El paro se enquista con la pandemia

 

La pandemia se llevó por delante más de un millón de empleos entre marzo y mayo, pero luego se recuperaron dos tercios, cerrando 2020 con 360.000 afiliados menos a la SS. Y eso gracias a los 755.613 trabajadores “aparcados” en ERTES, sobre todo en Baleares y Canarias y en la hostelería (un tercio). El paro empeoró más en 2020, aumentando en 724.532 desempleados. Y se ha cebado en los jóvenes, las mujeres y los inmigrantes, otra vez los “paganos” de esta crisis, junto a los servicios (hostelería, comercio y turismo), Baleares, Canarias, Cataluña y  Madrid. Lo peor es que casi la mitad de parados llevan más de un año sin trabajo y cada vez tienen peor encontrarlo. Si el empleo y el paro han ido mal en 2020, se teme que vayan peor en 2021, si se acaban ERTES y ayudas. Urge aprobar un Plan de choque contra el paro, centrado en jóvenes, mujeres y parados de larga duración, los que más sufren esta recesión.

Este artículo hace el nº 1.000 de los publicados en este blog (desde 2010)

Enrique Ortega

Cuando nos cayó encima el coronavirus, España llevaba 6 años seguidos creando empleo neto (2014-2019). Y teníamos casi 20 millones de españoles ocupados (19.966.900) a finales de 2019, por lo que se esperaba recuperar en 2021 el nivel de empleo anterior a la crisis (20.753.400 ocupados en septiembre de 2007, según la EPA). Pero la COVID 19 provocó una conmoción en el comercio mundial y obligó a un confinamiento que se llevó por delante más de un millón de empleos (-1.118.547 afiliados a la Seguridad Social) sólo entre marzo (-356-703), abril (-691-054) y mayo (-70-790 afiliados). En junio, con la desescalada, las empresas volvieron a recuperar a sus trabajadores y estos 7 meses, de junio a diciembre, ha crecido la afiliación a la Seguridad Social, recuperando dos tercios de los empleos perdidos (758.095). Con todo, el balance es negativo y 2020 se ha despedido con 360.452 afiliados menos a la SS que en 2019, en total 19.066.444 afiliados, según el Ministerio.

La caída de la afiliación (-1,86%) ha sido generalizada en toda España, salvo en 2 regiones que cerraron el año con más afiliados a la SS: Castilla la Mancha (+0,54%) y Murcia (+0,38%). Y las autonomías que perdieron más empleos fueron Canarias (-5,53% afiliados) y Baleares (-4,18%). Por sectores, los más dañados han sido la hostelería (ha perdido -19,3% de afiliados) y las actividades artísticas, ocio y entretenimiento (-15,60%). Eso en cuanto al empleo finalmente perdido. Pero además, la pandemia ha provocado que en 2020 se hicieran un tercio menos de contratos (15.943.061, 6,5 millones menos que el año 2019) y que esos menores contratos sigan siendo muy precarios: sólo un 9,69% fueron contratos indefinidos y un tercio han sido a tiempo parcial, según Trabajo. De hecho, en 2020, sólo un 5,8% de los contratos firmados fueron “decentes” (indefinidos y a jornada completa).

El balance del empleo en 2020 (-360.452 afiliados menos a fin de año) hubiera sido mucho peor si no se hubieran “aparcado” trabajadores en los ERTES, uno, dos, tres o varios meses, figurando como “ocupados”, pagando sus cotizaciones y abonándoles un 70% del sueldo con cargo a la Seguridad Social. A finales de abril había 3.615.000 trabajadores en ERTES, que sin este “colchón” serían parados. A partir de mayo y sobre todo de junio, la cifra ha bajado y se cerró diciembre con 755.613 trabajadores en ERTEs, 2,6 millones menos que a finales de abril. Estos trabajadores en ERTE (el 5,2% de los afiliados a la SS) están muy concentrados, ya que casi un tercio están en la hostelería (241.390, el 30% de todos los afiliados en ese sector) , hoteles y comercios (ver reparto por sectores) y casi 1 de cada 7 en Canarias (79.206, el 12% de los trabajadores canarios) y Baleares (30.986, el 9,9% de afiliados), según el Ministerio. Ahora, Gobierno, sindicatos y patronal tendrán que negociar una nueva prórroga para estos ERTEs, porque la anterior se termina este 31 de enero.

