Temor a la inflación en invierno: más ayudas

La inflación parece darnos una tregua en octubre: los precios del gas y la luz han bajado drásticamente, aunque los carburantes suben. Todavía no hace frío y se teme que, con el invierno, los europeos tengamos más problemas para pagar calefacción y luz. Por eso, Europa ha fijado un recorte del consumo, que no afecta en España a las familias, aunque somos uno de los 4 países europeos que consume más gas y carburantes que el año pasado. El Gobierno español aprobó este martes nuevas ayudas (3.000 millones) para reducir la factura de la calefacción y ampliar los descuentos en la luz a 4 de cada 10 familias. Vale, pero la clave es atajar la subida de la energía en Europa, no sólo paliar sus consecuencias. Y los 27, reunidos hoy y mañana en otra Cumbre, no se ponen de acuerdo en extender “la excepción ibérica” y poner un tope al gas. Urge impedir más subidas este invierno, porque las ayudas públicas no pueden ser infinitas.

Enrique Ortega

Llevamos ya más de un año con alta inflación, desde que en septiembre de 2021 alcanzamos una subida de precios del +4%, que subió al +6,5% en diciembre y se disparó al +9,8% en marzo de 2022, tras la invasión de Ucrania (24-F), superando el 10% en junio (+10,2%), julio (+10,8%) y agosto (+10,5%), para moderarse en septiembre (+8,9% de inflación en España y el +10,9% en la UE-27). Hay esperanzas de que en octubre vuelva a bajar la inflación, ya que está bajando el gas y la electricidad, aunque suben el petróleo y los carburantes. Pero el frío no ha empezado y, a falta de gas ruso en Europa, se teme que el invierno relance los precios de la energía, no sólo en diciembre sino a principios de 2023.

De momento, el precio del gas natural se ha desplomado esta semana, debido a que la mayoría de países europeos tienen llenos sus depósitos (las reservas están al 92% de media) y con el temor de algunos proveedores a que Europa ponga un tope al precio del gas importado. La consecuencia es que los precios del gas han caído esta semana a un precio nunca visto este año: hoy 20 de octubre, el precio del gas en el mercado ibérico está en 28,76 euros MWh (el precio más bajo en 15 meses y muy lejos de los 230 euros que costaba a finales de agosto) y en el mercado europeo (TTF holandés) baja a 112,51 euros (mínimo desde primavera y lejos de los 346 euros que costaba en agosto). Con ello, la luz (que lleva un año encareciéndose por el gas), también veía caer drásticamente su precio mayorista en España, hasta los 86,66 euros MWh hoy, la tercera parte del precio de hace un mes (243,55 euros, incluyendo la compensación al gas y el precio más bajo de la electricidad desde octubre 2021 (recordemos que llegó a costar 544 euros MWh el 9 de marzo, antes de que entrara en vigor la “excepción ibérica”, el 15 de junio).

En paralelo, el petróleo ha remontado algo su precio en octubre (de 87,90 dólares barril el 30 de septiembre a 93,25 dólares hoy), por el acuerdo entre la OPEP y Rusia para reducir su producción (a partir de octubre). Y eso, junto a la reducción del refino en Europa (Francia) y el corte de suministro de Rusia, ha provocado una nueva subida de los carburantes en octubre: la gasolina cuesta esta semana en España 1,75663 euros litro de media (+7,5 céntimos que a finales de septiembre) y el gasóleo 1,9492  euros (+ 12,7 céntimos), según el Boletín Petrolero Europeo de hoy. Eso sí, los alimentos no bajan (subieron un +14,4% hasta septiembre) y, por efecto de la sequía, las menores cosechas y los mayores costes, parece que seguirán caros hasta fin de año.

Así que mejora la factura del gas y la electricidad, empeoran los precios de carburantes y alimentos, junto a una subida de muchísimos productos, por lo que la inflación en octubre (el dato se conocerá el día 28) podría bajar algo, pero poco. En cualquier caso, la incertidumbre sobre los próximos meses es enorme, sobre todo cuando empiece el frío en Europa y los países echen manos de sus reservas de gas y tengan que comprar más. El temor no es tanto este año, sino el repunte de precios en el primer trimestre de 2023.

Para evitar problemas de suministros y que la inflación vuelva a dispararse este invierno, la Comisión Europea aprobó el 30 de septiembre un paquete de medidas urgentes frente a la crisis energética, que corroboraron los líderes europeos en la Cumbre de Praga del 3 de octubre. La primera medida clave es conseguir un ahorro en el consumo de electricidad del 15% entre el 1 de diciembre y el 31 de marzo de 2023. Y plantean hacerlo por 2 vías: una reducción voluntaria del consumo eléctrico global del -10% y una reducción adicional del -5% en horas punta. Ahora, se trata de concretar esta rebaja por paises y definir las “horas punta”, diferentes según los países.

España ha conseguido un recorte menor, del -6,4% en el consumo eléctrico, porque somos una “isla energética” (sólo importamos el 4,1% de la electricidad consumida, según REE) y porque tenemos una alta capacidad de importar y transformar gas natural, al contar con 6 de las 20 regasificadoras europeas. Para cumplir este objetivo el Gobierno aprobó en agosto una serie de medidas de ahorro: calefacción a 19º en comercios, cines, hoteles y espacios públicos, apagado escaparates a las 10 de la noche y cierre automático de puertas en los comercios. Y ha pactado con las autonomías y Ayuntamientos la revisión del alumbrado público, para tratar de ahorrar (sobre todo ayudando a cambiar las farolas para instalar leds), aunque no parece que los municipios vayan a reducir el alumbrado de Navidad. Para los particulares, no habrá limitaciones de consumo, aunque se pedirá a las eléctricas que incluyan en la factura el consumo medio por zonas, para saber si gastamos de más.

En paralelo a estas medidas de ahorro, el Gobierno español aprobó este martes nuevas ayudas (con un coste de 3.000 millones de euros) para que las familias afronten la factura de calefacción y electricidad este invierno. La más llamativa es que los 1,7 millones de hogares con caldera colectiva (comunidades de vecinos) puedan acogerse (hasta finales de 2023) a una nueva tarifa regulada (TUR 4), con un descuento del 40% en el precio del gas que utilicen, siempre que revisen la caldera, tengan instalados contadores (o llaves) de control individual de consumo (o los instalen antes de septiembre de 2023) y que no gasten más que la media de los últimos 5 años (si gastan más, el precio se les penaliza un 25%). Además, los 1,5 millones de clientes individuales de gas con tarifas TUR (1,2 y 3) seguirán beneficiándose del tope al precio del gas (5% de subida) todo el año 2023.

Otra medida importante es que se refuerza el bono social eléctrico, el descuento en el recibo de la luz a las familias más vulnerables. Por un lado, aumenta el descuento (al 65 y al 80%, según sus ingresos) a los 1,3 millones de hogares que lo tienen hoy (los que ganan menos de 12.159 euros). Y además, se crear un nuevo bono social, con un descuento del 40% en el recibo a otro millón y medio de hogares con ingresos reducidos (familias con dos niños que ganan menos de 28.000 euros). Y se duplica el presupuesto para financiar  el bono social térmico (para pagar gastos de calefacción y agua caliente), hasta una franja de 40 a 375 euros al año (ahora son 35-350 euros).

