Las autonomías rebajan el gasto social

Las 11 autonomías gobernadas por el PP han rechazado el perdón de parte de su deuda y pasarla a la Administración central, como aprobó el Gobierno Sánchez a principios de septiembre. Argumentan que supone una concesión a los nacionalistas catalanes, aunque 7 de cada 10 euros a condonar benefician a sus autonomías. Consecuencia: los ciudadanos que viven en esas 11 autonomías no podrán beneficiarse del recorte de intereses que supone quitarles parte de su deuda: 6.700 millones que se ahorrarían y que el Gobierno propone que destinen a aumentar el gasto social. Algo que hace mucha falta, porque en 2024, las autonomías recortaron su gasto social: gastaron 2.364 millones menos en sanidad, educación, Dependencia y servicios sociales, además de reducir el peso de este gasto social en sus Presupuestos desde 2019. Y hay enormes diferencias entre el mayor gasto social del País Vasco, Extremadura o Asturias y el menor de Madrid, Cataluña, Murcia o Valencia. Estamos en manos de las autonomías, que son como el perro del hortelano…

                              
                          Enrique Ortega 

España lleva más de 4 décadas fortaleciendo el Estado del Bienestar, aumentando el gasto social en sanidad, educación, Dependencia y servicios sociales, más el gasto en pensiones, aunque en los últimos años ha caído drásticamente el gasto público en vivienda. Pero este creciente gasto social se vio muy afectado por los recortes impuestos por Bruselas en 2010 y que agravó Rajoy a partir de 2012. La consecuencia es que el gasto social (sanidad, educación, Dependencia y servicios sociales), que gestionan las autonomías (con las transferencias del Estado y sus propios recursos) , cayó desde un máximo de 116.851 millones en 2009 a un mínimo de 99.937 millones en 2013. Y después se fue recuperando, lentamente, hasta los 122.487 millones de gasto social en 2019, aumentados en 2020 (137.182 millones) por la pandemia y el mayor gasto sanitario y las ayudas. Y en 2023, el gasto social  ya alcanzó los 159.393 millones de euros.

Pero la tendencia ascendente del gasto social (sanidad, educación, Dependencia y servicios  sociales) se truncó en 2024, año en que el gasto social bajó en 2.364 millones, cerrándose el año con un gasto de 157.029 millones, según un detallado informe recién publicado por los Directores y Gerentes de Servicios Sociales. Esta bajada del gasto social de las autonomías contrasta con la subida de sus Presupuestos totales (gastaron +9.753 millones en 2024), aumentando mucho el gasto no social (+11.801 millones) y el pago de intereses de la deuda (+315 millones). A lo claro: que las autonomías gastaron menos en 2024 en sanidad, educación y servicios sociales pero gastaron más en todo lo demás…

El problema no es sólo el recorte de gasto social en 2024. Lo más preocupante es que el gasto social tiene cada vez menos peso en los Presupuestos de las autonomías, según demuestra el estudio de los Directores y Gerentes de Servicios Sociales: si en 2010 gastaban dos tercios del Presupuesto (el 67,4%) en gasto social (sanidad, educación y servicios sociales), en 2019 ya había bajado al 61,2% y en 2024 gastaron en las partidas más sociales poco más de la mitad de los Presupuestos autonómicos (el 59,1%). Y si analizamos las diferentes partidas, la que sale peor parada es la sanidad: ha pasado de representar el 36,4% del gasto autonómico en 2010 a representar el 30,9% del gasto en 2024. La educación pasa de llevarse el 23,9% del gasto en 2010 al 20,3% en 2024. Y sólo ganan peso los servicios sociales (por el mayor gasto en Dependencia), que saltan del 7,1 al 7,8%.

Y no sólo tiene menos peso el gasto social en el gasto total de las autonomías sino que, además, este gasto social (en sanidad, educación y servicios sociales) ha crecido menos que el resto de loas gastos autonómicos. Así, entre 2019 y 2024, el gasto social autonómico ha crecido un +25,13%, la cuarta parte que el resto de las partidas de gasto autonómico. Y además, ese mayor gasto se lo ha “comido” casi totalmente la inflación en estos años (+21,3% creció el IPC entre 2019 y 2024). Así que el gasto social “real”, descontando la inflación, apenas ha crecido. Lo más preocupante es la evolución del gasto en educación (que ha crecido un +27,1% entre 2019 y 2024) y en sanidad (el gasto ha crecido un +30,1%), mientras el resto del gasto autonómico no social creció un 42,1% (2019-2024).

Otra cuestión preocupante, además de la caída del gasto social en 2024 y su menor peso en el gasto total en los últimos años, es la desigualdad del gasto social por autonomías. Si el aumento del gasto social autonómico ha sido del +25,13% (entre 2019 y 2024), hay 3 autonomías donde ha crecido mucho menos e incluso ha caído el gasto social en términos reales (descontando la inflación esos años, que fue del 21,3%): Cataluña (gasto social ha crecido +14,9% entre 2019 y 2024), Murcia (+15,07%) y Madrid (+16,43%), según el estudio de los Directores de Servicios Sociales. Y al otro lado, hay 8 autonomías donde el gasto social ha crecido más que la media, por encima del 30%, destacando Extremadura (+37,8%), Canarias (+35,65%), Navarra (+35,31%), Baleares (+33.05%) y la Rioja (33.05%).

