Más emisiones de CO2 en España (y en la UE)

Rajoy apoyó el Acuerdo de París contra el Cambio Climático, firmado en 2016, pero en 2017, España fue el 4º país europeo que más aumentó las emisiones de CO2, un 7,4%. Lo peor es que todo el mundo las aumentó (menos: un 1,4%) y también otros 19 países europeos, tras tres años de contenerlas o bajarlas.”Estamos perdiendo la batalla contra el Cambio Climático”, advirtió el presidente Macron en diciembre. Y esto sucede cuando el CO2 en la atmósfera ha vuelto a batir otro récord histórico y el clima está descontrolado. Europa ha bajado algo la guardia y este 2018 aprobará (dividida) su estrategia futura, mientras EEUU ha tirado la toalla con Trump y China avanza despacio. España debe aprobar este año una Ley de Cambio Climático que será polémica, por el cierre de las centrales de carbón y nucleares (que el Gobierno quiere retrasar) y porque hace falta subir impuestos (carburantes y empresas) y gastar más para lograr una economía más limpia. No podemos seguir contaminando así. 

enrique ortega

Los humanos seguimos contaminando el Planeta. En octubre de 2017, la Agencia Meteorológica Mundial (OMM) lanzó su última alerta: la concentración de CO2 en la atmósfera (el gas responsable del 80% del efecto invernadero) alcanzó las 403,3 partes por millón (ppm), superando otra vez la barrera de los 400 ppm, que se superó por primera vez en 2015. Un nivel de CO2 que multiplica por 1,43 los niveles preindustriales (anteriores a 1.750). Y aunque no hay datos recientes, todo apunta a que han crecido también otras emisiones provocadas básicamente  por el hombre (61%) de metano (12% de las emisiones totales de gases de efecto invernadero), oxido nitroso N02 (5% emisiones) y gases fluorados (3% de los GEI). Unas emisiones que provocan un “efecto paraguas” (invernadero) y aumentan la temperatura del Planeta así como los fenómenos climáticos extremos (sequías, inundaciones, etc.).

Lo preocupante es que la cantidad de CO2 en la atmósfera sigue creciendo a pesar de que las emisiones mundiales de CO2 se han estancado en los últimos tres años, en 2014 (+0,7%), 2015 (+0,06%) y 2016 (+0,6%), porque también juegan otros factores climáticos (como el Niño). Por eso, los expertos temen que se hayan disparado los niveles de CO2 en la atmósfera, dado que en 2017 las emisiones subieron a nivel mundial un 1,4%, según la Agencia Internacional de la Energía,  tras tres años de estancamiento. Las emisiones repuntaron en 2017 porque se disparó el consumo de energía (creció un 2,1%, el doble que en 2016)  y aumentó mucho el consumo de petróleo (por sus bajos precios en 2017 y el tirón del transporte), del gas y sobre todo del carbón (para generar electricidad, más en Asia). Precisamente, las economías asiáticas fueron culpables de dos tercios del aumento de emisiones de CO2, más por India (emisiones subieron 2%) y el sudeste asiático que por China (aumentó sus emisiones un 1,7%). Y subieron las emisiones en Europa (+1,5%), aunque bajaron en EEUU (-0,5%, por mayor consumo de gas), Japón y Reino Unido.

Lo más llamativo es que las emisiones de CO2 hayan subido durante 2017 en Europa, un 1,8% de media, según los últimos datos de Eurostat, tras haberse reducido los años anteriores. Y no es un hecho aislado, sino que suben en 20 países europeos, encabezados por Malta (+12,8%), Estonia (11,3%), Bulgaria (+8,3%) y España (+7,4%), la mayor subida de las emisiones de CO2 de la última década, tras haber caído las emisiones de 2009 a 2016 (por la crisis), con la única excepción de 2015 (subieron un 3,5%). Sólo se redujeron las emisiones de CO2 en 7 países europeos: Finlandia (-5,9%), Dinamarca (-5,8%), Reino Unido (-3,2%), Irlanda (-2,9%), Bélgica (-2,4%), Letonia (-0,7%) y Alemania (-0,2%).

