Las infraestructuras están viejas y saturadas

En verano, con los viajes y la avalancha de turistas, es cuando más se aprecian los problemas  de nuestras infraestructuras: vemos carreteras con grietas y firmes dañados, trenes con retrasos y problemas en las vías, estaciones y aeropuertos saturados y puertos al máximo de su capacidad, mientras no se hacen las obras hidráulicas que evitan inundaciones. Un deterioro en las infraestructuras que se debe a años de escasa inversión y mantenimiento, sobre todo entre 2010 y 2018. En los últimos 8 años, la inversión pública en infraestructuras ha crecido (16.114 millones en 2025), pero aún es un 60% inferior a la que se hacía en 2009. Por eso, el Gobierno ha puesto en marcha varios Planes para invertir 40.000 millones en infraestructuras ferroviarias, aeropuertos, puertos y carreteras, donde se van a destinar 1.000 millones este año a mejorar el firme de 3.670 kilómetros. Falta saber si habrá Presupuestos para hacerlo. Con todo, mejorar las infraestructuras es clave para seguir creciendo y tener unos servicios públicos modernos y eficientes.

                Plan con 1.006 millones de euros para mejorar asfalto carreteras del Estado en 2026

La inversión, uno de los motores del crecimiento, lleva 5 años consecutivos creciendo, tras el bache de 2020 por la pandemia. Sobre todo crece la inversión pública (+9,1% en 2025), el doble que la privada (+4,6%), gracias al maná de los Fondos europeos. Pero, a pesar de este crecimiento, la inversión pública en España (37.177 millones en 2025) está un 34% por debajo a la que había en 2009, porque aún no hemos recuperado los recortes de 2010 a 2018. Y dentro de esta inversión pública, la inversión en infraestructuras también crece (16.114 millones en 2025, +6,8% que en 2024) pero ha perdido peso (supone el 38% de toda la inversión pública, cuando era el 60% en 2009) y es un 60% inferior a la que se hacía en 2009. 

Hay tres inversiones públicas en infraestructuras que concentran el 73,5% de la inversión total, según un informe de la Fundación BBVA e Ivie. La más importante, la inversión en carreteras, que se lleva el 30,7% del total (4.952 millones en 2025), aunque han perdido peso y representan menos de la mitad de lo que se invertía en 2009. La 2ª inversión más importante es la que se hace en infraestructuras ferroviarias (4.592 millones, el 28,5% del total), que son precisamente las inversiones públicas que más han caído (se han reducido en dos tercios desde 2009, sobre todo por el desplome en la conservación). Y la tercera mayor inversión pública se da en obras hidráulicas (2.300 millones en 2025, el 14,3% del total), que han caído en términos reales (descontando la inflación) un 61,7% desde 2009, lo que explica la enorme indefensión ante las inundaciones. Y tras estas 3 grandes inversiones, tenemos las inversiones en puertos (1.626 millones en 2025, el 10,1% del total) y en infraestructuras aeroportuarias (1.216 millones, el 7,55%), donde el grueso de inversiones se autofinancian.

Así que ya sabemos por qué hay problemas en  las carreteras, ferrocarriles, obras hidráulicas, puertos y aeropuertos: se invierte poco, más que en 2018 pero mucho menos que antes de la crisis financiera y los recortes. Y esta baja inversión crea problemas por doquier. En las carreteras del Estado (26.564 km), el propio Ministerio de Transporte reconoce que más de 5.000 km (casi 1 de cada 5 km) “requieren actuaciones urgentes”. Y las empresas de mantenimiento señalan que se necesita invertir en ellas 5.600 millones… En el ferrocarril, la inversión pública total cayó a la mitad entre 2011 (4.826 millones) y 2022 (2.411 millones) y aunque ha crecido más después (hasta 4.592 millones en 2025), todavía es menor a la inversión de 2011. Y en mantenimiento de vías y trenes, se gastó 726 millones en 2018 (menos que los 759 millones de 2011), aunque ha subido a 1.119 millones en 2025. Con todo, en la red ferroviaria convencional se gasta (2.400 millones en 2025) 6 veces más que en 2017 y en la alta velocidad (2.300 millones en 2026) se gasta el doble que hace 8 años.

En muchos puertos (como el de Valencia o Algeciras), las infraestructuras disponibles están al límite para recibir mercancías (por mar llegan el 80% de las importaciones) o exportarlas (el 60% de las ventas exteriores se hacen por mar). Y sobre las obras hidráulicas, las persistentes riadas no han servido para impulsar obras de canalización y defensa: haría falta movilizar 103.824 millones en obras hidráulicas durante la próxima década (10.749 millones sólo en la Comunidad Valenciana) para garantizar la seguridad hídrica del país y mejorar nuestra capacidad de respuesta ante sequías a inundaciones, según Seopan.

Y queda analizar la situación de los aeropuertos españoles, que están saturados por el aumento de viajes tras la pandemia y los sucesivos récords de turistas: han pasado de recibir 275 millones de pasajeros en 2019 a 321,6 millones en 2025 (+17%), según los datos de AENA. Datos que revelan un grave problema: 10 aeropuertos españoles encaran este verano al límite o superando su capacidad para recibir vuelos y viajeros. Son los aeropuertos de Sevilla (al 125,8% de su capacidad), Valencia (al 112,8%), Tenerife norte (al 110,4%), Bilbao (110,4%), Menorca (al 105,3%), Alicante (al 105%), Barcelona-el Prat (al 104,5%: recibió 57,48 millones de pasajeros en 2025, con capacidad para 55 millones), Palma (al 99,4%), Lanzarote (al 99,1%) y Madrid-Barajas (al 97,9%: recibió 68,18 millones de pasajeros en 2025 y tiene capacidad para 70 millones). La saturación es tan preocupante que Aena, la empresa pública que gestiona los 46 aeropuertos españoles, ha anunciado que establecerá restricciones a las aerolíneas (de vuelos y pasajeros) en 2027, primero en Madrid y Barcelona.

Ante este panorama en las infraestructuras ferroviarias, aeropuertos, puertos y carreteras, que afectan a millones de ciudadanos, con riesgos de accidentes y retrasos, el Gobierno ha puesto en marcha diversos Planes de inversión pública para modernizar las grandes infraestructuras, a pesar de no tener aprobados Presupuestos. Con los distintos Planes ya anunciados por el Ministerio de Transportes, se compromete a realizar una inversión superior a los 40.000 millones de euros en los próximos 3 a 5 años. Veamos en qué y cuánto.

