Cumbre del Clima: "Emergencia", no "Cambio Climático"

Hoy 10 de noviembre se inicia en Brasil otra Cumbre del Clima (la COP 30), con pocas esperanzas de que los 197 paises tomen medidas eficaces contra el Cambio Climático, que es ya una “emergencia” climática. El pesimismo deriva de que Trump sacó a EEUU del Acuerdo de París, China, India y paises en desarrollo apenas recortarán emisiones (siguen consumiendo carbón, petróleo y gas) y Europa suaviza sus ambiciones climáticas, por el auge del negacionismo climático y el “pragmatismo”, forzados por la derecha y extrema derecha europeas (el PP español ha sido el único partido popular europeo, junto al polaco,  que ha votado en contra (junto a la ultraderecha europea) del recorte al 90% aprobado por la Comisión. Mientras, las emisiones siguen aumentando y provocan “emergencias” como los incendios y olas de calor del verano o la DANA de Valencia. Por eso, el gobierno Sánchez propone un Pacto de Estado para acordar medidas y frenar los daños climáticos (20.000 muertos directos en 5 años). Pacto rechazado por el PP y sus autonomías antes de conocerlo. Algo grave, porque afrontar la emergencia climática no es una cuestión de ideología, sino de pura supervivencia.

Guterres (ONU): "El mundo se dirige a la ruina si no se actúa. Es un fracaso moral y una negligencia mortal"

Esta Cumbre del Clima de Belém (10 al 21 de noviembre) es la número 30 de las Cumbres mundiales celebradas desde la primera Cumbre de la ONU sobre el Medio Humano de 1972. Y  coincide con el 10ª aniversario de la Cumbre de París (1975), donde casi 200 paises acordaron reducir las emisiones mundiales de CO2 para evitar que la temperatura de la Tierra subiera más de 2 grados a finales de siglo (y mejor evitar que suba más de 1,5 grados). Hoy, todo indica que los paises no han hecho sus deberes y que “el Cambio Climático va a más”, según señaló Antonio Guterres, secretario general de la ONU en la apertura de esta COP 30. Los últimos datos aportados por la OMM (ONU) son estremecedores: las emisiones de CO2 (el gas responsable del 66% del recalentamiento de la Tierra) han vuelto a aumentar en 2024 y su nivel de concentración en la atmósfera es ya de 423 partes por millón (ppm), frente a 284,7 en 1850, 385 en 1990 y 377,1 en 2009, el nivel más elevado de C02 en 800.000 años, según los científicos. Y también estamos en niveles récord de metano (1.942 ppm), responsable del 16% del calentamiento global) y de óxido nitroso (338 ppm de NO2), culpable de otro 6% del calentamiento global.

La consecuencia inmediata es el aumento de la temperatura de la atmósfera, que ya superó en 2024 los +1,55 grados sobre la temperatura de los niveles preindustriales (1850-1900). Y a este ritmo, ese aumento será habitual en la próxima década de los años 30 y la Tierra sufriría un aumento de la temperatura de 2,3 a 2,5 grados para el año 2100, según la ONU, lo que sería una catástrofe para el clima y la vida en el Planeta. De hecho, el calentamiento actual ya ha provocado una “emergencia climática”, en palabras de la ONU, emergencia que provoca “fenómenos climatológicos extremos” que puede ver cualquiera: olas de calor, sequías, incendios virulentos (este verano en España), lluvias e inundaciones (DANA de Valencia), huracanes y tifones más frecuentes y virulentos… Y una pérdida de los glaciares que ha provocado una subida del nivel del mar (entre 20 y 23 centímetros desde 1980), que podría superar los 30 cm a finales de siglo), poniendo en riesgo muchas zonas del Planeta. Y todo ello provoca además una pérdida de especies y biodiversidad, migraciones climáticas y unas pérdidas humanas (546.000 muertes anuales entre 2012 y 2021, según el 9º Informe Lancet Countdown)  y económicas (inconmensurables).