En conjunto, el Gobierno estima que estas ayudas benefician a 4 de cada 10 familias. Y se suman a otras 9 medidas aprobadas desde junio de 2021 para rebajar el precio de la luz, básicamente la bajada de impuestos a la luz y el gas, la “excepción ibérica” (tope al precio del gas para producir electricidad) y la rebaja de costes regulados. Unas medidas con un alto coste para el Presupuesto (más de 20.000 millones de euros) pero que han servido para “reducir un 33% la factura de la luz el último año” (según la ministra Ribera) sobre el precio que tendríamos que pagar si el Gobierno no hubiera tomado medidas.

Ahora hay que esperar si estas nuevas ayudas permiten contrarrestar las esperadas subidas del gas y la luz en los próximos meses. El presidente Sánchez dijo este martes en el Senado que movilizará “los recursos públicos que sean necesarios” para doblegar la inflación. Y eso incluye renovar las ayudas actuales a la energía para 2023, una decisión que el Gobierno tomará en diciembre. Parece claro que renovará la bajada de impuestos a la luz y el gas, así como las ayudas específicas a empresas y sectores (transporte, campo, pesca). La duda es si mantendrá la bonificación de 20 céntimos a los carburantes, porque es muy costosa y beneficia más a los que más tienen (y a los turistas y vecinos portugueses y franceses), además de fomentar el consumo: en gasolinas, se ha consumido un 12,5% más entre enero y agosto y en gasóleo, un 3,5% más, según CORES.

Precisamente, España tiene un problema cara a este invierno y es cumplir los planes de ahorro a que nos obliga Europa: somos uno de los 4 países europeos que ha aumentado su consumo de gas este año (+2% de enero a septiembre) junto a Grecia, Croacia y Eslovaquia, mientras lo bajaba un -7% la Unión Europea en su conjunto, sobre todo 11 países, principalmente Finlandia (-53%), Letonia (-30%), Lituania (-25%), Estonia (-20%) y Dinamarca (-20%), con un recorte del -11% en el consumo de gas de Alemania, según Bruegel. La “culpa” de este mayor consumo de gas en España, a pesar de los precios disparados, la tiene la producción de electricidad, al haber fallado la producción hidráulica (por la sequía) y la eólica (por el clima) y por la mayor demanda de Portugal (el 25% de la demanda se la cubre España) y de Francia (por problemas en sus centrales nucleares). Así que una parte del mayor consumo de gas de España es “por solidaridad con los vecinos europeos”, como subrayó el martes la ministra Ribera, en apoyo de una mayor interconexión energética europea. Eso sí, España ha reducido el consumo eléctrico este año, pero poco: un -2,1% hasta septiembre, según REE, aunque ha bajado más la demanda doméstica.

Ahora, el Gobierno Sánchez estudia la prórroga de las ayudas contra la inflación y ya ha comunicado a Bruselas que “tiene margen presupuestario” para hacerlo, porque se ha dejado un colchón en los  Presupuestos de 2022 y 2023 de 20.500 millones “extras” de ingresos para afrontar las medidas anticrisis sin bajar la guardia en el recorte del déficit público (del -5% al 3,9% en 2023). El problema es que si la guerra sigue y los precios no se controlan, este colchón puede ser insuficiente en unos meses: recordemos que las medidas contra la inflación llevan gastadas en España 35.500 millones (más los 3.000 recién aprobados). Y más de 500.000 millones de euros en toda Europa…

El debate es doble. ¿Hasta dónde se puede gastar? ¿Cuánto gasta cada país? Y aquí, los países pobres, como España, están en clara desventaja frente a los ricos: Alemania ya ha anunciado un paquete de ayudas de 200.000 millones de euros, que ha irritado al resto. Es injusto que  los paises ricos tengan más músculo que los pobres para ayudar a sus ciudadanos y frenar la contestación social (que ya ha estallado en Francia)… Una opción sería hacer como se hizo frente a la pandemia: crear un Fondo europeo para financiar las ayudas contra la inflación, una alternativa que no gusta a los ricos (pagarían más). De momento, la Comisión Europea ha intentado “desviar este debate”, proponiendo que se deriven 40.000 millones no gastados de los Fondos de Cohesión a amortiguar la crisis energética europea… Una cifra ridícula si la comparamos con los 500.000 millones ya gastados en ayudas y los 850.000 del Fondo Next Generation frente a la COVID.

La otra parte del debate es atajar el problema de origen, las causas de la inflación, en especial la subida del gas y la electricidad: intentar frenar más los precios, para no tener que gastar tanto en ayudas para paliar sus efectos sobre empresas y ciudadanos. Y aquí, los líderes europeos han avanzado, pero lentamente. Y no son capaces de tomar medidas drásticas para una situación excepcional que nos está llevando a una recesión. Y así, por este camino, los distintos Gobiernos tendrán que exprimir al máximo sus cuentas para seguir dando ayudas y llegará un momento en que no frenarán la contestación social.

Por eso, urge avanzar en contener los precios de la energía como sea. Pero la Comisión Europea no logra aprobar medidas eficaces, como poner un tope al gas que se importa o generalizar “la excepción ibérica” (un tope al precio del gas para producir electricidad, una medida que ha rebajado un tercio la subida de la luz de españoles y portugueses frente a la del resto de europeos). España y otros 14 países europeos les han enviado una carta pidiendo un tope al precio del gas importado, pero Alemania y Holanda lo bloquean, porque temen que si se “interviene el mercado” (que no funciona, salvo para especuladores) haya problemas de suministro de gas (y de electricidad si se extiende a toda Europa la excepción ibérica”). Y entre tanto, Bruselas defiende “parches”, como la compra conjunta de gas (el 15% de las reservas estratégicas), acuerdos de solidaridad entre Estados (sólo los han firmado 9 países, del centro y norte de Europa) y un nuevo índice de precios del gas (el TTF holandés es irreal y muy especulativo), que tardaría meses en implantarse y sería “temporal”.

España y muchos países creen que estas medidas, propuestas esta semana por la Comisión Europea, son “poco ambiciosas” y apenas van a bajar los precios. Y temen que la Cumbre Europea que aborda la crisis energética, hoy y mañana en Bruselas, no tome medidas eficaces para evitar un nuevo repunte del gas y la electricidad este invierno. Ya se sabe que Europa sólo reacciona cuando se encuentra al borde del precipicio. Así que quizás habrá que esperar a enero y febrero de 2023, con facturas energéticas imposibles de pagar y una creciente contestación social en toda Europa, para que intervengan de verdad y frenen unos precios disparados del gas, la luz y muchas materias primas. Quizás entonces sea tarde para que muchos políticos se salven. Y el coste de las ayudas habrá hundido a muchos países en un gasto imposible de financiar. Ojalá me equivoque.

