Universidades públicas en apuros

Más de 1,8 millones de jóvenes han iniciado el Curso universitario, que batirá otro récord de alumnos, Grados y Masters. Pero las plazas en las Universidades públicas se han estancado, por falta de medios y profesores, lo que ha elevado otro Curso más las notas de corte para acceder, desviando alumnos a las Universidades privadas, que crecen sin parar, sobre todo en algunas carreras y Masters: este año funcionarán 46 Universidades privadas (4 más que el curso pasado), mientras las públicas siguen estancadas en 50 (desde 1.998). Esto obliga a muchas familias a gastar hasta 28.000 euros al año en que su hijo/a estudie fuera, lo que impide estos estudios a muchos jóvenes y endeuda a otros, aumentando la desigualdad de oportunidades. Mientras, las Universidades públicas piden más financiación para sobrevivir y poder ofrecer más plazas y estudios.  Pero las autonomías gobernadas por el PP apenas les financian y apoyan el aumento de las Universidades privadas (controladas por Fondos de inversión y entidades religiosas), sobre todo en Madrid y Andalucía.

                           Enrique Ortega

Este Curso 2025-26 han iniciado la Universidad los jóvenes nacidos en 2007, otro año con un récord de nacimientos (492.527, 10.000 más que los nacidos en 2006), lo que aumentará el número de universitarios, superando  los 1,8 millones que estudiaron el Curso pasado un Grado (1,4 millones), un Master (300.000)  o un Doctorado (100.000 alumnos) en las Universidades españolas. El 75% de estos 1,8 millones de universitarios estudian en una Universidad pública, el 57% de ellos mujeres y un 7% extranjeros (salvo en Master y Doctorado donde los extranjeros suben al 27 y 29% del total). En conjunto, a estos universitarios se les ofrecen 4.475 titulaciones de Grado (67% en la Universidad pública), 4.325 Masters (el 30% en las privadas) y 1.228 títulos de Doctorado (el 80% en las Universidades públicas).

Será pues otro Curso de récord de alumnos en las Universidades españolas, con una peculiaridad: apenas crecen los alumnos de las Universidades públicas y los que más crecen son los de las privadas, como sucede en los últimos años. Así, los alumnos de Grado de las Universidades públicas han bajado desde los 1.116.463 que hubo en el Curso 2016-17 a los 1.080.568 que se matricularon el curso pasado (2024-25): -35.895 alumnos en los últimos 8 años. Y en paralelo, los alumnos que estudian un Grado en las Universidades privadas se han casi duplicado: de 186.789 en el Curso 2016-17 a 328.269 el curso pasado (2024-25), según los datos oficiales. Y si analizamos los alumnos matriculados en el primer curso, han caído un -4,8% en las Universidades públicas (de 291.100 que empezaron en septiembre 2015 a 274.400 en septiembre 2023), mientras en las Universidades privadas, los matriculados en el primer curso han crecido un +61,4% estos 8 años: de 54.700 a 89.200.

Lo mismo ha pasado con los Master. Los alumnos que inician un Master en una Universidad pública han pasado de 124.892 en el Curso 2016-17 a 143.649 el curso 2023-24, un aumento del +15%, menos de la tercera parte de lo que han aumentado los alumnos de Masters en las Universidades privadas (+53%), que han pasado de 65.251 (Curso 2016-17) a 145.306 alumnos matriculados (en 2023-24), superando ya a los alumnos Master de la pública. Y además, las Universidades públicas ofrecen ahora menos Master (3.067) que en 2015-16 (3.116 Master), mientras las privadas casi los duplican (de 761 a 1.262).

¿Qué está pasando? Pues que las Universidades públicas se quejan de que no pueden ofertar más plazas a los jóvenes porque carecen de financiación suficiente para contratar más profesores y mejorar las instalaciones para ampliar los alumnos, aulas y laboratorios. Y en consecuencia, cada año sube la nota de corte en la prueba de acceso a la Universidad (PAU), para seleccionar casi los mismos alumnos o menos, obligando en la Selectividad a sacar notas cada vez más altas para admitir alumnos en las grandes Universidades. Así, este año, las notas de corte en Medicina han sido de 13,3 (sobre 14) y en muchas carreras superan los 12 puntos, lo que deja fuera a alumnos que sacaron bien el Bachillerato. Un ejemplo: hay 10 solicitantes que quieren estudiar Medicina en la pública por cada plaza disponible…

La consecuencia es que muchos jóvenes que quieren estudiar una carrera sólo pueden hacerlo en la Universidad privada, que lleva años aprovechando la falta de plazas en la Universidad pública para ofertar más plazas, sobre todo de Grados que tienen una mejor salida laboral. Eso conduce a un aumento reiterado de alumnos, que sólo pueden estudiar lo que quieren si pagan los caros estudios de una Universidad privada. Y así, por ejemplo, en Madrid, este será el tercer Curso donde en Medicina (la carrera “estrella) habrá más matriculados en primer curso en las Universidades privadas que en las públicas… Y también hay más inscritos en las privadas en Fisioterapia (53%) y Relaciones Internacionales (74%).

En definitiva, las Universidades privadas crecen a costa de “asfixia financiera de las Universidades públicas”, que apenas se han recuperado de los recortes impuestos por Bruselas y Rajoy desde 2012 y la escasa financiación posterior. Eso ha provocado un aumento constante de nuevas Universidades privadas, que este Curso ya serán 46 (habrá 4 nuevas), mientras las Universidades públicas se han estancado en 50 (la última Universidad pública, la Politécnica de Cartagena se creó en 1998). Y cada año hay nuevas peticiones de Universidades privadas, apoyadas por las autonomías gobernadas por el PP, sobre todo en Madrid y Andalucía. De hecho, hay Universidades privadas en todas las autonomías (próximamente se abrirán en Asturias y Castilla la Mancha), salvo en Extremadura y Baleares.

