Universidad: cara, pocas becas y menos alumnos

Un millón y medio de jóvenes han comenzado otro curso en la Universidad, el 5º año consecutivo en que bajan los alumnos, por la caída de matrículas en las universidades públicas (suben en las privadas). Se debe, sobre todo, al elevado precio de Grados y Máster, que aunque se congelan o bajan este curso, son un 40% más caros que en 2011. Y las becas no ayudan: llegan a más universitarios, pero con 300 euros menos por alumno. Mientras, las Universidades siguen con escasos Presupuestos: crecen algo este curso, como los dos anteriores, pero sólo han recuperado un tercio de los 1.900 millones que les recortaron. Con esta penuria, les resulta difícil mejorar una enseñanza poco útil: un 16% de universitarios están en paro (7,4% en Europa)  y un tercio trabajan en empleos que no les exigen título. Urge un Pacto educativo que asegure a la Universidad una financiación estable y una educación de calidad y más orientada al empleo. Para que no sea una “fábrica de parados.


                                                                                                                                                                        enrique ortega  
 
Las 84 Universidades españolas (50 públicas y 34 privadas), que tuvieron el curso pasado 1.492.206 alumnos en Grados y Master (1.247.237 las públicas y 244.969 las privadas), volverán a perder alumnos este curso 2017-2018, por 5º año consecutivo. Desde el máximo de universitarios en el curso 2011-2012 (1.610.000 alumnos), la Universidad española ha perdido 118.905 alumnos, por la caída de matrículas en las universidades públicas, ya que aumentaron en las privadas. La caída se ha debido a la pérdida de alumnos en los estudios de Grado (4 a 6 años), donde hay 178.539 universitarios menos que en 2011-2012, mientras han subido los alumnos de Master (+59.745) y de Doctorado (+27.479), porque muchos universitarios prorrogan sus estudios ante la falta de empleo.

La caída de alumnos en la Universidad española se debe a tres causas. Una, la caída de la natalidad en los años noventa, causante de que haya un 6% menos de jóvenes entre 18 y 24 años. La segunda, que una parte de los jóvenes que antes iban a la Universidad tras el Bachillerato, se han ido a estudiar Formación Profesional de Grado Superior, porque piensan que tiene más salidas : ya la estudian más de 350.000 jóvenes, cuando sólo eran 221.000 en el curso 2011-2012. Y la tercera razón, quizás la más importante, porque estudiar en la Universidad es mucho más caro en los últimos años, por culpa de la subida de tasas aplicada en 2012 y el menor importe de las becas, que se conceden con más restricciones (de ingresos y docentes).

Este curso 2017-2018, muchas Universidades públicas han congelado sus tasas e incluso algunas las han bajado, como Madrid: un 5% las de Grado y un 10% los Master, tras haberlas bajado también los dos cursos anteriores. Pero estas rebajas no son suficientes para compensar las subidas aplicadas desde 2012. Así, en el caso de Madrid, los Grados han bajado un 20% pero antes subieron un 62% (balance: +42%). Y los Master han bajado estos tres años un 30%, pero antes subieron un 124% (balance: +94%). En todas las Universidades, estudiar hoy es entre un 30 y un 50% más caro que hace 5 años.

Y además, persisten las grandes diferencias entre Universidades, entre públicas y privadas y, sobre todo, entre regiones. Así, el coste de un crédito para una misma carrera (Medicina) varía entre 21,53 euros y 260,83 euros (un curso de Grado tiene 60 créditos) entre la Universidad pública y la privada, según un reciente estudio de la OCU. Y dentro de las Universidades públicas, las diferencias de precio son abismales: las más caras son las de Cataluña (33,58 euros por crédito: 2.014 euros un curso de Grado), Madrid (28,83 euros/crédito) y Castilla y León (24,48 euros). Y las más baratas, Andalucía, Galicia y Cantabria (de12,57 a 13,58 euros/crédito, según los estudios elegidos).

Al final, el resultado es que la Universidad española es una de las más caras de Europa. Hay 15 paises europeos donde la Universidad es casi gratuita: por menos de 100 euros al año se puede estudiar una carrera y completar su formación con un Master, según un estudio de Comisiones Obreras de 2016. Entre ellos están Alemania, Austria, Finlandia o Suecia. En el extremo opuesto, hay cuatro paises donde estudiar un Grado es más caro que España (Reino Unido, Irlanda, Letonia y Lituania, con más de 2.000 euros de coste anual) y luego ya hay un segundo grupo de paises caros para estudiar, donde además de España (1.100 euros de media un primer curso de Grado) están Italia y Holanda. Y en los Master, España está en el grupo de los paises más caros de Europa, junto a Reino Unido, Irlanda, Letonia, Lituania, Grecia, Bulgaria y Rumanía, con un coste medio de 2.020 euros anuales. A final, el estudio revela que de los 37 paises europeos analizados, España es el 8º país más caro para estudiar un Grado y un Máster. Y el 6º más caro (Grado) tomando sólo la Unión Europea.

