Déficit público a la baja: cumplimos con Bruselas

Mientras el “ruido político” resulta insoportable, la economía sigue dando buenas noticias. No sólo vamos a crecer este año el triple que la zona euro, además crecemos con unas cuentas públicas más saneadas: en 2024, el déficit bajó del límite del 3% del PIB, por primera vez desde 2007 (salvo en 2018). Y en 2025, el Gobierno ha prometido a Bruselas un déficit del 2,5% del PIB, menor del que tendrán Europa, Francia, Italia y hasta Alemania. Este “milagro fiscal” se explica por la fuerte recaudación, debido al alto crecimiento y al aumento del empleo, los salarios, el consumo y los beneficios empresariales, mientras se moderan los gastos por menores ayudas públicas. Pero España tiene un problema fiscal de fondo: recaudamos menos que Europa (-57.200 millones este año), porque tenemos más fraude y menos ingresos en IVA, impuestos verdes, sociedades y Renta, donde Bruselas nos ha pedido cambios. Urge una reforma fiscal, para mejorar los servicios públicos. Pero, con el actual enfrentamiento político, resulta imposible.

                            Enrique Ortega

El déficit público elevado (más gastos que ingresos) ha sido un problema estructural en la economía española desde la crisis financiera de 2008. Antes, España tuvo “superávit” en sus cuentas públicas (ingresaba más de lo que gastaba) en 2005 (+1,2% del PIB), 2006 (+2,1%) y 2007 (+1,9%), con el Gobierno Zapatero. Pero llegó la crisis financiera e inmobiliaria, destrozando las cuentas públicas, con un déficit histórico en 2009 (-11,3% del PIB), 2010 (-9,5%) y 2011 (-9,7%). En 2012 llegó Rajoy y, tras regularizar gastos y “cubrirse” (subió el déficit al -11,6% del PIB en 2012), aplicó drásticos recortes en el gasto y la mayor subida de impuestos de la democracia. Con ello, y forzados por Bruselas, el déficit bajó al -7,5% en 2013, el -4,3% en 2016 y el -3,1% en 2017. En 2018, con el cambio de Gobierno y el menor gasto, el déficit público fue del -2,6% del PIB, bajando por 1ª vez del tope del 3% impuesto por la Comisión Europea. Y en 2020, con la pandemia, se disparó al -10,1%, el mayor “agujero fiscal” de toda Europa.

Esta vez, la estrategia de Bruselas no fue imponer recortes a los paises del sur de Europa (como entre 2008 y 2014) sino aprobar un Plan de recuperación y permitir que los Gobiernos aumentaran sus ayudas públicas, levantando el tope del 3% de déficit. Y España inició una senda de reducción del déficit público durante 4 años consecutivos: 2021 (-6,7% de déficit), 2022 (-4,7%), 2023 (-3,52%) y 2024, un año que se ha cerrado con un déficit público del -2,8%, según el dato enviado por el Gobierno a Bruselas y que no tiene en cuenta las ayudas públicas aprobadas por la DANA de Valencia (5.590 millones, el 0,35% del PIB): la Comisión acepta que los paises no incluyan como déficit los gastos provocados por catástrofes naturales. Así que, aunque el déficit total es del -3,15% del PIB, computa como el -2,8%.

Este déficit oficial de 2024 (-44.527 millones, el 2,8% del PIB) es el déficit público más bajo en España desde 2007 (con la salvedad del -2,6% de 2018). Y sitúa a España por debajo del déficit público de la UE-27 (-3.2% del PIB en 2024), de la zona euro (-3,1%), de Francia (-5,8% déficit en 2024) e Italia (-3,4%) y nos iguala con Alemania (-2,8% déficit en 2024), un país que llevaba décadas (hasta 2020) presumiendo de “superávit” en sus cuentas públicas y criticando a España y los paises del sur de Europa por sus abultados déficits.

¿Cuáles son las razones de este “milagro fiscal” que ha permitido bajar el déficit del 3%? Básicamente, el fuerte crecimiento de la economía española entre 2021 y 2024 (superior al del resto de Europa), que ha permitido recaudar más por varias vías: ha aumentado el empleo (+1.251.100 nuevos empleos entre 2021 y 2024), con lo que hay más gente pagando impuestos y gastando, han aumentado los salarios (en los últimos años, más que la inflación), ha aumentado el consumo (más recaudación por IVA) y han aumentado los beneficios empresariales, con lo que las empresas han pagado también más impuestos.

El aumento de recaudación fiscal en España estos últimos años es llamativo: ha pasado de 223.385 millones recaudados en 2021 a 294.734 millones en 2024 (+32% en tres años y +8,4% en 2024), según la Agencia Tributaria. En el IRPF, el salto en recaudación ha ido de 94.189 millones (2021) a 129.408 millones en 2024 (+37,4%). En el IVA, la recaudación ha pasado de 76.537 millones (2021) a 90.541 millones en 2024 (+18,3%). En el impuesto de Sociedades que pagan las empresas, la recaudación ha saltado de 24.609 millones (2021) a 39.096 millones en 2024 (+58,8%, el mayor aumento). En impuestos especiales (tabaco, alcohol y carburantes), el salto ha sido de 20.036 millones recaudados en 2021 a 22.128 millones en 2024 (+10,4%). Y en tasas y otros ingresos, la recaudación se ha duplicado (de 1032 millones en 2021 a 2015 en 2024). Una parte de esta mayor recaudación fiscal se debe a que Hacienda no ha “deflactado” la tarifa del IRPF (no ha descontado de los ingresos el efecto de la inflación, como pedía el PP y muchos expertos), por lo que hemos pagado 9.747 millones de más entre 2021 y 2024, según Funcas.

Este fuerte aumento de la recaudación, por la buena marcha de la economía, el empleo y el consumo, ha permitido además que el Gobierno mantuviera una serie de ayudas públicas (más gasto o menos ingresos), para compensar el shock energético por la guerra de Ucrania y el aumento disparatado de la inflación: menores ingresos por la rebaja del IVA en la electricidad (y en otros impuestos eléctricos), los alimentos y los carburantes, así como ayudas específicas a algunos sectores económicos  y a los colectivos más vulnerables(el ingreso mínimo vital beneficia a 2 millones de personas y son 1,7 millones los beneficiarios del bono social eléctrico, además de otras ayudas sociales y al alquiler). Y además, en 2024, el Gobierno ha tenido que hacer frente a 11.000 millones de gastos extras por sentencias  judiciales derivadas de medidas tomadas años antes por Gobiernos del PP (devoluciones forzadas por anulaciones reformas en el impuesto de sociedades en 2026, por complemento maternidad en pensiones, por devolución a jubilados de pagos a Mutualidades…).

En 2025 sigue bajando el déficit público, según los datos de Hacienda del primer trimestre: el déficit de todas las Administraciones públicas fue de -2.353 millones de euros (el -0,14% del PIB), casi la mitad que al inicio de 2024 (déficit de -4.092 millones, el 0,26% del PIB). Y recientemente, el 30 de abril, el Gobierno Sánchez ha enviado a Bruselas su previsión de déficit para 2025 y hasta 2031, en el llamado Informe de Progreso anual. Ahí, España se compromete a bajar el déficit público al  -2,5% del PIB en 2025  (descontando otra vez el gasto por la Dana de Valencia, que si no, aumentaría el déficit este año al -2,8% del PIB). Y traza una hoja de ruta para prometer seguir bajando el déficit año tras año, en 2026 (2,1% del PIB), 2027 (1,8%), 2029 (-1,5%), 2030 (1,2%, la mitad que este año) y 2031 (0,8%).