Un mes de guerra conmociona a España

Hoy es el día 33 de la invasión de Ucrania y las consecuencias son devastadoras. Sobre todo para Ucrania: miles de muertos, 4 millones de refugiados, ciudades destruidas y asediadas. También para Europa, donde las subidas de la luz, carburantes, alimentos y materias primas destrozan las economías de familias y empresas. En España, la protesta de los camioneros ha provocado desabastecimientos y agravado la crisis del campo, la pesca y múltiples empresas, causando una  tremenda conmoción social. Ante esta nueva crisis, la Cumbre Europea no ha reaccionado como ante el COVID: en vez de limitar la subida de la luz, bajar impuestos a los carburantes y aprobar un Fondo con nuevas ayudas, se opta porque cada país “se busque la vida”. No quieren intervenir en los “sacrosantos mercados”. Ahora, nuestro Gobierno tendrá que decidir mañana cuánto “musculo fiscal” tiene para ayudar (menos que Alemania o Francia) a familias, sectores y empresas, todos pendientes de “papá Estado”. Pero los recursos son limitados, mientras muchos quieren bajar impuestos.

Enrique Ortega

La peor secuela de la invasión de Putin se la ha llevado claramente Ucrania, que tiene medio país devastado, miles de muertos, 4 millones de exiliados forzosos, 16 millones de desplazados internos y muchas ciudades asediadas y medio destruidas. Frente a este drama humano, el resto de Europa sufrimos la guerra de otra manera, en nuestros bolsillos. Tras un mes de conflicto, la principal consecuencia para los europeos es que se ha disparado aún más el coste de la energía, que ya era muy cara antes. Veamos algunos datos. El petróleo ha subido un +22,7% adicional desde el día antes de la invasión (de 97,89 dólares por barril el 23-F a 120.11 dólares el viernes 25 de marzo). Y con este alza, mayor en la primera semana del conflicto, los carburantes (que ya estaban en máximos antes) han seguido subiendo: un +14% la gasolina (1,81 euros de media) y un +21,5% el gasóleo (que roza los 1,80 euros de media), que ya cuesta más que las gasolinas en media Europa. Lo que más ha subido con la guerra de Ucrania es el gas, un +31,6% adicional (de 88,89 euros/KWh el 23F a 117 el 25 de marzo), lo que sigue encareciendo la luz: ha subido un +34,7% adicional en este mes de guerra, de 195,86 euros/KWh a 263,85 euros el viernes 25.

Los consumidores hemos visto con preocupación esta fuerte subida de la luz y los carburantes, a las que se han sumado las subidas de los alimentos y muchos artículos y productos industriales, porque junto a la energía han subido en el último mes muchas materias primas: cereales (+90% trigo, +42 % maíz), aceites, fertilizantes (+78%) y metales (+65% el níquel, +38% el paladio y +19% el aluminio), sin olvidar la subida de los fletes y transportes, que encarecen todo el comercio. Y las empresas que han podido, han repercutido estos mayores costes en subidas de precios a los consumidores, lo que subirá el IPC de marzo a cerca del 10% (la inflación ya estaba en un histórico 7,4% antes de la guerra).

El Gobierno español, como el resto de gobiernos europeos, se planteaba qué hacer para paliar los efectos de estas subidas en familias y empresas. Tenía, básicamente, dos opciones: bajar impuestos a la energía y dar ayudas generalizadas o concentrar las ayudas a las familias y sectores más vulnerables, para rebajar su factura y buscar una mayor equidad social. Porque bajar por igual los precios de la energía es socialmente injusto, ya que el precio de los carburantes y la luz no afectan por igual a alguien que gane 6.000 euros que a quien gane 600 euros. Por eso, muchos expertos y el último informe de la OCDE defienden que es mejor concentrar las ayudas en las familias y empresas más necesitadas.

Y además, hay otro debate por medio: el Gobierno español ya ha bajado los impuestos a la luz (en septiembre primero y una prorroga ahora hasta junio) y la factura sigue subiendo, porque está ligada al precio del gas, que sólo produce un 15% de la electricidad pero que marca el precio final de la electricidad en el mercado mayorista, aunque las demás fuentes de energía (hidráulica, nuclear, renovables), cuesten la quinta parte. Recuerden: es como si pagáramos la carne picada hecha con pollo, cerdo, vaca, ternera y chuletón al precio de chuletón… Por eso, la única opción de “abaratar la luz” no es bajar más los impuestos sino cambiar el sistema de fijación de precios, que es un sistema europeo. Y en cuanto a los carburantes, casi la mitad el precio son impuestos (43,4% en las gasolinas y 38,38% en los gasóleos), pero España es uno de los paises donde estos impuestos son más bajos (en la UE-27, las gasolinas pagan el 47,4% de impuestos), así que España tiene menos margen para bajarlos. Y no puede hacerlo tampoco sin autorización de la Comisión Europea.

 Así que el esquema del gobierno Sánchez era “esperar” a tomar medidas contra las subidas de la luz y los carburantes hasta ver qué conseguía en la Cumbre Europea de este 24 y 25 de marzo. Porque si conseguía que la UE modificara el sistema del mercado eléctrico, las ayudas serían menos costosas. Y en el caso de los carburantes, podría tener “luz verde” para subvencionar el precio, a todos o a algunos colectivos. Pero sobre todo, el Gobierno confiaba en que la Cumbre aprobara otro Fondo Europeo, como el Fondo de Recuperación frente al COVID, para ayudar a los paises a financiar las ayudas necesarias. O al menos, que se permitiera a los paises con más déficit, como España, que estas ayudas forzadas por la guerra de Ucrania, no contabilicen como gasto a la hora de computar el déficit.

En esas estábamos, retrasando las ayudas hasta después de la Cumbre Europea, cuando una Plataforma de camioneros ha puesto el país patas arriba, exigiendo ayudas ya. El parón de estos camioneros, iniciado el 14 de marzo, ha agravado la situación y ha provocado una conmoción nacional: se han interrumpido las líneas de suministro, los productos no han llegado al campo ni a las industrias y obras, que no han podido producir y fabricar, provocando un cierto desabastecimiento y un colapso de muchas empresas, obras y explotaciones agrícolas y ganaderas, agravando la subida de precios. Y el grave error del Gobierno, al minusvalorar la protesta, ha agravado la situación, forzándole a conceder con retraso unas mayores ayudas al transporte de las pensadas (1.050 millones: 20 céntimos por litro y 450 millones de ayudas directas por camión, furgoneta o taxi). El que protesta gana. Y encima, la Plataforma seguirá con los paros, porque ve las ayudas “insuficientes”.

Mientras, el resto de españoles que no hemos salido a la calle para protestar por la inflación, estamos a la espera de las medidas que apruebe el Gobierno este martes, tras el Consejo Europeo. Pero sepamos una cosa: España está bastante sola frente a la inflación, la de antes y las subidas desatadas por la guerra. Porque esta vez, Europa no ha respondido unida, como hizo frente al COVID. Y cada país aprobará sus ayudas, según su poder económico. De hecho, antes de cerrarse la Cumbre, Alemania ya anunció el viernes que concedería ayudas por 15.000 millones de euros. Y Francia menos, pero bastante. En el caso de España, cuyo déficit público ya se ha resentido mucho con el COVID, las ayudas serán las que se puedan dar (menores). Porque “papá Estado” no es como el chicle…

¿Qué ha pasado en la Cumbre Europea? Que Holanda, Alemania y los paises ricos del norte se han negado a la propuesta de España y el sur de Europa (más Francia) de poner un tope europeo al precio de la luz en el mercado mayorista (volver a los 180 euros/MWh, frente a los 263 del viernes), desligando su precio del gas, a cambio de compensar a las eléctricas. Una posición que defienden por dos razones: su ideología y su bolsillo (¿cuál pesa más?). Por ideología, porque son “liberales” (incluso los socialdemócratas alemanes) y defienden “no intervenir en el mercado” (acusan al presidente Sánchez de “intervencionista” y “Quijote”), no penalizar a los inversores y temen problemas de suministro si se hace. La otra razón, el bolsillo, es porque saben que si se pone un tope al precio del gas (para abaratar la luz), habrá que compensar a las compañías y temen que si la decisión es europea, haya que crear otro Fondo para pagar esa compensación. Y ellos, los ricos de la UE, pagarán más.

