España 2037: más viejos y más solos

Estadística ha publicado sus proyecciones sobre la población de España dentro de 15 años: habrá menos “españoles” (más inmigrantes), serán más viejos (el 26% tendrá más de 65 años) y vivirán más solos (1 de cada 8 españoles). Un envejecimiento de la población, por la caída de la natalidad y el aumento de la esperanza de vida, que tendrá importantes  consecuencias económicas: más gasto en pensiones, más gasto en sanidad y en cuidados a los mayores y menos personas activas trabajando y cotizando. Además, los que más crecerán serán los hogares con una persona sola, que serán un 30% del total, muchos de ellos mayores solos, lo que modificará los hábitos de consumo de los españoles, desde la comida que compran a los viajes que hacen. Y además, los que viven solos tienen un alto riesgo de pobreza y más problemas psicológicos. En ambos casos, más vejez y soledad. Hay que prepararse ya, con más gasto en los mayores, porque ahora gastamos menos que el resto de Europa.  

Enrique Ortega

Los problemas demográficos son uno de los grandes retos de España (y del mundo) este siglo XXI, junto al cambio climático y la tecnología. El primer gran problema es la caída de la población nacida en España, un fenómeno que empezó en 2015, por primera vez desde la Guerra Civil, y que va a continuar en las próximas décadas, según las proyecciones de población del INE. De momento, la población nacida en España lleva 7 años consecutivos cayendo, en -492.130 personas entre 2015 y 2021. Y la previsión es que siga cayendo en los próximos 15 años, bajando la población “española” en -1.342.831 habitantes más para 2037. Y también después, con lo que se perderían -6.475.079 habitantes entre 2022 y 2072, según las proyecciones del INE. Pasaríamos de los 40.066.227 habitantes nacidos en España hoy a 33.591.148 “españoles” en 2072.

Sin embargo, la población total “residente” en España ha aumentado en los últimos años y seguirá creciendo hasta 2072, gracias a la llegada de los inmigrantes. Ya entre 2015 y 2022, la población total residente en España ha crecido en casi un millón de personas (+992.706 residentes en estos 7 años), gracias a la inmigración, porque la población nacida en España se redujo (-492.130 personas). Y así seguirá pasando: en 2037, la población residente en España subirá a 51.669.140 habitantes (crecerá en +4.237.335 habitantes estos 15 años), gracias a la entrada neta de 5.647.585 inmigrantes, según prevé el INE. Y para 2071, la población residente en España será ya de 52.886.370 habitantes (crecerá +5.453.565 habitantes los próximos 50 años), gracias también a la llegada de 14.769.585 inmigrantes netos (llegadas menos salidas) entre 2022 y 2071.

Así que se producirá un tremendo cambio demográfico: si hoy, 84 de cada 100 residentes en España han nacido aquí, en 2072, la población residente nacida en España serán sólo el 63%. Un tercio de los que vivan en España habrán nacido fuera. Eso se debe a una fuerte caída de la natalidad en España (que reduce los nacimientos: 338.532 en 2021, la cifra más baja desde 1941) y a un envejecimiento de los españoles, que aumenta año a año las defunciones (449.270 en 2021). La caída de la natalidad se produce por dos motivos: hay menos mujeres españolas en edad fértil (entre 15 y 49 años), por la crisis de la natalidad en los años 80 y principios de los 90, y las mujeres españolas tienen menos hijos: 1,23 niños por mujer en 2020, la mitad que en 1976 (2,8 niños) y menos que la media europea (1,50 niños por mujer), que Francia (1,83), Alemania (1,53) o Italia (1,24), según Eurostat.

El aumento de la población residente en España durante los próximos 15 años (+4,2 millones de habitantes), gracias a los inmigrantes, será desigual. La población total aumentará hasta 2037 en 13 autonomías, sobre todo en Cataluña (+1.067.958 habitantes), Madrid (+1.039.391 habitantes), Comunidad Valenciana (+667.150), Andalucía (+487.750), Canarias (+349.464), Baleares (+306.142), Murcia (+243.473) y Castilla la Mancha (+110.370 habitantes). Y caerá la población total en otras 4 autonomías (-96.888 en Castilla y León, -66.921 en Asturias, -50.996 en Extremadura y -34.496 en Galicia), más Ceuta (-7.327) y Melilla (-2.571 habitantes), según las proyecciones del INE. Este aumento desigual de población se debe a que la inmigración exterior se va a concentrar en 6 autonomías, siendo mucho menor en el resto: Baleares (190,6 inmigrantes por 1.000 habitantes entre 2022 y 2036), Canarias (181,9), Madrid (152,5), Cataluña (140,9), Melilla (132,3) y la Comunidad Valenciana (130,2 inmigrantes netos por 1.000 habitantes).

El 2º gran cambio demográfico es que en las próximas décadas habrá más viejos entre la población española residente en España, debido a que seguirá aumentando la esperanza de vida, se vivirán más años: si a principios del siglo XX, los españoles vivían 34 años de media, en 2021 se vive ya más de 83 años (80,24 años los hombres y 85,83 las mujeres). Y la previsión del INE es que aumente más de 2 años para 2037 (83,32 y 87,76 años) y más de 4 años para 2071 (86,03 años vivirán los hombres y 90,05 las mujeres).

La consecuencia es que aumentará el número de mayores de 65 años: si en 2022 son ya el 20,1% de la población residente en España, dentro de 15 años (2037) serán ya el 26% y serán ya el 30,4% de la población total en 2050, bajando ligeramente este porcentaje para 2072 (serán el 29,5% de la población), según el INE. Y no sólo habrá más mayores de 65 años, sino que aumentará drásticamente el porcentaje de ancianos: los mayores de 80 años, que hoy son el 6,1% de la población residente serán ya el 11% en 2050 y el 12% en 2072. Y las personas con más de 100 años, que hoy son 14.287 habitantes, pasarán a ser ya 51.669 dentro de 15 años y habrá 226.932 personas centenarias dentro de 50 años.

Menos población española y una población más envejecida. Y el tercer gran cambio será que habrá más españoles viviendo solos, según otro informe reciente del INE, sobre la proyección de los hogares españoles hasta 2037. Si este año 2022, de los 18.916.118 hogares censados, un 26,8% son hogares con una sola persona (5.066.940 hogares unipersonales), para 2037 se espera  que haya 21.651.673 hogares y que los unipersonales supongan ya casi el 30% del total (6.450.937 hogares con una persona sola), siendo el tipo de hogar que más va a crecer en los próximos 15 años (+27,3%). Crecerán menos (+22%) los hogares con 2 personas (mayoritarios hoy: son 5.729.888 hogares), los de 3 personas (hoy son 3.834.147 hogares y crecerán sólo un +4,3%), los de 4 personas se reducirán (hoy son 3.176.268 hogares y caerán -4,1%) y crecerán poco (+5%) los hogares de 5 personas (1.110.875 hoy).

Actualmente, 1 de cada 10 españoles viven solos (5,021.119 personas, el 10,7% de la población), pero en 15 años serán 1 de cada 8 españoles los que vivirán solos (el 12,5% de la población, 6.378.123 personas), un 40% de ellos mayores de 65 años (la mayoría, mujeres, que son más longevas). A pesar de que aumentarán los hogares y los españoles que viven solos, todavía son muchos menos que en Europa, donde los jóvenes se emancipan antes y no hay una cultura de integración de los mayores en las familias como en la Europa del sur. De ahí que en Europa, un 14,8% de la población vive sola, aunque el porcentaje sube al 22,2% de la población en Dinamarca, al 21,5% en Finlandia y al 20,9% en Dinamarca.