No es sólo que estudiar en la Universidad sea más caro en España. Además, tenemos menos becas. España ocupa el puesto 14 entre 37 paises europeos en el porcentaje de universitarios con beca: unos 300.000, un 23% de los universitarios, frente a un tercio que reciben ayudas en Francia, Reino Unido  y muchos paises, según el estudio de CCOO. Y además, España ocupa el puesto 22 (entre 37 paises) por importe medio de las becas, más bajo que en el resto de Europa porque invertimos en becas un tercio menos que la OCDE, según el presidente de la Conferencia de Rectores. A partir de 2013, con la reforma que aprobó el Gobierno Rajoy, el sistema de becas cambió: se hizo más restrictivo (en criterios económicos y notas exigidas)  y ahora las reciben más estudiantes pero con menos importe. Las becas han bajado en 13 de las 17 autonomías: la beca media universitaria ha caída 300 euros desde 2011 (-12%) y más en las regiones más pobres, como Extremadura y Castilla la Mancha: cobran hasta 500 euros menos que en 2011, según los datos de una respuesta parlamentaria. Y, curiosamente, de los 20 Campus donde las becas han subido más estos últimos cinco años, la mayoría (14) son Universidades privadas.

Pero además de escasas, las becas universitarias se rigen por un sistema muy deficiente, que ha provocado encierros de protesta de alumnos este verano. Primero, por el calendario de concesión: se solicitan de agosto a mediados de octubre y se conceden con el curso en marcha, por lo que el alumno se tiene que matricular sin saber si tiene beca o no (en Francia, se sabe antes de empezar el curso). Segundo, la cuantía es muy desigual según regiones y se da el caso de que las becas son más bajas donde estudiar resulta más caro: la beca media más baja se da en La Rioja (1.292 euros), Baleares (1.579), Madrid (1.706 euros), Cataluña (1.743) y Asturias (1.773) y las becas más altas se dan en Extremadura (2.926 euros), Castilla la Mancha (2.579), País Vasco (2.519 euros), Galicia (2.490) y Andalucía (2.556) y Castilla y León (2.327), con un importe medio de 2.166 euros (curso 2016-2017). El tercer problema es que una parte de la beca (la variable, que depende del dinero a repartir y el número de solicitantes) se recibe al final del curso para el que se solicita (en junio, al conocerse las notas), con lo que las familias primero gastan y luego reciben esa parte de la beca (debería abonarse toda la beca al principio de curso, con las notas del curso anterior).

Entre tanto, las Universidades no consiguen superar su crisis financiera (déficit y deuda), a pesar de la brutal subida de tasas, por culpa del drástico recorte sufrido años atrás en la aportación del Estado (12% de la financiación) y sobre todo de las autonomías (financian el 82% de las Universidades públicas). Este curso 2017-2018 sube un 3% la media de Presupuestos de las Universidades públicas, algo más que en 2015-2016 y 2016-2017, los tres últimos cursos en que las Universidades han congelado o aumentado ligeramente sus gastos. Pero es todavía muy insuficiente para reponerse del recorte sufrido entre 2012 y 2015: 1.900 millones de euros, un 18% de su Presupuesto. Y por ello, apenas han podido mejorar plantillas (perdieron un 10%, 15.000 personas) y no pueden todavía invertir en mejoras (desde aulas a laboratorios o calefacción). Simplemente, se mantienen, a la espera de que se reforme el sistema de financiación de las autonomías y puedan conseguir más recursos.

El problema de fondo es que la Universidad española cuenta con pocos recursos públicos, menos que la mayoría de Europa. El gasto por alumno universitario en España era de 12.489 dólares en 2014 (último dato aportado por la OCDE), un 22% menos de los 16.164 dólares que se gastaban en Europa (UE-22) y de los 16.143 dólares que gastaban los 35 paises OCDE. Y el gasto es mucho menor que el de EEUU (29.328 dólares/universitario), Reino Unido (24.542 dólares), Suecia (24.072 dólares), Canadá (21.326), Japón (18.022), Finlandia (17.893), Alemania (17.180) o Francia (16.422), sólo superior a Portugal (11.813) o Italia (11.510), según los indicadores educativos OCDE 2017. Y si tomamos el esfuerzo económico que dedica cada país a su Universidad, en España supone el 1,3% del PIB, inferior al 1,4% de la UE-22, el 1,6% de la OCDE o al esfuerzo que hacen EEUU (2,7% PIB), Corea (2,3%), Reino Unido o Finlandia (1,8%), Holanda o Suecia (1,7%) o Francia (1,5%).

Pero el problema de la Universidad española no es sólo de falta de dinero. Hay un problema evidente de calidad de la educación impartida: “el conjunto de habilidades de los graduados de educación superior se sitúa entre las más bajas de la OCDE, lo cual denota una educación universitaria de baja calidad…”, dice textualmente el informe de la OCDE "España 2017" (página 43), presentado en marzo de este año. Y añade que “estas bajas habilidades se deterioran después en los trabajos”, porque los universitarios españoles se emplean en tareas para las que no estudiaron (teleoperadores, camareros, vendedores o cajeras de supermercados) o porque las empresas no les forman (porque tienen contratos temporales y precarios).

