Otro cambio en el recibo de la luz

El  1 de enero de 2024 estrenarán nuevo recibo de la luz los 9 millones de españoles que tienen tarifa regulada (PVPC). El  cambio, exigido por Bruselas, pretende “amortiguar” las subidas y bajadas de la electricidad. Para ello, obliga a las eléctricas a suministrarnos más electricidad contratada a plazo (de 1 mes hasta un año) y que pese menos la comprada cada día, para evitar los altibajos de estos años. Lo normal es que la luz suba algo al principio, porque las eléctricas intentarán “no pillarse los dedos” en sus compras y porque pagaremos la prima de riesgo que contratarán. Pero a medio plazo, el recibo será más estable, salvo nueva debacle de la energía. Problema: el 1 de enero se termina “la excepción ibérica”, que nos ha ahorrado 5.106 millones de euros, y Europa no ha reformado todavía el mercado eléctrico. Y será difícil que lo haga, con las elecciones europeas en junio de 2024. Así que el nuevo recibo de la luz será una incógnita.

Enrique Ortega

Vuelve a cambiar el recibo de la luz, antes de que el actual cumpla 10 años. El anterior cambio del recibo eléctrico lo aprobó el Gobierno Rajoy el 28 de marzo de 2014 y se empezó a aplicar a los consumidores el 1 de julio. Antes, la subida de la luz estaba ligada al precio que se fijaba en el mercado eléctrico mayorista en una subasta trimestral (tarifa TUR, tarifa de último recurso). Pero se detectó que las eléctricas productoras elevaban artificialmente los precios antes de cada subasta, en perjuicio de los consumidores. El detonante fue la subasta de diciembre de 2013, cuando el precio mayorista de la electricidad subió un 10,5%, con lo que el Gobierno tenía que subir la tarifa (junto a los peajes) un +11,5% en el primer trimestre de 2014. Era políticamente impresentable, así que la Comisión de la Competencia (CNMC) “anuló” la subasta y el Gobierno cambió el sistema y aprobó un nuevo recibo, el que todavía tenemos ahora.

Este recibo (el actual) establecía una tarifa regulada con un nombre increíble, la tarifa PVPC (Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor), que podían disfrutar los particulares y empresas que contrataran menos de 10 kWh de potencia. Y la tarifa mensual se fijaba ya no sobre el precio de la subasta trimestral sino sobre el precio diario en el mercado mayorista de la electricidad, para evitar manipulaciones. Eso suponía el 42% del recibo, otro 37% eran los peajes que aprobaba el Gobierno (para financiar el transporte y la distribución de la electricidad, el parón nuclear, la deuda eléctrica, las ayudas a las renovables o el extracoste de la electricidad a las islas) y el 21% restante eran los impuestos. También se abrió el camino a que las eléctricas ofrecieran una tarifa libre, por un año y revisable después, que los consumidores y empresas podían contratar.

El nuevo sistema no dio problemas y el recibo de la tarifa regulada (PVPC) fue bastante estable, con un coste mensual en torno a los 50 euros por abonado entre 2014 y 2020. Pero en 2021, comenzó a dispararse el precio del gas natural (que era la energía que solía fijar el precio del resto, en el mercado eléctrico diario), sobre todo a partir de la primavera y el verano, cuando Putin utilizó el gas para presionar a Europa por el tema de Ucrania. Y en agosto de 2021, el recibo medio de la tarifa regulada ya subió a  105,94 euros, cerrando el año con un recibo medio de 239,17 euros en diciembre de 2021. Y tras la invasión rusa de Ucrania, el precio diario de la electricidad en el mercado mayorista pasó de 195,86 euros/MWh (23-F, el día antes de la invasión) a un máximo histórico de 544,52 euros/MWh el 9 de marzo de 2022, para mantenerse en torno a los 200 euros/MWh en mayo y junio.

La mayoría de esta subida disparatada de la electricidad en origen (mercado mayorista) se trasladaba a los consumidores con tarifa regulada (PVPC) y mucho menos a los que tenían una tarifa “libre” (que también subía, pero al renegociarla cada año). El resultado fue “una fuga de clientes” del mercado regulado al libre, apoyada por potentes campañas de marketing de las eléctricas (“Cámbiate a la tarifa libre y pagarás menos”) : si en 2014, al estrenarse el nuevo sistema, eran 26 millones los consumidores con tarifa regulada (PVPC), en 2021 eran ya sólo 18 millones y ahora son 9 millones, el 34% de todos los contratos de electricidad.

Ante estos precios disparados de la luz (por culpa del gas: saltó de 78 euros MWh el 23-F a 339,20 en agosto de 2022), el Gobierno Sánchez negoció en Europa, con Portugal, la llamada “excepción ibérica” : se aceptaba poner un tope al precio del gas utilizado para producir electricidad en la Península (primero 40 euros/MWh y hasta 70 euros en 2023) , para que no encareciera el resto de las energías (el sistema de precios establece que la hidráulica, nuclear y renovables, más baratas, se pagarán al coste del gas) y permitiera así bajar el precio de la electricidad en el mercado mayorista. La excepción ibérica entró en vigor el 15 de junio de 2022 y ha permitido bajar el precio mayorista de la electricidad: de los 200 euros/MWh en mayo y junio bajó a poco más de 100 euros/MWh en septiembre y hasta 16,19 euros/MWh el 29 de diciembre… El viernes pasado, 16 de junio, el precio mayorista estaba en 122,42 euros/MWh. Y aunque los consumidores con tarifa regulada pagan una compensación a las eléctricas por el tope al gas, su recibo medio ha caído estos meses: de 130,99 euros pagados en agosto de 2022 a 79,35 euros en diciembre y a 56,68 euros/MWh pagados de media por la tarifa regulada en mayo de 2023, según la OCU.

En este primer año de la excepción ibérica, los mayores beneficiados son los 9 millones de consumidores con tarifa regulada (PVPC) que han visto abaratarse directamente su recibo al caer el precio del la luz en el mercado mayorista (incluso con precios de cero euros algunos días y horas). Los 20 millones restantes, con tarifa “libre”, no se han beneficiado tanto de la rebaja del recibo, ya que han tenido que esperar hasta la revisión de su contrato (1 año) para presionar a que les bajaran la tarifa. Globalmente, la excepción ibérica” (el tope al gas) ha supuesto un gran ahorro para los consumidores: 5.106 millones sólo entre el 15 de junio y el 26 de febrero, según los cálculos del Gobierno Sánchez, un 15% de la factura eléctrica. Y estiman que, en los primeros 8 meses, los españoles han ahorrado por la “excepción ibérica” (que el PP llamó "timo ibérico") 100 euros por hogar.