Casi la mitad de esta inversión, 20.000 millones en el próximo quinquenio, es el Plan de inversiones ferroviarias que Transporte negocia con Hacienda para realizar inversiones (a través de ADIF) sobre todo en la red convencional, cercanías (600 millones de pasajeros anuales) y transporte de mercancías, menos en la alta velocidad (que ya ha crecido bastante). Se trata de aumentar la inversión en mantenimiento (de los 700 millones de 2011 y los 1.119 en 2025 a 1.800 millones en 2030) y realizar inversiones en infraestructuras (la Y vasca, duplicaciones de vías, la conexión Murcia-Almería y Burgos-Vitoria, corredores europeos, conexiones con puertos y ampliación de estaciones, desde Atocha y Chamartín a Sants o la Sagrera en Barcelona, Valencia, Sevilla, San Sebastián y Murcia).

El 2º eje de las futuras inversiones son los aeropuertos, donde AENA presentó en febrero su Plan DORA III para realizar inversiones por 12.888 millones de euros entre 2027 y 2031, un año en que  esperan recibir 400 millones de pasajeros. Unas inversiones que se financiarán con los cánones que cobra AENA y no tienen coste para el Estado. Las mayores partidas se destinarán a reforzar grandes aeropuertos al límite (3.220 millones para Madrid-Barajas, 3.200 para Barcelona-El Prat) y aeropuertos turísticos (619 millones para el de Alicante, 571 para el de Málaga, 410 millones para el de Palma y 1.500 millones para los aeropuertos canarios). Las inversiones no sólo ampliarán y modernizarán terminales y pistas, sino que también digitalizarán más los aeropuertos e implantarán el sistema europeo de control de fronteras (Entry(Exit System, EES), obligatorio para reorganizar los flujos de pasajeros.

El tercer eje inversor serán los puertos, donde se movilizarán 7.000 millones de euros entre 2025 (1.225 millones) y 2029 (1.218 millones), el mayor esfuerzo inversor en dos décadas. Aquí también las inversiones correrán a cargo de los propios recursos del sistema aeroportuario, no del Presupuesto del Estado. Las principales inversiones se harán en la nueva terminal norte del puerto de Valencia, en desarrollar el sur del puerto de Barcelona y en las mejoras de los puertos de Algeciras , las Palmas y Granadilla (Tenerife). Y también se invertirá en electrificar los puertos (para que los barcos que atraquen contaminen menos) y en mejorar los accesos por carretera y ferrocarril a los principales puertos.

Y el 4º Plan inversor, anunciado por el ministro Puente en febrero, es un Plan de conservación de carreteras, con un presupuesto de 1.629 millones en 3 años (2027-2029), destinado a mejorar los firmes de la red de carreteras del Estado (26.564 kilómetros de los 165.756 kilómetros que suman todas las carreteras estatales autonómicas y locales en España) y reducir el enorme déficit de mantenimiento (5.600 millones). Al final, el Gobierno no ha esperado al año que viene y el 16 de junio ha aprobado un primer Plan de conservación de carreteras para 2026, con 1.006 millones de euros de inversión en 10 autonomías (216,32 millones para las carreteras de Cataluña, 188,4 millones para Castilla y León, 183,9 para Castilla la Mancha, 148,68 millones para Aragón, 83,7 millones para la Comunidad Valenciana y 60,76 millones para Madrid). La duración de los contratos será de 3 años, prorrogables. En paralelo, Transportes lleva invirtiendo desde enero otros 150 millones en carreteras (105 en mejora de firmes), para reparar (con “contratos exprés” y licitaciones rápidas) carreteras estatales que han sufrido daños con las borrascas de primavera.

Además de estos Planes para reparar y mejorar las carreteras estatales, Transportes ha recibido la autorización del Gobierno para contratar el mantenimiento de las 12 autopistas que pasarán al Estado a finales de 2026 (la AP-68 entre Bilbao y Zaragoza, de peaje, y 11 autopistas de 1ª generación, en las que no se paga peaje porque el Estado paga un canon de 300 millones anuales a las concesionarias). El Estado dejará de pagar ese canon pero tendrá que pagar el mantenimiento de los 993 kilómetros de esas 12 autovías, un mantenimiento para el que cambiará el sistema de contratación habitual por el de “subasta”, algo que no gusta a las empresas ni a los sindicatos, que amenazan con recursos legales.

Visto el panorama de las infraestructuras en España, parece claro que tenemos un problema serio de falta de inversión (sobre todo entre 2010 y 2018) y de mantenimiento, que se traduce en problemas para los usuarios y puede convertirse en un cuello de botella para el crecimiento futuro. Un problema que se agrava porque somos más población a usar estas infraestructuras (+9,5 millones de habitantes que en el año 2000) y recibiremos este año 100 millones de turistas (más del doble que los 46,4 millones que llegaron en el año 2000).

Queda claro que hay que hacer un esfuerzo adicional en las infraestructuras esenciales, sobre todo en la red ferroviaria, las carreteras, los aeropuertos, puertos y las obras hidráulicas. Eso debería obligar a un gran Pacto por las infraestructuras del futuro, donde se acuerden dos cuestiones clave. Una, qué obras e inversiones son prioritarias, sin que cada región y zona pretenda imponer “lo suyo”. Y la otra, cómo se financian estas obras públicas. La clave es combinar la aportación pública con la inversión privada y el pago de peajes y cánones a los usuarios, con un reparto de costes y cargas justo y transparente.

Pero chocamos con el problema de siempre, el que impide solucionar temas como la vivienda o la sanidad: la imposibilidad de pactar nada, por los tremendos enfrentamientos políticos que bloquean cualquier solución. Y aunque mejorar un trazado ferroviario, un aeropuerto o una carretera no debía ser motivo de enfrentamiento político, en España ahora lo es. Así que el Gobierno va buscando dinero como puede para reparar lo más urgente y habrá que esperar a las elecciones y al futuro Gobierno para esperar un Plan de infraestructuras públicas que modernice nuestro país, facilite el crecimiento económico y mejore diversos servicios públicos esenciales. Otro reto más que está pendiente.