Es importante saber que hay autonomías que han hecho un gran esfuerzo estos años en su gasto social, aumentando bastante lo que gastan en sanidad, educación, Dependencia y servicios sociales, y otras que apenas han aumentado este gasto social. En conjunto, el gasto social por habitante en España ha aumentado en 658 euros entre 2019 (2.619 euros) y 2024 (3.277 euros). Pero hay 3 autonomías (las mismas) que apenas han aumentado su gasto social por habitante desde 2019: Madrid (+381 euros, la mitad que el conjunto de España), Cataluña (+382 euros) y Murcia (+427 euros) . Y otras autonomías lo han aumentado mucho más que la media: Navarra (+1.174 euros/habitante), Extremadura (+1.132), Asturias (+967), País Vasco (+953), la Rioja (+919) y Castilla y León (+903 euros/habitante).

Al final, las autonomías “se retratan” con el gasto social (sanidad, educación y servicios sociales) que hacen por habitante (datos de 2024). A la cola están, una vez más, Madrid (gasta 2.703 euros/habitante, 574 euros por persona menos que la media española), Cataluña (2.991 euros/habitante), Andalucía (3.158 euros/habitante) y Murcia (3.259 euros/habitante. Y en cabeza del gasto social vuelven a estar Navarra (4.500 euros de gasto social por habitante, casi el doble que Madrid), País Vasco (4.343 euros) y Extremadura (4.124 euros), seguidas de Asturias (3.960) y Cantabria (3.702). Un ranking de gasto social que explica bien los mayores problemas en la sanidad, en la educación y los servicios sociales en algunas autonomías (Madrid, Cataluña, Andalucía y Murcia). Algo que debería ser clave a la hora de votar.

Si desglosamos el gasto social por habitante, aparece la misma desigualdad por autonomías. En el gasto sanitario, la media de gasto por habitante era de 1.717 euros/habitante en 2024, según el informe de los Directores de Servicios Sociales. Pero hay 5 autonomías que gastaron mucho menos: el farolillo rojo vuelve a ser Madrid (1.415 euros/habitante de gasto sanitario, 500 euros menos que la media), Cataluña (1.457), Murcia (1.602), Comunidad Valenciana (1.623) y Andalucía (1.659). Y en cabeza del gasto sanitario se repiten Asturias (2.318 euros/habitante, casi el doble que Madrid), País Vasco (2.222), Navarra (2.170) y Extremadura (2.164 euros/habitante).

La misma desigualdad autonómica se percibe en el gasto en educación por habitante, cuya media en España fue de 1.126,9 euros (2024). El farolillo rojo en el gasto educativo vuelve a ser Madrid (910 euros gastados por habitante), seguida en este caso por Asturias (1.034 euros/habitante), Cataluña (1.042), Galicia (1.055), Canarias (1.069) y Castilla la Mancha (1.076 euros/habitante). Y en cabeza del gasto educativo se repiten País Vasco (1.608 euros/habitante, casi el doble que Madrid), Navarra (1.492) y Extremadura (1.300 euros), seguidas de Murcia (1.264), Comunidad Valenciana (1.255) y la Rioja (1.251 euros).

El tercer gasto social importante (Dependencia y servicios sociales) también es muy desigual por autonomías, con una media en España es de 433 euros/habitante (2024). Aquí, el farolillo rojo es Baleares (273,7 euros/habitante, casi la mitad), seguida de Canarias 8327,8 euros) y los habituales, Andalucía (368,6 euros)) y Madrid (377 euros/habitante). Y en cabeza del gasto en servicios sociales aparecen las regiones más ricas o envejecidas: Navarra (836,9 euros/habitante, más del doble de gasto que Madrid), Extremadura (659,5 euros), Asturias (608), la Rioja (560), País Vasco (512), Cantabria y Castilla y León (505 euros/habitante).

Tras esta avalancha de datos, hay una conclusión clara: el gasto social en España es bajo, pero hay una serie de autonomías que se toman más en serio que otras el gasto en sanidad, educación, Dependencia y servicios sociales. Y que varias autonomías gobernadas por el PP están a la cola del gasto social, mientras recortan impuestos (más a los que más tienen), lo que repercute en un menor gasto social. Y no se pueden quejar de que gastan poco porque el Gobierno les aporta pocos fondos de su recaudación, ya que la aportación del Estado central a las autonomías ha alcanzado cifras récord en los últimos años. Así, en 2024, el año en que las autonomías han bajado su gasto social (-2.364 millones), las transferencias de la Administración central a las autonomías fueron de 147.412 millones de euros, una cifra récord. Y en los 7 años de Gobierno Sánchez (2018-2024), las autonomías han recibido del Estado central unos 300.000 millones más de lo que recibieron durante los casi 7 años del Gobierno Rajoy (2012-2018).

