Dependencia: un derecho pendiente tras 19 años

Mucha gente protesta por los problemas en sanidad, educación, vivienda o transportes. Pero no hay un clamor social para mejorar la situación de los mayores dependientes, que esperan años para recibir ayudas ridículas: hay 258.167 dependientes esperando que les valoren o recibir una ayuda reconocida. Y como son muy mayores, 32.704 fallecen cada año sin ser atendidos (90 cada día). Un dato escandaloso, que refleja los graves problemas de la Dependencia, tras 19 años de vigencia de la Ley. Problemas causados por  la falta de financiación del Estado y las autonomías, que reaccionan (desigualmente) a la falta de recursos con retrasos y ayudas “low cost” (264,55 euros mensuales de media a las familias con un dependiente). Los Directores de Servicios Sociales proponen un Pacto para gastar el doble en Dependencia y reducir en dos años las listas de espera, ofreciendo ayudas dignas. Un reto urgente y necesario, porque aumentarán los dependientes: si ahora hay 3 millones de personas con más de 80 años, en 2050 serán 6 millones. Ayudémosles.

                             Enrique Ortega

El pasado 1 de enero se cumplieron 19 años de la entrada en vigor de la Ley de Dependencia, la 4ª pata del Estado del Bienestar (tras la sanidad, la educación y las pensiones), que regula las ayudas públicas a los dependientes, en su mayoría mayores. Tras estos años, el balance de la Ley es agridulce, como reflejan dos datos: se han atendido a más de 4 millones de dependientes, pero 900.000 dependientes mayores han muerto sin recibir ninguna ayuda, por el retraso en los expedientes o en la concesión de ayudas y servicios. Los expertos consideran que la Ley de Dependencia nos ha concedido un nuevo derecho pero que está pendiente de ser efectivo, por falta de financiación, exceso de burocracia, escasa cuantía de las prestaciones y servicios “low cost” de baja calidad, que además son muy desiguales por autonomías, según donde vivan los dependientes.

El gran problema de la Ley de Dependencia, que entró en vigor el 1 de enero de 2007, es que aprobó derechos para los dependientes y sus familias pero no aseguró la financiación necesaria para cumplirlos. Y tras la crisis financiera y de la deuda, los dependientes sufrieron duramente los recortes impuestos por Bruselas y Rajoy: se estima que la financiación a la Dependencia se redujo -6.321 millones entre 2012 y 2020, con una baja aportación del Estado central y las autonomías. En 2021, el Gobierno Sánchez aprobó un Plan de choque para la Dependencia, aportando 600 millones extras al año en 2021, 2022 y 2023, además de aumentar los Presupuestos: la inversión del Estado en Dependencia alcanzó los 3.478 millones en 2024, el triple que en 2014 (1.130 millones). Las autonomías aumentaron algo su aportación, pero varias aprovecharon el aumento del Estado para aportar menos. Y en 2025, tras dos años sin Presupuestos, la financiación pública a la Dependencia apenas aumentó: se destinaron 13.506 millones de euros, el 0,8% del PIB, la mitad del gasto medio que hacen los paises europeos, según los Directores de Servicios Sociales (DGSS).

Casi dos tercios de esta financiación pública a la Dependencia (el 60,5%) procedió en 2025 de las autonomías, mientras el Estado central aportó el 39,5% restante, aunque la Ley fijaba que el reparto iba a ser 50%/50% (en 2009, antes de los recortes, el Estado central aportaba el 52,5%). Pero la mayoría de las autonomías no tienen a la Dependencia como una prioridad y por eso gastan poco y de forma muy desigual. De hecho, en 2025, hubo 9 autonomías que recibieron del Estado Central menos recursos que en 2024 porque incumplieron los compromisos de gestión acordados: Aragón (-8,3 millones), Castilla y León (-5,8), Madrid (-3,6), Canarias (-2,3), Castilla la Mancha (-1,3), Cataluña (-1,18), Baleares (-899.000 euros), Asturias (-363.000 euros) y Murcia (-323.000). Y hay una gran diferencia regional en el gasto en dependencia por habitante: gastan más que la media (6.015 euros anuales) la Rioja (7.537 euros/habitante), País Vasco (6.567) y Castilla la Mancha (6.432 euros), mientras están a la cola del gasto Aragón (4.020 euros/habitante), Asturias (4.045), Ceuta y Melilla (4.418) Castilla y León (4.418), Madrid (5.821) y Cataluña (5.918 euros/habitante).

Ante una escasa financiación, mientras crecen los dependientes (por el envejecimiento de la población), las autonomías (que gestionan la Dependencia)  llevan casi dos décadas utilizando 2 vías de salida, dos “trucos” para conseguir que el sistema medio funcione: retrasar la concesión de las ayudas y dar servicios más baratos (“low cost”) para atender con poco dinero a más dependientes: en 2025 había 1.677.042 dependientes atendidos con ayudas, más del doble que en 2011 (752.005). Veamos cómo lo hacen.

Por un lado, retrasan la entrada de nuevos dependientes, multiplicando la burocracia en un proceso larguísimo para reconocer las ayudas: revisión documentos e informes, valoración de cada persona, valoración provisional, resolución de grado de dependencia (I, II y III, los dependientes más graves), trámite para proponer una ayuda o servicio, cálculo de los ingresos y lo que tendrá que pagar el dependiente (copago), resolución y entrega de los servicios, que aún se retrasan porque los han de prestar los Ayuntamientos (más demora). En total, la tramitación de un expediente, desde que se solicita la ayuda hasta que se concede son 341 días de media, según los Directores de Servicios Sociales, cuando la Ley fija un plazo máximo de 180 días. Y hay una gran desigualdad de plazos por autonomías: tres superan el año (559 días Murcia, 496 días Andalucía y 430 días Canarias), mientras sólo 6 autonomías cumplen la Ley (113 días tardan los expedientes en Castilla y León, 129 en el País Vasco,141 en Aragón, 151 en Ceuta y Melilla, 165 en Castilla la Mancha y 174 en La Rioja).

Pero los retrasos no acaban ahí. A veces, las autonomías revisan un expediente ya aprobado, para modificar el grado. En total, a finales de 2025 había 109.260 expedientes pendientes de valoración, con los dependientes y sus familias esperando… Y hay otro retraso posterior, también para reducir el gasto: no dar las ayudas a los dependientes que las tienen reconocidas: a finales de 2025 había 148.907 dependientes (+6.461 que en 2024) “en lista de espera” para recibir una ayuda o servicio que ya tienen reconocido. Es lo que se llama “el limbo” de la Dependencia y afecta al 8,3% de los dependientes reconocidos, un porcentaje que es mucho mayor en algunas autonomías, las peor gestionadas: Canarias (28,6% de los dependientes con derecho reconocido no reciben ayudas ni servicios), País Vasco (15%), Cataluña (13,4%), Murcia (13,3%), Extremadura (11,9%), Baleares (10,1%) y Ceuta y Melilla (10,6%). Y que es bajo en Aragón (sólo el 1,3% dependientes en el limbo), Galicia (1,5%), Cantabria(2,3%), Navarra (3,4%), Asturias (3,9%) y Castilla y León (4%).