La Comisión Europea tiene ahora que analizar este Plan de recorte del déficit a medio plazo, pero parece que lo ve posible. Y eso supone, que si España rebaja el déficit al 2,5% del PIB este año 2025, seremos el país grande de Europa con las cuentas más saneadas, con un déficit más bajo del esperado por Bruselas (previsiones de primavera) para la UE-27 (déficit del 3,3% en 2025), la zona euro (3,2%), Francia (5,6%), Italia (3,3%) e incluso más bajo que el déficit previsto para Alemania (2,7% del PIB). Y si analizamos el “déficit público estructural”, el déficit “de fondo”, que no se debe a factores coyunturales, el déficit estructural español también bajará ligeramente en 2025 (al 2,8% del PIB, desde el 2,9% de 2024) y es menor del déficit estructural para 2025 que esperan Francia (5,2% del PIB) e Italia (3,7%).

El informe del Gobierno enviado a Bruselas justifica esta nueva bajada del déficit en 3 factores que permitirán aumentar los ingresos públicos, aunque algo menos (+6,3%, frente a +8,4% en 2024). Uno, el fuerte crecimiento de la economía española : espera que crezca +2,6%, frente al +0,9% la zona euro, un crecimiento que avalan las últimas previsiones de la Comisión Europea. El 2º factor que permitirá reducir el déficit es que no habrá rebajas fiscales temporales (electricidad y gas, alimentos o carburantes), como en años anteriores. Y el tercero, que se aprobaron en diciembre de 2024 algunos “retoques fiscales” que servirán para aumentar ingresos: tipo mínimo 15% para impuesto sociedades multinacionales, limitaciones bases negativas y deducciones grandes empresas, aumento tipo máximo en IRPF de las rentas de capital, subida impuesto al tabaco y aumento de cotizaciones sociales a los sueldos más altos. Eso sí, el Gobierno no consiguió subir los impuestos al gasóleo que exige Europa.

Respecto a los gastos, el Gobierno promete a Bruselas que subirán menos (+4,1%), porque habrá menos gastos en ayudas para compensar la alta inflación de años anteriores y crecerá como la economía (no más) el gasto en pensiones (224.000 millones en 2025). Y aseguran que el aumento aprobado del gasto en Defensa (del 1,2 al 2% del PIB en 2025) no supondrá más déficit, porque esos 10.471 millones de gasto extra saldrán de otras partidas que ya no son necesarias y de reorientar Fondos europeos. Eso sí, la subida del coste de la deuda (por el enrarecimiento de la economía mundial tras los aranceles de Trump) hará que haya que gastarse 4.800 millones más este año en pagar intereses (43.200 millones). Algo que se compensa porque no pesan tanto los efectos en 2025 de las sentencias judiciales por temas “heredados” (sólo 3.200 millones en vez de los 11.000 de 2024).

Al final, el Gobierno está seguro de que Bruselas aprobará estas cuentas y no penalizará a España por su déficit público, inferior al de la mayoría. Incluso, el informe enviado a Bruselas contempla un “colchón de gasto” 7.300 millones que tiene España para los próximos años, por si hay gastos o problemas imprevistos, colchón que procede de que España ha cumplido con holgura la regla de gasto en 2024 y puede utilizar ese “colchón” para aprontar posibles desviaciones (de ingresos o gastos) en el futuro.

En definitiva, que el déficit público que tanto nos ha agobiado durante años (justificando unos recortes dolorosos y de nefastos efectos sobre los servicios públicos) parece que está encauzado y con un Plan para reducirlo a su mínima expresión en 2031. Pero hay un problema de fondo que sigue ahí, sin resolverse: España recauda menos que los demás paises europeos y eso provoca que también gastemos menos. Para 2025, la estimación de la Comisión Europea es que España recaude el 42,8 % de su PIB, frente al 46,3% de media que recaudará la UE-27, el 47,5% que recauda Alemania, el 47,7% de Italia o el 52% del PIB que recaudará Francia. A lo claro, eso significa que recaudaremos 57.200 millones menos que la media europea y 76.800 millones menos que Alemania… Por eso, tenemos que gastar también menos que ellos para bajar el déficit público del 3% obligado por Bruselas.

¿Por qué España recauda menos que la mayoría de Europa? Básicamente, porque tenemos más fraude fiscal y bajas tarifas o un exceso de deducciones en la mayoría de impuestos. En el IRPF, somos el tercer país europeo que menos recauda, sólo por detrás de Grecia y Portugal, según este estudio de Fedea. Y no porque tengamos tipos más bajos, sino porque hay muchas deducciones y exenciones fiscales. En el IVA, somos también el tercer país que menos recauda, tras Irlanda e Italia. En Sociedades (empresas), la recaudación española está a la cola de Europa (el 2,3% del PIB, frente al 2,5% la zona euro), por las enormes exenciones y beneficios fiscales. En los impuestos especiales (carburantes, alcohol, tabaco), también recaudamos menos: un 2,1% del PIB frente al 2,3% de media europea y el 3% en los paises nórdicos. Y también ingresamos menos por las herencias (-3.250 millones menos cada año que la media UE), las tasas y los precios públicos.

La Comisión Europea lleva años pidiendo a España que apruebe medidas fiscales para recaudar más, sobre todo en el IVA (cree que hay demasiados tipos reducidos y superreducidos, además de mucho fraude), en sociedades y en el IRPF (demasiadas deducciones, que favorecen más a los más ricos), en los impuestos especiales (somos los que tenemos menos impuestos al tabaco y al alcohol)  y en los impuestos verdes, que apenas recaudan en España, a la cola de Europa). En paralelo, un grupo de expertos entregó al Gobierno, en marzo de 2022, un Libro Blanco sobre la Reforma Tributaria, una propuesta que duerme en un cajón de Hacienda ante la imposibilidad de aprobarlo, dado el enfrentamiento parlamentario y la obsesión del PP y Vox por “bajar impuestos”…

Así que nos encontramos con un sistema fiscal que parece un queso de gruyere, con demasiados agujeros y deducciones por los que se escapan los defraudadores. Y así, la recaudación se hace a golpe del IRPF (los que tienen un trabajo y no se pueden “escaquear”) y el IVA (sobre el consumo), con las empresas pagando menos impuestos que hace 17 años (39.096 millones en 2024 frente a 44.823 millones en 2007). Y seguimos recaudando menos que Europa, aunque los ingresos aumenten año tras año. Por eso no podemos reforzar el Estado del Bienestar, gastar más en sanidad, educación, Dependencia, servicios sociales, protección ciudadana e infraestructuras. Urge una reforma fiscal, para recaudar más y mejor, para que paguen más los que más ganan y tienen. Pero hoy por hoy, con el enfrentamiento político, es imposible pactar nada. Ni siquiera unos impuestos más justos y eficaces.

