Cumbre UE: cerrazón a inmigrantes y reformas

Hoy y mañana se celebra en Bruselas una Cumbre europea con dos temas urgentes: qué hacer con la afluencia de refugiados y cómo reformar el euro para que sobreviva ante una futura crisis. Como siempre, los 27 países UE están muy divididos y el problema vuelve a ser la  insolidaridad de la Europa rica del norte. Por un lado, no quieren más inmigrantes y optan por “aparcarlos” en campos de Albania, Túnez o Egipto, aunque a medio plazo vayan a necesitar 50 millones de trabajadores extranjeros porque Europa envejece. Y por otro, no quieren avanzar en una Europa más unida, con un Presupuesto anticrisis, seguro de paro y fondo de garantía de depósitos europeos, Tesoro común y eurobonos, porque saben que les costará dinero ayudar a la Europa más pobre, del sur y el este. Eso sí: acordaron este lunes crear una fuerza militar europea de intervención. Al final, en esta Cumbre, se esperan pocos avances: Europa “aparcará” a los inmigrantes y las reformas, hasta que estallen nuevas avalanchas migratorias y otra crisis del euro, como las de 2010 y 2012. Sólo entonces reaccionarán.

enrique ortega

El primer gran tema de esta Cumbre europea es la inmigración. Parece que Europa está agobiada por una nueva “avalancha” de inmigrantes, cuando los datos no revelan ninguna invasión: al contrario: están llegando muchos menos inmigrantes que en 2015 y 2016, como ha reiterado el presidente Macron. En 2017 hubo en Europa 650.970 solicitudes de asilo, la mitad que en 2016 (1.206.120) y que en 2015 (1.257.030), los años de la gran avalancha migratoria desde Siria, Irak, Afganistán y el África subsahariana, según Eurostat. Y a pesar de la demagogia de la extrema derecha en esos países, la caída en las solicitudes de asilo ha sido llamativa en Alemania (de 772.265 en 2016 a 198.255 en 2017), en Suecia (de 156.110 en 2015 a 22.190 en 2017), en Hungría (de 174.475 solicitudes en 2015 a 22.190 en 2017) o en Austria (de 85.505 en 2015 a 22.455 en 2017). Sí han crecido en Francia (de 70.570 en 2015 a 91.965 en 2017) y más en los países mediterráneos: Italia (de 83.241 solicitudes de asilo en 2015 a 126.500 en 2017), Grecia (de 11.370 a 56.940) y sobre todo en España, donde se han duplicado (de 15.570 en 2016 a 30.445 en 2017).

En este año 2018, la avalancha de inmigrantes que intentan llegar a Europa por el Mediterráneo es también menor, la mitad que en 2017: 42.845 entradas por mar hasta el 24 de junio, frente a 85.751 en 2017 y 215.997 entradas hasta finales de junio de 2015, según los datos del Organismo Internacional de Migraciones (OIM), que contabiliza además 972 inmigrantes muertos intentando llegar (frente a 2.158 en 2017). Y las llegadas por mar a Italia se han frenado mucho, a  pesar de las protestas del nuevo Gobierno populista-extremista: han llegado 16.228 inmigrantes por mar hasta el 20 de junio frente a 71.918 llegados en esas fechas de 2017, según la OIM. Eso sí, han aumentado las llegadas a Grecia (12.514 por mar hasta el 20 de junio frente a 8.323 el año pasado) y sobre todo a España, donde se han triplicado los inmigrantes llegados por mar: de 4.161 a 12.155 llegados este año, hasta el 20 de junio. Y las pateras siguen llegando esta semana, con el buen tiempo.

Así que la afluencia de inmigrantes por tierra a los países ricos del Norte de Europa, a través de Grecia y los Balcanes, se ha frenado, tras el acuerdo europeo con Turquía en 2016, para que se quedaran con 3,5 millones de refugiados a cambio de pagarles 6.000 millones de euros (3.000 en 2016-17 y otro tanto en 2018-19). Pero a cambio, el flujo migratorio se ha reorientado al Mediterráneo, aunque sea la mitad que en 2017, salvo el caso de España, que carga ahora con las mayores llegadas de pateras.

A pesar de estas cifras mejores de inmigración, la pretendida “avalancha de extranjeros” es la principal “bandera” de la extrema derecha europea, desde Italia a Suecia, pasando por Austria, Holanda, Alemania y los radicales países del Este. Y han aprovechado estas semanas con “calentar la Cumbre” y presionar para que los dirigentes europeos frenen “la invasión de inmigrantes extranjeros”, amenazando incluso sus socios “socialcristianos” (sic) con tumbar a la canciller Merkel si no adopta una política dura con la inmigración. El frente anti-inmigración lo capitanea Italia, apoyado por Austria, Dinamarca, Holanda y el bloque de los países del Este (Polonia, Hungría y Rumanía, dos países que han construido “muros” contra la inmigración como los que hay en Ceuta, Melilla, Grecia y el Báltico).

Los “países duros” van a forzar al resto, incluidos Alemania, Francia y España, a tomar medidas duras contra la inmigración, en especial “aparcar ”a los inmigrantes en campos de refugiados situados fuera de la UE. En vez de analizar el problema y buscar una solución, se le “aparca”, concentrado a los inmigrantes que lleguen a Europa por mar y tierra en campos situados en Albania o Macedonia (dos países no UE) o en el norte de África (probablemente Túnez o Egipto, porque Libia no tiene un Gobierno estable). Y allí se les mantiene meses, hasta que se averigua su situación (si son o no refugiados), para luego devolverlos a sus países (para que intenten volver de nuevo). Se trata de crear inmensos campos, que generarán muchos problemas humanitarios y costes, para retrasar el afrontar el problema. Y luego, queda ver qué se hace con los inmigrantes a los que se les conceda el estatuto de refugiado, cómo se reparten (hay que anular el vigente acuerdo de Dublín: se quedan donde desembarcan, lo que penaliza a Grecia, Italia y España), qué países se quedan de verdad con ellos (hasta ahora no se han cumplido los cupos acordados en 2016) y los integran en su sociedad.