A pesar de este negro panorama que demuestran los científicos y la ONU, los paises siguen sin afrontar de verdad la “emergencia climática”. Algo especialmente grave porque el 76% de las emisiones globales que están destrozando el clima y el Planeta son culpa del hombre, de sus actividades (energía y transporte, industria, agricultura, ganadería, vivienda y residuos). El secretario general de la ONU ha sido claro en la Cumbre de Brasil: “demasiados líderes mundiales están cautivos de los combustibles fósiles” (petróleo, carbón y gas). Los datos de la ONU lo corroboran: los Gobiernos gastaron 956.000 millones de dólares en ayudas públicas (subvenciones, minoración de impuestos, inversiones) a los combustibles fósiles sólo en 2023, tras la crisis energética por la invasión de Ucrania. Sólo España gastó 6.810 millones en subvenciones y ayudas(al gasóleo, la gasolina y la luz…). Y 17 de los 20 paises más destacados planean aumentar la producción de al menos 1 combustible fósil (algunos gas, otros carbón y otros petróleo) para 2030, según un estudio reciente.

Pero además, las petroleras y multinacionales energéticas  llevan todos estos años invirtiendo en combustibles fósiles (que matan), lo que les ha permitido multiplicar sus beneficios a costa del clima: un reciente estudio demuestra que las grandes petroleras (Shell, BP, Exxon Mobil y Chevron) han “pausado, retrasado o retirado” en 2025 sus compromisos climáticos anteriores. Y que las 100 principales empresas productoras de petróleo y gas tienen estrategias de producción que las llevarán a superar las cuotas de producción asignadas para poder reducir el calentamiento global en 1,5 grados máximo para 2100. En paralelo, la banca mundial, que presume cada vez más de “verde”, aumentó un 29% sus préstamos a las empresas de combustibles fósiles en 2024 (hasta 611.000 millones de dólares), superando en un 15% a los préstamos que conceden al sector verde mundial.

A lo claro: los paises, las empresas energéticas y la banca echan ayudas y dinero al fuego de la emergencia climática. Y miran para otro lado cuando la ONU y sus organismos técnicos les piden tomar medidas y recortar emisiones, como se comprometieron hace 10 años en la Cumbre de París. La actitud de los paises, poco conocida, es escandalosa: tenían que haber entregado a la ONU sus Planes de recortes de emisiones para 2035 en febrero de 2025, según lo acordado en París. Pues bien, sólo 10 paises cumplieron, con lo que la ONU les amplió el plazo hasta el 30 de septiembre, coincidiendo con una Cumbre paralela a la Cumbre anual de la ONU en Nueva York. Y resulta que para ese 2º plazo, sólo 64 paises de los 197 firmantes del Acuerdo de París presentaron su Planes, incumpliendo EEUU (Trump sacó al país del Acuerdo en enero), China (anunció su intención por videoconferencia) e incluso la Unión Europea (aprobó su Plan el 4 de noviembre)…

Pero lo peor no es que la mayoría de paises hayan retrasado sus Planes de recorte de emisiones para 2035, sino que los paises que lo han presentado (antes y estos días) proponen unos recortes de CO2 ridículos, un 11% de media, según los expertos de la ONU. Y el recorte debería ser mucho mayor: habría que reducir las emisiones un 35% para 2035 (sobre las de 1990) para no superar los 2 grados a finales de siglo. Y eso ya sería mucho y con efectos peligrosos para el clima, por lo que defienden un recorte de las emisiones del -55% hasta 2035 para garantizar que la temperatura no sube más del 1,5% en que ya estamos (2023,2024 y 2025 han sido los años más calientes de la historia).

En definitiva, que vísperas de esta Cumbre del Clima de Brasil, la mayoría de los paises “no habían hecho sus deberes” y los que prometen recortes, sólo proponen reducir sus emisiones la quinta parte de lo que hace falta. Ese desinterés ante la emergencia climática se ha visualizado en las importantes ausencias a esta Cumbre de Brasil, a la que no asisten los líderes de 4 de los 5 países que más contaminan: China (29,2% de las emisiones mundiales de CO2), Estados Unidos (11,1% emisiones), India (8,2% ) y Rusia (4,8%. Sí asisten los líderes de la UE (el 4º mayor emisor de CO2 del mundo, con un 5,95% del total), con la presidenta Von der Leyen, Macron, Metz y Sánchez (más el británico Stamer), pero con una política medioambiental más “suavizada” por la presión de la derecha y la extrema derecha.