La mejor muestra de que la Universidad española no funciona bien, no enseña para trabajar, es que los universitarios españoles trabajan menos que sus compañeros europeos (el 76% de los que tienen 25 a 34 años, frente al 82% en la UE-22 y el 87% en Alemania, Reino Unido o Suecia y el 86% en Francia) y que hay más del doble de universitarios parados (25-34 años): el 16% en España frente al 7,4% en la UE-22 y el 6,6% en la OCDE, con mínimos del 2,9% de paro universitario en EEUU, el 3,1% en Alemania o Reino Unido y el 6,7% en Francia. Y además, entre los que trabajan, hay muchos universitarios en precario: el 34,4% de universitarios españoles trabajan en puestos de baja cualificación, frente al 23% en Europa.  Un tercio de universitarios trabajan sobrecualificados, un despilfarro como país.

¿Qué se puede hacer? El propio informe de la OCDE da varias recetas, que el Gobierno Rajoy desoye sistemáticamente. La primera, asegurar una financiación suficiente para la Universidad, ligada no sólo al número de alumnos sino a baremos de calidad. Eso pasaría por aumentar las aportaciones del estado y las autonomías a las Universidades, para acercar el gasto a niveles europeos. Supondría destinar unos 2.200 millones de euros más cada año a la Universidad, frente a los 12.000 millones actuales. Y eso sin pensar en hacer gratuita la Universidad, algo que costaría 1.300 millones más al año, según CCOO. Pero se gaste lo que se gaste, la clave es controlar bien esos recursos y que no sea “café para todos”: que una parte sea una aportación fija (a tanto por alumno) y otra variable, según unos objetivos que la Universidad debería cumplir para cobrarlo. Es lo que se aplica ya en las Universidades de Cataluña, Andalucía, Galicia y Valencia y que Madrid quiere aprobar para el curso 2018-2019. Y que haya auditorías externas para rendir cuentas, como pide la OCDE.

Pero el problema de la Universidad no es sólo el dinero. Hay que aplicar  una serie de reformas que reiteran, año tras año, la OCDE y muchos expertos. Por un lado, ajustar la oferta, recortando titulaciones (hay 2.781 Grados y 3.772 Master) y fusionando centros (hay 234 Campus, con estudios similares  a pocos kilómetros de distancia. Por otro, la OCDE propone reducir la “endogamia” en la selección de profesores, incorporando a más extranjeros y del mundo empresarial: en 2015-2016, 3 de cada 4 profesores universitarios (el 73,1%) daban clase en la misma Universidad donde hicieron el Doctorado, según datos del Ministerio de Educación. Y en Canarias, Asturias y Valencia, eran más del 80%.

Otro reto pendiente de la Universidad española es conseguir una mayor internacionalización: incorporar a más alumnos y profesores extranjeros, para lo que necesitan mejorar la calidad de su oferta educativa. Y en paralelo, mejorar su capacidad investigadora y divulgativa, aumentando la inversión en I+D+i y los trabajos en revistas científicas, un “escaparate” que mejoraría su posición internacional. Actualmente, España es el único gran país que no tiene una Universidad en el Top 200 del ranking mundial Shanghái (si la tienen Italia, Portugal, Irlanda o Brasil). Las primeras Universidades españolas están entre las 200/300 mejores y son la Universidad de Barcelona, la Pompeu Fabra y la Universidad de Granada.

Con todo, el mayor reto es conseguir que los universitarios se preparen mejor para encontrar un empleo decente ligado a lo que han estudiado. Eso exige repensar a fondo carreras y temarios, en contacto con las empresas y los expertos en empleo, para dotar a los universitarios de las habilidades que se van a demandar en el futuro, sin olvidar por supuesto la formación complementaria (“humanística”) que la Universidad debe aportar . No se trata de “devaluar los títulos”, con carreras más cortas y luego Master más caros: pasar del 4+1 actual (4 años de Grado más 1 de Master) al 3+2 (o incluso 3+1), que ya implantaron el curso pasado algunas Universidades catalanas y que pueden ofrecer ya este curso todas las Universidades, aunque sólo para carreras nuevas. Se trata de otra enseñanza Universitaria, más práctica y con experiencias en empresas, más ligada a los futuros empleos.

Todo ello pasa por lograr un gran Pacto educativo y universitario, donde se asegure a los Campus una financiación suficiente y estable a medio plazo, a cambio de objetivos y reformas, con más participación de las empresas en la planificación y formación y una mejor coordinación entre autonomías, para que no haya 17 sistemas universitarios dispares (como ahora). Y un empujón a la Formación Profesional Superior, que cada vez tiene más salidas. Necesitamos otra Universidad, además de otro modelo económico y laboral, si queremos un mejor futuro para los jóvenes. Que deje de fabricar parados o subempleados.