A pesar de que tienen más recursos (transferidos y propios), las autonomías gastaron menos en sanidad, educación y servicios sociales en 2024. Y desde 2019, el peso del gasto social en sus cuentas es menor. ¿Qué pasa? Básicamente, que muchas autonomías gastan más en otras cosas (transporte, deuda, obras y servicios…) y menos en gasto social  (tampoco gastan  en vivienda, donde las autonomías apenas promueven viviendas ni conceden ayudas con fondos propios). Además, en muchos casos, utilizan parte de las mayores transferencias del Estado para otras cosas, como bajar impuestos. De hecho, en varios años, el Gobierno ha aumentado su financiación a la Dependencia y algunas autonomías han aprovechado estos mayores recursos para gastar ellos menos en Dependencia, como han denunciado los Directores de Servicios Sociales.

El problema que tenemos los ciudadanos es que la gestión del gasto social (sanidad, educación, Dependencia y servicios sociales) está en manos de las autonomías (como tantas cosas, desde los incendios hasta la vivienda) y cada una gasta y gestiona a su aire, con tremendas diferencias que luego se traduce en la deficiente sanidad que tenemos (con listas de espera crecientes y 13 millones de españoles pagando un seguro privado), en la infra financiada educación (un gasto creciente para las familias) y en la insuficiencia de los servicios sociales y la Dependencia (286.861 dependientes están “en lista de espera”, la cifra más alta en 10 años, con una espera media de 342 días).

Las autonomías, sobre todo las 11 gobernadas por el PP, se quejan de falta de recursos  y exigen un nuevo sistema de financiación, pendiente desde 2014. Pero la actual polarización política impide cualquier acuerdo sobre cómo financiar en el futuro las autonomías, de las que dependen la mayoría de los servicios públicos que necesitamos los ciudadanos. A falta de una nueva financiación, el Gobierno va poniendo parches, desde ayudas para paliar los efectos de la COVID a ayudas para la enseñanza (ahora para la educación pública de 0 a 2 años). Y la última medida para aportar más recursos a las autonomías ha sido la condonación (perdón) de parte de su deuda, aprobada por el Gobierno el 2 de septiembre.

El origen de parte de la deuda autonómica se remonta a 2009, cuando la crisis financiera y de la deuda provocaron un desplome de la recaudación, obligando a las autonomías a endeudarse (con los bancos y con Hacienda, a través del FLA): se estima que entre 2009 y 2014, el endeudamiento de las autonomías aumentó en 109.000 millones de euros. Ahora, el Gobierno Sánchez ha aprobado una quita de deuda autonómica de 83.252 millones, la cuarta parte de la deuda total que tienen las autonomías. La idea es que esta deuda pase a la Administración Central y la paguemos todos los españoles vía Presupuestos, liberando a las autonomías del coste de esta deuda.

Las 11 autonomías gobernadas por el PP han dicho que no van a pedir la quita de esta deuda, porque es “una maniobra” del Gobierno para contentar a los nacionalistas catalanes (tanto Ezquerra como Junts habían exigido la quita de la deuda catalana para pactar con Sánchez). Pero Hacienda reitera que la quita es para todas las autonomías (no sólo para Cataluña) y que 7 de cada 10 euros de la quita benefician a las autonomías gobernadas por el PP (18.791 millones de quita a Andalucía, 17104 millones a Cataluña, 11.210 millones a la Comunidad Valenciana y 8.644 millones de quita a Madrid: ver cuadro de reparto de la quita ), por lo que rechazar la quita es “tirar piedras contra su propio tejado”.

Pero este rechazo (político)  del PP tiene una consecuencia más preocupante: la sufriremos los ciudadanos de estas 11 regiones. Porque la quita de esos 83.252 millones de deuda supondría que las autonomías se ahorrarían 6.700 millones anuales en pago de intereses, un dinero que el Gobierno les propone que utilicen para aumentar su gasto social (para gastar más en sanidad, educación, Dependencia y servicios sociales) y en vivienda. Es una cifra importante, el triple del recorte en gasto social que han hecho en 2024 (-2.364 millones). Para la Comunidad Valenciana, aceptar la quita supondría tener 724 millones más al año para gastar, 716 millones para Cataluña, 506 millones para Murcia, 414 millones para Aragón, 348 millones para Madrid o 201 millones más para Andalucía, por ejemplo. Podrían contratar más médicos o profesores o ayudar a más dependientes. Pero rechazan hacerlo “para atacar y desgastar” al Gobierno.

En definitiva, tenemos un serio problema en el Estado del Bienestar, donde faltan medios y financiación en la sanidad, la educación o los servicios sociales, pero su gestión está en manos de las autonomías, que por tener otras prioridades políticas o por mala gestión, están recortando el gasto social, unas mucho más que otras, configurando enormes desigualdades que sufrimos los ciudadanos. Urge mejorar el gasto social, porque nos importa a todos.