Si nos fijamos en los mayores de 65 años que viven solos, sucede lo mismo: en España, el 25,2% de los mayores viven solos, mientras son menos en la Europa del sur (16,6% en Chipre, 24,4% en Grecia, 24,5% en Eslovaquia y 24,8% en Portugal) y más en la media europea (32,5% de mayores viven solos), en Alemania y Francia (36,2%), en Italia (28,5%) y sobre todo en los paises nórdicos (46,9% en Dinamarca y 39% en Finlandia).

Aunque los mayores españoles vivan menos solos que en Europa, la tendencia clara es que aumentan los hogares con 1 sola persona, la mitad de ellos mayores solos. Y esto tiene consecuencias económicas y sociales. Por un lado, alguien que vive solo tiene más dificultades para afrontar los gastos, máxime si hay una crisis (financiera, pandemia o inflación). Son más vulnerables. Y por eso, tienen  más riesgo de caer en la pobreza: ya en 2019, su tasa de pobreza era superior (27,4%) a la del resto de hogares (26,2%). Y con la pandemia y la inflación, esa diferencia se agravó: en 2020, el 32,6% de los “solos” estaban en riesgo de pobreza (frente al 27% de media española) y en 2021 la pobreza afectó al 34,6% de hogares solos (frente al 27,8% en todos los hogares). Es el 2º mayor porcentaje de pobreza, sólo superado por los hogares con mujeres solas con niños (54,3% son pobres).

Vivir sólo no sólo dificulta más llegar a fin de mes sino que modifica los hábitos de consumo y de vida, desde hacer la compra hasta viajar. Por eso, la industria alimentaria ya está modificando su oferta, ofreciendo alimentos con menos peso y contenido, para adaptarse a la compra de las personas solas (aunque falta mucho por hacer). Y también ha aumentado la oferta de ocio y viajes para personas solas, aunque muchas viajan con el IMSERSO. Y no podemos olvidar los problemas psicológicos que acarrea la soledad no deseada, según todos los expertos. De hecho, Más Madrid ya presentó en septiembre una proposición no de Ley para que las distintas Administraciones públicas destinen recursos y medios para ayudar a los mayores que viven solos, un problema cada vez más acuciante.

Al margen de vivir solo o con más gente, el envejecimiento de la población española es uno de los mayores problemas que debemos afrontar en el siglo XXI. Y tiene enormes consecuencias económicas y sociales, que deberían obligar a partidos e instituciones a un gran Pacto social por la población y contra el envejecimiento, porque va a exigir enormes recursos y medidas concretas para afrontarlo de aquí a 50 años.

El mayor problema que se plantea es pagar las pensiones al mayor número de pensionistas que habrá, con menos activos que hoy: hoy tenemos 3 activos por cada jubilado y en 2051 habrá 1,65 activos por cada mayor de 65 años. Y el número de pensionistas pasará de los 9,1 millones actuales a 15,6 millones en 2050, según el INE. Eso obliga a “racionalizar” el gasto en pensiones, tratando de aumentar lo posible los ingresos (cuotas y aportaciones presupuestarias) y “atemperar” los gastos, adecuando las pensiones futuras a la mayor esperanza de vida y a lo que se pueda pagar. La reforma de las pensiones que se hizo en 2021 es un paso en esa dirección, pero resulta insuficiente y habrá que ir haciendo ajustes de ingresos y gastos en función de la economía y la demografía.

Otro problema importante será adaptar el gasto sanitario a una población más envejecida. Ya hoy, se estima que el 45% de todo el gasto de la sanidad pública se dirige a atender a los mayores de 65 años, cuyo coste de atención sanitaria triplica el del resto de la población. Y además, dos tercios de estos mayores sufren 4 o más patologías crónicas (hipertensión, enfermedades cardiovasculares, diabetes, colesterol, asma, insuficiencias, alergias, depresión), patologías que serán crecientes en las próximas décadas, según la OMS. Así que en el futuro, al aumentar el porcentaje de mayores (el 30% de la población en 2050), habrá que destinar más recursos a la sanidad pública, hoy ya falta de recursos y medios. Y eso supone una planificación y una profunda reconversión de la atención geriátrica.

Y un tercer frente son los cuidados a los mayores: a más porcentaje de ancianos, más necesidades de gasto y atención a los dependientes, que se van a disparar. El Gobierno Sánchez ha estimado que para 2050 puede haber en España 1,6 millones de mayores dependientes, casi el doble de los 923.000 mayores dependientes reconocidos que existen hoy. Eso obliga a preparar con tiempo, recursos y personal su atención, que hoy es muy deficiente, con recursos escasos y 185.528 dependientes en lista de espera (con prestación reconocida pero sin recibirla), de los que 47.000 mueren cada año esperando. No se trata sólo de destinar más recursos sino de reorganizar toda la economía de los cuidados, reforzando la atención a domicilio, la teleasistencia, la ayuda a los cuidadores familiares, el refuerzo de las residencias y la planificación de nuevos hogares para mayores.

Al final, adaptarnos a un país con más viejos y más personas solas exige buscar más recursos para atender a los mayores, que ya son hoy insuficientes: España apenas destina el 0,9% del PIB al cuidado y atención de los mayores, muy por debajo del gasto medio que hacen los paises OCDE (1,5% del PIB, llegando al 3,7% en Noruega y el 4,1% en Holanda). Y la propia OCDE estima que, el envejecimiento de la población occidental obligará a duplicar el gasto en atender a los mayores (al 3% del PIB). Hay que prepararse y buscar recursos públicos, que sólo pueden venir del aumento de la recaudación, no de bajar impuestos. Y además, urge tomar dos medidas más en paralelo: aumentar la natalidad y aumentar el empleo (hoy trabajan en España 1,8 millones de personas menos de las que deberían trabajar si tuviéramos la tasa de empleo europea), para que haya más personas trabajando, cotizando y pagando impuestos, más población (españoles e inmigrantes) que sostengan y financien a ese 30% de mayores. Se lo merecen.

Menos españoles y más inmigrantes

Este martes, los medios hablaban en portada de la Superliga mientras el INE publicaba un dato que apenas destacaban: España perdió 106.146 habitantes en 2020. La población cayó porque hubo menos nacimientos, más muertes y llegaron menos inmigrantes. Pero la culpa no es sólo de la pandemia. En la última década, la población española ha caído en 5 años (2012, 2013, 2014, 2015 y 2020), porque tenemos un serio problema demográfico (pocos nacimientos y envejecimiento), que provocará que los nacidos en España pasen de 40 millones hoy a 37 millones en 2050 y 33,8 en 2070. Y sólo nos salvarán los inmigrantes, como ya está pasando: el 79% del crecimiento de la población en España entre 2000 y 2020 ha sido gracias a los inmigrantes. Esta caída de población es una grave hipoteca de futuro, para sostener el empleo, las pensiones y el Estado del Bienestar. Por eso urge un doble Pacto, para fomentar la natalidad y regular la entrada de extranjeros, a los que necesitamos. Faltan habitantes.