La clave estaría en frenar el flujo migratorio, actuando en dos frentes: parar las guerras que provocan la huida de mucha gente (Europa no se ha implicado en Siria ni en África) y favorecer el desarrollo de los países más pobres de África y Oriente Medio, para que sus jóvenes no huyan. Urge poner en marcha un "Plan Marshall” para África y Oriente Medio, que evite las pateras dentro de una década. Y mientras, hay que dar una solución a la inmigración actual, no sólo por humanidad, sino por legalidad: las Leyes del mar obligan a rescatar a los náufragos y llevarles a un puerto seguro. Y el Estatuto de Refugiado es un derecho humano universal, que Europa incumple constantemente. A partir de ahí, también hay razones económicas para acoger inmigrantes de una forma ordenada: Europa es un continente envejecido, que va a necesitar mano de obra a medio plazo. Sólo España necesitará 5 millones de inmigrantes para 2050, según el FMI. Y Europa, más de 50 millones. Inmigrantes que pueden ayudarnos a crecer, trabajando y pagando impuestos: los refugiados devuelven más de lo que reciben, según una investigación francesa con datos europeos.

Si Europa está cerrada a los inmigrantes, también está cerrada a las reformas que exige el euro, el otro gran tema de esta Cumbre europea. La crisis de 2010 y 2012 puso en riesgo la moneda única y la arquitectura económica europea, salvada en última instancia por el BCE, que actuó in extremis de “bombero”, comprando deuda pública e inyectado dinero al 0% de interés. Pero no basta. Europa no está preparada para la próxima crisis (que vendrá) y los expertos llevan años pidiendo avances en la unión, para que Europa tenga un Presupuesto anticrisis común, un Tesoro único europeo que financie a los países con problemas, un sistema para intervenir bancos y garantizar los depósitos en los 27 países, unos impuestos comunes, un seguro de paro europeo, una deuda común (eurobonos), unas inversiones a nivel europeo. En definitiva, que en lugar de 27 países se consiga una unión económica real, como la de EEUU, que se avance en los Estados Unidos de Europa.

Pero los países ricos del norte tienen reticencias, por puro egoísmo: saben que si hay más Europa, ellos tendrán que contribuir más que el resto, en el Presupuesto europeo, en los eurobonos, en el seguro de paro europeo o en la salvación de un banco. Y es lógico: si se quiere construir un Club más igualitario, los que más tienen tendrán que aportar más. Y por eso, en esta Cumbre, ponen trabas al Presupuesto extra europeo (50.000 millones de euros, una “nadería” para la UE) y al seguro europeo de paro 12 países (Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Finlandia, Austria, Suecia, Dinamarca, Irlanda, Malta y los 3 países bálticos), más los conservadores alemanes. Y lo mismo a garantizar los depósitos en cualquier banco europeo o a financiar el rescate futuro de un país (que sería del sur o este). Europa sí, pero que no tengan que pagar los del norte al resto para que sean más como ellos. Y por supuesto, nada de que Alemania, Austria o Irlanda tengan los mismos impuestos que el resto, las mismas inversiones e infraestructuras. Mi país es mi país.

Y así pasa, que viene la crisis y los mercados se aprovechan de estas divergencias, atacando a los países más débiles y tratando de ganar dinero instalándose en los países con impuestos más bajos. Y ante esa futura crisis, que antes o después llegará, Europa no avanza para ser un continente más compacto, más unido, con instrumentos más potentes para actuar (ministro del euro, Presupuesto anticrisis, Tesoro europeo, eurobonos, impuestos europeos…). Y con ello, la arquitectura del euro está en peligro, máxime con el auge de los populismos antieuropeos en medio continente.

Alemania, a pesar de la mayor flexibilidad de Merkel, sólo va a aceptar “cambios cosméticos” en esta Cumbre europea, presionada por los conservadores y el auge de la extrema derecha, no sólo en Alemania sino en Austria, Holanda, Suecia, Dinamarca, Finlandia, Francia e Italia, que tiene en común la crítica a la unión europea, el nacionalismo y la amenaza de la salida del euro, más la xenofobia ante los inmigrantes. Por eso, es probable que de esta Cumbre sólo salga un pequeño avance en la unión bancaria (estudiar un Fondo de Garantía europeo de los depósitos para 2024, al que ha dado ya "luz verde" un informe del Eurogrupo) y retrasar el proyecto de Presupuesto anticrisis, seguro de paro europeo y Fondo Monetario Europeo para después de las elecciones europeas de mayo de 2019. O sea, “aparcar” también este problema para el que venga detrás. Y seguir así, bandeando los problemas, como hacen desde el nacimiento del euro (1999).

Eso sí, los Gobiernos europeos que no son capaces de acordar una política de inmigración ni las mínimas reformas para apuntalar el euro, han acordado sin problemas avanzar en la Europa de la Defensa, en una política militar común: este lunes, los ministros de Defensa de 9 países europeos (Francia, España, Alemania, Bélgica, Holanda, Portugal, Dinamarca, Estonia y Reino Unido, que para lo que quiere si está en la UE) aprobaron una fuerza europea de intervención militar urgente. Un acuerdo que complementa el acuerdo militar firmado en noviembre de 2017, la PESCO, una iniciativa militar de 25 países europeos al margen de la OTAN, que se va a apoyar en programas europeos de armamento, financiados por primera vez por fondos europeos (5.000 millones anuales). Para esto sí hay acuerdo y dinero.