Los retos económicos del Gobierno Sánchez

El nuevo Gobierno Sánchez empieza a trabajar y su gran reto no será la amnistía sino afrontar una economía española que crece menos y una economía europea estancada, con 10 paises decreciendo. Su estrategia “socialdemócrata” busca crecer y repartir la riqueza, con ayudas a familias, empresas y modernización de la economía, para que sea más verde y digital. Problema: con poco crecimiento (1,7% en 2024), será difícil recaudar y gastar más, porque Bruselas exige reducir el déficit público, lo que obliga a ajustar gastos (-15.000 millones), máxime con una derecha europea radicalizada ante las elecciones UE (junio 2024). El Gobierno tendrá difícil cuadrar los Presupuestos 2024 y reforzar a la vez el Estado del Bienestar (sanidad, educación, Dependencia, vivienda) sin tocar impuestos (exigiría una reforma fiscal). La clave será contener la inflación y mantener el consumo familiar (subiendo salarios por mejoras de productividad). Y gastar bien los Fondos europeos. Que la economía y el empleo se mantengan, para poder gastar en lo mucho que hace falta. Suerte. 

                 Enrique Ortega

La situación económica no va a ayudar al Gobierno Sánchez en esta Legislatura. Por un lado, la economía española va a crecer mucho menos este año (+2,4%) y sobre todo en 2024 (+1,7%)  de lo que creció en los dos últimos años, en 2021 (+6,4%) y 2022 (+5,8%). Y por otro, el nuevo Gobierno echa a andar con una economía europea estancada, que apenas va a crecer en 2023 (+0,6%) y con 10 paises europeos cuya economía caerá esta año: Alemania (-0,3%), Austria (-0,5%), Luxemburgo (-0,6%), Suecia (-0,5%), Irlanda (-0,9%), Estonia (-2,6%), Letonia (-0,2%), Lituania (-0,4%), República Checa (-0,4%) y Hungría (-0,7%), según la Comisión Europea. Y en 2024, la economía europea apenas mejorará: crecerá un +1,3% (menos de la mitad del 3,4% que creció en 2022).

Esta debilidad en el crecimiento de España y Europa complicará la política económica del Gobierno Sánchez, cuya estrategia “socialdemócrata” se basa en “crecer para recaudar y redistribuir”: su objetivo es crecer y crear empleo y riqueza, para después, con los impuestos, poder dedicar recursos públicos a reforzar el Estado del Bienestar y a modernizar la economía. El problema es que si se crece menos, se recauda menos y resulta más difícil gastar en sanidad, educación, pensiones, dependencia o en el ajuste energético y digital de la economía. La otra estrategia ya la conocemos, de la crisis financiera y Rajoy, los ajustes: se crece menos, se ingresa menos y se recortan gastos públicos, desde la sanidad a las pensiones.

El primer reto del nuevo Gobierno va a ser la aprobación de los Presupuestos para 2024. La clave serán los gastos. La elaboración de las cuentas públicas se hace al revés: primero analizar cuántos gastos son ineludibles, luego ver qué ingresos se pueden conseguir y a la vista del déficit que resulta, ver cómo conseguir más ingresos o qué gastos hay que recortar para cuadrar las cuentas. Este año, como los anteriores, un tercio del gasto público será para pagar las pensiones (casi 200.000 millones), donde el Gobierno tiene poco margen, porque tienen que subir, por Ley, lo que la inflación (un +3,8% previsto hasta noviembre). Otro gasto fijo son los sueldos de los funcionarios (+2% y un 0,5% adicional).Y un tercer gasto obligado son los intereses de la deuda pública, una factura disparada por la subida de tipos (habrá que pagar 39.078 millones, frente a 26.805 millones en 2021).Y a partir de ahí, analizar qué margen queda para el resto del gasto social (Sanidad, Educación, Dependencia, ayudas sociales), vivienda e inversiones públicas. Con un dilema: si se mantienen las ayudas contra la inflación a familias, sectores y empresas (rebaja impuestos energía y alimentos más ayudas directas), que cuestan 15.000 millones anuales.

Analizados los gastos, habrá que ver los ingresos, con un problema: no se pueden aprobar nuevos impuestos ni una reforma fiscal (necesaria), porque eso exigiría aprobar una Ley previa. Así que se mantendrán los impuestos como están, incluyendo en 2024 el impuesto extraordinario a las energéticas y bancos  (2.908 millones recaudados en 2023) y el impuesto a las grandes fortunas (623 millones). Y todo apunta a que la recaudación de Hacienda no crecerá tanto en 2024, al crecer menos la actividad y el empleo. En 2022 se pudo gastar más, porque hubo un récord de recaudación (255.000 millones, +14,4%), pero en 2023 (el PIB crece casi un tercio) la recaudación crece menos (+5,1% hasta junio) y crecerá todavía menos en 2024 (con un PIB menos y la mitad de empleos nuevos).

