Cataluña 21-D: no se vota lo que importa

En las elecciones del 21-D, los catalanes parece que votan sólo una cosa: independencia sí o no, con la óptica de la derecha, el centro, la izquierda y la extrema izquierda. Deberían votar qué Gobierno les resuelve mejor su día a día,  desde el empleo a la educación, sanidad o los transportes. Los nacionalistas llevan 7 años de mal Gobierno, con más de 7.000 millones de recortes y una desastrosa gestión de la sanidad, educación, dependencia, empleo, ayudas sociales e infraestructuras. Y se agarran a la bandera de la independencia para tapar su mala gestión y echan la culpa al “España nos roba”. Deberían decir “España nos salva”: han recibido 53.707 millones de créditos públicos  y con lo ahorrado en intereses reciben ya más financiación que la media de autonomías. El 21-D habría que votar programas y saber que “el procés” ha costado ya muy caro a Cataluña y al resto de España. Y que se frenará la recuperación y el empleo si sale una mayoría independentista. Nos jugamos mucho todos.

enrique ortega

Los nacionalistas han gobernado Cataluña durante 30 años, pero mientras Jordi Pujol (1980-2003) administró los años de “vacas gordas”, a Artur Mas (2010-2016) le tocó lidiar con la crisis y la afrontó con una dura política de ajustes, con más de 7.000 millones de recortes y una fuerte subida de impuestos. Y así, Cataluña ha sido la autonomía que más recortó el gasto social entre 2009 y 2015, junto a Castilla la Mancha (gobernada por la dirigente del PP Mº Dolores de Cospedal): la Generalitat aplicó una tijera de 5.438 millones de euros en educación, sanidad y servicios sociales, nada menos que el 26,6% del presupuesto autonómico. Y el resto fueron recortes en personal, ayudas económicas e inversiones, sobre todo en infraestructuras y vivienda.

En contrapartida a estos recortes sociales y económicos, los nacionalistas no han tenido problemas en tirar del Presupuesto de la Generalitat para impulsar el procés. Empezando por financiarse, entre 2010 y 2013, con los llamados “bonos patrióticos”, hasta al 5,5% de interés, el quíntuple de lo que pagaba la deuda estatal. Siguiendo con las subvenciones a las entidades independentistas, como Ómnium Cultural, que ha recibido más de 20 millones de dinero público desde 2005. Y no olvidemos el coste de las “embajadas” y el servicio exterior, para difundir el procés en el extranjero: 35 millones de presupuesto este año 2017. Y también destaca la financiación de TV3 y Catalunya Radio, los altavoces mediáticos del nacionalismo, que se han llevado 311 millones en el Presupuesto de 2017.

En paralelo, Cataluña se ha convertido en la autonomía donde se pagan más impuestos, tanto en la Renta (tiene el 48% de tipo máximo, frente al 43,5%  de Madrid, y el 21,5% de tipo mínimo, frente al 19%), como en Patrimonio o transmisiones e incluso  en el impuesto especial de los carburantes. Así, un catalán que gana 20.000 euros paga de IRPF 144 euros más que la media de españoles y 207 euros más que un madrileño. Y si tiene un patrimonio de 800.000 euros, paga 770 euros, la tercera mayor factura en España de este impuesto (que no se cobra en Madrid). Y si compra una vivienda de 150.000 euros, el catalán paga 15.000 euros de transmisiones patrimoniales frente a 12.054 euros que se pagan de media en España y los 9.000 euros que se pagarían en Madrid. Además, Cataluña es la autonomía que ha creado más impuestos propios, según los asesores fiscales (AEDAF): 13 impuestos, entre ellos a las viviendas vacías, las estancias en hoteles, las bebidas azucaradas, las nucleares, los artículos de lujo o los residuos municipales. 

Más recortes y más impuestos, pero ni con esas han conseguido los Gobiernos nacionalistas ajustar sus cuentas, duplicando su deuda desde 2010: de 35.616 millones a 76.831 millones en septiembre 2017, más deuda que la de Andalucía (33.631 millones) y Madrid (32.517 millones) juntas. Ante esta asfixia financiera,  el Gobierno nacionalista de Mas no dudó en pedir ayuda “al Estado español”, que le aportó liquidez, créditos sin interés, para pagar a proveedores y subsistir. En total, 53.707 millones recibidos de Hacienda entre 2012 y 2016,  un tercio de toda la ayuda inyectada a las autonomías (162.253 millones). Ha sido  la autonomía que más ha recibido, casi tanto como las dos siguientes juntas, Valencia (36.321 millones) y Andalucía (24.339 millones). Deberían haber dicho “España nos salva”.

Pero en lugar de contar esto, llevan cuatro años con el “España nos roba”, tapando sus recortes y sus altos impuestos con el victimismo de que aportan 16.000 millones más de lo que reciben. Un dato falso, ya que el déficit financiero era (2014) de -9.892 millones (el 5% de su PIB), inferior al déficit que tienen  3 autonomías: Madrid (-19.205 millones, el 9,2% de su PIB), Baleares (-1.516 millones, el 6,3% de su PIB) y la Comunidad Valenciana (-1.735 millones, el 2,1% de su PIB), según las balanzas fiscales elaboradas por Fedea.  Pero es que además, si tenemos en cuenta los intereses que se ha ahorrado Cataluña con estas ayudas “de España” (se ha ahorrado 5.226 millones en 7 años), resulta que a Cataluña le sale un balance positivo: ha recibido de financiación 2.562 euros por habitante (media anual 2012-2015), 317 euros más que la media recibida por todas las autonomías (2.245 euros), según un reciente informe de Fedea. Así que “España nos salva” y encima, los catalanes reciben más financiación que el resto de españoles. Mientras, Madrid (2.138 euros/habitante), Valencia (2.165 euros), Andalucía (2.168 euros) y Canarias (2.204) reciben menos financiación que la media. Y que los catalanes.

Si quitamos al independentismo la bandera del “España nos roba”, queda al desnudo su labor de Gobierno en estos años, de 2010 a 2017. Y el balance es bastante malo. No sólo por su mala gestión financiera, su creciente deuda, sus recortes e impuestos. Sobre todo, por el deterioro de los servicios públicos, del Estado del Bienestar, en especial la sanidad, la educación, la Dependencia, el empleo, las ayudas sociales y la inversión en infraestructuras. Lo que debía importar a los votantes el 21-D.