Entre tanto, esta Cumbre pilla a Europa en un momento de “estancamiento” económico y crisis política interna. Estancamiento porque en el primer trimestre de 2018, la economía europea se ha frenado, creciendo sólo un 0,4%, frente al 0,7% que creció los tres trimestres anteriores. Francia crece el 0,2% (antes el 0,7%), Alemania el 0,3%, como Italia, y el Reino Unido (fuera de la UE) el 0,1%, según Eurostat. Y hay una amenaza seria, el proteccionismo y los aranceles de Trump, que pueden dañar seriamente la economía de un continente que exporta más de lo que importa. Y encima, sube el petróleo y el BCE subirá los tipos de interés en 2019, lo que frenará más el crecimiento, sobre todo en países muy endeudados como España. Y todo esto, en una Europa con gobiernos y partidos anti-europeos y populistas, lo que alimenta la insolidaridad y la división.

Y ahí, en la insolidaridad entre europeos está la clave del futuro: sólo se puede construir una Europa más unida con la aportación de todos y, sobre todo, de los países más ricos. Porque, tras la crisis, Europa es más desigual que nunca. Hay 3 Europas, según Eurostat (2017): la Europa rica del norte, 11 países con una renta superior a la media UE (100%: 29.900 euros por habitante): Luxemburgo (253% PIB UE), Irlanda (184%), Austria (128%), Holanda (128%), Dinamarca (125%), Alemania (123%), Suecia (122%), Bélgica (117%), Finlandia (109%), Reino Unido (105%) y Francia (104% del PIB UE). La Europa pobre del sur, 6 países con una renta inferior a la media europea: Italia (96% PIB/cápita UE), Malta (96%), España (92%), Chipre (845%), Portugal (77%) y Grecia (67% PIB/cápita UE). Y la Europa más pobre del este, otros 11 países con su renta muy por debajo de la media UE: República Checa (87%), Eslovenia (85%), Lituania (78%), Polonia (70%), Eslovaquia (77%), Hungría (68%), Letonia (67%), Rumanía (63%), Croacia (61%) y Bulgaria (49% del PIB/cápita UE).

Así que no hay una Europa sino tres. Y por eso, si se quiere consolidar un bloque económico, político y social medianamente homogéneo, hay que volcarse en reducir las desigualdades, en aproximar el nivel de vida de los europeos. Y para eso hace falta una mayor unión económica y fiscal, un presupuesto europeo más potente, impuestos e inversiones comunes que reduzcan las desigualdades, pagar en común la deuda (eurobonos) y el paro, redistribuir del norte al sur y al este. Y no es lo que se hace. El Plan Juncker, una buena idea para invertir 315.000 millones a nivel europeo en tres años, es un ejemplo: en su primer año (2016), el 92% de la inversión se concentró en los 15 países más ricos, con Alemania, Francia e Italia a la cabeza. Así, acrecentado las desigualdades, no se puede construir Europa.

Otra Cumbre europea más, veremos muchas declaraciones y  pocos avances reales. Se volverán a “aparcar” los problemas, desde la inmigración al euro. Y mientras, crece la desigualdad y el descontento social y político, las bases del populismo radical. Y se avecinan problemas económicos, financieros y comerciales, que pondrán en peligro la débil recuperación europea. Hasta que la situación estalle otra vez, por nuevas avalanchas de inmigrantes, bancos o países con problemas, tensiones en los mercados y escasa creación de empleo, más los problemas de fondo para competir con China, Asia y EEUU. Y entonces, Europa, al borde del precipicio, reaccionará "in extremis", para intentar salvar el euro y la Unión Europea, como viene haciendo en las últimas dos décadas. Tarde y peor. Todo por no hacer los deberes a tiempo.

Otros impuestos para un mundo más justo

Un fantasma recorre el mundo: la desigualdad creciente, culpable básica del populismo, desde Trump y el Brexit a Italia y la extrema derecha europea. El 1% más rico tiene ya casi la mitad de la riqueza del mundo, frente al 40% en 2007. Y hay ya 224.200 millonarios en España, casi el doble que antes de la crisis. Uno de los principales culpables, junto al paro, la precariedad y los bajos salarios, son los impuestos: los ricos, las grandes empresas y las multinacionales llevan “escaqueándose” de pagar impuestos desde los años 80, presionando a los Gobiernos para que les bajen impuestos y buscando refugio en paraísos fiscales y trampas “legales”. Resultado: todos los países han recortado sus Estados del Bienestar y tienen problemas para sostener la sanidad, la educación, las ayudas sociales y las inversiones públicas. Y así crece más la desigualdad. Urge una cruzada europea y mundial para reformar los impuestos y que paguen más los que apenas pagan hoy. Sólo así conseguiremos vivir mejor. 

                                                                       enrique ortega

“Los impuestos son el precio que pagamos por una sociedad civilizada”
Oliver Wendell. 1904. EEUU 

La desigualdad entre ricos y pobres cayó drásticamente en el siglo XX, por la grave sangría humana de las dos guerras mundiales (100 millones de muertos) y de varias revoluciones sangrientas (otros 100 millones de muertos en la URSS, China y algunos países), más los efectos igualadores de los impuestos y el Estado del Bienestar que se implantaron a partir de 1945. Y así llegamos, con un mundo bastante igualitario durante 30 años, a los años 80, donde el neoliberalismo (Thatcher, Reagan y los Bush) y sus rebajas de impuestos y ayudas públicas provocan un alza de la desigualdad, agravada por la crisis de 2008 y su secuela de paro, precariedad y bajos salarios en el mundo, mientras los más ricos aumentaban su riqueza. El resultado es que el índice de desigualdad (índice de Gini, entre 0 y 1) era de 0,318 en 2016, en los 35 países de la OCDE, el más alto desde los años 80. Incluso, asistimos al mayor nivel de desigualdad en el mundo desde finales del siglo XIX.