China es clave para los recortes de emisiones, que han prometido menores y dilatados en el tiempo (a partir de 2035 y 2040, para no truncar su crecimiento actual, basado todavía en el carbón, el petróleo y el gas, aunque son líderes mundiales en energías renovables. Lo mismo pasa con la India, Brasil y otros paises en desarrollo, que además piden ayudas de los paises ricos (que llevamos medio siglo contaminando al máximo) para reconvertir energéticamente sus economías (falta por aportar al Fondo de 100.000 millones de dólares previsto). Rusia aumentara sus emisiones para 2035, por su apuesta por el gas. Y Estados Unidos, el otro país clave, se ha lanzado con Trump a la producción y consumo de petróleo y gas (“perfora, niño, perfora”, es su lema), apostando incluso de nuevo por el carbón, lo que aumentará sus emisiones, no las reducirá.

Y la Unión Europea, que era (y todavía es) el paladín de la lucha contra el Cambio Climático ha frenado sus impulsos reformadores, forzada por las posiciones “negacionistas” de una buena parte de la derecha (PPE) y de la extrema derecha, que ataca en todos los paises (y en España, en las autonomías) el Pacto Verde Europeo. Eso ha llevado al Consejo y a la Comisión Europea a retrasar su ley del Clima y los nuevos Planes de recortes de emisiones (el NDC), que no aprobaron hasta el martes pasado, tras una reunión maratoniana (1 día y toda la noche siguiente) de los ministros de Medio Ambiente. Al final, han acordado un recorte de emisiones del 90% para 2040 (sobre las de 1999). Pero este objetivo tiene “truco”: Francia, Alemania y los paises del Este han forzado una cláusula para que un 5% de ese recorte se pueda “comprar” en el mercado internacional (hay una “Bolsa” de derechos de emisiones de CO2) con dinero de los Fondos europeos y otro 5% con dinero de los propios paises que lo necesiten para cumplir…A lo claro: pagar a otro país que emite de menos por lo que un país emite de más. Y además, reconocen el papel en la transición energética de los combustibles de bajas emisiones en el transporte y retrasan un año las exigencias de emisiones que se piden al transporte por carretera y a los edificios.

Europa está ahora dividida en la lucha contra la emergencia climática, con paises que quieren ir más despacio, argumentando que las políticas climáticas “no pueden poner en peligro la industria y la competitividad europea” (los más duros, Hungría, Polonia y República Checa, apoyados ahora por Suecia, Francia, Alemania e Italia) y otros paises que defienden que “no hay futuro para Europa si no se descarboniza la economía” y que puede ser “una oportunidad” para crear nuevas industrias y empleos (grupo encabezado por España y en el que están otros 13 paises más, entre ellos Portugal, Finlandia, Paises Bajos, Austria e Irlanda. Y esta división interna (y dentro de cada país, por el auge del “negacionismo” y la extrema derecha) es más preocupante porque Europa es uno de los continentes más vulnerables ante la emergencia climática, especialmente los paises del sur, como se ha visto estos años en Grecia, Italia, Francia, Portugal y España.

Precisamente, la DANA de Valencia y los incendios de este verano hicieron que al comienzo de este curso político, el 1 de septiembre, el presidente Sánchez propusiera a las fuerzas políticas y sociales, administraciones, científicos, entidades y ciudadanos, un Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática, similar al que se consiguió con las pensiones (Pacto de Toledo) y contra la violencia de género. Al día siguiente, el Consejo de Ministros aprobó 10 medidas que proponen incorporar a ese Pacto de Estado, entre ellas crear una Agencia de Protección Civil y Emergencias, una Red Nacional de Refugios Climáticos en ciudades y pueblos (para afrontar las olas de calor), reforestación y mejor gestión forestal, nuevos Planes Hidrológicos, una reordenación del territorio y las infraestructuras para hacer frente a inundaciones y sequías, más ayudas al medio rural (el mejor aliado en las políticas medioambientales), la creación de 2 Fondos públicos (uno para responder a fenómenos extremos y otro para prevenirlos a nivel local y autonómico), dotar de más medios a los bomberos y servicios de emergencias (creando un nuevo Cuerpo técnico), formación en emergencias en centros educativos y Universidades y la exigencia a Europa de que sea más ambiciosa en los objetivos medioambientales y su financiación.

