España: más pobres y menos clase media

España es el tercer país europeo donde más ha aumentado la pobreza con la crisis, tras Grecia e Italia: hay 12.236.000 “pobres” (ganan menos del 60% que  la media), casi millón y medio más que en 2008. Son sobre todo parados, inmigrantes, trabajadores precarios, jóvenes, niños y mujeres solas con hijos que viven en la mitad sur de España. Y uno de cada cuatro, 3.111.000 españoles, están “en pobreza severa”: malviven con menos de 355 euros al mes (solos) o 745 euros (familias). En paralelo, la crisis ha reducido la clase media, más en España que en Europa, y ha duplicado los millonarios. Este aumento de la pobreza y la desigualdad no sólo es injusto: es también uno de los tres graves problemas económicos de España, junto al paro y la deuda, según la ministra de Economía. Por eso urge aprobar un Plan contra la pobreza, que se ha hecho crónica y se ha agravado en muchas familias, según Caritas. Volcarse en las víctimas de la crisis, que no notan la recuperación. 

enrique ortega

Europa, la primera potencia económica del mundo, tiene 112,9 millones de pobres, un 22,5% de la población que ingresa menos del 60% que la media europea, según los recientes datos de Eurostat (de 2017). Con todo, son 3,15 millones menos de europeos pobres que antes de la crisis (había 116,07 millones en 2008, el 23,5% de la población), gracias a que la recuperación económica ha permitido bajar la pobreza en 16 de los 28 paises europeos, sobre todo en Polonia (del 30,5% de la población al 19,5%), Rumanía (del 44,2 al 35,7%), Letonia (del 38,2 al 28,2%) y Bulgaria (del 44,8 al 38,9%), aunque también en Alemania (del 20,1 al 19%), Francia (del 18,5 al 17,1%), Reino Unido (del 23,2 al 22,2%) y Portugal (del 26 al 23,3%). Pero la pobreza ha subido en 11 paises europeos respecto a 2008, sobre todo en Grecia (del 28,1 al 34,8%), Italia (del 25,5 al 28,9%) y España (del 23,8 al 26,6%). Somos el 7º país con más pobreza de la UE-28 (tras Bulgaria, Rumanía, Grecia, Lituania, Italia y Letonia) y el 5º país con más pobres de la zona euro, según Eurostat.

España, la quinta mayor económica europea, tenía 12.236.000 “pobres” en 2017, según la estadística europea AROPE, que incluye a las personas que ingresan menos del 60% de la renta media de cada país o sufren privaciones materiales o trabajan pocas horas. Son el 26,6% de la población, más de 1 de cada 4 españoles, un porcentaje mayor que el de 2008 (23,8% población estaba en la pobreza) pero que lleva tres años consecutivos bajando, desde el máximo de pobreza alcanzado en 2014 (29,2% de la población).

La pobreza en España se reparte de manera desigual y se concentra en colectivos muy concretos: mujeres (27,1% de pobreza y 6,4 millones de mujeres pobres frente a 5,9 millones hombres, con una tasa de pobreza del 26%), parados (59,1% son pobres), inmigrantes (40,8% de pobreza entre los que vienen de Europa y 58,7% los del resto del mundo), jóvenes (34,8% de pobres entre las personas de 16 a 29 años), niños (31% están en situación de pobreza) y madres solas con niños (47,9% en riesgo de pobreza) y los trabajadores con contratos precarios, según el reciente informe de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza (EAPN) . Por autonomías, la pobreza se concentra en la mitad sur de España, con 6 autonomías que tienen más pobreza que la media española: Extremadura (44,3% de los extremeños están en situación de pobreza), Canarias (40,2%), Andalucía (37,3%), Murcia (34,7%) y Comunidad Valenciana (34,3%), más Ceuta (35,8%) y Melilla (34,7%). Y de las 11 restantes, 9 autonomías tienen menos pobreza que la media europea (22,5%), destacando Navarra (13,5% pobres), La Rioja (14,4%), País Vasco (14,5%) y Aragón (15,8%).

La estadística europea de pobreza AROPE tiene tres componentes. El primero valora la pobreza monetaria, que califica de “pobres” a las personas que ingresan menos del 60% de la renta media de cada país. En España, las personas solas que viven con menos de 8.522 euros anuales (710 euros al mes) y las familias con dos niños que ingresan menos de 17.896 euros al año (1.491 euros/mes). En 2017 eran 10.059.000 personas en pobreza monetaria, el 21,6% de los españoles (en la UE-28, el 16,9% de la población), 300.000 más que en 2016 y 900.000 más que en 2008. Aquí, los más afectados vuelven a ser las mujeres (22,2% pobreza monetaria), los jóvenes (28,5%), los menores de 16 años (28,8%), los extranjeros (39,2% los europeos y el 52% los del resto del mundo), una parte de los pensionistas (29,6% pensiones están por debajo de los 609 euros) y muchos trabajadores (un 14,1% de los que trabajan son “pobres”), según el estudio de la EAPN.