Autonomías: el cuarto recorte en tres años

En medio de las noticias sobre la huelga del 14-N, los desahucios y las elecciones catalanas, ha pasado desapercibido que 13 autonomías (todas salvo Asturias, Galicia, País Vasco y Cataluña) han presentado ya sus Presupuestos para 2013. Y con ellos, habrá otro recorte de 9.500 millones, que se suma a los 23.000 millones recortados entre 2011 y  2012 (dos veces). El ajuste se hará en gastos de personal (con la pérdida de hasta 50.000 empleos públicos), en menos subvenciones a familias, empresas y Ayuntamientos, en no hacer inversiones y en nuevos ajustes en educación, sanidad,  gastos sociales y Dependencia.  Estos recortes afectarán más a los ciudadanos que los del Estado central, porque vuelven a recortar el Estado del Bienestar y agudizan la recesión y el paro. Y además, son inútiles: las autonomías no consiguen tapar sus agujeros y se prorroga su Fondo de rescate para 2013.

enrique ortega

Recortes sobre recortes. Las autonomías empezaron a reducir sus Presupuestos en 2011 (-5%) y luego en 2012 (-8%), este año dos veces (con el Presupuesto y en abril, con el requeterecorte de 10.000 millones en sanidad y educación impuesto por el Gobierno. En total, 23.000 millones, a los que se sumarán otros 9.500 millones en los Presupuestos 2013 (-6%). Los mayores recortes los harán Madrid (-1.424 millones, -7,7%), Andalucía (-1.314, -4,1%), Comunidad Valenciana (-1.048, -9%) y Castilla la Mancha (-860 millones, -10,2%), aunque se esperan otros importantes en Cataluña (-1.500 millones) y País Vasco (-1.000 millones).

Los principales recortes llegarán por tres vías. La primera, metiendo la tijera en los gastos de personal (40% Presupuestos): supresión complementos, aumento horas, no reposición jubilaciones, no oposiciones y despidos en empresas públicas (se podrían perder 50.000 empleos públicos autonómicos, al amparo de la reforma laboral, empezando por los 5.000 que ya ha anunciado la Comunidad Valenciana). La segunda, reduciendo las transferencias a familias (menos ayudas), transportes (subirán metro y autobuses), empresas y Ayuntamientos (más asfixiados en 2013). Y la tercera, recortando drásticamente las inversiones: no se harán obras, aunque lo suframos en incendios forestales, inundaciones, barracones escolares o falta de servicios en hospitales y residencias de ancianos.

Además, se vuelven a recortar (del 5 al 9%) los presupuestos de sanidad, educación, ayudas a servicios sociales y a la Dependencia (se reduce de 481 a 199 euros la prestación mensual a los cuidadores familiares, que han de pagar además toda su Seguridad Social) . Y se avanza en privatizar la gestión de la sanidad (hospitales y centros de salud) en ocho autonomías gobernadas por el PP: Madrid, Comunidad Valenciana, Castilla la Mancha, Galicia, Extremadura, Baleares, Castilla y León y La Rioja.

Por el lado de los ingresos, las autonomías no son tan decididas, aunque nos subirán impuestos y tasas. Todas, salvo Madrid, aplicarán en 2013 el impuesto sobre el patrimonio (con el que recaudaron 581 millones en 2011), tras recular en su negativa a aplicarlo Baleares y Comunidad Valenciana. Además, subirán el impuesto de sucesiones, que recupera Castilla y León. Y también los impuestos de transmisiones y el de actos jurídicos documentados (por los que  ingresan 6.500 millones). Y rebajarán las deducciones autonómicas en el IRPF. Baleares estrenará dos nuevos impuestos “ecológicos”, sobre los envases no retornables (copiado también por Canarias para 2013) y las grandes superficies, además de un impuesto turístico (a los coches de alquiler), como Cataluña (por estancias en hoteles). Y todas suben tasas (se notan menos), desde el agua a las tasas universitarias (+66%): Cospedal, en Castilla la Mancha, ha creado 320 tasas.

La mayoría de las autonomías han incluido una partida de ingresos que parece el cuento de la lechera: venta de inmuebles (742 millones en Madrid) y empresas públicas. Y Madrid se apunta al euro por receta de Cataluña (¿inconstitucional?), para ingresar 83 millones: es revelador que el Gobierno conservador madrileño quiera hacer pagar 72 € a los pensionistas y rechace cobrar el impuesto sobre el patrimonio a los que tienen más de 700.000 € (ingresaría 310 millones anuales).

Como los ingresos no llegan (la recesión hunde también su recaudación), las autonomías optan por una tercera vía: retrasar pagos. A 31 de diciembre de 2011 se pudo el contador a cero, con el primer rescate del Gobierno para que pagaran facturas atrasadas (pagaron 17.718 millones). Pero a finales de septiembre ya habían acumulado nuevas facturas por 10.000 millones, la mitad de autónomos y la otra mitad de laboratorios (2.300) y suministradores sanitarios (2.750 millones). Y ahí no se incluyen las deudas a las farmacias (sólo Valencia debe 450 millones), a colegios y hospitales concertados, a residencias y entidades sociales.

Parte de estas deudas deben cubrirse con el segundo rescate del Gobierno, el Fondo de liquidez de 18.000 millones que empezó a llegarles en octubre. Lo han solicitado 9 autonomías: Cataluña (5.433 millones), Comunidad Valenciana (3.500), Andalucía (4.906), Castilla la Mancha (848), Murcia (641), Canarias (757), Asturias (261,7), Baleares (355) y Cantabria (137), cuyas peticiones suman el 93,5% del Fondo. Pero el ministro Montoro se lo está dando con cuentagotas (del 37 al 70%), como hace Merkel con Grecia: quiere asegurarse que hacen los recortes comprometidos antes de soltarles todo el dinero.