Vista la caída del empleo y el parche de los ERTEs, el balance de la pandemia ha sido peor para el paro, porque el año 2020 cerró con 3.888.137 desempleados, 724.532 parados más que a finales de 2019, según publicó Trabajo este martes. Es la 2ª mayor subida del paro en nuestra historia reciente, tras el récord de aumento del desempleo en 2009 (+794.640 parados), por la anterior crisis. Y se rompe una racha de 7 años consecutivos de caída del paro, iniciada en 2013. Un aumento del desempleo que ha sido mayor entre las mujeres (+389.912 paradas en 2020) que entre los hombres (+304.620 parados), aunque en porcentaje aumentan su paro algo menos (+21,4% frente a +22,93% los hombres). Y el paro se ha vuelto a cebar también en los jóvenes, sobre todo entre las chicas más jóvenes, y en los inmigrantes (+167.086 parados en 2020, un aumento del 41,95%).

Si el paro registrado total ha aumentado en 724.532 personas (+22,9%), el paro de los jóvenes (16-30 años) ha crecido casi el doble, un +40,83%, con 213.923 jóvenes más sin trabajo. Eso significa que un 30% de todo el aumento del paro en 2020 se lo han llevado los jóvenes. Con ello, a finales de diciembre había 737.809 jóvenes (16-30 años) apuntados en las oficinas de empleo, el 19% de todos los parados, según Trabajo. Dentro de los jóvenes, los que más han aumentado su paro son los menores de 25 años (+116.291 parados que hace un año), cuyo paro ha aumentado con la pandemia un +47,14%, más de doble que el conjunto del paro (+22,9%). Y también crece más que la media el paro de los jóvenes de 25 a 29 años (+35,22%), que ha aumentado en otros 97.632 parados. El resto de edades han sufrido un aumento del paro menor: creció un +24,98% entre los que tienen 30 a 44 años (+250.568 parados más) y sólo un +15,89% los mayores de 45 años (+260.041 parados en 2020).

Junto a las mujeres, los inmigrantes y los jóvenes, los que han sufrido un mayor aumento del paro en 2020 son los que trabajaban en los servicios (+506.084 parados, un aumento del +22,85%), los que no tenían trabajo antes, la mayoría jóvenes (+92.872 parados, +35,9%), la construcción (+44.133 parados, +16,11%), la agricultura (+41.178 desempleados, +29,2%) y la industria (+40.265 parados,+14,6%), según los datos de Trabajo. Y el nuevo paro de la pandemia se ha repartido muy desigualmente por España: ha aumentado más que la media en Baleares (+38%, +23.218 parados), Canarias (+29,38%, +61.188 parados), Cataluña (+28,2%, +109.487 parados), Madrid (+27,46%, +93.184 parados), Aragón (+27%, +17.509 parados) y Andalucía (+24,6%, +191.503 parados). Y además de las provincias canarias y Baleares, sorprende la fuerte subida del paro en Huesca (+41,7%), Málaga (+32,9%), Girona (+31,6%), Segovia (+31,4%), Teruel (+31,2%) y Lleida (+30,07%).

Una preocupante cicatriz de la pandemia en el desempleo es que ha disparado el paro de larga duración, el número de personas que llevan más de un año sin encontrar trabajo. Si en 2019 ya suponía el 38,75% de todo el paro (1.225.961 parados), en 2020 se ha disparado su peso, hasta el 42% de todo el paro en octubre, según un estudio de Trabajo: 1.630.000 parados de larga duración, unos 400.000 más que antes de la pandemia. Y se estima que en diciembre serán ya 465.000 parados de larga duración más, en total 1.690.961 parados que llevan más de un año sin poder trabajar, casi la mitad del total de parados.

Esto tiene dos problemas. Uno inmediato: que muchos parados pueden perder el subsidio de paro que reciben, al cumplirse el plazo máximo para recibirlo. De hecho, en noviembre de 2020 sólo cobraban algún tipo de ayuda 2.381.723 parados, el 61,84% del total, un porcentaje similar al 61,4% que cobraban algo en noviembre de 2019. Eso significa que 1 de cada 3 parados registrados no cobra ninguna ayuda. Y de los 2 que sí lo cobran, la mitad (1.238.890 parados) cobran un subsidio contributivo (de 862,50 euros ahora) pero la otra mitad (1.142.833 parados) cobra sólo un subsidio asistencial de 420,37 euros mensuales.

El otro problema de que casi la mitad de los parados lleven más de un año sin trabajar (y de ellos, 850.000 parados lleven más de 2 años desempleados) es que tienen muy difícil encontrar un empleo, porque las empresas no quieren parados que lleven mucho tiempo desconectados. Y además, tampoco ayuda su baja formación: el 42% de estos parados de larga duración tiene sólo estudios primarios (o ni eso) y otro 28,57% tiene sólo la ESO, según un informe de Trabajo, con lo que el 70% están poco formados, una rémora para colocarse. Y otro problema es su edad: el 70% de los parados de larga duración tienen más de 45 años (y lo peor: un 39,8% tienen más de 55 años: no pueden trabajar ni jubilarse).