El segundo componente de la pobreza AROPE son las personas que sufren “privación material severa”: tienen dificultades para llegar a fin de mes (el 53,3% de los españoles), no pueden hacer frente a alquileres o facturas de gas o electricidad ni tomarse una semana de vacaciones al año. En 2017 tenían privación material severa 2,3 millones de españoles (700.000 más que en 2008), un 5,1% de la población, menos que en Europa (el 6,9% en la UE-28). Y el tercer componente de la pobreza AROPE son los ciudadanos que viven en hogares con adultos que trabajan pocas horas (menos de un 20% en el último año). En España son 5,77 millones de personas, un 12,8% de la población, más que en Europa (9,3%) porque tenemos el doble de paro.

Los que sufren alguna de estas tres formas de pobreza (monetaria o privación material o bajo empleo) son esos 12.236.000 españoles en situación de pobreza, el 26,6% de la población. Pero de ellos, hay 791.726 españoles que sufren las tres formas de pobreza, los que están peor entre los pobres. Y además, uno de cada tres pobres, 3.111.000 españoles, sufren “pobreza severa”, más que en 2014 (al iniciarse la recuperación). Se llama así cuando la persona o familia ingresa menos del 30% de los ingresos medios del país: en España, menos de 4.261 euros anuales (355 euros/ mes) las personas solas y menos de 8.948 euros (745 euros mensuales) las familias con 2 hijos. Son sobre todo parados, menores, jóvenes, madres solas con niños y extranjeros. El último informe FOESSA 2018, encargado por Cáritas, amplía esta cifra de pobreza extrema a 4 millones de españoles (1,2 millones más que en 2007), que viven en 1,5 millones de hogares “extremamente vulnerables”, con serios problemas para sobrevivir cada día. Y de ellos, 600.000 españoles sufren “inseguridad alimentaria severa”, según un reciente estudio de la FAO. Vamos, que pasan hambre y comen gracias a 6.000 ONGs y a los bancos de alimentos, que en 2017 dieron de comer a 1.440.000 españoles, según Cruz Roja española.

La otra cara de la pobreza es la desigualdad, que también ha aumentado con la crisis. El número de “superricos” (los que declaran patrimonios superiores a 30 millones de euros) se ha triplicado entre 2006 (200) y 2016 (579), según datos de Hacienda. Y se han duplicado los que tienen entre 6 y 30 millones (de 3.732 a 6.053). Además, los ricos son cada vez más ricos, según el informe de la Red europea EAPN: si en 2008, el 10% más rico tenía un patrimonio 9,6 veces mayor que el 10% más pobre, en 2017 era 12,9 veces mayor. Y si el 20% más rico lo tenía 5,6 veces mayor que el 20% más pobre, en 2017 era ya 6,6 veces mayor. Y si analizamos el índice de Gini (cuanto más alto, más desigualdad), ha subido en España del 32,4 (2008) al 34,1 en 2017, por encima de la media UE-28 (30,3) y es el tercer mayor índice de desigualdad de Europa, tras Bulgaria (40,2) y Lituania (37,6). Y España es el tercer país europeo donde más ha crecido la desigualdad con la crisis, tras Bulgaria e Italia.

Crecen los pobres, crecen los ricos y en medio, la clase media se reduce, a costa de que muchos españoles dejan de ser clase media (los que ingresan entre 15.000 y 40.000 euros anuales) y pasan a ser “clase baja” (ingresan menos de 15.000 euros). De hecho, 1 de cada 6 hogares de clase media ha pasado a ser clase baja entre 2009 y 2014, según un estudio del experto Luis Ayala publicado por la Fundación Alternativas. Si el avance de la clase media fue uno de los grandes méritos de la transición y el crecimiento económico de finales del siglo XX y principios del XXI (pasó de integrar al 60,9% de los españoles en 1973 al 66,2% en 2010), la crisis ha reducido su peso hasta el 61% de los hogares en 2014, último dato disponible. Una caída de la clase media que se ha dado en todo el mundo, pero España es el país de Europa occidental donde más se ha reducido la clase media, según un informe del PRC. Y con ello, su peso es menor al que tiene en Francia o Alemania (66-70%), Reino Unido (62%) y sobre todo, los paises nórdicos (70% hogares son clase media).

