lunes, 30 de noviembre de 2015

Europa, estancada, espera al "bombero" (BCE)


Toda Europa está a la espera de que, este jueves, el Banco Central Europeo (BCE) tome nuevas medidas para intentar salvar a la anémica economía europea. Mario Draghi actuará otra vez de “bombero”, como viene haciendo desde el verano de 2012, cuando salvó al euro y evitó el rescate de España. Ahora, inundará Europa con más liquidez, con más dinero, para intentar reanimar unas economías que apenas crecen y donde no hay inflación, porque las empresas tienen que tirar precios si quieren vender. Una Europa estancada en un mundo que ha frenado su recuperación, tras el pinchazo de China y la recesión de Japón, Latinoamérica y muchos países emergentes. Pero el BCE sólo no puede salvarnos. Lo que necesita Europa es que los gobiernos animen el consumo, los sueldos y la inversión pública y privada, que recauden y gasten más, con Alemania y la Europa rica tirando del carro. Decir adiós a la austeridad y reanimar la economía europea de una vez.
 

enrique ortega


Europa no levanta cabeza, tras haber pasado ya 8 años de esta crisis, que la ha sumido en dos recesiones, una en 2009 (-4,5% PIB) y la otra en 2012 (-0,7%) y 2013 (-0,5%). Parecía que se iba a recuperar en 2014 (+1,4%, solo +0,9% zona euro), pero este año 2015 no acaba de despegar: empezó creciendo sólo un 0,5% y lleva medio año que ha bajado su crecimiento trimestre a trimestre. Así, este verano, la UE-28 ha crecido sólo un 0,4% y los 19 países euro aún menos: están creciendo un 0,3% (la séptima parte que EEUU, que creció un 2,1%). Hay incluso tres países que decrecen (Grecia, Estonia y Finlandia) y las grandes economías apenas “tiran” del resto: Alemania, la teórica “locomotora europea”, creció sólo un 0,3% en el tercer trimestre (la mitad que hace un año), Francia otro 0,3% e Italia un 0,2%, mientras Portugal ha dejado de crecer (+0%) y los que más crecen no llegan al 1% (0,9% Polonia y Eslovaquia, 0,8% España). Al final, las últimas previsiones del FMI son que la Europa del euro crezca este año el 1,5%, casi la mitad que Estados Unidos (+2,6%).

Con un crecimiento tan bajo, Europa apenas puede bajar su alto paro (10,8% en la zona euro, frente al 5% en USA), que sufren todavía  22.631.000 europeos (1 de cada 5, españoles). Y la inflación no existe (0% en octubre), un síntoma claro de que la economía europea está “enferma”: las empresas tienen que “tirar” sus precios si quieren vender (el consumo languidece) y eso no les anima a invertir ni a contratar gente. Mientras, los países siguen con otros dos problemas estructurales. Uno, sus déficits públicos, a pesar de los recortes: 16 de los 19 países euro tienen déficit, agujeros fiscales que dificultan su recuperación. Y para “tapar” estos agujeros fiscales, a todos les ha crecido la deuda pública (del 70% del PIB en 2007 al 87,8% en 2015), lo que les hace muy vulnerables a los mercados que les financian. Sólo hay un elemento positivo: la mayoría tienen superávit comercial con el exterior, gracias a la caída del euro y los precios, que han abaratado los productos europeos. Pero son incapaces de que esta mejoría exportadora compense el pinchazo del consumo y la inversión.

Europa lleva así, languideciendo, todo este año, pero ahora es más preocupante porque la economía internacional ha empeorado y el mundo no va bien: China ha “pinchado” su crecimiento, Japón está otra vez en recesión (la quinta en los últimos 7 años), Latinoamérica también cae (con Brasil, Venezuela, Ecuador y Argentina en recesión) y muchos países emergentes están en crisis (desde Rusia a Sudáfrica o Indonesia), por la caída en picado de los precios de las materias primas y el petróleo. El FMI y la OCDE reconocen que la recuperación mundial es "mediocre" y apuestan por un menor crecimiento mundial este año (3% frente a 3,4% en 2014), con un estancamiento del comercio mundial que hará que todos los países (Europa y España entre ellos) vendan menos en los próximos meses.

