El negocio de la muerte: la "burbuja" funeraria

Este fin de semana recordamos a nuestros difuntos, una ocasión para conocer los entresijos del sector funerario en España. El negocio “más seguro”: cada día mueren 1.188 personas, un 50% más que hace 45 años. Y con futuro: en 2050 habrá 548 muertos más al día. Esto propicia que las grandes empresas de servicios funerarios hayan creado una “burbuja” de tanatorios (casi 6 plazas por cada muerto diario) y crematorios: hay tres por cada incinerado y tenemos el 45% de toda Europa. Este exceso de oferta y costes, más la concentración de las funerarias (las 5 grandes controlan un tercio de los funerales) han encarecido los funerales, con un coste entre 3.700 y 5.000 euros, que alimentan el negocio junto a los “seguros de decesos”, el 2º más popular: hay 22,2 millones de españoles que pagan por su futuro entierro, a pocas aseguradoras, que también controlan las funerarias. Un negocio con poca competencia y transparencia, sin una Ley y regido por un Decreto de 1974.

                           Enrique Ortega

Los servicios funerarios son un negocio “seguro” y con gran “futuro”. Desde 2015, en España hay más muertes que nacimientos, por primera vez desde la Guerra Civil, debido a la caída de la natalidad y al envejecimiento de la población (hoy, 3 millones de españoles tienen más de 80 años, el 6,20% de la población, frente al 3,4% en 2001), por el aumento de la esperanza de vida (de 50 años que se vivía de media en 1941 a 84 años en 2025). La consecuencia es que las defunciones han aumentado un 50% en los últimos 45 años, saltando de 289.344 fallecidos en 1980 a 360.391 en el año 2.000, 402.950 en 2012, 493.796 en 2020 (por el COVID) y 433.547 en 2024 (y 303.935 este año, hasta finales de agosto, según el INE). Eso significa que hemos pasado de 792 entierros diarios en 1980 a 1.188 en 2024.

Pero además de que ha aumentado un 50% la mortalidad y los entierros, las previsiones apuntan a que habrá más defunciones en el futuro, porque seguirá aumentando la esperanza de vida (87,5 años de media en 2061) y el envejecimiento de la población (el 13% de los españoles tendrán más de 80 años en 2060, el doble que ahora). La estimación del INE para los años 2030-50 es que haya 483.250 muertes en 2030, 549.250 en 2040 y 633.580 fallecidos en 2050 (200.000 más que en 2024). Y que la mortalidad siga creciendo, hasta alcanzar un máximo de defunciones en 2065: 707.570 fallecidos dentro de 40 años, 1.938 muertos al día (casi el doble de los 1.188 de 2024).

Con estos datos, es normal que muchas empresas e inversores (incluso Fondos extranjeros) se hayan apuntado en las últimas décadas al “negocio de la muerte”, a ofrecer servicios funerarios, una actividad con sólo medio siglo de historia en España. Antes, los fallecidos se velaban en casa y sólo se generaba actividad con los ataúdes, nichos y lápidas. Pero a partir de los años 70 (el primer tanatorio se abrió en Barcelona en 1968), surgió un negocio nuevo: la oferta de servicios funerarios completos a las familias de los fallecidos. Primero fueron compañías de seguros las que crearon empresas funerarias y luego invirtieron constructoras y pequeños empresarios locales. Y en este siglo, con el “boom” de la construcción y el tirón de ingresos de los Ayuntamientos, proliferaron tanatorios y crematorios municipales, incluso en pequeños pueblos. Y después, las aseguradoras. Y así, ahora nos encontramos con una “burbuja funeraria”, miles de tanatorios y crematorios medio vacíos.

Actualmente, hay en España 2.525 tanatorios (100 más que en 2016), con una capacidad de 7.000 salas de velatorio, según los últimos datos (2023) de la patronal Panasef. Eso indica que hay disponibles 5,9 salas por cada persona que fallece al día (1.188 en 2024), un exceso claro de capacidad, más notorio en algunos pueblos y ciudades. Y aún es peor la “sobrecapacidad” de los crematorios disponibles: había 537 hornos crematorios en 2023 (eran 380 en 2016), según Panasef, con una capacidad de hacer 1.549 incineraciones al día. Y eso supone el triple de la actual demanda, dado que en España se realizan unas 570 incineraciones al día (al 47,78% de los fallecidos en 2023, cuando sólo se incineraban el 16% de los muertos en 2005). Esta “burbuja” de hornos crematorios, fomentada por las funerarias, lleva a que España acapara casi la mitad de los crematorios de Europa (el 45% del total), casi duplicando los de Reino Unido (315), duplicando con creces los de Francia (206), triplicando los de Alemania (164) y multiplicando por 6 los crematorios de Italia (87). Y sólo Madrid (33) tiene más crematorios que toda Bélgica (21), Portugal (20) o Austria (15).

Estos tanatorios y crematorios han aumentado su facturación en los últimos años, al rebufo de la mayor mortalidad y la subida de tarifas. En 2024, la patronal estima una facturación del negocio funerario de 1.719 millones de euros, un aumento de ingresos del +2,38% sobre 2023 y del +16,85% sobre la facturación en 2015 (1.471 millones de euros), según Panasef. El sector funerario se ha ido concentrando en los últimos años, porque las grandes empresas se han dedicado a comprar funerarias locales para crecer: así en 2007 había en España 1.616 empresas funerarias, que se redujeron a 1.300 en 2019 y que rondaban las 1.000 funerarias en 2024 (en menos de dos décadas se han perdido un tercio, el 38%). 