Gasto público: nos falta de todo

España tendrá en 2021 el mayor gasto público de su historia, casi 200.000 millones, el techo de gasto aprobado por el Gobierno este martes. Es la estrategia para reconstruir el país tras la pandemia. Pero también para recomponer los servicios públicos, muy debilitados tras los recortes, como ha desvelado el coronavirus. Nos hace falta gastar en casi todo. Porque somos el país europeo grande que menos gasta en sanidad, educación, gastos sociales, pensiones, familia, vivienda  y cultura, en todo menos en paro, según Eurostat. Hoy y en los últimos 25 años. Hay que recomponer el Estado del Bienestar, porque incluso gastamos menos que ahora que en 2009. Y para pagarlo, habrá que ingresar más, porque España es también el país europeo que menos recauda, porque muchos pagan menos impuestos de lo que deben. Son datos, no ideología. Y por eso, aunque Europa nos deja tener más déficit, habrá que ingresar 18.000 millones más para pagar tanto gasto necesario. Seamos europeos en gastos e impuestos. Es el gran debate del Presupuesto 2021. 

 

La pandemia ha puesto a prueba nuestro Estado del Bienestar y los servicios públicos, en especial la sanidad, la educación, los gastos sociales y la atención a los mayores, que se han visto muy debilitados tras décadas de bajo gasto y los recortes sufridos entre 2010 y 2015. Mucha gente cree que en España hay un despilfarro de gasto público, pero es un falso mito: España es el país europeo grande que tiene menos gasto público, según las últimas estadísticas europeas (Eurostat 2019). Concretamente, el gasto público en España fue del 41,9% del PIB, frente al 46,7% de la UE-27. Eso significa que gastamos 59.775 millones menos, sólo en 2019, que la media europea. Y si nos comparamos con los grandes paises con los que competimos, también gastamos menos: Francia gasta el 55,6% de su PIB, Italia el 45,4% y Alemania el 45,4% (si gastáramos como alemanes pero con nuestro PIB, deberíamos gastar 43.586 euros más al año). Y también gastamos mucho menos que los “austeros” paises del norte que nos tachan de “despilfarradores”: 53,3% del PIB gasta Finlandia, 49,3% Suecia, 48,2% Austria y Holanda lo mismo que nosotros, el 41,9% del PIB…

Y además, gastamos menos en todo, según las últimas estadísticas europeas (Eurostat 2018). En sanidad: 6% del PIB España  frente al 7% la UE 27 (gastamos 12.453 millones menos cada año), el 8,1% Francia, el 7,2% Alemania (gastamos 14.949 millones menos en sanidad cada año que los alemanes, lo que quizás explique por qué hemos afrontado peor la pandemia), 6,8% Italia, 7,6% Holanda, 8,2% Austria, 7,5% Reino Unido, 6,3% Portugal y sólo un 5% Grecia. Y somos el 13º país UE que menos gasta en sanidad, tras Irlanda, Grecia, Chipre, Malta, Luxemburgo y 7 paises del Este, según Eurostat. También gastamos menos en educación: 4% del PIB en España frente al 4,6% en la UE-27 (gastamos 7.472 millones menos cada año), 5,1% del PIB en Francia, 4,2% en Alemania, 4% en Italia, 4,8% en Reino Unido, 5,1% en Holanda y 5,5% en Finlandia (el país con mejor educación de Europa). Y así somos el 5º país UE que menos gasta en educación, tras Bulgaria, Grecia, Irlanda y Rumania.

También gastamos menos en protección social: un 16,9% del PIB en España frente al 19,2% que gasta la UE-27 (gastamos 28.642 millones menos cada año), el 23,9% de Francia, 19,4% en Alemania, 20,8% Italia, 14,9% Reino Unido y hasta un 19,5% que gasta Suecia y el 24,1% del PIB que gasta Finlandia. De hecho, somos el 14ª país UE que menos gasta en protección social, tras Holanda, Reino Unido, Irlanda, Chipre, Malta y 8 paises del Este, según Eurostat. Si desglosamos este gasto social, vemos que España gasta menos en pensiones (9,4% del PIB frente al 10,4% de la UE 27: -12.453 millones cada año), en enfermedad e invalidez (2,4% del PIB frente al 2,7% la UE-27: -3.736 millones anuales), en familia y niños (0,8% del PIB frente a 1,7% la UE-27: -11.207 millones cada año). Y lo mismo en otros gastos no sociales, como el gasto en alojamientos y equipamientos (0,5% en España frente al 0,6% en la UE-27, el 1,1% en Francia o el 0,4% en Alemania) y en ocio, cultura y culto: 1,1% del PIB gasta España, igual que la UE-27, frente al 1,4% Francia o el 1,1% Alemania. Sólo gastamos más en paro (porque tenemos más del doble): 1,6% del PIB en España frente al 1,3% en la UE-27, aunque Francia gasta más (1,9% del PIB) con menos de la mitad de paro y Alemania casi lo mismo (1,1% del PIB), con la cuarta parte de desempleo. 

Como se ve, no somos un país “gastador”, ni ahora ni en los últimos 25 años: si buceamos en las estadísticas de Eurostat, vemos que España gastaba ya menos que Europa en 1995 (44,1% del PIB frente al 51,2% la UE-25), en 2000 (39,1% frente a 44,9% la UE-25) y en 2008, antes de la crisis (41,4% del PIB gastaba España, casi como el 41,4% de hoy, frente al 46,7% de la UE-27, idéntico al porcentaje que gastan hoy). Así que son 25 años con un gasto público comparativamente menor que Europa, lo que ha debilitado nuestros servicios públicos y el Estado del Bienestar. Y más con los recortes de 2010 a 2015.

De hecho, hay un dato espeluznante: España destina menos recursos al gasto social (sanidad, educación y gastos sociales) hoy que en 2009. Concretamente 1,12 millones menos (116.850 millones en 2019 frente a 116.851 millones en 2009), según el chequeo detallado que han hecho los Directores de Servicios Sociales. En 2019, gastamos -1.740,4 millones menos en Sanidad que diez años antes y -393,46 millones menos en educación, aunque gastamos +2.132 millones más en servicios sociales, básicamente porque en 2007 echó a andar la Ley de Dependencia y por las rentas mínimas autonómicas.

Este estudio explica qué nos ha pasado con la sanidad y la educación, tras décadas de bajo gasto y la puntilla de los recortes la pasada década: gastamos -57,45 euros menos en sanidad por habitante que hace 10 años (1.335,25 euros en 2019 frente a 1.392,7 en 2009) y -21,3 euros menos en educación por habitante (863,5 euros en 2019 frente a 884,8 en 2009), aunque ahora gastamos -41,9 euros más por habitante en servicios sociales. Y además, gastamos -163,4 euros menos por habitante en justicia, seguridad ciudadana, cultura y patrimonio. Sólo gastamos mucho más en pagar la deuda pública: de 149,4 euros por habitante en 2009 hemos pasado a pagar 684,6 euros, 4,5 veces más.

Y además de gastar menos en gastos sociales (-36.81 euros por habitante en 2019 que en 2009), el otro problema es que unas autonomías han recortado más y gastan menos que otras, así que los servicios públicos dependen de dónde vivamos. Basten tres datos, sacados del  informe de los Directores de Servicios Sociales. En sanidad, el País Vasco gasta (1.719,61 euros por habitante) un 47% más que Cataluña (1.166,79 euros por habitante) y un 40% más que Madrid (1.220 euros por habitante), las dos que menos gastan, con una media en España de 1.335,25 euros. En educación, el País Vasco gasta (1.274,63 euros por habitante) un 76% más que Madrid (723,84 euros por habitante) y un 68% más que Cataluña (756,84 euros por habitante), con una media española de 863,5 euros. Y en servicios sociales, Navarra gasta (694,37 euros por habitante) 4,5 veces más que Baleares (151,78 euros) y el triple que Canarias (217,41 euros), con una media española de 300 euros por persona (277 en Madrid y 276 en Cataluña).