Así que han buscado otra salida: (ver las Conclusiones de la Cumbre UE): conceder una “excepción” a España y Portugal, para que pongan ellos un tope al precio del gas (y paguen ellos la compensación), justificando la decisión en que la Península Ibérica es “una isla eléctrica” (las interconexiones sólo suponen el 2,8% de la luz que se consume, mientras en centro Europa, la luz se exporta e importa con la agilidad que cruzan las mercancías). Y en paralelo, en lugar de crear otro Fondo Europeo contra esta nueva crisis (como el Fondo de Recuperación por la COVID), financiado en parte por eurobonos, se permite un mayor gasto (y endeudamiento) de los paises que lo necesiten para ayudar a sus consumidores y empresas. Y así, los paises más ricos del centro y norte de Europa se ahorran también pagar más de un nuevo Fondo. Eso sí, los que tengan más músculo y superávit fiscal (Alemania), podrán dar más ayudas contra la inflación.

Otra vez dos Europas frente a la nueva crisis desatada por la guerra de Ucrania. Eso sí, todos los paises van a sufrir un parón en sus economías, frenando la recuperación. Lo acaba de dejar bien claro este informe de la OCDE sobre las consecuencias del conflicto de Ucrania: la economía mundial crecerá un 1% menos (el 3,5% en vez del 4,5%) y la inflación aumentará un +2,47% (hasta el 6,7%), aumentando los déficits públicos y creciendo menos el empleo. Estados Unidos sufrirá menos esta crisis  (-0,8% de crecimiento y +1,36% de inflación) y las peores previsiones son para Europa: -1,4% crecerá la eurozona (el 2,9% en vez del 4,3% previsto antes) y +2,03% de subida extra de la inflación (hasta el 5,3%). La OCDE no hace previsiones para España, pero FUNCAS y otros expertos estiman que creceremos un 1% menos este año (+4,6%) y tendremos una inflación media del 5,8% (frente al 3,5% que auguraban antes de la guerra), lo que provocará una gran tensión en los salarios. Y lo que más les preocupa es que estos efectos negativos se agravarán si la guerra sigue, porque el conflicto y los altos precios ya están reduciendo el consumo de las familias y la actividad de las empresas, lo que se acabará traduciendo en menos crecimiento y menos empleo.

De momento, la guerra en Ucrania ha frenado la recuperación en Europa, con menos crecimiento y más gastos: la factura para la UE-27 superará los 175.000 millones de euros, según el asesor de Macron, sumando el coste de las ayudas a empresas y familias para aliviar el sobrecoste de la energía (50.000 millones), las medidas para aliviar la independencia energética (75.000 millones), el coste de la acogida a los refugiados ucranianos (30.000 millones) y los costes del mayor gasto en Defensa (los 20.000 millones restantes). Y la factura de la guerra y del “pinchazo” a la recuperación no se queda ahí: costará a Europa entre 1,5 y 2 billones de euros en los próximos 5 años, según Mario Draghi. El doble que el Plan Next Generation contra el COVID. Ahora, el gobierno europeo “esconde el ala”, pero tendrá que afrontar esta factura. Sobre todo si el conflicto ucraniano y la crisis se alargan.

Entre tanto, España vuelve a estar casi solo, como en la crisis de 2008, enfrentado a sus necesidades y con la limitación de sus cuentas públicas, con el hecho de que somos el país europeo que menos recauda (88.000 euros menos que la media UE-27). Así que ahora, tras el Consejo Europeo, el Gobierno tendrá que decidir cuánto gasta y como reparte las ayudas. En definitiva, quién paga esta crisis. Eso es lo que quiere reflejar en el Plan contra la guerra que va a aprobar este martes 29 de marzo. Repartir ayudas escasas no entre quien monte más bronca sino entre las familias y empresas que más lo necesiten. Un dilema difícil. Y más porque luego tendrá que pactarlo con los demás partidos, para sacar adelante las ayudas en el Congreso. Eso exige acuerdos y mucho realismo. Nos jugamos la supervivencia de muchas familias y empresas vulnerables, también la recuperación y el empleo. Acierten.

Coronavirus: rebrotes graves y tacañería europea

Cumplimos un mes de “nueva normalidad” y los rebrotes se han multiplicado, agravándose en Aragón y Cataluña y obligando a nuevos confinamientos. La culpa es de muchos  ciudadanos, que “han bajado la guardia”, y de algunas autonomías, que carecen de medios para rastrear  los contagios, mientras Sanidad se queda en segundo plano. Urgen Planes de contingencia más serios, sobre todo para las zonas turísticas en agosto. Y más decisión política para aislar zonas y evitar una 2ª oleada del virus, que agravaría los muertos y la recesión. Mientras, se retrasan las ayudas europeas, porque los paises ricos del norte son “tacaños” (no “frugales”) y no quieren pagar la reconstrucción del sur, que también les favorecería a ellos (nos venderían más). Y además, Holanda tiene elecciones en marzo y le presiona la extrema derecha, nacionalista y egoísta. Lo que está en juego es que el sur de Europa se reconstruya más tarde que el norte y sea más pobre, como pasó tras la crisis de 2008. Rácanos e insolidarios.

enrique ortega

La pandemia gana fuerza semana a semana en el mundo y acaba de batir otros tres récords consecutivos: 231.100 nuevos contagios el miércoles 15, 252.500 contagios el jueves 16 de julio, 22 veces los contagios que hubo el 14 de marzo (inicio del estado de alarma) y 242.000 contagios el viernes 27 de julio. Y ha saltado de 13 a 14 millones de contagiados en sólo 4 días, frente a 5 días los dos anteriores y 8 días antes, cuando alcanzar el primer millón de contagiados tardó 3 meses, según los datos de la Universidad  Jhons Hopkins. Hoy son ya 14.507491 contagiados por la COVID 19 en 188 paises.

El epicentro de la pandemia sigue en América, tanto en Estados Unidos (3.670.005 contagiados, +70.000 diarios) como en Latinoamérica (3.610.000 contagiados), donde más crecen ahora los contagios, sobre todo en Brasil (2.046.328 contagiados, +45.403 diarios), Perú (345.537 contagiados, +3.862 diarios), México (331.298, 6.406 diarios), Chile (328.846, +2.493 diarios), Colombia (182.140, +8.037 diarios), Argentina (119.301 contagiados) y Ecuador (72.444, +1.795 diarios). El coronavirus gana terreno también en Asia y Oriente Medio, con 1.038.716 contagiados en India (+34.956 diarios), 271.606 en Irán (+2.388 diarios), 261.917 en Pakistán (+2.085 diarios), 202.065 en Bangladesh (+2.733 diarios), 248.416 en Arabia Saudí (+2.671 diarios) o 106.308 en Qatar, más 217.799 en Turquía (+933 diarios). Y avanza también en África (660.000 contagiados), con un récord en Sudáfrica (337.594 contagiados, +13.172 diarios), seguida de Egipto (86.474), Nigeria (336.663), Ghana (26.572) y Argelia (23.084). Y la pandemia se mantiene en Europa (2.871.834 contagiados), destacando los contagios en Rusia (764.215, +6.406 diarios), Reino Unido (295.631 contagiados, +641 diarios), España (260.255, +628 diarios), Italia (244.216, +230 diarios), Francia (211.426, +534 diarios) y Alemania (202.426 contagiados, +563 diarios).