El aumento de las emisiones de CO2 en España está muy vinculado a la generación de electricidad y a un mayor consumo de energía en la industria y los transportes. La falta de lluvias en 2017 provocó un menor aporte de la energía hidroeléctrica (7% de la generación eléctrica frente al 14% en 2016, según REE) y de la energía eólica y solar, con lo que las renovables han perdido mucho peso para generar la luz: del 40,8% en 2016 al 33,3% en 2017. Y ese hueco lo han rellenado el carbón (que aportó el 17% de la luz, frente al 13,9% en 2016) y las centrales de gas (del 10,2 al 13,9% en 2017), que también emiten CO2 aunque menos que el carbón. El verdadero problema de las emisiones está en las 15 centrales térmicas de carbón, que generaron ellas solas 46 millones de toneladas de CO2, el 19% de todas las emisiones que se hacen en España, encabezadas por la central de Aboño en Asturias, de EDP (8,2 millones Tm CO2), As Pontes en A Coruña, de Endesa (8,1 millones Tm) y Litoral en Almería, también de Endesa (7 millones Tm CO2). Baste decir que de las 10 instalaciones que más CO2 emitieron en 2017 (responsables de dos tercios de las emisiones industriales totales), 8 eran centrales térmicas de carbón.

¿Quién emite CO2 en España? El principal “culpable” es el sector de los transportes (27% de las emisiones totales), según el balance 2016 del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA), debido sobre todo al gran peso de los camiones en el transporte y a la aviación. Le sigue la generación eléctrica (con el 18%) y la industria y los procesos industriales (23%, más un 4% del refino): las emisiones de las 1.184 industrias españolas sometidas al sistema europeo de derechos de CO2 fueron de 144,44 millones de Tm de CO2  (el 40% de las emisiones totales) y aumentaron un 10,44% en 2017, según la Comisión Europea. Las que más subieron fueron las emisiones de la industria eléctrica (+18,97%) y poco las del resto de industrias (+0,9%), destacando los aumentos de emisiones de la aviación (+13,20%), la cal (+8,2%) y la cerámica y azulejos (+7,9%), aunque las industrias que más contaminan son las eléctricas, cementeras, refinerías y siderúrgicas.

Tras el transporte (27%), las eléctricas y la industria (45% de las emisiones CO2), el tercer gran emisor en España es el sector residencial, básicamente las viviendas, el comercio y los servicios (13% de las emisiones), destacándose la importancia creciente de las emisiones ligadas al turismo, que podría emitir cuatro veces más CO2 del que se pensaba (hasta el 8% de las emisiones totales), desde el viaje en avión al transporte y las emisiones en las vacaciones, algo que debería preocupar especialmente a un país como España, que recibe 83 millones de turistas al año. Y en cuarto lugar están las emisiones de la agricultura y la ganadería (el 11% del total), dos tercios ligadas a la ganadería y a la mucha carne que comemos: producir 1 kilo de cordero supone 10.629 gramos de CO2 equivalente, frente a sólo 140 gramos de CO2 por kilo de naranjas o 299 gramos por kilo de tomates. Y el resto de emisiones (4%) proceden de la gestión de residuos (basuras).

Este aumento de las emisiones de CO2 en 2017, en España y en el mundo, pone en peligro los objetivos del Acuerdo de París (2015), firmado por 195 países, que pretende recortar (a partir de 2020) las emisiones de CO2 entre el 20% y el 30% para 2030, con el objetivo de que la temperatura de la Tierra suba a finales de siglo entre 1,5 y 2 grados, no los 3 o 4 grados que subiría si no se hiciera nada (lo que destrozaría en Planeta). Pero hoy, casi dos años y medio después, el mundo ha avanzado poco en medidas concretas para asegurar esos recortes. Y la retirada de EEUU ha dinamitado la recaudación del Fondo verde previsto de 100.000 millones de dólares anuales para ayudar a la reconversión energética de los países en desarrollo. “Estamos perdiendo la batalla contra el Cambio Climático”, reconoció el presidente Macron en una cumbre especial que convocó en París en diciembre pasado.