La mayor desigualdad se da actualmente fuera de Europa y USA, según los últimos datos de la OCDE (2016): Sudáfrica (0,626 índice de Gini), China (0,514), India (0,405), Costa Rica (0,480), Brasil (0,470), México (0,459), Chile (0,454) o Turquía (0,391). Pero detrás está ya Estados Unidos (índice de Gini 0,391), Reino Unido (0,351), Israel (0,346) y España (0,345 índice de Gini en 2016), el 12º país más desigual del mundo, según la OCDE y el tercero más desigual de Europa (tras Reino Unido y Lituania), según Eurostat.  Y además, España es el 4º país de la OCDE con más desigualdad entre la riqueza del 20% más rico y la del 20% más pobre: la diferencia de ingresos es de 6,5 veces, sólo por detrás de México (10,4 veces), Chile (10 veces) y EEUU (8,3 veces), según los datos de la OCDE (2016).

El problema ya no es que haya mucha desigualdad sino que se ha agravado con la crisis y los ricos son cada vez más ricos. Así, acaba de hacerse público que el 1% más rico del mundo acapara ya casi el 50% de toda la riqueza mundial, según la consultora Boston Consulting Group, cuando en 2013 tenían el 45% de la riqueza y en 2007 el 40%. Y otro dato, escalofriante: en 2015, 62 personas en el mundo poseían la misma riqueza que 3.200 millones (la mitad más pobre del mundo), según un informe de Intermón Oxfam. Y si nos centramos en España, acaba de publicarse que ya hay 224.200 millonarios, personas que tienen más de 1 millón de dólares de patrimonio (tienen 2,52 millones de euros de media), casi el doble de los millonarios que había en España antes de la crisis (127.100 en 2008).

Hay más millonarios, con más riqueza, en España y en el mundo. Y también más pobres. En la OCDE (35 países desarrollados), había un 11, 9% de pobres en 2016, personas que ingresan menos de la mitad que la media. Encabezan este penoso ranking de países con más pobres Estados Unidos (17,8% población), Israel (17,7) y Turquía (17,2), seguidos de Letonia y México (16,7% pobres), Japón, Chile y Estonia (16,1%) y España (15,3% de pobres), el 9º país OCDE con más pobreza y el 3º de Europa, según los datos de la OCDE. De hecho, si tomamos el concepto europeo de pobreza (ingresos inferiores al 60% de la media y falta de empleo y servicios básicos), hay 12.989.405 españoles en riesgo de pobreza o exclusión social, según la última estadística de Eurostat (2016), 1.242.000 pobres más que en 2008, según la Agencia Europea contra la pobreza (EARP). Y España se sitúa como el 7º país europeo con más pobreza (tasa AROPE 2016), con un 27,9% de la población en situación vulnerable, por encima de la media europea (23,5% tasa UE-28) y sólo por detrás de Bulgaria (40% pobres), Rumanía (38,8%), Grecia (35,6%), Lituania (30,1%), Italia (30%) y Letonia (28,5%), según Eurostat. Y lo peor es que la pobreza se ha enquistado en determinados colectivos y familias (mujeres solas con hijos, jóvenes, inmigrantes, parados) y que 3 millones de españoles están en pobreza extrema, según Cáritas, la mitad con niños.

Bueno, la pregunta es ¿por qué hay tanta desigualdad? Y, ¿por qué aumenta, a pesar de la recuperación? La razón principal es que, desde los años 80 y hasta hoy, la rentabilidad del capital, del ahorro y de las inversiones, ha crecido muy por encima de los rendimientos del trabajo, como explica el libro “El capital del siglo XXI”, de Thomas Piketty. Dicho a lo claro: el capital, el dinero, se ha quedado cada año con un mayor trozo del pastel de la riqueza, a costa de reducirse el trozo del trabajo. Un ejemplo extremo es EEUU: el 1% más rico (que controla el 40% de toda la riqueza) se ha llevado el 95% del crecimiento generado desde 2007. Esto ha sido posible gracias a la desregulación económica y financiera (menos controles), iniciada con Reagan y Thatcher y continuada hasta hoy, y a la globalización, que ha recortado costes (sobre todo salarios) y multiplicado beneficios. 

Pero la puntilla a la igualdad han sido los impuestos: las empresas y los más ricos pagan bastante menos impuestos que hace tres décadas, gracias a su presión sobre los Gobiernos (que se los han bajado, para que no se fueran a otro país) y al uso de paraísos fiscales y de “ingeniería fiscal para pagar menos “legalmente”· En EEUU, por ejemplo, el tipo máximo que pagan los ricos ha bajado del 70% en 1980 al 40% actual y al 37% que lo acaba de bajar Trump para 2018. Y las empresas, han pasado de pagar el 40% al 21% que pagarán gracias a Trump este año (y en Europa, del 40% al 22,9% de media).Y como caía la recaudación en todos los países, por la rebaja de impuestos y la crisis, los Estados “se han visto obligados” a hacer recortes, a reducir el Estado del Bienestar (sanidad, educación, pensiones, inversiones públicas) y las ayudas a los más desfavorecidos, agravando la desigualdad.

El resultado de este “escaqueo fiscal” de los más poderosos es que las grandes empresas y multinacionales pagan hoy de impuestos sobre beneficios un 9% menos que antes de la crisis (y las tecnológicas, un 13% menos), según Finantial Times. En unos casos, las grandes empresas y los más ricos defraudan impuestos utilizando empresas pantalla en paraísos fiscales, donde se ocultan 8,7 billones de dólares, según el profesor Gabriel Zucman. En otros casos, “eluden” impuestos (expresión fina para evadir impuestos de forma “legal”, con el asesoramiento de “las 4 grandes consultoras” mundiales: KPMG, PwC, Ernst & Young  y Deloitte). Los métodos son múltiples, pero los más usados (por Google, Amazon, Apple, McDonald’s o Inditex) consisten en facturar a través de empresas instaladas en países con baja fiscalidad (Luxemburgo, Irlanda, Holanda o Suiza) y traspasar los beneficios poco penalizados a empresas radicadas en paraísos fiscales que les facturan ingresos por gestión de marca. Al final, el resultado es que pagan un 6% de impuestos sobre beneficios o menos y los países dejan de ingresar hasta 500.000 millones de dólares al año, según estimaciones deTax Justice Network. Sólo Europa perdió 5.400 millones de euros entre 2013 y 2015 por la minoración de  impuestos conseguida por Google y Facebook.