Parecen medidas “razonables” a la vista de los fenómenos climáticos extremos que hemos sufrido, que se esperan sean cada vez más frecuentes y graves. Pero el PP dijo que no lo apoyaría el 31 de agosto, incluso antes de conocer la propuesta: Feijoo se negó a apoyar este Pacto de Estado, reiterando que el Gobierno Sánchez ha sido incapaz de gestionar los incendios de este verano (sic) y que “se pone de perfil ante cualquier desgracia” (sic). Así que aunque Sánchez y el Ministerio de Transición Ecológica ya han celebrado Jornadas públicas (con expertos y ciudadanos (la primera en Ponferrada en octubre)  para explicar el Pacto, no han asistido ni alcaldes ni políticos del PP (ni por supuesto de Vox).

Así que los ciudadanos de a pie, que sufrimos las olas de calor (3.644 muertes entre junio y agosto) las sequías (y las enormes pérdidas para el campo, junto a subidas extras de los alimentos), las inundaciones y la contaminación (que causa en España 10.000 muertes al año, según Sanidad) y las pérdidas económicas por el clima y sus destrozos (12.200 millones de pérdidas solo este verano, el país líder por pérdidas climáticas en Europa, según un estudio de la Universidad de Mannheim) asistimos impotentes a una Cumbre del Clima donde los paises que más contaminan no se comprometen apenas a recortar emisiones y permiten que las empresas energéticas (y los bancos) ganan millones a costa del clima, del Planeta y de nuestras pérdidas y muertes (20.000 directas en España los últimos 5 años, según dijo Sánchez en Brasil). Y en España, cuando el Gobierno propone un Pacto de Estado para afrontar un problema que ha destrozado medio país (incendios y DANAs), el PP rechaza hablar y Vox niega el cambio climático (¿qué puede pasarle a las políticas climáticas si un día Gobiernan juntos?).

De hecho, el PP español ha sido el único partido popular europeo (junto al PP de Polonia) que votó este lunes 10 de noviembre junto a la ultraderecha europea (en una Comisión del Europarlamento) en contra del recorte de emisiones del 90% propuesto por la Comisión (y que salió adelante en la Comisión del Parlamento Europeo por 55 frente a 32 votos). 

Es hora de que los ciudadanos salgan a las calles y presionen a sus Gobiernos en todo el mundo para que se den cuenta de que estamos ante una “emergencia climática”, de la que nos han venido advirtiendo los científicos y que ahora sufrimos todos. “El mundo se dirige a la ruina si no se actúa. Es un fracaso moral y una negligencia mortal”, acaba de decir el secretario general de la ONU en la Cumbre de Brasil. Pero predica en el desierto. El problema para el mundo es que se acaba el tiempo para actuar. Ojo: la lucha contra la emergencia climática no es una cuestión política, sino de pura supervivencia.  

Ola de calor y Bruselas rebaja política climática

La primera ola de calor de este verano ha dejado un mapa de muertes y problemas en toda Europa, especialmente en España. Y junio ha sido el mes más cálido de la historia. No es casualidad: la ONU reitera que la culpa es del Cambio Climático, que el Planeta se está volviendo “más caliente y más peligroso”. Pero el miércoles, con Bruselas a 37 grados, la Comisión Europea “suavizó” su política climática, aprobando “un truco contable”: permite a paises y empresas emitir más CO2 del previsto si a cambio pagan a otros paises (pobres) que reduzcan sus emisiones. “Externalizan” la gestión de las emisiones como algunos proponen hacer con los inmigrantes… Y eso pasa cuando los autócratas de medio mundo, de Trump a Milei, niegan el cambio climático y el PP y Vox hacen políticas negacionistas en Murcia, Valencia, Extremadura o Aragón, además de en sus Ayuntamientos. No nos quejemos del calor extremo: exijamos a los políticos que aceleren las medidas contra la emergencia climática. Ya.  

                    Vendrán más olas de calor, antes y más graves y duraderas

Por si alguien tenía dudas del “Cambio Climático”, nos ha caído encima la primera ola de calor del verano, que por primera vez empezó en junio: el domingo 29 fue el día más caluroso en España desde que hay registros (1950) y más de 100 localidades superaron la semana pasada los 40 grados (46 grados en El Granado, Huelva). Y este junio ha sido el más cálido de la historia: 23,6 grados de media, 0,8 grados más que en junio 2017 (anterior récord).  La ola de calor no se ha sufrido sólo en España, sino que ha recorrido toda Europa, desde Reino Unido a Turquía, con muertos incluso en Francia e Italia. En España, el sistema MOMO (Instituto Carlos III) estima que ha habido 390 muertos en junio por la ola de calor, más 53 en los dos primeros días de julio, la mayoría mayores de 75 años (338 en junio).