Un hecho que preocupa, además de la retirada de EEUU del Acuerdo de París, es que Europa, la abanderada mundial contra el Cambio Climático, ha rebajado sus planteamientos, debido sobre todo a  Alemania, muy presionada por su poderosa industria del automóvil (pro-diesel) y por el carbón: de las 10 industrias europeas que emiten más CO2, 7 son centrales de carbón de  Alemania (y las otras tres de Polonia y Bulgaria). Precisamente, los países del Este son otro frente que frena los recortes más drásticos de emisiones. Este año 2018, el Consejo Europeo debe aprobar los objetivos para cumplir la Cumbre de París y todo apunta a que serán menos ambiciosos de lo que muchos piden: un 20% de renovables para 2020 y un 27% para 2030 (la Comisión Europea defendía el 30% y la Eurocámara el 35%). Además se podría retrasar el cierre de las centrales de carbón, hasta 2025 o incluso 2030.

España está a la espera de que se aprueben estas directrices europeas, pero trabaja en una Ley de Cambio Climático que Rajoy ha prometido para este año. De momento, se creó una Comisión de 14 expertos, nombrados por el Gobierno (4), partidos (7) y fuerzas sociales (3), que el 2 de abril presentó su informe sobre el escenario energético que debería haber en España en 2030: quedaría una sola central de carbón frente a las 15 actuales, se prorrogaría la vida de las 5 nucleares y aumentaría el peso del gas y las energías renovables, sobre todo la energía solar fotovoltaica (se multiplicaría por 10). Con este escenario, las renovables aportarían en 2030 el 62% de la electricidad (ha sido el 33,3% en 2017) y el 29,7% de toda la energía consumida (el 27% va a ser el objetivo de Europa). Y además, los expertos proponen un impuesto específico al CO2 y gases contaminantes (en sustitución de los actuales impuestos a los hidrocarburos y la electricidad) y subir los impuestos al diesel (+28%) y a la gasolina (+10%), así como el IVA de los carburantes (+1/1,3%). Con más renovables y más ingresos fiscales, los expertos creen que se podría aligerar la factura de la luz y bajarla un 6,8%.

A partir del informe, el Gobierno tiene que aprobar y mandar al Parlamento un proyecto de Ley de Cambio Climático, aunque también podría esperar a ver qué aprueba Europa. El problema luego es consensuar las medidas a aprobar, porque las posturas están muy distanciadas. Los temas más polémicos son dos: las centrales de carbón y las nucleares. El Gobierno Rajoy quiere retrasar el cierre de las 15 centrales de carbón, mientras PSOE y Podemos quieren cerrarlas para 2025. Y sobre las 5 nucleares, el PSOE plantea que se cierren en 2028, cuando la última cumpla 40 años de vida, mientras el Gobierno Rajoy plantea prorrogar su funcionamiento 10 años más, argumentando el ministro Nadal que si no “la luz subiría un 25%”. Una falacia, porque algunos estudios señalan que el efecto del cierre sería de una subida de la luz de 8 a 11 euros anuales por hogar (un 2/3%). Y muchos reiteran que aunque las nucleares no emiten CO2, tienen riesgos y serios problemas con sus residuos.

La clave de futuro son las energías renovales, por las que habría que apostar al máximo para reducir las emisiones de CO2, máxime cuando su avanzada tecnología ya permite que sean muy eficientes, con unos costes de generación casi nulos. Pero para ello hace falta un sistema de subastas más transparente, con ayudas e inversiones no con recortes como ha hecho el Gobierno Rajoy desde 2012. Y también apoyar la autogeneración, suprimiendo el llamado “impuesto al sol”, como defiende el Comité de expertos.

Hay que reducir las emisiones de CO2 y la clave está en la producción de electricidad, las industrias y el transporte. En el sector eléctrico, la clave es recortar el uso del carbón, el fuel y el gas, reducir el peso de las nucleares y compensarlo con más renovables, más autoconsumo, más ahorro y más importaciones (el 5% de la luz y podría ser el 10%). En las industrias, implantar una estrategia de palo (cobrar más por cada Tm emitida: se pagan 13 euros y debería ser más de 20, como en Reino Unido) y zanahoria (ayudas a la reconversión eléctrica), centrada en las 10 empresas que son responsables del 25% de emisiones de CO2 de España, según el Observatorio de la Sostenibilidad: Endesa, Gas Natural, Repsol, EDP, Arcelor Mittal, Cepsa, Iberdrola, Viesgo, Cementos Portland y Cemex.

