. Y más de la mitad de las adjudicaciones han ido a las autonomías (26.595 millones), que tienen que gestionar su reparto. Las que han recibido hasta ahora más Fondos europeos son Andalucía (4.168 millones), Cataluña (3.974) y Madrid (2.948 millones).

El Plan de Recuperación y la llegada y adjudicación de los Fondos europeos avanza, pero queda más de la mitad por recorrer y sólo tenemos año y medio por delante: lo que no se haya adjudicado para agosto de 2026 (subvenciones y créditos) se perderá. Así que queda la mayor parte de la tarea.  En los tres primeros años del Plan (2022, 2023 y 2024) hemos recibido 48.000 millones en subvenciones (el 60%) y queda recibir, en 2025 y primera mitad de 2026 (año y medio) los casi 32.000 millones restantes. Pero el gran reto son los créditos: los 84.000 millones llegarán en 2025 y primera mitad de 2026, poco más de año y medio para que las empresas e instituciones los soliciten y se les adjudiquen.

El Gobierno es consciente de que ahora, el gran reto de los Fondos Europeos es “canalizar los créditos”, porque no son tan fáciles de “adjudicar” como las subvenciones (a fondo perdido), dado que hay que devolverlos (aunque a un interés bajísimos y con carencias). Por eso, ya en febrero de 2024 se aprobaron las 5 nuevas líneas de crédito del ICO (40.000 millones), que ahora se están tratando de “movilizar” entre las empresas: linea ICO verde (22.000 millones), linea ICO empresas y emprendedores (8.150 millones), linea ICO vivienda (4.000 millones para promover viviendas en alquiler), línea Spain Audiovisual Hub (1.712 millones) y linea Fondo Next-Tecno (4.000 millones en créditos para financiar tecnologías disruptivas que promuevan la innovación y digitalización).

Recapitulando: España ha adjudicado 44.163 millones de Fondos europeos en tres años y tiene ahora poco más de año y medio para adjudicar otros 114.500 millones (30.500 en subvenciones y 84.000 en créditos). Una tarea inmensa, que exige un enorme esfuerzo de gestión, no solo al Gobierno central sino sobre todo a autonomías, Ayuntamientos, Universidades, instituciones y empresas. Una tarea que debería ser la gran prioridad para todos, porque es un dinero con fecha de caducidad (agosto de 2026) y con el que nos jugamos modernizar la economía española y asegurar el crecimiento y el empleo futuros.

Pero hay otra tarea más difícil: que España apruebe en paralelo las reformas e inversiones comprometidas con Bruselas, porque sin ellas no llegarán los 114.500 millones que faltan. Y dados los enfrentamientos políticos, que ponen en peligro cada entrega de Fondos, haría falta un gran Pacto político: el compromiso de pactar todas las reformas que nos exige Bruselas para enviarnos nuevos Fondos. No se puede perder ni un euro por las guerras políticas y los “chantajes” entre partidos. Es un tema muy serio: no puede “jugar” con las cosas de comer… Pero, por desgracia, algunos lo seguirán haciendo, poniendo en peligro un dinero y unas reformas que benefician a todos los españoles. Por favor, sean sensatos.

Los Fondos europeos, en marcha

Esta semana llegará a España la 1ª remesa de Fondos europeos, 10.000 millones, que se suman al anticipo de 9.036 recibido en agosto. España es el mejor alumno de la clase de los Fondos europeos Next Generation EU: somos el primer país que presentó el Plan de Recuperación a Bruselas (30 abril), el primero al que se lo aprobaron, con Portugal (16 junio) y al primero que el Consejo aprobó el pago de Fondos (21 diciembre). Ahora, el Gobierno va contra reloj para comprometer estos Fondos (el 71% al 20 de diciembre) y aprobar reformas: la última, la reforma laboral que aprobará mañana martes. Y así habrá que seguir, invirtiendo y reformando, para cobrar los próximos 7 envíos de Fondos europeos, cada semestre, hasta 2026. Un reto difícil, sobre todo para las autonomías, que gestionarán el 60% de los proyectos, con elecciones en Castilla la Mancha y Andalucía. Hace falta eficacia y acuerdos, implicarse todos. Nos jugamos la recuperación y la modernización del país. Tiene que salir bien.