Como contrapartida a esta “excepción ibérica”, la Comisión Europea exigió a España que cambiara el recibo de la luz, la tarifa regulada (PVPC), para buscar un sistema que fuera más estable y con menos oscilaciones de precios. De hecho, otros paises europeos han tenido menos altibajos en el precio de la luz (a pesar de subirles a todos el gas), porque tienen recibos que no varían según el precio diario de la electricidad en el mercado mayorista sino en base a índices de precios que se revisan trimestral o anualmente, con lo que las oscilaciones y “sustos” al consumidor no son diarios y son más suaves. El Gobierno Sánchez se comprometió con Bruselas a tener el nuevo recibo antes del 1 de octubre de 2022, para aplicarlo en 2023, pero se ha retrasado, primero en el Gobierno y luego en el Consejo de Estado. Y finalmente, se aprobó en el pasado Consejo del 14 de mayo, para que entre en vigor en 2024.

El nuevo recibo de la luz en la tarifa regulada (PVPC) pretende ligar las subidas futuras no al mercado mayorista diario (con precios muy volátiles y grandes altibajos) sino a un mercado más a plazo, con contratos de suministro firmados a 1 mes, 3 meses y 1 año, para intentar “amortiguar” las subidas. Si ahora, el 100% de la electricidad con la que se calcula la factura es el mercado mayorista diario, en 2024 será solamente el 75% del total, el 60% en 2025 y el 45% del suministro en 2026. Y las eléctricas tendrán que suministrar electricidad con contratos a plazo ya en 2024 (un 25% del total), aumentarla en 2025 (40% del suministro total) y más en 2026, año en que la mayoría de la electricidad que nos vendan (el 55%) tendrá que proceder de contratos a plazo (a 1 mes, a 3 meses o a un año), para “suavizar” los altibajos de precios en el mercado y “evitar sustos” un día, una semana o un mes.

El nuevo sistema del recibo regulado no entrará en vigor para los usuarios hasta el 1 de enero de 2024, pero antes, el 1 de julio de este año, las comercializadoras eléctricas tendrán que empezar a hacer contratos a plazo, para poder vendernos ese 25% más estable desde enero próximo. En principio, el nuevo sistema podría subir algo los recibos en 2024, por dos razones. La primera, que quizás las eléctricas se “curen en salud” al hacer las primeras compras, para “no pillarse los dedos”, pero la mayor demanda a plazo seguro que subirá los mercados de futuros, al menos al principio. Y la otra razón, porque el nuevo sistema incluye que contraten “una prima de riesgo”, para evitar la quiebra de comercializadoras, y todo apunta a que ese seguro lo considerarán otro coste más y lo pagaremos los consumidores. Pero al cabo de un tiempo, todos los expertos creen que el nuevo sistema de fijación de la tarifa regulada será más estable y con precios menos volátiles, con menos altibajos en la factura mensual de los consumidores y empresas. Lo creen en la Comisión Europea, lo cree el Gobierno Sánchez y lo creen también las eléctricas, que apoyan el cambio.

Ahora, los 9 millones de clientes particulares que tienen la tarifa regulada (PVPC) no tendrán que hacer nada: el recibo será igual, aunque cambia el origen de la electricidad que les van a suministrar. Y los 20 millones de clientes particulares con “tarifa libre” podrán hacer el viaje inverso, volver a la tarifa regulada, aunque las eléctricas no se lo pondrán fácil: ya pusieron pegas (teléfonos y webs colapsadas) a los clientes que querían contratar la tarifa regulada del gas, más barata. También podrán acogerse a la nueva tarifa regulada (PVPC) las empresas (ahora la tienen 881.360 compañías), pero hay un cambio: ahora sólo la podrán mantener las pequeñas empresas (menos de 250 empleados y hasta 50 millones de facturación), porque el que tengan esa tarifa empresas más grandes contraviene la Directiva Europea. Así que las empresas tendrán que acreditar su tamaño ante las eléctricas para poder disfrutar de la tarifa regulada el 1 de enero de 2024.

Y por supuesto, el nuevo recibo de la luz mantendrá el distinto precio por horas, que se puso en marcha el 1 de junio de 2021. Se mantienen las tres franjas horarias en las que será distinto el precio de la luz que consumimos: horas valle (las más baratas: de 12 de la noche a 8 de la mañana y todos los sábados, domingos y festivos), horas punta (las más caras: lunes a viernes, de 10 a 14 horas y de 18 a 22 horas) y horas llanas (el resto de horas, con un precio intermedio). Sigue la discriminación horaria que cada día utilizan más usuarios y que puede suponer un ahorro de hasta 70 euros anuales en un hogar medio.

Mientras llega el nuevo recibo de la luz, el gran cambio será, también el 1 de enero, el final de la “excepción ibérica”, salvo que la Comisión nos lo prorrogue otra vez (lo hizo en abril de 2023, hasta diciembre), algo difícil (salvo que tengamos un invierno de altos precios). En 2024 no tendremos este “colchón” que atempera los precios  pero tampoco una reforma del mercado eléctrico europeo, como llevan años pidiendo España, Portugal, Francia e Italia. El pasado 14 de marzo, la Comisión Europea presentó formalmente una propuesta de reforma del mercado eléctrico muy poco ambiciosa, ya que no afronta el problema de fondo: mantener un sistema de precios “marginalista”, que asegura el precio de la energía más cara para el resto de energías (es como si un carnicero nos vende carne picada hecha con pollo, cerdo, ternera y chuletón y nos la cobra a precio de chuletón…). Eso supone un “sobreprecio” que pagamos los consumidores, a costa de unos beneficios millonarios de las eléctricas (y empresas gasistas). La reforma sólo incluye “parches”, como el cambio del índice europeo del precio del gas (para suavizar los precios) y centralizar las compras europeas de gas, además de promover las renovables (algo que exige tiempo).