En este preocupante contexto mundial, el triunfalismo económico de Rajoy está aún más fuera de lugar: si Europa, China y sobre todo Latinoamérica crecen menos o caen, a España le afectará seguro. Y ya lo hemos notado, con un menor crecimiento (y menor empleo) este verano, que será aún menor en el último trimestre de 2015, según muchos expertos. Y para 2016, todas las previsiones auguran un menor crecimiento (y menos empleo): el FMI prevé un crecimiento para España del 2,5% en 2016, más elevado que el de la mayoría de Europa (+1,6% en la zona euro), pero inferior al esperado para 2015 (3,1%en España).

Aunque España crezca más que la mayoría de Europa, “no estamos para tirar cohetes”. Primero y fundamental, porque tenemos el doble de paro que Europa (22,3% frente al 11% en la zona euro para 2015) y eso nos obliga a crecer más. Y sobre todo, porque seguimos con dos graves problemas estructurales, que son un gran lastre para la recuperación. Uno, el déficit público (el 4,7% del PIB en 2015, según Bruselas), el más elevado de los 28 países UE, este año y el que viene. Y el otro, nuestra elevadísima deuda: en 2016 llegará al 101,3% del PIB, o sea que deberemos más de la riqueza que creamos, lo que nos hace muy vulnerables, ya que tenemos que buscar quien nos financie en los mercados. Y todo ello mientras el consumo despega muy despacio (por culpa de un empleo precario y unos salarios mileuristas) y la inversión no despierta, aunque las empresas ya tienen beneficios.

En definitiva, la economía mundial ha frenado su recuperación y Europa no despega, lo que debería obligar a tomar medidas. Pero la última Cumbre del G-20, en Turquía, se ha centrado en la amenaza yihadista y no en salir de la crisis: no han tomado ninguna medida económica. En Europa, la Comisión y los Gobiernos están centrados también en el yihadismo y los refugiados pero no en reanimar las economías y crear empleos. Y ahora, confían que el BCE les saque las castañas del fuego, con nuevas medidas este jueves para crear aún más liquidez, más dinero, que reanime las anémicas economías europeas.

No es la primera vez que el BCE hace de “bombero” para salvar la economía europea. En el verano de 2012, su presidente, Mario Draghi, salvó al euro y evitó el rescate de España (no Rajoy) con una sola frase: “El BCE hará lo necesario para sostener al euro”. Y al verano siguiente lo hizo, bajando los tipos de interés a un mínimo del 0,05% y anunciando compras masivas de deuda (60.000 millones al mes desde marzo de 2015), para inundar Europa de dinero barato. Con ello, Draghi ha conseguido tres cosas importantes. Una, la principal, dar la sensación de que “hay alguien al timón del barco europeo”, frente a unos dirigentes europeos que son todo menos líderes (véase su desgobierno en la crisis de Grecia y en la de los refugiados). Dos, provocar una drástica caída del euro, que ha sido el único balón de oxígeno de las economías europeas: el euro ha caído un 22,65% desde enero (de 1,3754 a 1,0638 euros por dólar), lo que significa que los productos europeos son unos 22,65% más baratos (por eso España bate récord de exportaciones). Y tres, abaratar el coste de la deuda pública: ya hay 10 países europeos que en vez de pagar a los inversores por comprar su deuda pública, les cobran por ella (España, un 0,049% en las Letras a un año la semana pasada).

El “bombero” ha hecho un gran trabajo, pero el problema de fondo sigue ahí: Europa apenas crece, hay mucho paro y la inflación está en el 0%, símbolo de que la economía está enferma. Y es que la política monetaria no lo es todo. En Europa sobra liquidez, hay enormes cantidades de dinero barato, pero las empresas y familias no lo utilizan, no consumen apenas ni invierten. Primero, porque están muy endeudados y no quieren endeudarse más. Y, sobre todo, porque no ven claro el futuro. Y por eso, necesitan que los Gobiernos les den un empujón, con más gasto y más inversión pública, que marque el camino y tire de ellos. Pero los que pueden hacerlo, Alemania y la Europa rica del norte, no están por la labor: tienen superávit en sus cuentas públicas, en sus intercambios con el exterior, pero no lo dedican a aumentar gastos e inversiones para “tirar” de las economías, de las suyas y del resto. Incluso siguen recetando austeridad a la Europa del sur, pidiendo más recortes (a España, 13.000 millones).