Queda claro con todos estos datos que el gasto público en España es más bajo que en Europa e incluso menor que hace una década, lo que explica la debilidad de nuestro Estado del Bienestar, peor preparado que otros europeos para esta pandemia. Por eso, hay que apuntalarlo, aunque no tuviéramos el reto del coronavirus y sus secuelas. Pero además, hay que reconstruir el país, porque la pandemia causará este año la mayor recesión desde la Guerra Civil (una caída del PIB del -11,2% acaba de estimar el Gobierno) y eso provocará una grave crisis económica y social, que exige ayudar a empresas, trabajadores y familias, con mucho más gasto. Y además, invertir en cambiar el modelo económico, en medio ambiente, digitalización y sectores de futuro.

Para afrontar este enorme gasto, la Comisión Europea ha abandonado su corsé del gasto y del déficit que trajo los recortes impuestos desde 2010. Ahora no hablan de austeridad y, al igual que el FMI, la OCDE y el Banco Mundial, recetan lo contrario: gastar y gastar para salir del agujero de esta crisis. Y ya no impondrán a España ni a los demás paises UE el recortar drásticamente el déficit, ni en 2020 (que se disparará aquí al 11,3% del PIB, frente al 2,9% de 2019) ni en 2021 (que el Gobierno propone bajar al 7,7%). Con este “permiso” de Bruselas, el Gobierno Sánchez aprobó este martes el techo de gasto para 2021, que será el mayor gasto público que haga nunca España: 196.047 millones de euros, un 53,7% más de gasto público que en 2020 (127.609) y casi el doble del techo de gasto que aprobó Rajoy en 2012 (117.400 millones) para afrontar la crisis de 2008.

Este techo de gasto, esos casi 200.000 millones, no es todo el gasto público que se hará en 2021, ya que quedan fuera  de este techo de gasto que controla Bruselas (y que aprueba el Congreso, por exigencia constitucional) las transferencias a las autonomías y Ayuntamientos, el gasto en desempleo, los intereses de la deuda pública y el gasto financiado con fondos UE (según detalla este folleto de la AIReF). Pero es la mitad del gasto total y sobre el que pueden decidir los paises y Gobiernos. Ahora falta ver a qué se dedica este techo de gasto, algo que definirán los Presupuestos 2021. Pero sí sabemos que España tendrá que buscar cómo financiar la mayor parte de este gasto histórico, porque las ayudas europeas (140.000 millones en 6 años, 72.000 a fondo perdido) se van a retrasar al verano próximo y el Gobierno prevé que sólo 27.436 millones de este techo de gasto vengan de los fondos europeos en 2021.

En definitiva, que el techo de gasto del Estado con fondos propios será de 168.661 millones en 2021, de los que  13.486 millones será un dinero que gastarán las autonomías y otros 18.396 millones se trasvasarán a la Seguridad Social. Ahora, la clave es de dónde sacará el Gobierno esos 168.661 millones que ha de gastar con recursos propios. Una parte será déficit (el 5,2% de déficit tendrá el Estado, -61.645 millones de agujero en 2021), pero el resto (107.016 millones) habrá que sacarlo de los impuestos. Y comparado con el gasto y el déficit de 2019, eso supone que el Gobierno necesitará recaudar 18.000 millones más el año que viene, para cumplir con el gasto y el déficit prometidos.

Antes de ver cómo puede hacerlo, desmontemos un 2º falso mito, el de que pagamos más impuestos que otros paises. Los datos son muy evidentes, como en el gasto: España fue el país grande de Europa que menos recaudó en 2019, según las últimas estadísticas europeas (Eurostat 2019). Concretamente, España recaudó el 39,1% del PIB frente al 46,2% de media en la UE-27), lo que significa que ingresamos -88.418 millones menos (al año) que si recaudáramos como europeos. Recaudamos también bastante menos que Francia (52,6% de su PIB), Alemania (46,8% de su PIB), Italia (47,1%), Holanda (43,6%), Austria (49%), Bélgica (50,3%), Suecia (49,8) o Finlandia (52,2%). De hecho, somos el 9º país que menos recauda en Europa (comparativamente a su PIB), sólo por detrás de Irlanda, Reino Unido, Malta y 5 paises del Este. Y este no es un problema de ahora: recaudamos menos ingresos públicos que la mayoría de Europa desde 1995, según Eurostat.

Esto son datos, no ideología. Así que recaudar más no es algo de izquierdas, sino una necesidad para equipararnos con Europa. Y para pagar los muchos gastos que necesitamos. Con la grave recesión encima, no es un buen momento para subir impuestos, pero no queda más remedio que recaudar más. ¿Cómo? El gobernador del Banco de España, poco sospechoso de izquierdismo, propuso en el Congreso, el 23 de junio, subir 3 impuestos: el IVA (quitar tipos reducidos y superreducidos), los impuestos medioambientales (España recauda 3.500 millones menos de lo que podría, según Bruselas) y el impuesto de sociedades (“revisar los agujeros”, dijo textual: las exenciones no justificadas de muchas grandes empresas y multinacionales). La Comisión Europea lleva años pidiendo a España que rebaje las deducciones en IRPF e IVA y que recaude más con los carburantes, tabaco y alcoholes. Los expertos de FEDEA proponen establecer un recargo temporal sobre el IRPF (como hizo Rajoy en 2012, aunque el PP quiera olvidarlo…). Y los técnicos de Hacienda proponen una reforma fiscal a fondo.

Hay que esperar unas semanas, al proyecto de Presupuesto 2021 que presente el Gobierno, para ver qué impuestos se tocan: se estrenarán la tasa Google  y la tasa Tobin sobre operaciones en Bolsa, un posible recargo en el IRPF a los que ganan más de 130.000 euros (un 0,5% de contribuyentes), la posible supresión del IVA reducido y superreducido en algunos productos y la supresión de desgravaciones a los planes de pensiones privados (que benefician a los más ricos). Pero todo esto permitirá ingresar sólo unos 5.000 millones más. Hará falta retocar otros impuestos, como los carburantes y sociedades. Porque no podremos gastar más en todo lo que hace falta si no se ingresa algo más, a costa de los que puedan pagarlo (multinacionales, grandes empresas y los más ricos, no los trabajadores y las pymes, que ya pagan suficientes impuestos). Este será el gran debate de los Presupuestos 2021. Ojalá se haga sin demagogia, sin usar falsos mitos como que España gasta mucho y pagamos muchos impuestos. Sólo pensando en hacer unas cuentas claras: en qué necesitamos gastar  y cómo podemos pagarlo, con justicia y solidaridad. A ello.