La pandemia se ha cobrado ya 606.173 muertos en el mundo, la cuarta parte en Estados Unidos (140.534 muertes), seguido de Brasil (79.488), Reino Unido (45.385), México (39.184), Italia (35.045), Francia (30.155), España (28.420 muertos), India (27.497), Irán (14.188), Perú (13.187), Rusia (12.123), Bélgica (9.800) y Alemania (9.092). Los paises con más muertos por habitante (muertes/100.000 hab.) son Bélgica (85), Reino Unido (68), España (60), Italia (58), Suecia (55), Francia (45) y EEUU (42), aunque España tiene una tasa de letalidad (muertos/contagios) más baja (10,9) que Francia (17,3), Bélgica (15,5), Reino Unido (15,4), Italia (14,4), aunque más que Alemania (4,5), según Sanidad.

En España, tras casi un mes de “nueva normalidad”, los nuevos contagios se han disparado: +5.695 en la última semana (del viernes 17, último día con datos de Sanidad, al viernes 10), frente a +2.944 la semana anterior y +2.028 nuevos contagios la primera semana de julio. Y si tomamos los nuevos contagios en los últimos 14 días, son +9.234 (+5.396 la quincena anterior), la peor cifra en los últimos dos meses (desde el 10 de mayo).  Los contagios diarios han dado un salto, desde los 164 el lunes 13 de julio a 263 el martes, 390 el miércoles, 580 el jueves y 628 el viernes, último dato oficial, nuevos contagios centrados en Aragón (252 nuevos el viernes) y Cataluña (121 nuevos contagios diarios), sin olvidar Madrid (+40 el viernes), Euskadi (+39 diarios), Navarra (+34) y Andalucía (+39 el  viernes). También han crecido las hospitalizaciones en la última quincena (de 146 el lunes a 228 este viernes) y los ingresos en UCI (de 8 el lunes a 18 el viernes), pero menos que los contagios, porque los enfermos son más jóvenes y los síntomas más leves. Con todo, ha habido 17 muertos nuevos la última semana, sumando ya  28.420 muertos oficiales por COVID 19.

Desde que se terminó el estado de alarma, el 21 de junio, ha habido en España 224 rebrotes, en casi todas las provincias, de los que 158 están activos. Pero el mayor problema se concentra en dos autonomías: Aragón y Cataluña, donde ya hay “transmisión comunitaria”, lo que significa que los rebrotes no están aislados ni controlados. En Huesca se ha pedido ayuda al Ejército y en Zaragoza, el gobierno regional pide que no se entre ni salga de Zaragoza. En Lleida y su comarca sigue el confinamiento, lo mismo que en algunos barrios de Hospitalet, lo que obliga a tomar medidas de control en Barcelona, donde los contagios se han triplicado. Y siguen apareciendo brotes en Euskadi, mientras remiten en Galicia.

El doctor Simón considera ya que la situación es “preocupante” y que ha habido “un poco de relajación” desde el final del estado de alarma. Un comentario diplomático para un comportamiento ciudadano que deja mucho que desear, sobre todo entre los jóvenes, con un exceso de reuniones familiares y de amigos que están detrás de la mayoría de los rebrotes, junto a algunos focos entre inmigrantes que trabajan en tareas agrícolas y viven hacinados. Pero lo que más ha fallado, sobre todo en Cataluña, ha sido la detección y el rastreo de contactos, por falta de medios en atención primaria, que se han querido paliar subcontratando con empresas privadas. Las autonomías tienen 3.516 rastreadores, según los datos aportados por las autonomías, lo que supone un tercio de los que tendría que haber, entre 8.000 y 12.000, según los epidemiólogos. Y además, hay grandes diferencias entre autonomías, con más escasez de rastreadores en Madrid ( 1 por cada 35.003 habitantes), Cataluña (1 por cada 30.882), Asturias (1 por cada 34.067) y Navarra (1 por cada 30.905), según este mapa. Y eso que contratar rastreadores fue una exigencia de Sanidad  a las autonomías ya en junio. 

Frente a unos contagios que se han disparado, las autonomías ha respondido limitando las actividades (bares, comercios, eventos) y obligando al uso permanente de la mascarilla (en 15 autonomías, todas salvo Madrid y Canarias). Está bien, pero es insuficiente. Urgen Planes de contingencia, sobre todo en las zonas turísticas de playa, donde este mes de agosto podrían aparecer los rebrotes. De momento, Sanidad y las autonomías sólo han pactado el jueves (tarde) un “Plan de respuesta temprana” (sic) que pretende asegurar la capacidad sanitaria de detección y atención a nuevos brotes, con tres escenarios de actuación: autonómico, otro de las autonomías y Sanidad cuando el brote afecte a 2 autonomías y uno último, la vuelta al estado de alarma. Pero no se ve una estrategia clara y falta decisión en Sanidad para tomar las riendas del combate contra la pandemia, ante los recelos de las autonomías. Y en estas dudas y “ententes políticas”, aumentan los contagiados y gana el virus.

Parece como si todo el mundo, Gobierno, autonomías y ciudadanos, mirasen para otro lado, a ver si los días pasan y conseguimos llegar a septiembre sin una 2ª oleada de contagios. Pero sin precaución y sin medios, será muy difícil conseguirlo. Y el riesgo es enorme, porque el sistema sanitario sigue sin estar preparado para otra avalancha y la economía tampoco lo aguantaría, agravándose la recesión. Es el mayor riesgo de la incipiente recuperación iniciada en julio. Y si hay una 2ª oleada de contagios, la factura a pagar, en muertos y costes, sería tremenda. Ya sin sustos, la factura de la pandemia llevará el déficit público este año al 11,9% del PIB: -132.041 millones de agujero presupuestario, por más gastos y menos recaudación, según la Autoridad Fiscal independiente (AIReF). Y si hay rebrote y la economía se desploma más, el déficit fiscal podría ser del 14,4% del PIB, -159.780 millones de agujero en las cuentas públicas en 2020 (frente a -34.869 millones de déficit en 2019).

“Tapar este agujero” va a exigir endeudarse más, aumentar la recaudación con la subida de algunos impuestos (será la gran pelea de los Presupuestos 2021) y contar con ayudas europeas, una parte de ese Fondo de Reconstrucción que ha centrado la reciente Cumbre Europea en Bruselas. Pero España tiene difícil conseguir los 140.000 millones inicialmente prometidos entre 2021 y 2024  (77.000 en ayudas a fondo perdido y 63.000 en créditos a devolver). El problema está en los cuatro paises ricos del norte que más  tienen que aportar al Fondo y que apenas van a recibir, porque se han visto menos afectados por el coronavirus: Holanda, Suecia, Dinamarca y Austria, sin olvidar las reticencias de Finlandia y Alemania, también “paganos”, aunque Merkel juegue de intermediaria (pero en Alemania, una mayoría de políticos y electores no están por “pagar ayudas al sur”).