Como los Gobiernos  no hacen  nada, el BCE volverá a hacer de bombero y tomará nuevas  medidas este jueves. Más de lo mismo: aumentará las compras de deuda, ampliándolas hasta 2017. Está bien, algo ayudará, bajando más el euro (llegará a 1x1 con el dólar) y el coste de la deuda. Pero es insuficiente. El problema de Europa no es que falte dinero, liquidez: lo que falta es demanda, consumo e inversión. Y eso no se arregla llenando el continente de euros. Hay que gastar e invertir más desde los Gobiernos y eso requiere una política fiscal distinta, que recaude más (cobrando más impuestos a grandes empresas, multinacionales y ricos) y que gaste e invierta más, en grandes proyectos de inversión pública europea (paralizada desde 2008), desde infraestructuras, nuevas energías, tecnología y redes, educación y fomento de la industria y la internacionalización de las empresas. Se trata de "cebar la bomba" de la inversión privada con inversiones públicas que tiren de ella y un mayor consumo público que anime también al consumo de las familias, ayudado por una mejora de salarios y empleos.

Este empujón a la economía europea debería venir de Alemania y la Europa rica, los que ahora pueden gastar e invertir más, porque ellos ya han salido de la crisis y los demás no. Hay una estadística muy clara que indica que hay dos Europas. Una, la Europa que ha recuperado ya lo perdido con la crisis, 11 países euro cuyo PIB ha crecido entre 2008 y 2015: Malta (+17,3%), Luxemburgo (+12,1%), Eslovaquia (+11,3%), Irlanda (+7,7%), Alemania (+5,6%), Bélgica (+4,7%), Lituania (+3,6%), Francia (+2,7%), Austria (+2,6%), Holanda (+0,6%) y Estonia (+0,5%). Y la otra Europa, la que aún no se ha recuperado de la crisis, 8 países euro que todavía pierden en el balance de su crecimiento 2008-2015: España (-3,9%), Eslovenia (-4,7%), Letonia (-5,6%), Portugal (-5,6%), Finlandia (-6,4%), Italia (-8,6%), Chipre (-9,8%) y Grecia (-27%). Los primeros deben “tirar” de los segundos.

Y en paralelo, los dirigentes europeos deberían aprovechar la bajada de tipos de la deuda pública para reestructurarla, para aprobar de una vez su “mutualización”: crear un Tesoro europeo, como el de EEUU, que emita deuda europea, los famosos eurobonos”, lo que quitaría una pesada losa a los países más endeudados (otra vez la Europa del sur), que podrían dedicar el ahorro en el pago de intereses a un mayor gasto e inversión pública, que ayudara a reanimar sus economías. Pero Alemania y la Europa rica no están por la labor, porque al pagar entre todos la deuda de todos, ellos pagarían más que ahora. Eso se llama solidaridad (y sentido común: si somos una unión, somos una unión).

Como se ve, hay otras salidas, además de que el BCE haga otra vez de “bombero”. Pero suponen un cambio en la ortodoxia de Merkel y Bruselas, que llevan desde 2010 aplicando una política de austeridad que ha hundido a la economía europea. Y quizás por muchos años, como señalan algunos economistas, como Antonio Fatas y Lawrence Summers, cuyas recientes investigaciones (leer aquí su trabajo) concluyen que los recortes frenan la recuperación de las economías no sólo a corto sino a largo plazo. O sea que el estancamiento actual de Europa es “autoinflingido, fruto de los recortes pasados. Y va a durar si no se toman medidas en sentido contrario, para reanimar las economías desde el poder.

No parece que Merkel y los fundamentalistas de Bruselas vayan a cambiar de opinión y lanzarse a gastar y a invertir, como les pide  incluso el FMI desde 2014. Así que todo apunta a que Europa seguirá languideciendo, con bajo crecimiento, mínima inflación y mucho paro, rezando para que no caigan China o EEUU, porque eso nos llevaría a la tercera recesión. Un preocupante panorama que es aún peor para España, uno de los países que más necesitan que Europa despegue, para rebajar nuestro dramático paro. Pero a pesar de la ayuda del BCE, no podemos esperar mucho de Europa. Salvo que en 2016, como ya han amenazado, nos pidan más recortes. Sería la puntilla.

jueves, 26 de noviembre de 2015

Cambian las bajas laborales: más control


A partir de este 1 de diciembre, cambia el sistema de las bajas laborales: los partes de baja se recogerán  cada más tiempo pero el trabajador enfermo tendrá que pasar revisiones médicas de las Mutuas patronales, que podrán pedir al médico y al INSS el alta del trabajador si no están de acuerdo con su baja. El Gobierno Rajoy cede así a la presión de los empresarios, que llevan años pidiendo más control de las bajas laborales, aduciendo que hay mucho fraude. El absentismo laboral parece haber subido algo en los últimos meses, pero los pagos por bajas laborales han caído un 35% con la crisis. Y hay trabajadores que van enfermos a trabajar, por miedo al despido. Recordemos que los españoles trabajan más horas que la mayoría de europeos y la mayoría hacen horas extras, la mitad sin cobrarlas. Hay que controlar el absentismo, sí, pero sin demagogia. Y a la vez, gastar más en mejorar  la salud laboral, porque con la crisis nos ponemos más enfermos.
 