Ya hemos visto las secuelas de la pandemia en el empleo y el paro en 2020, que han sido peores para las mujeres, los jóvenes (el 40,4% de los menores de 25 años estás parados), los inmigrantes y los mayores de 45 años. El problema ahora es que los daños sobre el empleo y el paro en 2021 podrían ser peores, según han alertado muchos expertos, que temen el final de los ERTEs y las ayudas a empresas y autónomos, que podrían provocar quiebras, cierres y más despidos. Y además, si se frenan los contagios y la economía repunta, a partir del verano, habrá más personas buscando trabajo, porque muchos no lo buscan ahora, sabiendo que está muy difícil. La paradoja es que si la economía mejora, habrá menos “desanimados” y más personas buscando trabajo. 

Y como no se espera poder crear más de 300.000 empleos en 2021, volvería a aumentar el paro este año. La última previsión de la Comisión Europea es que el paro en España suba del 16,7% de 2020 al 17,9% en 2021, lo que supondría unos 400.000 parados más. Y si antes pensábamos en que podríamos recuperar el empleo de 2007 en un par de años, para 2021, ahora no se cree que sea posible recuperar el empleo de antes de la anterior crisis hasta 2026, según el estudio del catedrático Josep Oliver. Dentro de 6 años.

Queda mucho para eso. Ahora hay que pensar en 2021 y en que se cree más empleo y empeore lo menos posible el paro, tratando de extirpar el quiste del paro de larga duración. Para ello, hay que avanzar por tres vías. La primera, reanimar la economía con el gasto y las inversiones del Presupuesto 2021, incluidos los primeros 26.600 millones de los Fondos europeos, un dinero que debería ayudar a crear empleo, junto a una mejoría del consumo, que va a depender mucho de que las familias pierdan el miedo y de que las empresas no recorten los salarios este año en que suben las pensiones y los sueldos de los funcionarios. La segunda vía por la que avanzar es mantener las ayudas actuales a empresas y familias e incluso plantearse otras nuevas si hay sectores (turismo, hostelería y comercio) que tardan en despegar, para evitar cierres de empresas y más paro.  Y tercera y clave, reformar de una vez las oficinas de empleo, para que ayuden a los parados a buscar empleo, mejorando y ampliando los cursos de formación y dándoles acompañamiento profesional para colocarse.

Pero además de estas medidas de fondo, urge aprobar un Plan de choque contra el paro, pactado con patronal y sindicatos, para estudiar incentivos a la contratación de los parados que tienen más difícil trabajar, en especial jóvenes, mujeres y mayores de 45 años, con medidas específicas para los que llevan más de un año en paro. Hay que volcarse en estos “parados más antiguos”, esos 1.700.000 parados que lo tienen más difícil, el colectivo donde se ha enquistado el paro. Si ya lo tenían difícil antes, lo tienen peor ahora con la pandemia. Hay que recolocarles como sea, con formación y ayudas. No podemos dejarlos atrás.

EPA: empleo precario y 53% parados no cobran

En vísperas del nuevo Gobierno, la economía sigue con su inercia y el empleo sigue creciendo: este verano se crearon 44.000 empleos más que el anterior, por el récord del turismo extranjero, según la EPA conocida hoy. Eso sí, el empleo creado sigue siendo temporal y por horas: sólo 1 de cada 20 nuevos empleos son de calidad, fijos y a tiempo completo. Mientras, el paro baja del 20%, también porque hay menos gente buscando trabajo. Y la mayoría de los parados llevan mucho tiempo sin trabajar: la cuarta parte, más de 4 años. Además, más de la mitad de los parados EPA (el 53%) no cobran ninguna ayuda y son pobres. Entre tanto, sólo la cuarta parte de los parados de larga duración previstos han recibido ayudas a la formación y sólo 1 de cada 10 jóvenes se han beneficiado del Plan europeo contra el paro juvenil. Urge que el futuro Gobierno pacte un Plan de choque contra el paro, con formación y ayudas, sobre todo para los parados mayores de 45 años, mujeres y jóvenes. Más empleo ya.