La mayoría de las privadas tienen detrás a organizaciones religiosas: jesuitas (Comillas, Deusto, Esade), Opus Dei (Universidad de Navarra, Internacional de Cataluña), propagandistas católicos (CEU), Legionarios de Cristo (Francisco de Vitoria), Camino Neocatecumenal (Universidad Católica de Murcia…), pero últimamente están interesados también los Fondos de inversión: el sueco EQT está detrás de la Universidad Europea de Madrid, el británico CVC es propietario de la Universidad Alfonso X el Sabio, los fondos Sofina (belga) y Portobello (español) controlan la Universidad Internacional de la Rioja y el Fondo israelí KKR impulsa la Universidad privada online UTAMED en Andalucía.

La peor consecuencia de la asfixia financiera de las Universidades públicas (las 6 de Madrid pidieron en octubre de 2024 a la presidenta Ayuso 200 millones extras para pagar sus nóminas…) es que muchos alumnos  no pueden estudiar en ellas, por falta de plazas, y tienen que buscar una Universidad privada para estudiar una carrera, con un altísimo coste. Por un lado está el pago de la matrícula y las mensualidades, con un coste anual de 13.500 a 15.000 euros por alumno. Y a eso hay que sumar, para los universitarios que estudian fuera de casa, el coste del alquiler de una habitación o una vivienda compartida, que supera los 600 euros (5.400 euros anuales). Y la manutención y los gastos (otros 9.000 euros anuales). En total, unos 28.000 euros al año, por 4 años (si no se repite curso), más el elevado coste de un Master al final del Grado (entre 20.000 y 30.000 euros más).

Así que estudiar en una Universidad privada puede costarle a un joven y a su familia unos 140.000 euros, una cifra imposible para muchos hogares y que obliga a otros a endeudarse. De hecho, casi el 14% de los créditos que se piden hoy a la banca son para financiar estudios universitarios, según ASUFIN, una demanda que se ha cuadruplicado en la última década. Y esto relega a muchos estudiantes y familias a no estudiar una carrera universitaria, desviando su interés hacia la Formación Profesional, que es más barata (a pesar de que se multiplican también las plazas privadas, en centros participados también por Fondos de inversión) y además tiene más salidas profesionales que muchas carreras.

El objetivo debería ser promover la Universidad pública, apoyándola financieramente para que tuviera más alumnos, Grados y Master, para evitar también que muchos jóvenes sin recursos se queden fuera (las becas son escasas y poco dotadas). Pero la realidad es que España la financia menos que otros paises. Así, el gasto total por estudiante universitario en España era de 15.654 dólares en 2021 (último dato de la OCDE), frente a 20.499 dólares en la OCDE (36.274 en USA y 33.574 en Reino Unido) y 20.027 dólares en la UE-27, un 28% más (27.756 dólares/universitario en Suecia, 23.864 en Paises Bajos, 21.963 en Alemania, 20.458 en Francia y 13.717 en Italia), homogeneizando la inflación. Eso se traduce en que Europa destina un 1% del PIB a financiar sus Universidades, mientras España destina el 0,76%.

Pero no sólo financiamos menos la Universidad pública. También lo hacemos de forma diferente, con menos peso de la inversión pública y más aportación de los estudiantes y sus familias (tasas y matrículas). Así, el gasto público en Universidades supone en España el 67% del gasto universitario, frente al 68% en la OCDE y el 76% en la UE-25 (84% en Alemania, 79% en Francia o 60% en Italia). Y el 29% del gasto universitario es privado en España, frente al 19% en la OCDE y el 13% en Europa. Y la mayoría de esta aportación privada, un 19% de la financiación total, la aportan los alumnos y sus familias (pagando matrículas y tasas).

Otro problema de España es que hay una gran desigualdad en la financiación universitaria por autonomías (que tienen la competencia y aportan, de media, el 65% de la financiación total). Así, hay autonomías que transfieren a sus Universidades públicas  menos que la media (6.671 euros/universitario en 2022-23) : Madrid (5.362 euros por universitario), Cataluña (5.599 euros) y Murcia (6.712), según el Informe CYD 2024. Y entre las autonomías que mejor financian sus Universidades destacan La Rioja (9.689 euros/universitario), Navarra (9.210 euros) y País Vasco (9.065 euros). En contrapartida, las que menos aportan son las autonomías donde los alumnos pagan más tasas y matrículas: Madrid (1.620 euros/alumno, 454 euros más que la media), Cataluña (1.508) y Aragón (1.302), Y hay otras donde los universitarios pagan la mitad de tasas en las Universidades públicas: Galicia (738 euros/alumno), Canarias (776) y  Andalucía (815).

Si la situación financiera de las 50 Universidades públicas es precaria lo será más en los próximos Cursos, porque deben seguir  aplicando la nueva Ley de Universidades, la LOSU, (que entró en vigor en el curso 2023-24,) cuyos objetivos aumentan los costes: tendrán que regularizar y estabilizar sus plantillas(el 49% de los docentes universitarios son temporales), cubrir vacantes y jubilaciones, reorganizar y modernizar los programas, aumentar la investigación e internacionalización. La propia LOSU establece que “las Administraciones públicas dotarán a las Universidades  de los recursos necesarios, de acuerdo con las disponibilidades presupuestarias de cada ejercicio” (artículo 55), pero no concreta quien debe aportar esos recursos ni cuándo. Si concreta el cuanto: “dedicar como mínimo el 1% del gasto público en educación universitaria pública para todo el Estado”. Como ahora se gasta el 0,76% del PIB, subirlo al 1% supondría gastar 5.739 millones más al año en las Universidades públicas (con el PIB de 2024).