Ya son varios años en que se producen olas de calor, sobre todo en España y la Europa del sur, con un tremendo saldo de muertes, incendios forestales y daños a la agricultura y la ganadería, las infraestructuras, el turismo  y las empresas, así como a los ecosistemas terrestres y marinos. En Europa se produjeron 47.690 muertos por olas de calor en 2023, según un estudio de Nature Medicine. Y en España, los datos del sistema MOMO señalan que hubo 3.521 muertos por olas de calor en 2024. Pero sólo en la primera mitad de 2025 (hasta junio), se estima que ha habido ya 2.168 muertos por altas temperaturas.

El calor extremo ya no es una novedad en el mundo y menos en la Europa del sur, donde llevamos varios años sufriendo olas de calor, especialmente desde 2022. “El Planeta se está volviendo más caliente y más peligroso: ningún país es inmune”, declaraba la semana pasada en Sevilla (a más de 40 grados) el secretario general de la ONU, Antonio Guterres. Y los expertos insisten: “la ola de calor no es una casualidad, es consecuencia del Cambio Climático, que la hace 5 veces más probable”, según la plataforma científica Climate Central. El “mecanismo” es bien conocido: la acumulación de gases de efecto invernadero (CO2, metano, óxido nitroso, hidrofluorocarbonos, perfluorocarbonos y hexafluoruro de azufre) hacen como de “paraguas” que retiene el calor solar y aumenta las temperaturas. En España, la temperatura media de 2024 fue 1,64 grados más alta que en 1961.

Los expertos de la ONU (IPPC) calculan que cada medio grado adicional de calentamiento global de la atmósfera causa aumentos importantes en la intensidad y frecuencia de las temperaturas extremas. Y dado que el Planeta sigue calentándose año tras año, estiman que los paises sufriremos cada vez más olas de calor, que llegarán antes (normalmente se daban en julio y agosto, pero ahora han sido en junio) y que serán más graves y duraderas. Así que no nos extrañemos de lo que está pasando: “el calor extremo ya no es un fenómeno raro, se ha convertido en la nueva normalidad”, alertó Antonio Guterres en Sevilla, pidiendo “más ambición” a los Gobiernos en la lucha contra esta “emergencia climática.

El problema es que el clima empeora cuando en medio mundo se consolidan los líderes políticos que niegan el Cambio Climático, como Trump en USA o Milei en Argentina. Los autócratas del mundo y la extrema derecha han convertido la lucha contra las políticas “verdes” como uno de sus principales caballos de batalla cultural y política (junto a los inmigrantes, el feminismo y los impuestos). El “anti-ecologismo” es una seña de identidad de la extrema derecha y parte de la derecha internacional, con su corolario de oposición a cualquier regulación medio ambiental (“imposición ideológica verde”, dice Vox) para frenar el Cambio Climático. Y con ello, hay cada vez más paises y Gobiernos que no toman medidas decididas para reducir las emisiones que provocan y aceleran las olas de calor.

En Europa, las últimas elecciones en la UE (junio 2024) supusieron una derechización del Parlamento Europeo y la Comisión, con un mayor peso de la derecha y la extrema derecha. Por eso, el PP Europeo vetó la Ley de Restauración de la Naturaleza, que puso salir adelante en el Parlamento europeo (julio de 2023) gracias al voto de socialistas, liberales, verdes, izquierda y algunos eurodiputados 'populares' que apoyaban la norma (324 votos a favor y 312 en contra). Y además, el PPE promovió el aplazamiento de la entrada en vigor de la Ley de Deforestación y diluyó la Ley de Biodiversidad. Con la nueva Comisión Europea y la extrema derecha negacionista ganando terreno en media Europa, ganan peso los que creen que Europa debe echar el freno a las políticas climáticas de vanguardia, porque perjudican a la competitividad de las empresas europeas.