 

enrique ortega

En verano suele crearse más empleo, por la temporada turística, la construcción y las faenas agrícolas. Y gracias al récord de turistas extranjeros, en el tercer trimestre de 2016 se han creado más empleos que el verano pasado, a pesar de la falta de Gobierno en España y el estancamiento de la economía mundial y europea (más tras el Brexit). Así, entre junio y septiembre se crearon en España 226.000 nuevos empleos, 44.000 más de los 182.200 creados en el tercer trimestre de 2015 (y más que los 151.000 creados en 2014), según la Encuesta de Población Activa (EPA) conocida hoy.

La mayoría del empleo creado en el tercer trimestre ha sido en los servicios (+178.700), sobre todo en el turismo, la hostelería y el comercio, creciendo menos en la industria (+34.400) y la construcción (+29.900), mientras bajó en el campo (-16.300). Y ha cambiado la tendencia de los últimos dos años y medio con el empleo joven: si antes los jóvenes no disfrutaban apenas de los nuevos empleos, este verano, dos tercios del empleo creado ha sido para menores de 30 años (150.200). Donde se ha creado más empleo ha sido en Cataluña (+42.700), Castilla y León (32.100) y Baleares (+25.400), mientras sólo bajaba el empleo en Murcia  (-5.600). Eso sí, el empleo que se crea sigue siendo muy precario: el 92% de los contratos hechos este verano fueron temporales y el 42% a tiempo parcial: un 24,5% han sido contratos por 1 semana o menos y el 40% de todos los contratos hechos este verano han durado menos de 1 mes. Si miramos todo el año, de enero a septiembre 2016, sólo un 5% de los contratos han sido fijos y a tiempo completo, según Empleo: sólo 1 de cada 20 nuevos contratos son “de calidad”, no precarios.

El paro ha bajado más (-253.900 parados estimados) que el empleo creado porque ha bajado el número de españoles que buscan trabajo, los activos (-27.300), porque sigue habiendo gente que ya ni busca empleo y se va a su casa o al extranjero ("desanimados"). Gracias a ello y al empleo creado, el paro estimado baja a 4.320.800 parados, según la EPA, un 18,91 % de los españoles en edad de trabajar, la tasa más baja desde 2010. Eso sí, la tasa de paro sigue siendo más del doble entre los jóvenes: el paro juvenil (menores de 25 años) está en el 42%. Casi la mitad de los jóvenes están sin trabajo.

Frente al habitual triunfalismo del Gobierno Rajoy, las cifras de la EPA esconden algunos datos muy preocupantes. El primero, que hay 1.438.000 hogares donde no trabaja nadie, 55.000 menos que en junio. El segundo, que sigue habiendo 5 autonomías con una “tasa de paro insoportable”, entre el 25 y el 30%: Melilla (31,22%), Andalucía (28,52%), Extremadura (25,61%), Canarias (26,01%) y Ceuta (24,64%), que contrastan con el paro “casi europeo” del País Vasco (12,8%), Navarra (12,4%) y La Rioja (13,5%). Pero el peor dato es que más de la mitad de los parados no cobran ninguna ayuda. Por un lado, de los 4.320.800 españoles que se consideran parados (EPA), 2.283.919 no cobran ningún subsidio, un 53% de todos los parados (el llegar Rajoy a la Moncloa, no cobraban el 44,5% de los parados EPA). Y de los 2.036.881 parados EPA que sí cobraban algo en agosto (según el Ministerio de Empleo), sólo el 41% (848.265 parados) cobraba un subsidio contributivo de 780 euros al mes y los dos tercios restantes solo cobraban un subsidio asistencial, de 426 euros mensuales.

Este enorme contingente de parados que no cobran nada (condenados a la pobreza) se explica porque el paro es cada vez “más viejo” y a los desempleados se les han acabado las ayudas. Así, el número de parados de larga duración (más de 1 año en paro) eran todavía, a finales de septiembre, 2.446.400 parados, el 56,6% del total. Y lo peor es que, de ellos, casi 2 millones llevan parados más de 2 años y una cuarta parte, nada menos que 1.127.879 parados, llevan 4 años o más sin trabajar. Son una enorme bolsa de “parados sin salida”, porque las empresas no los quieren por llevar tanto tiempo desempleados y porque además, tienen poca formación: el 63% de estos “parados muy antiguos” sólo tiene la ESO o menos. Así que una cuarta parte de todos los parados (1,12 millones), con 4 o más años en el paro (sobre todo mayores de 50 años y mujeres), están condenados “al paro eterno” o esperar a los 55 años (si tienen “cargas familiares”) para cobrar un subsidio de 426 euros hasta la edad de jubilación. 