Y el proceso de concentración sigue mes a mes, con lo que las grandes funerarias (las “5 grandes”) copan cada vez más mercado, un tercio del total (del 30 al 35%), mientras las pequeñas y medianas funerarias locales (80% del sector) sólo tienen un 19% de cuota (y bajando). Actualmente, las aseguradoras dominan las grandes funerarias. La líder del sector, Mémora (facturó 262,8 millones en 2024 y tiene casi 16% de cuota de mercado), es propiedad de la aseguradora Catalana de Occidente (Occident), que la compró en febrero de 2023 al Fondo de pensiones de los profesores de Ontario (Canadá). Le sigue Albia, propiedad de la aseguradora Santa Lucía, con casi 200 millones de facturación y una cuota del 12%. En tercer lugar está Enalta (antes Funespaña), controlada por Mapfre, que factura unos 100 millones y roza el 7% de cuota. Le sigue Servisa, de la aseguradora Ocaso, con unos 85 millones de facturación y 5% de cuota. Y la 5ª mayor funeraria es el grupo ASV, ligada a la familia alicantina Payá y Meridiano Seguros, con 57 millones de facturación (4% cuota). En total, los servicios funerarios gestionados por aseguradoras suponen el 69,2%.

“La gasolina” del negocio funerario son los seguros de decesos, un seguro que pagan ahora 22,2 millones de españoles, según datos de Unespa,  y que es el 2º más popular tras el seguro del automóvil (obligatorio). Este es un seguro “typical spanish”, que no existe en ningún otro país europeo: su origen, a principios del siglo XX, son las colectas para pagar a las familias de los pescadores gallegos muertos en el mar y se generalizó en forma de seguro en los años 60 y 70, con el éxodo del campo a la ciudad de miles de españoles a los que preocupaba su futuro entierro. Y así, hay muchas generaciones que han pagado el “seguro de entierro” desde su juventud y muchos son los que ahora mueren. Pero también se ha popularizado en sus hijos y familias, con una potente publicidad (recordar el anuncio “contigo” de Santa Lucía…).

Estos seguros de decesos son los que pagan actualmente 6 de cada 10 funerales, para lo que recaudan unas primas en alza: 2.835 millones en 2024, según Unespa, un +5,5% que en 2023 y el doble que en 2005 (las primas de decesos recaudaron entonces 1.370 millones). Las tarifas de este seguro, para cubrir los futuros gastos de entierro, son muy variadas y oscilan entre 50 y 500 euros anuales, aunque varían mucho según la edad, el lugar de residencia y los servicios contratados: la póliza cuesta entre 200 y 400 euros al año para las personas de mediana edad y suben a más de 600 euros si el asegurado tiene más de 60 años. En general, se recomienda la prima “nivelada”, que paga casi lo mismo cada año, aunque muchos expertos creen que los asegurados acaban pagando más del coste de su entierro.

Las aseguradoras que controlan estos “seguros de decesos” son prácticamente las mismas que controlan las funerarias a las que pagan los servicios. La líder de estos seguros de entierro es Santa Lucía (dueña de la funeraria Albia), con 2,5 millones de aseguradores y una cuota del 30,31% del seguro de decesos en 2024. Le siguen la aseguradora Ocaso (dueña de Servisa), con el 17,4% de cuota del mercado de seguros de decesos, Mapfre (dueña de Enalta), con 2 millones de asegurados de decesos y el 14,2% de cuota en 2024, Catalana de Occidente (dueña de Mémora), con el 5% de cuota) y SegurCaixa Adeslas (4,7% de cuota), la única aseguradora que no controla una funeraria.

Al final, el exceso de oferta (la “burbuja” de tanatorios y crematorios supone altos costes), el elevado personal (12.889 empleados en el sector funerario, más de 10 por cada fallecido al día) y, sobre todo, la falta de competencia, derivada de la enorme concentración de las 5 grandes empresas funerarias y la coincidencia de sus dueños (las grandes aseguradoras) hacen que sea un sector con mucha concentración y poca competencia, lo que acaban pagando los usuarios, con unas tarifas funerarias elevadas y en aumento: el coste de un servicio funerario medio es de 3.700 euros, según la OCU, y supera los 5.000 euros en las grandes capitales y a poco que se contraten varios servicios. Un coste que crece año tras año, básicamente porque las funerarias ofrecen cada vez servicios más completos, que suman al féretro y el tanatorio otros servicios complementarios, desde audiovisuales, libros digitales, ceremonias en streaming o excursiones en catamarán para tirar las cenizas…

Las empresas se defienden diciendo que los servicios funerarios sólo suponen el 57,9% de la tarifa del entierro y otro 15,2% es el coste de la inhumación o incineración (que ofrecen normalmente ellos), mientras que el resto son servicios complementarios los cobran otros (12,8% supone el pago de tasas y certificados, iglesia, esquelas, coronas, flores y lápidas), suponiendo un 14,9% el pago del IVA (21%, el 4º más alto de Europa para un funeral).Las empresas funerarias se agarran precisamente al IVA para justificar que hasta 750 euros de un entierro se los lleva Hacienda (recauda 300 millones anuales por los sepelios). Se quejan de que varios paises, como Francia, Portugal e Italia, tienen un IVA del 5 al 10% y otros nada, mientras en España es el 21% (sólo las flores tienen el 10% de IVA). Y por eso piden al Gobierno que rebaje el IVA de los servicios funerarios al 10%.

Pero el sector funerario hace años que está bajo vigilancia de la Comisión de la Competencia (CNMC), que ha abierto varios expedientes a funerarias por denuncias de pequeñas funerarias contra las compras de las grandes y por atentar contra la competencia: la última, en 2025, un expediente de la CNMC a Mémora, por no haber respetado los compromisos que adquirió en Zarauz tras la compra de las funerarias vasco navarras Rekalde e Irache, por lo que ha pagado una multa de 108.000 euros. Y ya en octubre de 2021, la CNMC frustró la fusión de dos grandes funerarias, Albia y Funespaña. Antes, en 2014,  la CNMC habló de “connivencia entre empresas y Ayuntamientos”  para impedir la libre competencia en los cementerios y servicios funerarios, en perjuicio de los usuarios. Y en 2006, un informe del Tribunal de Cuentas ya denunciaba “grandes diferencias” de precios de los servicios funerarios entre ciudades, algo que se mantiene actualmente, según datos de la OCU.