Deuda pública: dejamos una costosa herencia

En los últimos meses, la Comisión Europea ha dado tres “toques de atención” a España por la deuda pública, el problema español que más les preocupa junto al paro y la baja productividad. Somos el 7º país con más deuda pública de Europa y llevamos 6 años con más de un billón de euros de deuda, el triple que antes de la crisis, aunque ha bajado su peso al 95,5% del PIB. El problema es que hay que pagarla y los intereses (31.398 millones en 2019) son el 2º mayor gasto del Presupuesto, más que seguridad, Defensa, empleo, salud y educación juntos. Y si no hacemos nada, para 2030 seguiremos debiendo el 95% del PIB, según la Comisión Europea, que pide recortar más el déficit y la deuda. Hay otra vía: ingresar más, como el resto de Europa (+83.000 millones). Urge un Pacto político para reducir la deuda pública al 60% del PIB para 2030. Si no, les dejaremos una costosa herencia a nuestros hijos y nietos.

enrique ortega

Uno de los graves problemas que ha tenido España a lo largo de su historia ha sido la deuda, el excesivo endeudamiento de los Gobiernos, por gastar más de lo que ingresaban, según explica el profesor Francisco Comín en su interesante libro “La crisis de la deuda soberana en España 1500-2015 ”. Empezó con los Reyes Católicos y se aceleró con Carlos V, que dejó en herencia a Felipe II la primera bancarrota de nuestra historia, en 1557, a la que siguieron muchas más, con los Austrias y los Borbones. El primer récord “moderno” de deuda pública se alcanzó en 1879 (con Cánovas del Castillo y Alfonso XII), cuando la deuda pública alcanzó el 165% del PIB. En 1898, al acabar la guerra de Cuba, seguía en el 124% y empezó el siglo XX con el 101% de deuda en 1909. Luego bajó, tras la I (39%) y II Guerra Mundial (59% del PIB), y más tras la Guerra Civil, hasta un 22,4% de deuda en 1944, alcanzando un mínimo en 1975, a la muerte de Franco: el 7,3% del PIB (39.819 millones de euros de hoy).


Con la Transición y la democracia, aumentaron las demandas de gasto y la deuda pública española se triplicó en tres años, hasta el 22,2% del PIB en 1977. Y se duplicó para 1993 (56,1% del PIB), tras los fastos del 92 (Olimpiada y Expo) y la crisis, alcanzando un máximo del 67,4% del PIB en 1996. A partir de ahí vienen los años de “vacas gordas” y la “burbuja inmobiliaria”, que permiten bajar la deuda a un mínimo en 2007: el 35,6% del PIB (384.662 millones de deuda). Pero viene la gran recesión de 2008 y Zapatero aumenta el gasto y la deuda, que deja al irse, a finales de 2011, en el 69,5% del PIB (744.323 millones). Y Rajoy, a pesar de su histórico aumento de impuestos y sus recortes, no puede afrontar el desplome de ingresos y el enorme coste de las ayudas a autonomías, Ayuntamientos, Cajas y al desempleo, que disparan la deuda pública hasta un máximo del 100,7% del PIB en 2014 (1.039.388 millones). Y Rajoy se fue, en mayo de 2018, dejando a Sánchez una deuda del 98,2% delPIB, 1.155.000 millones de euros, un 55% más de deuda que cuando llegó a la Moncloa.


En estos dos años de Gobierno Sánchez, la deuda pública ha crecido algo en millones (sigue por encima del billón de euros desde 2014) pero ha reducido su peso sobre el PIB. Y así llegamos al dato de 2019, recientemente publicado por el Banco de España: 1.188.893 millones de euros (un máximo histórico de deuda, el triple que en 2007) y el 95,5% del PIB, el porcentaje de deuda más bajo desde 2012 (tras reducirse -2,1% en 2019, la mayor reducción anual del peso de la deuda desde 2007). 


La deuda pública se reparte hoy, según el Banco de España, entre la Administración central (Estado y otros organismos), que tienen el grueso de la deuda (el 91%), 1.083.835 millones a finales de 2019, las autonomías (294.883 millones: 78.600 Cataluña, 47.877 la Comunidad Valenciana, 35.770 Andalucía y 33.692 Madrid, en septiembre 2019), los Ayuntamientos (23.345 millones) y la Seguridad Social (55.024 millones en 2019), la entidad que más ha disparado su deuda (la ha triplicado desde los 17.173 millones que debía en 2016). Y eso se debe a que, con la crisis y la precariedad en sueldos y empleos, las cotizaciones no alcanzan para pagar las pensiones y como el Gobierno Rajoy se comió ”la hucha” de las pensiones, el Estado tuvo que prestar a la Seguridad Social en 2017, 2018 y 2019, aumentando su deuda 37.851 millones en esos tres años.


La deuda pública española, aunque haya reducido su peso, es muy abultada y preocupa mucho en Bruselas. Tanto, que la nueva Comisión Europea ha dado tres “toques de atención” a España en los últimos tres meses. El primero, el 17 de diciembre de 2019, a través de este Informe sobre el mecanismo de Alerta 2020, en el que llama la atención sobre los 13 paises europeos que tienen “desequilibrios económicos” (Italia, Grecia, Chipre, Francia, Alemania, Paises Bajos, Suecia, España, Portugal, Irlanda, Bulgaria, Croacia y Rumanía). Y al referirse a España, resalta los tres “desequilibrios” que les preocupan: la deuda (pública y privada), el elevado paro y el estancamiento de la productividad, nuestras 3 principales “asignaturas pendientes”.


El segundo “toque” fue en enero de 2020, a través de este Informe sobre la sostenibilidad de la deuda pública en Europa. Aquí, la Comisión vuelve a mostrar su preocupación por la deuda española, recordando que “España es uno de los 8 paises más vulnerables de Europa por su elevado endeudamiento”. Los datos son claros: España es el 7º país europeo con más deuda pública (97,9% del PIB en el tercer trimestre de 2019), por detrás de Grecia (178,2%), Italia (137,3%), Portugal (120,5%), Bélgica (102,3%), Francia (100,5%) y Chipre (97,8%), según la última estadística de Eurostat. Y tenemos una deuda muy por encima de la media europea (80,1% la UE-27), de Alemania (61,2%) y Reino Unido (84,2%). Además, a nivel mundial, ocupamos el puesto 20ª del ranking de paises más endeudados del mundo, encabezado por Japón (238% del PIB), Grecia, Barbados, Líbano e Italia.


Lo preocupante, advierte este informe de la Comisión Europea de enero, no es que la deuda española sea elevada sino que no se va a reducir en la próxima década: estiman que pasará del 97,6% del PIB en 2018 al 96,6% en 2020 (ya es menor hoy: el 95,5% en 2019), al 96,7% en 2025 y el 95,7% del PIB en 2030. O sea, que crecerá en millones de euros y apenas bajará un 2% en peso sobre la economía. La deuda se hará crónica esta década. Y eso, creen, por dos razones. Una, porque crecerá el gasto en pensiones, sobre todo si se actualizan con el IPC y no se implanta el “factor de sostenibilidad”, la reforma aprobada por Rajoy en 2013 para pagar las pensiones según la esperanza de vida. Y la otra razón, porque la población española va a envejecer mucho en las próximas décadas y creen que eso va a disparar el gasto no sólo en pensiones sino también en sanidad, dependencia y asistencia social.