Así que ya sabemos: no hay dinero en Europa ni en España para sanidad, educación, Dependencia, pensiones, ayudas sociales  y tantas inversiones que hacen falta (tecnología, infraestructuras, formación, digitalización) porque las multinacionales, grandes empresas y los más ricos se dedican a pagar los menores impuestos posibles, en una “guerra” por ver qué país les cobra menos impuestos para que no se vayan. Y así, ellos son cada vez más ricos y el resto no sale de la precariedad y de los bajos salarios, aumentando la desigualdad.

La lucha contra la desigualdad debería ser el gran reto del siglo XXI, porque la creciente desigualdad no sólo es injusta e inmoral sino que debilita la economía y el crecimiento: un informe del FMI de 2015 ya alertaba que si aumenta la renta de los más ricos pero no del resto (que suponen la mayor parte del consumo), se reducirá el crecimiento (PIB) a medio plazo. Y otro informe de la OCDE, sobre 30 países, reveló que en Italia y Gran Bretaña, el crecimiento de los últimos 30 años podría haber sido mayor si no hubieran aumentado tanto las desigualdades. Además, la desigualdad fomenta la desigualdad de género (un estudio del FMI revela que los países con más desigualdad de ingresos son también los que tienen más desigualdad entre hombres y mujeres) y  el cambio climático (la huella de carbono del 1% más rico puede ser 175 veces mayor que la del 10% más pobre). Y además, la desigualdad debilita la democracia, como ha estudiado el Premio Nobel de Economía 2015, Angus Deaton: debilita la cohesión social, aleja a los más pobres de la política y las instituciones, fomenta los extremismos y crecen los ciudadanos que no votan. Y es uno de los factores que explica el auge del populismo y la extrema derecha, desde USA a Europa.

Parece claro que debería iniciarse una cruzada mundial contra la desigualdad, por razones humanitarias, económicas y políticas. Las medidas no pueden tomarse país a país, sino que exigen coordinación internacional y europea. Sobre todo, las medidas fiscales que deberían buscar “homogeneizar” los impuestos, a nivel de la OCDE y de la UE, desde el IRPF a sociedades, pasando por sucesiones (los impuestos a las herencias son claves para no perpetuar la desigualdad).  Algo se ha hecho, como el acuerdo fiscal de la OCDE (proyecto BEPS), para intercambio mundial de información fiscal, firmado ya por 113 países, que tienen hasta septiembre de 2018 para intercambiar información fiscal, aunque no sea vinculante a qué países se envía. Pero ojo, hay países que no lo han firmado, entre ellos Estados Unidos, que se puede convertir en el mayor paraíso fiscal de hecho del mundo.

La lucha contra los paraísos fiscales es clave para reducir la desigualdad y aquí la OCDE funciona a golpe de escándalo (Papeles de Panamá, LuxLeaks, Paradise Papers…), pero sólo contempla un paraíso fiscal (Trinidad Tobago, 2  islas enfrente de Venezuela). La Comisión Europea aprobó en diciembre 2017 una lista negra de 17 paraísos fiscales, pero luego la ha recortado dos veces y ahora sólo quedan 7 (Samoa americana, Guam, Namibia, Palau, Samoa, islas Vírgenes USA, Trinidad y Tobago). Sin embargo, los técnicos de Hacienda (Gestha) han elaborado una “lista negra” (ver aquí) de 30 países (donde incluyen a Suiza, Gibraltar, Hong Kong, Aruba y Bahamas, que no están en la lista negra de Hacienda) y otra “lista gris” (donde incluyen Andorra, Holanda, Irlanda, Luxemburgo, Chipre, Malta, Mónaco, San Marino, Turquía o Venezuela). Y Oxfam Intermón tiene una “lista negra” de 39 paraísos fiscales, donde incluye 4 países europeos: Holanda, Luxemburgo, Irlanda y Malta.

Europa ha querido dar un paso contra la elusión fiscal de las multinacionales centrándose en las tecnológicas, las grandes de Internet. Así, la Comisión Europea aprobó en marzo 2018 una propuesta para gravar con un 3% (un tipo mínimo) a los grupos tecnológicos que facturaran más de 750 millones de euros y 50 millones en Europa. Con ello esperan recaudar unos 5.000 millones al año (entre 500 y 1.000 millones en España). Algo es algo, pero los técnicos de Hacienda (GESTHA) creen que el nuevo impuesto no estará operativo hasta 2020 y que es un pellizco mínimo: supondrá que Google, Apple, Amazon y el resto tributarán el 10% de sus beneficios frente al 9,5% que pagan hoy, muy alejados del 23% con que se grava los beneficios del resto de empresas en Europa.

Habría que pensar, a nivel mundial o al menos europeo, en aprobar nuevos impuestos, como el impuesto sobre la riqueza que propone Piketty: gravar con un impuesto del 5 al 10% a las fortunas de más de 10 millones de euros (no es tanto para los ricos, pero sí una recaudación extra clave para sus países). Y la tasa Tobin, un impuesto a las transacciones financieras (podría recaudar 35.000 millones anuales), aprobado en 2012 por diez países europeos (España entre ellos), pero que sólo aplican hoy Francia e Italia. Y además, hay mucho campo para recaudar con impuestos verdes (a quien contamine), impuestos al transporte (carburantes contaminantes y vuelos) y al turismo, sin olvidar la economía colaborativa, con  potentes multinacionales (Airbnb, Uber, Glovo, Cabify, eBay…) que apenas pagan impuestos.