El problema está en quien aporta ese dinero extra. Las Universidades son una competencia de las autonomías (otra), pero muchas llevan años frenando el gasto social (en sanidad, educación y Dependencia) y apostando por lo privado (en la sanidad, los colegios y en la Universidad). En el último año, las Universidades públicas han intentado acuerdos de financiación a medio plazo (para varios años) con los Gobiernos autonómicos, pero la mayoría encuentran poco eco y pocos recursos, mientras ven que se autorizan nuevas Universidades privadas, a las que cada Curso se desvían más alumnos. Y el Gobierno central poco puede hacer, máximo tras tres Cursos sin Presupuestos (incluido el actual).

La futura financiación de las Universidades públicas es una cuestión clave, no sólo porque nos jugamos la formación de los jóvenes sino porque en los próximos años va a seguir aumentando la cifra de universitarios: habrá cada año más alumnos, al menos hasta 2041 (cuando accedan una parte de los nacidos en 2023, 322.075 niños, 170.000 menos que los nacidos en 2007 y que ingresan ahora) y van a tener más gastos, para renovar profesores, programas y poder competir por alumnos en Europa y el mundo. Y sólo hay dos opciones: o los alumnos de las universidades públicas pagan más (ya pagan más que en la mayoría de Europa) o reciben más financiación pública, del Estado central y las autonomías, lo que exige recaudar más (no menos) y destinar más recursos a formar mejor a nuestros universitarios. También ayudaría que empresas y bancos financiaran más la Universidad pública, como en muchos paises. Lo que no podemos es dejar que las Universidades públicas sigan perdiendo alumnos, planes, investigación y prestigio.

Aumentar la financiación a las Universidades públicas  es un requisito básico para mejorarla y que no quiebre a medio plazo, en beneficio de las Universidades privadas (carísimas). Pero no es suficiente. Las Universidades (todas) han de afrontar una profunda reforma, para conseguir que los 200.000 licenciados que producen cada año tengan futuro. Porque actualmente, tienen más trabajo y menos paro que los jóvenes no universitarios, pero todavía están mucho peor que los universitarios europeos. Por un lado, sólo el 83% de los universitarios españoles de 25 a 24 años está trabajando, frente al 87% en la OCDE y en la UE-25, el 88% en Francia, el 89% en Alemania, el 91% en Reino Unido y el 92% en Paises Bajos, según la OCDE. Y los universitarios españoles (25 a 34 años) tienen un 9% de paro, frente al 5% en la UE-25 y el 3% en Alemania.

Corregir este “drama”, que la Universidad no sea “una fábrica de parados” exige no sólo tener más financiación sino hacer un cambio estructural, con múltiples medidas: derivar más alumnos a carreras técnicas y con más empleabilidad, modificar los planes de estudio con empresas e instituciones, reducir la endogamia y aumentar la presencia de profesores que trabajan en empresas e instituciones, mejorar la formación práctica y los periodos de formación en empresas y en el extranjero, flexibilizar las pasarelas de acceso e intercambio a la FP de Grado Superior y realizar auditorías externas, sobre la enseñanza, el gasto y la gestión, para que los recursos públicos sean más eficaces. Hay que analizar propuestas, conseguir recursos y agilizar los cambios. Pactar entre todos otra Universidad.

Más Selectividad, no estudiar para trabajar

Esta semana y la que viene se celebran en toda España los últimos exámenes de la Selectividad, el “filtro” al que se enfrentan 300.000 jóvenes bachilleres para acceder a la Universidad. Será la última vez: el año que viene, cada Universidad pondrá sus pruebas de acceso, como en casi todos los paises. Seguirá habiendo “filtros”, que dejan fuera a un 20% de jóvenes que quieren estudiar una carrera, porque muchas están saturadas. El contrasentido es que tenemos más universitarios que la mayoría de Europa y a la vez el doble de paro entre los que tienen una carrera. Porque los estudios van por un lado y las ofertas de trabajo por otro. Y las empresas se quejan de que les faltarán casi 2 millones de profesionales cualificados para 2020. Urge un gran acuerdo entre las Universidades y las empresas para delimitar estudios y carreras, planificando la formación a medio plazo. Lo contrario es estudiar para parados. Menos Selectividad y más preocuparse de enseñar para trabajar.



                                                                                            enrique ortega

Este año no debería haber pruebas de Selectividad. La polémica Ley educativa aprobada por el Gobierno Rajoy, la LOMCE, establecía que este curso desaparecían las tradicionales pruebas de Selectividad y se cambiaban por una reválida en 2º de Bachillerato y una prueba de acceso que fijaba cada Universidad. Pero la comunidad educativa se ha opuesto a las reválidas y los rectores de las Universidades le pidieron al Gobierno que retrasara un año las nuevas pruebas de acceso, porque no estaban preparados. Y así, en noviembre pasado, el Gobierno Rajoy acordó con los rectores y las Universidades que este año volvería a haber Selectividad y que la aplicación de la LOMCE se dejara para el año que viene (?).

Así que esta semana y la que viene, unos 300.000 jóvenes que han terminado el Bachillerato se enfrentan a varios días de pruebas para superar la Selectividad y poder luego estudiar una carrera. Las pruebas son bastante similares a las de años anteriores, con pequeños cambios. Hay una prueba obligatoria, que consta de 4 ejercicios, uno por cada materia troncal (Lengua y Literatura, Historia de España y Lengua extranjera) y el cuarto a elegir en función de la modalidad de bachillerato cursado (Matemáticas, Latín, Materias Aplicadas a las Ciencias Sociales y Arte), más un 5º ejercicio sólo en las autonomías con lengua oficial propia. La principal diferencia con la selectividad de 2016 es que los alumnos no se examinan ahora de las asignaturas de 1º de bachillerato (Filosofía, Historia Universal, Economía e Historia Contemporánea). Y para los que quieren mejorar nota, hay una prueba voluntaria, en la que se examinan de un máximo de 4 materias troncales de 2º de Bachillerato que han de ser diferentes a las materias elegidas en la fase obligatoria.