enrique ortega


En España se pierden al año 221 millones de horas de trabajo por absentismo laboral, lo que cuesta 9.381 millones de euros, algo más de la mitad a la Seguridad Social (4.878,37 millones en 2014), que paga las bajas a partir del día 16, y el resto a los empresarios (4.503 millones de euros en 2014), que pagan las bajas del 4º al 15º día (del 1º al 3º día de baja no se cobra nada). Este coste, aunque no es muy abultado y apenas crece (un 1,3% en 2015), nunca ha gustado a la patronal CEOE, que lleva décadas quejándose del absentismo laboral y denunciando un “abuso” en las bajas de los trabajadores (se ha quejado incluso de los 4 días por fallecimiento fuera de un familiar directo), por lo que exigen más control y una rebaja de las cotizaciones sociales que pagan cada mes para costear las bajas.

Rajoy recogió el guante de la batalla patronal contra el absentismo y empezó cambiando la norma en la reforma laboral que aprobó en febrero de 2012: permitió que una empresa pueda despedir a un trabajador si falta al trabajo 10 días en dos meses, incluso con baja médica. Hasta entonces, ese despido era improcedente si la plantilla tenía una tasa baja de absentismo (“los jetas podían salvarse si tenían compañeros cumplidores”). Ahora, si un trabajador falta a su trabajo, aún con bajas justificadas, más del 20% de las jornadas hábiles en dos meses (más de 9 días) o el 25% en cuatro meses (los discontinuos, en un año), puede ser despedido con 20 días por año (máximo 12 meses). Se excluyen las bajas de más de 20 días, con lo que la diana de la reforma son las bajas más cortas, que son las que pagan las empresas (del 4º al 15º día). Un catarro o un esguince mal curado que vuelven, por ejemplo.

Pero el Gobierno Rajoy no se quedó ahí. En julio de 2014 aprobó una nueva Ley de Mutuas, las asociaciones patronales (creadas en 1900) que se ocupan de las bajas por accidente laboral o enfermedad profesional y que gestionan también el pago de las bajas por enfermedad común, con un Presupuesto de 10.000 millones de euros, aportado por la Seguridad Social y las cuotas empresariales. Esta nueva reforma dio más poder a las Mutuas patronales en la gestión de las bajas laborales, a la vez que se privatizaba una parte de su trabajo: los chequeos médicos a los trabajadores y la prevención están ahora en manos de hospitales privados, en especial del grupo IDC-Quirón (se ha adjudicado Fremap, Mutua Universal, la Fraternidad y MC Mutual), y la aseguradora Catalana de Occidente (que se ha quedado con Asepeyo). Y en paralelo, aprobó un decreto-ley para cambiar el sistema de bajas laborales, un cambio que entra en vigor este 1 de diciembre.

El cambio en el sistema de bajas laborales tiene dos partes. Una modifica las normas por las que se rigen las bajas laborales, agilizando el proceso. Si ahora hay que renovar las bajas cada 7 días, desde el 1 de diciembre, la fecha para recoger los partes de confirmación varían según las bajas: si son muy cortas (menos de 5 días), el médico entrega la baja y el alta a la vez; si son cortas (5-30 días), el parte de confirmación es cada 14 días; si son medias (31-61 días), cada 28 días; y si son largas (de 61 días a 365), el parte de confirmación se entrega cada 45 días. Pero a cambio de estas menores visitas, el médico tendrá que hacer más papeleo. Por un lado, cuando dé una baja, tendrá que incluir en ella cuál es el tiempo previsto para el alta (si es corta, media o larga), ayudado por una tabla estadística que le van a proporcionar con  lo habitual según las dolencias. Y además, el médico tendrá que hacer informes periódicos para informar de la evolución del trabajador al que ha dado la baja.