Enrique Ortega

La  llegada de los Fondos europeos a España ha sido un complejo y largo camino. Se inició el 21 de julio de 2020, cuando la Cumbre europea aprueba un Plan de inversiones para luchar contra la tremenda recesión provocada por la pandemia: el Next Generation EU, unas inversiones extras de 750.000 millones, en subvenciones y créditos a repartir por los paises para ayudar a la recuperación. Era un Plan tardío y cicatero (Estados Unidos, con Trump, aprobó en marzo la Ley Cares, con 2,2 billones de dólares de ayudas, al que se sumó, en marzo de 2021, otro Plan de estímulos de Biden, con 1,9 billones de dólares más), pero suponía un gran avance para Europa, porque apostaba por las ayudas en vez de recortes (los que sufrimos de 2010 a 2015) e incluía por primera vez la emisión de deuda europea para financiarlo.

El Plan Next Generation EU tardó en “parirse” pero más en aprobarse, por las reticencias de los paises “austeros” del centro y norte (Holanda, Dinamarca, Finlandia, Suecia, también Alemania) y el cruce de los problemas políticos con Polonia y Hungría. Finalmente, en la madrugada del 11 de diciembre de 2020, la canciller Merkel logró que otra Cumbre europea aprobara definitivamente el Plan y las ayudas, siendo España el 2º país más beneficiado (tras Italia): 140.000 millones de euros (70.000 millones en subvenciones y el resto créditos).

El Gobierno Sánchez apostó por este Plan europeo de estímulos y ya desde julio de 2020 puso un equipo a trabajar en el Plan de recuperación español, que presentó en la Moncloa el 7 de octubre de 2020, a fuerzas sociales, instituciones y embajadores de la UE. Y en paralelo, su vicepresidenta Calviño multiplicó las reuniones en Bruselas, para ajustarse a las exigencias de la Comisión, en un intento de “trabajar sobre seguro”. Y así, a los cuatro meses de aprobarse oficialmente el Plan europeo, España fue el primer país en presentar en Bruselas su Plan de recuperación, el 30 de abril de 2021. En mayo, sólo lo habían presentado 10 paises.

El trabajo de un equipo en España de 150 personas y cientos de reuniones con la Comisión lograron que España haya sido, junto con Portugal, el primer país europeo al que el ejecutivo europeo aprueba su Plan de recuperación. Fue el 16 de junio y la presidenta de la Comisión, Úrsula von der Leyen viajó personalmente a España para entregar al presidente Sánchez la evaluación del Plan español: recibió la máxima calificación posible de los servicios técnicos de la Comisión en 10 de las 11 variables analizadas. El resultado del análisis “ha sido excelente”, según la Comisión, quien destacó que España “ha puesto en marcha una infraestructura adecuada para implementar el Plan y garantizar su seguimiento”.

Este “aprobado con nota” del Plan español se confirma un mes después, el 3 de julio, en la reunión de los ministros de Economía de los 27. Y con ello, el 17 de agosto llega a España un anticipo del dinero europeo: 9.036 millones. El Gobierno y la Comisión siguen negociando, unos exigiendo reformas y proyectos, y otros aprobándolas. Y así se llega a otra fecha crucial,  el 3 de diciembre de 2021: la Comisión Europea avala las reformas del Plan de recuperación español y autoriza el primer pago formal de 10.000 millones de euros, tras constatar el cumplimiento de los 52 primeros compromisos contemplados en el Plan (entre ellos, la aprobación de la Ley de Cambio Climático, la Ley de Educación , la Ley del Teletrabajo, el ingreso mínimo vital, el decreto sobre igualdad retributiva de hombres y mujeres, el Plan de digitalización de las pymes, la creación del Comité de expertos para la reforma fiscal, la creación del Instituto para la Transición Justa…)