Al final, tras estas dos pruebas, el alumno consigue una nota de acceso a la Universidad, que suma tres componentes: el 60% de la nota media del Bachillerato más el 40% de la nota sacada en la prueba obligatoria de Selectividad más las calificaciones obtenidas en las 2 mejores materias de las cuatro examinadas en la prueba voluntaria. En total, pueden conseguir un máximo de 14 puntos. Y con esta “nota de corte”, mirar a ver si superan el mínimo exigido por cada Universidad (se puede utilizar este buscador de 2017),  mínimo que varía según la carrera (12,84 en Medicina o 6,50 en Humanidades) y, sobre todo, de si va a estudiar en Madrid o Barcelona o en provincias (para Administración de Empresas, ADE, oscila entre 11,14 puntos en la Pablo de Olavide de Madrid y los 5,07 en Castilla la Mancha). Al final, un 90% de los bachilleres aprueban la selectividad y un 80% logra ingresar en la carrera que prefieren, algunos cambiando de ciudad.

Las pruebas de acceso a la Universidad, en España la Selectividad, es algo que de una u otra forma se hacen en todos los paises, aunque en la mayoría no se trata de una prueba similar para todos los bachilleres, sino que cada Universidad es la que fija las pruebas de acceso de los estudiantes, aunque hay paises, como Alemania, donde también cuenta el expediente del Bachillerato. Y en Estados Unidos, además de aprobar el examen de acceso (el SAT), cuentan mucho el historial académico previo y las recomendaciones que se aporten.

El año que viene, para junio de 2018, en España dejará de haber exámenes de Selectividad como hasta ahora y serán las Universidades las que fijen las normas y pruebas de acceso a sus distintas carreras. Eso romperá con la uniformidad y homogeneidad actual, porque las pruebas de acceso serán diferentes por autonomías y Universidades, más rigurosas en unas y menos en otras, con lo que “el filtro” será muy diferente. Y si ahora hay poca diferencia entre estudiar una carrera en un sitio que en otro, en el futuro será muy importante dónde se ha licenciado un universitario, desde las pruebas de acceso al final de la carrera. Y más porque la tendencia es que las Universidades españolas sean cada vez más autónomas, tanto para ofrecer planes de estudios como para cobrar tasas diferentes.

Ya hay Universidades, en Cataluña, que este curso han empezado a ofrecer licenciaturas de 3 años en vez de 4, una posibilidad abierta por el ministro Wert en 2015. Y el próximo curso 2017-2018, habrá más Universidades que ofrecerán licenciaturas de 3 años, a las que sumar 1 ó 2 años de Master (3+1 o 3+2). El único requisito, acordado en mayo de 2017 por el Consejo de Universidades, es que han de ser carreras “nuevas” (se teme que algunas Universidades "maquillen" carreras viejas...). De momento ya hay autorizadas 11 nuevas titulaciones de 3 años en Cataluña, la mayoría en Universidades privadas. Un sistema que permite ofrecer un título en menos tiempo y coste para las Universidades, además de atraer a estudiantes para hacer 2 años complementarios de Master (en vez de 1 como ahora), por los que las Universidades cobran un 50% más que por un curso de Grado.

Además de títulos distintos, las Universidades tienen precios distintos, sobre todo tras la fuerte subida de tasas decretada en 2012, que osciló entre el 20% (Andalucía o Castilla la Mancha) y el 60% (en Barcelona y Madrid), mientras sólo Galicia y Asturias las han congelado. Así, un grado de medicina o uno de Ingeniería cuesta 2.372 euros en Cataluña, el triple que en Andalucía (757 euros) y el doble que en Extremadura (1.111 euros). Y un grado de Derecho cuesta el doble en Cataluña (1.516 euros) que en Andalucía (757 euros). Y un master en la Universidad pública de Barcelona tiene un precio medio de 4.000 euros, frente a 1.800 euros máximo en las universidades de Andalucía.

Sean cuales sean los precios, estudiar en la Universidad en España se ha encarecido mucho y somos el 6º país de Europa con los grados universitarios más caros (1.100 euros de media), tras Reino Unido, Irlanda, Italia, Letonia y Lituania, según un estudio elaborado por comisiones Obreras. Y el 7º país más caro de Europa en Master (se pagan 2020 euros de media), tras esos mismos paises y Grecia. Y según un estudio de los propios rectores, España es el cuarto país más caro para estudiar en la Universidad (1.257 euros de media en 2013-2014), sólo por detrás de Reino Unido (4.409 euros), Irlanda (2.500 euros) e Italia (1.300 euros). De hecho, apenas se paga por estudiar en la Universidad en Alemania (200 euros) , Francia (283 euros) o Polonia (41 euros) y hay 11 paises europeos donde estudiar en la Universidad es gratuito (Austria, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Grecia, malta, Noruega, Escocia-RU, Suecia, Turquía y Chipre). Y además de ser más cara, el Gobierno Rajoy ha endurecido los criterios y  recortado la cuantía de las becas a los universitarios.

La consecuencia de que la Universidad sea más cara y hayan bajado las becas es doble. Por un lado, hay 134.000 estudiantes que han dejado la Universidad desde 2012, según un informe de la Fundación CyD. Y por otro, han aumentado los alumnos en las universidades privadas, ahora que se han acortado los precios en Grados y sobre todo en los Master al subir más las tasas en las públicas. De hecho, los alumnos en los Grados de las 32 universidades públicas han crecido un 17,6% entre el curso 2008-2009 y el 2015-2016, mientras caían un 6,3% en las 50 Universidades públicas. Y en los Master, han crecido los alumnos de las públicas un 167% en estos 7 cursos, mientras aumentaban un 587% en las privadas. El resultado es que las Universidades privadas han ganado cuota de mercado a costa de las públicas: de un 11 a un 13% (173.381 alumnos) en enseñanzas de Grado y de un 15 a un 32% (52.710 alumnos) en enseñanzas de Master entre 2008-2009 y 2015-2016, según datos oficiales del Ministerio de Educación.