Sumando los expedientes pendientes de valoración (109.260) y los dependientes reconocidos que esperan la ayuda o servicio (148.907 en el limbo), da un total de 258.167 dependientes “desatendidos” a finales de 2025, según el estudio de los Directores de Servicios Sociales (DGSS). Una cifra que baja algo cada año pero que se mantiene demasiado alta. Y la peor consecuencia es que muchos de los dependientes desatendidos son muy mayores (4 de cada 5 tienen más de 80 años) y se mueren antes de que les reconozcan las ayudas o se las concedan: el reciente estudio de DGSS cifra en 32.704 los dependientes que murieron en 2025 esperando que les valorasen (17.994) o que les llegue la ayuda o servicio reconocido (otros 14.710 fallecidos). Son 90 muertes diarias, el gran fracaso del sistema de Dependencia.

El otro camino (junto a los retrasos) que utilizan las autonomías para afrontar la falta de financiación es conceder ayudas y servicios baratos (“low cost”) para poder “atender” así a más dependientes (en las estadísticas). La principal ayuda que conceden son las prestaciones económicas por cuidados familiares, que reciben ahora 728.851 familias (el 45% de los dependientes atendidos) por cuidar ellos a sus dependientes en casa. Y la ayuda es ridícula: 262 euros al mes de media (385 para los Dependientes de Grado III, que necesitan ayuda 24 horas…). Y encima, hay varias autonomías que pagan mucho menos de media: 171 euros Navarra, 185 Asturias, 200 euros Castilla y León, 203 Cantabria, 221 Aragón, 223 euros mensuales Extremadura. Y la que más paga Galicia, son 377 euros.

La 2ª ayuda más concedida es la teleasistencia, la más barata, que reciben 628.736 dependientes, el 55% de los dependientes atendidos en su domicilio (hay autonomías como Madrid donde el 51% de los dependientes graves son “atendidos” con teleasistencia). Además de ser “vergonzoso” que la teleasistencia se considere como una “ayuda”, en 2023 se aprobó un Decreto para que la teleasistencia llegara al 100% de los dependientes, pero todas las autonomías lo incumplen.

Otro servicio que se concede es la ayuda a domicilio (71.028 prestaciones), más una ayuda sobre el papel que real, por su escasa intensidad: la media son 37,5horas al mes, lo que supone una media de 1,24 horas diarias (2 horas y 15 minutos diarios para los grandes dependientes…). Y aquí hay también una gran desigualdad en las autonomías: en Navarra se ofrecen 76,9 horas al mes o 53,5 en Galicia, mientras sólo se conceden 18,6 horas al mes (37 minutos diarios) en Aragón, 24,8 en el País Vasco o 25,6 en Castilla la Mancha y Cataluña. Y casi todas las autonomías incumplen las horas mínimas que fijó el Decreto de 2023 (37 horas para Grado I, de 38 a 64 para Grado II y de 65 a 94 para Grado III).

Seguimos con otros servicios, los más caros y que menos se conceden. Uno son los centros de día (que sólo se conceden a 33.701 dependientes). Y el otro, la atención residencial (la tienen 108.015 dependientes), una ayuda para que el dependiente vaya a una residencia (si la encuentra: faltan 90.000 plazas). La ayuda supone entre 549,8 euros al mes (Grado II) y 566,9 euros (Grado III), subvención que sólo paga un tercio del coste real de la residencia. Y lo mismo pasa con otras prestaciones por servicio: la autonomía da una ayuda (un cheque) y las familias “se buscan la vida” para contratar el servicio con una empresa o cuidadora y paga la diferencia. Son los famosos “copagos” que pagan las familias. En conjunto, del coste total de los servicios de la dependencia (11.847 millones en 2025, el resto hasta los 13.506 millones es el coste de gestión), las familias pagan ya 2.326 millones, casi el 20%.

Como se ve, tras 19 años, el sistema de la dependencia “hace aguas”: mantiene a muchos dependientes en lista de espera y los que reciben ayudas, son mínimas y sus familias tienen que buscarse ayuda por su cuenta (contratar una cuidadora) o dejar de trabajar para atender a padres, hijos o familiares dependientes (el 72,3% de los cuidadores familiares son mujeres), lo que trunca sus carreras profesionales. Por eso, expertos como los Directores de Servicios Sociales (DGSS) dicen que la Dependencia “es un derecho pendiente”, que está sobre el papel (la Ley) pero que no se cumple con eficacia tras 19 años. Y que a este ritmo, tardaríamos 20 años en acabar con las listas de espera de la Dependencia.

En diciembre de 2016, los Directores de Servicios Sociales (DGSS) consiguieron que la mayoría del Parlamento (salvo el PP y PNV) firmaran un Pacto por la Dependencia, para mejorar su financiación y sus resultados. Pero ha sido papel mojado. En febrero de 2025, el Gobierno aprobó una reforma de la Ley de Dependencia que está parada en el Congreso. Esta reforma mejora algunos de los problemas actuales de la dependencia, según reconocen los expertos de DGSS, pero tiene un problema de fondo: no asegura más financiación para la Dependencia. Por eso, los Directores de Servicios Sociales hacen varias propuestas: duplicar la financiación a la Dependencia (aportar a medio plazo el 2% del PIB, 32.000 millones frente a los 13.500 millones de gasto en 2025), simplificar los trámites y la burocracia, mejorar la calidad y cuantía de las ayudas y servicios, universalizar la teleasistencia, reformar las residencias y mejorar la economía de los cuidados, con más personal y mejores salarios.

Además, lanzan otra propuesta: aprovechar que este año 2026 se cumplen los 20 años de la Ley de Dependencia para alcanzar un nuevo Pacto por la Dependencia, con 5 puntos: aumentar la aportación del Estado hasta el 50% del coste total, reducir  a cero en dos años las listas de espera (el “limbo” de la Dependencia), aprobar medidas para mejorar la intensidad y la calidad de los servicios apoyando más a las familias, comprometerse a que no se recortará la Dependencia y que los cambios se aprobarán por Ley y apostar por una mayor transparencia, para conseguir una información actualizada y completa, con mayor seguimiento y control.

En las actuales circunstancias políticas, será difícil conseguir este Pacto por la Dependencia, pero es una necesidad urgente, porque la población española envejece y aumentarán año tras año los mayores dependientes. De hecho, hoy hay 3 millones de personas con más de 80 años (el 6% de la población), que acabarán necesitando ayuda, pero en 2050 habrá ya 6 millones con más de 80 años (el 11%) y necesitaremos un sistema de Dependencia que sea eficaz y no tenga listas de espera ni servicios low cost. O nos preparamos desde ahora, con financiación, personal, medios, ayudas y centros de atención (distintos, por favor, a las siniestras residencias actuales) o la Dependencia será uno de los grandes dramas de las familias este siglo. Y, sobre todo, una losa para las mujeres.