España y la ministra Ribera ya remitieron antes, en enero de 2023, una propuesta de reforma del mercado eléctrico europeo más ambiciosa, que incluía un cambio en el actual sistema marginalista de precios, la posibilidad de establecer un precio fijo para la electricidad generada por nucleares e hidroeléctricas (ya amortizadas) y aumentar los contratos a plazo. Incluso, el Gobierno Sánchez buscaba apoyos para promover  una reforma más drástica de la propuesta por la Comisión, aprovechando su presidencia del semestre europeo. Pero ahora, con la convocatoria de elecciones, será difícil que España lidere el proceso, mientras Alemania, Holanda y los paises del norte de Europa no quieren hacer muchos cambios en el mercado eléctrico UE, presionados por el lobby eléctrico europeo. Y menos cuando se van a celebrar elecciones europeas en junio de 2024.

Así que en 2024, la factura de la luz será una incógnita, con un nuevo recibo y sin la ayuda de la excepción ibérica ni de una reforma del mercado eléctrico europeo. Todo va a depender de la evolución del mercado energético mundial, de las compras y precios del gas que consigan los paises europeos estos meses y de la dureza del invierno, junto a los avances en el ahorro de electricidad y las aportaciones de las energías renovables (más baratas). Factores claves que condicionarán la futura factura de la luz.

Temor a la inflación en invierno: más ayudas

La inflación parece darnos una tregua en octubre: los precios del gas y la luz han bajado drásticamente, aunque los carburantes suben. Todavía no hace frío y se teme que, con el invierno, los europeos tengamos más problemas para pagar calefacción y luz. Por eso, Europa ha fijado un recorte del consumo, que no afecta en España a las familias, aunque somos uno de los 4 países europeos que consume más gas y carburantes que el año pasado. El Gobierno español aprobó este martes nuevas ayudas (3.000 millones) para reducir la factura de la calefacción y ampliar los descuentos en la luz a 4 de cada 10 familias. Vale, pero la clave es atajar la subida de la energía en Europa, no sólo paliar sus consecuencias. Y los 27, reunidos hoy y mañana en otra Cumbre, no se ponen de acuerdo en extender “la excepción ibérica” y poner un tope al gas. Urge impedir más subidas este invierno, porque las ayudas públicas no pueden ser infinitas.

Enrique Ortega

Llevamos ya más de un año con alta inflación, desde que en septiembre de 2021 alcanzamos una subida de precios del +4%, que subió al +6,5% en diciembre y se disparó al +9,8% en marzo de 2022, tras la invasión de Ucrania (24-F), superando el 10% en junio (+10,2%), julio (+10,8%) y agosto (+10,5%), para moderarse en septiembre (+8,9% de inflación en España y el +10,9% en la UE-27). Hay esperanzas de que en octubre vuelva a bajar la inflación, ya que está bajando el gas y la electricidad, aunque suben el petróleo y los carburantes. Pero el frío no ha empezado y, a falta de gas ruso en Europa, se teme que el invierno relance los precios de la energía, no sólo en diciembre sino a principios de 2023.

De momento, el precio del gas natural se ha desplomado esta semana, debido a que la mayoría de países europeos tienen llenos sus depósitos (las reservas están al 92% de media) y con el temor de algunos proveedores a que Europa ponga un tope al precio del gas importado. La consecuencia es que los precios del gas han caído esta semana a un precio nunca visto este año: hoy 20 de octubre, el precio del gas en el mercado ibérico está en 28,76 euros MWh (el precio más bajo en 15 meses y muy lejos de los 230 euros que costaba a finales de agosto) y en el mercado europeo (TTF holandés) baja a 112,51 euros (mínimo desde primavera y lejos de los 346 euros que costaba en agosto). Con ello, la luz (que lleva un año encareciéndose por el gas), también veía caer drásticamente su precio mayorista en España, hasta los 86,66 euros MWh hoy, la tercera parte del precio de hace un mes (243,55 euros, incluyendo la compensación al gas y el precio más bajo de la electricidad desde octubre 2021 (recordemos que llegó a costar 544 euros MWh el 9 de marzo, antes de que entrara en vigor la “excepción ibérica”, el 15 de junio).

En paralelo, el petróleo ha remontado algo su precio en octubre (de 87,90 dólares barril el 30 de septiembre a 93,25 dólares hoy), por el acuerdo entre la OPEP y Rusia para reducir su producción (a partir de octubre). Y eso, junto a la reducción del refino en Europa (Francia) y el corte de suministro de Rusia, ha provocado una nueva subida de los carburantes en octubre: la gasolina cuesta esta semana en España 1,75663 euros litro de media (+7,5 céntimos que a finales de septiembre) y el gasóleo 1,9492  euros (+ 12,7 céntimos), según el Boletín Petrolero Europeo de hoy. Eso sí, los alimentos no bajan (subieron un +14,4% hasta septiembre) y, por efecto de la sequía, las menores cosechas y los mayores costes, parece que seguirán caros hasta fin de año.

Así que mejora la factura del gas y la electricidad, empeoran los precios de carburantes y alimentos, junto a una subida de muchísimos productos, por lo que la inflación en octubre (el dato se conocerá el día 28) podría bajar algo, pero poco. En cualquier caso, la incertidumbre sobre los próximos meses es enorme, sobre todo cuando empiece el frío en Europa y los países echen manos de sus reservas de gas y tengan que comprar más. El temor no es tanto este año, sino el repunte de precios en el primer trimestre de 2023.

Para evitar problemas de suministros y que la inflación vuelva a dispararse este invierno, la Comisión Europea aprobó el 30 de septiembre un paquete de medidas urgentes frente a la crisis energética, que corroboraron los líderes europeos en la Cumbre de Praga del 3 de octubre. La primera medida clave es conseguir un ahorro en el consumo de electricidad del 15% entre el 1 de diciembre y el 31 de marzo de 2023. Y plantean hacerlo por 2 vías: una reducción voluntaria del consumo eléctrico global del -10% y una reducción adicional del -5% en horas punta. Ahora, se trata de concretar esta rebaja por paises y definir las “horas punta”, diferentes según los países.