Otra vez más, la presidenta europea alaba el trabajo de  España en este tuit, donde destaca que la entrega de fondos se debe a que “España ha trabajado mucho en la implementación del Next Generation EU. Y vendrán más”. Y el comisario europeo Gentiloni declara que “en estos tiempos de incertidumbre enviamos una señal de confianza en la puesta en marcha del ambicioso Plan de España para conseguir un crecimiento más fuerte, inclusivo y sostenible”. Con estos avales, el siguiente paso ha sido un mero trámite: el 21 de diciembre pasado, el Comité Económico y Financiero del Consejo europeo (los 27) emitió un dictamen favorable (el 1º que emite) para el desembolso del primer pago de 10.000 millones a España, unos Fondos que se transferirán antes de fin de año.

Estos primeros Fondos europeos (los 10.000 de ahora más los 9.083 del anticipo de agosto) ya están “apalabrados”, porque el Gobierno incluyó en el Presupuesto 2021 una partida de 24.198 millones con cargo a los Fondos Europeos, de los que casi el 60% corresponden a proyectos que van a gestionar las autonomías (11.247 millones). El Gobierno, y en especial el equipo de Economía y Hacienda que impulsa el Plan han tratado de acelerar los proyectos que van con cargo a los Fondos europeos, sobre todo este mes de diciembre. Y a fecha 20 de diciembre, está autorizado el 78% del gasto y comprometido el 71%, según el balance hecho por la vicepresidenta Calviño en la comisión mixta Congreso- Senado. Y será más para fin de año, aunque el Gobierno se ha cubierto, aprobando en los Presupuestos 2021 una disposición que permite ejecutar en 2022 lo que no se comprometa ahora.

El gran tirón en los proyectos europeos se dará en 2022, donde el Presupuesto contempla otros 26.900 millones con cargo a los Fondos europeos. Las principales partidas serán el Plan de choque para la movilidad sostenible (1.124 millones de euros) y el Plan de rehabilitación de vivienda (1.389 millones), junto a la financiación de una serie de Planes estratégicos (PERTEs): el PERTE VEC para el vehículo eléctrico (3.000 millones: el primer PERTE aprobado por Bruselas a un país, el 9 de diciembre), el PERTE para la salud de vanguardia (aprobado el 30 de noviembre, el PERTE de energías renovables (aprobado el 14 de diciembre), el PERTE del español, el de la cadena agroalimentaria, de la industria aeroespacial y el de la Economía social de los cuidados (pendientes de aprobarlos el Gobierno y luego Bruselas).

En total, España tiene derecho a 69.512.589.611 euros de Fondos europeos (esa es la cifra exacta) hasta 2026 (España quiere adelantar el cobro del 80% de las subvenciones a 2021,2022 y 2023). La Comisión Europea ya ha hecho un anticipo y un primer pago, pero no hará los 7 restantes (semestrales) hasta que España demuestre que invierte bien y que hace las reformas pactadas. Y así, semestre a semestre, aunque el control es diario, telemático: España y la Comisión han establecido un sistema bilateral de seguimiento, que se completa en España con un sistema de seguimiento estatal (ver web) que lidera una Comisión interministerial presidida por el presidente del Gobierno y donde destacan los controles de Economía (gestión) y Hacienda (auditoría) y autonómico (menos perfilado).

La Comisión Europea quiere ser muy estricta con el seguimiento y control de las ayudas europeas, para afrontar la desconfianza de los paises austeros sobre la Europa del sur. Y Bruselas está utilizando a España para demostrar su firmeza, para marcar el camino a los demás paises, lo que ha endurecido los requisitos y retrasado las aprobaciones. Pero ahora, la Comisión confía en los mecanismos de seguimiento y control puestos en marcha. Y cree que España va a cumplir, aunque el reto de gestión es enorme: esos 140.000 millones de Fondos europeos (subvenciones y créditos) previstos son tantos en 6 años como todo el dinero recibido de los Fondos europeos de 1986 a 2020 (34 años). Y habrá Ministerios que tendrán que gestionar inversiones de 2.000 millones cuando hasta ahora gestionaban 100.