Reforma Ley de Dependencia: papel mojado

Este martes, junto a la subida del SMI, el Gobierno aprobó la reforma de la Ley de Dependencia, impulsada por Sumar para recuperar “protagonismo político”. El proyecto de Ley amplía algunos servicios a los dependientes, pero no compromete nuevos fondos: serán “derechos” de papel”. Supone agravar el problema de base de la Dependencia: derechos sin financiación. Ahora, el Gobierno no puede aportar más (porque no aprueba Presupuestos) y las autonomías “hacen caja” a costa de los dependientes. Y no gastarán más en los nuevos derechos que quieren aprobarse. Tampoco gastan en financiar nuevas residencias de ancianos, donde faltan 89.324 plazas. Consecuencia: las familias (las mujeres, el 75% de las cuidadoras”) “cargan” con los dependientes, con escasa ayuda pública. Un grave problema ahora y más en unos años, porque en 2050, un 30% de los españoles tendrán más de 65 años. Y habrá 6 millones de españoles con 80 años y más, el doble que ahora. Menos demagogia populista y más fondos para ayudar a los mayores dependientes.

                             Enrique Ortega

El pasado 1 de enero, la Ley de Dependencia cumplió 18 años, ya que entró en vigor en enero de 2007. El balance de esta Ley, que se considera “el cuarto pilar” del Estado del Bienestar (junto a la sanidad, la educación y las pensiones) es “gris”, según detallé en un reciente Blog, a partir del balance realizado por los Directores y Gerentes de Servicios Sociales. Por un lado, ha atendido a 3,7 millones de dependientes, la mayoría mayores, y ahora reciben alguna ayuda o servicio más de 1,5 millones de dependientes. Pero las familias con dependientes tardan casi un año en que se resuelva su expediente (334 días de media, pero 618 en Andalucía, 574 en Canarias o 514 en Murcia), comprobando después que las ayudas económicas son escasas (264 euros al mes es la media que reciben los cuidadores no profesionales) y que los servicios son cada vez más “low cost”, con menor coste y alcance (desde la teleasistencia a la ayuda a domicilio).

 Y finalmente, hay casi 300.000 dependientes “desatendidos” (270.325), bien porque están pendientes de valoración o porque tienen su derecho reconocido pero no le llegan las ayudas. Y como 4 de cada 5 dependientes tienen más de 80 años, muchos se mueren antes: 900.000 dependientes han muerto desde 2007 esperando una ayuda pública… (34.252 en 2024).

El problema de fondo de la Ley de Dependencia, según la mayoría de expertos, es que se aprobó sin comprometer una financiación suficiente. En teoría, la mitad del gasto lo iba a costear el Presupuesto del Estado y la otra mitad las autonomías, que son quienes gestionan la Dependencia. Pero la financiación fue insuficiente desde el principio y, a partir de 2012, el Gobierno Rajoy le aplicó duros recortes (-2. 825 millones entre 2012 y 2015), como a todo el país. Y las autonomías se vieron obligadas a hacer los suyos y a gestionar las ayudas con muchos menos recursos. Resultado: retrasaron los expedientes, aumentaron las listas de espera y trataron de atender a más dependientes con menos recursos, ofreciendo más servicios “low cost” (teleasistencia, ayuda a domicilio) y menos plazas en residencias y escasas ayudas a las familias que cuidan a sus dependientes.

En enero de 2021, el entonces vicepresidente Pablo Iglesias retoma personalmente la gestión de la Dependencia y aprueba un Plan de Choque 2021-2023 para inyectar 1.845 millones extras a la Dependencia (615 al año), para reducir las listas de espera y mejorar la atención a los dependientes. El Plan contó con el apoyo de las autonomías, pero muchas aprovecharon estos mayores recursos estatales para “hacer caja” y reducir su aportación. En 2022 lo hicieron 10 autonomías (Castilla y León, Galicia, Aragón, País Vasco, Navarra, Murcia, Extremadura, Canarias, La Rioja y Castilla la Mancha), “ahorrándose entre todas 309 millones (que gastaron en otras cosas). Y en 2023 volvieron a hacerlo otras 9 (Cataluña, Andalucía, Comunidad Valenciana, Madrid, Extremadura y Asturias), recortando su gasto en Dependencia en otros 186 millones… En cambio, el Estado central ha aportado a la Dependencia 3.793 millones más entre 2021 y 2023.

En 2024, el problema ha estado en que el Gobierno no consiguió aprobar un Presupuesto, con lo que mantuvo su aportación a la Dependencia y no pudo aumentarla : financia el 39,6% del gasto público y las autonomías el 60,4% restante, mientras muchas (sobre todo las 12 gobernadas por el PP, con apoyo de Vox) han estancado esta partida en 2024 (como otros gastos sociales) y también lo harán en 2025. Y a la vista de la polarización política, existe el riesgo de que el Gobierno tampoco consiga aprobar un Presupuesto en 2025, con lo que tampoco este año habrá más dinero para la Dependencia…

En este contexto, Sumar ha querido “recuperar protagonismo político” y ha forzado la aprobación, este martes, de una Ley que modifica y amplía algunos derechos de la Ley de Dependencia. En líneas generales, según explicó el ministro Bustinduy, “se revierten los recortes, se garantizan más derechos y se amplía el catálogo de servicios”. Pero hay una pega: no se aumenta un euro la financiación estatal para la Dependencia. Por eso, los Directores y Gerentes de Servicios Sociales hicieron un duro comunicado: “el Gobierno, mientras congela la financiación a la Dependencia, propone una reforma de la Ley sin recursos. Son derechos en papel. Sólo generará falsas expectativas”.

Por un lado, el proyecto de Ley pretende hacer compatible las prestaciones, que un dependiente pueda asistir a un centro de día y recibir a la vez ayuda domiciliaria, algo no posible ahora (no porque lo diga la Ley, sino porque Rajoy lo aprobó en 2013, para ayudar a las autonomías a “sobrevivir” tras los recortes). Ahora, se puede aprobar en una Ley (si la apoya una mayoría, lo que no será fácil), pero será difícil cumplirlo si las autonomías no aportan (o reciben) más recursos. Otra novedad del proyecto de Ley es que elimina el periodo de carencia de 2 años para que las familias reciban una ayuda económica, periodo que también incluyó Rajoy en 2012 (no la Ley de Dependencia), para recortar gasto. Y además, tiene poco sentido suprimirlo cuando los expedientes tardan 334 días (esa sí es una carencia…). 