En definitiva, estamos ante un sector funerario muy concentrado, con poca competencia y dominado por las grandes aseguradoras, que controlan mercados y precios, con la “connivencia” de hospitales (que “recomiendan” funerarias y servicios). Y que se aprovechan en sus ofertas de unos consumidores que pasan por un mal momento de ánimo (la muerte de un ser querido) y que no están para buscar y comparar, aunque proliferan los comparadores de precios y servicios (como Funos). Y a los que cada vez se les sube la factura final, ofreciéndoles servicios más “atractivos”. Y todo ello es posible porque el sector funerario carece de una Ley propia: todavía se rige por el Decreto de Policía Sanitaria Mortuoria de 1974. Aznar liberalizó el sector en 1996 y Zapatero aprobó la primera Ley de Servicios Funerarios en 2011, pero la Ley no llegó a aprobarse nunca, por el fin de la Legislatura. Y aunque Rajoy se la prometió a Bruselas en 2014, sigue pendiente…

En resumen, la muerte se ha convertido en un gran negocio y en un coste creciente para las familias, que no tienen tiempo ni ganas para elegir cómo entierran a sus seres queridos, mientras la oferta se concentra y las grandes funerarias imponen condiciones, con poca transparencia y sin una Ley que ponga orden y competencia en el sector, evitando los abusos y unos precios disparados. Hasta morirse es caro.

El alto coste del envejecimiento

Todos los días damos vueltas a los problemas más inmediatos: paro, empleo, sueldos, vivienda, pensiones, sanidad, educación…Pero hay otros problemas de fondo de los que hablamos menos. Dos son los mayores retos del siglo XXI, junto al cambio climático, según el Banco de España: la revolución tecnológica y el envejecimiento, especialmente preocupante para España, porque somos el país europeo donde nacen menos niños y donde más años se vive, con lo que un tercio de españoles tendrán más de 65 años en 2050 y habrá pocos jóvenes para trabajar. Un grave problema que va a recortar el empleo y el crecimiento, agravando el agujero de las pensiones y el déficit público. Pero nadie plantea medidas para favorecer la natalidad y la familia, reformar las pensiones y los impuestos y mejorar la formación y el empleo, para evitar este “suicidio demográfico”. La baja natalidad y el envejecimiento son un problema de Estado, gobierne quien gobierne. Y resolverlo exige tomar medidas ya, porque tardan décadas en surtir efecto en la demografía. 

A partir de una escena de El séptimo sello. enrique ortega

El bajo número de nacimientos y el envejecimiento de la población son los dos graves problemas demográficos de todos los paises desarrollados, de Japón a EEUU y Europa. Pero España los sufre más, porque tenemos una tasa de natalidad de las más bajas del mundo y un país con una de las mayores esperanzas de vida, con lo que hay cada vez más viejos y menos jóvenes, un auténtico “suicidio demográfico” que lastra la economía y el futuro, como han reiterado la OCDE y el FMI y ahora el Banco de España, que considera los cambios demográficos y los avances tecnológicos como “las dos tendencias estructurales que van a condicionar la economía de las próximas décadas”.

El primer problema es que cada vez nacen menos niños, en Occidente y sobre todo en España. Si en 1975 nacieron en España 669.378 niños, en 2017 nacieron casi la mitad, 390.024 niños (1.068 diarios), menos incluso que en 1939 (419.848) y muy lejos del récord histórico de 1964 (697.697 nacimientos, casi 2.000 diarios). Y en 2018 han vuelto a bajar, con 179.800 nacimientos hasta junio (último dato del INE). Los nacimientos se han desplomado por dos causas. Una, porque hay menos mujeres en edad fértil (entre 15 y 49 años), por la caída de la natalidad en los años 80 y 90: hay un millón menos que en 2009. La otra, porque las españolas esperan cada vez más para ser madres, ocupadas en estudiar o hacerse una carrera profesional: si en 1976, las españolas eran madres a los 28,5 años de media, en 2018 lo son a los 32 años. El resultado es que la tasa de natalidad ha caído bruscamente, de los 2,76 niños por mujer en 1975 (3,15 en 1900 y 3,01 en 1964) a 1,31 niños en 2018.

Y con ello, España tiene la 2ª tasa de natalidad más baja de Europa, 1,30 niños por mujer en 2017, por detrás de Malta (1,26 niños por mujer), lejos de la media europea (1,59 niños por mujer UE-28) y por debajo incluso de los paises del sur de Europa: Italia y Chipre (1,32 niños/mujer), Grecia (1,35) y Portugal (1,38). Y estamos muy alejados de la mayor natalidad de la Europa del norte, encabezada por Francia (1,90 niños por mujer), Suecia (1,78), Irlanda (1,77), Dinamarca (1,75), Reino Unido (1,74) e incluso Alemania (1,58 niños/mujer), según los datos de Eurostat (de 2017). Y somos también el país donde las mujeres son madres más tarde (a los 30,9 años en 2017), tras los 31,1 años de Italia y los 29,1 años de media en la UE-28. Y el país donde nacen menos terceros hijos (sólo el 8,5% de los hogares con hijos frente al 15% en Europa) y menos cuartos (2,8% de hogares frente al 6% en Europa).

Si estos datos de natalidad son preocupantes, lo es más que va a seguir cayendo en el futuro, según las proyecciones de población hechas por el INE hasta 2065. La principal causa es que se agrava la caída del número de mujeres en edad fértil (15-49 años): habrá 1,8 millones menos en 2031 y 3,5 millones menos (-32,7%) en 2065). Y también subirá la edad a la que las mujeres españolas tienen hijos: de los 32 años actuales bajará a 31,40 años en 3031 y subirá a 33 años en 2065. El resultado será que la tasa de natalidad se mantendrá casi igual: de 1,31 niños por mujer en 2018 a 1,36 en 2031 y 1,38 niños en 2065, según el INE. Pero como habrá menos mujeres fértiles, los nacimientos caerán bruscamente: de unos 370.000 nacimientos en 2018 se bajará a 366.402 nacimientos en 2020, 353.595 nacimientos en 2030, 322.799 en 2050 y 294.003 en 2065, menos de la mitad que un siglo antes.