Empecemos por la sanidad. Cataluña tiene la sanidad pública más privatizada de España, incluso con 32 hospitales privados integrados en la red pública. Y los hospitales “privados privados” se llevan (vía conciertos) el 24,8% del presupuesto sanitario de la Generalitat, más del doble que en el resto de España (11,8%). Tras los recortes, Cataluña es la segunda autonomía que menos gasta en sanidad, tras Andalucía: 1.180 euros por habitante, un 28% menos que lo que gastan el País Vasco y Navarra. El resultado de este menor gasto y de los recortes en la sanidad pública (-1.500 millones, -2.400  profesionales y -1.000 camas) es un récord en las listas de espera: para operarse, hay 156.862 catalanes esperando (21,97 por 1.000 habitantes, la tasa más alta de España), una media de 148 días (104 media en España) y para ir al especialista, otros 286.442 (40,12 por 1.000 habitantes, la tasa mayor en España), que esperan 87 días de media (68 en toda España). Al final, la situación de la sanidad catalana se resume en esta nota: 60 puntos sobre 114, la tercera peor sanidad de España (tras Canarias y Valencia), según el ranking de la Federación  en Defensa de la Sanidad Pública (FADSP). Y lo peor es que ha pasado de ser la 5ª mejor sanidad de España en 2009 a la 15ª en 2016.

Vamos a la educación. Los recortes han sido generalizados, pero el más llamativo se hizo a las guarderías : los Ayuntamientos recibían de la Generalitat 1.800 euros por alumno, pero se redujeron a 875 euros en 2012 y desaparecieron después, razón por la que 36 grandes Ayuntamientos catalanes llevaron este recorte a los Tribunales y ya hay varios que han ganado el recurso (y a los que tendrán que abonar el dinero no aportado estos años). Ahora, tras todos los recortes, Cataluña es la 4ª comunidad que menos gasta en educación no universitaria: 4.747 euros por alumno (un 12% menos que en 2009), sólo por detrás de Madrid (4.443 euros), Andalucía (4.510) y Castilla la Mancha (4.591) y casi la mitad que el País Vasco (8.976 euros). Eso sí, tiene un mayor peso en Cataluña la enseñanza concertada (28% frente a 25,8% en España) y los Gobiernos nacionalistas la apoyan con dinero público: es la autonomía que más dinero destina a financiar los colegios privados, 1.028 millones en 2016, el 18,5% del Presupuesto de la Generalitat (en España reciben el 14,7%), según datos de Educación. Y si nos centramos en la Universidad, las facultades catalanas son las más caras de España, tras haber subido las tasas un 60% desde 2012. Y así, estudiar una carrera en Barcelona cuesta el triple que en Sevilla (2.014 euros frente a 780). Y además, las becas universitarias son en Cataluña más bajas: 1.743 euros frente a 2.166 de media en España.

Tercer bloque de servicios público, las ayudas a la dependencia. Cataluña es la segunda región con más dependientes  en lista de espera, tras Canarias: 84.181 en octubre, un 37,69% de los ancianos y discapacitados con derecho reconocido, que no cobran nada (en toda España hay 319.553, el 25,5%). Y esto es especialmente preocupante porque la lista de espera se ha cuadruplicado desde 2014 (19.869 dependientes en espera), por los recortes. En consecuencia, el Observatorio de la Dependencia suspende a Cataluña y le da (febrero 2017) una nota de 3,93 sobre 10, colocándola en el puesto 11º del ranking de la dependencia (y viene suspendiéndola desde 2014).

Vayamos al paro y las políticas de empleo, donde Cataluña tiene competencias. Aquí también ha habido recortes en incentivos, subvenciones y formación, así como en ayudas a los parados. De hecho, Cataluña es una de las 11 autonomías donde hay más parados que no cobran que parados que sí cobran: sólo un 49% de los parados EPA en Cataluña (475.600 en septiembre) reciben un subsidio, lejos del 65% que lo cobran en Extremadura, el 58% en Baleares o el 54% en Andalucía o Asturias. Y mientras crecen los catalanes en riesgo de pobreza (19,2% de la población), Cataluña es la segunda autonomía con menos pobres cobrando una renta mínima en relación a la población (tras Madrid): sólo la cobran (423 euros al mes) 29.537 personas, según el Ministerio de Asuntos Sociales, frente a 80.378 en el País Vasco o 51.656 en Andalucía. Y se aprobó recientemente una renta garantizada de ciudadanía, que aún no está vigente, a raíz de una iniciativa legislativa popular, no de los nacionalistas.

Junto a unos precarios servicios sociales (se ha recortado la ayuda autonómica a los Ayuntamientos), la política de vivienda de la Generalitat se salda con un recorte del 40% en los presupuestos de vivienda y la construcción de pisos sociales ha caído un 46% estos años, precisamente en una región que está a la cabeza de España en altos precios de vivienda y alquileres. Y lo mismo ha pasado en las infraestructuras, desde carreteras (no se ha hecho el 4º Cinturón) a obras hidráulicas o ferroviarias y de transportes. Por un lado, la Generalitat ha reducido casi a cero su inversión (por eso hay 20.000 jóvenes dando clase en barracones) y por otra, su mala relación con el Gobierno central ha favorecido la caída en picado de la inversión pública en Cataluña: de recibir el 18,4% del total pasaron al 9,9% en 2015. Eso sí, se han hecho obras suficientes para alimentar la corrupción, vía comisiones ilegales (el famoso "3%") y casos tan escandalosos como el Palau (6,6 millones cobrados en obra pública) o las ITV (Oriol Pujol, ex número 2 de CiU). Es el  “Robamos nosotros” del que no hablan.

Bueno, todo esto debería ser lo que analizaran los catalanes a la hora de votar este 21-D. Pero no será así y las elecciones se centrarán otra vez en independencia sí o independencia no, algo que interesa mucho a los partidos nacionalistas pero que tiene poco que ver con las prioridades de los catalanes de a pié. De hecho, los más partidarios de la independencia son las clases medias y altas, mientras que los catalanes más modestos (los que ganan menos de 1.800 euros)  están mayoritariamente contra la independencia (del 51 al 66%), según una encuesta del Centre d´Estudis d´Opinió.