Además, el proyecto de Ley incluye que todos los que tengan una situación de dependencia reconocida tengan derecho a recibir teleasistencia. Eso no estaba en la Ley de 2007, pero se incluyó en 2021, en el Plan de choque aprobado por el Gobierno y apoyado por las autonomías, para conseguir que la teleasistencia llegara al 100% de los dependientes a finales de 2022… Pero no se ha cumplido, por la falta de recursos. Y así, al comienzo de 2025, sólo el 42% de las personas atendidas en su domicilio tienen teleasistencia y el 58% de los dependientes no la reciben, según los Directores y Gerentes de Servicios Sociales.

El proyecto de Ley (y el ministro Bustinduy, el ministro nº 13 de la Dependencia desde 2007) insiste mucho en que va a reforzar la atención a los dependientes en sus hogares, “en casa”, potenciando la ayuda a domicilio. Pero tiene mucha tarea por delante para que esa ayuda a domicilio sea sustantiva, porque a día de hoy, la media de atención a domicilio es de 34 horas mensuales para la mayoría (1 hora diaria) y de menos de 2 horas diarias para los “grandes dependientes” (Grado III). Con esta “ayuda” la mayoría de las familias tienen que recurrir a contratar a un cuidador externo (pagando un sueldo y cotizaciones) o decidir que una persona de la familia deje de trabajar y cuide al anciano o menor dependiente (el 75% de los “cuidadores familiares” son mujeres…). Nada será eficaz en la ayuda a domicilio si no permite realizar una jornada laboral al familiar cuidador.

Esta idea que ahora defiende la parte de Sumar del Gobierno, “atender a los dependientes en casa” y no sacarles de su entorno, no es nueva, pero exige financiación y personal. Y en los últimos años, la ayuda a domicilio se ha estancado, según los datos aportados por los Directores y Gerentes de Servicios Sociales : en 2023, sólo cubría al 5,5% de los dependientes atendidos, casi el mismo porcentaje que en 2019 (4,9%) y 2010 (4,7%). Y las horas mensuales de atención son similares en 2023 (21,1 horas) a las de 2012 (21 horas) . Eso explica que muchas familias hayan “tirado la toalla” y hayan optado por llevar a sus dependientes a una residencia… si la encuentran y la pueden pagar. Porque en paralelo al problema de la escasa atención a domicilio está el problema del déficit de plazas en residencias de ancianos.

En diciembre de 2023 (último dato del IMSERSO) había en España 395.065 plazas en residencias de mayores, 3.520 menos que en 2022 (ha sido el primer año en que bajaron desde 2014). Eso significa que había 4,08 plazas por cada 100 mayores de 65 años, la tasa de cobertura más baja desde que hay estadísticas (4,56% en 2010), según este reciente estudio de los Directores y Gerentes de Servicios Sociales. Y se da la circunstancia de que 7 de cada 10 plazas en residencias son de financiación pública (275.094 plazas), ya sea porque son residencias públicas, plazas concertadas en residencias privadas (el Estado paga una parte y la familia otra) o plazas que se financian “con la prestación vinculada al servicio” (la autonomía da un cheque a la familia y “se busca la vida”… ).

En total, hay 2,84 plazas de residencias con financiación pública por cada 100 mayores, pero hay 4 autonomías con más porcentaje de plazas con financiación pública (6,25% en Castilla y León, 5,35% en Castilla la Mancha, 3,75% en Aragón y 3,05% en Extremadura) y otras que apenas tienen, como Canarias (para el 1,74% de los mayores), Comunidad Valenciana (1,76%), Murcia (1,76%) y Andalucía (1,79%), quedando por encima de la media Cataluña (2,83) y Madrid (3,06%).

El objetivo que plantean los expertos es que haya plazas en residencias al menos para el 5% de los mayores de 65 años. Eso supone que en España faltan 89.324 nuevas plazas en residencias (en 2014, el déficit era de 53.000 plazas). De ellas, 35.000 plazas hacen falta ya, para cubrir la demanda sin atender de los dependientes de grado III y II, según los Directores y Gerentes de Servicios Sociales. Eso sí, el déficit (89.324 plazas) se concentra en 2 autonomías, Andalucía (faltan 35.857 plazas) y Comunidad Valenciana (faltan 24.801 plazas), seguidas de lejos por Cataluña (-14.428), Galicia (-13.404), Canarias (-9.400) y Madrid (-7.954 plazas). Y hay 4 autonomías que tienen más plazas en residencias del 5% de sus mayores (Castilla y León, Castilla la Mancha, Aragón y Extremadura). 

Así que aunque lo ideal sea que los mayores dependientes “no salgan de casa”, ahora no ayudamos a sus familias para cuidarlos ni tampoco hay residencias suficientes para trasladar a los que necesitan más cuidados (si se pueden pagar la plaza o una parte). Y entre medias, las ayudas a la Dependencia siguen “en el aire”, entre los recortes presupuestarios de las autonomías y unos servicios “low cost” que tratan de atender a más dependientes con menos coste. En este contexto, Sumar “se descuelga” con una Reforma para “ampliar los servicios a la Dependencia”, sin Presupuestos y sin haber acordado nada previamente con las autonomías, que son las que financian el 60% de las ayudas… Pura demagogia.

El problema de fondo sigue siendo el mismo que hace 18 años, cuando echó a andar la Ley de Dependencia: hace falta comprometer una financiación suficiente para que los derechos no sean “papel mojado”. Los Directores y Gerentes de Servicios Sociales han lanzado la cifra del dinero que falta: 10.000 millones más para la Dependencia, si España quiere gastar la media de la OCDE: el 1,55% del PIB, frente al 0,89% que gastamos ahora. De hecho, la Dependencia es el gasto social más bajo: 11.500 millones gastados en 2024 (Estado y autonomías), 8,6 veces menos de lo que gastamos en Sanidad, 7,55 veces menos de lo que gastamos en Educación y 17 veces menos del gasto en pensiones…

Lo importante no es tener Leyes garantistas, con muchos derechos “sobre el papel”, sino conseguir más dinero para financiar la Dependencia, lo que exige (entre otras cosas) una reforma fiscal y no empecinarse en bajar impuestos (autonomías PP). Este es el gran debate que casi nadie plantea. Si no se afronta y resuelve, el envejecimiento nos pillará desprevenidos, como pasó con las pensiones. Porque cada vez habrá más personas mayores y más dependientes que atender. Basten 2 datos del INE Uno, los mayores de 65 años: superan el 20% de la población (10,18 millones) y serán el 30,4% en 2050 (16 millones). Y otro, más preocupante: los mayores de 80 años (con más riesgo de ser dependientes) son ahora el 6% (3millones) y serán el 11% en 2050 (6 millones, el doble).

O nos preparamos desde ahora, con financiación, personal, medios, ayudas y centros de atención (distintos, por favor, a las siniestras residencias actuales) o la Dependencia será uno de los grandes dramas de las familias este siglo. Y, sobre todo, una losa para las mujeres.