Y en el transporte, el sector más contaminante, urge subir los impuestos a los carburantes (sobre todo al diésel, que paga un 23% menos de impuesto que la gasolina), encarecer la matriculación de los vehículos contaminantes (el 80% de los coches diésel acaban no pagando este impuesto) y un Plan para reducir el peso de los camiones (reciben incluso 306 millones  de subvención por el gasóleo que consumen) en favor del ferrocarril y el transporte marítimo. Sin olvidar otros Planes específicos para reducir las emisiones del turismo, las viviendas (con ayudas al cambio de calefacciones y aislamiento de edificios) y en la alimentación, para reducir el consumo de carne y productos lácteos, que generan importantes emisiones de la ganadería industrial.

Todo ello exige decisión política, hacer pagar los costes a quien contamina y, sobre todo, inversiones cuantiosas, para reconvertir una economía “enganchada al petróleo y al carbón” en una economía más limpia. Eso exige invertir unos 10.000 millones de euros al año de aquí a 2050, según un estudio de la consultora Deloitte. Una buena parte de este dinero tendrá que salir de los impuestos medioambientales y en algunos casos, de los consumidores, que tendremos que pagar más (al principio) por una energía más limpia. Pero si no se toman medidas, los costes del Cambio Climático serían mucho mayores. Y no olvidemos que, según todos los expertos, el Cambio Climático afecta más a España que al resto de Europa.

Estamos ante uno de los grandes problemas de este siglo y más en España, uno de los cinco únicos países de Europa (junto a Chipre, Irlanda, Austria y Portugal) que ha aumentado sus emisiones de CO2 entre 1990 y 2017. Así que tenemos que “ponernos las pilas”, con decisiones razonables y no políticas, forzando la resistencia de los contaminadores. Nos jugamos mucho: el futuro de nuestros hijos y nietos, incluso el futuro del Planeta.  

   

La luz sube por quintuplicado

Mirar el recibo de la luz en los próximos meses va a darnos varios sustos, ya que se van a acumular las subidas, hasta por cinco conceptos distintos. Y si el Gobierno aprueba finalmente en agosto nuevos impuestos a las eléctricas, también nos los acabarán repercutiendo en el recibo. De momento, la luz ya ha subido un 24 % en los dos últimos años y medio y es la más cara de toda Europa, salvando Chipre y Malta. Y encima, nos dicen que debemos 25.000 millones a las eléctricas, una hipoteca a quince años que también les pagamos con el recibo. Al final, el problema es que se ha creado una burbuja eléctrica, con más del doble de producción de electricidad que necesitamos y a unos costes desorbitados. Alguien tendrá que pincharla para que no nos destroce el bolsillo.  

enrique ortega

La primera subida que nos toca es el 3,95 % que subió la luz el 1 de julio, lo que supondrá pagar 3,20 euros más en un recibo medio (80 euros, según Facua). La segunda subida será en agosto, que será cuando las eléctricas empiecen a cargar la subida de la tarifa eléctrica de abril (un 7%), retrasada por dificultades técnicas en la refacturación de las sentencias del Supremo cliente a cliente. La tercera subida, que nos cargan desde marzo, es que ahora somos los 29 millones de usuarios los que pagamos el bono social (tarifa congelada) a los 3 millones de usuarios más necesitados (familias numerosas, parados y pensionistas con bajos ingresos): son 300 millones al año (acaban de recortarlo un tercio, con el Superajuste de Rajoy) que pagaban las eléctricas, pero lo recurrieron y ganaron en el Supremo. La cuarta subida vendrá porque el Gobierno acaba de autorizar a las eléctricas para que nos repercutan los impuestos verdes que les cobran siete autonomías (unos 200 millones), con lo que la luz costará más en unas regiones que en otras. Y la quinta, la subida del IVA del 18 al 21%, que pagaremos en el recibo que nos llegue en septiembre (2 euros más de media).

Y eso no es todo. El Gobierno quiere aprobar en agosto nuevos impuestos a la generación de electricidad, tanto a la hidroeléctrica, gas y nuclear como a las renovables, impuestos que antes o después notaremos en el recibo. Y además, también va a aprobar un recargo a las familias que consuman más electricidad.