El otro gran cambio, el más importante, es que las Mutuas patronales tienen ahora un gran poder en la gestión de las bajas: desde el primer día, podrán pedir al empleado de baja que acuda a una revisión médica con ellos, para investigar su dolencia (ahora tenían que esperar al día 16 de la baja para pedir esa revisión). Y si tras ese análisis deciden que puede volver a trabajar, enviarán un informe motivado de alta al médico, que deberá contestar en cinco días. Si no lo hace o se niega a dar el alta, la Mutua puede recurrir a la Seguridad Social (INSS), que tiene cuatro días para contestar. Y tanto la sanidad pública (SNS) como la Mutua podrán pedir al INSS el cambio en la consideración de la baja (si es enfermedad profesional o enfermedad común, por ejemplo) y también puede reclamar el trabajador. Algo importante: si el trabajador de baja no acude a la revisión de la Mutua, automáticamente deja de cobrar la baja, aunque luego tiene 10 días para justificar por qué no acudió (si lo hace, recuperará el cobro y si no, lo pierde definitivamente).

El nuevo sistema, según el Gobierno, ahorrará papeleo y costes, unos 500 millones al año según el Ministerio de Empleo. Pero los sindicatos lo critican, porque dicen que sólo busca reducir las bajas y no se preocupa de la salud de los trabajadores. Los que están más molestos son los médicos de familia de la sanidad pública (SNS), con tres quejas serias. Una, que se les ha puesto unos “vigilantes”, los médicos de las Mutuas, para “poner en duda” su trabajo. Dos, que se les obliga a hacer mucho más papeleo: tendrán que estimar la duración de cada baja (no siempre fácil) y emitir muchos más informes, ya que se les exige ahora un informe complementario cada dos partes de confirmación (eso da hasta 9 informes en una baja de un año frente a los 2 informes actuales). Y la tercera queja, que las Mutuas patronales tendrán acceso a los historiales médicos de todos los trabajadores, algo potencialmente peligroso.

Además, los médicos del SNS se quejan de que las Mutuas (y las empresas) están cargando en la sanidad pública el coste de atender bajas por enfermedad común que en realidad deberían ser bajas por enfermedad profesional. La diferencia es importante: una baja por enfermedad profesional o accidente de trabajo la gestionan las Mutuas al 100% (ellos dan las bajas y altas) y las empresas tienen que pagar al trabajador el 75% del sueldo (o lo que diga el convenio). Si la enfermedad es común, la atención al trabajador y la gestión de la baja recae en la sanidad pública y la empresa se ahorra dinero, porque se paga sólo el 60% del sueldo (salvo que el convenio haya pactado un pago mayor). Los sindicatos critican este fraude (estiman que una cuarta parte de las bajas son realmente enfermedades profesionales), que engorda los costes de la sanidad pública, en beneficio de las Mutuas privadas.

Estos importantes cambios en el sistema de bajas laborales llegan cuando algunas fuentes hablan de un cierto repunte del absentismo laboral, desde mediados de 2014, año en que las horas perdidas habrían aumentado, por primera vez en 6 años, desde el inicio de la crisis: estaríamos en el 4,4% de absentismo (2014), frente al 4,9% en 2007, según estimaciones de Addeco. Con todo, hay otro dato más importante: el pago por bajas laborales ha caído un 35% con la crisis, al menos en la parte que paga la Seguridad Social (a partir del 16º día de baja): si el INSS pagó 7.533,87 millones para bajas en 2008, en 2014 pagó sólo 4.878,37 millones. Y para este año 2015, hay presupuestado sólo un 1,3% más (4.972 millones). Así que no se ha disparado el coste de las bajas, sino que ha bajado mucho con la crisis, algo lógico porque hay menos empleados y  los trabajadores se lo piensan mucho, con tanto paro, antes de no ir a trabajar. Incluso, los sindicatos denuncian que muchos van a trabajar enfermos.

Parece claro que el absentismo laboral es algo muy negativo, para las empresas y para la economía, pero quizás se esté utilizando para forzar más recortes en las bajas, con la excusa de un mayor control. Y en paralelo, no se habla de otros datos que hablan de lo contrario, de que los españoles trabajan más que el resto de europeos. De hecho, hay 11 países europeos que trabajan menos horas que España (1.665 horas en 2013), entre ellos Alemania (trabajan 280 horas menos al año) o Francia (176 horas menos), aunque trabajamos 100 horas menos al año que la media de la OCDE. Y por si fuera poco, el 85% de los trabajadores españoles hacen más horas de las que deben, según Randstad. De hecho, 2 de cada 5 trabajadores españoles (el 41%) hacen al menos 8 horas extras a la semana, según un informe de Regus. Y cada semana se hacen en España  10 millones de horas extras “ilegales” (que superan las 2 horas extras legales por semana), según datos del INE recogidos por el PSOE. Y otro dato más, que no suele citar la patronal: más de la mitad de las horas extras hechas en 2014 no se pagaron, se hicieron “gratis”, según un informe de UGT. Eso es “presentismo”, no absentismo.