En definitiva, que 5 años de recuperación económica (desde la primavera de 2014) no han servido para contrarrestar la dura factura de la crisis y España tiene hoy menos clase media, más ricos y más pobres que en 2008. Pobreza ha habido siempre, pero ahora se ha generalizado más: ya no son pobres los de siempre, sino que malviven 12.236.000 personas, la mayoría nacidos en España (el 81% de los pobres), muchos con un nivel educativo medio (hay incluso 1 millón de universitarios en la pobreza, el triple que en 2008) y muchos son pobres teniendo un trabajo (el 14,8% de los trabajadores son pobres en España, el país occidental con más ocupados pobres, sólo por detrás de China, India, Costa Rica, Brasil, Turquía y México, según la OCDE). Y otra novedad: la pobreza se ha hecho crónica, según advierte Cáritas: algunas familias llevan más de una década siendo pobres y el problema ha pasado de padres a hijos, sobre todo entre parados mayores, inmigrantes, mujeres solas con niños y jóvenes sin estudios. Y los que son pobres ahora viven peor que en 2008: ha aumentado la brecha de la pobreza (ese año ingresaban un 25.6% menos que la media del país y en 2007 ingresan un 32,4% menos, según el informe de la red EAPN), porque se les han acabado los ahorros y tienen menos ayudas públicas (por los recortes) y de padres, familiares o amigos.

España ha incumplido el compromiso Estrategia Europa 2020, que Zapatero firmó en marzo de 2010 con la Comisión Europea: reducir el número de pobres entre 1,4 y 1,5 millones entre 2009 y 2019. En realidad, han aumentado en 1,45 millones entre 2008 y 2017, según Eurostat. ¿Qué se puede hacer para reducir la pobreza? La Comisión Europea lleva años criticando al Gobierno Rajoy por no tomar medidas eficaces para reducir la pobreza y la OCDE, en su informe “Apuesta por el crecimiento 2018” (de marzo 2018), dio una serie de “recetas” a España “para que la mayoría de la sociedad se beneficie de la recuperación”: mejorar las políticas de empleo (recuerda que España gasta en políticas activas de empleo la mitad que la OCDE), mejorar las ayudas a los parados de larga duración, reformas fiscales (bajar impuestos a los salarios más bajos y subir impuestos al gasóleo, IVA y contaminación), hacer reformas laborales (reducir la dualidad fijos/temporales y mejorar la calidad del empleo y la productividad) y, sobre todo, mejorar la educación y la formación de los jóvenes.

Luchar contra la pobreza y la desigualdad no sólo es una exigencia de justicia social y equidad, es una exigencia económica, como acaba de indicar la ministra de Economía, Nadia Calviño, al señalar los tres mayores desequilibrios de nuestra economía: el paro, la deuda y la pobreza y desigualdad. Y eso porque tener 12,2 millones de españoles malviviendo reduce el consumo y frena el crecimiento, rebaja la recaudación fiscal, deteriora las cotizaciones y las pensiones y aumenta el gasto y el déficit. Pero además de ser un problema económico, la pobreza y la desigualdad también son un problema político, porque muchos de estos pobres están “excluidos de la sociedad”, no se integran ni participan y son caldo de cultivo de populismos y fascismos, como se ha visto en Europa y se puede ver en España.

Así que la lucha contra la pobreza y la desigualdad debería ser una prioridad social, económica y política en España, al margen de quien Gobierne. Y eso debería traducirse en aprobar un Plan contra la pobreza, centrado en los colectivos más vulnerables (niños, jóvenes, parados, mujeres, inmigrantes y trabajadores precarios), con más ayudas públicas, homogéneas en toda España (la renta mínima, que reciben sólo 668.578 españoles, es muy dispar y depende de cada autonomía), complementadas con ayudas alimenticias, a la vivienda y la educación de las familias pobres. Claro que un Plan creíble contra la pobreza exige gastar al menos 10.000 millones anuales. Y el problema es cómo conseguirlos, lo que exige, como para casi todo (lucha contra el paro, mejora de las pensiones, más vivienda pública, mejora de la sanidad, la educación y la dependencia…), una reforma fiscal, para recaudar más, porque España recauda menos que la mayoría de Europa. En 2017, se recaudó un 37,9% del PIB en España mientras la media UE-27 recaudó un 44,9% del PIB, segúnEurostat. Esto significa que si recaudáramos como el resto de Europa, Hacienda debería ingresar 81.456 millones más al año, Una parte debería ir a paliar la pobreza.

En resumen, que mucho se habla de “recuperación económica” pero hay más españoles malviviendo y más millonarios que en 2008, mientras cae la clase media. Y si vienen mal dadas, si la economía internacional y española empeoran, la pobreza y la desigualdad aumentarán. Mientras, son ya un cáncer social, económico y político que hay que extirpar para crecer de una manera más justa y sostenible. No podemos mirar para otro lado.