El coste (y negocio) del envejecimiento

Ahora, 1 de cada 5 españoles tienen más de 65 años (20,18% de la población), el doble que en los años 70. Y este envejecimiento de la población irá a más, hasta alcanzar un máximo en 2050: el 30,4% de la población tendrá más de 65 años, 16 millones de mayores (ahora son 9,7 millones). Este enorme salto de los mayores va a tener un alto coste, tanto para la sanidad pública (más gasto en atención médica y medicamentos) como en los cuidados a la Dependencia (ahora ya faltan residencias y atención a los mayores dependientes) y, sobre todo, en la factura de las pensiones. Todo ello exigirá más servicios públicos y más gasto, que sólo se asegura con más recaudación, no con la bajada de impuestos que propone la derecha. Pero este envejecimiento abre también la vía a una nueva economía “de las canas”, que mueve millones y moverá más. Por eso hay muchos inversores (y Fondos) invirtiendo en residencias, viviendas, salud y ocio para mayores.

Enrique Ortega

El envejecimiento de la población es un fenómeno mundial. En todo el Planeta hay 747 millones de personas con más de 65 años, el 10% de la población mundial, el doble que en 1960, cuando había 150 millones de mayores (el 5% del total), según los datos del Banco Mundial (2021). Y sus previsiones son que para 2050, el 20% de la población mundial tenga más de 65 años: habrá 1.940 millones de mayores en el mundo. Actualmente, los paises con más porcentaje de mayores son Japón (28,7% de la población total), Italia (23,6%), Portugal (23,15%), Finlandia (22,96%), Grecia (22,64%), Alemania (21,98%), Malta  (21,81%), Croacia (21,66%) y Puerto Rico (21,27%). España, según estos datos del Banco Mundial, ocupa el puesto 23 en el ranking de envejecimiento, con un 20,3% de mayores de 65 años.

El problema del envejecimiento en España se debe a una drástica caída de la natalidad (los nacimientos se han desplomado de 669.378 en 1975 a 329.812 en 2022) y a un aumento de la esperanza de vida (era de 35 años en 1900 y saltó a 79,34 años en el 2000 y a 83,3 años hoy). Eso nos ha llevado a que España superara el 20% de mayores de 65 años el 1 de abril de 2023, según el último censo del INE: eran 9.728.685 mayores (20,18% de la población total), lo que supone medio millón de mayores más que antes de la pandemia (eran 9.223.565 el 1 de enero de 2020, un 19,49% del total) y 2,2 millones de mayores más que hace 15 años (7.506.291 el 1 de enero 2008, un 16,43% del censo entonces). Este 20% de mayores hoy contrasta con el 8% en 1960 y el 17% en el año 2000.

El envejecimiento en España es desigual, por sexo, autonomías y zonas urbanas o rurales. Hay más mujeres mayores (5.290.554, el 54,38% del total)  que hombres, (4.438.131), debido a su mayor esperanza de vida (85,8 años frente a 80,4 años los hombres). Además, 4 autonomías tienen más de un millón de mayores: Andalucía (1.654.785 el 1 de abril pasado), Cataluña (1.603.914), Madrid (1.332.437) y Comunidad Valenciana (1.101.526), según el INE. Sin embargo, las autonomías más envejecidas, con mayor porcentaje de mayores son Asturias (27% población es mayor de 65 años), Galicia y Castilla y León (26%), País Vasco (23%), Cantabria (22,5%), Aragón (22%), La Rioja y Extremadura (21,5%). Y las menos envejecidas Melilla (11% son mayores), Ceuta (12%), Murcia y Baleares (16%), Canarias (17%), Andalucía (17,5%) y Madrid (18%). Y aunque la mayoría de los mayores están concentrados en las grandes ciudades (7.164.059 mayores, pero sólo el 19% de la población total), son las zonas rurales las que tienen un mayor porcentaje (el 28,3% de la población, aunque sólo sumen 761.021 mayores), según un estudio del CSIC.

Este envejecimiento en España se va a agravar en las próximas décadas, entre 2025 y 2040,  porque van a superar los 65 años los integrantes de la generación del “baby boom”, los españoles nacidos entre 1960 y 1975, con el “desarrollismo”. Y así, España se colocará en 2050 como el 7º país más envejecido del mundo (con un 31,5% de la población total mayor de 65 años), sólo por detrás de Corea (39,8% de mayores), Japón (37,7%), Grecia (33,8%), Italia y Portugal (33,7% de mayores) y Lituania (31,6%), según la última previsión de la OCDE, que espera alcanzar un 26,7% de mayores en sus 38 paises integrantes.

Otra previsión, más cercana, es la del INE, que ha hecho una proyección de la población española para el periodo 2022 a 2072, en base a los datos de natalidad y mortalidad y la inmigración. Según este estudio, el número de mayores actual (9.728.685 mayores de 65 años al 1 de abril de 2023, el 20,18% del censo) alcanzará los 11.450.000 mayores en el año 2030 (el 22,8% de la población de entonces) y superará los 16 millones de mayores (16.035.000) en 2050 (el 30,4% de la población a mediados de siglo), para bajar algo en 2070: 15.601.000 mayores, un  29,5% de la población total censada entonces en España.

Además de tener 6,3 millones más de mayores de 65 años en 2050 que hoy, el otro problema es que estos mayores del futuro serán “más mayores que hoy”, porque aumentarán los que tienen más de 80 años y los que tienen más de 100 años, gracias a la subida de la esperanza de vida: pasará de 83,3 años hoy a 86,5 años en 2050, la 2ª más alta del mundo. Así, las proyecciones del INE nos indican que si hoy tenemos 2.882.370 mayores de 80 años (el 5,98% de la población), en 2050 habrá ya 5.811.300 octogenarios (el 11% de la población total). Y si hoy viven en España 17.005 personas que tienen 100 años o más (el 0,057% del censo), en 2050 habrá 95.094 españoles centenarios (el 0,18%). No sólo habrá más viejos, sino más personas con más de 80 y 100 años.

Con este panorama del envejecimiento, actual y futuro, habrá que replantearse el futuro del Estado del Bienestar, para atender a ese creciente porcentaje de mayores, que van a suponer un mayor gasto en sanidad, Dependencia y pensiones, sobre todo. En sanidad, los datos revelan que a más edad de la población, más gasto sanitario. Por un lado, habrá más mayores en la atención primaria, pero sobre todo más mayores en los hospitales, para atender sus crecientes problemas de salud y al aumento de las enfermedades crónicas. De hecho, el 40% del gasto hospitalario (que se ha duplicado) lo protagonizan los mayores de 65 años, con más estancias y más largas. Y también aumenta su gasto farmacéutico, que concentra el grueso de las recetas. Un estudio hecho en Cataluña revela que el gasto sanitario de un mayor de 80 años oscila entre 2.723 euros (hombres) y 3.388 euros (mujeres), casi 10 veces más que el gasto sanitario de los jóvenes de 15 a 19 años. Y de media, se estima que el gasto sanitario de los mayores multiplica por 4 el gasto sanitario medio del país.