Enrique Ortega

El menor crecimiento de la población y su envejecimiento se dan en toda Europa, no sólo en España. La población de la UE-27 ha pasado de 440 millones en 2008 a 441 en 2013 y 447 en 2019, según Eurostat, apenas un 1,65% de crecimiento en once años (+ 7,27 millones de habitantes), en contraste con el fuerte crecimiento de la población en América, Asia y África. Esto se debe a que cada vez hay menos nacimientos (4,17 millones en 2019 frente a 4,68 millones en 2008) y más muertes, por el envejecimiento creciente de la población europea. En 2019, la tasa de fertilidad de las europeas era de 1,53 hijos por mujer (1,58 en 2008), con Francia en cabeza (1,86) y España a la cola (1,23 hijos por mujer), sólo mejor que Malta (1,14). Y al aumentar en paralelo la esperanza de vida (81,3 años en la UE-27 y 84 años en España), aumenta la mortalidad, frenando el aumento de población en Europa.

Este panorama, agravado, es el de la población en España. Baja la natalidad, por dos motivos: hay menos mujeres españolas en edad fértil (entre 15 y 49 años), por la crisis de natalidad de los años 80 y principios de los 90, y tienen menos hijos (1,23 niños por mujer, la mitad que los 2,8 hijos por mujer de 1976). Y entre tanto, la mortalidad ha aumentado más, a partir de 1976 (299.007 defunciones), subiendo a 420.408 defunciones en 2015 y las 466.583 muertes que se esperan en 2020, por la COVID-19. Más muertes debido a que ha aumentado la esperanza de vida de los españoles (de 73,34 años en 1975 a 82,4 años en 2020) y con ello ha envejecido la población (el 19,58% tienen más de 65 años frente al 10,2% en 1975).

Con este panorama, la pandemia ha agravado el problema que ya teníamos con la población, porque ha aumentado la mortalidad en 2020 (50.837 muertos oficiales por COVID-10, según Sanidad), ha caído el número de nacimientos (podrían haberse reducido un -20%, a falta de datos de todo el año) y se ha reducido la entrada de inmigrantes respecto a años anteriores (11.539 frente a 343.289 en 2019), por el cierre de fronteras y las limitaciones a viajar. Estos tres factores explican que los habitantes censados en España hayan caído en 2020 en -106.146 personas (-0,2%), contabilizándose una población de 47.344.649 habitantes el 1 de enero de 2021, según el INE.

Pero esta caída de población no es un hecho aislado por la pandemia sino que es la 5ª caída de población que sufre España en la última década. Así, según los datos del INE, cayó más la población en 2012 (-135.538 habitantes), 2013 (-358.442), 2014 (-146.959) y algo menos en 2015 (-67.374) que en 2020 (-106.146). En estos años de caídas sin pandemia, lo que redujo la población fue la caída de la natalidad, el aumento de la mortalidad y, sobre todo, que llegaron menos inmigrantes, por la crisis. Y es que los inmigrantes son los que han salvado la población en España en las últimas 6 décadas. Así,  han supuesto el 40% del aumento de población total (6,8 millones de 16,9 millones) entre 1960 y 2020. Pero si concentramos el foco en este siglo, la inmigración ha sido responsable del 70% del aumento de la población española entre 2000 y 2020: de los 6,8 millones de nuevos habitantes empadronadas en estas 2 décadas, 5,3 millones nacieron fuera de España, según este interesante informe recién publicado por FEDEA.

A 1 de enero de 2021, hay censados en España 47.344.649 habitantes, de los que 41.936.827 personas son españoles (el 88,6%) y 5.407.822 extranjeros (el 11,4%). Y de esos 41,9 millones de habitantes españoles, 39.529.175 nacieron en España (94,3%) y 2.407.652 (5,7%) son personas nacidas en el extranjero y con nacionalidad española. De los “extranjeros” (5,4 millones de personas con otra nacionalidad), algo menos de un tercio son comunitarios (1.580.066) y más de dos tercios (3.827.756) son de fuera de la UE, donde se incluye ya a los británicos. Entre los “extranjeros” censados en España  destacan los marroquíes (869.661), rumanos (639.261), colombianos (290.053), británicos (280.022), italianos (256.115), chinos (228.584), venezolanos (197.615), hondureños (128.922), ecuatorianos (123.148) y búlgaros (117.265), según el INE. En 2020, a pesar de la pandemia, han aumentado los censados de Reino Unido (+17.137, para anticiparse al Brexit), Colombia (+17.003), Venezuela (+8.505), Honduras (+6.959) y Perú (+4.522), mientras cayeron los rumanos (-28.117), bolivianos (-7.994), ecuatorianos (-7.771), búlgaros (-5.108), brasileños (-3.843) y ucranianos (-3.756 censados).

En España, si quitamos los extranjeros de la UE, el porcentaje de inmigrantes baja al 7% de la población (enero 2020), por encima de la media europea (5%), por debajo de Austria (8%), Luxemburgo (9%) o Malta(10%), en línea con Alemania y Grecia (7%), por encima de Francia, Italia y Suecia (6%), Bélgica y Dinamarca (5%) o Portugal (4%) y Holanda (3%) y muy lejos del bajo porcentaje de extranjeros de la Europa del Este (1% en Polonia, Hungría o Bulgaria, por ejemplo), según el último dato de Eurostat. Al final, la mayor llegada de inmigrantes se ha producido en dos oleadas: una antigua de marroquíes y chinos y  otra más reciente (este siglo) de latinoamericanos (a los que no se les exigía el visado hasta hace poco) y rumanos y búlgaros (regularizados tras su ingreso en la UE en 2007).

En los próximos años, se va a mantener una elevada presión migratoria sobre España, según el estudio de FEDEA, debido a la alta presión demográfica en los paises origen de nuestros inmigrantes, básicamente África y Latinoamérica, aunque bajará la presión de los inmigrantes de Europa del Este (por su envejecimiento). Este factor explica el 40% de la inmigración, otro 26 % la atracción de inmigrantes que ya están, un 25% son factores bilaterales fijos y sólo un 9% de la inmigración viene por la situación económica de España, según el estudio , que estima llegarán 5,8 millones nuevos inmigrantes para 2050: 2 millones de Latinoamérica (sobre todo de Perú, Colombia y Venezuela, los paises con más jóvenes), 2 millones del norte de África y Oriente Próximo y 1 millón del resto del mundo.

Volviendo a la población, las previsiones para las próximas décadas anticipan que la población seguirá creciendo poco en Europa y en España. Las últimas proyecciones de la Comisión Europea (junio 2020) señalan que la población europea seguirá estable, con poco crecimiento en las próximas dos décadas (449 millones de habitantes entre 2025 y 2030), para decrecer a partir de 2030 y llegar a 2070 con 424 millones de europeos (-5% sobre hoy). Y habrá 20 paises europeos que perderán población entre 2020 y 2050, según un estudio del Finantial Times, encabezados por Italia (de 60,5 a 54,4 millones), Rumanía (de 19,2 a 16,3), Polonia (de 37,8 a 33,3), Bulgaria (de 6,9 a 5,4 millones) Hungría (de 9,7 a 8,5), Portugal (de 10,2 a 9,1) y Grecia (de 10,4 a 9 millones de habitantes).

España no va a perder población total pero crecerá muy poco, según las últimas proyecciones del INE: pasará de los 47,32 millones de hoy a 49,91 en 2050 y a 50,58 millones de habitantes en 2070, 3,26 millones más en 50 años (la mitad de los 6,83 millones de habitantes ganados entre 2000 y 2020). Pero este aumento encubre un hecho: el número de españoles nacidos en España caerá drásticamente: de 40,33 millones en 2020 a 37,10 en 2050 y 33,79 millones en 2070, según el INE. Habrá 6.540.263 españoles menos dentro de 50 años. Si luego la población total no cae así es porque “nos salvarán los inmigrantes”, como en las dos últimas décadas: la población extranjera residente pasará de 5.407.822 en 2020 a 12.801.714 en 2050 y a 16.795.740 extranjeros (el 33% del total) en 2070.