España invierte poco

Hablar de inversión suena a “rollo”, incita a no seguir leyendo. Pero es uno de los tres factores claves, junto a la formación de los trabajadores  y la tecnología, que hacen que un país avance y cree riqueza y empleo. A más inversión, más desarrollo y más nivel de vida. El problema es que España, un país que atraía inversiones propias y extranjeras al ladrillo, ha visto caer la inversión con la crisis y no recuperarse: ahora es un 25% menor que en 2007. Y la mayor caída se ha dado en la inversión pública (por los recortes), que está a niveles de hace 50 años. Urge reanimar la inversión pública en infraestructuras y servicios, para que “tire” de la inversión privada. Y asegurar financiación a las empresas, sobre todo a las pymes, para que inviertan y se modernicen. Porque sólo invirtiendo más, en equipos, tecnología y digitalización, España será un país más productivo. Y creará más empleo y riqueza. Como ven, nos jugamos mucho con la inversión. Lean.

enrique ortega

España ha sido “un paraíso” para la inversión nacional y extranjera, sobre todo en el ladrillo y las infraestructuras. El despegue se inició a partir de 1986, con la entrada de España en Europa, y se aceleró a principios de este siglo, con el “boom” inmobiliario: la inversión se duplicó entre 2000 (172.590 millones) y 2007 (327.418 millones, el máximo histórico), según el INE. Pero con la crisis, la inversión se desplomó, sobre todo porque la mayoría se financiaba con créditos y los bancos “cortaron el grifo”: año a año se invirtió menos hasta el mínimo en 2013, el peor año de la crisis, con 175.660 millones de inversión. Después, con la recuperación, la inversión ha mejorado, pero sigue por debajo que antes de la crisis: 2018 cerró con 244.949 millones, un 25,18% menos que en 2007. 


Y además, la inversión ha perdido peso como motor del crecimiento español: si en 2007 aportaba el 30,44% del PIB, en 2013 cayó su peso al 17,21% y en 2018 sólo aporta el 20,37% del PIB (el resto es el consumo, que aporta el 76,91% del PIB,  y el sector exterior, que resta un 7,35% al crecimiento porque importamos más que exportamos), según los datos de Estadística (INE). Así que la inversión nos ayuda ahora un 10% menos a crecer.


La caída de la inversión en España ha sido mayor que en Europa, según los datos de Eurostat: si en España el peso de la inversión (aportación al PIB) ha caído un -10,07% entre 2007 y 2018, en Europa cayó entre un -3,3% (UE-28) y un 2,8% (zona euro), mientras apenas caía en Alemania (-0,1% sobre el PIB), Francia (-1,1%) y Reino Unido (-1,4%), aunque cayó más en Italia (-4,1%). A pesar de esta mayor bajada con la crisis, el peso de la inversión en España ronda el que tiene en Europa (20,6% en la UE-28 y 20,8% en la zona euro) y Alemania (20%), aunque está lejos de los paises ricos del norte, que tienen mucha más inversión (comparativamente al PIB) que España: 31,8% Irlanda, 24,9% Suecia, 22,2% Finlandia, 23,4% Bélgica, 23,1% Austria y 22% Francia. Y a la cola de la inversión, claro, los paises más pobres, Grecia (11,7% de inversión sobre el PIB) y Portugal (16,2%).


La inversión ha caído más en España por dos razones. Una, el excesivo endeudamiento de las empresas (y del sector público), que les obligaba en 2007 a destinar un 72,2% de sus beneficios a pagar la deuda, dificultándoles invertir  (hoy lo tienen más fácil, porque, tras devolver muchos préstamos, sólo destinan a pagar deudas el 33,2% de sus beneficios),según un estudio de la Fundación BBVA e Ivie. Y la otra, por la mayor caída del crédito en España a partir de 2007, tras una mayor crisis bancaria: en 2011, un 25% de las empresas españolas tenían problemas para financiarse e invertir. De hecho, la caída de la inversión ha sido mucho mayor entre las empresas españolas con restricciones de crédito, según ese estudio.


Con todo, la mayor caída de la inversión en España se ha dado en la inversión pública, que se ha desplomado a partir de 2009, por los recortes: si en 2009 (con el tirón inversor del Plan E de Zapatero, inútil para frenar la crisis), la inversión pública supuso un 5,1% del PIB (55.100 millones invertidos), cayó al 3,7% en 2011 (25.900 millones) y siguió bajando hasta otro mínimo del 1,9% del PIB en 2016 (23.000 millones de inversión pública), el mismo 1,9% que supondrá la inversión pública este año 2019 (26.300 millones). Eso significa que el Estado invierte hoy 30.000 millones menos al año que en 2009 y que el peso de la inversión pública en la economía (1,9% del PIB) ha caído a niveles de hace 50 años, según el Banco de España. Y otra vez más, la inversión pública tiene en España menos peso que en Europa, donde representa el 3% del PIB (un tercio más) y en paises como Suecia el 4,6%, según Eurostat. 


Esto es el resultado de los recortes hechos por ZP y sobre todo por Rajoy para bajar el déficit público. De hecho, la inversión pública ha sido “la gran sacrificada con el ajuste”: si la inversión supone el 10% del gasto público, los recortes que ha sufrido suponen el 60% de todos los recortes hechos, según estima el Banco de España. Así que el ajuste se ha traducido  en  menores inversiones en investigación, en obras públicas, en carreteras y autovías, en infraestructuras hidráulicas (sequías e inundaciones) y de transporte (corredor ferroviario del Mediterráneo o trenes a Extremadura), en tecnología sanitaria y nuevos hospitales, en colegios e institutos (barracones), en viviendas públicas… Recortes que han reducido drásticamente la inversión pública y la privada, de las empresas que dependen de ella.


Al final, tenemos menos inversión que antes de la crisis y menos que Europa, sobre todo por el desplome de la inversión pública. Lo positivo es que, tras la crisis, la inversión es ahora “más sana”, más “productiva”, porque se dirige más a la compra de tecnología, maquinaria y transporte que al ladrillo, según un reciente estudio de la Fundación BBVA e Ivie. Antes, a principios del siglo, dos tercios de la inversión se dirigía a la construcción y al sector inmobiliario (más especulativos y menos “productivos”) y ahora, en 2018, sólo suponen el 50% de toda la inversión, mientras ha subido hasta el otro 50% la inversión en maquinaria, bienes de equipo, transporte, tecnologías de la información (TIC) y “activos inmateriales” (software y tecnología). Con todo, todavía necesitamos invertir más en estos “activos inmateriales”, que sólo suponen el 15% de la inversión total, muy lejos de los paises competitivos.