En cuanto a la atención a los dependientes, la mayoría de los que no pueden valerse por sí mismos y necesitan la ayuda de sus familias y el Estado son mayores. Actualmente, el sistema público de la Dependencia atiende a 1.352.257 españoles dependientes, el 73% de los cuales tienen más de 65 años (y el 53,5%, más de 80 años), con un coste público para el Estado central y las autonomías de 8.343 millones (2022). La estimación del CSIC es que el número de dependientes se va a duplicar para 2050, con lo que habría que atender a 3 millones de dependientes (hoy ya hay 353.965 desatendidos). Y en vez de dedicarles ayudas “low cost” (como la teleasistencia o la atención a domicilio) se deberían reforzar y mejorar las ayudas, aumentando las plazas en residencias. Con ello, el coste de atender a los mayores dependientes será mucho mayor en el futuro, lo que exigirá más recursos públicos, sobre todo a las autonomías, que ahora “racanean”.

El tercer frente a cubrir con el envejecimiento disparado son las pensiones: la previsión es que saltemos de los 9.074.316 pensionistas que había el 1 de mayo a casi 16 millones  de pensionistas en 2050, según la AIREF, que cobrarán una pensión más alta (por la subida de los sueldos y la revalorización anual de las pensiones) durante más años (20 de media, al subir la esperanza de vida). Eso va a disparar el gasto en pensiones, para 2030 y más para 2050, lo que ha llevado al Gobierno Sánchez a aprobar una reforma para conseguir más ingresos, sobre todo vía cotizaciones, además de traspasar ingresos presupuestarios. Pero la gravedad del problema está ahí y la propia reforma fija un mecanismo de seguimiento, para obligar a futuros Gobiernos a buscar nuevos ingresos para garantizar las pensiones en el futuro.

En resumen, que el envejecimiento va a forzar a España a realizar un mayor gasto público en sanidad, Dependencia y pensiones, así como en gasto social. Y habrá que hacer ese mayor esfuerzo con menos activos para cotizar y pagar impuestos. Es el gran problema de las próximas décadas: aumentará la tasa de dependencia, el porcentaje de mayores sobre el resto de la población. El dato es demoledor: si en 2019, el porcentaje de mayores (65 años y más)  sobre los activos (población de 16 a 64 años) era del 30%, en 2050 esa tasa de dependencia se duplica y subirá al 60% (porcentaje de población mayor sobre el resto). Eso crea a España un problema más grave que en otros paises, donde el porcentaje de activos (para trabajar, cotizar y pagar impuestos) es mayor, según revela un estudio del Banco de España: la tasa de dependencia del 60% en 2050 es la más alta de Europa, salvo Italia (62% de mayores sobre resto población), muy superior a la media de la UE-27 (54%) y a la de Alemania (48%) o Francia (49%). Otra forma de ver lo mismo: en 2050 habrá 1,75 cotizantes por cada pensionista frente a 2,24 en 2022 (y 2,6 en 2007).

A lo claro: que ser un país con más mayores va a exigir al resto de la población un mayor esfuerzo, tanto en cotizaciones como en los impuestos a pagar. Algo que obvian (o esconden) los políticos de la derecha, que apuestan por bajar impuestos en vez de subirlos. Pero si no subimos la recaudación fiscal, consiguiendo que paguen más los que ahora pagan poco (grandes empresas, multinacionales y los más ricos), no se podrá atender el mayor gasto que van a suponer nuestros mayores. Así que la opción es clara: o se aumenta la recaudación o habrá que hacer recortes en la sanidad, la dependencia y las pensiones para atender al imparable aumento de las personas mayores. Hay una tercera opción, que muchos defienden en privado: no reforzar el Estado del Bienestar y que las necesidades de los mayores se las financien ellos mismos (los que puedan, claro).

Precisamente, este envejecimiento de la población aparece para muchos como “una gran oportunidad de negocio”, desde la sanidad privada al cuidado privado a los mayores o las pensiones y seguros privados de vejez. Y sobre todo en España, donde el Estado gasta menos que otros paises en cuidados de larga duración (incluida la asistencia sanitaria y social): 0,9% del PIB frente al 1,5% de media en la OCDE y hasta el 4,1% en Paises Bajos, el 3,7% en noruega y el 3,6% en Dinamarca. Un gasto en cuidados que la OCDE estima se va a duplicar o incluso triplicar para 2050, impulsado por el envejecimiento. La duda es qué parte seguirá cubierta por el Estado (vía impuestos, cotizaciones)  y qué parte habrán de pagarse los mayores y sus familias (vía copagos y privatización).

De momento, el envejecimiento ha disparado la inversión privada en residencias de ancianos en España, sobre todo la inversión extranjera (y los Fondos). Eso se debe a que inversores y grupos multinacionales detectan un gran potencial de negocio en España, dada la escasa oferta y el envejecimiento esperado. Hay 384.251 plazas en residencias, una ratio de 4,2 plazas por cada 100 mayores de 65 años, inferior a las 5 recomendadas por la OMS. Se estima que hoy existe ya  un déficit de 66.000 plazas de residencias de ancianos y que harán falta 785.000 plazas en 2050, el doble de las actuales. Así que hay grandes perspectivas de negocio. Ya en 2021, las residencias facturaron 4.600 millones de euros, el 58% de la gestión de plazas privadas puras, otro 32% de la gestión privada de plazas concertadas y un 10% más de la gestión privada de plazas públicas, según la consultora DBK. Y de las 5 empresas que gestionan más residencias, tres son de capital francés (DomusVi, Orpea y Amavir), una británica (Vitalia, del Fondo CVC) y sólo una española (Ballesol, controlada por Santa Lucía). Y cada día, numerosos inversores  y Fondos compran pequeñas residencias o construyen otras nuevas.

En el negocio de los cuidados a mayores y dependientes, la financiación es mayoritariamente pública (80%) pero el servicio se gestiona en un 85% con empresas privadas, que ofrecen las ayudas, desde la teleasistencia a las atención a domicilio o los centros de día, cuidadores y gestión de residencias. En los últimos años se han sumado a este lucrativo negocio empresas de construcción (como ACS, con Crece, o Sacyr Social), junto a empresas, Fundaciones y ONGs, más muchos Fondos e inversores extranjeros. Sólo la ayuda a domicilio facturó 1.935 millones de euros en 2021, según DBK, con más de 1,6 millones de usuarios (la mayoría mayores), dos tercios clientes de servicios de teleasistencia.