Unos y otros deberían analizar estos días qué consecuencias tendría para sus vidas que ganaran las elecciones los que defienden la independencia. De momento, la declaración unilateral del 1 de octubre ya ha tenido efectos claros: fuga de más de 3.000 empresas, recorte de turistas, menor caída del paro, menos ventas y boicot a los productos catalanes, sin olvidar la pérdida de la Agencia Europea del Medicamento (40.000 profesionales que ya no vendrán a Barcelona cada año). Un balance muy negativo para Cataluña y también para España, que ha perdido atractivo económico y crecerá menos este año (-0,3%) por la crisis catalana. Pero el problema lo tenemos ahora: si no se da un resultado claro y el independentismo sigue fuerte, las consecuencias económicas para 2018 serán graves.

Para Cataluña y para España. Por un lado, las empresas que sólo han cambiado sus sedes fuera de Cataluña empezarán a sacar personal, servicios y hasta factorías. Y habrá un desplome de turistas, hasta un 15,3% menos, según Reputation Institute, con lo que España dejará de ingresar 12.000 millones por turismo en 2018. Y también caerán exportaciones, inversiones y ventas, en Cataluña y en el resto de España, encareciéndose los intereses de la deuda pública y la financiación privada. Con todo ello, la OCDE piensa que España crecerá un 0,3% menos en 2018, pero la Autoridad Fiscal y el Banco de España estiman que la crisis catalana podría costarnos entre 3.000 y 27.000 millones en 2018 (-0,3% al -2,2% del PIB). Y eso se traduce entre 25.000 y 100.000 empleos menos, en Cataluña y en España.

Algo demasiado serio como para no tenerlo en cuenta a la hora de votar, sobre todo cuando la independencia es algo imposible, porque Europa nunca va a reconocer una Cataluña fuera de España y porque independiente, Cataluña sería más pobre que unida: no recaudaría más, vendería menos (por los aranceles), tendría problemas para sostener su moneda y para pagar los servicios públicos (las pensiones y el desempleo tienen en Cataluña un déficit de 6.704 millones, que financia el resto del sistema). Cataluña debería plantearse, tras estas elecciones, recuperar su papel de motor de la economía española, que está perdiendo: en 2017 crecerá menos que el conjunto de España (3% frente a 3,1%), por primera vez en las últimas décadas, y lo mismo en 2018 (2,1% frente a 2,5%). Y en 2018, Cataluña será superada económicamente por Madrid (223.865 millones de PIB frente a 222.855), que ha ganado peso en la economía española mientras Cataluña se ha estancado. Y sólo así, creciendo más, pueden conseguir mejorar sus deteriorados servicios públicos.

El “problema catalán” tiene mal arreglo y no parece que estas elecciones lo vayan a resolver.  Pero en paralelo, el resto de España, el Gobierno y los partidos tienen que afrontar la reforma a fondo del sistema autonómico, que tiene dos graves problemas. Uno, el sistema de financiación de las autonomías, pendiente de reforma desde 2014 y donde hay serios desequilibrios a resolver: Comunidad Valenciana, Murcia, Andalucía y Madrid, Canarias y Cataluña (no si incluimos las ayudas recibidas) reciben menos financiación que la media y Cantabria, la Rioja, Extremadura, Baleares y Castilla y León reciben más, según el balance de Fedea. Montoro dice que a principios de 2018 presentará propuestas de cambio, que deben equilibrar lo que recibe cada una, sin olvidar la solidaridad entre ellas. Porque el otro gran problema del Estado autonómico son las grandes desigualdades entre regiones, las mismas que había hace 30 años: Madrid, País Vasco, Navarra y Cataluña siguen siendo las más ricas (entre 31.000 y 27.000 euros per cápita) y Extremadura, Andalucía, Castilla la Mancha y Canarias las más pobres (entre 15.700 y 19.900 euros per cápita). Y con ello, hay dos (o tres) Españas y cada español tienen una  sanidad, una educación, un subsidio de paro, una vivienda, una justicia y unas ayudas sociales diferentes según donde viva. Eso no debía ser el fruto de “la España de las autonomías”.

En resumen, que en estas elecciones catalanas nos jugamos mucho todos, aunque la mayoría de españoles no podamos votar. Y que los grandes temas del día a día están fuera de una campaña electoral monopolizada por la independencia. El conflicto tiene una difícil salida, pero no podemos convertirlo en “el monotema”: hay que pensar en los otros grandes problemas del Estado autonómico y del país, en especial aprobar un urgente Plan de empleo y reanimar la economía, para compensar las subidas del petróleo, el euro y los tipos, además de la crisis de Cataluña. Salgamos del bucle.

Cataluña: la economía es clave, de principio a fin

El nacionalismo es un sentimiento atractivo para muchos jóvenes catalanes, pero su origen está en los intereses económicos de una burguesía que, desde el siglo XIX hasta hoy, defiende privilegios frente a España. Y en los 30 años que los nacionalistas han gobernado Cataluña, prefirieron pactar (con Aznar y González) y luego defender un “pacto fiscal” a la vasca: sólo desde hace 5 años son independentistas. Pero ahora, una economía globalizada hace que una Cataluña independiente sea “un mal negocio”: los catalanes vivirían peor durante generaciones. Y también los demás españoles. Les guste o no, el independentismo no es moderno ni progresista ni económicamente viable. Si no se frena, Cataluña perderá empresas, comercio, turistas, riqueza y empleo. Habrá que buscar  soluciones también en la economía y en la financiación, pero sin que Cataluña consiga privilegios. Porque sigue habiendo 2 Españas, más alejadas hoy que hace 30 años. Arreglarlo pasa por la solidaridad de la España rica (Cataluña) con la pobre. Eso sí es innegociable.

 

“La pela es la pela”. La economía tiene mucho que ver con la relación y los desencuentros históricos de Cataluña y el resto de España. Empezando porque la peseta (del catalán peceta, diminutivo de peça), la moneda española desde 1868 hasta el 2001, se acuñó por primera vez en Barcelona en 1808. Ya durante todo el siglo XIX y primera parte del XX, la burguesía catalana se peleó con los distintos gobiernos de España para defender su industria y su comercio de ultramar, a golpe de aranceles (impuestos a los productos extranjeros), que hicieron que el resto de España pagara más caros los textiles catalanes (o los metales vascos). Y esa misma burguesía catalana se echó en brazos de Primo de Rivera para que su dictadura (1923-1930) asegurara la paz laboral en sus empresas y los aranceles más altos de Europa. Durante los primeros años de la guerra civil, el nacionalismo catalán fue una rémora para la República y luego se desdibujó durante la larga dictadura franquista, sin dejar de hacer negocios. En 1959, Jordi Pujol fundó Banca Catalana y su fiasco en 1982 provocó el primer gran rescate bancario: nos costó 2.000 millones de euros a todos los españoles.