A estas alturas del mundo, todos los expertos reiteran que por trabajar más horas no se es más productivo, sino que el objetivo es trabajar menos con más eficacia, para que haya empleo para más gente. Sobre todo en España, un país con horarios laborales de locos (se sale de trabajar a las 8 de la tarde, cuando la mayoría de europeos están cenando), que dificultan la conciliación familiar y no favorecen la productividad, que depende más de la organización del trabajo, la integración laboral, la innovación y la tecnología.

Otro tema preocupante es la salud laboral, que la crisis ha deteriorado: el paro, la precariedad y los problemas laborales han agravado el estrés laboral, provocando más accidentes y un aumento de los problemas psicológicos y psiquiátricos, que son ya el tercer motivo de las bajas laborales, tras las gripes y las dolencias musculares o roturas. España invierte poco en prevención laboral y las empresas han recortado su gasto en salud laboral, lo que puede provocar un aumento de las horas perdidas. Tener trabajadores sanos (y satisfechos con su trabajo) es la mejor receta contra el absentismo, no multiplicar los controles y “criminalizar” las bajas por una minoría que defrauda. La mayoría quiere trabajar y cobrar su sueldo íntegro, no estar de baja.

lunes, 23 de noviembre de 2015

Más viejos y pocas ayudas a la Dependencia


España es el segundo país del mundo, tras Japón, donde más años se vive: 83,2 años, casi el doble que en 1941. Una buena noticia, con un lado malo: cada vez hay más viejos que viven más años y menos jóvenes para trabajar, cotizar y pagar impuestos. Si ahora la proporción es de 2 activos por cada anciano o niño, en 2052 habrá 1 español trabajando por  cada español retirado o niño. Así será difícil financiar los servicios públicos y las pensiones. Y además, al haber más ancianos longevos, muchos no podrán valerse por sí mismos: habrá 7 millones de mayores dependientes, el triple que ahora. Un serio problema porque ya hoy, con muchos menos ancianos, la Dependencia está colapsada: hay casi 400.000 ancianos y discapacitados con derecho reconocido esperando la ayuda, por falta de recursos, que Rajoy ha recortado drásticamente. Tras las elecciones, urge un Pacto de Estado para atender mejor a nuestros mayores y que no se mueran sin ayudas.
 

enrique ortega


España ha dado un gran vuelco en dos generaciones, gracias al desarrollo económico, la mejora de la sanidad y un estilo de vida más sano, que ha aumentado drásticamente nuestra esperanza de vida: si al acabar la Guerra Civil (1941), los españoles vivían una media de 50 años, al morir Franco (1975) ya vivíamos 73,94 años, en 2011 ya llegábamos a 82 años y ahora superamos los 83,2 años de esperanza de vida (2013), según el INE. Con ello, España es el segundo país del mundo donde más años se vive, sólo por detrás de Japón (83,4 años), tras haber adelantado a Suiza (82,6 años), Italia (82,4 años) y Francia (82,1 años), según los últimos datos de la OCDE (38 países), donde la media de vida son 80,5 años.

La esperanza de vida ha mejorado sensiblemente en los últimos años (en el 2.000, España era el 6º país en el ranking de longevidad), gracias a nuestro clima y estilo de vida, la alimentación y la sanidad españolas, aunque la OCDE revela dos factores que van en contra de la salud de los españoles: fumamos más que en otros países (29% de adultos, frente al 20% en la OCDE) y hay más niños obesos (26%), lo que puede “pinchar” nuestra longevidad futura, junto a la crisis y los recortes en la sanidad. Pero el INE no lo cree así y prevé que vivamos aún más años en el futuro: 83,87 años en 2021, 85,70 años en 2031, 89,37 en 2044, 91,17 años en 2054 y 92,63 años en 2063. Y más las mujeres (94,32 en 2063).

Al vivir más años y caer la natalidad (menos mujeres en edad fértil que tienen menos hijos), la consecuencia será un drástico envejecimiento de la población española, según las previsiones demográficas del INE: si en 2012 había un 17,3% de españoles con 65 o más años (8.029.674 personas), a mediados de este siglo (2052) habrá un 36,58% de mayores, más de un tercio de la población española tendrá 65 años o más (15.203.850 personas, casi el doble). O sea que si ahora son mayores 1 de cada 6 españoles, en 2052 serán más de 1 de cada 3. Y lo más llamativo es que se triplican los mayores de 80 años, los que necesitan más ayuda: si en 2012 eran sólo 1,1 millones, en 2052 serán 3,74 millones.