El problema ahora es que la inversión española se dirige a sectores más productivos pero donde la inversión es “menos duradera” que en el ladrillo. Son activos que se deterioran antes, que hay que reponer antes por exigencias de la competitividad. Y como consecuencia de este cambio, la inversión acumulada (el “stock” de capital) está más envejecido que antes. Y eso obliga a invertir más, para renovar equipos y maquinaria. Y si no se hace, “se frena el progreso técnico, al no incorporar equipos más innovadores”, lo que reduce la productividad, según refleja el estudio de la Fundación BBVA e Ivie.


Al final, el mayor problema de España no es tanto que nos falte capital (aunque se invierta menos ahora) como que nos falta conseguir una mayor productividad de ese capital. Porque aunque se ha mejorado, al invertir ahora más en máquinas que en inmuebles, todavía tenemos inversiones con baja productividad, menor que las de los paises punteros de Europa. Además, con grandes diferencias regionales: el capital privado se ha invertido con más rentabilidad en el País Vasco, Madrid, Cataluña y Navarra (por eso son los territorios más ricos) y con menos eficacia en Castilla y León y Castilla la Mancha, según el estudio de BBVA e Ivie. Por eso, el reto no es sólo invertir más, sino invertir en activos (maquinaria, equipos de transporte, tecnología, software) que sean más productivos. Se habla mucho de mejorar la productividad del trabajo, pero muy poco de mejorar la productividad del capital.


Y además, resulta clave para consolidar el crecimiento invertir más en toda España, no sólo “donde siempre”, porque la inversión está muy concentrada: el 60% de la inversión total se concentra en 4 autonomías (Cataluña, Madrid, Andalucía y Comunidad Valenciana), ahora igual que antes de la crisis, lo que ha mantenido “las 2 Españas”, según el informe de la Fundación BBVA e Ivie. Sólo destacan pequeños cambios, como que Madrid ha ganado peso como destino de la inversión (el 17% del total) y lo ha perdido Cataluña y el País Vasco, mientras atraen ahora más inversiones Castilla la Mancha, Murcia y Baleares y menos Castilla y León, Asturias, Extremadura y la Comunidad Valenciana.


Ahora, uno de los grandes retos de España es aumentar la inversión y su eficacia, su “productividad”, claves para competir mejor, crecer más y crear más empleo. Para ello, sería clave un Pacto de Estado en materia de infraestructuras, para recuperar la inversión pública, como ha pedido la patronal de infraestructuras Seopan. Y eso, porque si el Estado invierte “tira” de la inversión de las empresas que hacen las obras, tiene un efecto multiplicador sobre la inversión privada. La propuesta de Seopan es que España invierta 100.000 millones en la próxima década (10.000 al año, con inversión mixta, pública y privada) en 814 proyectos de infraestructuras prioritarios, relacionados con el transporte, las obras hidráulicas, el medio ambiente, el agua, los residuos, la logística, el acceso a las ciudades y la movilidad. Además, urgen inversiones públicas en centros de salud y tecnología sanitaria, colegios e institutos y vivienda pública para alquiler y venta (se hicieron 5.191 VPO en 2018, frente a más de 100.000 anuales entre 1957 y 1989). Y por supuesto, más inversiones públicas en tecnología, innovación y digitalización de la economía.


En paralelo, hay que fomentar la inversión privada productiva, facilitando el acceso de las empresas a la financiación (privada y pública, a través del ICO). Muchas empresas, sobre todo las grandes, no invierten suficiente porque destinan una parte creciente de beneficios a dividendos, “recompra” de acciones propias y compras de empresas, pero otras, las pequeñas y medianas, necesitan disponer de crédito barato para invertir más. Y el problema es que el 74,9% de las empresas que tienen “inversión negativa” (la inversión no cubre ni las amortizaciones necesarias) tienen problemas para financiarse, según otro estudio de la Fundación BBVA e Ivie. Y esa dificultad para financiarse (y para invertir) es mayor en las “microempresas” (menos de 9 trabajadores): la mitad tienen problemas para financiarse, un 17,9% tienen el grifo cerrado y otro 31,9% tienen restricciones, según el estudio.


Así que el futuro Gobierno debería conseguir que fluya más el crédito  para nuevas inversiones (sobre todo a las pymes) y recaudar más ingresos para aumentar la inversión pública en tantas cosas que hacen falta, lo que “tiraría” de la inversión privada. Y todo ello, buscando invertir con eficacia, para mejorar la productividad de la economía y de las empresas, no en obras megalómanas ni en nuevas “burbujas”. Es la hora de la inversión, para apuntalar los cimientos de una recuperación en entredicho, el crecimiento y el empleo. No vale con crecer a costa del consumo, como hacemos. Lo duradero sería gastar menos, ahorrar algo más como país y dedicarlo a mejorar la inversión. Apostar por el futuro.

Somos menos productivos (y menos ricos)

Hoy escribo sobre una noticia que no habrán visto en los medios ni comentan los políticos: la productividad española se ha estancado, por primera vez en 20 años, y es un 10,5% menor que en 1995. “¿Y a mí, qué?” Pues nos afecta mucho, porque si no mejora la productividad no crece el pastel de la renta y no mejora nuestro nivel de vida. La prueba, otra noticia reciente: España sigue en el puesto nº 14 en el ranking europeo de renta por habitante, aunque seamos la 5ª mayor economía europea. Tenemos el 92% de la renta europea y el 75% de la alemana, porque  somos menos productivos. La culpa está en que gastamos menos en tecnología, estamos peor formados, nuestro empleo es muy precario, invertimos y exportamos menos, tenemos demasiadas pymes y la organización del trabajo es deficiente y autoritaria. Habría que mejorar todo esto, al margen de la política, para ser más productivos y conseguir vivir mejor. Otro tema que no saldrá en la próxima campaña electoral.

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Todo el mundo sabe que los europeos más ricos son los alemanes. ¿Por qué? Pues porque producen más que los demás. Quédense con este dato: Alemania produce al año por valor de 3,27 billones de euros, casi el triple que España (1,1 billones de PIB), con el doble de habitantes que nosotros. Y Francia produce casi el doble (2,29 billones), con un tercio más de habitantes. ¿Por qué? Pues porque son más productivos, más eficaces trabajando: cada alemán y cada francés produce por valor de más euros que cada español. Y como son más productivos, el pastel de su renta es mayor y tocan más al repartir la riqueza creada. A lo claro: son más ricos.