Vistos los gastos ineludibles y los ingresos posibles, el Presupuesto 2024 tiene una espada de Damocles: el déficit público (gastos-ingresos) no puede superar el 3% del PIB, porque Bruselas ha advertido que en 2024 vuelven las reglas fiscales, tras la “tregua” por  la pandemia  y Ucrania: un déficit público máximo del 3% (España cerrará 2023 con un 4,1%) y una deuda que no supere el 60% del PIB (España cerrará con el 106,5%). Así que España tendrá que recortar el déficit del 4,1% al 3%: eso son 15.000 millones de ajuste (o menos gastos o más ingresos o ambas cosas). El Gobierno Sánchez, en un primer borrador de las cuentas para 2024 (enviado en octubre) se comprometió con Bruselas a bajar el déficit al 3% del PIB, pero la Comisión Europea no se lo cree y prevé que sea del 3,2%. Tiene dos opciones: o pedir un recorte adicional (-0,2% serían -2.820 millones de ajuste) o “hacer la vista gorda”, dado que otros paises grandes tampoco van a cumplir  (estiman que el déficit de Francia e Italia será del 4,4% del PIB en 2024 y el de Bélgica el 4,9% de su PIB).

En definitiva, el Gobierno Sánchez tiene que hacer “encaje de bolillos” para contener los gastos, recaudar más y reducir el déficit a la vez. La clave va a estar en la marcha de la economía: si crece poco y pincha el empleo, será difícil recaudar más y poder gastar. El Gobierno apuesta por crecer un 2% en 2024 y crear 284.877 empleos (frente a 438.028 en 2023), pero tanto la Comisión Europea como el FMI apuestan por un crecimiento menor (+1,7%), que incluso la OCDE rebajó en octubre (+1,5%). De ser así, las cuentas 2024 no saldrían, porque se recaudaría menos (y habría que gastar más en ayudas).

Este es el gran reto económico del Gobierno para 2024 toda la Legislatura: crecer para poder gastar y redistribuir. Y a partir de ahí, ver si puede afrontar el otro gran reto: consolidar el Estado del Bienestar (frente al PP y Vox, que defienden  privatizar y recortar servicios), Eso exige recursos y gestión, pero sobre todo negociar con las autonomías (11 gobernadas por la derecha) que gestionan y financian (también con transferencias del Estado) la mayoría de servicios públicos. En Sanidad, el gran reto es recortar las listas de espera, que han batido récords en junio: 819.964 españoles esperan para operarse (112 días de media) y 79 de cada 1.000 pacientes esperan para ir al especialista (más de 60 días el 51,6%). Y además, mejorar la atención primaria y las urgencias, implantando un Plan de Salud Mental, que exige triplicar el número de psicólogos. En Educación, las prioridades son reducir el abandono escolar y los alumnos por aula, crear 300.000 plazas públicas en Formación Profesional y la inclusión de todos los niños de 0 a 3 años en centros públicos. Y en Dependencia, forzar a las autonomías a dedicar más recursos, junto al Estado, para reducir las listas de espera, que han aumentado en octubre (a 189.546), provocando que mueran 123 Dependientes cada día sin ayudas. Y extender el ingreso mínimo vital (alcanza ya a 2 millones de beneficiarios), pero sobre todo, que las autonomías no lo aprovechen para reducir sus rentas mínimas (como hacen Madrid y otras).

Dos retos claves para consolidar el Estado del Bienestar son poner orden en los impuestos y reformar el sistema de financiación autonómica. A pesar de las quejas de algunos, España sigue recaudando menos ingresos públicos que la mayoría de Europa: el 42,8% del PIB frente al 45,7% de media UE-27, el 46% en Alemania, el 46,8% en Italia y el 52,8% en Francia, según la Comisión Europea. A lo claro: España recauda 40.890 millones menos cada año que la media europea. Y eso sucede porque algunos pagan menos impuestos, sobre todo las grandes empresas y bancos, multinacionales y grandes fortunas, además de las numerosas exenciones en IVA e IRPF. Así que si queremos tener mejores servicios públicos, habrá que hacer una reforma fiscal para conseguir recaudar más, para que paguen esa minoría que hoy evade o elude impuestos. Hay un Libro Blanco de propuestas de expertos, entregado en marzo de 2022, que podría ser el punto de partida para esa necesaria reforma fiscal.

Y también está pendiente, desde 2014 (la prometió Rajoy), la reforma del sistema de financiación autonómica, fijar un nuevo mecanismo para financiar las autonomías y sus servicios públicos. El sistema actual, según un estudio de FEDEA, beneficia a Cantabria, la Rioja, Extremadura, Canarias y Castilla y León. Y perjudica a Comunidad Valenciana, Murcia, Cataluña, Andalucía y Baleares (cada balear recibe 2.296 euros, frente a 3.533 euros cada cántabro). Ahora, la reforma debería cambiar el peso de las distintas variables (población, renta, coste servicios públicos…) para hacer más justo el sistema de financiación.