Este flujo migratorio “salvará la población total en España, que no caerá gracias a los inmigrantes. Pero ojo, con extranjeros y todo, habrá 10 regiones españolas que perderán población entre 2020 y 2035, , según el INE: Castilla y León (-10% y -239.064 habitantes), Asturias (-10% y -101.436 habitantes), Extremadura (-8,3% y -88.404 habitantes),Galicia (-6,6% y -178.257 habitantes), Cantabria (-5,3%), Ceuta (-3,9%), Castilla la Mancha (-3,3% y -66.756 habitantes), País Vasco (-1,7%), Aragón (-0,9%) y la Rioja (-0,3%). O sea, que la España vaciada se va a vaciar aún más. Las restantes regiones ganan población, sólo gracias a la inmigración, en especial Baleares (+14,9% y +179.921 habitantes), Madrid (+9,1% y +614.049 habitantes), Canarias (+8,4% y +182.272 habitantes), Murcia (+6,1% y +91.512 habitantes), Cataluña (+5,4% y +414.061 habitantes), Navarra (+4,5%) y la Comunidad Valenciana (+3% y +152.724 habitantes).

La caída de población (o el bajo crecimiento) y su envejecimiento son una preocupante hipoteca para toda Europa y más para España, donde el 31,4% de la población (15,6 millones de personas) tendrá más de 65 años en 2050. Varios son los problemas a afrontar. Por un lado, habrá 3 millones menos de jóvenes en edad de trabajar: pasaremos de tener 28,8 millones de personas en edad de trabajar (20 a 64 años) en 2020 a 25,9 millones en 2050, según el INE. Y eso será un problema serio para recaudar los impuestos necesarios para sostener el Estado del Bienestar (sanidad, educación dependencia, ayudas sociales) y para ingresar las cotizaciones con las que pagar las pensiones futuras. Baste un dato: si hoy tenemos 3 personas en edad de trabajar por cada mayor de 65 años, en 2050 habrá sólo 1,65 activos por cada jubilado. Y además, al tener casi un tercio de la población mayor de 65 años en 2050 y vivir más (por encima de 85 años en 2050), subirá el gasto en sanidad y en dependencia, siendo menos a trabajar y pagar impuestos y cotizaciones.

Con este panorama, se entiende que muchos expertos consideren la población como el tercer gran problema del siglo XXI, junto al cambio climático y la revolución tecnológica. Por eso urge tomar medidas cuanto antes, a pesar de los agobios de la pandemia, porque actuar sobre la población tarda décadas en dar frutos. De ahí que dentro del paquete de reformas a medio plazo se debía hacer más hincapié en afrontar el gran reto de la población, alcanzando un doble Pacto político, económico y social: un Plan de fomento de la natalidad y un Plan para organizar los flujos de inmigración, ambos de cara a 2050.

El Plan de fomento de la natalidad debería asentarse en 4 patas. Una, establecer más ayudas a las familias para que tengan más hijos, desde ayudas directas a más guarderías y plazas públicas en educación infantil. Dos, favorecer el trabajo de la mujer (tiene más paro y peores empleos y sueldos), con planes específicos para facilitar su colocación y políticas de conciliación en las empresas, para que las mujeres no tengan que dejar de trabajar por ser madres. Tres, descargar a las mujeres de las tareas de “cuidados”, mejorando la atención a la dependencia. Y cuatro, establecer una fiscalidad de apoyo a la natalidad, mejorando las pensiones de quienes tengan hijos (Campaña “Más hijos, más pensión”) o contabilizando como tiempo cotizado los años en que las madres cuidan a sus hijos.

Y hay que pactar un Plan sobre la inmigración, a nivel europeo y en España. No existe una política migratoria y España (como los demás paises del sur) se dedican a “tapar agujeros”, mientras la opinión pública sólo ve los cayucos, que son una insignificancia mediática en el flujo migratorio: 41.094 entradas ilegales por tierra y mar en 2020 (según FRONTEX) frente a 712.734 inmigrantes que entraron en 2019, según el INE… Y el Gobierno español, como los demás, se encuentra “superado” ante este fenómeno y reacciona con “racanería”. Dos ejemplos. Uno, el stock de inmigrantes irregulares, que ha pasado de 100.000 en 2013 a 500.000 a finales de 2019, sin que se les dé una salida (en Italia o Portugal ha habido regularizaciones con la pandemia). Otro, las solicitudes de asilo: España es el 2º país de Europa con más solicitudes (88.530 en 2020), tras Alemania (102.500) y por delante de Francia (81.800), Grecia (37.900) e Italia (21.200), según Eurostat. Y en 2020 sólo se concedieron el 5% de las estudiadas, 5.758 concesiones de asilo, muy por debajo de las que concede Alemania (44%), Bélgica (35%), Italia (23%) o Francia (22%), según la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR).

Canalizar y ordenar la inmigración sería una gran ayuda para taponar la pérdida de población española y para aumentar el empleo, la recaudación y las cotizaciones. Hay que tener presente que un tercio de los inmigrantes que llegan ahora son universitarios. Y que cada inmigrante regularizado supone una media de 3.400 euros de cotizaciones, según FEDEA: regularizar a 300.000 inmigrantes supone un ingreso extra de 1.020 millones de euros anuales a la SS. Y además, la pandemia ha revelado que muchos inmigrantes realizan tareas esenciales: si un 35% de todos los trabajadores son “esenciales”, el 15% de ellos son inmigrantes. Sobre todo en la sanidad, la dependencia y los cuidados, los servicios o el transporte. Por eso, el Gobierno va a aprobar un Plan de choque para homologar los títulos de 15.000 extranjeros, que llevan esperando hasta dos años, lo que podría integrar a muchos profesionales extranjeros que nos hacen falta (médicos, enfermeras, maestros, científicos…). No hay que verlos como personas que quitan el trabajo a españoles, sino personas que ayudan a que haya más gente trabajando, cotizando y pagando impuestos, que falta nos hace.

En definitiva, la pandemia ha dejado al descubierto otro problema más que ya teníamos antes: una caída de la natalidad y una pérdida de población, que irá a más en las próximas décadas, acuciando nuestros problemas de empleo, pensiones y Estado del Bienestar. Es hora de afrontarlo de una vez, sin prejuicios ideológicos contra la inmigración, que nos ha “salvado” en las últimas décadas y puede ayudarnos más si lo hacemos bien. Hay sitio para todos.

Pensiones: llega una reforma a medias

Todos los partidos (salvo Vox, ERC y Bildu) han acordado 20 recomendaciones para reformar las pensiones, tras casi 4 años de debate en el Pacto de Toledo. El Gobierno ya ha tomado  2 medidas en los Presupuesto 2021: revalorizar las pensiones con el IPC y cargar con 14.000 millones de gastos “impropios” que pagaba la SS. Así pretende acabar con el déficit de las pensiones en 2023. Además, promoverá los planes de pensiones de empresa, penalizará más las jubilaciones anticipadas y fomentará el trabajo después de los 67 años. Está bien, son cambios que mejorarán las cuentas de las pensiones, pero falta una reforma más profunda, para afrontar el aumento de gasto a partir de 2027, cuando se disparen las jubilaciones y bajen los trabajadores por la caída de la natalidad. No valen parches: hay que aumentar ingresos (cotizaciones e impuestos) y “atemperar” los gastos para que el sistema no estalle en 2050 (o antes). No podemos dejar el problema a nuestros hijos y nietos.