Con la democracia, el nacionalismo catalán llegó al poder durante 30 años y en ese periodo asentó su ideología (básicamente económica) gracias al poder de las instituciones, los medios de comunicación públicos y la enseñanza (la lengua y la historia). Y defendió sus intereses “colaborando” sin pudor con los gobiernos de España. En junio de 1993, Ciu apoyó la investidura de Felipe González, a cambio de quedarse con el 15% del IRPF, más transferencias e infraestructuras. Y en mayo de 1996 apoyó la presidencia de Aznar (que “hablaba catalán en la intimidad”), a cambio del 30% del IRPF y más prebendas. En 2002, Artur Mas dice en un libro autobiográfico que apuesta “por la España plurinacional”. Y, tras el Estatuto de Autonomía de 2006, se reconoce como “un nacionalista tolerante y moderno pero integrado en el conjunto de España”. Pero como siempre, los nacionalistas quieren más y plantean, ya en 2012 y a Rajoy, el “pacto fiscal”: ser como el País Vasco, recaudar todos los impuestos y luego pagar al Estado central por los servicios que presta.

Pero Rajoy dice no. Y antes, lleva al Constitucional el Estatuto de autonomía catalán aceptado por ZP y la mayoría del Congreso, que es descafeinado por el alto Tribunal. A partir de estos dos rechazos, Mas y el nacionalismo catalán se radicalizan. Pero en octubre de 2012, todavía Mas decía: “No nos conviene plantear las cosas en términos de independencia total, ya que desapareceríamos de Europa y del euro”. En las elecciones de noviembre de 2012, Ciu se da un batacazo y tiene que gobernar con Esquerra (ERC), que impuso un referéndum para 2014. Y en las elecciones de 2015, Ciu vuelve a darse otro batacazo y necesitó para gobernar a otro grupo independentista radical, la CUP, unos anticapitalistas que apoyan a Puigdemont, a pesar de que los nacionalistas son la derecha más clásica: con Ciu en el poder, Cataluña ha sido la autonomía que ha hecho más recortes (un 20% del gasto desde 2010) y donde se han dado más casos de corrupción política (con el 3% de “mordida” para financiarse CiU).

A partir de aquí, el nacionalismo catalán se radicaliza y se multiplica en la calle, no por casualidad sino con la ayuda de dos poderosas organizaciones “ciudadanas”, financiadas por la Generalitat, Esquerra y la burguesía catalana: Ómnium Cultural (creada en 1961 por empresarios nacionalistas) y Asamblea Nacional de Cataluña (próxima a Esquerra y presidida hasta 2015 por Carme Forcadell, ahora presidenta del Parlament), las dos muy protagonistas del referéndum ilegal del 1-0 y de todas las acciones en la calle, con la ayuda de la CUP (unos anarquistas de nuevo cuño, extrañamente unidos a la burguesía catalana). Todos tratan de aprovechar una cierta “oleada de nacionalismo”, que ha prendido entre la juventud y en muchos catalanes, al calor de la manipulación histórica y sin tener en cuenta que el nacionalismo no ha servido estos años para mejorar la vida de los catalanes, de lo que “culpan a España”.

Su argumento es que “España nos roba”: Cataluña pierde 16.000 millones y si fuéramos  independientes, podríamos vivir como Dinamarca. No es verdad, como demuestra José Borrell en su libro “Las cuentas y los cuentos de la independencia”. El sistema de financiación actual es mejorable, pero busca que las autonomías más ricas paguen más que las pobres. Y así, Cataluña tiene un saldo negativo de -9.892 millones (2014), el 5% de su PIB, según las balanzas fiscales elaboradas por Fedea.. Pero hay también otras 3 autonomías con saldos fiscales negativos: Madrid (-19.205 millones, el 9,2% de su PIB), Baleares (-1.516 millones, el 6,3% PIB) y la Comunidad Valenciana (-1.735 millones, el 2,1% PIB). Y no piden independizarse, sino que cambie el sistema de financiación. Lo que no dicen tampoco los independentistas es que Cataluña es una de las regiones del mundo con más autonomía, tanto en competencias asumidas como en  autonomía fiscal: recauda el 23,1% de sus ingresos, más que los Länder alemanes (21,3%) o los Estados en USA (20,9%).

La gran mentira del nacionalismo es que en una Cataluña independiente se viviría mejor. Y aquí aparece otra vez la economía: la independencia de Cataluña es “un mal negocio” para los catalanes (y para el resto de España). Ya se ha empezado a ver, con la fuga de unas 1.200 empresas y bancos desde el 1-0, la pérdida de turistas (-15%, según Exceltur), la caída en las ventas de coches (entre el 30 y el 40%) y en comercios (-20%ventas grandes superficies). Y no es porque presione el Gobierno de España, sino porque las empresas y los bancos buscan estabilidad y seguridad, saben que la independencia les resta posibilidades de vender y crecer y les deja sin el paraguas europeo. El problema es que ahora se van las sedes, pero si el conflicto se enquista, se pueden ir las factorías y el empleo. La ruina.

El problema de fondo es que, con Europa y la globalización, una Cataluña independiente no es viable económicamente. Esa es la realidad que no ven los independentistas de buena fe. Y eso, básicamente, porque si se declara independiente, Cataluña quedaría fuera de la Unión Europea. Lo han dicho una y otra vez los dirigentes europeos (la última vez, en la reciente Cumbre europea), pero además está escrito en un dictamen del 12 de abril de 2013 del Comité de las regiones de la UE (ver aquí punto 64): si una región europea obtuviese la independencia, “tendría que solicitar su adhesión como nuevo miembro de la UE y requeriría un acuerdo unánime”. Que no aprobaría España, ni tampoco paises con problemas nacionalistas, como Francia, Italia o Reino Unido. En Europa hay 200 lenguas diferentes y como ha dicho el presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker, “bastante difícil es gobernar una Unión a 28 como para hacerlo con 98 países”.