Esta caída de la natalidad ya sería preocupante por sí sola (menos niños y jóvenes para trabajar, cotizar y pagar impuestos), pero se agrava porque España tiene otro récord demográfico: es también uno de los paises con más viejos, además de tener menos niños. El problema deriva de algo muy positivo: tenemos más esperanza de vida que la mayoría del mundo (por nuestra excelente sanidad y el estilo de alimentación y vida): 83,4 años de media (2017), 3 años más que la media de la OCDE. De hecho, somos el 5º país con más esperanza de vida a los 65 años (21,4 años), por detrás de Japón (22,1 años), Hong-Kong (21,9), Francia (21,7 años) y Macao (21,5 años), según las estadísticas de la ONU. Y esta longevidad provoca que tengamos más viejos, que seamos uno de los paises con mayor porcentaje de mayores de 65 años: el 19,2% de los españoles en 2018, lo que nos coloca entre los 15 paises más envejecidos del mundo, por detrás de Japón (27,9% superan los 65 años), Italia (23,6%), Portugal (22,3%), Alemania (21,9%), Bulgaria (21,3%), Grecia (20,8%), Croacia (20,5%), Francia (20,4%), Malta (20,3%),Eslovenia y Letonia (20,2%), Finlandia (22%), Suecia (20,2%) y Dinamarca (20% de mayores 65 años), según la ONU.

El problema del envejecimiento de la población española se va a agravar, porque la esperanza de vida en España va a seguir creciendo, más que en el resto del mundo: los 83,4 años que vivimos de media serán 85,8 años en 2040, superando al país ahora más longevo, Japón (donde se vivirá hasta 85,7 años). En 2050, los españoles hombres vivirán 85 años (casi 5 más que los 80,42 de 2018) y las mujeres 89,43 años (frente a 85,80 hoy). Y para 2067, la esperanza de vida de las mujeres superará los 90 años (90,78) y la de los hombres será de 86,35 años: vivirán 5 y 6 años más que ahora, según el INE. Y eso, que es bueno, provocará que se multipliquen los mayores: si hoy, un 19,2% de españoles tienen más de 65 años, en 2033 serán el 25,2%. Y España será uno de los paises más envejecidos del mundo para mediados de siglo: un 36,3% de españoles tendrán más de 65 años en 2050, frente al 28% de media en la OCDE (34 paises desarrollados de Occidente), el 30,7% en Alemania, el 26,7% en Francia o el 25,4% en Reino Unido, según la OCDE. Sólo nos ganará a viejos Japón, con el 36,5% de población mayor de 65 años.

No hace falta ser economista para intuir que con este problema demográfico (pocos niños y muchos viejos) tenemos un grave problema económico: si hoy ya nos faltan jóvenes para trabajar, pagar impuestos y cotizaciones para pagar las pensiones y servicios públicos, en 2050 será aún peor. Porque si en 2018 hay 2 activos (16-64 años) por cada dependiente (menores de 16 años y mayores de 65), en 2050 habrá 1,3 activos por cada inactivo: sólo algo más de la mitad de la población trabajará, pagará impuestos y cotizará para sostener a casi la otra mitad, niños y jubilados. Eso sí que será un grave problema, para todo Occidente pero más para España, como vienen alertando el FMI y la OCDE. Y ahora, el Banco de España, que considera el envejecimiento y la tecnología como los dos grandes problemas que van a condicionar la economía en este siglo XXI.

El reciente informe del Banco de España analiza las consecuencias del envejecimiento para la economía española sobre el consumo, el ahorro, la inversión, el crecimiento y el gasto, sobre todo en pensiones, sanidad y dependencia. Su conclusión es que el aumento de personas mayores aumentará el consumo de alimentos y bienes no duraderos, pero no de bienes duraderos y vivienda (que ya tienen), lo que reducirá el crecimiento y el empleo. Otra tendencia será el aumento del ahorro, pero si los mayores tienen que ayudar a sus hijos (como ahora), podría incluso bajar. Y bajará la inversión, al caer la población ocupada y las necesidades de bienes duraderos y vivienda, lo que desplazará los capitales de los paises más envejecidos a los más jóvenes (en desarrollo).

Todos estos efectos, más una caída de los jóvenes y los activos provocarán una bajada de la inflación (y de los salarios: los jóvenes entran cobrando menos que sus padres), el empleo y el crecimiento (PIB), que será menor en las próximas décadas por la demografía (y por los cambios tecnológicos). También estima el Banco de España que el envejecimiento reducirá la productividad, al haber menos empleados jóvenes y más mayores (peor formados y con menos habilidades tecnológicas). Además, el envejecimiento, al reducir el empleo y los salarios, reducirá los ingresos por impuestos y cotizaciones, agravando los problemas del gasto público y las pensiones, al haber más personas jubiladas que necesitan también mayores atenciones sanitarias y más ayudas a la dependencia.

Aquí va a estar el mayor problema, la peor consecuencia del envejecimiento de la población: exigirá más gasto público mientras se reducen ingresos y cotizaciones. El primer problema es el futuro de las pensiones, cuyo déficit actual (-18.000 millones en los últimos tres años) se va a agravar en el futuro si no se toman medidas. Sobre todo a partir de 2026, cuando se jubilen los españoles nacidos en los años del “baby boom” (1960-1975). Se van a disparar las pensiones, de las 9,7 millones actuales a 15 millones de pensiones en 2050. Y para poder pagarlas, habría que contar entonces con 30 millones de españoles trabajando, 10,5 millones más que hoy, algo casi imposible: la Comisión Europea estima que no habrá más de 20 millones de españoles trabajando para 2050, lo que daría 1,3 ocupados por cada pensión. Y así no salen las cuentas.