El tercer “toque” por la deuda pública nos lo ha dado la Comisión Europea el 26 de febrero, en su Informe sobre España 2020: reconoce que el peso de la deuda ha bajado pero cree que “es muy alto” y reitera que España “afronta riesgos en la sostenibilidad presupuestaria a medio plazo” por las pensiones y el envejecimiento de la población. No se creen que el Gobierno Sánchez consiga bajar el déficit público del 2% del PIB  (prevén que pasará del 2,5% en 2018 al -2,3 % en 2019, el -2,2% en 2020 y al -2,1% en 2021). Y para financiarlo, creen que España seguirá con una deuda muy alta, que sólo bajará al 96% del PIB en 2021 (ahora ya sabemos que eran demasiado pesimistas: estaba en el 95,5% a finales de 2019).


Para las autoridades europeas, España tiene que corregir su déficit para rebajar su deuda. Y proponen, por un lado, aumentar la recaudación, porque tenemos “un nivel de imposición bajo en relación a los gastos”, sobre todo en el IVA, IRPF, sociedades e impuestos verdes. Y por otro lado, insisten en reformar las pensiones, no actualizándolas con el IPC y aplicando mecanismos de ajuste para afrontar una mayor esperanza de vida, porque si no se hace, no será posible reducir el déficit y la deuda a medio plazo. Y ya en 2020, van a mirar con lupa el proyecto de Presupuestos, porque creen que España debe ajustar sus gastos y su déficit entre 6.500 y 10.000 millones de euros para cumplir con Bruselas.


Entre tanto, el Gobierno Sánchez ha aprobado en el Congreso un nuevo “techo de gasto” para 2020, base de los próximos Presupuestos, donde contempla menos déficit y menos deuda que las previsiones de la Comisión Europea. En el déficit público, apuestan por rebajarlo al -1,8% del PIB en 2020 (-2,2% la Comisión) y dejarlo en un nivel mínimo del -0,9% en 2023.Y en la deuda pública, prevén bajarla al 94,6% del PIB en 2020 (96,6% la Comisión) y dejarla en un mínimo de 89,8% del PIB en 2023. 


Aún creyendo estas previsiones, que van a depender mucho de que no haya otra crisis (se desplomarían los ingresos y aumentarían los gastos), ese 89,8% del PIB de deuda pública en 2023 sería demasiado elevado. Estaríamos mejor pero seguiríamos siendo “un país muy vulnerable”, al que en cualquier momento podrían “poner de rodillas” los inversores (los famosos “mercados”) y una subida de tipos. Porque si la deuda pública no preocupa hoy tanto como en 2012, se debe a que el Banco Central Europeo (BCE) nos ha salvado, tanto por comprar deuda como por bajar los tipos de interés al mínimo. Y eso nos ha dado “un gran respiro” para la deuda. Si el 27 de julio de 2012, para colocar la deuda (bono a 10 años), España tuvo que pagar un interés del 7,56%, un año después ya pagaba el 4,80%. Y a principios de marzo de 2020 paga sólo el 0,25% por el bono a 10 años. Y la famosa “prima de riesgo” que nos atenazaba cada día (la diferencia entre el interés de la deuda española y alemana) ha pasado de 511 puntos en 2012 a 83 ahora (0,25 paga la deuda española a 10 años y -0,58% la deuda alemana, que “cobra” ahora por colocarla).


Pero esto puede cambiar cualquier año: el BCE dejar de comprar deuda pública (lo iba a hacer en 2020, pero lo retrasa por la desaceleración europea) y los tipos subir. Y ojo: con un 1% que suba el coste de colocar la deuda pública, España pagaría 3.600 millones más de intereses. Es lo malo de tener tanta deuda y de que crezca cada año: que hay que financiarla, pagando por la deuda en circulación y emitiendo más deuda nueva (para “tapar” o financiar el nuevo déficit). De hecho, en 2019 España emitió 196.504 millones de deuda nueva y este año 2020 está previsto emitir 196.504 millones de euros. Por eso somos muy “vulnerables”: porque dependemos de que nos presten 538 millones diarios.


Y aunque no haya nervios en los mercados y encontremos quien nos compre la deuda (el 48% son extranjeros, el 22% la tiene el BCE, un 17% los bancos españoles, un 10% las aseguradoras y un 4,5% fondos de inversión y de pensiones), hay que gastar una barbaridad en pagar intereses: 31.398 millones de euros en 2019, la 2ª partida de gasto más importante del Presupuesto tras las pensiones (153.864 millones). Gastamos más en pagar la deuda a los inversores que en Seguridad (8.879 millones), Defensa (8.537 millones), fomento del empleo (5.985 millones), sanidad (4.292 millones) y educación (2.722 millones) juntos. El pago de la deuda es una hipoteca tan costosa que ya hemos pagado 321.000 millones de euros en intereses entre 2008 y 2019. Daría para pagar las pensiones más de 2 años.


En definitiva, que tener tanta deuda pública nos hace un país muy vulnerable frente a los inversores (extranjeros y nacionales) y supone una pesada losa para las cuentas públicas, que no pueden gastar más en lo que hace falta (desde empleo a educación o vivienda) porque antes (lo exige el reformado artículo 135 de la Constitución) tenemos que pagar los abultados intereses de la deuda (han pasado de 15.928 millones en 2008 a 31.500 en 2018 y 2019). Por eso hay que reducir la deuda como sea: es un lastre para los próximos años, ya que dos tercios de la deuda (67%) está colocada a más de 10 años.


Para el Gobierno Sánchez, como para Felipe II o la Restauración decimonónica, la deuda pública es un problema crucial de España, aunque se hable poco de él. La propia vicepresidenta económica, Nadia Calviño, ha señalado que “la deuda pública es uno de los tres grandes problemas estructurales de España, junto al paro y la pobreza”. La cuestión es cómo resolverlo. Y aquí, muchas recetas van en la línea de la Comisión Europea: hay que recortar gastos, rebajar el déficit para reducir la deuda. Pero la solución no es tan fácil.


España tiene más deuda pública porque tiene más déficit (el 2º de Europa, tras Chipre y empatados con Francia). Pero si tenemos más déficit no es porque gastemos mucho sino porque ingresamos muy poco. Lo indican con claridad los datos de la propia Comisión Europea. España gastó en 2019 el 41,7% del PIB, frente al 45,9% de media que gastó la UE-27. O sea, el gasto público español es 52.279 millones de euros menos al año que la media europea. Y, a pesar de eso, tenemos más déficit porque ingresamos mucho menos: el 39,3% del PIB en 2019 frente a una media del 46% del PIB en la UE-27.Eso se traduce en 83.398 millones menos de recaudación cada año. Por eso tenemos más déficit y más deuda.


Así que la solución para rebajar la deuda no puede ser la de siempre de los ideólogos neoliberales y austericidas: más recortes. Sobre todo en un país que necesita gastar más en casi todo, desde el empleo a la tecnología pasando por la educación, la sanidad, la dependencia, la vivienda o la modernización de la economía, porque los recortes han sido muy drásticos y además llevamos décadas gastando menos que Europa. La verdadera solución está en ingresar más, para destinar una parte de la mayor recaudación a rebajar la deuda y otra parte a afrontar los gastos más urgentes. Y se puede hacer, si se implanta una reforma fiscal (en sociedades, IRPF, IVA, nuevos impuestos e impuestos “verdes”) y una eficaz lucha contra el fraude que permita recaudar “como Europa”.