No basta con estos nuevos impuestos. Europa tiene que armonizar el impuesto de sociedades (el que pagan las empresas), que es del 22,9% de media, aunque varía entre el 38% en Francia y el 10% en Bulgaria y el 12,5% en Irlanda, con España en el 25% (aunque luego, con las deducciones y exenciones, el tipo efectivo es el 7,3%). Y también el IRPF, que va del 58% máximo en Suecia al 10% en Bulgaria pasando por el 48% en España. Y también hay muchas diferencias en los tipos de IVA, sobre todo en las excepciones (reducido y superreducido).

El nuevo Gobierno español debería promover estos cambios fiscales en Europa y en la OCDE, porque España necesita más recursos para consolidar su Estado del Bienestar, tras los drásticos recortes de Rajoy. Máxime cuando somos uno de los países de Europa que menos recauda: España recaudó en 2017 el 37,9% del PIB, frente al 44,9% que recaudó la UE-28, el 45,8% que recaudaron los países euro y la alta recaudación de Francia (53,9% PIB), Italia (46,6%), Alemania (45,2%) y Reino Unido (39,1% del PIB), según los datos de Eurostat (2017). Eso significa que si España recaudara como los demás europeos, ingresaríamos 81.456 millones de euros más cada año. Con ello, podríamos tapar el agujero del déficit y encima gastar más dinero en necesidades públicas, de las pensiones al paro.

Recaudar más, no a costa de que paguemos más la mayoría (el 83% de los impuestos los pagan las familias) sino  consiguiendo que paguen más los que pagan poco (multinacionales, grandes empresas y los más ricos), esa es la clave para reducir la desigualdad y mejorar el Estado del Bienestar en España, en Europa y en el mundo. Implantar otros impuestos para conseguir un mundo más justo. El gran reto del siglo XXI.

Sanidad pública: caos laboral y atención desigual

Faltan pediatras en Madrid y Barcelona, anestesistas en Murcia o Ibiza, dermatólogos en Almería o médicos rurales en Aragón. Faltan médicos especialistas en media España y todos  sufren mucha precariedad: sólo la mitad tienen plaza y una cuarta parte encadenan contratos temporales, como las enfermeras. Y todos han perdido poder adquisitivo, están mal pagados, les agreden los pacientes y se sienten maltratados por la Administración. Junto a este caos laboral, el otro gran problema es el desigual gasto sanitario entre autonomías: el País Vasco gasta por paciente un 46% más que Andalucía. Y así, la atención es muy desigual (9 autonomías, el 70% de españoles, tienen una sanidad deficiente o mala), como las listas de espera: 177 días en Canarias y 50 en Euskadi. Tenemos 17 sistemas sanitarios, con personal mal repartido, y la falta de médicos se agravará, porque 40.000 se van a jubilar en una década. Urge un Plan de choque, para reforzar plantillas, y un Pacto sanitario para homogeneizar la sanidad en toda España. 

enrique ortega

Se acaban de cumplir 6 años de los drásticos recortes impulsados por el Gobierno Rajoy, con el decreto de abril de 2012, que destrozaron la sanidad pública: el gasto sanitario se redujo en 9.787 millones entre 2009 y 2014 (1 de cada 7 euros perdidos), según datos de Hacienda. Y entre 2010 y 2014, se perdieron 41.000 empleos sanitarios (11.000 médicos y 30.000 enfermeras). A partir de 2015, con los nuevos gobiernos autonómicos, el gasto y las plantillas aumentaron algo, pero ha sido insuficiente: todavía hay 35.000 empleos menos y el gasto sanitario público en 2018 (70.804 millones) será todavía inferior al de 2009 (72.239 millones). Y como la economía ha crecido mucho más, su peso se ha reducido: si en 2009, España gastaba un 6,2% del PIB en sanidad pública, en 2018 gasta el 5,8%, muy por debajo de la media de la UE-28, Alemania o Italia (7,2% del PIB) y de Francia (8,2%).

Los recortes afectaron a toda la sanidad pública, pero muy especialmente a sus plantillas: los médicos y enfermeras vieron recortados sus ingresos (vía pluses y horas), sus mínimos aumentos salariales se los comió la inflación, aumentó su jornada laboral (de 35 a 37,5 horas) y muchos con contratos temporales fueron despedidos, mientras sólo se compensaban el 10% de las jubilaciones. Con todo ello, la precariedad laboral de los 485.000 empleados de la sanidad pública (SNS) se ha agravado estos años y ahora es insostenible, afectado muy negativamente a la atención sanitaria y a los pacientes.

La precariedad laboral es muy preocupante entre los 116.711 médicos que trabajan en la sanidad pública (SNS): sólo el 51,2% tienen plaza en propiedad y el 48,8% restante son interinos y muchos (el 39%) llevan así más de 10 años, según un reciente estudio encargado por los médicos (la OMC y el sindicato CESM). De estos interinos sin plaza, el 24,4% tienen contratos temporales por menos de 6 meses (algunos por semanas y días: por guardia). Y firmaron una media de 4,04 contratos en el último año. Los médicos más precarios son las mujeres (4,31 contratos), los jóvenes (4,74) y los extranjeros (7,89 contratos). Y la precariedad es aún mayor entre enfermeras/os: más de un tercio tienen contratos temporales.

Pero si esta precariedad es preocupante, lo es más la falta de médicos especialistas en muchos lugares de España. Hace poco ha saltado la noticia de que muchos Centros de salud en Madrid están sin pediatras (los pocos que hay prefieren los hospitales), como antes pasó en Barcelona, pero ha habido muchos problemas en media España: se han tenido que suspender operaciones en Murcia o Ibiza por falta de anestesistas, no hay dermatólogos en Huercal-Olvera (Almería), faltan cardiólogos, traumatólogos, radiólogos internistas y urólogos en muchos hospitales, médicos de atención primaria y médicos rurales.