España ha conseguido un recorte menor, del -6,4% en el consumo eléctrico, porque somos una “isla energética” (sólo importamos el 4,1% de la electricidad consumida, según REE) y porque tenemos una alta capacidad de importar y transformar gas natural, al contar con 6 de las 20 regasificadoras europeas. Para cumplir este objetivo el Gobierno aprobó en agosto una serie de medidas de ahorro: calefacción a 19º en comercios, cines, hoteles y espacios públicos, apagado escaparates a las 10 de la noche y cierre automático de puertas en los comercios. Y ha pactado con las autonomías y Ayuntamientos la revisión del alumbrado público, para tratar de ahorrar (sobre todo ayudando a cambiar las farolas para instalar leds), aunque no parece que los municipios vayan a reducir el alumbrado de Navidad. Para los particulares, no habrá limitaciones de consumo, aunque se pedirá a las eléctricas que incluyan en la factura el consumo medio por zonas, para saber si gastamos de más.

En paralelo a estas medidas de ahorro, el Gobierno español aprobó este martes nuevas ayudas (con un coste de 3.000 millones de euros) para que las familias afronten la factura de calefacción y electricidad este invierno. La más llamativa es que los 1,7 millones de hogares con caldera colectiva (comunidades de vecinos) puedan acogerse (hasta finales de 2023) a una nueva tarifa regulada (TUR 4), con un descuento del 40% en el precio del gas que utilicen, siempre que revisen la caldera, tengan instalados contadores (o llaves) de control individual de consumo (o los instalen antes de septiembre de 2023) y que no gasten más que la media de los últimos 5 años (si gastan más, el precio se les penaliza un 25%). Además, los 1,5 millones de clientes individuales de gas con tarifas TUR (1,2 y 3) seguirán beneficiándose del tope al precio del gas (5% de subida) todo el año 2023.

Otra medida importante es que se refuerza el bono social eléctrico, el descuento en el recibo de la luz a las familias más vulnerables. Por un lado, aumenta el descuento (al 65 y al 80%, según sus ingresos) a los 1,3 millones de hogares que lo tienen hoy (los que ganan menos de 12.159 euros). Y además, se crear un nuevo bono social, con un descuento del 40% en el recibo a otro millón y medio de hogares con ingresos reducidos (familias con dos niños que ganan menos de 28.000 euros). Y se duplica el presupuesto para financiar  el bono social térmico (para pagar gastos de calefacción y agua caliente), hasta una franja de 40 a 375 euros al año (ahora son 35-350 euros).

En conjunto, el Gobierno estima que estas ayudas benefician a 4 de cada 10 familias. Y se suman a otras 9 medidas aprobadas desde junio de 2021 para rebajar el precio de la luz, básicamente la bajada de impuestos a la luz y el gas, la “excepción ibérica” (tope al precio del gas para producir electricidad) y la rebaja de costes regulados. Unas medidas con un alto coste para el Presupuesto (más de 20.000 millones de euros) pero que han servido para “reducir un 33% la factura de la luz el último año” (según la ministra Ribera) sobre el precio que tendríamos que pagar si el Gobierno no hubiera tomado medidas.

Ahora hay que esperar si estas nuevas ayudas permiten contrarrestar las esperadas subidas del gas y la luz en los próximos meses. El presidente Sánchez dijo este martes en el Senado que movilizará “los recursos públicos que sean necesarios” para doblegar la inflación. Y eso incluye renovar las ayudas actuales a la energía para 2023, una decisión que el Gobierno tomará en diciembre. Parece claro que renovará la bajada de impuestos a la luz y el gas, así como las ayudas específicas a empresas y sectores (transporte, campo, pesca). La duda es si mantendrá la bonificación de 20 céntimos a los carburantes, porque es muy costosa y beneficia más a los que más tienen (y a los turistas y vecinos portugueses y franceses), además de fomentar el consumo: en gasolinas, se ha consumido un 12,5% más entre enero y agosto y en gasóleo, un 3,5% más, según CORES.

Precisamente, España tiene un problema cara a este invierno y es cumplir los planes de ahorro a que nos obliga Europa: somos uno de los 4 países europeos que ha aumentado su consumo de gas este año (+2% de enero a septiembre) junto a Grecia, Croacia y Eslovaquia, mientras lo bajaba un -7% la Unión Europea en su conjunto, sobre todo 11 países, principalmente Finlandia (-53%), Letonia (-30%), Lituania (-25%), Estonia (-20%) y Dinamarca (-20%), con un recorte del -11% en el consumo de gas de Alemania, según Bruegel. La “culpa” de este mayor consumo de gas en España, a pesar de los precios disparados, la tiene la producción de electricidad, al haber fallado la producción hidráulica (por la sequía) y la eólica (por el clima) y por la mayor demanda de Portugal (el 25% de la demanda se la cubre España) y de Francia (por problemas en sus centrales nucleares). Así que una parte del mayor consumo de gas de España es “por solidaridad con los vecinos europeos”, como subrayó el martes la ministra Ribera, en apoyo de una mayor interconexión energética europea. Eso sí, España ha reducido el consumo eléctrico este año, pero poco: un -2,1% hasta septiembre, según REE, aunque ha bajado más la demanda doméstica.

Ahora, el Gobierno Sánchez estudia la prórroga de las ayudas contra la inflación y ya ha comunicado a Bruselas que “tiene margen presupuestario” para hacerlo, porque se ha dejado un colchón en los  Presupuestos de 2022 y 2023 de 20.500 millones “extras” de ingresos para afrontar las medidas anticrisis sin bajar la guardia en el recorte del déficit público (del -5% al 3,9% en 2023). El problema es que si la guerra sigue y los precios no se controlan, este colchón puede ser insuficiente en unos meses: recordemos que las medidas contra la inflación llevan gastadas en España 35.500 millones (más los 3.000 recién aprobados). Y más de 500.000 millones de euros en toda Europa…

El debate es doble. ¿Hasta dónde se puede gastar? ¿Cuánto gasta cada país? Y aquí, los países pobres, como España, están en clara desventaja frente a los ricos: Alemania ya ha anunciado un paquete de ayudas de 200.000 millones de euros, que ha irritado al resto. Es injusto que  los paises ricos tengan más músculo que los pobres para ayudar a sus ciudadanos y frenar la contestación social (que ya ha estallado en Francia)… Una opción sería hacer como se hizo frente a la pandemia: crear un Fondo europeo para financiar las ayudas contra la inflación, una alternativa que no gusta a los ricos (pagarían más). De momento, la Comisión Europea ha intentado “desviar este debate”, proponiendo que se deriven 40.000 millones no gastados de los Fondos de Cohesión a amortiguar la crisis energética europea… Una cifra ridícula si la comparamos con los 500.000 millones ya gastados en ayudas y los 850.000 del Fondo Next Generation frente a la COVID.