En paralelo a esta reforma, difícil con la mayoría autonómica del PP, habrá que negociar la quita (“perdón”) de parte de la deuda autonómica, propiciada por haber incluido en el pacto de investidura la quita de 15.000 millones de deuda a Cataluña. La ministra de Hacienda ha reiterado que “habrá quita para todos”: el Estado asumirá 88.000 millones de los 191.747 millones de deuda autonómica que asumió el Estado (FLA) en 2012 (Rajoy), porque no conseguían financiarse. La autonomía más beneficiadas por esta “quita” de deuda sería Andalucía (-16.437 millones, el 64,7% de su deuda con el Estado), no Cataluña (-15.000 millones, el 20,5% de la deuda), seguidas de Madrid (no tiene deuda con el Estado, pero se le transferirán 12.979 millones para reducir su deuda privada), Comunidad Valenciana (-9.750 millones, el 20,2% de su deuda con el Estado), Galicia (5.757 millones, el doble de su deuda), Castilla y León (5.125, el doble de su deuda), Canarias (quita de 4.385 millones, el triple de su deuda), Castilla la Mancha (4.205 millones, el 37% de su deuda total), las 8 autonomías a las que se va a perdonar más deuda (6 del PP), aunque la quita será para todas.

Otros temas que protagonizarán esta Legislatura serán los retos laborales. El primero, un “escaparate” para la vicepresidenta Yolanda Díaz, será la subida del salario mínimo vital, que está en 1.080 euros (tras subir +47% desde 2018). La patronal quiere que suba sólo un 3% en 2024 (+32 euros mes) y otro 3% en 2025 (+33 euros), pero los sindicatos piden subirlo a 1.200 euros ya (+11%). El Gobierno tomará una decisión salomónica y podría subirlo en diciembre un 3,8% (la  inflación media anual prevista para noviembre), 41 euros (a 1.121 euros).

Pero hay más temas laborales pendientes. Uno clave es la reforma del despido, porque PSOE y Sumar pactaron en su programa de Gobierno “endurecer” las causas de los despidos (que han aumentado tras el fin de la COVID), lo que preocupa mucho a la patronal, porque cree que “encarecería el despido” en el futuro, dificultado la contratación. Otro tema pactado con Bruselas es la reforma del seguro de desempleo (somos el 2º país europeo que más gasta, tras Francia), para incentivar a los parados a reconvertirse, formarse y buscar trabajo. Y también está pendiente el Estatuto del Becario y la reforma de la jubilación parcial, para que los mayores trabajen menos horas y den paso a los jóvenes. Y urge aprobar  Planes de empleo para jóvenes, mujeres y mayores si el Gobierno quiere conseguir el pleno empleo (8% de paro frente al 11,84% actual). Con todo, “la medida estrella” de esta Legislatura será la prometida reducción de la jornada laboral, de 40 horas a 37,5 horas (2025). Además, Yolanda Díaz quiere aprobar un nuevo Estatuto de los Trabajadores (de 1980, aunque se ha retocado muchas veces), que incluya el trabajo digital, la transición verde, la participación de los sindicatos en las empresas o la representatividad empresarial.

Y quedan otros retos importantes, aunque menos mediáticos. Como afrontar el grave problema de la vivienda, con precios disparados del alquiler, por falta de un parque de viviendas públicas (y una baja promoción privada). La preocupante situación de los jóvenes, con un altísimo paro (27,82%) y un empleo precario y mal pagado, que, junto a los alquileres imposibles les obligan a vivir con sus padres (al 66% de los que tienen entre 18 y 34 años, frente al 49% en Europa). Y una mayor atención a las familias, para facilitar la conciliación laboral, los cuidados y los nacimientos, porque la demografía es uno de los grandes retos del siglo XXI: el año pasado nacieron 329.251 niños, 125.397 menos que en 2012. Y no podemos olvidar el otro gran reto de este siglo, la lucha contra la emergencia climática, una de las prioridades de este Gobierno, que debe avanzar en las energías renovables (poniendo orden a la actual burbuja) y en la reforma del mercado eléctrico aprobada por Europa. Otro gran reto (objeto de un nuevo Ministerio) es la digitalización de la economía y la Inteligencia artificial (para la que se aprobará un Reglamento europeo antes de fin de año). Y también es clave la reindustrialización de España, avanzar en las nuevas industrias (baterías, coches eléctricos, hidrógeno verde, nuevas energías, chips, datos…) donde España debe buscar su lugar en el mundo y asegurar así el crecimiento y el empleo del futuro.

Por retos y tareas no será. Retos económicos que deben apoyarse en una mejora de la formación de los españoles y en una cooperación de la inversión pública y privada, para aprovechar el tirón de los Fondos europeos. Y que debería contar con la colaboración de autonomías, instituciones y políticos de todo signo, porque nos jugamos el futuro de España y de los españoles, nuestra competitividad, empleo y nivel de vida. Todos estos retos sí son importantes y deberían unirnos, por encima de la amnistía. El dilema sigue siendo el mismo que hace años: avanzar o retroceder. En España y en Europa.