El problema de fondo es que el sistema de financiación de las autonomías hace agua por todas partes. Y por eso, necesitarán otro rescate en 2013, con una prórroga del Fondo de liquidez, como ha prometido el Gobierno. Al margen de despilfarros (que los hay), la cuestión clave es que las cuentas de las autonomías no salen: un 80% del gasto es difícil de recortar (sanidad, educación y servicios sociales) y les cae la recaudación y no les llega con los ingresos que les transfiere el Estado central. O se les quitan competencias (difícil a estas alturas) o se les da más recursos, reduciendo los del Presupuesto estatal. Hay que sentarse, repartir competencias, evitar duplicidades y buscar ingresos suficientes. Pero esa reforma se ha dejado sine die, “para cuando salgamos de la crisis”.

En consecuencia, con las exigencias de Bruselas, las autonomías están abocadas a los recortes y a los impagos, en perjuicio de los ciudadanos, ya que ellas son las que prestan el 93% de la sanidad, educación y servicios sociales, que no dejan de deteriorarse. Basten dos datos: las listas de espera para operarse han pasado de 32 a 72 días en año y medio. Y hay 3,3 millones de españoles necesitados que acuden a Cáritas y a la Cruz Roja porque no les atienden en los servicios sociales públicos. Además, estos recortes agravan más la recesión y el paro y, encima, no sirven para recortar suficiente el déficit, como acaba de decirnos Bruselas.

En definitiva, nos esperan en 2013 más recortes autonómicos y más subidas de impuestos que agravarán la crisis y perjudicarán la vida de la mayoría de españoles. Hay que buscar otro camino, suavizar los recortes de las autonomías y buscarles vías de financiación que no hundan del todo el Estado del Bienestar. Ahora, no cuando salgamos de la crisis: sería tarde.

Llegan los recortes más duros, por triplicado

Se acabaron los “paños calientes”. Tras las elecciones en Andalucía y Asturias, llegan los recortes más duros, por triplicado: los del Estado central, Ayuntamientos y autonomías, que serán los peores, porque van a recortar más en sanidad, educación y gastos sociales. Pero no sólo habrá recortes y despidos (más de 300.000 empleados públicos contratados). Nos van a brear a subidas, sobre todo Ayuntamientos y autonomías, desde las tasas por agua y basuras al aumento de las matriculas universitarias o nuevos impuestos autonómicos sobre la gasolina, la compra de coches, la venta de casas, las recetas o el turismo. Al final, 34.000 millones de ajuste que se van a traducir en menos consumo, menos inversión y más paro. Y al final, con menos crecimiento, ingresarán menos y habrá que hacer otro recorte en otoño.

enrique ortega

Bruselas ha querido dejar claro quien manda en las cuentas españolas y ha forzado a Rajoy a hacer un recorte del déficit mayor (+5.300 millones): del 8,5% del PIB al 5,30% (en vez del 5,80%), lo que supone recortar 34.074 millones de euros en 2012. Un reto casi imposible, ya que en mayo de 2010, el ajuste ZP recortó 15.000 millones y en todo 2011, el Gobierno y las autonomías sólo recortaron otros 8.800 millones. Ahora toca ajustar cuatro veces más y sólo quedan nueve meses para hacerlo.

La mitad del recorte (17.037 millones) le toca al Estado central, en los Presupuestos que se presentan el 30 de marzo. Casi un tercio está hecho con la subida de impuestos (IRPF e IBI: 6.475 millones) aprobada en diciembre. El resto saldrá de todas las partidas (salvo pensiones y pago intereses deuda), con una rebaja del 12,5% en los Ministerios, que llegará al 40% en inversión pública (6.000 millones menos para infraestructuras). Pero no será suficiente. Rajoy tendrá que bajar el coste de los funcionarios, rebajando complementos y quizás alguna extra (una paga menos son 4.500 millones de ahorro), como ha hecho Cataluña. Y  acabará recortando plantillas estatales (687.000 empleados), de interinos y contratados.

Pero no bastará con hacer recortes. El Gobierno tendrá que buscar más ingresos y podría  subir los impuestos especiales que pagamos al comprar carburantes, tabaco y alcohol, rebañando 1.000 millones. Y subirnos  tasas. También puede rebajar deducciones en el impuesto de sociedades, un coladero para ahorrarse impuestos las grandes empresas. Y un poco de “contabilidad creativa”: cambiar subvenciones por créditos, para reducir el déficit.

El ajuste más duro lo harán las autonomías, no tanto por la cantidad (14.907 millones) como porque su gasto no es fácilmente recortable: el 71% se va en sanidad, educación y gastos sociales. Y además, el recorte concentra (73% del total) en cuatro autonomías, las que tienen más déficit: Cataluña (-4.335 millones ajuste), Andalucía (-2.469),  Comunidad Valenciana (-2.217) y Castilla la Mancha (-2.034). Un esfuerzo titánico si se recuerda que Cataluña, líder en recortes, sólo rebajó su déficit en 1.134 millones en 2011. Ahora tiene que ajustarlo cuatro veces más.