El último ejemplo de esta “nueva ecología europea” lo dio la Comisión Europea el miércoles pasado, 2 de julio, precisamente cuando en Bruselas hacía unos inusuales 37 grados… El Gobierno europeo aprobó una enmienda a la Ley europea del Clima (en vigor desde julio de 2021) que pretende “flexibilizar” algunas medidas para reducir las emisiones europeas, manteniendo el mismo objetivo final de la Ley: que se reduzcan el 90% para 2040 (respecto a las de 1990) y emisiones netas cero para 2050.

La primera medida “de flexibilización” es que se permite a los paises, sectores y empresas que en vez de reducir las emisiones previstas, puedan reducirlas algo menos a cambio de que compren derechos de emisiones de CO2 a paises y empresas de fuera de la UE. Es decir, que un sector como el automóvil o la aviación, por ejemplo, pueden recortar menos sus emisiones de CO2 (desde 2036) siempre que a cambio compren derechos (paguen) a paises o empresas que hayan reducido emisiones, por ejemplo una empresa que tiene bosques en Brasil o una sociedad extranjera que ha invertido en renovables o en mecanismos de absorción de carbono. A lo claro: yo sigo emitiendo a cambio de pagar a otros (paises pobres y empresas del sur Global) para que emitan menos. Se trata de “externalizar” una parte de las emisiones (hasta el 3%), un mecanismo que ya intentó Italia con sus inmigrantes (en Albania) o que hace Trump con las prisiones de El Salvador.

Además de este “nuevo mecanismo” para facilitar la descarbonización de empresas y sectores europeos, la enmienda aprobada permite otro mecanismo de “flexibilización”: la reducción de emisiones se podrá compensar entre sectores y empresas, de tal manera que se evita imponer un plan “rígido” de recorte, lo que ha sido aplaudido por las empresas. Y además se incluyen nuevos mecanismos para reducir emisiones y cobrar derechos de CO2, como la reforestación y las técnicas de captura y almacenaje de CO2 (poco desarrolladas y “poco viables”, según muchos expertos, que lo consideran una vía de posibles fraudes).

Muchos expertos y ecologistas han criticado con dureza estas nuevas medidas de Bruselas, calificándolas de “trucos contables” para retrasar medidas efectivas contra las emisiones. Y creen que ante la grave emergencia climática que vivimos, “socaban la credibilidad de las políticas climáticas europeas”, según la Oficina Europea de Medio Ambiente (EEB). Para Greenpeace, las medidas “abren la puerta a hacer trampas para reducir las emisiones” y critican dejar en manos de terceros una responsabilidad que debe asumir Europa: “pagar a otros paises (pobres) para que reduzcan tus emisiones en tu nombre no es liderazgo, es posponer el problema”, añaden, criticando que la Comisión priorice los criterios económicos (competitividad e inversiones) sobre la urgencia medioambiental.

Ahora, estos cambios en la gestión de las emisiones han de ser ratificados por los Gobiernos europeos y por el Parlamento Europeo, algo que parece muy posible. Y el siguiente paso es que Europa apruebe su Plan Climático 2035, que debía haber presentado en febrero y que ahora se promete para septiembre. Ahí volveremos a ver si la Comisión Europea suaviza sus objetivos medioambientales, como se temen muchos expertos y ONGs. Mientras, la ONU insiste en que hay que avanzar más, que los paises “se tienen que poner las pilas” y aprobar Planes de recorte de emisiones más drásticos y eficaces. Porque con los Planes presentados hasta ahora por los 192 firmantes del Acuerdo de París, la temperatura de la Tierra aumentaría 2,6 grados para 2100, un aumento que trastocaría el clima y la economía, dado que supera con crecer el tope límite de 1,5 grados fijado como “sostenible” por los expertos.

La ONU y los científicos están muy preocupados porque la emergencia climática avanza a mayor ritmo y los paises no reducen emisiones sino que las aumentan: en 2024, las emisiones de CO2 en el mundo fueron de 37.400 millones Tm de CO”, un +0,8% que en 2023., según Carbón Monitor. China (responsable del 32% de las emisiones mundiales) aumentó sus emisiones un 0,2%, EEUU (responsable 13% emisiones totales) las bajó un 0,6%, la India (8% emisiones mundiales) las aumentó un 4,6%, la Unión Europea (7% emisiones totales) las bajó un 3,8% y el resto del mundo (38% emisiones) las subió un 1,1%. Y este año 2025, hasta abril, las emisiones mundiales han subido otro 3%, según Carbón Monitor. España aumentó sus emisiones de CO2 en 2024 (278 millones Tm, +0,9%).