Ya en 2021, España será el país más envejecido de Occidente (por encima incluso de Japón), con un 25% de su población que superará los 65 años (9.276.000 personas), según datos de la ONU. Viviremos más años que nadie y eso es una buena noticia,  pero también supone una enorme hipoteca para España: habrá menos activos para sostener las pensiones y el Estado del Bienestar. La previsión del INE es que si ahora (2012) hay 2 personas en edad de trabajar (16-64 años) por cada inactivo (niño o mayor de 65 años), en 2052 haya sólo 1 activo (trabajando o parado) por cada inactivo (niño o jubilado).

Un dato preocupante, por un doble motivo. Por un lado, habrá menos activos para trabajar, crear riqueza y pagar impuestos con los que mantener el Estado del Bienestar, desde la sanidad a la Dependencia, pasando por la educación o los servicios públicos. Y por otro, habrá menos jóvenes y adultos cotizando a la Seguridad Social, con lo que tendremos más problemas para pagar las pensiones futuras, máxime si crece drásticamente el número de pensionistas: se prevé pasar de los 9 millones de pensionistas actuales a 15 millones de pensionistas en 2052, con un fuerte crecimiento de las pensiones a partir de  2023, cuando empezarán a jubilarse los nacidos a principios del “baby boom”, a finales de los años cincuenta, y el número de pensionistas irá aumentando durante los siguientes quince años, que es lo que duró la explosión demográfica de la segunda mitad del siglo XX. Más pensionistas, más gasto, pero menos jóvenes y adultos para cotizar y pagar sus pensiones.

El envejecimiento de la población española no sólo aumentará el gasto en pensiones. Obligará a destinar más ayudas a los ancianos dependientes, los que no se pueden valer por sí mismos, cuyo número aumentará drásticamente al vivir cada vez más años: si ahora hay casi 3 millones de españoles con algún tipo de dependencia, en 2050 tendremos 7 millones de dependientes (anciano y discapacitados), según el CSIC. Y esto sí que es un gran reto de futuro, porque la actual Ley de Dependencia (ZP 2007), tras casi 9 años de existencia, no ha conseguido atender ni a 800.000 dependientes al año y hay casi 400.000 en lista de espera, con lo que muchos se mueren antes de recibir las ayudas.

Las ayudas a la Dependencia, el cuarto pilar del Estado del Bienestar (junto a la sanidad, la educación y las pensiones), se pusieron en marcha el 1 de enero de 2007, con una Ley que concedía derechos pero que no contaba apenas con Presupuesto. Avanzó con firmeza al principio, incluso con la crisis, y en la Legislatura de Zapatero se triplicaron los beneficiarios, pasando de 228.613 dependientes atendidos en 2008 a 752.005 en 2011. Pero al llegar al poder Rajoy, que no creía en el sistema (“no es viable”, declaró un mes antes de las elecciones de 2011), empezaron los recortes, a los nueve días de tomar posesión: dejó fuera a los dependientes moderados (165.000), primero hasta 2012 y luego hasta julio de 2015. Luego, en 2012, recortó drásticamente la aportación del Estado a la Dependencia y aprobó un Decreto con cambios profundos para facilitar a las autonomías un drástico recorte del gasto: dejó de pagar la cotización a la SS a los 423.000 cuidadores familiares de los dependientes y les bajó un 15% su paga mensual (55 euros sobre 400), redujo servicios (ayudas a domicilio), simplificó los baremos (de 6 a 3, bajando las ayudas) y subió el copago a las familias.

El total de medidas supuso  un recorte a la Dependencia de 2.236 millones entre 2012 y 2014, un tercio del presupuesto de 2011, según la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales. Con ello, el Gobierno Rajoy ha estrangulado financieramente a la Dependencia, ahora más en manos de las autonomías y las familias: si en 2011, el Estado central financiaba el 40% de la Dependencia, en 2013 ya sólo financiaba el 13%. Y su vacío lo han tenido que cubrir (sólo en parte) las autonomías (han pasado de financiar el 50% al 63%) y las familias de los dependientes (el copago cubría el 10% de la Dependencia en 2011 y en 2013 era ya del 19%). Los pagos de las familias de los dependientes han subido un 68% desde 2009, desde los 960 euros anuales que pagaban a 1613 euros de media en 2013.