El informe del Banco de España señala que si las pensiones contributivas se llevan hoy el 10,6% de la riqueza (PIB), este gasto podría dispararse al 17% del PIB en 2050 si no se hacen reformas de fondo. El factor clave, el que tira más del gasto, es la demografía, el envejecimiento de la población: la tasa de dependencia (proporción de jubilados/activos) se va a duplicar, pasando del 29,8% hoy al 51-68% en 2050, según distintas previsiones. Así que sólo queda actuar en otros dos frentes: retrasar la edad de jubilación (para que hay menos jubilados que pagar) y que cobren menos en el futuro, teniendo en cuenta que van a vivir más años. Actualmente, la pensión media en España es el 57,7% del último salario, un porcentaje de los más elevados de Europa, según las estadísticas que aporta el Banco de España: la pensión es el 42% del último sueldo en Alemania, el 50,5% en Francia, el 58,9% en Italia, el 38,6% en Suecia o el 27,8% en Reino Unido. En su escenario alternativo, el Banco de España propone bajar la pensión futura un 10-12%, por solidaridad intergeneracional, para asegurar no sólo las pensiones actuales sino las de sus hijos y nietos.

Otro problema económico derivado del envejecimiento es el aumento del gasto sanitario, debido a que un tercio de los españoles tendrán más de 65 años en 2050 (y un 12,7%, 6,15 millones, tendrán más de 80 años). Los expertos estiman que si el gasto en salud para una persona de menos de 65 años es inferior a 1.800 euros, entre 65 y 70 años supera ya los 2.000 euros, oscila entre 2.200 y 2.500 a partir de los 70 y supera los 3.000 euros por persona para los mayores de 80 años. Eso implica que si el gasto sanitario y los cuidados de larga duración se llevan hoy el 7% del PIB, en 2050 rondarán el 10%, no sólo por el envejecimiento sino porque la tecnología y los tratamientos farmacológicos encarecerán también la sanidad.

Y queda un tercer frente de gasto muy sensible al envejecimiento: el gasto en Dependencia, para atender a los mayores que no se pueden valer por sí mismos. Hoy hay 3 millones de dependientes (1.300.000 con ayudas reconocidas), pero se estima que los dependientes se duplicarán para 2050, según el CSIC, por el aumento de la esperanza de vida. Si ahora harían falta unos 2.700 millones más al año (hasta gastar 9.800 millones anuales en Dependencia), para reducir las listas de espera (250.000) y mejorar los servicios, para 2050, habría que gastar unos 20.000 millones al año para atender la Dependencia, otro 1,8% del PIB.

En definitiva, que el envejecimiento se puede llevar, entre pensiones, sanidad y Dependencia, del 27 al 30% de la riqueza del país (PIB) en 2050. Y eso puede provocar una grave crisis de las cuentas públicas, máxime si hay menos gente que trabaja, cotiza y paga impuestos. Por eso es preocupante la demografía y el problema de tener menos niños y más viejos. Y por eso urge actuar ya contra el “suicido demográfico” de España, porque las medidas tardan años en dar frutos. Y actuar en varios frentes, no sólo con recortes.

En primer lugar, hay que actuar en el frente demográfico: intentar aumentar los nacimientos, con ayudas e incentivos a las mujeres y a las familias, para que tengan más hijos. Actualmente, las ayudas por hijo son más bajas que en Europa: 24,25 euros por cada uno de los 4 primeros, frente a 133/357/542 en Francia, 184/184/190/215 en Alemania, 107/71/71/71 en Reino Unido o 22/34/50/65 euros en Italia. Tanto el Instituto de Política Familiar como Save the Children proponen pagar 100 euros mensuales por hijo y 150 euros para familias monoparentales y pobres. Otra medida sería mejorar la oferta de guarderías subvencionadas (escasas y caras) y rebajar el IVA de los pañales y productos infantiles que tienen el 21% (se baja el IVA al cine y no a los pañales, que deberían pagar un IVA del 4%). Además, hay que aumentar los permisos de maternidad y paternidad, mejorar las ayudas al alquiler para las familias con hijos, mejorar las becas para estudios, libros y transporte escolar  y fomentar unos horarios laborales que faciliten la natalidad.

Un elemento clave para fomentar la natalidad es facilitar el trabajo de las mujeres que son madres, para que tengan hijos antes y tengan más. Este objetivo exige profundos cambios en las empresas y convenios, así como en la mentalidad de los hombres, que deben aumentar su ayuda (escasa) en el cuidado de los niños. En Francia, se rebajan las cotizaciones a las madres trabajadoras y el fomento de la natalidad está presente en todas las políticas públicas, desde los descuentos en servicios públicos a las ayudas al alquiler para parejas jóvenes con hijos. Y claro, nacen más niños.

Otro frente de actuación es el frente fiscal. No se puede hacer frente a los costes futuros del envejecimiento con la baja recaudación fiscal que tenemos: en 2018, España recaudó un 38,9% del PIB en impuestos frente al 45% de media en la UE-28 y el 46,3% en la zona euro, según Eurostat. Eso significa, a lo claro, que España recauda cada año 73.703 millones menos que la UE-28 y 89.410 millones menos que los paises del euro. Pongamos 80.000 millones menos de media. Si nos equiparáramos fiscalmente con Europa, podríamos destinar esos 80.000 millones a reducir el déficit y gastar más en afrontar el envejecimiento. Y eso pasa por subirlos impuestos, no a la mayoría que ya pagamos sino a los que pagan menos: grandes empresas, bancos, multinacionales y los más ricos. Y además, habría que subir algunas cotizaciones sociales, en línea con Europa, para financiar mejor las pensiones.