Y quedar fuera de Europa y del euro sería un drama económico para Cataluña. Primero, porque el gobierno catalán tendría que poner en marcha un “corralito”, como en Grecia, impidiendo que los catalanes saquen su dinero de los bancos, para evitar una fuga masiva de capitales, dado que los depósitos ya no estarían protegidos por el BCE (que tampoco financiaría a los bancos con sede en Cataluña: por eso se han ido). Luego, tendría que crear una nueva moneda (ni el BCE ni Bruselas les dejarían usar el euro, como permiten a Andorra, Mónaco o Kosovo, por el mayor tamaño de Cataluña), que se devaluaría automáticamente para poder competir, disparando la inflación. Y todos los productos catalanes se encarecerían, al tener que pagar un arancel (un 5,7%) para venderlos en el resto de España y de Europa, lo que reduciría las ventas de las empresas catalanas y su empleo.

Pero hay más. Cataluña perdería los fondos europeos (1.400 millones de euros previstos para 2014-2020) y las inversiones del Banco Europeo de inversiones (BEI). Y gran parte de impuestos, que las empresas fugadas pagarían al Gobierno español, que ya no les cedería la mitad del IRPF y otros ingresos. Además, Cataluña tendría que hacer frente a su deuda (75.443 millones de euros en 2017), sin recibir financiación ni ayuda de España como ahora (desde 2012, Cataluña ha recibido más de 70.000 millones de euros en préstamos de la Hacienda española, el FLA), lo que estrangularía sus cuentas, con graves problemas para financiarse en los mercados. Y los pensionistas tendrían problemas para cobrar sus pensiones, ya que Cataluña debería afrontar sola el déficit que tiene la Seguridad Social allí (-4.963 millones) y que hoy se cubre con la hucha de las pensiones y el Presupuesto español.

Se mire como se mire, la independencia es “un mal negocio” para Cataluña. Y también para el resto de España: perderíamos el 19% de la economía, la más dinámica, la que más exporta y crea más empleo. Ya nos está afectando, porque hay inversores europeos y norteamericanos preocupados por la situación en España debido al “problema catalán”. Y más cuando Rajoy no consigue apoyos para presentar el Presupuesto 2018, lo que ha obligado a prorrogar el Presupuesto 2017. Además, la tensión con Cataluña ya provoca que al Tesoro español le cueste más financiarse, colocar la deuda pública: un sobrecoste de 23 millones de euros en la última subasta del jueves. El Gobierno cree que esta incertidumbre política nos restará crecimiento en 2018 (-0,3% del PIB), lo que se traducirá también en menos empleo (el 30% del total se crea en Cataluña). Y si la situación se enquista, España podría crecer hasta 1,2% menos en 2018 (la mitad del 2,3% previsto), según la Autoridad Fiscal (AIReF).

La recuperación económica está en peligro por la crisis en Cataluña. Sobre todo porque la independencia sería un suicidio económico, para Cataluña y para toda España. Por si alguien lo dudaba, lo que ha pasado sólo en octubre lo demuestra. Y lo peor está por venir: empresas que cambian sus factorías (¿Seat?), turistas que dejan de venir, inversiones que no cuajan, boicot a productos catalanes… Antes o después, algún catalán se quedará sin trabajo por el independentismo, por un nacionalismo que es una ideología caduca y reaccionaria, que defiende los privilegios de los más ricos (“pagar menos a España y que andaluces y extremeños se las apañen…”). Como los aranceles del siglo XIX pero ahora son los impuestos, el “pacto fiscal”. Algo que no acaban de ver los miles de jóvenes que sueñan con la independencia, un sentimiento que puede ser atractivo pero que choca con un mundo abierto y sin fronteras. Y que, de aplicarse, supondría que los catalanes serían más pobres en varias generaciones. Y lo sufrirían los de siempre: los trabajadores, los parados y los pensionistas, no la burguesía nacionalista.

Algo hay que hacer, pero todo apunta a que aplicar el artículo 155 de la Constitución es un parche obligado que no soluciona el problema, que va a enquistarse, quizás meses. Hasta que una mayoría clara de catalanes comprenda que la independencia es una mala salida y exija elecciones (¿en enero?) y otro Gobierno. Y entonces, habrá que negociar una salida, con medidas políticas, pero sobre todo económicas: qué nivel de ingresos va a tener Cataluña y cuánto va a aportar al resto del Estado. Porque esta pelea no puede traducirse en más privilegios, como ETA trajo el cupo vasco. Porque hay una realidad: Cataluña lleva 2 siglos entre las regiones más ricas, mientras Extremadura, Andalucía y Canarias llevan los últimos 40 años de democracia (y antes, varios siglos) siendo las más pobres : 12.660 euros de renta por persona en Cataluña en 2016 (y 14.345 euros en el País Vasco), un tercio más que los 8.398 euros en Andalucía, 8.674 de Extremadura y 8.702 de Canarias, según el INE. Y esas históricas diferencias de renta por persona sólo pueden resolverse con solidaridad fiscal, pagando más los que más tienen (aunque le pese a la burguesía catalana y a los que arrastran detrás).

Así que reforma de la Constitución sí, reforma de la financiación autonómica también, pero no para legalizar situaciones de privilegio, sino para conseguir una España menos desigual y más justa, donde la calidad de la educación, la sanidad, las ayudas a los pobres y dependientes, las infraestructuras o el empleo no dependan de dónde uno vive, como pasa ahora. Eso es lo que apoyan la mayoría de españoles, cuyo “derecho a decidir” debería estar por encima del “derecho a decidir” de una parte de España. O del chantaje de sus líderes nacionalistas, como tantas veces en nuestra historia. Hay que aprovechar el problema de Cataluña para configurar una España más integrada y menos desigual. Acabar de una vez con las dos Españas. Esto no es negociable.

Autonomías: hay más problemas que Cataluña

España contiene la respiración ante lo que pase este domingo en Cataluña. Pero la clave está en el 2 de octubre, en cómo recuperar a Cataluña: supone la quinta parte de la economía y es el motor de la industria, el turismo y las exportaciones, lo que tira ahora del crecimiento. Habrá que afrontar el futuro con diálogo, reformando de una vez la financiación autonómica. Pero debería aprovecharse para reconfigurar el mapa autonómico y sus competencias. Porque tenemos un país cada vez más desigual, donde según donde vivamos tenemos una sanidad, educación, un seguro de paro, ayudas a la dependencia, renta básica y hasta pensiones diferentes. Y más o menos empleo, paro, salarios, renta y pobreza. Dos Españas, más alejadas con la crisis. Y si no se hace nada, tardaremos 70 años en reducir a la mitad la distancia entre regiones ricas y pobres, según el Banco de España. Este es el problema que debería orientar el debate autonómico. Conseguir una España plural pero menos desigual.