Veamos las cifras que salieron la semana pasada y de las que nadie habla. La producción media por habitante en Europa (UE-28) fue de 30.000 euros en 2017, homogeneizada la cifra con la inflación de cada país (poder de compra), según Eurostat. Y cada español produjo por valor de 27.600 euros, lo que supone el 92% de la renta media europea (índice 100). Pues bien, según ese ranking, España ocupa el puesto nº 14 en PIB por habitante (PIB dividido entre la población), por detrás de Luxemburgo (75.900 euros, el 253% de la renta media UE), Irlanda (181% media UE), Dinamarca (128%), Holanda (128%), Austria (127%), Alemania (37.100 euros, el 124% de la renta media UE), Suecia (121%), Bélgica (116%), Finlandia (109%), Francia (31.200 euros, el 104%), Malta (el 97% de la renta media UE) e Italia (28.900 euros per cápita, el 96% de la renta media UE). Los últimos de la fila son Bulgaria (14.800 euros por habitante, el 49% de la renta media UE), Croacia (62%), Rumanía (63%), Grecia y Letonia (67%), Hungría (68%) y Polonia (70% de la renta UE).

España es la 5ª potencia económica de Europa (el 5º mayor PIB: 1.166.319 millones de euros en 2017), tras Alemania (3.227.340 millones), Reino Unido (2.337.971 millones), Francia (2.291.705 millones) e Italia (1.724.955), pero a la hora de ver lo que se produce por habitante, es la 14ª economía, y nos ganan en producir mucho más paises pequeños como Irlanda, Dinamarca, Holanda, Austria, Suecia, Bélgica, Finlandia o Malta, que por eso son más ricos que España (producen más por habitante). Y lo peor es que España se ha estancado en este lugar 14º, el mismo que en 2016, según Eurostat. Y que, con la crisis, hemos ido a peor. Veamos. En 1986, cuando España ingresó en la UE, teníamos el 72% de la renta europea (PIB/habitante). Con el fuerte crecimiento de finales del siglo XX y principios del XXI, nos equiparamos con los europeos en 2002 (100% de la renta europea ese año) e incluso mejoramos después, para llegar a un máximo del 103% de su riqueza en 2007. Pero luego sufrimos con más dureza la crisis, perdimos su nivel de renta en 2010 (99% de la media UE) y caímos hasta un mínimo del 90% de su renta en 2015. Y llevamos 2 años (2016 y 2017) en el 92% de la renta europea.

Por esto, porque producimos menos por persona es por lo que somos más pobres que media Europa. Y a nivel mundial, somos el país nº 26 en producción por habitante (en 2017), según el último ranking de The Conference Board, que encabezan Luxemburgo, Singapur, Noruega, Hong Kong, Suiza, Irlanda y Estados Unidos.

¿De qué depende que un país produzca más o menos y sea más o menos rico? Pues, básicamente, de su productividad, un indicador que mide la eficacia con que se utilizan los factores de producción, básicamente el trabajo y el capital (maquinaria, equipos, infraestructuras). Y España tiene un problema “estructural” de baja productividad, que arrastramos desde mucho antes de la crisis. Así, si ponemos el marcador a 100 en 1995, la productividad total de los factores (PTF) había caído a 96,74 en España en el año 2.000, a 92,02 en 2007, a un mínimo de 87,13 en 2014 y a sólo 89,49 en 2017 (como en 2009). Y mientras, la competitividad en Europa ha subido estos años de 100 a 104,5. O sea, que la productividad total de España ha caído un 10,5% entre 1995 y 2017 mientras la de Europa ha mejorado un +4,5%, la de la eurozona un +1,4%, la de Alemania un +8,5% y la de Francia un +2,2%, mientras la de Italia caía un 9,7%, según un interesante estudio de la Fundación BBVA e Ivie, que explica porque somos ahora más pobres que media Europa.

Dentro de la productividad total, un componente básico es la productividad del trabajo, lo que se produce por hora trabajada. Este componente de la productividad ha mejorado en España por algo simple: se produce más con 1 millón menos de españoles trabajando que en 2007 (tras 3,8 millones de despidos, de los que sólo se han recuperado 2,8 millones). Eso permite que la productividad por hora trabajada haya mejorado un +17,5% entre 1995 y 2018, según el estudio de la Fundación BBVA e Ivie. Pero en Europa, la productividad laboral ha mejorado mucho más estos años: un +37,1% en la UE-28 y un 30,7% en la eurozona, con lo que nos hemos vuelto a quedar rezagados (y producimos comparativamente menos que la mayoría de europeos).

El problema más preocupante es que la productividad del trabajo se ha estancado y no creció nada en 2018, por primera vez en 20 años, según el INE. La productividad por puesto de trabajo a tiempo completo creció un 0,3% anual entre 2002 y 2006, luego se disparó entre 2007 y 2013, por los despidos (+2% anual, un +12,4% en 6 años), creció muy poco entre 2014 y 2017 (+entre +0,3 y +01% anual) y no ha crecido nada en 2018 (+0%), año en que incluso ha caído la productividad por hora efectivamente trabajada (-0,25%), según el INE. Y esto es un problema serio, porque significa que la economía española no consigue producir más con los mismos trabajadores. Y sólo crece, aumenta el pastel del PIB, con más gente empleada, empleos que se están creando en los sectores menos productivos, como los servicios, mientras se pierden empleos en la industria (-3.000 en 2018), el sector con más productividad. Concretamente, el nuevo empleo creado en España desde 2014 tiene una productividad un 78% inferior a la media, según un informe de CaixaBank.

¿Por qué España produce menos que Alemania, Francia y 12 paises europeos más, lo que nos hace más pobres? Una parte es por nuestro modelo económico, donde tienen más peso los servicios (turismo, hostelería y comercio) o la construcción y menos la industria (aporta el 16,06% del PIB frente al 25% en Alemania), el sector más productivo y eficiente. Pero esta no es la razón clave, según el estudio de la Fundación BBVA e Ivie. Somos menos productivos (y menos ricos) que la mitad de Europa por tres causas fundamentales: porque invertimos menos en tecnología, porque tenemos una mano de obra peor formada y porque hay menos inversión pública y privada. Veámoslo.

El esfuerzo inversor en tecnología e innovación es clave para producir más con la misma gente, para mejorar la productividad y el nivel de vida, según todos los expertos. Y aquí, España invierte la mitad que Europa (1,2% del PIB se gasta en Ciencia frente al 2,17% en la UE-28) y menos que 20 paises europeos, sobre todo mucho menos que los más productivos y ricos: Suecia (gasta 3,30% del PIB en I+D+i), Finlandia (3,17%), Dinamarca(3,05), Austria(2,9%), Alemania (2,5%), Francia (2,22%) y Reino Unido (1,66%). Y por si fuera poco, las empresas españolas también gastan menos en tecnología e innovación que las europeas y tenemos menos investigadores (2,8% de los españoles activos frente al 3,9% en la UE).