El tercer frente de actuación es el frente económico. Hay que modernizar la economía, potenciar la industria, la tecnología y la digitalización, conseguir empresas más competitivas y unos trabajadores mejor formados,  para producir más y con más eficacia, para que haya más empleo para más gente, la única manera de pagar de verdad la factura del envejecimiento, con más gente trabajando: hoy trabajan el 67% de los españoles mayores de 20 años, frente al 73,2% de los europeos, el 71,3% de los franceses y el 79,9% de los alemanes, según Eurostat. No basta con ser más españoles: tiene que haber más trabajo. Y hay que fomentar la inmigración regulada, para compensar con mano de obra extranjera (que cotiza y paga impuestos) la caída de la población nacida en España.   

Como hemos visto, el envejecimiento es uno de los grandes retos del siglo y más para España. Habría que conseguir otro Pacto de Estado por la demografía, al margen del partidismo, empezando quizás por crear un Ministerio de la Familia (como existe en Francia, Alemania, Austria, Bélgica, Luxemburgo o Rumanía) y un Plan 2020-2050, para revertir tendencias y marcar objetivos, medidas y recursos. Hay que actuar cuanto antes, porque, en demografía,  los cambios exigen tiempo. Si no hacemos nada, el envejecimiento nos comerá.

La desigualdad, una epidemia mundial

Una epidemia recorre el mundo: la escandalosa desigualdad. Con la crisis, y a pesar de la recuperación, los ricos son ahora más ricos y los pobres más pobres, desde la India a EEUU pasando por Europa. Un dato: 26 “megaricos” poseen tanta riqueza como los 3.800 millones de habitantes del mundo más pobres. Y cada vez pagan menos impuestos, con lo que hay millones de personas sin sanidad ni educación, lo que agrava la desigualdad. España es el 4º país con más desigualdad de Europa: el 10% más rico tiene más riqueza que el 90% de españoles. Y esa pobreza se hace crónica, se hereda y supone vivir menos: 7 años menos en Madrid y 10 años menos en Barcelona, según un informe de Intermón Oxfam, que considera  la desigualdad como uno de los mayores retos de la humanidad. No sólo es injusta sino que deteriora la economía y la democracia, favoreciendo los populismos. Urge buscar una sociedad menos desigual, con empleo, educación, impuestos y gastos sociales.

enrique ortega a partir de Tom Wesselmann

El mundo ha salido de la larga crisis de 2008 con mucha más desigualdad, a pesar de la actual recuperación económica. Por un lado, el número de “milmillonarios” (más de 1.000 millones de dólares de patrimonio) se ha duplicado entre 2008 (1.125) y 2018 (2.208) y sus fortunas han crecido (2.500 millones de dólares cada día). Por otro, la reducción de la pobreza se ha ralentizado y todavía hay 3.400 millones de personas que viven con menos de 5,50 dólares al día. Y con ello, la desigualdad se ha agravado y es escandalosa: hay 26 personas en el mundo que acaparan tanta riqueza como 3.800 millones de personas, la mitad más pobre del mundo, según el informe “¿Bienestar público o beneficio privado?”, presentado por Intermón Oxfam en la reciente Cumbre de Davos.

Los ricos son más ricos porque año tras año, con la crisis y la recuperación, acaparan más parte del crecimiento económico mundial, gracias a beneficios o sueldos extraordinarios y a que pagan ahora menos impuestos. En general, los impuestos sobre la riqueza se han rebajado (pagan 4 centavos por dólar), también el impuesto a las empresas (sociedades) y en el impuesto sobre la renta, el tipo marginal (el que se paga por el tramo más elevado de ingresos) ha caído del 62% en 1970 al 38% en 2013 (y al 28% en los paises en desarrollo), según el informe de Intermón Oxfam. Y hay muchos paises, como Reino Unido o Brasil, donde el 10% más rico tributa a un tipo (34% o 21%) más bajo del que paga el 10% más pobre (49% y 32%). Y encima, muchos megaricos tienen sus fortunas en paraísos fiscales: se estima que ocultan 7,6 billones de dólares, eludiendo el pago de 200.000 millones de dólares anuales. En paralelo, los pobres del mundo están fiscalmente muy controlados y pagan más impuestos, porque han aumentado los impuestos indirectos (IVA, carburantes) y las tasas.

La consecuencia de esta elusión de impuestos por los más ricos, en todo el mundo, es un deterioro de los servicios públicos, al caer la recaudación fiscal aunque haya aumentado la riqueza y los beneficios empresariales: 262 millones de niños no pueden ir a la escuela, 10.000 personas mueren por falta de atención sanitaria y las mujeres tienen que hacer 16.400 millones de horas no pagadas para cuidar a sus niños y ancianos. Y encima, la crisis ha aumentado la precariedad laboral y reducido los salarios, con lo que los más pobres tienen peor empleo, menos ingresos y menos servicios públicos, lo que aumenta la desigualdad. Y eso se traduce incluso en más enfermedades y en vivir menos: en India, una mujer de casta baja vive 15 años menos que otra de casta superior; en Londres, un habitante de un barrio pobre vive 6 años menos que uno de un barrio rico; y en Sao Paulo (Brasil), los ricos viven 25 años más de media (79 años) que los pobres (54 años), según el informe de Intermón Oxfam.

La creciente desigualdad en el mundo es especialmente devastadora sobre los niños (educación y mortalidad: un niño pobre en Nepal tiene el triple de posibilidades de morir antes de los 5 años que un niño de familia rica y un tercio de niños pobres no acaban la primaria en los paises en desarrollo) y sobre las mujeres (en EEUU, por ejemplo, los blancos solteros poseen 100 veces más riqueza que las hispanas solteras), que ganan en el mundo un 23% menos que los hombres, tienen los trabajos más precarios y dedican 16.400 millones de horas a cuidar gratis a hijos y ancianos (si una empresa facturara este trabajo femenino, ingresaría 10 billones de dólares anuales, 43 veces la facturación de Apple), mientras la mayoría de los megaricos son hombres (9 de cada 10), según el informe de Intermón Oxfam.