                                                                              enrique ortega

A partir del 2 de octubre, urge recomponer las relaciones con Cataluña, no solo por razones políticas sino también económicas. Es una región clave, no sólo porque allí viven 1 de cada 6 españoles (7.522.596 habitantes) sino porque aporta casi la quinta parte de la riqueza española (19,03% del PIB), y es una economía muy dinámica y productiva, con 608.000 empresas (18,6% del total) que dan trabajo a 3.270.500 personas. Y además, Cataluña es el motor de los dos sectores que están tirando de la recuperación, el turismo y las exportaciones: la visitan uno 1 de cada 4 turistas extranjeros (24%) que llegan a España y supone la cuarta parte de la exportación española (25,3%), más que Madrid y Andalucía juntas. Así que hablamos de una región clave para España, la recuperación económica y la competencia con el exterior.

Restañar las heridas del conflicto con Cataluña obligará a dialogar y negociar, para arrebatar a los independentistas sus “banderas” y convencer a la mayoría que su mejor futuro, político, económico y social, está en seguir en España, no imponerlo por vía judicial o policial. Y la primera bandera que hay que arrebatarles es la económica, el “España nos roba”, la independencia por el bolsillo. La propaganda independentista ha jugado con “las cuentas de la lechera”: perdemos 16.000 millones por estar en España y si fuéramos independientes, aunque tuviéramos más gastos, podríamos conseguir un saldo favorable de 11.591 millones y vivir como Dinamarca. Así que independizarse “sale a cuenta”.

Lo malo es que no es verdad y que estas cuentas son “cuentos”, como demostró el exministro José Borrell en su libro “Las cuentas y los cuentos de la independencia”. Según el ex Conseller catalán de Economía, Mas Collell, la diferencia entre los ingresos aportados por Cataluña y los gastos hechos por el Estado fue de -3.228 millones en 2015, no los -16.000 utilizados por los independentistas. Y en las últimas “balanzas fiscales” (ingresos menos gastos) calculadas por los expertos de Fedea, figura un saldo negativo para Cataluña en 2014 de -9.892 millones de euros, el 5% de su PIB. Pero resulta que hay otras 3 autonomías que presentan también saldos fiscales negativos, dos de ellas mucho mayores que el de Cataluña: Madrid (-19.205 millones, el 9,2% de su PIB), Baleares (-1.516 millones, el 6,3% de su PIB) y la Comunidad Valenciana  (-1.735 millones, el 2,1% de su PIB). Y no piden independizarse, sólo que se cambie ya el actual sistema de financiación autonómica.

La otra bandera que hay que arrebatar a los independentistas es que separados de España, los catalanes iban a vivir mejor. No es verdad. Sobre todo, porque si Cataluña se declarara independiente (algo legalmente imposible), quedaría fuera de la Unión Europea y del euro, según ha reiterado la Comisión Europea. Y eso sería un drama para Cataluña. Primero, porque el Gobierno catalán tendría que poner en marcha un “corralito”, como en Grecia, para impedir una fuga masiva de capitales. Luego, tendría que crear una moneda, que se devaluaría al instante (como la libra: un -19% tras el Brexit). Y tendría muy difícil vender al resto de España y de Europa, porque sus productos tendrían que pagar un arancel (del 5,7% inicialmente), al no estar en la UE. Y como además Cataluña es la autonomía más endeudada de España (75.443 millones de euros en 2017), tendría serios problemas para financiarse en el exterior y no suspender pagos como “país”, mientras los ahorradores catalanes ya no tendrían asegurado el dinero que tengan en sus bancos, al no estar ya amparados por el BCE. Y como es probable que muchas empresas y bancos se trasladarían fuera de Cataluña, bajaría su crecimiento y su empleo. Y con ellos, la renta y el nivel de vida, aumentando la inflación. Los cálculos de los expertos hablan de una caída del PIB catalán del 10 al 20% a medio plazo. O sea, que con la independencia, los catalanes serían más pobres. Así de claro.

También España sería más pobre sin Cataluña. Y sobre todo, recomponer la fractura política y social con Cataluña es un elemento clave para consolidar la democracia y la convivencia. Así que toca, al Gobierno y a la oposición, volcarse en afrontar el problema, buscando soluciones a medio plazo, que exigirán cambios, no sólo políticos sino también económicos: sistema de financiación, competencias, inversiones, solidaridad fiscal. Pero una vez abierto el melón de Cataluña, otras autonomías querrán ir detrás y exigirán otros cambios. Es hora de aprovechar “el problema catalán” para revisar a fondo el modelo autonómico, no sólo en la vertiente política sino sobre todo en la económica, porque presenta problemas serios. El principal, que no ha servido para corregir la desigualdad entre las regiones.

Mucho se habla de “la unidad de España”, pero no hay una España sino al menos dos o quizás tres: la rica y la pobre y la intermedia. Y eso lo notan cada día los ciudadanos, que saben que depende de donde vivan tienen más o menos trabajo, más o menos paro, mejores o peores salarios, más o menos pobreza, mejor o peor sanidad y educación, más o menos prestaciones por desempleo o Dependencia, mejores o peores pensiones.

La primera gran diferencia entre regiones es su diferente modelo económico, que hace que unas crezcan más que otras y generen más o menos empleo. Si en toda España trabajan un 62% de adultos (16-64 años), según la EPA, hay 9 autonomías donde hay más personas trabajando, sobre todo en Baleares (70,34%), Navarra (68,40), Aragón (68,27%), Madrid (68,07) y la Rioja (68%). Y otras 8 autonomías, más Ceuta y Melilla, donde hay menos gente trabajando que en el resto de España: Melilla (47% de los adultos), Ceuta (52,23%), Extremadura (52,92%), Andalucía (53,20%), Canarias (55,21%) y Castilla la Mancha (57,78%) sobre todo, según la EPA. Y lo mismo pasa con el paro: hay 5 autonomías con más del 22% de paro (30,22% Melilla, 25,76% Extremadura, 25,24% Andalucía, 24,30% Canarias y 22,24% Canarias), mientras otras cinco tienen un paro “casi europeo” (10,55% Navarra, 10,92% la Rioja, 11,23% País Vasco, 11,39% Aragón y 11,49% Baleares).