La otra parte del debate es atajar el problema de origen, las causas de la inflación, en especial la subida del gas y la electricidad: intentar frenar más los precios, para no tener que gastar tanto en ayudas para paliar sus efectos sobre empresas y ciudadanos. Y aquí, los líderes europeos han avanzado, pero lentamente. Y no son capaces de tomar medidas drásticas para una situación excepcional que nos está llevando a una recesión. Y así, por este camino, los distintos Gobiernos tendrán que exprimir al máximo sus cuentas para seguir dando ayudas y llegará un momento en que no frenarán la contestación social.

Por eso, urge avanzar en contener los precios de la energía como sea. Pero la Comisión Europea no logra aprobar medidas eficaces, como poner un tope al gas que se importa o generalizar “la excepción ibérica” (un tope al precio del gas para producir electricidad, una medida que ha rebajado un tercio la subida de la luz de españoles y portugueses frente a la del resto de europeos). España y otros 14 países europeos les han enviado una carta pidiendo un tope al precio del gas importado, pero Alemania y Holanda lo bloquean, porque temen que si se “interviene el mercado” (que no funciona, salvo para especuladores) haya problemas de suministro de gas (y de electricidad si se extiende a toda Europa la excepción ibérica”). Y entre tanto, Bruselas defiende “parches”, como la compra conjunta de gas (el 15% de las reservas estratégicas), acuerdos de solidaridad entre Estados (sólo los han firmado 9 países, del centro y norte de Europa) y un nuevo índice de precios del gas (el TTF holandés es irreal y muy especulativo), que tardaría meses en implantarse y sería “temporal”.

España y muchos países creen que estas medidas, propuestas esta semana por la Comisión Europea, son “poco ambiciosas” y apenas van a bajar los precios. Y temen que la Cumbre Europea que aborda la crisis energética, hoy y mañana en Bruselas, no tome medidas eficaces para evitar un nuevo repunte del gas y la electricidad este invierno. Ya se sabe que Europa sólo reacciona cuando se encuentra al borde del precipicio. Así que quizás habrá que esperar a enero y febrero de 2023, con facturas energéticas imposibles de pagar y una creciente contestación social en toda Europa, para que intervengan de verdad y frenen unos precios disparados del gas, la luz y muchas materias primas. Quizás entonces sea tarde para que muchos políticos se salven. Y el coste de las ayudas habrá hundido a muchos países en un gasto imposible de financiar. Ojalá me equivoque.

Luz más barata pero más sucia

El recibo de la luz ha bajado en septiembre y son ya 11 meses bajando, con una rebaja anual del 18%. Eso es porque un 20% de la luz se ha generado con gas natural, cuyo precio ha bajado a la mitad. Pero hay menos luz producida con agua y viento, por el clima, y la luz es más sucia: el 35% es renovable este año (sólo el 28,7% en agosto), frente al 38,5% en 2018. Además, los consumidores de 11 autonomías recibirán una carta este mes donde les suben el recibo de septiembre, entre 17 céntimos y 2 euros, por impuestos autonómicos de 2013 no cobrados. Al final, la luz es la 4ª más cara de Europa para las familias y la 9ª más cara para empresas. Y eso, porque pagamos costes de más, por la generación, recargos e impuestos. Es prioritario  que el futuro Gobierno haga una auditoría de costes y paguemos por la luz lo que cuesta, no extracostes que alimentan el dividendo de las eléctricas. Nadie se ha atrevido a hacerlo.

enrique ortega

El recibo de la luz sufre muchas subidas y bajadas porque el mercado eléctrico (que supone un 35% del recibo: el resto son “peajes” e impuestos) es un tobogán de precios, con mucha volatilidad por el clima (que afecta a los embalses hidroeléctricos y al aire de los molinos) y los costes del fuel, el carbón y el gas que usan las centrales eléctricas. Así, en septiembre de 2018, el precio de producir electricidad batió récords históricos (alcanzó los 71,27 euros por kwh) y en septiembre de 2019 ha cerrado a 42,11 euros por kwh, un 41% menos que hace un año. Y como el precio del mercado eléctrico ha sido bajo, hemos asistido a 11 meses de bajadas del recibo (todos salvo julio) en el último año. Y así, en septiembre de 2019, el recibo medio de una familia (4,4 kWh de potencia y 3.000 kWh de consumo) ha sido de 52,43 euros, un 17,9% menos que en septiembre de 2018 (63,86 euros), según datos de la Comisión de Competencia (CNMC).


El precio de producir la electricidad ha caído mucho este año porque se ha disparado la utilización de gas natural en las centrales de ciclo combinado: su producción ha crecido un +105,3% de enero a septiembre, según Red Eléctrica (REE). Y ha aportado un 21,36% de la luz producida, sólo por detrás de la nuclear (22,11% de la generación), siendo la energía más utilizada en septiembre (27,3% de la electricidad). Y eso porque el precio del gas natural se ha desplomado en los mercados internacionales (hace un año costaba de 22 a 25 euros por MWh y en septiembre ha costado 9,86 euros, un precio que no se veía hace una década), por la mayor producción de gas en EEUU (por el fracking, “gracias” a Trump). Con ello, las eléctricas han reducido la producción con carbón (muy caro, por la subida del impuesto al Co2 que generan) y han puesto a trabajar a tope sus centrales de gas, hasta ahora sólo utilizadas para cubrir repuntes de demanda. Con ello, producir electricidad ha sido más barato. Además, el clima (sequía y falta de viento) ha provocado una caída de la producción hidroeléctrica (-42,2% de enero a agosto) y eólica (-1,7%), más baratas.


Pero si el desplome del precio del gas ha abaratado la electricidad, ahora es más “sucia”, porque han reducido su peso las energías renovables, al reducirse el peso de la energía hidráulica (los embalses están en mínimos) y eólica, mientras baja el peso del carbón (que produce la luz más “sucia”) y se dispara el gas (que emite menos pero también emite CO2). El resultado es que la generación renovable (hidráulica, eólica, solar y otras renovables) ha reducido su peso, del 38,5% de la producción eléctrica en 2018 al 35,18% que aportan en 2019 (enero a septiembre), según REE. Y sólo un 28,7% de la electricidad producida en agosto de 2019 fue renovable y un 34,1% en septiembre. Y si analizamos el peso de la generación eléctrica sin emisiones, ha caído del 71% del total que alcanzó en marzo de 2019 a sólo el 53% de la electricidad producida en agosto de 2019, según el último balance mensual de REE.