Los recortes de las autonomías van a ir primero por la vía de gastos de personal, el 40% del presupuesto. Cataluña ya ha rebajado un 5% las pagas extras para 2012 y otras podrían imitarla, según haga Rajoy con los funcionarios estatales. Y habrá más recortes de plantilla, ya que de los 1,3 millones de empleados autonómicos, 434.942 no son funcionarios (y la mitad son interinos o cargos de libre designación). Y tendrán que suprimir la mayoría de las 2.276 empresas públicas autonómicas. Además, van a suprimir obras públicas, reducir costes y alquileres, vender los edificios que puedan y reducir subvenciones a empresas, familias y Ayuntamientos.

Pero los recortes no son suficientes. Las autonomías van a subirnos impuestos: transmisiones patrimoniales (Baleares, Extremadura, Andalucía) y Actos Jurídicos Documentados (Cataluña, Comunidad Valenciana y Andalucía). Y crean otros nuevos, a la producción de energía y nucleares (Castilla y león), infraestructuras (Baleares) o residuos (Cantabria y Castilla y León). Y las que no lo han hecho ya (11 autonomías), subirán el céntimo sanitario a los carburantes (Baleares y Navarra).Otras subirán las tasas universitarias o el agua. Y algunas, como Cataluña, cobrarán (desde junio) 1 euro por receta y entre 1 y 3 euros por dormir en hoteles. Y el último invento que han acordado todas: cobrar por renovar la tarjeta sanitaria (10 €).

El recorte de los Ayuntamientos es pequeño (1.064 millones), pero la mayoría están quebrados y tienen que sanear a fondo sus cuentas. Empezarán por sus plantillas (45% del gasto), rebajando sueldos e ingresos (con menos horas), ajustando plantillas (un tercio de sus 656.000 empleados son interinos) y cerrando muchos de los 1.793 consorcios municipales. Tendrán que meter la tijera en sus gastos “impropios”, un 20% del total: protección civil, educación, servicios sociales y, sobre todo, en deporte y cultura (financian dos tercios de la cultura en España). Y nos subirán tasas (basuras, agua), aparcamiento, multas y todos los servicios, empezando por los transportes municipales.

El ministro de Hacienda va a forzar estos recortes de autonomías y Ayuntamientos, ya que tienen que presentar sus Planes de ajuste el 30 de marzo (Ayuntamientos) y el 30 de abril (autonomías), a cambio de ayudarles a pagar las facturas a proveedores en mayo (35.000 millones). Si  no, además, no les dará los adelantos de impuestos ni les dejará endeudarse. Como Bruselas con Grecia. A cambio, tratará de aprobar reformas (en los medicamentos, en la sanidad, en las prestaciones sociales) para ayudarles a hacer el ajuste.

Al final, el primer efecto de los recortes por triplicado va a ser el despido de unos 300.000 empleados públicos, contratados e interinos, entre Estado, autonomías, Ayuntamientos y empresas públicas. Y una caída de la actividad, la inversión y el consumo, junto a mayores estrecheces para los que más sufren  la crisis, al reducirse las ayudas. Medidas que agravan la recesión y el paro, ya graves antes de estos recortes. Y lo peor es que caerá la recaudación y en otoño harán falta más recortes. Y en 2013. Nos metemos más en el pozo.

La Justicia gratuita, en peligro

Casi 2 millones de personas con pocos recursos reciben cada año la asistencia gratuita de un abogado. Es el 112 de la Justicia, un servicio financiado con los impuestos y que cuesta menos que en Europa. Las autonomías, sobre todo Madrid y Valencia, lo han recortado y deben casi un año a los abogados. Y quieren recortar aún más la Justicia gratuita, un derecho constitucional, dentro de otros recortes que ya está sufriendo la Justicia en muchas autonomías, sobre todo en personal, medios y nuevos juzgados. Varias autonomías del PP, con Madrid a la cabeza, quieren devolver las competencias de Justicia. Y Cataluña ha abierto la puerta del copago, subiendo las tasas judiciales para 2012.

enrique ortega

Defender gratis a los que no tienen posibles se hace desde el siglo XIII, pero en España es un derecho reconocido en tres artículos de la Constitución (17.3, 24.2 y 119) y desarrollado en una Ley de enero de 1996. Con la crisis, han aumentado los beneficiarios (han de ganar menos de 14.910 euros anuales), 1,7 millones de personas en 2010. La mayoría son del turno de oficio (66%), seguido de la asistencia letrada al detenido (22%) y asistencia por violencia de género (4%), destacando los temas penales (64%) y civiles (20%).

En España, la Justicia gratuita, en la que colaboran 36.000 abogados de 83 Colegios, es muy valorada por los usuarios (nota de 6,9, según encuesta de Metroscopia) y resulta más barata que en Europa: costó 256,6 millones en 2010, 5,40 euros por habitante frente a 7 € de media europea (y 50 € en Reino Unido, donde tienen derecho a ella todos los ciudadanos). Y su coste bajó por primera vez en 2010, un 4%, a pesar del aumento de expedientes, sobre todo por impagos, ejecuciones hipotecarias, litigios en pagos por divorcios y juicios por delitos de tráfico.  