Faltan médicos especialistas a pesar de que España tiene más médicos por habitante que la mayoría de Europa: hay unos 212.000 médicos colegiados en activo (sólo 1,6% en paro), una media de 3,9 por 1.000 habitantes frente a 3,4 en la OCDE, 4,1 en Alemania, 3,8 en Italia, 3,3 en Francia y 2,8 en Reino Unido. El problema es que la gestión de personal del SNS es pésima, con muchos cuellos de botella.  El primero, que de los 6.000 médicos que se licencian cada año, un tercio emigran, se van fuera porque aquí sólo ven un futuro precario (sólo en 2017, la OMC expidió 2.500 certificados para poder trabajar fuera). El segundo, que muchos se van a la sanidad privada (donde trabajan 54.681 médicos), donde también hay precariedad pero mejor pagada (y menos nepotismo y politiqueo). Y finalmente, los que quieren trabajar en la sanidad pública, se encuentran con que tienen que hacer un MIR de 4 años y no hay plazas suficientes, porque las autonomías las han reducido (porque los recortes les impedían contratar). Y finalmente, los que acaban consiguiendo una plaza (precaria) prefieren un puesto en un hospital de una gran ciudad antes que irse de especialista a un hospital comarcal o a un centro de salud. Y para redondear el panorama, en los últimos 6 años se han jubilado muchos médicos especialistas y sólo se ha sustituido al 10%.

Así que no es que falten médicos porque no haya sino porque se van (al extranjero, a la privada o a la jubilación) o no hay plazas de MIR para prepararles. Y luego, están mal repartidos, porque no hay incentivos para que vayan donde hacen más falta. Y el problema se va a agravar en la próxima década, porque se van a jubilar (a los 65 años) un 40% de los médicos especialistas actuales. Así que para 2028 se irán otros 40.000 médicos, más grave en algunas autonomías: en Asturias y Cataluña se jubilarán un tercio de médicos del SNS en 10 años. Y urge tomar medidas ya, porque formar un especialista cuesta 10 años.

En enfermería (trabajan 169.233 enfermeros/as en el SNS)  también existe el problema de falta de profesionales en muchos servicios, aunque el futuro no es tan grave, porque sólo el 27% tiene hoy más de 55 años. Pero sin embargo, también faltan enfermeros/as, sobre todo porque España tiene menos que el resto de países: 5,3 por 1.000 habitantes frente a 8,5 de media en Europa, 9 en la OCDE, 9,9 en Francia o 13,3 en Alemania. Eso significa que para tener tantos enfermeros/as como Europa, habría que contratar a 150.000 más.

Además de faltar médicos y enfermeras y tener un trabajo precario, su sueldo se ha deteriorado mucho estos años, por las mínimas subidas y el recorte de pluses y horas, mientras les aumentaba la jornada. Con ello y la inflación, los sindicatos estiman que los sanitarios han perdido un 25% de poder adquisitivo, según la CESM. Y su sueldo medio bruto, el de los médicos, está en torno a los 40.000 euros (41.000-54.000 los especialistas), muy por debajo del sueldo medio de los médicos en Reino Unido (129.000 euros), Alemania (125.000), Francia (96.000) o Italia (80.000 euros brutos). Y además de ganar menos, hay grandes diferencias por autonomías. Así, un médico especialista gana 54.148 euros brutos en el País Vasco frente a 40.908 en Murcia (37.631 euros frente a 30.000 los médicos no especialistas), según un estudio de Adecco en 2017. Y lo mismo las enfermeras especialistas: 29.219 euros en Euskadi frente a 22.094 en Murcia (25.087 frente a 20.087 el resto). Y las mujeres sanitarias ganan un 27,23% menos que los hombres, una brecha mayor que en el resto de trabajos (-22,3%).

Precariedad, falta de plazas, bajos salarios y mucha presión en los centros de salud, consultas y hospitales, porque médicos y enfermeras sufren directamente las quejas de los pacientes por el deterioro del servicio, a veces en forma de agresiones: el 65% de los profesionales afirman que han sufrido agresiones, las que más las mujeres de 41 a 60 años, mientras el anterior Gobierno no aprobó el prometido Plan integral contra las agresiones a sanitarios. Y luego, muchos médicos y enfermeras se quejan de los gestores del SNS, de nepotismo y politiqueo, de maltrato y falta de consideración, que han alimentado la fuga de profesionales a la sanidad privada y la jubilación de muchos otros (a los que no se deja llegar a los 70 años).

A este caos y descontento laboral se suma otro grave problema: la disparidad de la sanidad pública, según la autonomía donde uno vive. Esta diferencia empieza en el gasto y se arrastra desde hace años. De hecho, hay 9 autonomías que gastaron más en sanidad por habitante en 2017 que en 2009 (Aragón, Asturias, Baleares, Cantabria, Castilla y León, Valencia, Madrid, Navarra y País Vasco), pero las 8 restantes aún gastaron menos. Y para este año 2018, el gasto sanitario del País Vasco (1.695 euros/habitante) será un 46% superior a Andalucía (1.158 euros/habitante). Junto a los vascos (1.670 euros/habitante en 2017), los que más gastan en sanidad son Navarra (1.635 euros), Asturias (1.586), Extremadura (1.453) y Aragón (1.441). Y los que menos, Andalucía (1.108 euros en 2017), Madrid (1.179), Cataluña (1.192), la Rioja (1.199) y Murcia (1.206 euros).

Aquí, en el diferente gasto, está el origen de la diferente sanidad. Empezando por las diferencias en número de camas hospitalarias (4,66/1.000 habitantes en Cataluña, 4,02 en Aragón y 3,67 en Euskadi frente a 2,49 en Andalucía o 2,70 en Valencia), de quirófanos (11,16 en Navarra frente a 6,58 en Castilla la Mancha y 8,48 en Andalucía), médicos especialistas (2,39/1.000 habitantes en Navarra, 2,15 en Asturias o 2,13 en Euskadi frente a 1,53 en Andalucía o 1,68 en Valencia), enfermeras especialistas (4,42/1.000 habitantes en Euskadi frente a 2,67 en Andalucía). Y en algunos servicios, como cesáreas (16,30 por 100 partos en Euskadi frente a 29,50 en Valencia), intervenciones en quirófano (1365 en Euskadi frente a 986 en Murcia) y el uso de urgencias, mayor en las autonomías que gastan menos (669/1.000 habitantes en Andalucía o 642 en Murcia frente a 423 en Navarra y 519 en Euskadi), según el Informe 2017 de la Federación para la Defensa de la Sanidad Pública.