Para afrontarlo, el Gobierno aprobó en diciembre de 2020 un real decreto que pretendía modernizar la Administración y los contratos públicos, para reducir la burocracia e intentar acelerar los trámites administrativos y los informes preceptivos. Y dicen que han reforzado los equipos de algunos Ministerios, para asegurar el gasto. La mayor duda está en las autonomías, que han de gestionar el 60% de los Fondos europeos, algunas con poca experiencia y recursos para gestionar grandes proyectos. Y con la batalla política por medio, que se agudizará en 2022 con las elecciones en Castilla y León y Andalucía. Urge unir fuerzas entre la Administración central y la autonómica (y local: en 2021 gestionarán 3.000 millones de Fondos europeos). Y contar en todos los casos con la colaboración de las empresas (y los sindicatos), para que los proyectos se ejecuten en fecha y forma. Porque si una autonomía no cumple, a Bruselas le da igual: quien perderá los recursos será España.

Y no se trata sólo de gastar bien los Fondos europeos, sino de cumplir también con las 170 reformas prometidas a Bruselas, para modernizar nuestra economía. De momento, el calendario se va cumpliendo (a costa de poner dos Consejos de Ministros por semana) y el último avance es la reforma laboral pactada el jueves entre Gobierno, patronal y sindicatos, que ahora debe aprobar Bruselas, como también la reforma de pensiones, aprobada el pasado miércoles en el Senado.

Por una vez, España es el alumno aplicado de Europa y la Comisión Europea nos pone como ejemplo, a pesar de las críticas constantes del PP, que primero habló de “opacidad y falta de transparencia” en el Plan de recuperación y que ahora le reprocha a Sánchez “tacticismo electoral”, personalizando sus ataques en Nadia Calviño, la responsable de la buena marcha del Plan y nuestra mejor “garantía” para Bruselas (por cierto, señor Casado: su prestigio en la UE acaba de llevar a Nadia Calviño a ser elegida presidenta del Comité responsable de las políticas del Fondo Monetario Internacional, el FMI) . Sería importante que el PP y las autonomías que gobiernan colaboraran a tope y sin reticencias en la puesta en macha del Plan de recuperación y en las reformas exigidas. Nos beneficiaría a todos.

España se juega mucho con la puesta en marcha del Plan de recuperación y sus reformas. Por un lado, este enorme esfuerzo inversor va a ayudar a la recuperación de la economía, que está siendo más débil de lo esperado por el repunte de la pandemia pero que es mayor de lo que algunos dicen, como acaba de confirmar el INE: el crecimiento de España en el tercer trimestre fue del 2,6% (no el 2% que avanzó en octubre), por encima del crecimiento europeo (+2,1% la UE-27 y +2,2% la zona euro) y de Alemania (+1,7%), según Eurostat. Y aunque España fue el país que más cayó en 2020 (-10,8%), también se espera que sea el país europeo que más crezca en 2022 (al menos +6%).

Pero el principal objetivo del Plan de recuperación y reformas es modernizar la economía, aprovechar los Fondos europeos para reformar nuestro sistema productivo, como se hizo a finales de los años 80 con el ingreso de España en la CEE (1986). Podemos dejar de ser un país de bares, hoteles y turistas para intentar convertirnos en un país más competitivo, con más industria, más tecnología, empresas más grandes y competitivas, aprovechando las fuertes inversiones previstas en la transición ecológica (39% del Plan), la transformación digital (29%), la educación y formación (10%), la Ciencia e investigación (7%) y las inversiones en infraestructuras y cohesión territorial (15%). Conseguir en unos años “otra economía”, más productiva, que cree más empleo y riqueza, que sea menos vulnerable ante la próxima crisis. Es una oportunidad histórica y no podemos desaprovecharla. Tiene que salir bien.