Así que pagamos la luz un 18% más barata que hace un año pero una luz más “sucia” y menos renovable, generada con menos carbón (muy contaminante) pero también con menos agua y viento y muchísimo más gas natural (que emite CO2, aunque menos que el carbón). Además, este mes de octubre, los consumidores de 11 autonomías vamos a recibir una carta de nuestra compañía eléctrica donde nos anuncian un pequeño recargo en el recibo de la luz de septiembre, para compensar la subida de impuestos autonómicos que no se cobró en 2013. Ese año, 14 autonomías (todas salvo Baleares, Canarias y País Vasco) pusieron un impuesto a la producción, transporte y distribución de electricidad, pero ese recargo no se incluyó en las tarifas en 2013. Las eléctricas recurrieron y el Tribunal Supremo obligó al Gobierno a incluirlo. Pero se retrasó y en 2016 hubo otra denuncia de Iberdrola, que llevó al Supremo a dar un ultimátum al Gobierno. En 2017, se aplicó sólo a 4 autonomías (Cataluña, la Rioja, Castilla la Mancha y Comunidad Valenciana) y ahora, en septiembre de 2019 se aplica a las 10 restantes y a Cataluña (porque el recargo de 2017 fue insuficiente).


La subida es pequeña y se estima que será de 10,36 euros en Galicia, 8,22 euros en Castilla y León, 5,16 en Cantabria, 2,25 en Aragón, 1,79 euros en Navarra, 1,19 en Asturias, 1,17 en Extremadura, 1,05 en Murcia, 0,30 euros en Andalucía, 0,36 en Madrid y 0,17 euros en Cataluña, segúnla estimación de Gesternova, aunque la de la OCU es mayor en todas (19,79 euros en Galicia, 15,69 euros en Castilla la Mancha o 0,57 en Madrid o Andalucía). En este recibo de septiembre, lo máximo que se puede cargar es una subida de 2 euros y donde la subida sea mayor, se prorrateará el resto en los próximos 12 meses.


Es el “chocolate del loro” en un recibo, pero muchos millones para el conjunto de consumidores, que irán a las angustiadas arcas de las autonomías. Al final, a pesar de la bajada de la luz en el último año, el coste de la electricidad en España es muy alto: los consumidores domésticos pagamos la 4ª luz más cara de Europa (tras Dinamarca, Alemania y Bélgica) y las industrias pagan la 9ª luz más cara, según Eurostat (primer semestre 2019). Así, la electricidad de uso doméstico cuesta 0,2369 euros por kWh, un 12% más cara que la media europea (cuesta 0,2113 €/kWh en la UE-28) y bastante menos que en Francia (0,1765), Reino Unido (0,2122) o Italia (0,2161). Y la electricidad de uso industrial cuesta en España 0,1389 euros/kWh, un 2,3% menos que en Europa (0,1422) pero más que en Francia (0,1230) y otros 18 paises europeos. Y si descontamos los impuestos (pagamos menos que la media europea: 21% de IVA frente al 37% en la UE-28), la luz de uso doméstico es en España la 2ª más cara de Europa (tras Bélgica) y la 4ª más cara para la industria, tras Chipre, Malta e Irlanda (3 islas), según Eurostat.


Y además de tener la luz más cara que en la mayoría de Europa, el servicio de las eléctricas es el peor valorado por los españoles, peor aún que el servicio de telefonía e Internet: el 19,1% de los usuarios de la electricidad están “poco o nada satisfechos”, según el Panel de hogares elaborado por la CNMC. Además, casi la mitad se queja de la falta de claridad de las facturas y el 90,5% de los encuestados consideran que la luz “es cara”.


Así que la luz es cara, objetiva y subjetivamente, al margen de que suba o baje coyunturalmente con los precios del gas (que podría volver a duplicar su precio en unos meses, según los mercados de futuros) o del carbón y los efectos del clima. ¿Por qué es cara la luz? La razón es que los usuarios pagamos costes de más en las tres partes del recibo: en el coste de generación de la electricidad (el 35% del recibo), en los peajes que aprueba el Gobierno (40% del recibo) y en los impuestos (25%). Veámoslo.


El primer componente, el precio de producir la luz, se fija en el mercado eléctrico ibérico (MIBEL), un mercado donde se negocia el precio de la luz cada hora según la aportación de las distintas energías y su coste. Pero el sistema de fijación de precios, aprobado por Aznar en la Ley Eléctrica de 1997, es “de locos”: cada empresa aporta su electricidad, empezando por las más baratas (hidroeléctricas, nucleares y renovables) y siguiendo con las más caras (carbón, fuel y gas). Y al final, el precio resultante para todas es el del kilowatio más caro. Lo normal es que la energía que falta (y más cuando no llueve o falta viento) se cubra con centrales de carbón, fuel o gas, las más caras, que producen a 60 euros por kilowatio. Y ese es el precio que se paga también a las centrales hidroeléctricas (a las que producir un kilowatio les cuesta 10 euros) o a las nucleares (a las que les cuesta 22 euros/kWh), centrales que además ya están amortizadas (tras 90 o 40 años de vida). Es como si compráramos carne picada hecha con pollo, cerdo, ternera y chuletón y nos la cobraran toda a precio de chuletón. Y así, pagamos unos 4.500 millones de más al año, según un cálculo de Natalia Fabra.


Además de fijar unos precios de la luz muy por encima de los costes reales, el mercado eléctrico español es poco transparente (lo controlan de hecho las eléctricas, que son “juez y parte”), muy volátil (con muchos altibajos de precios, más que en Europa) y promueve el fraude, como ha detectado en varias ocasiones la Comisión de Competencia (CNMC). Así, en diciembre de 2013, la CNMC multó a Iberdrola con 25 millones de euros por parar la producción de sus centrales hidroeléctricas del Duero, Tajo y Sil para provocar una falta de oferta de “electricidad barata” que obligó a utilizar sus centrales de gas (más caras) y disparó el precio de la luz en el mercado eléctrico (y sus beneficios). En junio de 2008, la CNMC también multó a Viesgo con 6 millones por “manipular su oferta” en la central de los Barros (Cádiz) para subir artificialmente los precios. Y en mayo de 2019, la CNMC impuso una multa de 13 millones a Naturgy (Gas Natural Fenosa) y  5,8 millones a Endesa por utilizar 10 centrales de gas para manipular el mercado eléctrico y subir el precio de la electricidad “de forma consciente y deliberada”. Un largo historial de malas prácticas que pagamos en el recibo.