Y este mayor o menor empleo lleva también a que los españoles tengan mejores o peores sueldos según donde vivan, según los datos del INE. Si el salario bruto mensual en España es de 23.106 euros (2015), hay 4 autonomías que tienen un sueldo superior: País Vasco (27.571 euros), Madrid (26.448), Navarra (24.863) y Cataluña (24.321). Y de las 13 restantes que cobran menos destacan los bajos sueldos de Extremadura (19.564 euros), Canarias (19.856), Galicia (20.624), Castilla la Mancha (20.670), Murcia (20.928) y Comunidad Valenciana (20.935). Eso significa que un vasco gana de media 4.465 euros más que el español medio y 8.007 euros más que un extremeño (un 29% más). Y si tomamos el salario por hora, al margen de las horas trabajadas, los vascos ganan un 31,6% más que los extremeños.

Pero las diferencias entre regiones no se quedan en el empleo, el paro o los salarios. Las diferencias las notan cada día los ciudadanos, al ir al hospital o al colegio, al ir a la oficina de empleo o al cobrar la pensión, porque hay enormes diferencias en los servicios públicos según donde uno viva y ese quizás sea el mayor fracaso del estado autonómico.

Empecemos por la sanidad. El origen de la desigualdad está en el distinto gasto que hacen en sanidad las distintas autonomías. Las que más gastaron en 2016 fueron Navarra (1.633 euros/habitante), País Vasco (1.632 euros), Asturias (1.578), Extremadura (1.422) y Cantabria (1.418). Y las que menos, Andalucía (1.106 euros/habitante), Cataluña (1.180) y Madrid (1.184), un 50% menos que navarros, vascos y asturianos, según datos de la Fundación en Defensa de la Sanidad Pública (FDSP).Y ese mayor o menor gasto lleva a que unas tengan más camas, médicos y enfermeras que otras. Y con ello, mejor o peor atención. Así, las listas de espera para operarse varían de los 182 días de espera en Canarias o los 173 de Cataluña a los 44 días en la Rioja o los 50 del País Vasco. Y para ir al especialista, entre los 138 días de espera en Cataluña y los 32 en la Rioja, según el Ministerio de Sanidad. Y con ello, el ranking de atención sanitaria, elaborado por la FDSP, varía mucho: sacan sobresaliente la sanidad de Navarra y País Vasco (90 puntos sobre 114), notable las de Aragón (82) y Asturias (79) y suspenden Canarias (49), Comunidad Valenciana (59), Cataluña y Andalucía (60 puntos). Así que ojo a donde se pone uno enfermo.

Lo mismo pasa con la educación. Hay 5 autonomías que gastan en educación más que la media española (5.169 euros/alumno): País Vasco, Navarra, Cantabria, Asturias y Galicia. Y así, el País Vasco gasta en educación (8.076 euros por alumno) el doble que Madrid (4.443 euros) o Andalucía (4.510 euros), según los últimos datos del Ministerio de Educación (para 2014). Y las becas y ayudas universitarias también son muy diferentes según donde vivan los alumnos (2.556 euros la beca universitaria en Andalucía frente a 1.706 euros en Madrid). Y la desigualdad no se queda en el gasto, también llega a los contenidos educativos: hay unos contenidos mínimos, pero a partir de ahí los alumnos estudian diferente según donde vivan. Así, Madrid, Canarias y Castilla y León dan 1.000 horas lectivas de matemáticas mientras los del País Vasco reciben 630 horas y los de Navarra y Baleares unas 700. Y los alumnos de Primaria de los colegios bilingües de Madrid reciben el doble de horas de inglés (840 horas en los 6 años) que los de Andalucía, Aragón y Cataluña (420 horas). Y lo mismo en la ESO y Universidad. Así que la formación depende de en qué región se estudie.

También hay enormes diferencias regionales a la hora de recibir ayudas a la dependencia (para ancianos y discapacitados). En toda España hay 314.709 dependientes en lista de espera (julio 2017), un 25,69% de los dependientes, con la ayuda reconocida pero sin recibirla por falta de presupuesto. Pero hay autonomías donde los dependientes están peor, como Canarias (el 41,4% esperan la ayuda a la que tienen derecho), Cataluña (37,5% esperan), la Rioja (30,6%) o Andalucía (25,6%), mientras en otras son pocos los que esperan, como Madrid (10,73%) o Baleares (14,5%), según datos del IMSERSO. Y si tomamos la cifra de beneficiarios sobre toda la población, donde hay más dependientes atendidos es en Castilla y León (3,51 población total con ayudas), País Vasco (2,74%), Cantabria (2,57%) y Castilla la Mancha (2,40%), mientras el farolillo rojo de la dependencia son Canarias (sólo 0,84% población con ayudas Dependencia), Comunidad Valenciana (1,16%), baleares (1,44%) y Madrid (1,71%). Así que ojo donde nos hacemos viejos.

Y también hay grandes diferencias regionales a la hora de recibir otras ayudas sociales, a la vivienda, a las familias o la renta mínima de inserción que pagan las autonomías a los más pobres. Las cobran 466.266 españoles, pero el importe y el tiempo que las reciben varían mucho según las autonomías, que también exigen requisitos muy diferentes. Donde hay más pobres cobrando ayudas, en proporción a la población es en País Vasco (70.528) y Navarra (15.952) y donde menos en Madrid (73.400), Cataluña (45.5639) y Andalucía (89.831). Y donde más se paga es en Navarra (648,60 euros mensuales), país Vasco (619,29) y Aragón (573,30) y donde menos en Murcia y Ceuta (300 euros), Castilla la Mancha (372) y Madrid (375 euros), según datos del Ministerio de Sanidad y Asuntos Sociales (año 2015).

También hay grandes diferencias regionales en el trato a los parados, debido a la economía de cada región, al tipo de empleo y los sueldos y cotizaciones. Si en toda España, un 52,7% de los parados estimados (EPA) no cobran nada (julio 2017), según datos de Empleo, hay regiones donde hay todavía una mayor proporción de parados que no cobran nada: Melilla (69,8% parados no cobran), Baleares (65,7%), Castilla la Mancha (62,5%), Canarias (58,1%), Castilla y León, Murcia, Galicia y Madrid (el 57% parados no cobran nada). Y además, los parados que sí cobran, reciben un subsidio diferente según donde vivan: más de 800 euros al mes en Navarra (856,9), Baleares (856,5), país vasco (810), Cataluña (805,8), Madrid (804,9) y la Rioja (801,1) y un 15% menos los parados de Extremadura (697 euros), Asturias (734,5), Andalucía (740), Cantabria (746,8) y Canarias (749,9), según datos de Empleo. Así que ojo a dónde nos quedamos en paro.