Un parche de liquidez para las autonomías

Tres semanas ha tardado Rajoy en salir en ayuda de las autonomías, la mayoría gestionadas por el PP. El riesgo de suspensión de pagos de la Comunidad Valenciana ha disparado  las alarmas y se ha aprobado una inyección de liquidez de 11.000 millones, más créditos del ICO. Un parche para pagar nóminas y a algunos proveedores, pero que no resuelve el tema de fondo: poner orden en las cuentas autonómicas. El Gobierno aprueba este viernes una Ley para controlar las cuentas públicas y aplicar sanciones, pero hay que revisar también sus competencias y su financiación. Con todo, las autonomías son culpables del 70% de desviación del déficit y tendrían que recortar 15.000 millones este año. O 20.000 si entramos en recesión. Un recorte imposible.

enrique ortega

Las autonomías engañaron al Gobierno Zapatero, a pesar de las promesas hechas a la ministra Salgado, en julio y en octubre de 2011, de que iban a recortar su déficit. A finales de año, Rajoy se encontró (¿no lo sabía, cuando el PP manda en 11 de 17 autonomías?) con que el déficit público era del 8,2% (en vez del 6%) y que las autonomías eran culpables del 70% de la desviación (15.000 de 22.000 millones). Y nos subió los impuestos a todos. Cuatro autonomías son las culpables de tres cuartas partes de  la desviación: Comunidad Valenciana (21%), Cataluña (15,5%), Andalucía (14%) y Castilla la Mancha (11,4%).

Además de “descubrir” el agujero, el Gobierno se encontró, los últimos días de diciembre, con el SOS de algunas autonomías. La Comunidad Valenciana era un polvorín: no podía devolver un crédito de Deutsche Bank ni pagar las nóminas y ya había aplazado el pago de la Seguridad Social de sus funcionarios, a pesar de un anticipo de 480 millones que les dio Elena Salgado antes de irse. El Gobierno avaló de palabra la refinanciación de la deuda y Montoro adelantó otros 110 millones para pagos urgentes. Baleares también había pedido un crédito para pagar las nóminas. Y Cataluña no ingresó en diciembre ni las retenciones del IRPF ni las cuotas de la Seguridad Social de sus funcionarios.

El Gobierno dejó claro que no iba a dejar caer a ninguna autonomía. Y así, aprobó la semana pasada una inyección de liquidez de 11.000 millones de euros: 8.600 son anticipos de la liquidación que les correspondía en junio y otros 2.400 son efecto de ampliar a 10 años la devolución de deudas con el Estado. Además, se pondrá en marcha en dos meses una línea de crédito en el ICO para que paguen parte de  las deudas a proveedores: 14.000 millones de euros, el 70% con laboratorios y empresas sanitarias.

Dinero contante y sonante y créditos a 5 años (al 3%) para evitar la suspensión de pagos de algunas autonomías. No todas, ya que el problema se concentra en cinco : Comunidad Valenciana (la más endeudada, 19,9% de su PIB, y la tercera con más déficit, un 4,2% según Fedea), Cataluña (segunda más endeudada, 19,7%, y un déficit del 2,4%), Castilla la Mancha (campeona del déficit, un 5,8% del PIB, y con un 18,3% de deuda), Murcia (4,7% de déficit y un 10% de deuda) y Baleares ( 4,1% de déficit y 16,8% de deuda).  

Resueltos los pagos más urgentes, queda hacer frente a la deuda autonómica, 135.151 millones de euros (12,6% PIB). El problema ahora es refinanciarla, a un interés elevadísimo, por encima del 8%. Cataluña y Comunidad Valenciana, las más endeudadas, ya han pedido al Gobierno que les avale o que lance hispabonos, para pagar menos intereses, pero Rajoy se lo está pensando, como Merkel con los eurobonos. También le piden emitir deuda sanitaria, para financiar la sanidad.

El salvavidas del dinero llegará a las autonomías a finales de enero y ahora falta que, a cambio, pongan orden de verdad en sus cuentas. Cataluña es la única que lleva dos años de recortes serios y ha aprobado un Presupuesto 2012, con ayuda del PP, que reduce 1.535  millones entre recortes y subida de impuestos (con tasa turística y euro por receta). La Comunidad Valenciana anuncia un ahorro de 1.075 millones, con recortes a funcionarios y más impuestos. Y Castilla la Mancha ha añadido otra rebaja de 350 millones a los 1.815 anunciados hace cuatro meses y que no se acaban de concretar.

El Gobierno aprueba este viernes una Ley de estabilidad presupuestaria, para controlar el déficit, que incluirá sanciones para las autonomías que incumplan. Y habla incluso de reformar el Código penal para meter en la cárcel a los gestores manirrotos, una “ocurrencia” de cara a la galería, ya que lo que hacen falta son controles previos, que eviten más engaños y “sustos”: el ministro de Economía propone el control previo de los Presupuestos autonómicos, como exige Merkel en Europa para los Presupuestos nacionales.

Más control sí, pero hay que ir al fondo de la cuestión autonómica: cuánto deben gastar y cómo se financian. Definir con claridad sus competencias, suprimiendo duplicidades con el Estado central y los Ayuntamientos (incluida la supresión de la mayoría de sus 2.359 empresas públicas). Y revisar el sistema de financiación, del que se quejan la Comunidad Valenciana y Cataluña (por no primar suficiente la población) y Galicia, Murcia o Aragón, por primarla demasiado, Después, habrá que forzar a las autonomías que quieran gastar más, a pagarlo con más impuestos propios, no que tengamos que pagar los demás la Fórmula 1 o los desmanes urbanísticos de Camps, por ejemplo.