Otro factor clave para explicar nuestra baja productividad es la menor inversión en educación, que sitúa nuestro “stock” de capital humano un 4% por debajo de la eurozona. España ha bajado drásticamente su esfuerzo educativo, pasando de gastar el 4,99% del PIB en 2009 al 4,32% en 2014 y el 4,1% en 2018, según Educación. Un gasto educativo que queda muy por debajo de la media europea (4,7% del PIB en la UE-28), de países punteros como Dinamarca (6,9%), Suecia (6,6%), Finlandia (6,1%) y Francia (5,4%) e incluso de Reino Unido (4,7% del PIB) o Alemania (4,2%). Y no se trata sólo que gastemos menos en educación, sino que hay serios desajustes entre la formación de los jóvenes españoles y lo que demandan las empresas, según refleja el último informe sobre España de la Comisión Europea. Y sólo el 12% de los jóvenes estudian Formación Profesional, frente al 25% en la OCDE y el 50% en Alemania, uno de los paises con más productividad.

Pero además de gastar menos en educación, España tiene un hándicap de partida: tenemos una mano de obra mucho peor formada, menos productiva. Tenemos muchos adultos sin casi formación (el 40,9% no tiene acabada la ESO, frente al 21,8% en la OCDE y el 19,8% en la UE-22) y muchos adultos universitarios (36,4% en España frente a 37,7% en la OCDE y el 34,3% en UE-22) pero muy pocos adultos con formación intermedia (Bachillerato o FP de grado medio), un 22,7% en España, un 43,8% en la OCDE y un 45,9% en Europa (UE-22), según el Panorama de la Educación 2018 de la OCDE. Y por eso, a las empresas les falta personal con formación media y como hay mucho paro, los sustituyen por universitarios, lo que es un despilfarro como país y una enorme frustración para los jóvenes. Y las empresas insisten en que muchos puestos de mediana cualificación no los pueden cubrir.

La tercera causa clave de nuestra menor productividad está en que España invierte menos, sobre todo en capital público, en “stock” de capital por habitante (un 5,2% inferior a la UE, según la Fundación BBVA e Ivie), sobre todo desde 2010, por los recortes en la inversión pública, que supone ahora menos de la mitad del esfuerzo de antes de la crisis, lo que ha frenado muchas infraestructuras necesarias para competir. De hecho, la Comisión Europea acaba de pedir a España, en su informe de febrero de 2019, que invierta en conexiones ferroviarias y portuarias  para el transporte de mercancías y en los corredores atlántico y mediterráneo, para facilitar el acceso a Europa, porque tenemos un hándicap geográfico: nuestros productos están a 2.200 kilómetros de los principales mercados centro-europeos.

Pero además, hay otras causas que nos restan productividad (y riqueza). Una importante es que en España hay demasiadas pymes y pocas grandes empresas: el 99% de las empresas censadas (ver datos enero 2018) tienen menos de 50 trabajadores y sólo hay un 0,15% de empresas grandes (4.487 empresas con más de 250 empleados), frente al 0,5% en Alemania (más de 9.000 grandes empresas), el 0,4% en Reino Unido o el 0,2% en Francia. Y está demostrado que las grandes empresas son más productivas porque son más longevas (sobreviven más años), exportan más (un factor clave: los paises más exportadores son más productivos y más ricos), se financian mejor y son más innovadoras, según se detalla en este estudio de CaixaBank Research sobre la productividad.

Veamos otra causa importante de nuestra menor productividad: la elevada precariedad del empleo en España. Tenemos un 27,43% de asalariados con contratos temporales, según la EPA, el porcentaje más alto de Europa, donde la temporalidad varía entre el 12,9% de los contratos en Alemania, el 15,5% en Italia o el 17,7% en Francia al 14,3% de media en la UE. Y está demostrado que los trabajadores con contrato temporal tienen menos incentivos a esforzarse en el trabajo y las empresas dedican menos recursos a formarles, lo que reduce su eficacia  y la productividad futura del país.

Otra causa clave de la menor productividad, ligada con las empresas, es la organización del trabajo en España: hay poca participación de los trabajadores en la gestión de las empresas, según revela el estudio de CaixaBank Research. Así, los “jefes” en España ejercen más control sobre sus subordinados (un 41% frente al 24% en Alemania), sólo un 26% de las empresas encuestan las opiniones de sus empleados (un 51% en Alemania) y sólo el 17% toman las decisiones “en equipo” (el 35% en Alemania). La gestión del “ordeno y mando”, muy afincada en la mayoría de empresas españolas, no ayuda a mejorar nuestra productividad.

Y todavía hay otros factores que restan eficacia y productividad a España, como la excesiva regulación y burocracia (España está entre los 10 paises europeos con más restricciones al establecimiento de locales comerciales, según la Comisión Europea), la dispersión de normas (17 autonomías), la falta de competencia en muchos sectores (oligopolios), la lentitud de la Justicia, las dificultades de financiación, los elevados costes energéticos, la falta de estabilidad normativa y laboral o el retraso en la digitalización de la economía.

Ya sabemos mejor por qué somos menos productivos y menos ricos. Las empresas, sobre todo las que exportan, han tratado de paliarlo con una receta drástica: despedir gente primero (menos a producir lo mismo aumenta la productividad), entre 2009 y 2013, y pagar peor a los que trabajan (bajando sueldos a los nuevos y congelando los antiguos), lo que les ha permitido seguir compitiendo por el mundo, a costa de una devaluación de los salarios: el coste por hora trabajada en España era de 15,9 euros en 2017, frente a 20,36 euros en Europa (+ 28%), 26,4 euros por hora en Alemania (+66%) o 24,2 euros en Francia (+52 %), según los datos de Eurostat. O sea, ante el hecho de que somos menos productivos, España ha buscado “tirar salarios”, ser “la China de Europa”.