España, paraíso inmobiliario

España lleva dos años batiendo récords de inversión inmobiliaria, en oficinas, Centros comerciales, hoteles, naves industriales y viviendas de lujo y turísticas. El motor  de este nuevo “boom” del ladrillo son los extranjeros: Fondos de inversión norteamericanos y europeos junto a millonarios chinos, árabes, mejicanos, indios, coreanos, turcos, japoneses o filipinos. España es un gran “casino inmobiliario” y quizás por eso acaba de desembarcar el dueño de Pokerstars (apuestas online). También hay inversores y millonarios españoles apostando por el ladrillo: incluso algunos jugadores del Madrid y Barça se preparan a invertir juntos en inmuebles, buscando altas rentabilidades, mayores que la deuda o la Bolsa. Los expertos dicen que no hay “burbuja inmobiliaria”, pero el riesgo está ahí, sobre todo en el exceso de inversiones en Centros comerciales y hoteles. El aluvión de compras seguirá dos o tres años más y luego los inversores recogerán beneficios y buscarán otro paraíso, quizás en el este de Europa. Y nos quedaremos con la burbuja y sus problemas. No aprendemos.
 

enrique ortega

España ya fue un “paraíso inmobiliario” a finales del siglo XX y comienzos del XXI. En 2008 estalló la burbuja y agravó la crisis financiera, provocando un desplome de los precios y un sinfín de inmuebles y solares sin vender. Pero al olor de los precios bajos, volvieron a España en 2013 los “Fondos buitres”, buscando oficinas e inmuebles con los que especular. Y así, con la ayuda del dinero barato y los favores fiscales del Gobierno Rajoy (SOCIMIs), la inversión inmobiliaria se ha ido recuperando y creciendo de forma imparable: si en 2013 se invirtieron 4.700 millones de euros, en 2014 se duplicó con creces la inversión (10.200 millones), en 2015 dio otro salto a  los 13.000 millones y se consolidó en 2016 con otros 13.900 millones, el mejor año de la historia inmobiliaria reciente, según datos de la consultora CBRE.

El “boom” inversor  va a más, como lo prueba que en el cuarto trimestre de 2016 se invirtieran más de 7.500 millones en el sector inmobiliario español, más que en los años 2011,2012 y 2013 juntos. España es el 4º país con más inversión inmobiliaria en Europa (13.900 millones de euros), por detrás de Reino Unido (62.200 millones de inversión), donde hay una peligrosa “burbuja inmobiliaria”, Alemania (52.500 millones) y Francia (25.700 millones). En 2016, el mercado más activo han sido las oficinas, que se han llevado 5.037 millones de inversión, con compras destacadas como la Torre Cepsa por Amancio Ortega (490 millones) o Torre Espacio (558 millones). Le siguen las inversiones en Centros Comerciales (4.300 millones), que han crecido un 22%, un negocio donde se han invertido más de 6.000 millones en dos años, con numerosas compraventas y apertura de nuevos Centros. Y el tercer destino inversor son los hoteles (2.155 millones invertidos en 2016), con importantes operaciones en Madrid (Hoteles Villamagna y Ritz) y Barcelona (Silken). Y el resto han sido naves y fábricas (726 millones) e inmuebles de lujo y en zonas turísticas (1.682 millones). Del total de inversiones inmobiliarias, el 43% fueron a Madrid y el 17% a Barcelona.

Varias son las causas de este nuevo “boom” inmobiliario. La primera y fundamental, la caída de los precios, que ha hecho muy atractivo volver a comprar inmuebles, desde oficinas a hoteles y centros comerciales o naves industriales. El sector se ha “purgado”, con una caída de precios de la vivienda del -42,2% entre 2008 y 2014 según la tasadora Tinsa.  Y los precios de los solares llegaron a caer hasta un -80%. Ahora, aunque los precios han subido en 2015 (+4,5%) y 2016 (+4,6%), todavía son muy atractivos y los inversores “huelen” importantes plusvalías en pocos años. Y confían en una mejora de la demanda, porque las empresas están aumentando sus beneficios y sube el consumo. Además, a la vista de los bajos tipos de la deuda pública en toda Europa (por debajo del 1,5%) y de los vaivenes de la Bolsa, el sector inmobiliario asegura una rentabilidad del 6 al 8%, sólo con alquileres (oficinas, inmuebles, hoteles y Centros comerciales), sin contar con las plusvalías al vender.