A pesar de estos datos oficiales, que hablan de empleos precarios y parados “sin salida”, el Gobierno Rajoy lleva más de dos años presumiendo que “España es el país que crea más empleo en Europa”. Es falso (hay 13 países que crean más empleo en 2016, según Eurostat), pero lo que sí es totalmente cierto es que España fue el país donde más empleo se destruyó durante la crisis (3,8 millones). Y lo que no dice Rajoy es que España es el país europeo al que le falta más empleo por recuperar: todavía hay 2.047.500 españoles menos trabajando que en el verano de 2008. Mientras, en Grecia hay 911.800 menos trabajando, en Portugal  todavía falta recuperar 431.100 empleos, en Italia 431.000 y en Irlanda 152.000, según los datos de Eurostat. O sea, que nos falta todavía recuperar más empleos que a Grecia, Portugal, Italia e Irlanda juntos. Y mientras, además, en Alemania trabajan ya 2.377.800 personas más que en 2008 y en Francia 482.900 más. Así que creamos más empleos, pero nos faltan aún muchos más que a otros.

Y no sólo eso. Las últimas estadísticas de Eurostat, de septiembre, “han sacado los colores”  a España, aunque el Gobierno Rajoy haya mirado para otro lado. Veamos tres sobre el paro: tenemos el doble de paro que Europa (19% frente a 10,1% en la eurozona) y el triple de parados que el segundo país con más desempleados (4,32 millones de desempleados frente a 1,5 millones en Francia), el doble de paro juvenil (43% frente al 20% en la eurozona) y son españoles un 22% de todos los jóvenes parados en Europa, y la tercera parte de todos los parados europeos de larga duración (2,44 millones frente a 1,76 millones en Italia, 1,27 millones en Francia y 740.000 en Alemania). Y hay otras tres nefastas estadísticas sobre empleo: tenemos casi el doble de empleo temporal que Europa (20,9% frente a 12,8% en la eurozona), mucho más subempleo (8,1% de todos los trabajadores quieren trabajar más tiempo frente al 5% en la eurozona) y muchos más trabajadores sin cualificar (33% sin la ESO frente al 19,3% en la eurozona). Unos datos como para presumir…

Cara al futuro, las perspectivas no mejoran. La economía española crecerá algo menos este año (3% frente a 3,2% en 2015) y, sobre todo el próximo (2,3%), con lo que hasta el Gobierno Rajoy en funciones prevé que se crearán menos empleos: unos 480.000 este año (frente a 525.000 en 2015) y unos 408.000 en 2017, según las previsiones enviadas a Bruselas. Y mucho será rotación de empleos, numerosos contratos precarios para un mismo puesto de trabajo. Porque el problema de fondo es que las empresas no tienen vacantes: el 93,8% de las empresas asegura que no necesitan contratar ningún trabajador, según la Encuesta trimestral de coste laboral (INE) de septiembre. De hecho, España es el tercer país europeo con menos empleos vacantes, sólo por detrás de Portugal y Grecia, según Eurostat.

Así que el problema de fondo es que hace falta reanimar más la economía, el consumo y la inversión, para que las empresas necesiten más trabajadores. Eso pasa por reanimar la inversión pública (con inversiones necesarias, desde tecnología a carreteras) y la privada, apoyando una mejora del consumo con mayores subidas de salarios (a cambio de mejoras de productividad). Y para ello, urge hacer otra política, en España y en Europa, que relance la actividad, la inversión y el consumo, que se olvide de los recortes. El riesgo es que Bruselas fuerce al futuro Gobierno español a más recortes, como ha anunciado, lo que se traduciría en un menor gasto público y más impuestos, recortando la actividad y el crecimiento y con ello, el empleo. Entre cumplir con el déficit y cumplir con los 4,32 millones de parados que esperan una oportunidad, la opción parece clara. Y más cuando el paro se mantiene como la primera preocupación de los españoles (del 71,6%, según el Barómetro del CIS de septiembre), los más preocupados del mundo por el desempleo, según el estudio IPSOS: preocupa al 70% de españoles, frente al 38% de media en 25 paises y al 48% de franceses o el 66% de italianos.