Al final, más de 10 euros de subidas por recibo en unos meses, que se sumarán al 80%  que ha subido la luz desde 2004. Con ello, los españoles pagamos la luz más cara de Europa, tras Chipre y Malta, según Eurostat: 16 céntimos por kilovatio a principios de año frente a 12 de media en la UE. Y las empresas pagan una tarifa industrial (35% del consumo) que es la sexta más cara de Europa (tras Italia, R. Checa, Eslovaquia, Chipre y Malta).

Y aun así, aunque nos achicharran con  el recibo, les debemos mucho dinero a las eléctricas, porque llevamos más de una década con subidas que teóricamente no cubren los costes que tienen reconocidos desde la Ley Eléctrica de 1997 (Aznar). El resultado es que la deuda eléctrica supera los 25.000 millones de euros, una bola de nieve que crece cada año y que pagamos los consumidores, como una hipoteca a 15 años: la deuda se convirtió en títulos, “papelitos”, que compran los inversores y cuyos intereses y amortizaciones pagamos los usuarios en el recibo, unos 3 euros cada mes hasta 2025.

El Gobierno Rajoy trató de reducir esta deuda, aprobando en marzo una subida de tarifas (1.640 millones) y un recorte de 940 millones a las eléctricas. Y ahora, tras la subida de julio (otros 1.400 millones), esta estudiando un impuesto a las eléctricas, por la generación de electricidad (4.580 millones), para ayudar a reducir la deuda. Pero lo está retrasando, por presiones del sector eléctrico (dicen que el nuevo impuesto se va a comer sus resultados):   Aznar es asesor de Endesa, el ex-ministro  Acebes consejero de  Iberdrola y Ricardo Martínez Rico, ex secretario de Estado de Hacienda y ex socio de despacho de Montoro es consejero de Abengoa). A cambio de que paguen más  impuestos, el Gobierno les ofrece ampliar 10 años más las centrales nucleares (de 40 a 50 años, empezando por los 7 años más concedidos a Garoña) y otros 20 años las hidroeléctricas (de 75 a 95 años).

Mientras se concreta el nuevo impuesto, que pagaremos también en el recibo, hay que recordar que sólo el 45% de la factura refleja el coste de la luz (24,8% producirla, 4,6% transportarla y 16,2% distribuirla). Del resto, un 22% son ayudas a las renovables, un 20% de impuestos, 6% para pagar la deuda eléctrica, 3% para pagar hasta 2015 la moratoria nuclear (1983), 3% para compensar del mayor coste de producir en las islas, Ceuta y Melilla y un amplio resto donde compensamos a los grandes consumidores, el transporte y el ahorro.

Al final, un galimatías de costes, poco transparentes, que encarecen la luz cada mes. Por eso, la reforma más urgente es recortar unos costes excesivos, garantizados por Ley a las eléctricas y que disparan el recibo y la deuda: sobrecoste de las nucleares e hidroeléctricas ya amortizadas (3.478 millones anuales), sobrecoste en el transporte y la distribución, sobrecoste de las centrales de gas (funcionan sólo un tercio de su capacidad, cuando no hay aire para los molinos eólicos), sobrecoste de las compensaciones a la liberalización del mercado (3.396 millones), extracostes por compensación a las grandes empresas consumidoras (600 millones), extracostes por ayudas a las renovables (otros 2.000 millones)… Y así sumando.

El otro problema  es el exceso de capacidad: sobra electricidad, hay una potencia instalada de 100.000 Mw cuando el consumo diario está en 40.000. Los extracostes, las subvenciones encubiertas y el dinero barato han creado una gran burbuja eléctrica, a costa de ordeñar el recibo. Sobran centrales y falta eficiencia y ahorro energético. Vivimos en un país donde sobra luz y pagamos por centrales que no funcionan o por renovables no competitivas. Hay que poner orden ya, antes que la reconversión eléctrica se nos caiga encima, con su deuda y sus desajustes de costes, como la banca. Y no puede ser que el ajuste del todopoderoso sector eléctrico lo paguemos los usuarios, con un rosario de subidas. Pero hasta ahora, es lo que hay.