El problema de la deuda pública es tan serio que exige un gran Pacto político, con el objetivo de bajarla al 60% del PIB para 2030, por ejemplo. Eso exigiría acuerdos en el gasto (una reforma realista de las pensiones y pactar las prioridades de gasto del país en la próxima década) y acuerdos sobre cómo recaudar más y cómo repartir más justamente  los impuestos. Es difícil conseguirlo, pero si no lo hacemos, apenas se rebajará la deuda y dejaremos una pesada herencia a nuestros hijos y nietos. Piénselo.

Europa: libertad "vigilada" para España

El pasado viernes 14 de junio, los ministros de Economía de la UE sacaron a España de la lista negra por “déficit excesivo”, tras 10 años dentro. Pero ojo, ahora estamos en libertad “vigilada”: la Comisión Europea seguirá controlando nuestras cuentas públicas. Y ha dicho que el próximo Gobierno tiene que "ajustar" (recortar gastos o subir ingresos) 15.000 millones de euros entre 2019 y 2020. Así que los “fundamentalistas” del déficit de Bruselas siguen determinando las cuentas españolas, mientras Pedro Sánchez les ha prometido déficit 0 para 2022, algo incomprensible para un país con el doble de paro que Europa y que necesita de todo. Y nadie dice la verdad: que España gasta menos que Europa y que si tenemos más déficit es porque ingresamos menos, 80.000 millones menos cada año. Y que eso pasa porque hay demasiadas desgravaciones, mucho fraude y porque algunos (grandes empresas, bancos, multinacionales y los más ricos) pagan menos de lo que deberían. Hagan una reforma fiscal con más ingresos, no más recortes. No cedamos otra vez a la austeridad.

A partir del inspector Clouseau de Friz Freleng. enrique ortega

La Gran Recesión iniciada en 2008 dañó las cuentas públicas de todos los paises, al reducir los ingresos (por la menor actividad y empleo) y aumentar los gastos (desempleo, ayudas sociales, rescate bancario…), lo que disparó el déficit público y la deuda. Y los políticos de la Comisión Europea, “fundamentalistas” del déficit,  impusieron su receta a la Europa del sur: la austeridad. Recortar los gastos (desde la sanidad y la educación a la inversión pública o las pensiones) para que los Estados pudieran pagar a los bancos e inversores los crecientes intereses de la abultada deuda pública acumulada. Incluso, en España, ZP y Rajoy pactaron en 2011 una reforma exprés de la Constitución, para recortar el déficit por Ley y que el pago de intereses de la deuda tuviera prioridad sobre los demás gastos públicos. Era un guiño para “contentar a los mercados”, que no se convencieron, y en junio de 2012 llegó el rescate bancario a España.

La receta de la austeridad, impuesta a partir de 2010 por Merkel, la Europa del norte y los conservadores de Bruselas, para asegurar a la banca y los tenedores de deuda que les íbamos a pagar, agravó la crisis en Europa, mientras EEUU y China salían de la recesión en 2010 reanimando la economía, no recortándola como Europa. Por un lado, los recortes redujeron el crecimiento y la inversión, alargando la crisis. Y por otro, como se crecía poco y se creaba poco empleo, los países europeos no conseguían recomponer sus cuentas públicas, agobiados por una caída de la recaudación y una presión de los gastos públicos (paro, ayudas, rescates...), por la crisis.

Y así, España, como la mayoría de la Europa del sur, ha tardado una década en rebajar su déficit por debajo del 3% que exige el acuerdo del euro. Si tuvimos superávit en las cuentas públicas en 2005 (+1,51% del PIB), 2006 (+2,2%) y 2007 (+2%), en 2008 pasamos a tener un déficit del -4,4%. Y en febrero de 2009, la Comisión Europea metió a España en la “lista negra” de países con déficit excesivo, en la que estaban (en 2011) 24 de los 28 paises europeos. Zapatero inició los recortes en 2010 (pensiones congeladas y menos gasto en sanidad, educación, tecnología e inversiones públicas) y prometió a Bruselas que bajaría el déficit del 3% en 2012. Pero no consiguió enderezar las cuentas y se marchó dejando el déficit público en el 9,6% en 2011. Rajoy entró “cargando gastos” (“la herencia”) y subió el déficit al 10,5% en 2012, para prometer a Bruselas que cumpliría en un par de años. Pero en 2014, el déficit estaba en el 6% del PIB, el doble de lo permitido. Y tras varias prórrogas solicitadas a Bruselas, se fue en mayo de 2017, año que terminó con un déficit del 3,1%. Y Sánchez ha conseguido, gracias a una mejora de la recaudación, bajarlo al 2,48% en 2018.

Así que, tras 10 años en la lista negra, España es el último país de los 24 paises europeos que salió, el 14 de junio,  de esa lista de paises con déficit excesivo, tras Francia, Reino Unido, Croacia, Grecia y Portugal. Pero no ha sido gratis. Rebajar el déficit por debajo del 3% ha supuesto unos recortes de 21.847 millones de euros entre 2009 y 2016 (-34.753 hechos por Rajoy sólo entre 2012 y 2015), según los datos oficiales de Hacienda. Unos recortes que han sufrido casi todos los españoles, sobre todo los más pobres, en educación, sanidad, pensiones, gastos sociales, tecnología, carreteras e inversiones públicas, etc. Y además, un aumento extra de impuestos: Rajoy, en 2012, subió el IVA y todos los impuestos, hasta 2015 en que bajó algunos, pero menos. Y por ello, los españoles pagamos 23.000 millones más de impuestos entre 2011 y 2015, según la Agencia Tributaria. En resumen, 21.847 menos de gasto y 23.000 millones más de ingresos, 45.000 millones de ajustes para bajar el déficit y “cumplir con Bruselas”, a costa de un bajo crecimiento, poco empleo, pérdida de rentas, más pobreza y desigualdad y un deterioro tremendo del Estado del Bienestar que tanto nos había costado conseguir.

Tremendo viaje para llegar al 2,6% de déficit actual. Y eso sin olvidar el otro coste, la tremenda deuda pública acumulada para financiar el déficit público, año tras año. Si la deuda de España era baja en 2007 (384.662 millones de euros, el 35,6% del PIB), se duplica para 2011 (ZP la deja en 744.323 millones de euros, el 69,5% del PIB). Y Rajoy, aunque reduce el déficit, se endeuda más año tras año para financiarlo, superando el 100% del PIB en marzo de 2016 (1,095 billones), por primera vez en un siglo (desde 1909). Y Rajoy se va dejando una deuda pública récord: 1.163.885 millones de euros, el 98,3% del PIB, un tercio más de la que recibió a finales de 2011. A finales de 2018, la deuda pública se mantiene en el 97,1% del PIB, 1.173.107 millones de euros. Eso supone que debemos 25.228 euros por español.

Ahora, la Comisión Europea ha felicitado a España por haber salido de la “lista negra” del déficit, pero “quiere más”: ya ha dicho que hay que seguir con el ajuste y que España ha de reducir el déficit otros 15.000 millones de euros entre 2019 y 2020. Así que, antes de pactarse un nuevo Gobierno en España, ya tiene “tarea”: recortar gastos y subir ingresos para “ajustar” esos 15.000 millones estos dos años. Y dado que no habrá Gobierno hasta julio y que será difícil tener un Presupuesto este año, el ajuste tendrá que concentrarse en 2020. Así que ya lo saben: esto de la austeridad no ha terminado. Seguimos bajo vigilancia de Bruselas, a pesar de que en las pasadas elecciones europeas hayan caído los votos de los conservadores y socialdemócratas y hayan subido los verdes y liberales. La “ortodoxia económica”, que ha estancado a Europa, sigue imponiendo su Ley, la de los mercados.