Pero donde acaban notándose los recortes, la precariedad, la falta de médicos y enfermeras y el mayor o menor gasto es en las listas de espera, que han empeorado: si en 2010 había que esperar 65 días para operarse, en 2014 pasó a 87 días, en 2016 a 115 y en diciembre de 2017 la espera es de 106 días, con el 17% de pacientes esperando más de 6 meses, según los datos del Ministerio de Sanidad. Y para ir al especialista, la espera media se ha estabilizado, de 65 días en 2014 a 66 días en diciembre de 2017, si bien ha aumento el porcentaje de los que esperan más de 6 meses (del 38,6 al 44,3%). Y en las listas de espera se nota una gran desigualdad entre autonomías. En las quirúrgicas, entre los 177 días que esperan en Canarias, 163 en Castilla la Mancha, 148 en Cataluña y 146 en Extremadura a los 50 días de espera en el País Vasco, 51 en Madrid, 66 en Galicia o 70 en Asturias. Y para ir al especialista, van  desde los 28 días en Euskadi a los 123 días de espera en Canarias.

Al final, el mayor gasto y la mejor gestión se traducen en una sanidad muy desigual, según la autonomía donde uno viva. La Federación para la Defensa de la Sanidad Pública analiza cada año múltiples variables, de gasto, medios y servicios, y da una nota a cada sanidad. En el estudio de 2017, sólo aprobaron menos de la mitad: hay 4 autonomías con “buenos” servicios sanitarios (Navarra, 90 puntos sobre 114, País Vasco, 90, Aragón, 82, y Asturias,79), otras 4 con servicios sanitarios “regulares”(Castilla y León 78 puntos, Castilla la Mancha 77, y Galicia 76), 5 autonomías con servicios sanitarios “deficientes” (La Rioja 69, Cantabria 65, Madrid 65, Baleares 63 y Murcia 61) y 4 autonomías con “peores” servicios sanitarios (Andalucía 60,Cataluña 60, Valencia 59, y Canarias 49, estas dos últimas llevan siendo las que tienen la peor sanidad en todos los informes desde 2009). En definitiva, que 32.988.584 españoles, los que viven en estas 9 autonomías, tienen una sanidad deficiente o mala. Nada menos que el 70,86% de todos los españoles.

Con estas notas, no es extraño que la sanidad sea la 6ª mayor preocupación de los españoles hoy, según el Barómetro del CIS de abril 2018, sólo por detrás del paro, la corrupción, los políticos, la economía y las pensiones. Y que este año se hayan multiplicado las protestas en la calle contra la gestión de la sanidad pública en Madrid, Murcia, Canarias, Galicia y, sobre todo, en Andalucía. Y que de paso, a costa de las listas de espera y el deterioro de la sanidad pública, la sanidad privada siga engordando : ya hay más de 10 millones de españoles con seguro médico privado (sólo en 2017 se lo hicieron 500.000), con lo que la sanidad privada (451 hospitales/52.000 camas) factura ya más de 6.200 millones de euros, una cuarta parte (1.578 millones) gracias a los pacientes que les desvía la sanidad pública, sobre todo en Cataluña (los conciertos suponen un 24,8% del gasto sanitario público catalán), Madrid, Baleares y Canarias (derivan un 11% de su gasto público sanitario).

La situación de la sanidad pública es preocupante, como resultado de los recortes, el caos laboral, la falta de médicos y la enorme desigualdad en la atención por autonomías. Ello exige, primero, un Plan de choque laboral, con diversas medidas: reducir la precariedad de las plantillas (estabilizando contratos y convocando nuevas plazas), ampliar las plazas de MIR, especializar a la enfermería (EIR, el MIR de los enfermeros/as), crear nuevas plazas de médicos y enfermeras y permitir que los médicos se jubilen a los 70 años, mejorando salarios. En segundo lugar, habría que homogeneizar la atención sanitaria en toda España, creando un Fondo interregional para ayudar a las autonomías que menos gastan. Y en tercer lugar, urge universalizar la sanidad, ya que hay 580.000 personas sin tarjeta sanitaria (en su mayoría inmigrantes) tras los cambios hechos por Rajoy en 2012, una medida que el nuevo Gobierno Sánchez promete aprobar por decreto en 6 semanas. 

Y luego, ya para 2019, conseguir un Pacto sanitario que asegure más recursos (harían falta entre 2.000 y 4.000 millones más al año) para recuperar las plantillas y la atención perdida, invirtiendo en tecnología (el 28% de los equipos y material tiene más de 10 años y mucho está obsoleto), en reparar hospitales (se caen techos) y abrir otros nuevos que hacen falta. Sin olvidar gastar más en la prevención de enfermedades (lo más rentable) y racionalizar la atención sanitaria a los mayores, que hoy colapsan la sanidad pública, con más centros y hospitales geriátricos.

Mejorar la sanidad es un reto ineludible, que no puede esperar a las próximas elecciones. Hay que lograr acuerdos al margen de las ideas políticas, porque lo exigen los pacientes y los profesionales sanitarios. Hace falta más dinero, más personal con contratos y sueldos decentes y una mejor gestión, más profesional y menos politizada. Se pueden y se deben aprobar medidas urgentes y a medio plazo (ver este libro con 30 propuestas de reforma), que apoyen la mayoría. Porque nuestra salud es lo primero.