Las Universidades públicas pierden peso mientras no consiguen recuperarse de los recortes aplicados por Zapatero y sobre todo Rajoy: -1.370 millones, el 14% del Presupuesto de 2010. Y eso lleva a un problema de fondo, de falta de recursos: el gasto público en España por cada universitario es de 12.604 dólares, un  20% inferior a los 15.665 euros de gasto medio en Europa (UE-22) o a los 15.772 dólares por universitario que gasta la OCDE, según el informe “Education at a glance 2016”. Y España, como país, dedica el 1,3% de su PIB a financiar la Universidad, por debajo del 1,5%  del PIB que gasta la OCDE (34 paises). O sea, que tendríamos que gastar 2.250 millones de euros más cada año en la Universidad.

Pero hay más problemas en la Universidad española que la falta de dinero. Uno importante es ajustar la oferta universitaria, recortando titulaciones (hay 2.637 Grados y 3.661 Master) y fusionando Centros (hay 234 Campus, con ofertas de estudios similares a pocos kilómetros de distancia). Otro reto es reducir la endogamia (7 de cada 10 profesores trabajan en la misma Universidad donde leyeron su tesis) y abrir la docencia al mundo económico y empresarial. Y sobre todo, fomentar la autonomía universitaria y las auditorías de eficiencia y calidad (para que las Universidades españolas compitan en el mundo: sólo hay una, la de Barcelona, entre las 200 mejores Universidades del mundo). Pero, con todo, el mayor reto de la Universidad española es conseguir que sus licenciados trabajen.

Hoy por hoy, los títulos universitarios no son una garantía de empleo, aunque tengamos más universitarios que el resto de Europa (32,6% de los adultos frente al 27,1% en la UE). El 10,89% de los universitarios están en paro, menos que el conjunto de españoles (18,75% en paro) pero el doble de parados que en Europa (5,7% de paro entre universitarios) y en la OCDE (4,9% paro universitario). Y además, 1 de cada 3 universitarios que trabajan (el 33,7%) están subempleados, sobrecualificados: han hecho una carrera pero trabajan de otra cosa, de teleoperador o cajera de supermercado. Lo que sucede es que apenas hay trabajo para algunos licenciados (sólo el 4,8% de las contrataciones para Humanidades y Ciencias Sociales y un 9,7% para salud), mientras las contrataciones se concentran en licenciados en ADE, Economía y Derecho (40%), Ciencias e Ingenierías (27%), Informática y TICs (17,7%), según un estudio de la Fundación Everis sobre lo que demandan las empresas.

Cara al futuro, la brecha entre lo que se estudia y lo que necesitarán las empresas se va a agravar: en 2020 faltarán en el mercado español 1,9 millones de profesionales altamente cualificados, sobre todo perfiles STEM, el acrónimo en inglés de especialistas en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, según un estudio de Randstad. Y además, no bastará con tener esos títulos. Las empresas se quejan de que los universitarios españoles les sobra teoría y les falta formación práctica, habilidades para afrontar el reto laboral, que necesitan mejorar en idiomas y entorno digital, ser más flexibles y saber trabajar en equipo. Y saber adaptarse mejor a los cambios, empezando por cambiar de ciudad o país para trabajar.

Urge pensar menos en la Selectividad, en filtrar a los alumnos para entrar en la Universidad, y pensar más en lo que estudian para mejorar su salida laboral. Y eso exige un gran acuerdo Universidad-empresa, donde el mundo docente se abra a las necesidades de las empresas para configurar las carreras con más futuro, que mejor aseguren un empleo. Y enseñar practicando, en la Universidad y en las empresas. Esa debería ser la obsesión de la Universidad, los alumnos y los políticos cara a los próximos cursos. Enseñar para trabajar.

Universidad: cara, muy desigual y poco eficaz

Comenzó otro nuevo curso universitario con viejos problemas. El principal, la asfixia financiera de las 50 Universidades públicas, que han perdido 1.370 millones y 15.000 profesores desde 2010. Pero lo peor lo sufren los universitarios: el coste de las matrículas se ha disparado y España es el 4º país más caro de Europa para estudiar una carrera: 1.257 euros frente a 200 euros en Alemania o 185 en Francia. Y además, estudiar en Cataluña o Madrid cuesta más del doble que en Andalucía o Galicia. Los universitarios españoles tienen menos becas que los europeos y cobran muy distinto según donde vivan. En consecuencia, estudiar una carrera se ha puesto por las nubes y 70.000 jóvenes lo han dejado. Urge un pacto político para aportar más recursos a la Universidad y bajar las matrículas. Y reformar los Planes para que más universitarios estudien lo que las empresas necesitan. Si no, pasa lo que pasa: 14% de titulados en paro y 1 de cada 3 universitarios trabajando en lo que no han estudiado. Un desastre.
 

enrique ortega

Un millón y medio de jóvenes han iniciado el nuevo curso universitario 2015-2016, el quinto con recortes, aunque menores que en los años anteriores. España comenzó a recortar su gasto en educación en 2010, por primera vez en treinta años, y en este quinquenio se han recortado unos 8.000 millones en todas las enseñanzas. De ellos, a la Universidad (que se lleva un 20% del presupuesto educativo), le han tocado 1.370 millones de recortes, con lo que las 50 Universidades públicas tienen ahora un 14% menos para gastar que en 2010. Y para sobrevivir, han tomado dos medidas, sobre todo desde 2012: recortar gastos (unos 900 millones) y aumentar ingresos, subiendo las matrículas a los estudiantes (470 millones).