Pero no se puede seguir por este camino, de cargar sobre los trabajadores y sus salarios la responsabilidad de competir y producir más (y ser más ricos). Habría que hacer un gran Pacto nacional por la productividad, con múltiples medidas para mejorarla y acercarla a Europa, como propone la Comisión Europea en su informe 2019: gastar el doble en Ciencia, aumentar el gasto en educación, reformar la enseñanza universitaria y apostar por la FP, mejorar la formación de parados y trabajadores, aumentar las inversiones públicas (sobre todo en infraestructuras de transporte), apostar por la digitalización de la economía, facilitar las fusiones de empresas (para aumentar su tamaño), mejorar la calidad del empleo, volcarse en las exportaciones y la internacionalización de las empresas, reducir burocracia y normativas, agilizar la Justicia, fomentar la competencia en todos los sectores y aumentar la participación de los trabajadores en la gestión de las empresas. Medidas que deberían apoyar todos los partidos políticos, empresas y sindicatos, porque buscan mejorar la productividad y el nivel de vida de los españoles.

Pero me temo que esta cuestión clave no se va a debatir en la campaña electoral ni será una prioridad para el futuro Gobierno. Y seguiremos siendo menos productivos y más pobres que media Europa, como en las últimas tres décadas. Otra importante asignatura pendiente de nuestra democracia. No la olviden.

Infraestructuras: un recorte suicida

Uno de los mayores tajos del Presupuesto 2012 se da a la inversión en infraestructuras, por tercer año consecutivo: España va a invertir en obras públicas la mitad que en 2010. Se trata de la mayor paralización de obra civil de las últimas décadas, lo que se traducirá en más paro, cierre de empresas y pérdida de competitividad. No se trata de hacer obras faraónicas, sino salvar la brecha con Europa en transportes, comunicaciones, obras hidráulicas, depuradoras de aguas y equipamientos sociales. Hace falta pactar un Plan de infraestructuras para una década y pelear con Bruselas para financiarlo, con créditos y ayudas europeas, que se acaban. Nos jugamos la competitividad y el futuro.

Hemos pasado de un extremo al otro en tres años: de ser el país de Europa que más invertía en infraestructuras (unos 25.000 millones al año en el boom 2004-2008) a recortar la inversión a menos de la mitad (- 20.000 millones en los últimos 3 años). De la burbuja de las infraestructuras, con obras faraónicas por doquier, a no tener presupuesto para hacer depuradoras, arreglar viejas carreteras o terminar obras hidráulicas contra la sequía.

En el Presupuesto 2012, la inversión en infraestructuras de Fomento (11.386 millones) cae un 22,2%, que se suma a los recortes de 2011 (-31,7%) y 2010 (-19%), con lo que es ya la mitad que hace dos años (21.240 millones en 2010). El mayor tajo se lo llevan las obras hidráulicas     (-36,3%), cuando España tiene un serio problema de sequía y Bruselas nos ha llamado la atención por la mala depuración de las aguas residuales. También caen las inversiones medioambientales (-64% en 2 años) y en puertos (-33,1%), donde ha habido un exceso de hormigón. Sube la inversión en carreteras (+7,8%), aunque apenas hay dinero para conservación: 873 millones, la mitad de lo que haría falta, según la Asociación Española de la Carretera, que denuncia que tenemos” la peor red de carreteras en 25 años”.

La mitad del presupuesto se lo lleva el ferrocarril, sobre todo la alta velocidad (4.187 millones para el AVE), con fuertes inversiones en los accesos a Galicia (1.217 millones) y al País Vasco (1.080 millones AVE Norte), donde habrá elecciones en 2013. Y 135 millones  para el AVE a Extremadura, que ya no continúa a Portugal. El Gobierno Rajoy (gallego como la ministra de Fomento) apuesta por llevar el AVE a Galicia, más de 10.000 millones para una dudosa inversión: no llegará a 2 millones de pasajeros cuando harían falta más de 3 (en el primer trimestre, el AVE Orense-Santiago-A Coruña ha transportado una media de 68 pasajeros por tren). Mientras, Cercanías se lleva sólo 28,5 millones del Presupuesto 2012, aunque las utilicen millones de pasajeros. Y la mayoría de los puertos y aeropuertos siguen sin conexión con el ferrocarril.

A este recorte de 3.300 millones en Fomento hay que sumarle el de autonomías y Ayuntamientos, con lo que el tajo serán unos 8.000 millones, que van a provocar unos 150.000 despidos y la asfixia de muchas empresas. Sobre todo, porque hay muchas obras ya comprometidas (1.700 millones heredados en carreteras y 28.000 millones en ferrocarril, según Fomento), con lo que apenas habrá obra nueva. Y eso supone la puntilla para las empresas, que ya han sufrido una drástica caída de la licitación pública: de 47.198 millones en obras públicas (2006) se ha pasado a 13.659 (2011).

Este tijeretazo en las obras públicas se da en un país que todavía tiene un gran retraso de infraestructuras frente a Europa. La propia patronal CEOE ha pedido al Gobierno que se inviertan 80.000 millones en infraestructuras en 5 años, en tres frentes. Uno, construir 5 corredores ferroviarios (Bruselas sólo va a ayudarnos a financiar el Mediterráneo y el Atlántico), invirtiendo 50.000 millones, para duplicar el transporte de mercancías por tren (van sólo el 4%, frente al 11% en Europa). Dos, invertir 16.000 millones en el ciclo del agua, con infraestructuras y depuradoras. Y tres, invertir en equipamientos sociales: 4.600 millones en 30 nuevos hospitales y 10.000 millones en residencias de ancianos (en Dependencia podrían crearse un millón de empleos, según CEOE).  

Para financiar estas obras, los empresarios plantean invertir ellos la mitad, a cambio de concesiones, tarifas y créditos. El Gobierno Rajoy está preparando para julio un Plan de infraestructuras 2012-2024, donde contempla invertir 225.000 millones (unos 16.000 al año, frente a los 20.000 de los ocho años anteriores). Para financiarlo, contempla pedir créditos al Banco Europeo de Inversiones (BEI), abrir una línea de crédito oficial (ICO) y buscar capital privado, a cambio de darles concesiones y privatizar la gestión de las obras (ya lo han hecho con hospitales y residencias).

Hay que volcarse en este Plan, porque es la última oportunidad para recuperar el retraso en infraestructuras frente al norte de  Europa, con quien tenemos que competir. Y la última oportunidad de optar a fondos europeos (los de cohesión se nos acaban en 2014). Invertir en infraestructuras que hagan falta es clave para relanzar la inversión, el empleo (18 empleos por cada millón invertido) y los ingresos públicos (580.000 € de ingresos fiscales y menos gastos en desempleo por cada millón invertido). Y para conseguir una industria y un transporte con menos costes y menos consumo de energía, más competitivos.