Además de reanimar la economía, fomentar la inversión y el consumo y no hacer más recortes, el próximo Gobierno debería aprobar un Plan de choque contra el paro, con al menos 4.000 millones de euros (Francia, con la mitad de paro, aprobó un Plan de emergencia con 2.000 millones). Un Plan que debería centrarse en mejorar la formación de los parados, sobre todo de los de larga duración, y en dar subsidios a los parados que no cobran nada. El Plan Prepara, aprobado en 2015, pretendía ayudar a 400.000 parados de larga duración a cambio de formación, pero fracasó: sólo ayudó a 100.000 parados y gastó el 15% de los recursos. Ahora hay que poner los medios para que se cumpla. Y en paralelo, cumplir también con el Plan de Garantía Juvenil, el Plan de empleo para jóvenes que aprobó la Comisión Europea en 2013 y del que se han beneficiado sólo 1 de cada 10 jóvenes españoles sin trabajo ni formación (“ni-nis”), mientras en Alemania ha beneficiado al 60% de jóvenes ni-nis y en Francia al 80%. La otra prioridad del Plan de choque contra el paro debería ser reformar las oficinas del SEPE (antiguo INEM), que no tienen personal ni medios para ayudar a los parados a recolocarse (sólo colocan al 1,7% de parados). Y además, el Plan debería estudiar y poner en marcha todas las ayudas posibles para que las empresas contraten más.

En definitiva, aunque los datos de empleo y paro son algo mejores, siguen siendo preocupantes, por mucho que el Gobierno y sus medios afines hagan triunfalismo. Tenemos un problema que es grave y mucho más preocupante que en el resto de Europa: aquí trabaja menos gente, con mucha precariedad, y tenemos el doble de parados. Y los españoles reiteran que es lo que más les preocupa, con mucho. Hay que hacerles caso y tomar medidas urgentes, suficientes y realistas, pactadas y apoyadas por la mayoría de políticos, empresarios y sindicatos. Es una emergencia nacional. De verdad.

Rentas mínimas para pobres: ¿quién da más?

Siete años largos de crisis han dejado “tirados” a 10,3 millones de españoles que son oficialmente “pobres”, porque ingresan menos del 60% que la media. Y Europa sube la cifra de los que malviven a 13,5 millones de españoles. Demasiados. Por eso la pobreza está presente en esta batalla electoral, donde hay una carrera por ver “quién da más”, quién promete una renta mínima mayor para más pobres (salvo el PP, que ni la promete, o Ciudadanos, que la deja para primavera, como devolución de la renta). Harían falta 12.000 millones al año para atender sólo la pobreza más extrema, a 3 millones de españoles que no tienen para cuidar a los hijos, alquilar una casa, comer o pagar los gastos básicos. No podemos dejarlos “tirados”. La solución es recaudar más impuestos de los que pagan poco (empresas y ricos)  y atenderles a cambio de prepararles para que salgan de la pobreza, que nos puede tocar a cualquiera. Piénselo al votar.
 

enrique ortega

En España, el problema de la pobreza es serio: hay 10.323.000 españoles, un 22,2% de la población, que son oficialmente “pobres”, según el INE: ingresan menos del 60% de la renta media del país, o sea que ganan menos de 7.961 euros al año (solteros) o de 16.719 euros (familias con dos adultos y dos niños). Esta cifra ha subido en 1.800.000 personas con la crisis y la pobreza, como casi todo, también está mal repartida: se concentra sobre todo en Ceuta (44% de la población), Murcia (37,2%) y Extremadura (33,1%), aunque también es alta en Canarias (27,6%) y la Comunidad Valenciana (26,2%). Y la pobreza se ceba más entre los parados, las mujeres solas con niños, los emigrantes, mayores de 45 años, algunos jóvenes y ancianos con pensiones mínimas.

Europa amplía la cifra de pobres, al incluir también los que tienen graves problemas para llegar a fin de mes y los que tienen subempleos, alcanzando la cifra de 13.500.000 españoles pobres, un 27,3% de la población, según el indicador AROPE de Eurostat, que nos coloca como el 9º país con más pobres de Europa, sólo por detrás de Grecia (34,6%), Italia (29,9%) y seis países del Este. Y destacamos aún más en pobreza infantil: el 33,8% de los menores de 17 años, 2.306.000, son niños pobres, según UNICEF, lo que nos sitúa como el segundo país de Europa con más pobreza infantil, tras Rumania.

La mayoría de estos pobres “oficiales” no recibe hoy ninguna ayuda. Vamos a recopilar las que existen, que son dos. Unas ayudas son las que paga la Seguridad Social, a los parados a los que se les ha acabado ya el seguro de pago contributivo (por el que han cotizado). Actualmente hay tres tipos de ayudas a los parados a los que se les ha acabado el subsidio oficial (de 6 meses a dos años). Uno, el subsidio de 6 meses (Prepara) para los que se les ha agotado la prestación y tienen cargas familiares: lo cobran 933.661 parados. El segundo, para los que ya han agotado este, es la renta activa de inserción (RAI), para parados de larga duración con grave necesidad económica, una ayuda que dura un máximo de 11 meses y que se puede cobrar hasta tres veces, pero dejando un año por medio sin cobrar (11 meses cobrando +1 año sin cobrar +11 meses+1 año+ 11 meses) : la reciben hoy 239.328 parados más, entre ellos los parados mayores de 55 años (que cobran este subsidio hasta la jubilación). Y la tercera ayuda, cuando ya han agotado las anteriores, es el nuevo programa de activación para el empleo, que cobran ahora 31.344 parados más.