En las 5 autonomías donde la Justicia no está transferida (Castilla y León, Murcia, Castilla la Mancha, Baleares y Extremadura), el Ministerio paga a los abogados sin problemas. Pero en el resto, las autonomías aplican recortes e impagos al turno de oficio. Madrid  debe los 10 meses de este año (8,14 millones), lo que ha provocado la primera huelga de abogados de la historia. Y Valencia debe otros 10 millones. En ambos casos, y en otros (Cataluña debe cuatro meses), los Colegios tienen créditos para pagar a sus colegiados (como los farmacéuticos).

Junto a estos impagos, casi todas las autonomías han aplicado recortes a la Justicia gratuita en 2011, reduciendo derechos: exigencia de más requisitos a los emigrantes (Valencia, Castilla y León, Madrid, Sevilla, Granada, Melilla), recortes a la asistencia a presos y desvío de la asistencia a mujeres maltratadas a asociaciones al margen de los Colegios de abogados. Y hay varias autonomías, con Madrid a la cabeza, que se han reunido para estudiar “reformas”, por tres vías: asumir ellos el servicio (“funcionarizarlo”), privatizarlo (Madrid ya ha adjudicado a Legalitas el Servicio de asistencia jurídica a mayores) y restringir el servicio (“a los pobres de solemnidad”, como dijo el ex- consejero madrileño, Granados).

Los recortes e impagos en la Justicia gratuita (el chocolate del loro: supone el 6,3% del gasto  en Justicia), son sólo una muestra de los recortes en la Justicia, tras los de sanidad, educación y gastos sociales, aplicados por el Gobierno (el Presupuesto 2011 cayó un 7%) y todas las autonomías, que financian el 60% del gasto judicial. Y eso, a pesar de que España gasta menos en Justicia (0,38% PIB, frente al 0,50 % de media en Europa). Y, lo más llamativo: hay varias autonomías del PP, empezando por Madrid y Aragón, que ya han dicho que quieren devolver  esta competencia al Estado. Y tanto Murcia como Castilla la Mancha no han querido este verano asumir las competencias de Justicia, como les tocaba.

En paralelo, Dolores de Cospedal advirtió que el PP “estudiará cómo gestionar mejor los recursos en Justicia”, lo que augura nuevos recortes. Y Cabré, el consejero de Justicia valenciano defendió que” los que usan la Justicia paguen una tasa extra”. Precisamente, varias asociaciones judiciales (Asociación Profesional de la Magistratura, Asociación Francisco de Vitoria) han lanzado el debate del copago judicial: aumentar las tasas judiciales que liquidó Felipe González en 1986 y que recuperó Aznar en 2002. Actualmente las pagan sólo las empresas, en temas civiles y contenciosos, aportando 173 millones al año. Algunos expertos plantean extenderlas también a los temas penales y de lo social y que paguen también los particulares (que ya pagamos la Justicia con los impuestos). Otros sin embargo defienden aumentar el Presupuesto de Justicia, para modernizarla y hacerla más ágil, lo que pasa por aumentar jueces, plantillas, tecnología  y juzgados.

De momento, Cataluña introducirá en 2012 el copago en la Justicia, con siete nuevas tasas. En paralelo a este debate sobre la financiación de la Justicia, está en el aire el futuro del turno de oficio y la Justicia gratuita, más aún con el futuro Gobierno. Y eso cuando la Unión Europea se está planteando crear un turno de oficio europeo. El Consejo de Colegios de Abogados denuncia que “con la excusa de la crisis, algunas autonomías aprovechan para reducir derechos de los que por no tener posibles no tendrían ni derecho a una defensa justa”. 

Estamos hablando del 112 de la Justicia, un servicio público esencial (como la salud) que nos cubre por si nos pasa algo y no podemos pagar un abogado. Un servicio modelo en Europa y que cuesta 45 millones al año en Madrid (lo que 4 meses Tele Madrid) o 24 millones en la Comunidad Valenciana (poco más que las tres torres fantasmas de Calatrava). Es un derecho fundamental, para los más débiles, y hay que salvarlo.

Los Ayuntamientos, a un paso de la quiebra

La mayoría de los Ayuntamientos españoles tiene problemas para llegar a fin de mes y pagar las nóminas, la luz, el teléfono o la recogida de basuras. Los ingresos les han caído en picado, por la crisis del ladrillo, y tienen que mantener un tinglado de gastos, servicios y organismos creados con el “boom” pero que ahora no pueden sostener. Por eso están haciendo recortes, no pagan sus facturas a miles de empresas y tratan de subir tasas e impuestos. El mayor problema lo tendrán en 2012, porque  tendrán que recortar 5.000 millones más para cumplir lo acordado con Bruselas. Ello va a obligar a reformar la financiación local, con más ingresos (a costa de las autonomías y de nuestros bolsillos), menos gastos y menos Ayuntamientos.

enrique ortega

Los Ayuntamientos son la administración que menos gasta (13% del gasto público, frente al 36% las autonomías y el 51% la administración central), pero el gasto municipal se disparó con el boom inmobiliario (+72 % entre 2001 y 2008), en obras faraónicas y dispendios sin control. Y ahora, con la crisis, les han caído en picado los ingresos (la cuarta parte y más), que en un 54% venían del ladrillo. Con ello, los Ayuntamientos tendrán este año un déficit de 8.719 millones de euros, un 27% más que en 2010 (aunque su agujero es la cuarta parte del de las autonomías). Y como ahora el Gobierno les ha prohibido endeudarse más (ya tienen una deuda de 29.503 millones de euros, casi la cuarta parte sólo Madrid), no les queda más remedio que recortar gastos y tratar de ingresar más.

