Año nuevo, problemas viejos: hay 310.951 dependientes, ancianos y discapacitados, que tienen
reconocida una ayuda, pero no la reciben por falta de recursos públicos. Están en “lista
de espera”, pero muchos morirán
sin recibirla (100 ancianos al día). Y aunque las nuevas autonomías han recortado las listas de espera desde 2015, la mejora tiene “truco”: dan prioridad a
los dependientes “moderados” (más baratos) frente a los graves: de 38.189 dependientes que salieron de las
listas en 2017, sólo 1.567 eran graves. Y otro
“truco”: se opta por darles ayudas baratas, como la tele
asistencia, antes que una residencia. Y todo porque, tras los recortes de 2012,
la Dependencia ha perdido 4.000 millones.
Ahora, el Gobierno Rajoy presume que sube la aportación para 2018
(+63 millones), pero paga por dependiente
un tercio menos que en 2012. Urge un
Plan de choque para acabar con las
listas de espera y asegurar ayudas
dignas a 1.265.000 dependientes. Costaría 2.700 millones extras al año. Hay que sacarlos como sea. Nuestros ancianos lo merecen.
En enero, la Ley de Dependencia cumplió 11 años, con los mismos problemas para financiarse que siempre, aunque las nuevas autonomías, gobernadas mayoritariamente por la izquierda, han hecho un mayor esfuerzo desde 2015. Así, en 2011, cuando Rajoy llegó a la Moncloa, había 752.005 dependientes con ayuda y cuatro años después, en 2015, sólo se habían ganado 44.109 (hasta 796.109 beneficiarios). En los dos últimos años, los beneficiarios han aumentado el triple (+158.722), hasta los 954.831 a finales de 2017, según los datos del IMSERSO. Un avance que no puede esconder el grave problema de la Dependencia, las “listas de espera”: ancianos y discapacitados que tienen oficialmente reconocida una ayuda, pero que no la reciben por falta de recursos públicos para dársela. A finales de 2017, eran todavía 310.120 dependientes en “lista de espera”, 1 de cada 4 dependientes (el 24,5%), un dato escandaloso aunque la lista se haya reducido un 19,3% en los dos últimos años (había 384.326 dependientes “en espera” a finales de 2015).
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| enrique ortega |
En enero, la Ley de Dependencia cumplió 11 años, con los mismos problemas para financiarse que siempre, aunque las nuevas autonomías, gobernadas mayoritariamente por la izquierda, han hecho un mayor esfuerzo desde 2015. Así, en 2011, cuando Rajoy llegó a la Moncloa, había 752.005 dependientes con ayuda y cuatro años después, en 2015, sólo se habían ganado 44.109 (hasta 796.109 beneficiarios). En los dos últimos años, los beneficiarios han aumentado el triple (+158.722), hasta los 954.831 a finales de 2017, según los datos del IMSERSO. Un avance que no puede esconder el grave problema de la Dependencia, las “listas de espera”: ancianos y discapacitados que tienen oficialmente reconocida una ayuda, pero que no la reciben por falta de recursos públicos para dársela. A finales de 2017, eran todavía 310.120 dependientes en “lista de espera”, 1 de cada 4 dependientes (el 24,5%), un dato escandaloso aunque la lista se haya reducido un 19,3% en los dos últimos años (había 384.326 dependientes “en espera” a finales de 2015).
La “lista de espera” de la Dependencia
es grave por dos razones. Una,
porque es muy desigual por autonomías y en
algunas es mucho más escandalosa, como es el caso de Cataluña (el 37,10% de
los dependientes reconocidos no recibe ayuda), Canarias (36,62%), la Rioja
(32,25%), Andalucía (31,81%) y Extremadura (27%), mientras hay
otras donde casi no hay problema, como Castilla y León (sólo el 1,41%
dependientes “en espera”), Ceuta (5%), Melilla (5,28%), Murcia (13,54%) y
Asturias (13,85%). Y la otra, más preocupante, porque la mayoría de los
dependientes tienen más de 80 años (el 54,5%) y muchos se mueren antes
de que les llegue la ayuda que tienen oficialmente reconocida. Así, en 2016, hubo 40.647 dependientes en lista de espera que murieron sin recibir la
ayuda, según los cálculos de los Directores y gerentes de Servicios Sociales. Y en 2017 estiman que
habrán muerto sin recibir la ayuda otros 34.000, una media de 100 dependientes al día de la lista de
espera.