En total, son 1.204.333 parados que cobran un subsidio asistencial (no contributivo) de la Seguridad Social, por un importe mensual de 426 euros. Fuera de estas ayudas quedan 2.748.184 parados (de los 4.850.800 parados EPA) que no cobran nada, más de la mitad de los parados españoles (un 56,66%). Y recordemos que hay 1.572.900 familias donde ninguno de los adultos trabaja y 721.900 hogares sin ingresos, según el INE.

La otra fuente de ayudas públicas a la pobreza son las autonomías, que pagan lo que se llama rentas mínimas,  una ayuda que se concede a las personas mayores de 25 años, que estén empadronadas desde hace un tiempo (de 12 a 24 meses) y cuyos ingresos estén por debajo de los 532 euros al mes. En 2014 cobraban esta renta mínima 258.408 personas en toda España, a las que se pagaba en total 1.040,62 millones de euros (una media de 335 euros al mes). El mayor problema de estas rentas mínimas es que son muy desiguales entre las autonomías, tanto por los distintos requisitos que se piden como por la duración de la ayuda (en unas duran 6 meses, como Andalucía o Extremadura, en la mayoría 12 meses, en otras 24 meses, como Cantabria o país Vasco y en otras no hay límite, como Castilla y León o Asturias) como por su importe (va desde los 300 euros mensuales de Ceuta o los 375 euros de Madrid a los 548 de Navarra o los 662 euros que paga el País Vasco).

La mayoría de los beneficiarios de estas rentas mínimas (379.165 personas) son familias con hijos (52%) y personas solas (35%), mujeres (55%), con edades entre 35 y 44 años y el 75,96 % españoles (sólo un 24% son inmigrantes).

En total, sumando los beneficiarios de los subsidios a parados y de las rentas mínimas, son 1.583.498 españoles “pobres” que reciben ayudas públicas, sólo un 15,3% de los españoles considerados oficialmente pobres (10.323.000 según el INE). O sea, que sólo 1 de cada 6,6 pobres reciben ayudas públicas y los otros 5 tienen que “buscarse la vida”. Son 8.739.502 españoles pobres sin ayudas, más que toda la población de Andalucía. Una cifra desmesurada como para que cualquier futuro Gobierno no piense qué se puede hacer para ayudarlos de alguna manera.

Las propuestas de ayudas a la pobreza son muy dispares. Un trabajo reciente de la Red Europea de Ayuda contra la Pobreza (EAPN) propone aumentar la renta básica a 700.000 familias más y estima que esto costaría entre 4.607 millones de euros anuales (pagando el 85% del salario mínimo) y 4.066 millones (75% del SM). Los sindicatos CCOO y UGT han llevado al Congreso una propuesta de iniciativa popular para incluir en el cobro de rentas mínimas a 2.150.000 españoles, lo que costaría 10.990 millones anuales, a financiar con impuestos. Y hace años, la Fundación Alternativas estimó que el coste de una renta mínima oscilaría entre 6.475 millones anuales (para 1.293.078 personas) y 8.241 millones (para 1.645.736 personas), con un importe de sólo 417 euros mensuales.

Ahora, en la campaña electoral, algunos partidos se han lanzado a una carrera de promesas, a ver quién ofrece más rentas mínimas para los pobres. El que más puja es Podemos, que ofrece 600 euros mensuales a 7,8 millones de hogares con bajos o nulos ingresos, una propuesta que dicen costaría 15.000 millones de euros (aunque la mayoría cree que mucho más). Izquierda Unida propone pagar 529 euros a 2 millones de personas con ingresos bajos, lo que tendría un coste de 12.696 millones de euros. Y el PSOE va más allá, planteando incluir una renta mínima vital en la Constitución, estimando que debería atenderse a 714.000 personas más (que cobrarían 426 euros al mes) y a las familias con pobreza infantil (ofrecen 1.100 euros anuales por hijo), estimando que todo ello costaría  6.450 millones al año (lo seguro es que si el derecho se incluye en la Constitución, el coste sería más del doble).