Al final, el problema es que las autonomías, manirrotas o no, van a tener que hacer las tres cuartas partes de los recortes de España en 2012. Tendrán que recortar de sanidad, educación, gastos sociales, infraestructuras y ayudas a empresas y empleo, dos tercios de sus gastos. Unos 15.000 millones para cumplir con Bruselas, que podrían ser 20.000 si entramos en recesión. Una cifra imposible para las autonomías. Eso es lo primero que hay que revisar. Salvo que queramos que cierren.

Autonomías endeudadas: el otro ajuste que viene

En medio de la crisis y de la tormenta de la deuda, un problema de fondo preocupa a los economistas y a los mercados: el despilfarro de las autonomías, cuyas cuentas pueden ser una bomba de relojería en los próximos meses. Ya se lo comentaron incluso los grandes empresarios a Zapatero en la Moncloa. La ministra Salgado ha conseguido un avance, al sacar a sus colegas autonómicos el compromiso de que publicarán trimestralmente sus cuentas. Pero de momento, en la foto de 2010, hay dos autonomías que tienen que tomar “medidas de calado”, porque tienen un “riesgo significativo” de no cumplir con el déficit previsto este año: Murcia y Castilla la Mancha. Y otras cuatro, tendrán que “hacer algo” para cumplir, aunque su riesgo es moderado: Comunidad Valenciana, Canarias, Galicia y Castilla León.

De momento, las autonomías señaladas con el dedo no se dan por aludidas e insisten que van a cumplir o que están en la lista negra por divergencias contables con el Gobierno central. Para forzarlas a “hacer los deberes”, la ministra Salgado ha anunciado ya que no permitirá endeudarse más este año a Murcia y a Castilla la Mancha. Pero sí al resto, con lo que las autonomías volverán a echar mano de las emisiones de deuda para cuadrar sus cuentas. De entrada, ya han emitido 27.226 millones de deuda este año y acumulan una deuda de 120.000 millones de euros, contando las empresas públicas autonómicas. Las autonomías más endeudadas son Cataluña (29.503 millones), Comunidad Valenciana (16.280), Madrid (12.592), Andalucía (11.472) y Galicia (5.544), aunque en deuda por habitante el ranking lo encabezan Cataluña, Baleares Comunidad Valenciana, Navarra, Castilla la Mancha y la Rioja.

Un total de 12 autonomías han emitido deuda en 2010, pagando para poder colocarla un tipo del 5,65 % (País Vasco) al 6,46% (Galicia). Con ello, compiten con el Estado central en captar fondos y encarecen la deuda española. Además, el País Vasco, Cataluña y ahora la Comunidad Valenciana emiten deuda para particulares (bonos patrióticos),compitiendo con bancos y Cajas (que se llevan un 3% en comisiones) y con la financiación de empresas y pymes, a las que encarecen el crédito (ya de por sí caro y escaso).

Cara a 2011, las autonomías tienen que seguir ajustando sus cuentas, recortando su déficit al 1,31 % del PIB para que España cumpla con Bruselas. Pero, de momento, 8 autonomías han aprobado unos Presupuestos que incumplen: Extremadura (2,30% déficit), Andalucía (1,55%), Navarra (1,53%), Cantabria (1,48%), Castilla y León (1,45%), La Rioja (1,43%), Canarias (1,40%) y Aragón (1,38%). Al Gobierno central sólo le queda la opción de presionarles y prohibirles que se endeuden. Pero eso no arregla el problema de fondo: tienen que intentar aumentar ingresos (impopular y difícil en plena crisis) o recortar gastos, que es la clave. Y no tanto en inversiones (harían caer a más empresas y perderse más empleos) como en gastos corrientes, entre ellos gastos de personal, muy abultados: en los últimos tres años, las autonomías han aumentado sus plantillas en 231.400 personas, mientras apenas crecían las del Estado (que debían haber caído) y las de los Ayuntamientos.

Bruselas, los mercados y la crisis va a obligar a un gran ajuste del llamado “Estado de las autonomías”, no tardando mucho. Haría falta un gran pacto político para poner orden en ingresos y gastos, para reducir la factura autonómica. Pero nadie quiere poner el cascabel al gato. Como en el caso de los Ayuntamientos, serán los hechos los que fuercen el ajuste, que vendrá por la sanidad y la educación, las dos grandes partidas del gasto autonómico. Murcia y Castilla-la Mancha ya han empezado a no pagar a farmacias y algunos medicamentos. La Comunidad de Madrid ha recortado un 4,8 % el gasto en educación para 2011.Y en Cataluña se ha hablado del copago en la atención sanitaria. De nuevo, por no tomarse decisiones económicas a tiempo, lo pagaremos todos en hospitales, medicinas, colegios y Universidades.