El principal motor de este nuevo “boom” inmobiliario han sido los inversores extranjeros. Ya en 2013 empezaron a venir los llamados “Fondos buitres”, especialistas en buscar gangas y conseguir plusvalías a corto plazo, Fondos que han empezado a vender y están siendo sustituidos por Fondos internacionales menos especulativos. De hecho, España fue en 2016 el 2º país europeo con más inversión extranjera en inmuebles, tras Polonia. Por un lado son Fondos y gestores de Planes estadounidenses y europeos (británicos, alemanes, franceses y luxemburgueses), a los que se han sumado numerosos millonarios de múltiples paises: chinos (grupo Wanda compró el edificio España y el 20% del Atlético de Madrid, para controlar la operación del nuevo estadio y también están las operaciones inmobiliarias de las empresas chinas ICBC, CIC y grupo GPRO), japoneses (Saltoki compró la sede catalana de Pioneer), coreanos (Fondo de Pensiones NPS), filipinos (Andrew Tan compró Torre Espacio), indios (familia Olayan compró Hotel Asturias), singapurenses (grupo FCL compró Hotel Porta Marina), indonesios, turcos (grupo Dogus compró Hotel Villamagna), árabes (Fondo soberano de Qatar es el primer inversor de la inmobiliaria Colonial), israelíes, mejicanos (el ex dueño de la cerveza Corona entró también en Colonial)… Y el último, para completar el ambiente de “casino inmobiliario”, el dueño de la multinacional de juego online Pokerstars, que ha invertido 375 en el Edificio Canalejas (Madrid), la antigua sede de Banesto-Santander.

A pesar de esta “invasión”, los Fondos, gestoras y millonarios extranjeros sólo suponen el 37% de la inversión inmobiliaria hecha en España en 2016. La mayor apuesta inversora, el 40%, la han hecho las sociedades de inversión inmobiliaria, las llamadas SOCIMI, quedando el 23% restante para inversores particulares (compran pisos para alquilar y especular). Las SOCIMI son unas sociedades creadas a partir de 2014, para aprovechar el nuevo “boom inmobiliario”, al amparo de una legislación fiscal muy favorable que aprobó el Gobierno Rajoy en diciembre de 2012, para que se desarrollaran como en otros paises: no pagan impuestos (sociedades) porque son sus accionistas quienes tributan por dividendos y están obligadas a mantener tres años al menos los inmuebles que compran. Las SOCIMI son los nuevos “señores del ladrillo”, en sustitución de las viejas inmobiliarias que quebraron o suspendieron pagos (Martinsa, Astroc, Royal Urbis…), el vehículo que utilizan bastantes inversores extranjeros y muchos españoles (cotizan en Bolsa), incluidos los bancos. Incluso algunos jugadores del Madrid y del Barça están estudiando participar juntos, con tenistas y deportistas de élite, en una SOCIMI para jugar también en el rentable “casino inmobiliario” español.

Las SOCIMI han crecido como setas al calor del nuevo “boom” inmobiliario: ya hay 34 sociedades de inversión inmobiliaria cotizando en Bolsa, 16 creadas en 2016. Y entre todas manejan más de 14.000 millones en activos inmobiliarios, desde oficinas a hoteles y Centros comerciales, fábricas y naves, inmuebles y solares. La SOCIMI líder es Merlin Properties, controlada por la banca española (22,27% Santander y 6,44% BBVA), con 9.606 millones de activos tras la compra en 2016 de la inmobiliaria Metrovacesa. Le sigue a distancia GMP (1.800 millones en activos), de la familia Montoro Alemán y el fondo GIC de Singapur, que posee la mayor cartera de oficinas. En tercer lugar,  Hispania (1.793 millones), participada por el millonario George Soros y varios Fondos USA, especializada en hoteles. La cuarta es Axiare (1.300 millones en cartera), liderada por Inmobiliaria Colonial y especializada en oficinas. Y la quinta, Lar España (1.210 millones), controlada por el grupo Lar y los fondos USA Pimco y Franklin Templeton, especializada en centros Comerciales. Todavía hay 29 SOCIMIs más que cotizan en el segundo mercado bursátil, el MAB: Uro Property (bancos españoles y Zilotti Holding), ISC Freshwater (Fondo mexicano Fibra Uno), Zambal (magnate francés Pierre Castell), Fidere (Blackstone, el mayor Fondo del mundo)… En paralelo hay dos grandes inmobiliarias: Pontegadea (6.600 millones en activos), de Amancio Ortega (Inditex) y Colonial (5.575 millones), de Villar Mir (OHL) ahora controlada por qataríes y mejicanos.