Ante este panorama, con Trump en plan negacionista (“perfora, niño, perfora”) y China e India “a su aire”, el papel de Europa es aún más decisivo, aunque avancen los negacionistas. Por todo ello, la ONU organizó una “Cumbre Climática virtual” el 23 de abril, donde participaron Brasil y 17 líderes de economías desarrolladas (entre ellos Pedro Sánchez, de España), China, África y Asia, más paises e islas muy vulnerables al Cambio Climático, para impulsar Planes nacionales más ambiciosos contra el Cambio Climático. “Ya hemos negociado bastante: hay que pasar a la acción”, les dijo Antonio Guterres. El objetivo es tener en septiembre Planes climáticos hasta 2035 de los 192 paises firmantes del Acuerdo de París, para darles un impulso definitivo en la próxima Cumbre del Clima, que se celebrará del 10 al 21 de noviembre en Belém (Brasil). Será una COP30 clave.

Mientras los dirigentes europeos y mundiales no afrontan con decisión la lucha contra la emergencia climática (una “guerra mundial” que estamos perdiendo), los ciudadanos estamos cada vez más preocupados: el 85% de los ciudadanos europeos consideran que el Cambio Climático es “un problema grave” , según el Eurobarómetro de junio. Pero luego apoyan y votan a partidos que, en muchos casos, niegan ese Cambio Climático y dicen que es “una cuestión ideológica”, como si no tuviera nada que ver con las olas de calor.

En España, esta contradicción entre lo que piensan los ciudadanos y algunos de sus partidos es especialmente relevante, porque el negacionismo de Vox se ha acabado contagiando al PP, que utiliza cada vez más las políticas ambientales como “una bandera de enganche” para captar votos. Y además, los pactos PP-Vox en algunas autonomías han llevado a varios Gobiernos a aprobar medidas que favorecen la crisis climática, así como en sus Ayuntamientos (retraso zonas de bajas emisiones y supresión carriles bici) . En Murcia, el pacto presupuestario PP-Vox (junio) incluye modificar la Ley de Protección del Mar Menor y un rechazo explícito “a las políticas medioambientales europeas”, lo mismo que ha hecho Mazón en la Comunidad Valenciana para aprobar sus Presupuestos con Vox. Y también en Extremadura se han revisado normativas de protección ambiental, como en Castilla y León, Andalucía, Cantabria y Aragón, con o sin Vox. Da miedo pensar lo que harían si Feijoo y Abascal llegan a la Moncloa… 

“No podemos retroceder en la acción climática”, acaba de decir el Secretario General de la ONU. Pero no parece que esa sea la prioridad de muchos políticos mundiales, europeos y españoles. Así que no basta con quejarse de la ola de calor. Habría que salir a la calle y manifestarse a favor de políticas más decididas contra la emergencia climática, para salvar el Planeta y nuestras vidas. Y sobre todo, no votar a nadie que sea “negacionista”. El Cambio Climático está aquí y es un problema más grave que las guerras, la inmigración o el paro. Es una cuestión de supervivencia. Y si retrasamos las medidas o las “suavizamos” nos estamos engañando y poniendo en peligro. Ya lo sabemos: si no se reducen drásticamente las emisiones, habrá más olas de calor, más graves y más mortíferas. Seguro.

Autovías sin peaje y más mercancías por tren

Ya es oficial: la Comisión Europea aceptó, el 2 de octubre, que España no cobre peajes en las autovías desde 2024, tal como el Gobierno Sánchez había prometido en 2021, al presentar el Plan de Recuperación, para reducir las emisiones del transporte por carretera. A cambio, España se compromete con Bruselas a potenciar el transporte de mercancías por ferrocarril, duplicando su bajo peso actual, para reducir las emisiones de los 360.000 camiones que circulan por nuestras carreteras. Eso obliga a cuantiosas inversiones en locomotoras, vagones, vías, terminales y nudos logísticos, pero sobre todo el impulso a los corredores ferroviarios Atlántico y Mediterráneo, por donde circularán más mercancías (y viajeros) de aquí a 2030, con menos costes  y emisiones de CO2. Además, Renfe creará una empresa con la multinacional MSC para liderar ese creciente transporte ferroviario de mercancías. De momento, nos libramos del peaje en autovías, pero desde 2027, la UE impondrá una tasa al transporte por carretera que acabaremos pagando los consumidores.