Estos cuatro paises se autodenominan “frugales”, pero en realidad son “tacaños”: ya pagan más de lo que reciben al Presupuesto europeo (porque son más ricos) y aprovechan la Cumbre para recortar su aportación al futuro Presupuesto UE 2021-2027 y al Fondo de reconstrucción. Por eso, presionan en esta Cumbre para rebajar las ayudas aprobadas por la Comisión, con el apoyo del Parlamento Europeo. Quieren varias cosas: reducir el Fondo (inicialmente, 750.000 millones) , recortar la parte de ayudas (ahora 500.000 millones) y que la mayoría sean créditos, que se devuelvan antes (empezar a amortizarlos en 2026 en lugar de en 2028) y, sobre todo, condicionar lo más posible estas ayudas: que los paises tengan que presentar un Plan de inversiones y reformas y lo tengan que aprobar los 27 por unanimidad (no los técnicos de la Comisión). Así, estos paises del norte, “garantizan” a sus votantes (y a sus mayorías liberales y conservadoras) que se hacen políticas “ortodoxas”. A lo claro: que España no deroga la reforma laboral y “reforma” (recorta) las pensiones.

La batalla en la Cumbre será dura y el Fondo podría retrasarse, aunque en ningún caso estará disponible antes de mayo de 2021, con la idea de que el 60% se reciba entre 2021 y 2022, quizás demasiado tarde para España e Italia. Pero en el fondo de esta batalla hay dos más. Una, la batalla de la Europa del norte por pagar menos y recibir más en la UE, por fortalecerse como la Europa rica. De hecho, quieren recortar aún más el próximo Presupuesto europeo (ridículo: 1,074 billones de gasto en 7 años), a la vez que exigen mantener hasta 2027 el “cheque de descuento” que consiguieron junto al Reino Unido (3.673 millones anuales para Alemania, 15.76 para Holanda, 798 para Suecia, 273 para Austria y 197 para Dinamarca). Menos aportaciones al Presupuesto y al Fondo, mantener el privilegio del cheque y encima controlar la política económica del sur, todo en el mismo paquete.

Y encima, no son tan “paganos”. Gracias al descuento del cheque (40.000 millones de regalo que han recibido entre 2014 y 2020) y a que son paises ricos y con poca población (salvo Alemania), los paises ricos del norte aportan menos al Presupuesto comunitario que los paises del sur: un 0,70% de su renta bruta (RNB) frente al 0,85% que aportaron los paises pobres en el Presupuesto UE 2014-2020, según los datos de la Comisión Europea. Y, en cambio, son los paises que más se benefician del mercado único, de que haya una Europa con 500 millones de personas a las que vender, según este gráfico que también aporta la Comisión Europea: en 118.000 millones se ha beneficiado Alemania, en 62.000 millones Italia, en 55.000 millones Reino Unido, en 52.000 millones Holanda, en 40.000 millones Italia, en 20.500 millones Bélgica, España, Polonia o Austria, en 19.000 millones Suecia y en 16.000 millones Dinamarca. Y si lo ajustamos con la población, resulta que Dinamarca ha ganado 1.682 euros por habitante del mercado único, Austria 1.583 euros, Holanda 1.500, Alemania 1.440 y Suecia 1.302, frente a 763 euros Italia, 589 España y 497 Portugal.

Así que ya sabemos que pagan menos de lo que dicen y ganan más de lo que parece con la existencia de Europa. Y por eso, son los más ricos: tienen una renta por habitante (2018) que supera con creces la media europea (100%: 30.200 euros por habitante): 130% Holanda (39.200 euros por persona), 129% Dinamarca (38.900 euros), 128% Austria (38.700 euros), 123% Alemania (37.000 euros) y 121% Suecia (36.600 euros), frente al 97% Italia (29.100 euros) y el 91% España (27.600 euros de PIB por habitante), según Eurostat. Pero además de querer aportar menos a la reconstrucción de Europa (son “tacaños”, no “frugales”), los paises ricos del norte tienen una potente extrema derecha (Foro por la Democracia, FvD, ganó las elecciones al Senado holandés en 2019), nacionalista y egoísta, que presiona a la derecha popular y a los liberales a no hacer concesiones, a no pagar al sur, so pena de perder votos. Y Holanda tiene elecciones en marzo de 2021, Alemania en octubre y Suecia en 2022. Por eso son doblemente “rácanos”: por el bolsillo y el nacionalismo de sus votantes.

Así que, otra vez más, la Europa del norte piensa en sí misma, en pagar poco y en salir cuanto antes de una recesión que les afecta menos que a la Europa del sur. Es un egoísmo suicida, porque si la reconstrucción europea se retrasa, la Europa del sur (Italia, España y Francia) tardará más en salir de la recesión y el proyecto europeo se pone en peligro. Y también las ventas de la Europa rica a la Europa del sur: Alemania tiene superávit comercial con España (nos vende 8.873 millones más de lo que nos compra), Holanda también (4.116 millones de superávit comercial con España en 2019), Suecia (+292,2 millones) y Dinamarca (+43 millones). Por eso son más ricos: nos venden más y crean riqueza y empleo en sus paises. Para seguir haciéndolo, tenemos que salir del agujero. Y para eso, tienen que ayudarnos, porque tenemos una recesión más profunda, menos recaudación y somos menos competitivos. Problemas que deberíamos solucionar de una vez, ante futuras crisis, para no ser tan "vulnerables".

En definitiva, se plantea otra vez el enfrentamiento norte-sur en una crisis europea. En la anterior, los paises del norte impusieron su receta de austeridad y recortes al sur, que tardó 6 años en salir, con más desigualdad: si Holanda tenía un PIB por habitante de 36.000 euros en 2008 (+10.200 euros que España), tras esa crisis es más rica (39.200 euros) y está más alejada de España (+11.600 euros de diferencia en 2018). Es lo que pasará ahora: saldrá antes de la crisis, aportará menos al Presupuesto y al Fondo UE, pero cuando nos recuperemos, nos seguirá vendiendo e invirtiendo y será más rica que hoy y más que nosotros todavía. Por 2ª crisis consecutiva, aumentará la desigualdad entre la Europa rica del norte  y la más pobre del sur. Eso es lo que está realmente en juego.

Al final, tras 4 días de dura Cumbre europea, España e Italia han aceptado la madrugada del martes las imposiciones del norte: un Fondo sin recortes (750.000 millones) pero con  menos ayudas directas y más créditos (390.000/360.000) y sobre todo, una cierta "tutela" de los paises tacaños para vigilar que "gastemos bien" y hagamos reformas. El que paga, manda. Y además, los 4 tacaños y Alemania consiguen más rebajas en su aportación al presupuesto europeo (recibirán 52.000 millones de "cheques" en los próximos 7 años, 13.500 Holanda). Todo sea por las ayudas (140.000 millones), que tanta falta nos hacen, aunque sean menores y "vigiladas". Ahora, queda volver y reforzar la estrategia de reconstrucción dentro de España, buscar cómo salir del agujero nosotros mismos, con más recaudación (impuestos) y unidad. Será la batalla interna de los Presupuestos 2021. Esta no la podemos perder.