El segundo componente del recibo de la luz (un 40%) son los llamados “peajes”, una especie de “cajón de sastre” donde los distintos Gobiernos han ido incluyendo múltiples costes que nos cargan cada mes. Unos son costes “justificados” pero demasiado elevados, como los del transporte de la electricidad (el 2,96% del recibo) y la distribución (el 10,04%). Otros son costes “más discutibles”: ayudas a las renovables, cogeneración y residuos (20,6%), ayudas por el parón nuclear (0,41%), para amortizar la deuda eléctrica acumulada (2,89%), para compensar a Endesa por producir electricidad en Baleares y Canarias (4,2%) y otras ayudas varias para mantener las centrales de gas (por los saltos de demanda) o para compensar a las grandes industrias consumidoras de electricidad. Costes y ayudas que son discutibles, pero que deberían pagarse con el Presupuesto y no con nuestro recibo.


La tercera parte del recibo de la luz (el 25%) son los impuestos: pagamos un impuesto especial eléctrico (del 5,113% sobre la potencia instalada y el consumo) y el 21% de IVA sobre la factura total (incluido el impuesto eléctrico, con lo que pagamos un impuesto sobre otro). Y aquí, también pagamos impuestos de más, porque España es el 5º país de la UE con el IVA de la electricidad más alto, sólo por detrás de Dinamarca y Suecia (25% IVA), Finlandia (24) y Portugal (23%), pero muy por encima del IVA que paga la luz en Reino Unido (5%), Italia (10%), Grecia (13%), Irlanda (13,5%), Francia (16,7%) o Alemania (19%).

Como acabamos de ver, los consumidores pagamos costes de más en las tres partes del recibo de la luz, en la producción de electricidad (35% del recibo), en los peajes que incluye el Gobierno (40% del recibo) y en los impuestos (25% del recibo). Por eso es más cara que en la mayoría de Europa, al margen que unos meses suba o baje por el clima o los precios del fuel, el carbón o el gas. Y estos “extracostes” que pagamos cada mes en el recibo benefician sobre todo a las eléctricas españolas (un oligopolio: las 3 grandes controlan el 80% del mercado), que ganan el doble que las eléctricas europeas (en relación a su negocio), según un estudio del Observatorio de Sostenibilidad.


Ahora se ha producido un importante cambio institucional: este año, gracias a un Decreto aprobado en enero (por presión de la Comisión Europea), es la Comisión de la Competencia (CNMC, un organismo independiente) y no el Gobierno el organismo responsable de fijar los “peajes” por transporte y distribución de la electricidad (un 13% del recibo). Y ya han propuesto una rebaja de estos peajes de 735 millones para 2020, que rebajaría un 3% la luz a los consumidores domésticos y un 6% a las industrias, propuesta que ha puesto en pié de guerra a las eléctricas. Ahora, el Ministerio de Industria y la CNMC estudian fijar antes del 31 de diciembre el resto de los peajes (27% del recibo), una propuesta que tendrá mucho que ver con el resultado electoral y la renovación de la CNMC: su presidente, Marín Quemada, a quien “odian” las eléctricas, está en funciones desde el 9 de septiembre y su sucesor no puede nombrarse hasta que tome posesión un nuevo Gobierno, quizás no antes de fin de año.


Mientras se aclaran los peajes de 2020, lo que urge es que el futuro Gobierno imponga una auditoría de costes, para que paguemos la luz por lo que cuesta producirla, sin tantos extracostes no justificados o que deberían pagarse con los Presupuestos y no con el recibo. Eso permitiría bajar hasta un 40% el precio de la luz en unos años, según algunos expertos. Es hora de atreverse a hacerlo (no lo ha hecho ningún Gobierno), aunque suponga enfrentarse a las todopoderosas eléctricas. Va depender mucho del resultado electoral.

Cambia el recibo de la luz (y subirá)

El 1 de julio vuelve a cambiar el recibo de la luz: nos cobrarán cada día el precio que tenga la luz en el mercado eléctrico, lo que supondrá  un tobogán de tarifas. Y será imposible saber lo que vamos a pagar. Eso sí, nos dan la opción de pagar un precio fijo anual elevadísimo o contratar una tarifa plana mensual o anual y si consumimos más, pagaremos la diferencia. Al final, quedamos en manos de un mercado eléctrico que es un enigma y donde las compañías pueden manipular precios, por lo que ya se ha abierto un expediente. De hecho, ahora que van a quedar libres, los precios se han duplicado y pagaremos la luz más cara este verano (quizás un 5%). Además, las eléctricas dejan de pagar el bono social y nos lo cargan a nosotros (210 millones). Así, pagando costes extras por todos los lados, tenemos la tercera luz más cara de Europa. Hay que exigir transparencia de una vez por todas.

enrique ortega

Durante el primer semestre de 2014, hemos pagado la luz con un sistema provisional, establecido por el Gobierno en diciembre, para salir al paso del susto que nos dieron las eléctricas con la última subasta, que fijaba un aumento de tarifas del 11,5%. Industria intervino y fijó una subida del 2,8%, estableciendo un precio fijo para la luz de enero a junio (48,48 euros por Mwh). Al final, como la luz subió menos en el mercado durante el primer trimestre, las eléctricas nos tienen que devolver 310 millones de euros, que nos llegarán con el recibo de junio (unos 20 euros de media por usuario). Y el Gobierno dice que la luz también ha costado menos que el precio fijado durante el segundo trimestre. Si es así, las eléctricas tendrán que hacernos otra devolución más, quizás en agosto, de otros 150 millones (otros 10 euros). Es un dinero nuestro, unos 460 millones que hemos pagado de más por la luz estos seis meses (las eléctricas le pueden haber sacado, al 4%, un “jugo” de 9 millones…).