Los recortes en las Universidades públicas, promovidos por Hacienda y las menores aportaciones hechas por las autonomías (que financian el 84% de las Universidades), se han traducido en un fuerte recorte de los gastos (desde luz y calefacción a material y laboratorios), un desplome de las inversiones (ni arreglos ni nuevas aulas), en un abandono de proyectos (I+D+i), un fuerte endeudamiento (a costa de pagar elevados gastos financieros) y, sobre todo, en un despido o no renovación de profesores jubilados: se han perdido13.200 empleos sólo entre 2008 y 2013 (9% de su plantilla), según Hacienda. Y ya van más de 15.000 despidos. Todo ello en perjuicio de la calidad de la enseñanza universitaria española.

Pero si la asfixia financiera de las Universidades es grave, peor lo están pasando sus alumnos, obligados a pagar unas matrículas cada vez más caras y que ya financian un 23% del coste de sus estudios (el 77% restante lo pagan el Estado y las autonomías). El coste de las matrículas se ha disparado, según datos de la Conferencia de Rectores (CRUE): de media han subido un 45%, pero hay autonomías donde el coste se ha duplicado y más, como Cataluña (+158,4%), Madrid (+117,3%), Comunidad Valenciana (93,9%) o Castilla y León (+78%), mientras en otras subían poco, como Galicia (+5,1%) o Andalucía (+9,7%). Con ello, hay familias que, según donde viven, tienen difícil ya enviar a sus hijos a la Universidad: la matrícula media (gastos para vivir aparte) para estudiar un Grado costaba en el curso 2013-2014 (últimos datos de los Rectores) 2.011 euros en Cataluña, 1.820 euros en Madrid o 1.386 en Valladolid, frente a 713 en Galicia, 757 en Andalucía o 810 en Cantabria.

Con estos precios de las matrículas, España es el cuarto país de Europa donde resulta más caro estudiar en la Universidad, según los rectores (CRUE): 1.257 euros de media en 2013-2014, un coste sólo inferior al de Reino Unido (4.409 euros), Irlanda (2.500 euros) e Italia (1.300 euros) y muy superior al de las matrículas universitarias en Alemania (200 euros), Francia (283 euros), Polonia (41 euros) y países nórdicos (0 euros). De hecho, hay 11 países europeos donde estudiar en la Universidad es gratuito (Austria, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Grecia, Malta, Noruega, Escocia –RU, Suecia, Turquía y Chipre). Y los precios de estudiar en Cataluña sólo se superan en Irlanda y Gales. Esto en cuanto a las tasas para estudiar un Grado. En las tasas para estudiar un Master, las diferencias son mayores, porque en España se paga una matrícula media de 2.094 euros (casi el doble que en un Grado), mientras en la mayoría de Europa las tasas son similares a las de Grado y por tanto mucho más bajas, salvo en Reino Unido (4.810 euros) e Irlanda (6.000 euros): 1.300 euros en Italia, 200 en Alemania, 254 en Francia, 41 en Polonia  y 0 euros en los países nórdicos.

Para este curso 2015-2016, las matrículas universitarias siguen subiendo, aunque algo menos porque los nuevos Gobiernos autonómicos controlados por la izquierda han tratado de congelar o frenar las subidas. Las Universidades más caras siguen siendo las de Cataluña (39,53 euros por crédito, a multiplicar por 60 cada curso: 2.371 euros), Madrid (33 euros/crédito), Castilla y León (30,25€), Comunidad Valenciana (24,89 €) y Aragón (25,83€). Y las más baratas, Andalucía (12,62 euros/crédito: 757 euros/curso), Galicia (13,93 €), Cantabria (16,65 €), Murcia (16,78€), Extremadura (18,51€) y Canarias (18,95€). Esto son medias, ya que hay carreras más caras (como Medicina) y otras más baratas (Humanidades). Al final, cuesta casi 4 veces más estudiar en la Universidad más cara (Politécnica de Cataluña: 3.345 euros) que en la más barata (La Coruña: 854 euros). Una injusta desigualdad.

Las becas podrían ayudar a contrarrestar esta fuerte subida de las matrículas. Pero no es así. Desde 2012, el Gobierno Rajoy ha modificado la política de becas, recortando importes (270 millones) y endureciendo los criterios económicos y académicos para concederlas. El resultado es que hay más universitarios que reciben becas (unos 317.000, el 26%) pero con un importe mucho más bajo: la beca media ha bajado 466 euros por estudiante, de 2.530 euros (2010)) a 2.063 euros en 2014 (-18,5%), según datos de los Rectores (CRUE). Y pasa lo mismo que con las tasas: el importe de las becas varía mucho entre las autonomías. Los mayores recortes en el último quinquenio se han dado además en las autonomías más pobres, en Galicia (-21,3%), Andalucía (-21,3%) y Murcia (-19,5%) y los menores en Cantabria (-1,97%), Comunidad Valenciana (-6,11%) y Madrid (-6,58%).

En esto de las becas universitarias, España también “es diferente”. En la mayoría de países occidentales se gasta más en becas (0,31% del PIB en la OCDE y 0,39% del PIB en USA frente al 0,14% en España) y encima se dan más becas en los países con los estudios más baratos (o gratuitos), porque la beca se concede más para pagar los gastos totales de los universitarios que su matrícula (aquí, el 20% de las becas son sólo para pagar matrículas). Y sólo en 12 países europeos se utilizan criterios académicos para conceder becas, como hace el Gobierno Rajoy en España (en la mayoría, lo único que cuenta es la renta). Y en muchos países hay además desgravaciones fiscales a las familias.