La reforma laboral que viene

Antes de finales de abril, el Gobierno enviará a Bruselas el Plan de recuperación con las inversiones para gastar los 140.000 millones de los Fondos europeos. Y un paquete de reformas que Europa exige para darnos ese dinero, sobre todo una reforma laboral, de pensiones y de impuestos. La reforma clave es la laboral, porque España tiene un serio problema de paro, doble que en Europa. Y no es de ahora: en los últimos 40 años, no hemos bajado de los 2 millones de parados (salvo de 2005 a 2007). El Gobierno propone simplificar los contratos, reducir los temporales, regular las subcontratas y plataformas digitales, mantener los ERTEs y modernizar las políticas de empleo, con un Plan de choque contra el paro juvenil (40%). Pero esta reforma será complicada, porque se quiere pactar con sindicatos, patronal, dentro del Gobierno y con Bruselas. Pero es “la llave” para la recuperación, para crear empleo estable. No podemos ser los líderes del paro de Europa, como en los últimos 40 años.

Enrique Ortega

España lleva más de 40 años con un serio problema de paro. En 1975, a la muerte de Franco, teníamos 600.000 parados y una tasa de paro del 4,7%, similar a la de Europa (4,1% la UE-10), Alemania (4,1%) o Francia (3,9%). En 1.978 superamos el millón de parados y para 1979, con dos crisis del petróleo detrás, el paro se había más que duplicado, al 10,4%, el doble ya que la UE (5,3%) y el triple que Alemania (3,3%). A partir de ahí, el paro sigue al alza, con la crisis de 1982 y la reconversión industrial, hasta un primer récord histórico en 1984: 3 millones de parados y una tasa del 21,48%, el doble que Europa (11,5%). Con el ingreso en la CEE y el fuerte crecimiento posterior, el paro baja hasta el 16,1% en 1.990. Pero hay otra crisis en 1992-93 y en 1.994 se alcanza un 2º récord histórico: 3,9 millones de parados y 24,1% de paro, frente al 10% en la CEE-12. 

Superado el bache, llega una década de “vacas gordas” y se logra un mínimo histórico de paro en 2006: 1.800.000 parados y una tasa del 8,3%, similar a la europea (7,9%). Pero en 2008 llega la gran crisis y la economía se desploma, disparando el paro hacia un tercer récord histórico: 6.202.700 parados en marzo de 2013 y una tasa de paro del 25,7%, otra vez más del doble que Europa (10,8%) y cuatro veces el paro de Alemania (5,1%). A partir de 2014 se inicia una recuperación, que baja el paro al 13,8% en 2019, más del doble que Europa. Y en 2020 llega la pandemia y sube de nuevo el paro, por encima de los 4 millones y una tasa del 16,7%, frente a 7.7% en la UE-28 y 4% en Alemania.

Así que hace ya más de 40 años que tenemos el doble de paro que Europa. Y otro dato llamativo: entre 1980 a 2020, el paro no ha bajado nunca de los 2 millones de desempleados (salvo en 2005, 2006 y 2007). ¿Qué nos pasa? Que el modelo económico español permite crear menos empleo en épocas de crecimiento y perderlo muy rápido en épocas de crisis, por varias causas: excesivo peso de los servicios (turismo, hostelería y comercio) y poca industria, mano de obra menos formada, empresas más pequeñas (demasiadas pymes), poca tecnología, innovación y exportación. Y un modelo laboral muy rígido, que no permite adaptarse a los cambios económicos.

En diciembre de 2011, al llegar Rajoy a la Moncloa, se encontró con un tsunami: 2.617.600 empleos perdidos desde 2008. Y buscó “un atajo” para afrontarlo: en mes y medio (10 febrero 2012) aprobó en solitario una polémica reforma laboral, que dejaba las manos libres a los empresarios para “limpiar plantillas” (los despidos que faltaban) y afrontar el futuro con más poder: bajaron sueldos en los nuevos contratos (“devaluación salarial) y multiplicaron los contratos temporales y a tiempo parcial, precarizando el empleo, además de reorganizar horarios y horas extras. Así se consiguió, cuando llegó en 2014 la recuperación (en España y en Europa), crear 2 millones de empleos hasta mayo de 2018, cuando Rajoy se fue.