Europa se la juega: Brexit y estancamiento

Mañana 29 de marzo, Reino Unido iba a salir de la Unión Europea, pero el Brexit se retrasa, con riesgo de que acabe en un Brexit duro, nefasto para británicos y comunitarios. Pero el gran problema viene después: ¿qué relación comercial tendrá el RU con la UE? Esta negociación clave durará dos años (o más) y de ella dependerán los aranceles que se pongan a nuestras exportaciones, la operativa de nuestras empresas, bancos o pescadores y la llegada de turistas británicos, temas claves para España. Así que tenemos Brexit para rato, entorpeciendo el futuro de una Europa que se enfrenta en 2019 a dos problemas más graves: el estancamiento económico (apenas crece) y el auge de la ultraderecha y los partidos euroescépticos, cara a las elecciones de mayo. Dos cuestiones que también afectan mucho a España, porque si vuelve otra crisis la sufriremos más que el resto. Por eso, los futuros Gobiernos, europeo y español, tienen que reanimar la economía y apostar por “más Europa”.

enrique ortega

A los británicos les costó 15 años entrar en la Unión Europea (1 enero 1973) y llevan casi 3 años intentando salir, desde el 23 de junio de 2016, cuando una estrecha mayoría (52%) votó a favor del Brexit. Ahora, muchos de los que votaron por  “irse de Europa”, azuzados por los políticos euroescépticos, la añoranza del viejo Imperio británico y el “voto de castigo” a casi todo (como en USA con Trump), están pensando que fue una mala decisión y que “se han pegado un tiro en el pié”, porque el Brexit será malo para la economía británica y para sus vidas. Pero “Brexit es Brexit” (Theresa May dixit) y una mayoría de políticos británicos no quieren dar marcha atrás, aunque su aprobación sea un “culebrón político” que refleja un país que no sabe dónde va.

El resto de Europa está harta de los retrasos y las dudas británicas y les han dado un ultimátum en la Cumbre Europea del 20 y 21 de marzo: voten ya la salida, antes del 12 de abril, y cuando confirmen legalmente que se van, podemos dejarles una tregua para poner sus normas al día, hasta el 22 de mayo, un día antes de las elecciones europeas (23-26 mayo). Pero no está claro que Theresa May pueda imponerlo y si no lo consigue, el 12 de abril habría un Brexit duro, “a las bravas”, que nadie quiere, porque supondría que toda la relación comercial y empresarial entre Europa y Reino Unido (la segunda economía del continente) pasaría por aranceles (impuestos a exportaciones e importaciones) y trabas, como con un país tercero, perjudicando a los europeos que viven en Reino Unido y a los británicos repartidos por Europa.

Pero aunque se sortee el Brexit duro, porque nadie quiere caer en este “abismo” insondable, y se apruebe finalmente el Brexit pactado entre la UE y RU el 25 de noviembre de 2018, queda lo más difícil: ¿cómo vamos a relacionarnos después? Porque, una vez fuera, el Reino Unido tiene que negociar con los 27 la relación comercial que van a mantener en el futuro, en principio antes de diciembre de 2020 (la fecha antes del retraso: ahora será más tarde). Los británicos querrían que todo siguiera como hasta ahora, seguir en el espacio económico europeo, pero sin tener a cambio que cumplir las normas europeas y sin aportar al Presupuesto UE. Estar “económicamente” en Europa pero políticamente “por libre”. Pero Bruselas ya les ha dejado claro que eso no es posible. Y que el futuro será diferente.

En principio, hay dos modelos de relación que la UE tiene con otros paises y que se manejan para Reino Unido. Uno, el que se tiene con Noruega, Islandia o Liechtenstein: integrar a Reino Unido en el espacio económico europeo (EEA), una zona de casi libre comercio, a cambio de aceptar la libre circulación de personas y la Jurisdicción del Tribunal Europeo de Justicia, contribuyendo en parte al presupuesto europeo (3 condiciones que no les gustan a los británicos). Otra opción es firmar un Acuerdo de Libre Comercio, como el que tiene la UE con Canadá o Corea del Sur, menos favorable porque incluye aranceles y restricciones. Y todavía hay una tercera, menos interesante: un Acuerdo de Asociación, como el que tiene la UE con Ucrania.

Los británicos buscan integrarse en la primera opción, en el espacio económico europeo, pero sin obligaciones, algo imposible. De momento, lo pactado en noviembre de 2018 es que Reino Unido se mantenga en la unión aduanera y el mercado único, como ahora, al menos hasta diciembre de 2020, para negociar estos 21 meses la relación futura. Pero hay un problema que lo condiciona todo: la frontera entre las dos Irlandas. La UE se ha comprometido con la República de Irlanda a que no habrá frontera con Irlanda del Norte (una de las cuatro naciones que integran Reino Unido, con Inglaterra, Gales y Escocia), pero para que esto sea posible, Irlanda del Norte (RU) tendrá que seguir en el futuro en el mercado único. Y si el resto del Reino Unido no se queda después en el espacio económico europeo, tendría que haber una frontera entre Irlanda del Norte y el resto del Reino Unido. Algo que no quieren los conservadores británicos, porque rompería la integridad territorial del país y porque temen que, sin frontera, arrecien las opiniones a favor de una reunificación de Irlanda. Y, sobre todo, porque si se llega a diciembre de 2020 sin acuerdo, el Reino Unido seguiría dentro del mercado único hasta que lo haya (podrían prorrogarse 1 o dos años esta negociación) y los euroescépticos temen que el Brexit no se materialice nunca. Por eso lo han torpedeado en las votaciones del Parlamento. Por eso y porque pensaban que la UE iba a ceder.

Antes o después, salvo que se dé marcha atrás con un  2º referéndum (antes de finales de 2020), el Brexit deberá materializarse en una nueva relación comercial, económica y política entre la Unión Europea y el Reino Unido, donde ambas partes perderán. Y donde España se juega mucho, uno de los paises que más, porque el futuro estatus del Reino Unido afectará a los turistas británicos, a nuestro comercio, a la actividad de nuestras empresas y bancos, a los pescadores y a los españoles que viven en Reino Unido. Veamos cómo.

Empecemos por el turismo: en 2018, el 22% de todos los turistas que llegaron a España (82,7 millones) eran británicos (18,5 millones), siendo los extranjeros que más visitan Canarias (33,6% del total de turistas), Andalucía (20,5%) y la Comunidad Valenciana (28,6%) y los que se gastan 21 de cada 100 euros ingresados por el turismo. El Brexit va a rebajar el crecimiento y el nivel de vida de los británicos, depreciando la libra, con lo que restará turistas y gasto en España. Algunos expertos del sector estiman que la caída de turistas británicos puede llegar al 20% en unos años : supondría recibir 3,6 millones menos al año.