Tenemos pues una Universidad asfixiada por los recortes y muy cara para los estudiantes, porque está mal financiada: le faltan recursos públicos. España dedica unos 8.400 millones a la Universidad pública, un 0,84% del PIB, muy por debajo de la media europea (1,26% PIB) y de países como Francia (1,35%) o Alemania (1,30%), en línea con Italia y Reino Unido (0,84%9, donde los universitarios pagan también matrículas caras. Haría falta aumentar esta financiación pública, hasta el 3% del PIB que recomendaba en 2013 el Comité de Expertos sobre la reforma universitaria. Eso supondría dedicar a la Universidad 22.000 millones más al año, algo impensable a corto plazo. Pero si muchos expertos defienden destinar 10.000 millones más cada año a toda la enseñanza, bien podrían destinarse 2.000 millones más a la Universidad, lo que permitiría contratar profesores, superar los recortes que más afectan a la enseñanza, rebajar matrículas y, sobre todo, aumentar becas, en importes y beneficiarios, para que nadie deje de ir a la Universidad por su precio (los Rectores estiman que 70.000 estudiantes la han dejado por eso desde 2012).

Pero no sólo hace falta más dinero, aunque sea prioritario. La Universidad tiene que resolver otros problemas, empezando por ajustar su oferta, recortando titulaciones (2.413 Grados y 2.758 Master) y fusionando centros (hay 236 Campus de 83 Universidades, 50 públicas y 33 privadas), con ofertas similares a pocos kilómetros. Y es clave orientar a los universitarios hacia carreras técnicas (más demandadas), reduciendo la oferta de Humanidades y Ciencias sociales (con menos salidas) y fomentando el trasvase de jóvenes bachilleres a la Formación Profesional Superior (con más empleos). Porque el gran drama de la Universidad es que, después de ser una de las más caras de Europa para las familias, no asegura el trabajo futuro de los jóvenes. Por un lado, los titulados tienen un 14% de paro, el triple que en la OCDE (4,8%), aunque sea la mitad que el paro de los no titulados (del 22 al 50%) y buena parte de la culpa la tenga la estructura de nuestra economía, no sólo la formación. Y por otro, 1 de cada 3 universitarios españoles acaban trabajando (con contratos temporales y por horas) en algo que nada tiene que ver con lo que han estudiado, sobrecualificados y frustrados, desde camarero a cajera de supermercado. "La educación española no prepara para el mundo laboral", acaba de dictaminar un estudio de la OCDE.

Así que habría que aprovechar las próximas elecciones para plantear un debate serio y un gran pacto político-educativo sobre el futuro de la Universidad española, centrado en su financiación, sus costes, su oferta y la utilidad para el empleo de la enseñanza que se ofrece, debatiendo de nuevo la conveniencia o no de aplicar última reforma impuesta por el Gobierno Rajoy, las carreras de tres años más uno de Master (3+1), en sustitución del sistema actual (4+1), un cambio motivado básicamente por recortar más gasto (entre 600 y 800 millones de euros) y que los Rectores han pedido retrasar dos cursos más, hasta el año 2017. La Universidad es clave para la recuperación y el empleo, pero ahora está medio quebrada y es poco eficiente, cara y muy desigual según donde los jóvenes vivan. Y eso es muy injusto. Hay que empezar a cambiarlo en la próxima Legislatura. Piense también en ello al votar en diciembre.

La Universidad no aguanta más

Los universitarios vuelven a clase para completar un curso difícil de acabar, por la asfixia financiera de muchas Universidades y la tensión desatada por la subida de tasas y la pérdida de becas. Los recortes de los últimos cuatro años han puesto a la Universidad bajo mínimos, tras perder un 14% de sus recursos, un 9% de profesores, muchas inversiones y gran parte de su investigación. Y todo ello, acompañado de una creciente tensión en las aulas, con encierros, manifestaciones y policías en los Campus, por el desánimo de unos alumnos que pierden becas, pagan más tasas, reciben una enseñanza peor y se  desalientan por su incierto futuro laboral. Además, está bajando el número de universitarios, mientras crece la FP superior. Urge inyectar recursos y profesores a la Universidad, junto a una profunda reforma de titulaciones, porque si hay muchos universitarios en paro, los jóvenes poco formados trabajan aún menos. Rescaten a la Universidad.
 

enrique ortega

Una de cada cinco Universidades españolas tiene actualmente graves problemas de liquidez, según la Conferencia de Rectores: les resulta difícil pagar las nóminas cada mes, la luz o el teléfono, deben a los proveedores y no pueden reparar los edificios ni comprar libros, ordenadores, mobiliario o material. Y todas las Universidades se sienten vigiladas por Hacienda, que les obliga a cumplir estrictamente con su Presupuesto para junio, so pena de ser sancionados con un plan de ajuste más riguroso, como las autonomías.

Todo ello es fruto de cuatro años de recortes en la financiación pública a la Universidad y de los 1.000 millones que les deben sus propias autonomías. Entre 2010 y 2013, las 50 Universidades públicas han perdido 1.388 millones de euros de la financiación que reciben del Estado (10%) y de las autonomías (70%), un -13,72% de sus ingresos, según un estudio de CCOO, al que habría que sumar otros 500 millones de rebaja en las partidas universitarias de investigación (I+D+i). Las Universidades que han sufrido un mayor recorte son las de Castilla la Mancha (-29,68%), Cantabria (-19,6%), Murcia (-19,46%), País Vasco (-18,71%), la Rioja (18%) y Cataluña (17,3%). Tras los nuevos recortes en 2014, España destina unos 8.500 millones de euros a la Universidad pública, un 0,85% del PIB, por debajo de Europa (1,26% PIB), Francia (1,35%) o Alemania (1.30%), en línea con Italia y Reino Unido (0,84% PIB).