Lo importante, añade el estudio, es que la desigualdad no es algo “natural” e “inevitable”, sino que es el fruto de decisiones económicas y políticas y podría corregirse si el mundo y los Gobiernos tomaran medidas contra la desigualdad, en especial tres: más gasto en sanidad, educación y servicios sociales, financiados con una fiscalidad más justa. El propio Fondo Monetario Internacional (FMI) ha identificado que “el gasto público en servicios de salud, educación y protección social es una de las herramientas más importantes de los Gobiernos para reducir la desigualdad y la pobreza”. Para aumentar ese gasto, los Gobiernos necesitan recaudar más, sobre todo de los más ricos. Y el esfuerzo no es excesivo: si el 1% más rico pagara sólo un 0,5% más de impuestos sobre su riqueza, se mejoraría la atención sanitaria y la supervivencia de 3,3 millones de personas y se escolarizarían 262 millones de niños, según las estimaciones de Intermón Oxfam. Y además, recaudar más y reducir la enorme desigualdad mejoraría el crecimiento y reduciría las tensiones políticas.

España es el 4º país europeo con más desigualdad, tras Bulgaria, Lituania y Letonia, según Eurostat. Basten dos datos: el 1% más rico concentra el 25,1% de la riqueza española, casi lo mismo que el 70% más pobre (32,1% de la riqueza). Y el 10% más rico acapara más riqueza (53,8% del total) que el 90% restante de españoles (46,2% de la riqueza total), según otro informe de Intermón Oxfam titulado “La recuperación económica en manos de una minoría”. Y además, somos el 2º país europeo donde más ha aumentado la desigualdad en la última década, tras Bulgaria: si en 2008, el 10% más rico tenía 9,7 veces los ingresos del 10% más pobre, ahora, ese 10% de españoles más ricos tienen 12,8 veces más, según otro informe de Intermón Oxfam sobre la desigualdad en España, “Desigualdad 1-Igualdad de Oportunidades 0", presentado en Davos.

Los ricos en España se han triplicado (los "megaricos", que declaran más de 30 millones de euros, han pasado de 200 en 2006 a 579 en 2017) y tienen más patrimonio, porque han salido mejor parados de la crisis y de la recuperación: en 2017, por ejemplo, el 1% más rico se llevó 12 de cada 100 euros generados en España, mientras el 50% más pobre se llevó sólo 9 de cada 100, según Intermón Oxfam. En contrapartida, los más pobres han perdido muchos empleos (3,8 millones entre 2007 y 2014) y su trabajo se ha hecho más precario, con más contratos temporales y a tiempo parcial, peor pagados (los salarios han perdido un 6,30% de poder adquisitivo entre 2008 y 2017, según el INE). Y los Gobiernos de ZP y Rajoy aprobaron recortes de 35.000 millones de euros en sanidad, educación, dependencia, vivienda y servicios sociales, que han perjudicado más a los más pobres, mientras los ricos mejoraban, agravando la desigualdad.

La recuperación económica, iniciada en 2014, y el fuerte crecimiento de 2015 a 2017 (el PIB creció más del 3%) no han servido para reducir la desigualdad, que ha aumentado y se ha hecho crónica: España no sólo es más desigual que el resto de Europa sino que aquí es más difícil cambiar de clase social. Somos el 4º país de la OCDE donde es más posible seguir estando entre el 20% de los ricos después de 4 años y donde las posibilidades de seguir en el grupo de los más pobres superan en 10 puntos a la media de la OCDE. No funciona el “ascensor social”, salvo para bajar: en España, 1 de cada 6 hogares que eran clase “media” han pasado a ser clase “baja” entre 2009 y 2014, según un estudio del experto Luis Ayala, publicado por la Fundación Alternativas.

Y en paralelo, junto al aumento de la desigualdad, ha crecido la pobreza: había 12.236.000 españoles “pobres” en 2017, según la estadística europea AROPE, que incluye a las personas que ingresan menos del 60% de la renta media de cada país o sufren privaciones materiales o trabajan pocas horas. Son el 26,6% de los españoles, más de una cuarta parte de la población, un porcentaje mayor a la pobreza de 2008 (23,8%), aunque lleva bajando desde 2015. Una pobreza que también se reparte de manera desigual: se concentra entre los parados (59,1% son pobres), inmigrantes (58,7%), niños (31%), madres solas con niños (47,9% en riesgo de pobreza), trabajadores precarios (un 14,1% de los asalariados con empleo son pobres) y mujeres (6, 4 millones, el 27,1% son pobres), según el informe EAPN.

Otro problema de la desigualdad, y de la pobreza, es que “se heredan”: en España, un hijo de un padre con ingresos altos ganará de adulto un 40% más de sueldo que un hijo de un padre con ingresos bajos. En Dinamarca, Finlandia o Noruega, esta desigualdad de sueldos según el origen de los padres es la mitad: el 20%, según el informe de Intermón Oxfam. Y además, en España, el ascenso social es más difícil: la OCDE estima que hacen falta 4 generaciones (120 años, de abuelo a bisnieto) para que una familia que pertenece al 10% más pobre llegue a tener unos ingresos medios.

En consecuencia, tras la crisis, hay muchos jóvenes que viven peor que sus padres, debido a que España tiene muchos empleos de baja cualificación y en el sector servicios, empleos más precarios y peor pagados, que reducen los ingresos y el nivel de vida de muchos jóvenes. Eso podría corregirse en parte con educación, porque a más cualificación más empleo y mejor pagado. Pero la desigualdad ha provocado también que el sistema educativo español sea ahora más desigual que antes de la crisis: si en 2008, los chicos y chicas del 20% de familias más pobres abandonaban sus estudios sin bachiller o FP superior 3,18 veces más que los chicos y chicas del 20% de hogares con más ingresos, en 2017 abandonaban esos estudios 11 veces más, según el informe de Intermón Oxfam. Y de todos los jóvenes que abandonan sus estudios sin acabar Bachillerato o FP básica, la mitad son de familias que pertenecen al 20% de hogares más pobres.