Y también importa dónde nos jubilemos, porque la pensión depende del tipo de trabajo, el sueldo y la cotización, que varían mucho por autonomías. Si la pensión media era de 922,17 euros en agosto 2017, hay 7 autonomías donde los jubilados cobran más. Y de ellas, 4 regiones donde la pensión media supera los 1.000 euros: País Vasco (1.144,61 euros), Madrid (1.089,20), Asturias (1.087,25) y Navarra (1.058,80). Y del resto, hay 9 autonomías donde los pensionistas cobran menos de 900 euros, destacando la baja pensión media de Extremadura (766,79 euros), Galicia (779), Murcia (810), Andalucía (827,85), Canarias (849) y Comunidad Valenciana (849,39). Así que un pensionista extremeño cobra un 33% menos que uno vasco y un murciano un 29% menos. Desigualdad hasta el fin de nuestros días.

Bueno, son muchos datos, pero resultan esclarecedores para confirmar lo dicho: vivimos en una España muy desigual para los ciudadanos según donde se viva, desde la cuna a la muerte. Antes también era así, pero el Estado de las autonomías no lo ha corregido. La raíz de esta desigualdad está en que hay dos Españas (o mejor tres), a nivel económico: autonomías que producen más, por su estructura económica y su mayor productividad. Y así, si tenemos en cuenta la población, la diferencia se mide en el PIB por habitante, lo que se produce por persona. En España, el PIB por habitante fue de 23.970 euros en 2016, según el INE, el 90% de la media europea (estamos en el puesto 14 del ranking UE, a la misma distancia de Europa que hace 15 años). Y sólo hay 7 regiones por encima de la media, las más ricas: Madrid (32.723 euros/habitante), País Vasco (31.805), Navarra (29.807), Cataluña (28.590), Aragón (26.328), La Rioja (25.692) y Baleares (24.870). Y otras 7 regiones en la cola, la España pobre: Extremadura (16.369 euros PIB/habitante), Andalucía (17.651), Melilla (17.686), Castilla la Mancha (18.591), Murcia (19.411), Ceuta (19.446) y Canarias (19.867).

Esta es la riqueza que genera cada región, según su estructura económica, sus empresas, su inversión y su gente. Pero luego, una parte se lo llevan los impuestos, que son muy diferentes según las autonomías (Cataluña es la autonomía donde se pagan más impuestos, porque así lo ha decidido la Generalitat, no el resto de España) y deberían ayudar a compensar a las más pobres, a corregir las diferencias con las inversiones y las ayudas públicas. Y al final, interesa comparar la renta disponible en cada región, los ingresos netos. Y aquí, los españoles de las regiones ricas ingresan más que los de las pobres. Si la renta disponible por español era de 10.708 euros en 2016, según el INE, hay 6 autonomías más ricas por encima de los 12.000 euros: País Vasco (14.345 euros de renta/habitante), Navarra (13.408), Cataluña (12.660 euros: eso no lo dicen los independentista…), Madrid (12.647), Baleares (12.222) y Asturias (12.060). Y otras 5 autonomías más pobres: Murcia (8.273 euros), Andalucía (8.398), Extremadura (8.674), Canarias (8.702) y Castilla la mancha (8.731). Es la España pobre, 15 millones de personas, un tercio de los españoles, cuya renta es casi la mitad que la de un vasco.

Lo más grave es que las regiones que integran la España rica y la España pobre son casi las mismas desde hace 30 años, como he explicado en otro blog. Y que las diferencias de renta no se han recortado apenas: se han agravado incluso con la crisis. Pero hay otro dato aún más preocupante: si no se hace nada, las diferencias entre las regiones españolas sólo se reducirán a la mitad dentro de 70 años, según un reciente estudio del Banco de España. Así que si queremos una España menos desigual, hay que actuar. Y el problema de Cataluña puede servir para, una vez abierto el melón autonómico, hacer cambios profundos.

El primero y fundamental, reformar el sistema de financiación autonómica de 2009, lo que se comprometió hacer Rajoy, en la Conferencia de presidentes autonómicos, dentro de este año, algo que parece ya imposible. Urge buscar un sistema que sea más justo, en el que Cataluña, Madrid y la Comunidad Valenciana no pierdan tanto, pero que a la vez ayude a corregir desigualdades, con lo que las regiones más ricas tendrán que pagar más de lo que reciben. Y además, habrá que destinar más recursos a financiar las autonomías, recortándolos del Estado central, porque hacer frente a sus competencias (sanidad, educación, dependencia, justicia…) les resulta cada vez más costoso. Eso supone permitirles más fuentes de ingresos y restarlos al Estado, un pulso económico que también es político (pelea por el poder): hoy, el 50% de los ingresos los capta el Estado, el 35% las autonomías y el 15% los Ayuntamientos. Si queremos ir a un estado con potentes competencias autonómicas, tienen que tener más ingresos. Y para que los ciudadanos no paguemos dos veces, el Estado tendrá que tener menos. Esa es la base fiscal de un Estado federal (como el alemán), si es a lo que aspiramos.

Pero además, necesitamos un Estado central potente para que ejerza un papel reequilibrador, asegurando un reparto equitativo del esfuerzo fiscal (que paguen más impuestos los que más tienen y por tanto, las regiones más ricas) y de las ayudas e inversiones necesarias para reequilibrar las regiones, para que en los próximos 20 años se acorten las diferencias entre la España rica y la España pobre, aumentando la producción (con una estructura económica más competitiva, más industria y mejor formación y tecnología)  y la renta de las regiones más rezagadas.

Y en tercer lugar, hace falta un enorme esfuerzo de coordinación, de diálogo, para que los servicios públicos sean homologables, al margen de donde se viva. Eso debería exigir establecer una agenda mínima de prestaciones públicas (sanitarias, educativas, ayudas sociales…) y tratar de acortar las diferencias actuales, con un Fondo de compensación para mejorar los servicios de las regiones más atrasadas, con evaluaciones públicas periódicas.

Como puede verse por todos los datos aportados, queda mucho por hacer para conseguir que el Estado autonómico funcione mejor y ayude a reducir las desigualdades, de empleo, renta y servicios públicos. Habría que aprovechar la fractura con Cataluña para abrir el debate y no sólo hablar de Constitución y derechos políticos sino de economía, renta y servicios, los problemas de verdad que afectan cada día a todos los españoles. Para intentar conseguir que en los próximos 20 años, todos estemos mejor, al margen de donde vivamos. Conseguir una España plural pero menos desigual.