Luego está el comercio con las islas británicas, que son hoy nuestro 5º país cliente (detrás de Francia, Alemania, Italia y Portugal): les vendimos en 2018 por valor de 18.977 millones de euros, el 6,6% de todas las exportaciones y tenemos con ellos un superávit comercial (export-import) de +7.528 millones. Si en el futuro hay aranceles, eso afectará negativamente a las empresas españolas que ahora venden a Reino Unido coches (25,5% exportaciones), frutas, hortalizas y alimentos (10,3%), maquinas (6,9%), productos farmacéuticos (3,2%) y ropa (2,5), afectando negativamente al empleo en Comunidad Valenciana, Cataluña y Castilla y León, las tres autonomías que más exportan hoy al Reino Unido, el tercer mercado de los fabricantes de coches instalados en España.

También hay que hablar de las empresas españolas que operan e invierten (unos 60.000 millones anuales, sólo por detrás de Francia y Alemania) en Reino Unido, más de 300 compañías, que consiguen en las islas una buena parte de su facturación y beneficios: Ferrovial (34% ventas son en RU), Telefónica (30% facturación), Banco de Santander (30% de su beneficio sale del RU), Iberdrola (14% ingresos), FCC (10% beneficio), Inditex (110 tiendas), Banco Sabadell (15% negocio), IAG Iberia…De hecho, se estima que un 21% del beneficio de las grandes empresas del IBEX se genera en Reino Unido. Un elemento clave será el futuro de Iberia y Vueling, controladas por la británica IAG, que podrían tener problemas para volar en Europa tras un Brexit duro.  Y no podemos olvidar la incertidumbre que tienen los 140 barcos españoles que faenan en aguas británicas (Gran Sol y Malvinas).

Por último, otro frente de preocupación es el futuro de los 300.000 españoles que viven y trabajan en Reino Unido, preocupados por sus futuros derechos (laborales, residencia, sanidad, educación, como los de ese millón de británicos que viven en España (300.000 de forma permanente). En ambos casos, pueden ser los “rehenes” de la futura negociación sobre las relaciones económicas y comerciales entre la UE y Reino Unido a partir de 2021.

Y todo esto no afecta sólo a España, porque estos mismos temas preocupan al resto de los 27 paises que seguirán en la Unión Europea, un Club que pierde a su 2º socio más importante (el PIB de RU, 2,39 billones de euros, supera al de Francia, con 2,34 billones) y a un 13% de su población (66,27 millones de habitantes), aparte de su aportación tecnológica, de defensa, inversora, social o cultural, sin olvidar su aportación presupuestaria: 10.751 millones anuales, que al perderse obligarán a que España aporte 888 millones de euros más a Bruselas, con lo que seremos un país “contribuyente neto” desde 2019 (que paga más que recibe). Pero lo peor es que la negociación post-Brexit va a tener medio paralizada a la Unión Europea este año y el próximo, precisamente cuando tiene que ocuparse de otros 2 problemas más graves: el evidente  estancamiento económico y el futuro político de la UE.

El Brexit tiene medio paralizada a Europa cuando estamos sufriendo un estancamiento económico y la zona euro es la región del mundo que menos crece, según todas las estimaciones internacionales: la OCDE acaba de bajar su crecimiento para 2019 al +1% (un 0,8 menos que en noviembre), mientras el BCE habla del 1,1%, la Comisión Europea el 1,3% y el FMI un 1,6%, muy por debajo del crecimiento mundial (+3,3%) y de EEUU (+2,9%). Ello se debe a que la economía europea es la más abierta y su principal motor de crecimiento son las exportaciones, que han “pinchado” por el proteccionismo de EEUU y China (donde van un tercio de las exportaciones europeas, según Eurostat), la caída del comercio y la crisis de algunos paises emergentes (como Turquía y Brasil). Y lo más preocupante es el mínimo crecimiento de Alemania (estiman un +0,8% este año) y la recesión en Italia (-0,2% para 2019), con un bajo crecimiento en Francia (+1,5%), muy afectada por las protestas sociales. España de momento aguanta (+2,2% de crecimiento previsto para 2019), pero el estancamiento europeo ya nos afecta en dos de los motores del crecimiento: el turismo (se ha frenado) y las exportaciones, que cayeron en enero de 2019 (por tercer mes consecutivo), según Comercio, porque 2/3 de nuestras ventas van a Europa.

La situación económica de Europa, sobre todo de la zona euro, es tan preocupante que el Banco Central Europeo (el BCE) ha decidido volver a hacer de “bombero”, como cuando la crisis de 2013-2015: va a retrasar hasta 2020 la esperada subida de tipos de interés prevista para este otoño (como también lo hará EEUU) y seguirá inyectando dinero a los bancos europeos, al 0% y menos (si demuestran que lo prestan), para seguir “dopando” la economía europea y evitar una nueva crisis en la zona euro. En paralelo, y para evitar otra recesión, 18 de los 27 países de la UE (entre ellos Alemania, Francia, Holanda, Italia, Portugal  o España, han aprobado para este año más gasto, unos presupuestos más expansivos, para evitar que la economía se desinfle más y vuelvan los problemas a la Europa del euro.

La situación se agrava porque Europa está económicamente estancada en un momento político delicado, con unos dirigentes europeos “en funciones” y unas elecciones europeas a la vuelta de la esquina (23 a 26 de mayo), que auguran un avance de los partidos euroescépticos y de extrema derecha (en Holanda acaban de ganar las elecciones regionales), lo que dificultará el trabajo de la futura Comisión Europea. Porque la amenaza de crisis económica y el auge de los populismos sólo se pueden combatir con reformas para avanzar en la unión económica y política, creando instrumentos (Presupuesto europeo potente, política fiscal y social conjunta, unión bancaria eurobonos, Tesoro europeo…) que nos preparen mejor para afrontar otra crisis, si viene. Y demostrando con hechos a los europeos que se intentan resolver sus problemas, para reducir el euroescepticismo y la abstención política (el 58% europeos no votaron en las últimas elecciones europeas).

Este es el trasfondo tras el Brexit, del que se habla menos. Urge votar un nuevo Gobierno europeo que evite otra crisis y tome medidas conjuntas más ambiciosas para reanimar las economías europeas, con un Plan de inversiones y gasto a nivel continental. Y en España, el futuro Gobierno debería ir en esa línea, porque no vale decir que "nosotros crecemos más": crecemos más gracias a que en el último año han subido los salarios públicos, el salario mínimo  las pensiones y el gasto social (mal que le pese al PP y a Ciudadanos, todo ese gasto extra mantiene el consumo y sostiene el crecimiento). Pero si Europa se estanca, este “oxígeno” del gasto público se agotará  y acabaremos también en crisis. Y somos más vulnerables, porque tenemos el doble de paro y más déficit y deuda que el resto de paises.  Habría que hablar en esta campaña del 28-A sobre cómo evitar otra crisis, cómo reanimar la economía, lo que obliga a  un Presupuesto 2019 con más ingresos y más gastos. Y si no se hace, vendrá otra crisis y habrá que hacer más recortes, forzados otra vez por Europa.

Dicen que la economía no da votos y quizás por eso ningún partido habla del Brexit, del estancamiento de la economía y del futuro de Europa. Pero es donde nos jugamos nuestro empleo y nuestro bienestar, nuestro futuro, Más que en Cataluña, el “monotema electoral” de la derecha española. Quizás porque no quieren que sepamos sus alternativas para los demás problemas que tenemos. Pero si nos cae encima otra crisis (en Europa y en España), tendrán que aplicarlas antes o después. Y quizás no nos gusten.