 La pandemia ha hundido aún más las cuentas de las pensiones, al reducir mucho los ingresos de la Seguridad Social (caída de cotizaciones, por los ERTEs y el paro) y aumentar los costes, por la necesidad de mayores ayudas. El hecho es que la SS cerrará este año 2020 con un déficit histórico, según la última previsión del Gobierno: -45.321 millones de euros (el 4,1% del PIB), casi el triple que el “agujero” de 2019 (-16.502 millones). Un déficit que se suma a una década de “agujeros” (ver gráfico déficit SS) :  la Seguridad Social empezó perdiendo -2.433 millones en 2010, elevó el déficit por encima de -10.000 millones en 2012, 2013 y 2014, superó los -13.000 millones en 2015 y rondó los -17.000 millones en 2016, 2017 y 2018, para mantenerse en los -16.502 millones de déficit en 2019, a los que ahora se suman los -45.321 previstos en 2021. En total, un “agujero” acumulado de -161.963 millones de euros en estos 11 años, que se han “tapado” con deuda, aportaciones del Estado a la SS y tirando de la hucha de las pensiones (tenía 66.815 millones en 2011 y está casi a cero).

Lo peor es que la previsión del Gobierno, enviada a Bruselas en mayo,  era que “el agujero” de las pensiones se mantuviera muy elevado en los próximos años: -30.000 millones en 2021 y unos -20.000 millones en 2022 y 2023. Un déficit insostenible para las arcas públicas y que ponía en grave riesgo el sistema de pensiones. Por eso, la Comisión Europea y los paises ricos del norte de Europa (Holanda, Austria, Finlandia y Suecia, más Alemania) llevan meses presionando a España para que reforme cuanto antes las pensiones. Y por ello, en junio pasado, la comisión parlamentaria del Pacto de Toledo reinició sus trabajos, comenzados en noviembre de 2016, para pactar una nueva reforma de las pensiones, tras las reformas de 2011 (pactada por Zapatero) y la de 2013 (impuesta por Rajoy).

Finalmente, el martes 27 de octubre, la Comisión del Pacto de Toledo pactaba (con el voto en contra de VOX y las abstenciones de ERC y Bildu) 20 recomendaciones para la reforma de las pensiones. Las 2 primeras han sido ya incluidas por el Gobierno en los  Presupuestos 2021 presentados la semana pasada en el Congreso: la revalorización de las pensiones con el IPC y el reequilibrio financiero, gracias a que las cotizaciones van a pagar sólo las pensiones contributivas y serán los impuestos (el Presupuesto) quien cargue a medio plazo con una serie de gastos “impropios” de la Seguridad Social, estimados en 22.871 millones al año: subsidios de paro no contributivos (11.305 millones), tarifas planas y rebajas de cotizaciones (1.818 millones), prestaciones por nacimiento y cuidado de hijos (2.953 millones), pago complementos de maternidad (1.082 millones), subvenciones a regímenes especiales (1.14 millones), costes extras en el cálculo pensiones (788) y los gastos de funcionamiento de la Seguridad Social (3.911 millones que pagan las cotizaciones, no el Presupuesto).

En consecuencia, los Presupuestos 2021 contemplan una revalorización de las pensiones del 0,9% en 2021 para los 8.861.000 pensionistas que hay en España (una subida media de 9 euros al mes) y un 1,8% de aumento para los 450.000 que cobran pensiones mínimas. El coste de esta revalorización será de 1.406 millones de euros en 2021, con lo que el gasto total en pensiones (ya son 9.765.352) será de 163.297 millones de euros el año que viene, más de un tercio (el 35,8%) de todo el gasto público en España. Un gasto que se lleva ya un 13,3% de la riqueza (PIB) y que se ha disparado en la última década, ya que en 2008 se gastaba en pensiones 98.012 millones de euros (el 8,8% del PIB) y 112.216 millones en 2011 (el 10.54% del PIB español).

La otra novedad de los Presupuestos 2021 es que se hacen cargo de parte de los “gastos impropios” de la Seguridad Social, concretamente de 13.929 millones que hasta ahora se pagaban con cotizaciones. El objetivo es seguir pagando con impuestos más gastos” impropios” cada año, hasta asumirlos todos (los 22.871 millones) en 2023. Además de esta “ayuda”, otra: los Presupuestos 2021 cargan con más de la mitad del déficit esperado de la Seguridad Social en 2021 (el 1,7% del 3% del PIB que sería el agujero), para lo que la transfieren otros 18.396 millones de euros más. Y gracias a este trasvase de fondos del Presupuesto (unos 32.000 millones en total), la Seguridad Social tendrá sólo un déficit de -15.921 millones de euros en 2021 (el 1,3% del PIB), que el Estado cubrirá con un crédito, como hizo en los últimos años. Y el objetivo es seguir tapando el agujero, cargando con más gastos en los Presupuestos, para que la SS no tenga déficit en 2023, como pide la primera de las 20 recomendaciones del Pacto de Toledo.

Las demás recomendaciones, tras la revalorización con el IPC y el equilibrio financiero, son menos explícitas y los políticos “se mojan menos”. Están a favor de acercar la edad de jubilación real (64 años y 6 meses) a la oficial (65 años y 10 meses en 2020), pero no dicen cómo. Defienden reconstruir la hucha de las pensiones y dificultar que los Gobiernos la utilicen, pero no detallan cómo. No son partidarios de tocar los periodos de cómputo para jubilarse (25 años en 2022), pero defienden que se puedan elegir los mejores años. Y reconocer la pensión de viudedad a los convivientes no casados legalmente. Están a favor de promover los planes de pensiones de empresa (hoy poco utilizados) y que la Seguridad Social informe a los trabajadores de la pensión que les quedará cuando se jubilen. Y piden que se cree una Agencia para gestionar la Seguridad Social.

Ahora, el Gobierno tiene que transformar estas recomendaciones en propuestas de reformas y llevarlas al Congreso. Y primera reforma será acercar la edad de jubilación real a la legal, porque es la que más ahorro conlleva: se consigue reducir el gasto en 14.400 millones anuales (1,2% del PIB) por cada año que suba la edad real (la media de los jubilados este año tenía 64,6 años, luego hay 2,4 años de margen hasta los 67 años en que habrá que jubilarse en 2027). Para conseguirlo, hay 2 vías. Una, penalizar más a los que se jubilan antes de tiempo (un 37,47 % de los jubilados este año), que ya sufren recortes del 1,65 al 2% por cada trimestre (y encima, el sistema actual penaliza menos a los que tienen pensiones más altas, algo que el Gobierno tiene que cambiar en 3 meses, por otra recomendación del Pacto de Toledo). La otra, incentivar que los trabajadores se jubilen más tarde: ya se hace hoy, pero poco (un 2%, frente al 5% en Francia y el 6% en Alemania). El Gobierno estudia incentivarlo más (4,6% anual) y hacerlo con un cheque, para “visualizarlo”.

La segunda reforma que estudia el Gobierno es promover los planes de pensiones de empresa, que hoy sólo tienen las grandes compañías, menos de 2 millones de trabajadores, con 35.000 millones en primas (frente a 75.000 los planes de pensiones individuales). Se trata de promover que se hagan planes de pensiones en muchas empresas, también en pymes, incentivándolos con más deducciones fiscales. De hecho, en los Presupuestos 2021 se bajan las aportaciones que se pueden deducir los planes de pensiones privados individuales (de 8.000 euros a 2.000) y ese ahorro se destina a subir las aportaciones con deducción a planes de empresa (de 8.000 a 10.000 euros). Un modelo que gustaría imitar es el británico, donde hay 800.000 empresas y 9,1 millones de trabajadores con planes de pensiones. Para animar el mercado, el Gobierno ha anunciado incluso que va a crear un Fondo público de pensiones de empleo, donde podrán entrar autónomos, pymes y funcionarios.