La “lista de espera”
se ha reducido en 38.189 dependientes durante 2017, pero esta reducción tiene “truco”: las autonomías, que
gestionan la Dependencia, han optado por dar prioridad a los dependientes más
moderados (Grado I), que son “más baratos”, para así recortar más
la lista de espera, relegando a los dependientes grandes (Grado III) y severos
(Grado II), que son más caros de atender, según han denunciado los Directores y Gerentes de Servicios Sociales. Las estadísticas del IMSERSO son muy evidentes: de
los 38.189 dependientes que han
salido de las listas de espera, sólo
1.567 son dependientes más graves (Grado III y II) y la casi totalidad
(36.622) son dependientes moderados (Grado I). Así que encima de ser los
ancianos y discapacitados que más necesitan ayuda, son los que tienen menos prioridad al reducir las listas de
espera.
Pero hay otro “truco
más”, este para aumentar los
beneficiarios de las ayudas (+158.722 entre 2016 y 2017): dar
ayudas más baratas a más dependientes, dando prioridad a los servicios más baratos, a los servicios “low cost”. Basta
ver las estadísticas de ayudas del IMSERSO para detectar el aumento de la “tele asistencia”, la
ayuda más barata (cuesta 35 euros al mes): ha pasado del 2,32% de las
ayudas en 2008 al 15,81% en 2017 (y en Andalucía es ya la ayuda que más se da,
al 31,7% de dependientes, al igual que en Madrid, al 22,5%). Y también ha
aumentado el peso de las ayudas
económicas a las familias, para que atiendan al dependiente en casa: por una prestación que va de 442,59 euros al mes a 286 euros y 153 euros, según el
grado de dependencia), las autonomías “se
quitan de encima” el problema de atender a los ancianos y discapacitados
dependientes. Si en 2008 recibían estas
ayudas el 25,85% de los dependientes, en 2017 las recibían ya el 37,72%. Y
suponen más de la mitad de las ayudas totales en Baleares (60% de las ayudas),
Navarra (57%) y Murcia (54%). Además, muchas autonomías han priorizado otro sistema
de ayuda económica, dar un cheque a las
familias para que busquen la ayuda de forma particular (se llama “prestación económica vinculada a servicio”). Es una manera de “privatizar la Dependencia”,
que supone ya el 9,39% de todas las ayudas pero mucho más en algunas
autonomías: Extremadura (39,8%, es la ayuda más utilizada), Castilla y León
(24,80%, la ayuda con más peso también), Canarias (18,64%), Aragón (18,39%) y
Comunidad Valenciana (15,42%).
Mientras, se estancan las ayudas más caras a los dependientes, sobre todo las plazas en una Residencia (el 13,94% de
las ayudas en 2008 y son el 13,34% en 2017) y los
Centros de Día (de ser el 2,90% de las ayudas en 2008 pasaron al 8,46% en
2015 y han bajado al 7,72% en 2017, según los datos del IMSERSO. Eso sí, ha crecido
la ayuda a domicilio (del 12,92% en
2011 al 16,53% de las ayudas en 2017), pero es también una ayuda “barata” y que
muchas veces controla la situación de
los dependientes más que ayudarlos de
verdad.
La “lista de espera”
y las “ayudas low cost” son la forma
que tienen las autonomías de mantener un sistema
de asistencia social que cuenta hoy con
4.000 millones menos de financiación que en 2012, según cálculos de los Directores y Gerentes de Servicios Sociales, tras los recortes
hechos por el Estado central (-2.865 millones) y las autonomías (-1.100
millones). Antes, estos recortes ya supusieron un deterioro del servicio para los
dependientes y sus familias. Así, en 2012, el Gobierno Rajoy dejó fuera a los
dependientes moderados (hasta julio de 2015), dejó de pagar la Seguridad Social
a los 423.000 cuidadores familiares de los dependientes y les bajó su paga
mensual, redujo servicios, simplificó los baremos (de 6 a 3, rebajando así las
ayudas) y subió el copago a las familias. Y las autonomías, que sufrían el
recorte del Estado y sus propios recortes, trataron
de gastar menos a costa de retrasar los expedientes de ayuda, endurecer los
requisitos y revisar “de oficio” (a la baja) las valoraciones ya hechas. Todo,
en perjuicio de los dependientes y sus familias.
El origen del problema
actual de la Dependencia es que el
Estado central se ha ido “desentendiendo”, reduciendo
drásticamente su aportación financiera a la Dependencia: si en 2009
aportaba el 39,2% del coste, en 2016
(último año certificado) sólo aportaba menos de la mitad, el 17%, según el balance de los Directores y Gerentes de Servicios Sociales. Y por eso,
las autonomías han pasado de
financiar el 46,2% de la Dependencia a costear
el 63%, mientras los usuarios
(las familias) han pasado de costear el 14,7% de los servicios a pagar el 20% de la atención recibida
(copagos). Esta situación provoca las protestas de las autonomías, que denuncian
que “el Gobierno Rajoy incumple la Ley de Dependencia”, que establecía que la aportación pública se repartiría al 50% entre Estado Central y autonomías
(en 2016, las autonomías aportaron el 82,6% y el Presupuesto el 17,4%
restante).