Al contar con menos recursos (mientras aumentaban las solicitudes de dependientes), las autonomías (que gestionan la Dependencia) han tenido que “buscarse la vida” para cuadrar las cuentas, reduciendo el gasto por varias vías, según el Observatorio de la Dependencia. La primera, retrasando los expedientes, tanto el reconocimiento como la concesión de las ayudas. La segunda, siendo más rígidos al valorar a los dependientes: en febrero de 2012 se endurecieron los requisitos, con lo que han bajado los que tienen gran dependencia (grado III) y subido los dependientes severos (grado II), que son “más baratos” (cobran 82,84 euros/mes frente a 177,86 a los de grado III). Y la tercera vía de ahorro ha sido  revisar “de oficio” las valoraciones ya hechas: se llama al dependiente y se le baja el grado, lo que ha multiplicado las denuncias de familias en los tribunales (las suelen ganar, pero dos años después).

El balance de la Dependencia en la Legislatura de Rajoy es muy negativo y más desde julio de 2015, en que entraron finalmente en el sistema los dependientes moderados (unos 315.000). Con ellos, a finales de octubre había 1.178.483 dependientes (ancianos y niños discapacitados) con derecho reconocido a ayudas, 120.987 más que cuando Rajoy llegó al poder. Y de ellos, 779.373 dependientes recibía alguna ayuda (servicio o dinero), sólo 27.368 más que hace cuatro años. Y lo peor, hay 399.110 dependientes a la espera de recibir ayuda, uno de cada tres con derecho reconocido, 93.619 más en “lista de espera” que cuando llegó Rajoy al poder. Y eso que 100.000 dependientes ya no esperan ayuda porque se han muerto en estos años, según los Directores y Gerentes de Servicios Sociales.

El balance de la Dependencia es aún peor en algunas autonomías, la mayoría de ellas gobernadas por el PP hasta mayo pasado. Así, el porcentaje de dependientes que reciben ayudas está muy por debajo de la media (1,59% de la población en toda España) en Canarias (0,52%), Comunidad valenciana (0,86%), Baleares (0,93%), Ceuta y Melilla (1,20%), Madrid (1,23%), Galicia (1,26%) y Navarra (1,27%), autonomías que también tienen los mayores porcentajes de dependientes en lista de espera desde 2011.

Algo hay que hacer y con urgencia, porque más de la mitad de los dependientes que solicitan ayudas tienen más de 80 años y muchos se mueren antes de que les lleguen. Urge que los distintos partidos acuerden, tras las elecciones del 20-D, un sistema de financiación suficiente y estable para la Dependencia. Y más si sabemos que habrá en España el triple de ancianos dependientes a mediados de este siglo.

Lo primero sería que el futuro Gobierno aprobara un Plan de choque para ponerse al día y acabar con las listas de espera, que recibieran servicios o cobraran algo las familias de los casi 400.000 dependientes que esperan desde hace meses. Eso supondría recuperar al menos  los 2.236 millones perdidos en esta Legislatura, aportándolos entre el Estado y las autonomías, con un crédito extraordinario. Pero sería sólo un parche. Cara al futuro, hay que buscar un sistema de financiación estable (40% Estado, 40% autonomías y 20% familias) y suficiente, en base a impuestos (se puede y ser debe recaudar más), posibles recargos de IVA o cotizaciones sociales adicionales, medidas propuestas en su día por la Comisión de expertos que informó sobre la Ley de Dependencia en el Congreso. Bastaría recabar entre 8.000 y 10.000 millones anuales para financiar la Dependencia, bastante más barata que los otros tres pilares del Estado de Bienestar, las Pensiones (120.000 millones), la Sanidad (88.000 millones) o la Educación (50.000 millones).

La mayoría de partidos prometen más recursos para la Dependencia si llegan al poder, incluso piden que sea un derecho incluido en la Constitución (PSOE). Pero hay que concretar de dónde va a salir el dinero, porque las familias de los dependientes ya han visto lo que pasa cuando se prometen derechos sin recursos, como hizo Zapatero: el sistema se colapsa. Hay que ponerlo en marcha, con perspectiva de futuro, para que atienda a una población española más envejecida, donde  9 de cada 100 españoles vivirán más de 80 años. Seremos más longevos, pero por eso necesitaremos más cuidados. Y eso tiene un precio, que hay que pensar en cómo pagar desde hoy. Porque pronto, los dependientes no serán nuestros padres: seremos nosotros.