¿Qué estamos haciendo mal para que la desigualdad crezca en España? Vayamos al origen: los hogares de renta media y baja dependen de 2 fuentes de ingresos, los salarios (menos los impuestos que pagan)  y las transferencias y servicios públicos que reciben. Los ingresos por el trabajo han caído, por el alto paro y la precariedad, también porque España tiene muchos empleos de baja productividad en los servicios. Pero lo peor es que estos bajos ingresos no se compensan bien con los impuestos y las prestaciones públicas.

España desaprovecha el gran potencial que tienen las prestaciones públicas para reducir la desigualdad: somos el 5º país que menos disminuye la desigualdad con las prestaciones y servicios públicos, sólo mejor que Letonia, Bulgaria, Lituania y Estonia, según Eurostat. La media de paises UE-28 reduce con estas prestaciones el 40,3% de la desigualdad, Alemania el 46,8%, Francia el 45%, Suecia el 52,2 % y España sólo reduce el 32% de la desigualdad. Y esto pasa por dos razones. Una, porque España gasta menos en protección social (pensiones, desempleo, rentas mínimas, ayudas a familias, etc.): el gasto social es del 24,3% del PIB , frente al 28,2% en la UE-28, el 29,4% en Alemania, el 29,7% en Italia, el 34,3% en Francia o el 31,6% en Dinamarca. Y la otra, porque España gasta mal, según revela la OCDE: tenemos un sistema de transferencias sociales regresivo, donde los hogares más ricos reciben (proporcionalmente) más transferencias que los más pobres. Y con este sistema de ayudas tan ineficiente, sólo 1 de cada 4 españoles salen de la pobreza, mientras en Dinamarca, Irlanda o Finlandia dejan la pobreza 1 de cada 2 personas.

Otra cosa que España hace mal y fomenta la desigualdad son los impuestos, según el informe de Intermón Oxfam. Por un lado, Hacienda recauda menos que la media europea (81.642 millones menos cada año) y esta caída en la recaudación ha venido acompañada de otra desigualdad: las empresas y los ricos pagan menos impuestos que hace una década y las familias más, por un mayor peso del IRPF y los impuestos indirectos (IVA, carburantes, tasas). El resultado es impactante: el 20% de familias más pobres pagan el 26,8% de su renta en impuestos (directos e indirectos), más que el resto de españoles de clase media y alta (salvo el 10% de españoles más ricos, que pagan en impuestos el 29,1% de sus ingresos, casi como los más pobres), según Intermón Oxfam.

Visto el grave problema de la desigualdad, en el mundo y en España, crecen los expertos que piden solucionarlo con urgencia y no sólo por una cuestión de justicia y equidad. Un argumento de peso es que la desigualdad se traduce en más enfermedades (7 de cada 10 residentes en Madrid diagnosticados de un problema de salud crónico viven en los barrios con menos rentas y una mujer pobre tiene 9 veces más posibilidades de caer en una depresión que un hombre rico) y menos esperanza de vida: los que viven en barrios ricos viven 7 años más que los que viven en barrios pobres en Madrid y 11 años más en Barcelona, según el informe de Intermón Oxfam. Y además, vivir en un barrio pobre dificulta dar el salto social, porque existe una auténtica “segregación urbanística”: Madrid es la ciudad europea con más segregación entre ricos y pobres, según un estudio de 13 ciudades europeas. Y la desigualdad afecta también al “grado de felicidad”: el suspenso en felicidad (concederse menos de un 5 en una escala de 1 a 10) es 5,3 veces mayor entre los obreros no cualificados (8,6%) que entre la clase media y media alta (1,6%), según el CIS.

La creciente desigualdad también es un grave problema económico, como ha indicado la ministra de Economía, Nadia Calviño, al señalarla como “uno de los tres  grandes desequilibrios de nuestra economía, junto al paro y la deuda”. Y eso porque tener un elevado número de españoles pobres y precarios reduce el consumo y el crecimiento (y el empleo), disminuye la recaudación fiscal (el Estado puede gastar menos y aumenta el déficit público) y deteriora las cotizaciones sociales, agravando el déficit de las pensiones. Por eso, la desigualdad preocupa al FMI y a la OCDE, porque “pone en peligro la recuperación”. Pero además, la escandalosa desigualdad pone en peligro la democracia, porque los más pobres y excluidos se desinteresan por la política, no votan o castigan a los partidos tradicionales (Brexit y Trump) y apoyan opciones radicales, populistas o de extrema derecha. El gran riesgo es que la desigualdad extrema pueda dinamitar la sociedad y la democracia. "Es una aberración ética y una fuente de desestabilización", señaló el presidente Pedro Sánchez en la Cumbre de Davos.

¿Qué se puede hacer? Intermón Oxfam ha llevado a la Cumbre de Davos tres recetas infalibles contra la desigualdad: recuperar el empleo y los salarios de antes de la crisis, invertir más en educación, sanidad y protección social (gastándolo mejor) y mejorar la recaudación de impuestos, haciendo que paguen más los ricos y las grandes empresas. En España, la OCDE propone un crecimiento más “inclusivo”, con políticas que persigan más empleo de calidad, mejores salarios, un mayor gasto educativo y sanitario, más apoyo a la familia y a la infancia, fomento de los alquileres públicos y, sobre todo, una reforma fiscal que recaude más impuestos y lo haga de una forma más justa (haciendo pagar a los que más tienen), para ayudar a reducir las desigualdades.

En resumen, la desigualdad es muy preocupante en todo el mundo y no es buena para nadie, ni siquiera para los ricos, porque entorpece la recuperación y deteriora el clima social y político, fomentando el nacionalismo, la xenofobia y los extremismos. Urge una actuación coordinada, contra la desigualdad, en el G-30, el FMI, la OCDE y a nivel europeo. Y también debería ser una prioridad de todos los partidos políticos españoles en este año electoral. Pero a la derecha, apenas les preocupa. Así nos va.