La propuesta de Ciudadanos pretende ser “innovadora”: en vez de ofrecer una renta mínima a los más desfavorecidos, ofrecen que Hacienda pague a las familias que lo necesiten con una devolución de impuestos, cuando les toque hacer el IRPF. Y hablan de que las familias recibirían 7.200 millones con este “complemento salarial”. Olvidan dos cosas: que la mayoría de pobres no pagan impuestos y que cobrarían esta ayuda en primavera, cuando se entrega la Renta, pero ¿de qué viven el resto del año? El PP no propone nada nuevo, salvo la promesa de un Plan contra la pobreza infantil (que no ha aprobado en 4 años de Gobierno, donde han congelado las ayudas sociales).

Al margen de las promesas concretas, no es serio “subastar” las ayudas a la pobreza. Lo más objetivo sería fijar un objetivo de españoles a ayudar y luego ver lo que nos cuesta y como recaudarlo. Yo hago aquí una propuesta para atender con una ayuda pública a dos tercios de los parados que no cobran (1.832.000 de los 2.748.184 parados que hoy no reciben subsidio) y a un tercio de los trabajadores pobres (1.100.000 de los 3.300.000 asalariados que son “pobres”, según la OIT, porque ganan menos del 60% de los ingresos medios), en especial los que tienen niños. En total, ayudas para 2.932.000 personas, que se acercan a los 3,3 millones de españoles que están en situación de “pobreza severa”, según Caritas. Darles a estos parados un subsidio de 426 euros al mes y a los trabajadores pobres una ayuda de 200 euros mensuales costaría 12.005 millones al año. Es mucho, pero aun así, atenderíamos sólo a 3 millones de pobres: aún habría 5.740.000 pobres “oficiales” sin ayudas públicas.

Atender a estos 3 millones de pobres más precarios, obligaría a pensar cómo se consiguen esos 12.000 millones de euros que necesitamos para pagarles (una “miseria”). La única solución es recaudar más, algo que España puede hacer porque somos el 7º país europeo que menos recauda: recaudamos el 38,7% de la riqueza (PIB), frente al 46,6% que recaudan los 19 países del euro. Y esto es algo estructural, no por la crisis. Si recaudáramos como los demás europeos, Hacienda podría ingresar 79.000 millones de euros más al año. Pongamos que sólo ingresamos 30.000 millones más, algo posible si se reduce el fraude fiscal y se obliga a pagar más a los que hoy pagan “legalmente” menos (multinacionales, grandes empresas y los más ricos). Podríamos dedicar algo más de un tercio a paliar la pobreza más escandalosa, destinando el resto a bajar el déficit y reanimar la economía.

Pero no basta con recaudar más para pagar más ayudas a los más pobres. Hay que cambiar todo el sistema y la filosofía de las ayudas, unificando los criterios en toda España para que tengan los mismos requisitos y derechos todos los pobres, al margen de dónde vivan. Eso obliga a fijar unas normas estatales para estas ayudas, al margen de que las gestionen las autonomías. Hace falta flexibilizar los requisitos (no es normal pedir 32 meses de empadronamiento como en algunos lugares), adaptándolos a la realidad: debería bajarse el límite de edad de 25 a 18 años y permitir compatibilizar la ayuda con algún trabajo (hoy está prohibido, lo que llevar a rechazar empleos), con algunas condiciones. Y sobre todo, no basta con dar las ayudas: hay que ayudar en paralelo a las familias para que salgan del pozo de la pobreza, con formación a adultos y niños, con programas activos para colocarlos, en colaboración con el SEPE (antiguo INEM), que sigue sin funcionar. Considerar que cobrar una ayuda pública es algo temporal, hasta que se sale del bache, no un modo de vida.

Muchos españoles, como muchos políticos, miran para otro lado cuando se habla de pobreza. Pero la crisis ha demostrado que la pobreza le puede caer a cualquiera, no sólo a los emigrantes y los que no tienen formación: Caritas reitera cada día que cada vez hay más españoles, incluso de clase media, pidiendo ayuda para comer, pagar la luz o el alquiler. Le puede pasar a cualquiera. Por eso, un país moderno y solidario tiene que establecer mecanismos estables y objetivos para atender a los que se quedan por el camino, para ayudarles a sobrevivir y a recuperar su empleo y su vida. No pueden estar al albur de que haya elecciones o de las promesas de los partidos. Es algo a lo que debe tenerse derecho, por ser ciudadano y pagar impuestos: a que no nos dejen tirados. Seamos un país más justo y solidario.