La solución al
grave problema de la Dependencia está en que
el Estado central aporte más dinero. Pero Rajoy, que nunca ha creído en la Dependencia (“no es viable”, dijo tres días antes de ganar las elecciones de 2011), no
está por la labor. En diciembre de 2017, el Gobierno aprobó una subida de
la financiación estatal a la Dependencia del 5,31% para 2018, que calificó de
“histórica”, aunque sólo son 63 millones de euros más (ni
siquiera los 100 millones extras pactados con Ciudadanos), frente a los 4.000 recortados antes. Una subida tan mínima que lo
que pagará el Estado central a las autonomías por dependiente en 2018 (190, 84
y 47 euros, según el grado de dependencia) es entre un 28% y un 38% menos de lo que aportaba antes de los recortes de 2012. Y para igualar el resto que pagan
las autonomías (para pagar el 50% del coste público de la dependencia), el Gobierno central tendría que pagar
por dependiente más del doble de lo
que van a pagar este año (418,195 y 104 euros, según el grado), según los cálculos hechos por los Directores y Gerentes de Servicios Sociales.
Así que nada de subida “histórica” a la
Dependencia en 2018: pagan por dependiente un tercio menos que
antes de 2012. Y encima, este pago no se gasta totalmente, porque para
que Hacienda lo abone, la autonomía tiene que pagar su parte al dependiente
(ese 82% del coste que debería ser el 50%). Y como la mayoría de las autonomías tienen problemas financieros, muchas
no pueden poner su parte y los
dependientes se quedan sin ayuda (en la lista de espera). Y la ayuda del
Presupuesto estatal, encima que es poca, se pierde en parte: en 2017, 90 millones (de los 1.260 que iba a
aportar el Estado a la dependencia) se habrán quedado sin gastar, porque las autonomías
no han podido poner su parte. 90 millones que han perdido los dependientes y
sus familias. Otro sinsentido.
Con la subida de
la aportación estatal para 2018, sólo se podrá reducir un 4% la “lista de espera”, que quedará anclada en 300.000 ancianos y
discapacitados. Urge poner en marcha un Plan de choque, para dejar a cero
la “lista de espera”, y una reforma del
sistema de financiación, para asegurar unas ayudas decentes en el futuro. Acabar con las “listas de espera”,
atender a esos 310.000 dependientes, costaría
unos 1.700 millones extras al año hasta 2020, según los Directores y Gerentes de Servicios Sociales. Y harían falta otros 1.000 millones más al año para
recuperar el pago por dependiente de antes de 2012 y hacer frente a los dependientes futuros (se van a duplicar
en 2050, por el aumento del envejecimiento y la esperanza de vida, según
el CSIC). En total, unos 2.700
millones más de gasto al año, no los míseros 100 millones extras vendidos “a
bombo y platillo” en el acuerdo de investidura entre PP y Ciudadanos.
Es un aumento del gasto
asequible, sobre todo si España redujera
el fraude fiscal y recaudara como el resto de países europeos (ingresar como la
media UE supondría recaudar 72.000
millones más cada año, según los datos de la Comisión Europea). Además, supondría gastar en Dependencia 9.800 millones anuales, una factura mucho más
asequible que los 126.000 millones que gastamos en pensiones, los 80.000
millones que gastamos en Sanidad, los 50.000 en Educación o los 18.000 millones
en desempleo. Y además es un gasto “rentable”, porque crea
empleo (se podrían crear 100.000 empleos en una década) y una parte del gasto se recupera en forma de cotizaciones e impuestos. Pero sobre
todo, es “un gasto que les debemos” a nuestros mayores y a los discapacitados.
No puede pasar más
tiempo sin resolver la financiación
de la Dependencia, “el cuarto pilar” del Estado del Bienestar (tras la sanidad, la educación
y las pensiones). Pero no parece que el
problema preocupe al Gobierno ni a la “oposición”, sólo a las autonomías y
a las familias de los dependientes. Ha
pasado más de un año desde la firma
en el Congreso, el 14 de diciembre de 2016, de un “Pacto por la dependencia”, apoyado
por todos los grupos políticos, salvo el PP y PNV (por un tema de
competencias), un intento de “blindar” un sistema de financiación estable
a medio plazo. Y aquí estamos en 2018, con la misma penuria financiera, ofreciendo ayudas “low cost” y con 310.000
dependientes en espera, de los que mueren 100 cada día sin recibir la ayuda. Es “un
escándalo social”, una grave injusticia con nuestros ancianos y
discapacitados. Y casi nadie se inmuta.
¡Qué vergüenza¡