Entre los Fondos de inversión internacionales, los millonarios españoles y extranjeros, los bancos y cientos de pequeños inversores que operan a través de las SOCIMIs, el mercado inmobiliario español está en plena ebullición y todo apunta a que seguirá batiendo récords, al menos en 2017 y 2018. Ya en enero de este año hemos visto operaciones como la compra de la Torre Agbar en Barcelona o la nueva venta del Edificio España, para gestionarlo como hotel. Todo apunta a que seguirán aumentando las compras de oficinas, más en Madrid  que en Barcelona y también fuera (se apuesta por Málaga, Valencia y Bilbao), de naves industriales (por el auge de Amazon y el e-commerce), el crecimiento de Centros comerciales (se van a abrir 24 Centros hasta 2018, 1 de cada 9 que se abrirán en Europa) y, sobre todo, las ventas de hoteles (2.000 millones en 2017), al calor del récord de turistas. De hecho, el ladrillo español es una de las grandes apuestas del banco Goldman Sachs para 2017. Y España se puede beneficiar del Brexit, de la huida de multinacionales y bancos fuera de Londres. Además, el mercado se puede reanimar más con las primeras ventas de activos de las SOCIMIs, que ya este año cumplen los tres de cuarentena para poder vender sin tributar por plusvalías. El sector está a la espera de lo que hagan los nuevos Ayuntamientos, que tienen pendientes  importantes remodelaciones urbanísticas, como la aprobación de la Operación Chamartín en Madrid o el freno a nuevos hoteles y apartamentos turísticos en Barcelona.

Los inversores internacionales tienen mucho “dinero caliente” pendiente para invertir, ahora que no es rentable tenerlo en deuda pública o en una Bolsa que sigue muy volátil. Por eso, seguirán llegando inversiones a España, a la caza de “gangas” y al calor de la subida de precios en inmuebles, oficinas, naves, hoteles y alquileres. “Los fondos inmobiliarios tienen 50.000 millones dispuestos para invertir en el sector inmobiliario español”, asegura Neil Livingstone, de la consultora Colliers International, que destaca la enorme liquidez, la confianza de los inversores en España y las oportunidades que hay aquí frente a otros paises, sobre todo en oficinas, Centros comerciales y hoteles, aunque también están interesados en residencias de ancianos (seremos el país más envejecido de Europa) y residencias de estudiantes.

Pero los expertos vaticinan también que en dos o tres años, los inversores “cambiarán de foco” y buscarán otros paises donde invertir con más posibilidades de hacer negocio y plusvalías rápidas. Es lo que ya ha pasado en esta década: primero se lanzaron a invertir en Londres, luego en Berlín o París y ahora en Madrid y Barcelona. Lo próximo puede ser el Este de Europa, en especial Polonia y paises bálticos, donde ya están entrando. Así que para 2020 (o incluso antes), la “burbuja inmobiliaria” podría estallar otra vez, como en 2007. Y “pillar” de nuevo a bancos e inversores españoles, mientras los grandes Fondos y millonarios extranjeros se han ido antes. Es un riesgo que habría que atajar ahora, controlando el “boom” y las subidas especulativas de precios, recortando ayudas fiscales. Y tratando de planificar el crecimiento de las ciudades, desde los Ayuntamientos, autonomías y el Gobierno central, en un gran Pacto inmobiliario de futuro. Porque si no se pincha a tiempo la burbuja, nos estallará encima y acabaremos sufriendo otra crisis. Aprendamos del pasado.

SICAV récord: millonarios sin crisis

La crisis sigue ahí, pero las grandes fortunas tienen más dinero que nunca en las SICAV, la inversión favorita de los millonarios, porque apenas pagan impuestos. En 2014 se ha batido el récord histórico de SICAV (3.226) y de su patrimonio (31.486 millones), superior ya al de 2007. Y su rentabilidad triplica a la de la Bolsa. Las SICAV son una inversión legal, pero que deja muchas vías al fraude y facilita pagar menos impuestos a los más ricos, por lo que muchos piden reformas y un mayor control, que ahora está en manos de la CNMV, no de Hacienda. Pero el Gobierno dice que si se hacen cambios, las grandes fortunas se llevarán su dinero al extranjero. Es verdad y por eso hace falta  un cambio a nivel europeo, como pide la OCDE. Pero Bruselas no está por la labor. Y mientras, la mayoría de los contribuyentes volvemos otro año a pagar la Renta, cuando el 1% de la población apenas paga impuestos.
 

enrique ortega

Las SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable), creadas en 1983, son la inversión preferida de las grandes fortunas. Sobre todo, porque son bastante opacas (no hay que informar de todos sus titulares, sólo del Consejo de Administración) y apenas pagan impuestos: sólo tributan por el 1% de sus beneficios anuales (las sociedades por el 30% y los contribuyentes cotizamos a un tipo del 20 al 47% en el IRPF). Los miembros de la SICAV sólo pagan impuestos cuando venden y tienen beneficios, pero sólo tributan un 24% (como un Fondo de inversión o una renta de capital), casi como el tipo mínimo del IRPF (20%) y bastante menos que el tipo máximo que les corresponderían si pagaran IRPF (47%). Además, la constitución de SICAV está exenta de pagar el impuesto de transmisiones patrimoniales.