Ha habido muchos excesos: AVEs sin viajeros, autopistas sin coches, puertos sin barcos o aeropuertos sin aviones. Pero recortar la inversión en infraestructuras es un suicido para un país en recesión, que va camino de los 6 millones de parados y que todavía tiene retrasos frente a Europa en transportes, comunicaciones, gestión del agua, equipamientos y medioambiente. Hace falta un gran Pacto de infraestructuras para una década  y sumar esfuerzos para financiarlo. Y pelear con otros países de la Europa del Sur para conseguir más fondos europeos. El Plan Marshall del que se habló en la Cumbre europea de enero y que quedó en agua de borrajas. Un Plan de grandes obras para salir de la recesión invirtiendo en futuro. No podemos esperar más.

Sube el agua y subirá mucho más

La mayoría de Ayuntamientos han vuelto a subirnos el agua este año, el 3% y más. Buscan desesperadamente ingresos y muchas veces utilizan la subida del recibo para tapar agujeros. Pero en la mayoría, el recibo del agua no paga el servicio y provoca un serio déficit municipal: los españoles sólo pagamos el 70 % de lo que cuesta abastecer y depurar el agua, la mitad que los europeos. Bruselas y la OCDE insisten en que deben repercutirse los costes y que el agua debería subir más, duplicar su precio en cinco años, algo asumible ya que pagamos 6,5 euros al mes por persona. Además, hay un gran desorden en la gestión municipal y autonómica y muchos piden una Agencia Estatal del Agua, mientras políticos del PP defienden privatizar el servicio.  

enrique ortega

El agua es un bien escaso (y más con las sequías derivadas del cambio climático) pero barato. De hecho, cada familia gasta unos 190 euros al año en el recibo del agua, según el INE (2007), un 0,60% de su presupuesto, menos que en agua embotellada y refrescos (0,73%), luz (2,22%), teléfono (2,82%) o restaurantes y cafés (9,23%). Y tres días de consumo de agua nos cuesta lo que un café, una caña o dos barras de pan.

El precio medio del agua en 2011 era de 1,65 euros por m3, para los usuarios con un consumo medio y un contador de 15mm, el más habitual (el diámetro de la tubería y el caudal es un factor clave en la factura). Las ciudades con el agua más cara son Alicante (4,20 € m3), Murcia (3,12 € m3), Córdoba y Tenerife (2,28 € m3) y las más baratas Valladolid (0,79 € m3), Ciudad Real (0,92 € m3) y Coruña (1,02€ m3), según FACUA. Y entre las grandes ciudades, la más barata es Zaragoza (1,06 € m3), seguida de Bilbao (1,16 € m3), Madrid (1,53 € m3), Valencia (1,60 € m3), Barcelona (1,79 € m3) y Sevilla (1,89 € m3).

Estos precios del agua son más bajos que en Europa. Así, el agua en Madrid (1,53 € m3) o Barcelona (1,78 € m3) dista mucho de los 4,92 € m3 que se paga en Berlín, los 2,56 € m3 de Londres o los 2,12 € m3 de París. Y si homogeneizamos precios con rentas, el porcentaje de sus ingresos que dedica un español a pagar el agua es la mitad que el de un europeo.

Y eso, porque el recibo del agua está subvencionado, no paga los costes reales del abastecimiento (60% del recibo) y saneamiento (un 40% para alcantarillado y depuración). Se estima que el recibo paga del 57 al 95% de los costes, según ciudades, con una media del 70% de lo que cuesta abastecer y depurar el agua. Esto promueve el consumo y el mal uso del agua, un bien escaso, por lo que Bruselas aprobó en octubre de 2000 una Directiva Marco del Agua (DMA) que obligaba a los países europeos a repercutir los costes en las tarifas… en 2010. Y la OCDE, en su último informe sobre España, recomienda “un aumento gradual de los precios del agua que contemple la recuperación total de los costes”.

En los últimos cuatro años, el agua ha subido más, pero no es suficiente. Muchos ayuntamientos y autonomías tienen medio quebrada su empresa pública de aguas (el déficit de la Agencia Catalana de Agua es de 1.300 millones). Y no tienen dinero para realizar las inversiones necesarias en infraestructuras, desde acometidas y depuradoras (muchos  pueblos de menos de  5.000 habitantes carecen de depuradora, sobre todo en la costa y las islas) hasta sustitución de tuberías centenarias. Hace falta invertir 19.000 millones de euros, que ya no van a venir de los fondos europeos. El recorte de proyectos ya  ha forzado a salir al extranjero a muchas empresas españolas de gestión del agua, que son punteras en el mundo (sobre todo en desalinización), con grandes proyectos en EEUU, Oriente Medio y África.  

La solución es que una gran parte de las inversiones futuras y la gestión de las instalaciones actuales se paguen con las tarifas, con un mayor precio del agua. ¿Cuánto más? Cataluña estudia subir el recibo del agua un 75% en cinco años. Y muchos expertos defienden que habría que duplicar el precio del agua. Algo asumible para el usuario, ya que gastamos una media de 130 litros por persona al día, lo que supone un gasto de 6,5 euros al mes, que pasaría a 13 euros por habitante, 52 euros al mes por familia en agua, menos que en móviles.

A cambio, habría que poner orden en la gestión del agua, repartida entre ayuntamientos y hasta 8 administraciones más, con tarifas y recibos muy dispares entre ciudades y poco transparentes para el usuario, demasiadas pérdidas por roturas y fugas (¡ hasta un 16,8% ¡ ) y una desigual calidad, en general baja, como demuestra el boom de ventas del agua embotellada. Actualmente, la gestión del agua se reparte al 50% entre empresas públicas y privadas (Agbar y FCC controlan el 90%) y hay políticos, como en Madrid, que defienden privatizar el agua. Los Ayuntamientos ganan porque ingresan más, al cobrar  un canon no finalista a la concesionaria, que pagamos los consumidores sin que tengamos la seguridad de que va a costear un mejor servicio del agua y no  a pagar las nóminas municipales o una rotonda.

Con gestión pública o privada, hace falta una Agencia Estatal del Agua que ponga orden en la gestión y el suministro del agua, homogeneizando el servicio y garantizando la calidad. Y un esfuerzo público en infraestructuras, para hacer frente a la sequía y modernizar un país donde hay muchos pueblos y urbanizaciones con vertidos a los ríos y al mar y con traídas de aguas obsoletas. Y hace falta un Pacto político por el agua entre las administraciones. Sólo así  nos pueden pedir que paguemos más en el recibo. Claro como el agua.