Un nuevo negocio que está creciendo son los productos inmobiliarios para mayores, que ofrecen viviendas y complejos para mayores no dependientes, que incluyen servicios de comedor, atención sanitaria y ocio, apartamentos libres o concertados con la Administración que ofrecen otra forma de atención a los mayores nacionales y extranjeros, en Madrid, Barcelona y lugares de costa. Actualmente, la oferta de “sénior living” supera en España las 3.600 viviendas, en 70 complejos inmobiliarios, según DBK. Y cada vez hay más capital extranjero interesado en construir estos complejos multiservicios para mayores.

En paralelo a estos negocios ligados al cuidado de los mayores (dependientes y no), los mayores son un importante sector de consumidores, en todo el mundo y en España. Se estima que “la economía de las canas” (la “silver economy”) generó 325.000 millones de euros y mantuvo 4,4 millones de empleos en 2019 (el 26% del PIB y el 22% del empleo). Ahí se engloba todo el gasto de los mayores de 50 años en salud y productos sanitarios, seguros, estética y cosmética, moda, turismo, ocio, cultura, seguridad, inversión, vivienda y tecnología. Y las empresas saben que han de adaptar su oferta de productos y servicios a este gigantesco grupo de consumidores, los mayores de 50 años: hoy son 19.529.081 personas (el 40,5% de la población), pero en 2050 serán 28 millones (el 53% del total). Así que los mayores serán los consumidores que orienten la economía del futuro.

Plan de choque para salvar la Dependencia

La pandemia ha afectado más a los mayores y especialmente a los dependientes, porque más de la mitad superan los 80 años. Con el confinamiento y la menor movilidad, se han reducido las solicitudes y resoluciones y también los beneficiarios de la Dependencia. Y si hay menos dependientes esperando ayudas es porque muchos murieron en 2020: lo más dramático es que fallecieron 55.487 dependientes esperando una resolución (21.079) o recibir una ayuda que ya tenían reconocida (otros 34.408 fallecidos). Fueron 152 muertos diarios desatendidos por el sistema de Dependencia, que ha cumplido 14 años con serios problemas de fondo: falta de financiación, recortes, demasiada burocracia y exceso de prestaciones “low cost”. En enero, Gobierno y autonomías acordaron un Plan de choque para la Dependencia, para reducir las “listas de espera” (en 66.000 de los 232.243), recortar trámites y mejorar servicios, aportando 3.600 millones más en tres años. Y destinando una parte de los Fondos europeos al cuidado de los mayores dependientes. Se lo debemos.

Enrique Ortega

El primer año de la pandemia ha sido nefasto para los dependientes y sus familias. El confinamiento de marzo a junio y la Administración a medio gas, más los contagios y muertes, provocaron que hubiera menos solicitudes de ayuda de dependientes (-43.794 durante todo 2020) y menos resoluciones de expedientes (-26.157), con lo que hubo menos beneficiarios de una ayuda a la dependencia: 1.356.473 dependientes, -28.564 beneficiarios que en 2019. El número de beneficiarios de la dependencia cayó en 14 autonomías y sólo aumentó en la Comunidad Valencia (+12.378), Canarias (+722), Baleares (+537) y Asturias (+386), según los datos oficiales del IMSERSO. Y en enero de 2021, las solicitudes, beneficiarios y beneficiarios han vuelto a caer (son ahora 1.354.272 beneficiarios).

Lo que ha mejorado son los beneficiarios que reciben alguna ayuda: 1.124.230 dependientes a finales de 2020, +9.047 que en diciembre de 2019. Pero eso se debe, por desgracia, a que muchos beneficiarios con derecho a prestación han muerto (por la edad, ya que el 52% tienen más de 80 años, o por la COVID 19). De hecho, en 2020 han muerto 245.638 dependientes que tenían una solicitud de dependencia, 41.735 más que en 2019 (por la COVID 19), según los datos del MoMa. De ellos, 170.593 dependientes fallecieron recibiendo una prestación, pero otros 34.408 la estaban esperando, con una resolución favorable, pero ya nunca la recibirán. Como tampoco los 21.079 dependientes fallecidos y que estaban pendientes de valorar por su autonomía, que han muerto sin resolverse su expediente. En total, son 55.487 dependientes que han muerto desatendidos, sin recibir una ayuda que tenían reconocida (34.408) o sin que se resolviese su solicitud (otros 21.079).

Son 152 dependientes “en espera” muertos cada día,  1 cada 9 minutos, a los que ha fallado estrepitosamente el sistema de la dependencia. Y además, el reparto de estos dependientes muertos sin atender (55.487) es muy desigual por autonomías: son muchos en Cataluña (10.525 con derecho reconocido más otros 3.683 pendientes de valorar), Andalucía (6.596+5.387) y  Madrid (5.347+ 2.000), siendo menos en la Comunidad Valenciana (2.127+2.220), País Vasco (2.256 +608) Castilla la Mancha (1.017+1.194), Extremadura (986+900) y Canarias (352 con derecho reconocido+2.220 muertos pendientes de valorar), según los datos del MoMa. Y es también muy llamativo el dato de los beneficiarios con prestación que han muerto en residencias: 44.436 fallecidos, más de la cuarta parte del total de dependientes fallecidos  que recibían ayudas (170.593). El mayor número de fallecimientos en residencias se ha dado en Madrid (323/1000 habitantes), Castilla la Mancha (300,2), Cataluña (282,7), Navarra (277,7) y Aragón (257,7).

Con este aumento de muertes entre los dependientes se explica que “la lista de espera” de la dependencia (los dependientes con derecho reconocido que esperan recibir una ayuda) haya “mejorado”, bajando en -37.611 dependientes durante el año 2020. Aún así, la cifra de los que esperan era muy elevada: 232.243 dependientes en diciembre, el 17,12% del total con derecho reconocido (y ha aumentado a 234.039 en enero de 2021, según el último dato del IMSERSO). Además, hay 6 autonomías que están peor, con un porcentaje de dependientes en espera muy superior a la media nacional: Cataluña (31,86% dependientes reconocidos en espera de ayuda), la Rioja  (29,32%), Canarias (24,38%), Andalucía (19,83%), Cantabria (18,55%) y Madrid (17,60%), todas aumentando en 2020 su porcentaje de dependientes en espera (salvo Cantabria, que los mantiene). Y de las 13 autonomías con menor lista de espera que la media, hay 5 que apenas tienen dependientes en espera de recibir ayudas: Castilla y León (0,11% esperando), Ceuta (2,03%), Navarra (5,5%), Galicia (7,3%) y Castilla la Mancha (7,6%), según los datos del IMSERSO.

Lo que han hecho las autonomías, en los dos últimos años, es bajar más la lista de espera de los dependientes moderados (Grado I, cuyas ayudas son más baratas) que las de los dependientes severos (Grado II) y los grandes dependientes (Grado III), cuyas ayudas son más costosas. Así, entre 2018 y 2020, la lista de espera de los dependientes moderados (Grado I) bajaron -15.909 (-10,48%) y la de los dependientes con más problemas (Grados II y III) bajaron -1.885 (-1,9%). Un “efecto escaparate” que atiende antes a los más baratos.