Dos terceras partes de este recorte se ha traducido en menos inversiones, desde obras e instalaciones a material, ordenadores, equipos e investigación. Y el otro tercio se ha quitado de gastos de personal, reduciendo plantillas: entre 2008 y 2012 se han perdido 13.200 empleos en las Universidades, según datos de Hacienda. De ellos, 5.987 son profesores despedidos y 7.223 personal no docente. Sumando los recortes no contabilizados inicialmente en 19 Universidades y los despidos de 2013 y 2014, podría rondar las 17.000 personas, un 12% de la plantilla universitaria. Menos profesores para más alumnos: el número de universitarios creció en 32.000 entre 2010 y 2013 Y lo más grave es lo que está por venir: como sólo se cubren un 10% de las jubilaciones, las plantillas seguirán cayendo.

Además de hacer estos ajustes, el Gobierno Rajoy obligó a las Universidades a subir las tasas, para cubrir un 20% de sus ingresos (y el 25% el próximo curso). Con ello, los alumnos pagan las matrículas un 20% más caras en los dos últimos cursos, aunque hay autonomías que han subido las tasas mucho más: Cataluña (+66,7%), Madrid (+66%), Castilla y León (+43,8%), Canarias (+42,1%) y Comunidad Valenciana (+34,7%). Así aumenta la desigualdad a la hora de estudiar: un estudiante madrileño o catalán paga ahora tres veces más que un gallego o andaluz por estudiar la misma carrera (de 750 a 2.100 euros). Y estudiar un master ha subido mucho más, hasta un 130% en Madrid (3.900 euros).

Mientras es más caro estudiar, hay menos ayudas para los que no pueden pagarlo. Por un lado, se han recortado los importes y por otro, se han endurecido los criterios para dar las becas, retrasando su pago (en abril aún no se había recibido el importe de este año). Con ello, se estima que unos 20.000 universitarios perdieron su beca el curso 2012-2013 y podrían ser aún más este curso, sin olvidar los recortes en otras ayudas, como las becas Erasmus, la supresión de las becas Séneca (para cambiar de Universidad) y las becas de idiomas. Todo ello cuando España dedica a becas la tercera parte de recursos que la media de países de la OCDE (0,11% del PIB frente al 0,31%).

Matrículas más caras y menos becas son un cocktail explosivo que está provocando fugas de alumnos de la Universidad: en los dos últimos cursos, las Universidades públicas han perdido 22.334 alumnos en grados (hay 1.272.047 universitarios), mientras aumentaban 3.666 alumnos en las privadas (166.068 alumnos). Y han caído más los alumnos de master públicos: -14.334 entre 2012 y 2014 (hay 74.499 matriculados), mientras también aumentaban 8.613 en las Universidades privadas (hay 35.614 matriculados). Una parte de las fugas son universitarios que se han ido a hacer Formación Profesional Superior, porque las matrículas son más baratas (400 € las más caras), los estudios duran menos (2 años en vez de 4), hay bastante oferta (más de 100 títulos) y más salidas profesionales, aunque con menos sueldo.

Entre la asfixia financiera, la falta de medios y profesores, la subida de tasas y el recorte de becas, la tensión crece en la Universidad, donde los alumnos han protagonizado en marzo encierros, manifestaciones y protestas, con graves incidentes y la vuelta de la policía a los Campus, como en los años 70. Junto al deterioro y el encarecimiento de la enseñanza, pesa el desánimo de los jóvenes ante su incierto futuro laboral. Saben lo que hay: un 40% de los licenciados trabajan, al cabo de 7 años de terminar su carrera, en un empleo por debajo de su formación, la mitad con contrato temporal y ganando menos de 1.500 euros, según un informe del Ministerio de Educación. Claro que peor están los que tienen poca formación: los universitarios tienen una tasa de paro del 13,5% frente al 26 % del total (aunque es el doble del paro que tienen los universitarios en la OCDE). Y está demostrado que los universitarios que trabajan acaban cobrando hasta el doble que el resto, según un estudio de ICSA.

Ahora, la angustia de las Universidades es cerrar el curso con el Presupuesto recortado y que no les sancione Hacienda por acabar con déficit y deudas. Lo tienen difícil, pero peor aún será el curso que viene, donde volverá a haber recortes, para seguir bajando el déficit. Y ya no hay más donde cortar, salvo de nuevo en plantillas, al no cubrirse las jubilaciones. Por eso, el Comité de Expertos sobre la futura reforma universitaria ya pedía al Gobierno, en 2013,  aumentar la financiación a la Universidad, hasta el 3% del PIB, lo que supondría dedicarle  22.000 millones más, algo impensable en el corto plazo (aunque sea sólo la quinta parte de lo que nos ha costado el rescate de la banca). Los rectores también han pedido una ley de Mecenazgo, para mejorar el trato fiscal a las donaciones a la Universidad (eximen de un 25-35% de impuestos, mientras en Francia eximen del 66% y en EEUU un 100%).

Pero no sólo hace falta más dinero, que es lo prioritario. La Universidad tiene que afrontar cambios, empezando por ajustar su oferta, recortando titulaciones (2.413 grados y 2.758 Master) y fusionando centros (hay 236 Campus, en todas las capitales, con ofertas muy similares a pocos kilómetros). Y orientar a los estudiantes hacia carreras técnicas más demandadas, reduciendo la oferta de Humanidades y Ciencias Sociales, con menos “salida”. Y fomentar el trasvase de jóvenes bachilleres a la FP Superior, con más salidas. Además, hay que optimizar la inversión pública en la Universidad, mejorando la organización de los Campus (con menos endogamia y más profesores de fuera), ampliando la autonomía universitaria a cambio de mayores controles y auditorías externas de eficiencia y calidad. Y, sobre todo, fomentar unas Universidades más ligadas a las empresas y más internacionales. Todo ello exige un gran pacto político y universitario, que cuente con Universidades, profesores y alumnos, para gastar mejor el dinero de todos. Lo de ahora, el sálvese quien pueda, nos conduce a un estallido de la Universidad. Al tiempo.