El problema es que estos nuevos empleos, creados con la reforma laboral de Rajoy, son muy precarios y mal pagados (con salarios un 30% inferiores a los “viejos”). Y se ha agravado más la temporalidad, que se arrastra desde los años 80, cuando Felipe González introdujo los contratos temporales “para crear empleo”. Y así tenemos un mercado de trabajo “dual”, como denuncia la Comisión Europea desde hace años: un 75% de asalariados tienen un contrato fijo (mejor pagado) y un 25% tienen un contrato temporal (mal pagado), la cuarta parte por menos de un mes. Y en el caso de los jóvenes (16-25 años), el 65,5% de los que trabajan (sólo un tercio del total) tienen un contrato temporal.

La temporalidad es “el talón de Aquiles” del mercado laboral español: en conjunto, un 21,9% de todos los que trabajan en España tienen un contrato temporal, el doble que en Europa (11,9%). Y eso nos hizo muy vulnerables en la crisis de 2008 y ha vuelto a pasarnos en la recesión de la pandemia: los trabajadores temporales son los primeros que pierden su empleo, con lo que España dispara su paro en las crisis y contrata mucho en la recuperación (precario y mal pagado, lo que agrava la pobreza y la desigualdad).

Este debe ser el primer objetivo de la reforma laboral, según Bruselas, el Gobierno y la mayoría de expertos: reducir la temporalidad a niveles europeos. Y el segundo, fomentar la creación de más empleo y de más calidad, aprovechando “el tirón” de los Fondos europeos. Pero los sindicatos exigen la derogación de la reforma laboral de Rajoy y defienden 3 cambios prioritarios: dar prioridad a los convenios sectoriales (mejores y donde hay más poder sindical), prorrogar los convenios caducados hasta su renovación (“ultraactividad”) y limitar el actual poder unilateral del empresario para fijar las condiciones laborales. Y la patronal pide  “no tocar” la reforma laboral de 2012 y proponen que la reforma se centre en prorrogar los ERTEs, las políticas activas de empleo y combatir el paro juvenil.

El Gobierno no quiere enfangarse en derogar o no la reforma laboral de Rajoy (aunque Podemos presiona a ello) y en su propuesta de reforma que va a enviar a Bruselas (ver texto) traza 4 frentes de actuación. El primero, simplificar los contratos, manteniendo sólo 3 tipos: contrato fijo (que debe ser “el habitual”), contrato temporal (sólo para trabajos que sean realmente temporales) y contrato de formación (para los jóvenes). Y a partir de ahí, estudiará penalizar los contratos temporales (con altas cotizaciones) y vigilará el fraude con la inspección de Trabajo: sólo el envío de tres cartas de advertencia a miles de empresas (en agosto de 2018 y 2019 y en febrero de 2021) ha permitido “regularizar” como fijos 181.574 falsos contratos temporales, según Trabajo.

El 2º frente de la reforma laboral incluye buscar nuevos instrumentos de flexibilidad que sean alternativos al despido y a la temporalidad. Se trata de aprovechar la buena experiencia de los ERTES para convertirlos en herramientas de futuro, utilizarlos cuando pase la pandemia para afrontar la crisis temporal de una empresa o la reconversión de un sector o una empresa. Se trata de crear un Fondo para ERTEs, con cotizaciones y aportación pública, para que las empresas con problemas tengan otras opciones y no se vean obligadas a despedir.

El tercer frente de la reforma laboral busca garantizar un trabajo digno, actuando en varios frentes: regulando el teletrabajo (ya se ha aprobado una Ley), regulando a los repartidores (ya se ha aprobado un decreto ley de “riders”) y otras plataformas digitales (falta), cambios en la regulación de los autónomos y modificando la normativa de las subcontratas, con el amparo de una sentencia del Tribunal Constitucional de 2020 que dice que las subcontratas no pueden limitar los contratos que hagan a sus trabajadores al tiempo de la contrata. Y aquí se incluye otro tema polémico: modernizar los convenios. Si priman los de empresa (como ahora) o los de sector (como antes de 2012), la prórroga de los convenios caducados y el poder que se concede al empresario para fijar las condiciones laborales.