SICAV hay en toda Europa (sobre todo en Luxemburgo, Suiza, Francia e Italia) y aquí se han desarrollado sobre todo a partir de los años noventa. Es una inversión legal, pero que tiene “mala fama” porque deja vías abiertas al fraude, como señalan los técnicos de Hacienda (GESTHA). Primero, porque no son un instrumento de inversión colectiva, sino que las controlan las grandes fortunas. En teoría, hacen falta 100 inversores para crear una SICAV (con un capital mínimo de 2,4 millones de euros), pero en la mayoría de los casos las crea una familia acaudalada y busca a 99 testaferros (“mariachis”, en el argot financiero) para que den su nombre sin poner dinero. Y es el millonario el que decide la política de la SICAV. Así, con datos de la CNMV, de las 3.000 SICAV que había en 2013, en 2.500 el capital estaba entre un 80 y un 90% en manos de un partícipe. En el caso de Morinvest, por ejemplo, la SICAV de Alicia Koplovitz: el 99,89% del capital es suyo.

Y así se da paso a la segunda vía de fraude: se utiliza la SICAV para hacer compras o participar en otras empresas, sin tener que vender para comprar. Y si el dueño tiene que hacer gastos, los hace con cargo a la SICAV, sin tener que vender (y pagar impuestos) para comprar.

Con todo, el mayor problema de las SICAV es, para muchos, su falta de  control. El 30 de junio de 2005, el Congreso decidió (con el voto del PSOE, PP más Ciu y la oposición de IU) que el control de las SICAV pasara de Hacienda a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), lo que automáticamente invalidó 200 actas que la Agencia Tributaria había abierto a otras tantas SICAV por no tener de verdad los 100 socios exigidos. Ahora, la CNMV controla la constitución de SICAV, pero carece de medios e información para hacer un control efectivo, según los técnicos de Hacienda (GESTHA).Y así, carece de información sobre el origen de los fondos, cuáles son sus verdaderos titulares, si cometen fraude fiscal o blanquean dinero. Y Hacienda sólo puede vigilar si pagan el 1% o las plusvalías si venden.

Al final, todas estas ventajas fiscales y la escasa supervisión han hecho crecer las SICAV, a pesar de la crisis. En 2007 llegaron a un máximo (3.290 SICAV y 31.481 millones de patrimonio), para caer hasta un mínimo en 2011 (3.064 SICAV y 23.776 millones de patrimonio) y luego recuperarse en 2012 y sobre todo en 2013, a raíz de la amnistía fiscal de Montoro en 2012: muchas grandes fortunas, que tenían su dinero en SICAV de otros países, trajeron su dinero a España y crearon SICAV aquí, como reconoció en su día la CNMV. Y en 2014, se han batido todos los récords: se crearon 197 nuevas, alcanzando las 3.226 SICAV, con 450.211 accionistas (la mayoría “mariachis”) y con un patrimonio invertido de 31.486,8 millones, un 14% más que en 2013, según los recientes datos de la CNMV. Y con una rentabilidad que en muchos casos ha superado el 10%, el triple que la Bolsa (3,66% en 2014). Ahora, la patronal Inverco apuesta porque el patrimonio de las SICAV crezca otro 10% este año y alcance los 35.500 millones invertidos a finales de 2015.

De las 3.226 SICAV, hay 53 con más de 50 millones de patrimonio. En el top 10 están las SICAV de las grandes fortunas, los grandes millonarios españoles. Hasta 2011, las dos mayores SICAV eran las de Amancio Ortega (Keblar y Alazón), el dueño de Inditex, que ese año las cerró para dedicarse a la inversión inmobiliaria. Ahora, las mayores SICAV son las de la familia March (Carlos y Juan March): Torrenova de Inversiones (1.093 millones), Cartera Bellver (356 millones) y Lluc Valores (181,5). Les siguen Alicia Koplovitz (de FCC), con Morinvest (494,9 millones) y Sandra Ortega, de Inditex, con Soandres (402,5 millones).Luego la familia Gallardo (de laboratorios Almirall), con Elitia Invest (386 millones), Alberto Palatchi (de Pronovías), con Hesprisa (207,4) y Gesprisa (170,7 millones), la familia Del Pino (Ferrovial), con Allocation (337,8), Chat inversiones (269,1), Swift Inversiones (146) y Tosqueta Inversiones (105,7 millones), la familia Hernández Calleja (primer accionista de Ebro Foods), con Soixa (273,6 millones), Juan Abelló (ex de Conde), con Arbaria (138,5 millones), César Alierta (presidente de Telefónica), con Lierde (99,2 millones) y la familia  Entrecanales (dueña de Acciona), con cartera Kefren (67 millones).  