Todas estas reformas están muy bien pero son insuficientes. No basta con tapar el déficit para 2023 y esperar que la recuperación y el empleo saneen las cuentas de las pensiones. Porque hay un problema a medio plazo que es estructural: los pensionistas van a crecer exponencialmente y no podrán crecer tanto los ingresos. El problema se agravará a partir de 2027, cuando se empiecen a jubilar los españoles del “baby boom”, los nacidos entre 1.960 y 1975. Basten dos datos. Uno, la evolución de los pensionistas: si hoy hay 9,27 millones de españoles mayores de 65 años, en 2050 serán 15,67 millones, según el INE. Y si hoy tenemos 3 personas en edad de trabajar por cada mayor de 65 años, en 2050 habrá 1,65 activos por cada jubilado, por la caída de la natalidad y el envejecimiento, según CaixaBank. Serán menos españoles a trabajar y más jubilados, que además vivirán 4 años más (estarán 20,2 años cobrando pensión si se jubilan a los 67 años).

Este doble problema demográfico (envejecimiento y caída de la natalidad y los activos) es una verdadera “bomba de relojería” para el futuro de las pensiones. Y sobre el que no entran las recomendaciones del Pacto de Toledo, quizás para obviar polémicas. Pero hay que afrontarlo con medidas estructurales, a medio plazo. Y todos los expertos apuntan que hay que actuar por dos caminos: aumentar ingresos y “atemperar” gastos.

El primer camino, aumentar ingresos para financiar las pensiones, exige actuar en dos frentes. Uno, aumentar la recaudación fiscal, lo que se puede hacer si tenemos en cuenta que recaudamos menos que la mayoría de Europa: España recaudó en 2019 el 39,2% del PIB frente al 46,1% de media en la UE-27, según Eurostat. Eso significa que ingresamos -85.889 millones menos cada año que la media europea. Una parte de estos mayores ingresos (cuando puedan subirse impuestos, a partir de 2023) deberían ir a apoyar el pago de las pensiones, al menos en los años que haga falta. Y el otro frente es actuar sobre las cotizaciones sociales, también más bajas que en Europa, según Eurostat (2019): suponen el 12,9% del PIB, frente al 14,2% en la UE-27, el 15,1% en la zona euro, el 13,5% en Italia, el 16,8% en Francia y el 15,7% en Alemania, tres paises con los que competimos. Eso significa que si tuviéramos unas cotizaciones como la zona euro, la SS ingresaría 26.950 millones más cada año. Podrían subirse esas cotizaciones a partir de 2023, para no dañar ahora la necesaria reconstrucción del país.

El segundo camino que habrá que recorrer, aunque no guste, será “atemperar” el gasto en pensiones: no recortarlas pero sí que crezcan menos, para asegurar que se pueden pagar en 2050.Y eso pasa por tomar ahora algunas decisiones, aunque no sean populares. Sobre todo, dos: ampliar los años de cotización que se toman para tener derecho a pensión (en 2011 se decidió subirlos de 15 a 25 años en 2022 y ahora habría que pensar en subirlos a 35 años y después a toda la vida laboral) y, si hace falta,  aumentar los años exigidos para tener derecho al 100% de la pensión (hoy 36 años y 37 años en 2027). Y habría que tener en cuenta la mayor esperanza de vida, el cobrar pensión más de 20 años, para repartir cuantías. Suena mal, pero al ritmo actual de aumento de las nuevas pensiones, será imposible pagar 15 millones de pensiones en 2050, con el empleo e ingresos previsibles hoy.

Por eso, cuando salgamos de esta pandemia y de esta recesión, habrá que plantearse otra nueva reforma de las pensiones, más profunda que la que plantea ahora el Pacto de Toledo. Europa nos va a presionar a hacerlo, porque será una de las vías para rebajar el déficit, una exigencia que nos van a recordar a partir de 2023. De hecho, ya llevan años diciendo que España tiene que ajustar su gasto en pensiones, porque creen que son “demasiado generosas”, aunque más de la mitad de los pensionistas (4,8 millones) cobran menos del salario mínimo, menos de 950 euros al mes, según las estadísticas de la SS. Pero la OCDE insiste: las nuevas pensiones españolas son más generosas que en otros paises: suponen el 84,3% del último salario cobrado, frente al 65,5% de media en Europa, el 58,6% en la OCDE (36 paises), el 80,2% en Holanda, el 73,6% en Francia o el 51,9% del último salario (más alto) en Alemania, según este informe de la OCDE.

Así que, deberíamos hacer una reforma más a fondo de las pensiones, en cuanto salgamos del túnel de esta pandemia, en 2023. Si no reformamos nosotros, nos impondrá la reforma Europa. Pero sobre todo, hay que hacerlo por las generaciones futuras, para evitar graves problemas a los que se jubilen dentro de 20 o 30 años. No vale “poner parches” para “tapar” el déficit de las pensiones en 2023 y no afrontar el reto demográfico posterior. No vale “el que venga detrás, que arree”. Hay que pensar en nuestros hijos y nietos.    

El alto coste del envejecimiento

Todos los días damos vueltas a los problemas más inmediatos: paro, empleo, sueldos, vivienda, pensiones, sanidad, educación…Pero hay otros problemas de fondo de los que hablamos menos. Dos son los mayores retos del siglo XXI, junto al cambio climático, según el Banco de España: la revolución tecnológica y el envejecimiento, especialmente preocupante para España, porque somos el país europeo donde nacen menos niños y donde más años se vive, con lo que un tercio de españoles tendrán más de 65 años en 2050 y habrá pocos jóvenes para trabajar. Un grave problema que va a recortar el empleo y el crecimiento, agravando el agujero de las pensiones y el déficit público. Pero nadie plantea medidas para favorecer la natalidad y la familia, reformar las pensiones y los impuestos y mejorar la formación y el empleo, para evitar este “suicidio demográfico”. La baja natalidad y el envejecimiento son un problema de Estado, gobierne quien gobierne. Y resolverlo exige tomar medidas ya, porque tardan décadas en surtir efecto en la demografía. 

A partir de una escena de El séptimo sello. enrique ortega

El bajo número de nacimientos y el envejecimiento de la población son los dos graves problemas demográficos de todos los paises desarrollados, de Japón a EEUU y Europa. Pero España los sufre más, porque tenemos una tasa de natalidad de las más bajas del mundo y un país con una de las mayores esperanzas de vida, con lo que hay cada vez más viejos y menos jóvenes, un auténtico “suicidio demográfico” que lastra la economía y el futuro, como han reiterado la OCDE y el FMI y ahora el Banco de España, que considera los cambios demográficos y los avances tecnológicos como “las dos tendencias estructurales que van a condicionar la economía de las próximas décadas”.

El primer problema es que cada vez nacen menos niños, en Occidente y sobre todo en España. Si en 1975 nacieron en España 669.378 niños, en 2017 nacieron casi la mitad, 390.024 niños (1.068 diarios), menos incluso que en 1939 (419.848) y muy lejos del récord histórico de 1964 (697.697 nacimientos, casi 2.000 diarios). Y en 2018 han vuelto a bajar, con 179.800 nacimientos hasta junio (último dato del INE). Los nacimientos se han desplomado por dos causas. Una, porque hay menos mujeres en edad fértil (entre 15 y 49 años), por la caída de la natalidad en los años 80 y 90: hay un millón menos que en 2009. La otra, porque las españolas esperan cada vez más para ser madres, ocupadas en estudiar o hacerse una carrera profesional: si en 1976, las españolas eran madres a los 28,5 años de media, en 2018 lo son a los 32 años. El resultado es que la tasa de natalidad ha caído bruscamente, de los 2,76 niños por mujer en 1975 (3,15 en 1900 y 3,01 en 1964) a 1,31 niños en 2018.