Pedro Sánchez y su ministra de Economía (en funciones) mandaron a Bruselas, el 30 de abril (2 días después de ganar las elecciones) un mensaje claro, en forma de Programa de Estabilidad 2019-2022 : “España es un país serio y va a seguir rebajando el déficit”. Y el PSOE, a diferencia de los populistas italianos (Italia tiene el -2,1% de déficit) o el liberal Macron (Francia tiene el -2,5% de déficit), se compromete con Bruselas a rebajar el déficit al 2% en 2019, al 1,1% en 2020, al 0,4% en 2021 y a dejarlo en el 0% en 2022. Como “los mejores alumnos de la clase”, camino del superávit en sus cuentas que hoy tiene la Europa rica, Alemania (+1,7% del PIB en 2018), Holanda (+1,5%) o Suecia (+0,5%).

Lo malo de esta promesa de “rigor” de Sánchez a Bruselas es que la hace a costa de casi congelar el gasto público (pasaría del 41,3% del PIB en 2018 al 41% en 2020 y 40,7% en 2020) y subir más los ingresos (del 35,1% en 2018 al 36,5% en 2020 y el 37,3% en 2022), aumentando algunos impuestos (sociedades, tasa Google, la renta de los que ganan más de 130.000 euros) y suprimiendo deducciones y desgravaciones, más luchando contra el fraude fiscal. Pero la Comisión y muchos expertos creen que esta promesa del 0% es imposible, porque los ingresos no se van a conseguir. El problema es que la congelación de gastos, en un país que necesita de casi todo, va a ser problemática y afectar a mucha gente. Porque no se podrá gastar lo que hace falta, en pensiones, sanidad, educación, Dependencia, gastos sociales, tecnología, inversiones públicas o modernización de la economía si España no aumenta más su gasto público. Y la Comisión Europea no nos deja.

El problema de fondo es ese, “el corsé del 3% de déficit”, aprobado en 1999 para imponer una disciplina fiscal en el euro y en unos paises muy diferentes. Porque ¿qué sentido tiene no poder tener un 2% de déficit, por ejemplo (o un 3%) un país como España, que tiene más de cuatro veces de paro que Alemania (un 13,8% frente al 3,2%, según Eurostat)  y unos peores servicios públicos y sociales además de una cuarta parte menos de renta (el 92% de la media mientras Alemania tiene el 124% del PIB comunitario, según Eurostat)? Solamente unos “fundamentalistas” del déficit pueden exigir más recortes a un país que necesita gastar más en casi todo para igualarse a la Europa del norte. Y solamente un PSOE que ha olvidado las bases de la socialdemocracia puede prometer un déficit cero para 2022.

Unos y otros esconden a los españoles un dato objetivo y constatable: España tiene todavía el 4º mayor déficit de Europa (el -2,48%, tras el -4,8% del Chipre, el -3% del PIB de Rumanía y el -2.5% de Francia), no porque España tenga un mayor gasto público sino porque ingresa mucho menos. España ha gastado siempre y gasta menos que la mayoría de Europa: un 41,3% de lo que producimos (PIB), frente al 45,6% que gasta la UE-28 y el 46.8% que gasta la zona euro, según Eurostat. Eso significa que, en 2018, el gasto público de España fue un 5,5% inferior al de los paises euro. A lo claro, que gastamos 66.453 millones menos que los paises euro en sanidad, educación, pensiones, ayudas a la familia y vejez, según demuestran también los últimos datos de gasto público de Eurostat (2017). Y gastamos un 14,7% del PIB menos que Francia (177.612 millones menos al año) y  un 2,6% del PIB menos que Alemania (31.414 millones menos de gasto que ellos cada año).

Así que tenemos más déficit que la mayoría de Europa no porque gastemos más (gastamos bastante menos) sino porque ingresamos mucho menos. Las estadísticas de Eurostat son muy reveladoras, aunque apenas se hable de ellas: España recaudó en 2018 el 38,9% de su PIB, mientras los paises europeos (UE-28) recaudaron el 45% de su PIB y la zona euro el 46,3%. Eso significa que España ingresó un 6,1% menos que la media y un 7,4% menos que los paises euro. A lo claro: recaudamos 73.703 millones menos el año pasado que Europa y 89.410 millones menos que la zona euro. Pongamos 80.000 millones menos de recaudación anual, que darían para reducir el déficit y la deuda y también para gastar más en todo lo que nos hace falta para equipararnos a Europa.

Así que el camino para rebajar más el déficit (algo dudoso e injustificable para un país como España), debería estar claro: ingresar más (+80.000 millones), para poder gastar más (+60.000 millones) y aún reducir el déficit, no hacer más recortes. Y ¿cómo ingresar más? La propia Comisión Europea se lo viene diciendo a España desde hace años: hay que aumentar los ingresos por IVA (suprimiendo tantos tipos reducidos, como el 10% de hoteles y restaurantes), aumentar los ingresos por IRPF (quitando deducciones y desgravaciones, 8.000 millones de euros, que favorecen a las rentas medias y altas), aumentar los ingresos por impuestos verdes (subiendo el gasóleo y la gasolina, que tienen impuestos más bajos que en Europa) y mejorar la recaudación en sociedades, donde las grandes empresas, bancos y multinacionales pagan sólo el 5,99% sobre beneficios. Y luchando más contra el fraude fiscal, con más medios (tenemos "el menor número de inspectores fiscales por habitante de la UE", según alertaba el informe 2019 de la Comisión Europea).

Así que más que pedir más recortes (Comisión Europea) o prometer contener el gasto (Sánchez), lo que habría que hacer es aprobar una reforma fiscal en toda regla y conseguir recaudar entre 40.000 y 60.000 millones más al año, como hacen los demás europeos. Eso supone no que la mayoría de españoles paguen más, sino que paguen más los que ahora pagan poco: grandes empresas, multinacionales, bancos y los más ricos, además de los defraudadores. Algo que no les gusta a las tres derechas, que defienden reiteradamente bajar impuestos, una medida que va en contra de los datos y  lo razonable para la mayoría (y que sólo favorece a los que hoy pagan poco, sus votantes). Y una vez que se consigan más impuestos, hay que hacer una lista de prioridades para gastar más y acercarnos al nivel de gasto de Europa en sanidad, educación, pensiones, gastos sociales, tecnología, inversiones públicas, digitalización y modernización de la economía, para crecer con más equidad y recomponer nuestro Estado del Bienestar tras una década de ajustes.

Este debería ser el gran debate de esta Legislatura y de los próximos Presupuestos: no caer en más recortes, los pida quien los pida, y apostar por ser europeos de verdad, ingresando como ellos y gastando como ellos, una estrategia justificada por los datos pero que se enturbia con la ideología conservadora de unos y el miedo a que les tachen de radicales de otros. Ingresar más y gastar más no es de izquierdas, sino la única salida posible para huir de más recortes y reducir la pobreza y la desigualdad que nos ha dejado la austeridad. No se equivoquen de nuevo.