La liquidación del Banco de Madrid ha sacado a la luz otros nombres famosos que tenían una de las 87 SICAV gestionadas por el banco (con un patrimonio de 867 millones). Entre ellos, los jugadores de fútbol Carles Pujol y Roberto Carlos, el inversor indio Bhavani, las familias Aistrain (acero vasco), Carceller  (cerveza Damm), Colón de Carvajal (Osborne), Hernández (jamones Beher) o Fernández Somoza (ex dueño de Azkar). Junto a Banco de Madrid, se han especializado en crear SICAV para grandes fortunas Bankinter (387 SICAV), Deutsche Bank (82) y BNP Paribas (81), así como BBVA, Popular y Santander (que tiene una SICAV,Cartera Mobiliaria, con 350 millones).

Y luego hay fortunas españolas que siguen teniendo su dinero en SICAV registradas en  otros países, sobre todo en Luxemburgo, que ofrece dos ventajas adicionales: sólo pagan el 0,01% de impuestos anuales sobre beneficios (frente al 1% en España) y son más opacas y fáciles de crear, ya que se pueden constituir con un solo accionista , con menos capital (sólo 1,25 millones de euros, la mitad que en España) y las autoridades no obligan a informar qué inversor o inversores están detrás de la gestora de la SICAV. Estas SICAV luxemburguesas se hicieron famosas en 2014, cuando salió a la luz que el Parlamento europeo había creado una SICAV en Luxemburgo, que funcionó entre 1994 y 2009, para gestionar los fondos de pensiones de los 480 eurodiputados (sólo dimitió uno: Willy Meyer, de IU).

Al final, hay expertos que dicen que las SICAV son un instrumento legal de inversión, que incluso utilizan medianos inversores (hay SICAV que cotizan en la Bolsa MAB y cuyas acciones se pueden comprar abiertamente) y que no hay que “demonizarlas”. Pero el hecho real es que son la inversión preferida de las grandes fortunas por su opacidad, escaso control y porque pagan menos impuestos que si crearan una empresa o invirtieran por libre. Por eso, los técnicos de Hacienda (GESTHA) creen que hay que hacer cambios en las SICAV, no prohibirlas. Y proponen dos cambios básicos. Uno, fijar un porcentaje máximo que una persona puede tener de una SICAV (entre el 2 y el 5%). Y el otro, fijar una fecha  límite para aflorar las plusvalías y pagar impuestos (3,4 ó 5 años). Y además, proponen devolver su control y supervisión a Hacienda, algo que también pide Intermón Oxfam, que defiende una tributación de las SICAV similar a las de las empresas (que paguen el 30% sobre beneficios).

La OCDE recomendó a España, en septiembre de 2014, que revisara el régimen fiscal de las SICAV, “para que no se utilizaran para eludir el pago de impuestos”. Pero el Gobierno Rajoy no ha cambiado la normativa de las SICAV en la reforma fiscal que aprobó en 2014, desatendiendo la petición del Comité de expertos, que pedía unas “SICAV para pobres”. Montoro ha reiterado que el Gobierno no quiere cambiar las SICAV porque eso “abriría la puerta a una fuga de capitales”, como pasó en el País Vasco, cuando reformó las normas: se fueron todas. El riesgo es real y por eso, cualquier cambio normativo exigiría hacerlo a nivel europeo al menos y si fuera posible a nivel mundial, con la OCDE y el G-20. Pero ni los países que captan inversiones vía SICAV ni la Comisión Europea están por la labor.

Así que parece que tendremos SICAV para rato, aún a costa de no reducir el fraude fiscal: estimado en 60.000 millones por los técnicos de Hacienda (GESTHA), una quinta parte procede de las grandes fortunas. Y se podrían recaudar unos 5.000 millones más cerrando las vías de fraude de los más ricos, sobre todo las SICAV. Eso permitiría gastar más en educación, sanidad, formación y gastos sociales, a la vez que reducir los impuestos de la mayoría, que pagamos entre el 20% y el 48% de nuestros ingresos, más que muchos millonarios. Piense en ello al hacer su próxima declaración de la renta. Y, sobre todo, al votar a finales de año.