Y con ello, España tiene la 2ª tasa de natalidad más baja de Europa, 1,30 niños por mujer en 2017, por detrás de Malta (1,26 niños por mujer), lejos de la media europea (1,59 niños por mujer UE-28) y por debajo incluso de los paises del sur de Europa: Italia y Chipre (1,32 niños/mujer), Grecia (1,35) y Portugal (1,38). Y estamos muy alejados de la mayor natalidad de la Europa del norte, encabezada por Francia (1,90 niños por mujer), Suecia (1,78), Irlanda (1,77), Dinamarca (1,75), Reino Unido (1,74) e incluso Alemania (1,58 niños/mujer), según los datos de Eurostat (de 2017). Y somos también el país donde las mujeres son madres más tarde (a los 30,9 años en 2017), tras los 31,1 años de Italia y los 29,1 años de media en la UE-28. Y el país donde nacen menos terceros hijos (sólo el 8,5% de los hogares con hijos frente al 15% en Europa) y menos cuartos (2,8% de hogares frente al 6% en Europa).

Si estos datos de natalidad son preocupantes, lo es más que va a seguir cayendo en el futuro, según las proyecciones de población hechas por el INE hasta 2065. La principal causa es que se agrava la caída del número de mujeres en edad fértil (15-49 años): habrá 1,8 millones menos en 2031 y 3,5 millones menos (-32,7%) en 2065). Y también subirá la edad a la que las mujeres españolas tienen hijos: de los 32 años actuales bajará a 31,40 años en 3031 y subirá a 33 años en 2065. El resultado será que la tasa de natalidad se mantendrá casi igual: de 1,31 niños por mujer en 2018 a 1,36 en 2031 y 1,38 niños en 2065, según el INE. Pero como habrá menos mujeres fértiles, los nacimientos caerán bruscamente: de unos 370.000 nacimientos en 2018 se bajará a 366.402 nacimientos en 2020, 353.595 nacimientos en 2030, 322.799 en 2050 y 294.003 en 2065, menos de la mitad que un siglo antes.

Esta caída de la natalidad ya sería preocupante por sí sola (menos niños y jóvenes para trabajar, cotizar y pagar impuestos), pero se agrava porque España tiene otro récord demográfico: es también uno de los paises con más viejos, además de tener menos niños. El problema deriva de algo muy positivo: tenemos más esperanza de vida que la mayoría del mundo (por nuestra excelente sanidad y el estilo de alimentación y vida): 83,4 años de media (2017), 3 años más que la media de la OCDE. De hecho, somos el 5º país con más esperanza de vida a los 65 años (21,4 años), por detrás de Japón (22,1 años), Hong-Kong (21,9), Francia (21,7 años) y Macao (21,5 años), según las estadísticas de la ONU. Y esta longevidad provoca que tengamos más viejos, que seamos uno de los paises con mayor porcentaje de mayores de 65 años: el 19,2% de los españoles en 2018, lo que nos coloca entre los 15 paises más envejecidos del mundo, por detrás de Japón (27,9% superan los 65 años), Italia (23,6%), Portugal (22,3%), Alemania (21,9%), Bulgaria (21,3%), Grecia (20,8%), Croacia (20,5%), Francia (20,4%), Malta (20,3%),Eslovenia y Letonia (20,2%), Finlandia (22%), Suecia (20,2%) y Dinamarca (20% de mayores 65 años), según la ONU.

El problema del envejecimiento de la población española se va a agravar, porque la esperanza de vida en España va a seguir creciendo, más que en el resto del mundo: los 83,4 años que vivimos de media serán 85,8 años en 2040, superando al país ahora más longevo, Japón (donde se vivirá hasta 85,7 años). En 2050, los españoles hombres vivirán 85 años (casi 5 más que los 80,42 de 2018) y las mujeres 89,43 años (frente a 85,80 hoy). Y para 2067, la esperanza de vida de las mujeres superará los 90 años (90,78) y la de los hombres será de 86,35 años: vivirán 5 y 6 años más que ahora, según el INE. Y eso, que es bueno, provocará que se multipliquen los mayores: si hoy, un 19,2% de españoles tienen más de 65 años, en 2033 serán el 25,2%. Y España será uno de los paises más envejecidos del mundo para mediados de siglo: un 36,3% de españoles tendrán más de 65 años en 2050, frente al 28% de media en la OCDE (34 paises desarrollados de Occidente), el 30,7% en Alemania, el 26,7% en Francia o el 25,4% en Reino Unido, según la OCDE. Sólo nos ganará a viejos Japón, con el 36,5% de población mayor de 65 años.

No hace falta ser economista para intuir que con este problema demográfico (pocos niños y muchos viejos) tenemos un grave problema económico: si hoy ya nos faltan jóvenes para trabajar, pagar impuestos y cotizaciones para pagar las pensiones y servicios públicos, en 2050 será aún peor. Porque si en 2018 hay 2 activos (16-64 años) por cada dependiente (menores de 16 años y mayores de 65), en 2050 habrá 1,3 activos por cada inactivo: sólo algo más de la mitad de la población trabajará, pagará impuestos y cotizará para sostener a casi la otra mitad, niños y jubilados. Eso sí que será un grave problema, para todo Occidente pero más para España, como vienen alertando el FMI y la OCDE. Y ahora, el Banco de España, que considera el envejecimiento y la tecnología como los dos grandes problemas que van a condicionar la economía en este siglo XXI.

El reciente informe del Banco de España analiza las consecuencias del envejecimiento para la economía española sobre el consumo, el ahorro, la inversión, el crecimiento y el gasto, sobre todo en pensiones, sanidad y dependencia. Su conclusión es que el aumento de personas mayores aumentará el consumo de alimentos y bienes no duraderos, pero no de bienes duraderos y vivienda (que ya tienen), lo que reducirá el crecimiento y el empleo. Otra tendencia será el aumento del ahorro, pero si los mayores tienen que ayudar a sus hijos (como ahora), podría incluso bajar. Y bajará la inversión, al caer la población ocupada y las necesidades de bienes duraderos y vivienda, lo que desplazará los capitales de los paises más envejecidos a los más jóvenes (en desarrollo).

Todos estos efectos, más una caída de los jóvenes y los activos provocarán una bajada de la inflación (y de los salarios: los jóvenes entran cobrando menos que sus padres), el empleo y el crecimiento (PIB), que será menor en las próximas décadas por la demografía (y por los cambios tecnológicos). También estima el Banco de España que el envejecimiento reducirá la productividad, al haber menos empleados jóvenes y más mayores (peor formados y con menos habilidades tecnológicas). Además, el envejecimiento, al reducir el empleo y los salarios, reducirá los ingresos por impuestos y cotizaciones, agravando los problemas del gasto público y las pensiones, al haber más personas jubiladas que necesitan también mayores atenciones sanitarias y más ayudas a la dependencia.