El 4º frente de la reforma laboral plantea modernizar las políticas de empleo, para que sean más eficaces: digitalizar las demandas de empleo y las ofertas, gestión individualizada de los parados para su formación, reciclaje y empleabilidad  (hoy, las oficinas de empleo sólo consiguen trabajo al 2% de los parados), modernización de las políticas de empleo y racionalización de los incentivos a la contratación (hoy un gasto poco eficaz). Y, sobre todo, reformar las oficinas de empleo (el SEPE), faltas de medios y personal.

En paralelo, el Gobierno ofrece otros dos cambios importantes. El primero, a los sindicatos y a Bruselas: reducir la alta temporalidad de la Administración pública, “dar ejemplo” recortando la alta tasa de interinos. En España, el 29% de los empleados públicos son interinos (sin contrato fijo), frente al 16% en Alemania, cuando la Comisión Europea propone que la tasa debería ser el 8%. La Administración central medio cumple, pero las autonomías tienen un 37,9% de empleos temporales. Y hay sectores donde el porcentaje de interinos es “escandaloso”: 41,9% en la sanidad pública (56% en Canarias) y 29,1% de interinos en la educación (45% en Cantabria). La idea del Gobierno es canalizar una parte de los Fondos europeos para convertir interinos en fijos, reformando antes de fin de año el Estatuto de la Función Pública, lo que afectaría a 500.000 personas.

El otro cambio laboral que prometen, para este primer semestre de 2021, es pactar con sindicatos y patronal un Plan de choque contra el paro juvenil, tratando de incorporar también ayudas y fondos europeos para el desarrollo de la Garantía Juvenil 2021-2027, que ofrece a todos los jóvenes europeos una oferta o de trabajo o de formación.

A Bruselas “le suenan bien” estas reformas propuestas, pero pide más concreción para aprobarlas (junto al resto de reformas y el paquete de inversiones) en los próximos dos meses, antes de finales de junio, como requisito previo al 2º examen, que deberán hacer los demás paises UE en otro plazo de un mes mes. Así que no nos pondrán "nota" hasta finales de julio, como pronto. Y si España aprueba los dos "exámenes", empezarían a llegarnos los primeros Fondos europeos, en agosto o septiembre, un calendario que España y varios paises quieren acortar. Pero mientras, la Comisión reclama ahora dar prioridad a 3 objetivos en la reforma laboral: reducir la temporalidad, reformar las políticas activas de empleo y atajar el altísimo paro juvenil (39,6% en febrero, frente al 17,3% en la UE-27 y el 6,1% en Alemania, según Eurostat).

Pero España le ha dicho a la Comisión que no quiere aprobar unilateralmente ahora la reforma laboral, que prefiere pactarla con sindicatos y patronal antes de finales de 2021. Así que propone acordar con Bruselas las líneas maestras y luego concretarlas en España, en las reuniones semanales que tiene con patronal y sindicatos. El acuerdo no va a ser fácil, porque hay temas muy polémicos y con posturas muy alejadas: indemnizaciones a los nuevos contratos fijos, regulación de las subcontratas, modernización de convenios y fijación de las condiciones laborales. Y hay otro frente de negociación, además de los agentes sociales y Bruselas: la negociación de la reforma dentro del propio Gobierno, entre el PSOE y Podemos, que discrepan en derogar o no la reforma laboral y dar más o menos prioridad a los temas laborales (Trabajo) o a las políticas de empleo (Economía).

Alumbrar la reforma laboral será un parto difícil, pero no queda más remedio que acertar y lograr una nueva normativa que guste a todos o al menos no disguste a nadie. Porque si la reforma laboral no convence a los empresarios, será difícil que creen más empleo de calidad cuando llegue la recuperación y los Fondos europeos. Pero si disgusta a los sindicatos, porque creen que perjudica a los trabajadores, será difícil mejorar la productividad en el trabajo, otra asignatura pendiente de España. Así que tiene que ser una reforma equilibrada y “que guste a Europa”. Por eso es difícil de lograr, aunque necesitamos una reforma laboral para dejar de ser “diferentes”, para no seguir con el doble de paro que Europa. Y para dar oportunidades a los jóvenes, que sólo tienen un escaso trabajo precario. A ello.