El sistema de la dependencia ha cumplido 14 años en enero de 2021 (la Ley de la Dependencia entró en vigor en 2007) y hay dos datos que señalan su fracaso, al hacer el balance de 2020. Uno, que hay 141.556 dependientes en espera de que se resuelva su expediente, lo que tarda una media de 257 días. Y el otro, los 232.243 dependientes con derecho reconocido pero que esperan que les llegue una ayuda (los que están “en lista de espera”, una media de 173 días). En total, 373.799 dependientes “desatendidos” por el sistema, un tercio de los 1.124.230 beneficiarios con prestaciones. Y como el 52% de los solicitantes de la dependencia son mayores de 80 años, muchos se mueren antes de atenderles (incluso sin pandemia, ya morían 100 dependientes al día sin atender).

¿Por qué ha fallado el sistema de la Dependencia? Básicamente, por falta de financiación. La Dependencia nació sin asegurar sus recursos y con la crisis, fue uno de los primeros objetivos de los recortes de Rajoy, ya en 2012. De hecho, la Administración central recortó su aportación a la Dependencia en -5.864 millones entre 2012 y 2019. Y también hubo recortes en las autonomías, que han tenido que cargar con el 80% del gasto público en Dependencia (cuando la Ley preveía que se costeara a medias entre el Estado y las autonomías): en 2019 aportaron 8.607 millones (83,9% del gasto público) y la Administración central 1.386 millones (el 16,1% restante), lo que obligó a las familias de los dependientes a un copago del 21% del gasto total en dependencia (2.656 millones restantes), según los cálculos de los Directores y Gerentes de Servicios Sociales.

Estos recortes y la escasez de Presupuestos han obligado a las autonomías, que son las que gestionan la Dependencia, a buscar “trucos” para mantener el sistema, para intentar atender a más dependientes con pocos recursos: retrasar la resolución de expedientes, mantener las listas de espera para retrasar las ayudas y buscar ayudas “low cost” (más baratas) para los dependientes (teleasistencia, ayuda a domicilio, cheques…). En definitiva, retrasar la atención y tratar de hacer más con menos, deteriorando el servicio.

El sistema de la Dependencia hacía aguas por todas partes y la pandemia ha sido la puntilla, con el trágico balance de 55.487 dependientes muertos sin atender. Pero también ha sido una oportunidad para tomar medidas: el 15 de enero se aprobó por unanimidad, entre el Gobierno y las autonomías, un Plan de choque que aportará 3.600 millones extras para la Dependencia en tres años. Los primeros 623 millones se han incluido ya  en el Presupuesto 2021, en 2022 habrá otros 1.200 millones y 1800 más en 2023. Este dinero extra irá para aumentar la financiación del Estado a la dependencia y para aumentar un 20% las cuantías mínimas que se pagan a los dependientes (quedarán en 60 € mensuales las ayudas al grado I, 94 € las ayudas al grado II y 235 € las ayudas al grado III). 

Con ello, se espera que en 2021 haya 100.000 dependientes más que reciban ayudas, lo que permitirá reducir la lista de espera en 66.305 dependientes (1 de cada 4), dejándola en cero en 11 autonomías que hoy la tienen baja (todas salvo Cataluña, La Rioja, Canarias, Andalucía, Cantabria y Madrid). Y no habrá “lista de espera” de la Dependencia a finales de 2023.

Además, el Plan de choque se compromete a reducir la burocracia de la Dependencia, unificando los dos expedientes actuales (uno para determinar el grado y otro para reconocer la ayuda) y agilizando los trámites de las autonomías, que ahora tardan 430 días. Y se pretende mejorar la calidad de los servicios que se prestan: generalizar la teleasistencia (en 2022 la recibirán todos los Dependientes), ampliar las horas de asistencia a domicilio (de 32,7 a 38,3 semanales), mejorar las prestaciones familiares (+18%) y, sobre todo, mejorar la atención en las residencias, paliando la falta de profesionales y cubriendo las 15.000 plazas en las residencias públicas que han quedado “vacías” con la pandemia. Además, hay un compromiso de los Gobiernos autonómicos a gastar más en Dependencia, sobre todo las 9 regiones que gastan menos que la media (183 euros/habitante): Canarias (95 €/habitante), Galicia (142), Baleares (143), Murcia (152), Andalucía (161), Comunidad Valenciana (168), Cataluña (171), Aragón (174) y Madrid (179), según datos de los Directores de Servicios Sociales.

Además, la Dependencia va a beneficiarse también de los Fondos europeos, dado que la economía de los cuidados es uno de los 10 programas de inversión de Plan de recuperación aprobado por el Gobierno en octubre y enviado a Bruselas. Este año 2021, la previsión es invertir 910 millones en cuidados a los mayores y dependientes, de los que 730 millones serán ejecutados por autonomías y Ayuntamientos. Y la mitad de toda esta inversión de los Fondos europeos en cuidados  (al menos 361,7 millones en 2021) va a destinarse a mejorar y ampliar las residencias de ancianos, donde existe un déficit de plazas públicas.

Al final, parece que la pandemia va a conseguir lo que no se ha logrado en 14 años: que haya recursos para atender a los dependientes, la 4ª pata del Estado del Bienestar (junto a la sanidad, educación y pensiones), aún más desatendida que el resto. Con poco dinero (3.600 millones en tres años) se conseguirá suprimir las listas de espera y mejorar la atención a los dependientes, además de generar 25.000 nuevos empleos en los cuidados, un sector con mucho futuro. Y tras este Plan de choque y las ayudas europeas, habrá que aprobar un Plan de Dependencia a medio plazo, para afrontar uno de los mayores problemas estructurales de España: el envejecimiento (los mayores de 65 años pasarán de ser el 22,9% de la población hoy al 31,4% en 2050, la tercera parte con más de 80 años) y el aumento de la esperanza de vida (86,9 años en 2050), lo que duplicará el número de dependientes, según el CSIC.

Por fin hay un Plan de choque para atender mejor a los dependientes, pero habrá que preparar futuras medidas para atender al doble de dependientes en 2050, igual que habrá que consolidar el futuro de las pensiones, la sanidad y la educación. La Dependencia es una necesidad social y un problema para casi 2 millones de familias, que se encuentran muy desatendidas. Y es también un sector económico de futuro, que aportará   mucho empleo e inversiones en las próximas décadas. Pero sobre todo, es un derecho que les debemos a los mayores, tras toda una vida trabajando: atenderles si no pueden valerse y que no se mueran sin recibir ayuda, como les ha pasado a 155 mayores cada día en 2020. Debe ser una prioridad de la reconstrucción. Se lo debemos a nuestros padres y abuelos.