Ahora, desde el 1 de julio, cambia el sistema para fijar la subida de la luz: el precio se establece cada día, según la cotización del kilowatio en el mercado eléctrico entre compañías (pool). El Gobierno quería que pagáramos el precio que tiene la luz cada minuto del día, según cuando la consumimos. Pero los contadores no están preparados: de los 27.8 millones de clientes, sólo 7,9 tienen instalados contadores inteligentes. Pero resulta que sólo la tercera parte de ellos (2,2 millones) permiten la lectura horaria a distancia. Al final, las eléctricas tienen hasta finales de 2018 para tener preparados todos los contadores, así que pagar la luz por horas tendrá que esperar. Mientras, el Gobierno ha hecho “un apaño”: cruzará el precio medio diario de la luz en el mercado eléctrico con tres perfiles de consumidores (normales, con tarifa nocturna y con coche eléctrico) para “estimar” su consumo por horas y facturar (se puede ver el precio diario por horas en esta calculadora de REE). Pero será una estimación media, que no coincidirá con el consumo horario de cada uno de nosotros.

Este es el nuevo sistema por el que pagarán ahora la luz la mayoría de usuarios, los 17 millones que tienen contratados menos de 10 kilovatios y tienen tarifa regulada (ahora se llama precio voluntario pequeño consumidor, PVPC). Pero el usuario tiene dos opciones más para pagar la luz. Una, contratar una tarifa de precio fijo en el mercado regulado: las eléctricas tienen obligación de ofrecerles una tarifa fija anual, según su nivel de consumo. Pero se han  cubierto en salud y es altísima, para “no pillarse” y disuadir al usuario: está entre 701 y 723 euros para un consumo de 3.000 kilovatios (ver tarifas Web CNMC), unos 100 euros más de lo que saldría recibo a recibo. Y además, cobran una penalización si se rescinde antes del año. La otra opción, la que buscan las eléctricas, es que el usuario se pase al mercado libre, no regulado. Aquí ofrecen tarifas planas, por meses o años (como en el teléfono): una cantidad fija a pagar y si nos pasamos de consumo, nos cobran aparte (y mucho) el consumo extra. Ojo a estas dos alternativas, porque tienen mucha letra pequeña (la Comisión de la Competencia les investiga  por “publicidad engañosa”) y salen más caras.

Volviendo al nuevo sistema de precios regulados, que cobra la luz por lo que cuesta cada día, tiene un problema de fondo: el mercado eléctrico es muy volátil: el español es el que tiene más altibajos en Europa y en 2013 tuvo días con la luz a 90 euros Mwh y días con precio cero. Y además, las eléctricas influyen mucho en el precio, al poner en marcha o parar unas u otras centrales. Precisamente, la Comisión de la Competencia ha abierto un expediente a Iberdrola por “presunta manipulación de precios” en diciembre. Y curiosamente ahora, cuando los precios van a liberalizarse, el mercado eléctrico lleva un mes subiendo el precio de la luz, que se ha duplicado entre abril (26,44 €Mwh) y junio (52 €Mwh). Y el mercado de futuros augura que la subida seguirá en julio agosto y septiembre, con un precio estimado de 54,53 €Mwh, un 12,5% de subida sobre el precio fijado por el Gobierno para el primer semestre.

O sea que, ahora que dejan que el mercado fije “libremente” el precio diario de la luz, ese mercado sube sin parar. ¿Casualidad? Dicen que es porque hay menos electricidad de origen hidráulico (no llueve) y eólico (más barata) y porque las renovables, al recortarles el Gobierno las ayudas, producen ahora luz más cara. Sea por lo que sea, el caso es que las eléctricas nos van a cobrar más cara la luz: si se mantienen estas subidas en el mercado (el precio repercute un 40% en el recibo), la luz nos subiría un 5% entre julio y septiembre.

Y eso sería lo que sube el coste de producir electricidad, que es sólo una parte del recibo (37,48%). En febrero subió ya la parte fija de la factura, lo que se paga por la potencia instalada (que ahora supone un 60% del recibo, cuando hace un año suponía el 35%). Eso significa que, al margen de lo que nos suban por consumo, estamos pagando mucho más por tener el contrato, consumamos o no. Y también pagan más este año los 2,5 millones de familias que tienen el bono social: se les cobra ahora una cuota fija y se les reducen los descuentos. Además, queda por ver lo que nos sube el Gobierno antes de fin de año la otra parte del recibo (un 41,14% que va a pagar transporte, comercialización y subvenciones, siendo el 21,38% restante del recibo los impuestos). En esta parte, el Gobierno nos va a cargar el coste del bono social (ha pasado desapercibido): 221 millones que hasta ahora pagaban las eléctricas pero que, como ganaron el recurso en el Supremo, ya no tienen que costear y que ahora pagaremos todos con el recibo (nos sale unos 15 euros anuales).

Así que en los recibos del verano pagaremos más cara la luz, por unas y otras cosas. Y aunque este año 2014 podría cerrarse con una escasa subida o incluso bajada (tras la rebaja de la primera mitad del año), la luz ha subido ya un 60% desde 2007 y los consumidores pagamos la tercera luz más cara de Europa (tras Irlanda y Chipre, dos islas): el precio medio de 2013 fue de 0,1752 €/kW frente a 0,1370 €/kW en la UE-28, según Eurostat. O sea, que pagamos la luz doméstica un 27,8% más cara. Y las empresas españolas, un 20% más que las alemanas. Moderamos los salarios para que nuestras empresas compitan mejor y ese sacrificio se lo come la luz (y los gastos financieros de los créditos, también más altos en España).

Pagamos la luz más cara porque el mercado no funciona bien (las eléctricas cobran más de lo que deben por los kilovatios que producen con las centrales hidráulicas y nucleares, un precio garantizado por Aznar en 1997), porque pagamos muchos costes extras (subvenciones al transporte, a la distribución, a las grandes industrias, al pago del déficit de tarifa, al uso del carbón, al parón nuclear, a las renovables, al bono social…) y porque tenemos el doble de centrales de las necesarias (sobran casi todas las centrales de gas, que estamos pagando en el recibo sin que apenas funcionen). Un desmadre al que el Gobierno no quiere poner coto, porque sería recortar ingresos a las poderosas eléctricas, las más rentables de Europa. Y mientras, nosotros pagamos de más en el recibo, sea con el sistema que sea.

Así que estamos en las mismas, aunque el sistema y el recibo cambie: pagamos la luz más cara de lo que cuesta. Sólo hay una solución: hacer una auditoría de costes transparente, recortando unos a las eléctricas y pasando otros al Presupuesto y no al recibo. Si no, seguiremos pagando de más. Y ahora además, un precio distinto cada día. Doble locura.