Para darles la puntilla, la mayor parte de las autonomías (Cataluña y Asturias entre ellas) les han recortado transferencias este año. Además, tendrán que devolver al Estado, en 2011 y 2012, unos 6.200 millones en anticipos que cobraron de más en 2008 y 2009. Y para colmo, otros 1.022 municipios no cobrarán la transferencia de Hacienda en octubre (13,5 millones) como castigo por no haber presentado sus cuentas de 2010. En suma, menos ingresos.

Así que toca hacer recortes. Lo primero que están haciendo los Ayuntamientos es no pagar las facturas: luz (Valencia debe 12 millones), teléfono (León tiene 800.000 € sin pagar), recogida de basuras (Madrid paga con 9 meses de retraso) y miles de servicios. Se estima que los Ayuntamientos deben unos 35.000 millones de euros a proveedores y que tardan una media de 296 días en pagar (la Ley de Morosidad marca 50 días), lo que ha provocado ya algunos cortes de luz y teléfono. Lo segundo que hace la mayoría es recortar gastos corrientes, un tercio del presupuesto municipal: menos alumbrado, menos alquileres, gastos en fiestas, coches oficiales, móviles, tarjetas, viajes, publicidad… Y lo tercero, reducir subvenciones y ayudas: actos culturales, eventos deportivos y clubs, asociaciones, ayudas a comedores y transporte, a familias y colectivos desfavorecidos y recorte de gastos sociales.

Otro capítulo de recorte es el de personal, que se lleva otro tercio del gasto municipal, con 660.000 empleados públicos (un 60% contratados). Aquí las medidas van desde reducir sueldos de alcaldes y concejales a reducir horas extras e incluso sueldos, llegando a no renovar eventuales ni jubilados y hasta despidos de funcionarios. El problema es que los Ayuntamientos han creado una administración municipal paralela, una maraña de organismos autónomos (1.751) y empresas, Fundaciones y consorcios municipales (otros 1.602), para eludir controles y gastar más libremente en los años de “vacas gordas”:  sociedades de gestión de urbanismo, teatros, auditorios, polideportivos, zoos, parques de atracciones, campos de golf, RTV locales, hasta hoteles… Y ahora hay que ver cómo se desmonta el tinglado. Y mientras, no hay un duro para inversiones nuevas ni para mantenimiento (desde calles a instalaciones).

No basta con los recortes y no pagar las facturas: hay que ingresar más. Por eso, la mayoría de los Ayuntamientos están subiendo las tasas, desde las basuras al pago por bodas, los vados, el agua, la tasa de circulación, la cuota de los polideportivos, la tasa de incendios, la expedición de documentos o una tasa por tener perro (Benidorm o Coslada)...  Y algunos el impuesto sobre la vivienda, el IBI, tras la revisión del catastro, que la mayoría hará en 2012. Pero no pueden subir mucho sus ingresos, ya que los impuestos propios sólo son la mitad del presupuesto y los de vehículos, obras, terrenos y sobre la actividad económica (IAE) están de capa caída por la crisis.  

Con ello, la vía obligada es el recorte de gastos, en muchos casos gastos sociales que les han crecido con la crisis. Y lo peor será el año 2012, ya que el Gobierno y los Ayuntamientos se han comprometido con Bruselas a recortar su déficit del 0,8 % del PIB (2011) al 0,3%. Y eso supone recortar 5.000 millones más, algo imposible para los Ayuntamientos si no se reforma su financiación, con una nueva Ley que lleva años esperando. Y también habrá que reducir el número de Ayuntamientos (8.116), para compartir servicios y ahorrar costes, como acaban de hacer ya Italia y Grecia: en España, el 85% de los municipios tienen menos de 5.000 habitantes (945 menos de 1.000), lo que encarece su gestión.

Pasado el 20-N, una de las tareas urgentes debía ser conseguir un gran pacto municipal, que fijara dos cosas: las competencias que deben tener los Ayuntamientos y cómo financiarlas. Y es que un 26% de los servicios que prestan los municipios (y que les cuestan 9.000 millones al año) son “gastos impropios”, que deberían hacer las autonomías (o el Estado central): seguridad y protección civil, cultura, protección social y servicios sociales (vivienda, educación, sanidad, bienestar comunitario, ayudas). Si lo siguen haciendo (España es el país europeo con menos peso del gasto local), hay que darles más ingresos y quitarlos de otro lado. No duplicar y triplicar servicios en distintas administraciones, cada una con su chiringuito, para que al final nos cueste más a los contribuyentes. Y ya puestos a elegir, menos autonomías y más Ayuntamientos. Pero saneados.