Aquí va a estar el mayor problema, la peor consecuencia del envejecimiento de la población: exigirá más gasto público mientras se reducen ingresos y cotizaciones. El primer problema es el futuro de las pensiones, cuyo déficit actual (-18.000 millones en los últimos tres años) se va a agravar en el futuro si no se toman medidas. Sobre todo a partir de 2026, cuando se jubilen los españoles nacidos en los años del “baby boom” (1960-1975). Se van a disparar las pensiones, de las 9,7 millones actuales a 15 millones de pensiones en 2050. Y para poder pagarlas, habría que contar entonces con 30 millones de españoles trabajando, 10,5 millones más que hoy, algo casi imposible: la Comisión Europea estima que no habrá más de 20 millones de españoles trabajando para 2050, lo que daría 1,3 ocupados por cada pensión. Y así no salen las cuentas.

El informe del Banco de España señala que si las pensiones contributivas se llevan hoy el 10,6% de la riqueza (PIB), este gasto podría dispararse al 17% del PIB en 2050 si no se hacen reformas de fondo. El factor clave, el que tira más del gasto, es la demografía, el envejecimiento de la población: la tasa de dependencia (proporción de jubilados/activos) se va a duplicar, pasando del 29,8% hoy al 51-68% en 2050, según distintas previsiones. Así que sólo queda actuar en otros dos frentes: retrasar la edad de jubilación (para que hay menos jubilados que pagar) y que cobren menos en el futuro, teniendo en cuenta que van a vivir más años. Actualmente, la pensión media en España es el 57,7% del último salario, un porcentaje de los más elevados de Europa, según las estadísticas que aporta el Banco de España: la pensión es el 42% del último sueldo en Alemania, el 50,5% en Francia, el 58,9% en Italia, el 38,6% en Suecia o el 27,8% en Reino Unido. En su escenario alternativo, el Banco de España propone bajar la pensión futura un 10-12%, por solidaridad intergeneracional, para asegurar no sólo las pensiones actuales sino las de sus hijos y nietos.

Otro problema económico derivado del envejecimiento es el aumento del gasto sanitario, debido a que un tercio de los españoles tendrán más de 65 años en 2050 (y un 12,7%, 6,15 millones, tendrán más de 80 años). Los expertos estiman que si el gasto en salud para una persona de menos de 65 años es inferior a 1.800 euros, entre 65 y 70 años supera ya los 2.000 euros, oscila entre 2.200 y 2.500 a partir de los 70 y supera los 3.000 euros por persona para los mayores de 80 años. Eso implica que si el gasto sanitario y los cuidados de larga duración se llevan hoy el 7% del PIB, en 2050 rondarán el 10%, no sólo por el envejecimiento sino porque la tecnología y los tratamientos farmacológicos encarecerán también la sanidad.

Y queda un tercer frente de gasto muy sensible al envejecimiento: el gasto en Dependencia, para atender a los mayores que no se pueden valer por sí mismos. Hoy hay 3 millones de dependientes (1.300.000 con ayudas reconocidas), pero se estima que los dependientes se duplicarán para 2050, según el CSIC, por el aumento de la esperanza de vida. Si ahora harían falta unos 2.700 millones más al año (hasta gastar 9.800 millones anuales en Dependencia), para reducir las listas de espera (250.000) y mejorar los servicios, para 2050, habría que gastar unos 20.000 millones al año para atender la Dependencia, otro 1,8% del PIB.

En definitiva, que el envejecimiento se puede llevar, entre pensiones, sanidad y Dependencia, del 27 al 30% de la riqueza del país (PIB) en 2050. Y eso puede provocar una grave crisis de las cuentas públicas, máxime si hay menos gente que trabaja, cotiza y paga impuestos. Por eso es preocupante la demografía y el problema de tener menos niños y más viejos. Y por eso urge actuar ya contra el “suicido demográfico” de España, porque las medidas tardan años en dar frutos. Y actuar en varios frentes, no sólo con recortes.

En primer lugar, hay que actuar en el frente demográfico: intentar aumentar los nacimientos, con ayudas e incentivos a las mujeres y a las familias, para que tengan más hijos. Actualmente, las ayudas por hijo son más bajas que en Europa: 24,25 euros por cada uno de los 4 primeros, frente a 133/357/542 en Francia, 184/184/190/215 en Alemania, 107/71/71/71 en Reino Unido o 22/34/50/65 euros en Italia. Tanto el Instituto de Política Familiar como Save the Children proponen pagar 100 euros mensuales por hijo y 150 euros para familias monoparentales y pobres. Otra medida sería mejorar la oferta de guarderías subvencionadas (escasas y caras) y rebajar el IVA de los pañales y productos infantiles que tienen el 21% (se baja el IVA al cine y no a los pañales, que deberían pagar un IVA del 4%). Además, hay que aumentar los permisos de maternidad y paternidad, mejorar las ayudas al alquiler para las familias con hijos, mejorar las becas para estudios, libros y transporte escolar  y fomentar unos horarios laborales que faciliten la natalidad.

Un elemento clave para fomentar la natalidad es facilitar el trabajo de las mujeres que son madres, para que tengan hijos antes y tengan más. Este objetivo exige profundos cambios en las empresas y convenios, así como en la mentalidad de los hombres, que deben aumentar su ayuda (escasa) en el cuidado de los niños. En Francia, se rebajan las cotizaciones a las madres trabajadoras y el fomento de la natalidad está presente en todas las políticas públicas, desde los descuentos en servicios públicos a las ayudas al alquiler para parejas jóvenes con hijos. Y claro, nacen más niños.

Otro frente de actuación es el frente fiscal. No se puede hacer frente a los costes futuros del envejecimiento con la baja recaudación fiscal que tenemos: en 2018, España recaudó un 38,9% del PIB en impuestos frente al 45% de media en la UE-28 y el 46,3% en la zona euro, según Eurostat. Eso significa, a lo claro, que España recauda cada año 73.703 millones menos que la UE-28 y 89.410 millones menos que los paises del euro. Pongamos 80.000 millones menos de media. Si nos equiparáramos fiscalmente con Europa, podríamos destinar esos 80.000 millones a reducir el déficit y gastar más en afrontar el envejecimiento. Y eso pasa por subirlos impuestos, no a la mayoría que ya pagamos sino a los que pagan menos: grandes empresas, bancos, multinacionales y los más ricos. Y además, habría que subir algunas cotizaciones sociales, en línea con Europa, para financiar mejor las pensiones.

El tercer frente de actuación es el frente económico. Hay que modernizar la economía, potenciar la industria, la tecnología y la digitalización, conseguir empresas más competitivas y unos trabajadores mejor formados,  para producir más y con más eficacia, para que haya más empleo para más gente, la única manera de pagar de verdad la factura del envejecimiento, con más gente trabajando: hoy trabajan el 67% de los españoles mayores de 20 años, frente al 73,2% de los europeos, el 71,3% de los franceses y el 79,9% de los alemanes, según Eurostat. No basta con ser más españoles: tiene que haber más trabajo. Y hay que fomentar la inmigración regulada, para compensar con mano de obra extranjera (que cotiza y paga impuestos) la caída de la población nacida en España.   

Como hemos visto, el envejecimiento es uno de los grandes retos del siglo y más para España. Habría que conseguir otro Pacto de Estado por la demografía, al margen del partidismo, empezando quizás por crear un Ministerio de la Familia (como existe en Francia, Alemania, Austria, Bélgica, Luxemburgo o Rumanía) y un Plan 2020-2050, para revertir tendencias y marcar objetivos, medidas y recursos. Hay que actuar cuanto antes, porque, en demografía,  los cambios exigen tiempo. Si no hacemos nada, el envejecimiento nos comerá.