                                         Enrique Ortega

Uno de los compromisos que asumió España, al enviar a Bruselas el Plan de Recuperación (el 27 de abril de 2021) fue aplicar un peaje en las autovías (ahora gratuitas), para reducir las emisiones de CO2 del transporte por carretera, aplicando el principio de “quien contamina paga”. De hecho, en 2022, el transporte por carretera emitió 82.531 Tm de CO2, el 28,1% de todas las emisiones producidas en España, según los datos oficiales. El objetivo del futuro peaje en las autovías era doble: penalizar las emisiones contaminantes y utilizar parte de esos ingresos extras para financiar el insuficiente mantenimiento de las carreteras. El compromiso del Gobierno Sánchez no concretaba el importe de esos futuros peajes (solo hablaba de “precios simbólicos”), pero la patronal Seopan (infraestructuras), defensora de la medida, habló en su día de un peaje entre 1 y 1,5 céntimos por kilómetro para turismos y 5 céntimos para camiones, con una recaudación total de 1.500 millones al año.

La propuesta de peajes en autovías pasó relativamente desapercibida  hasta la campaña electoral de las elecciones de junio de 2023, donde Feijóo y el PP los utilizaron para atacar a Sánchez. Y en paralelo, la subida de los carburantes y la inflación desde 2022 había disuadido al Gobierno de implantarla, por impopular e inflacionista. Así que, ya desde principios de 2023, se buscaba una vía para no implantar ese peaje. La ocasión fue la presentación de la adenda al Plan de Recuperación, aprobada por el Consejo de Ministros el 6 de junio de 2023, para solicitar más Fondos europeos, hasta un total de 163.000 millones de euros hasta 2026 (entre ayudas directas y créditos), a cambio de más reformas estructurales. En esa adenda, el Gobierno Sánchez solicitaba a Bruselas no aplicar el peaje en las autovías previsto para 2024 y, a cambio, promover el transporte de mercancías por ferrocarril, dentro de una Ley de Movilidad Sostenible que prometía aprobar antes de finales de 2024.

El pasado 2 de octubre, la Comisión Europea aprobó la adenda al Plan de Recuperación de España y con ella, aceptó oficialmente que no se apliquen los peajes en autovías en 2024. Para conseguir este cambio, el Gobierno Sánchez se compromete a tomar 3 medidas: potenciar el transporte ferroviario de mercancías (menos contaminante que la carretera), desarrollar los corredores ferroviarios del Atlántico y Mediterráneo y bonificar durante 5 años los cánones ferroviarios (tasas) que se cobran (ADIF) a las empresas que transportan mercancías (y pasajeros) por ferrocarril. Además, España se compromete a crear un banco de pruebas para facilitar la innovación en el transporte y las infraestructuras.

Otro argumento utilizado por España ante Bruselas para no aplicar los peajes ha sido que iban a solaparse con el nuevo sistema de pagos por CO2 que se va a aplicar en toda la Unión Europea a partir de 2027, para penalizar las emisiones del transporte y las viviendas. Ese nuevo sistema implicará el cobro de una tasa o pago por el combustible que utilice el transporte por carretera, unos 45 euros por Tm de CO2, una tasa que será soportada por los distribuidores de carburante pero que las petroleras repercutirán en los transportistas. Y que estos acabarán trasladando a los consumidores. El argumento de España ante la UE era que si ya iba a aplicarse esta tasa al transporte (por sus emisiones), no tenía sentido implantar en paralelo otra tasa por lo mismo, los peajes en las autovías.

Al final, nos hemos librado (de momento) de empezar 2024 pagando peajes en las autovías (que ya pagamos en su día con nuestros impuestos), pero España tendrá que “hacer los deberes” prometidos y potenciar el transporte por ferrocarril, hoy con un peso mínimo. De hecho, en 2021, sólo el 1,3% de las mercancías transportadas (Tm) en España lo hicieron por ferrocarril (el 1,24% del tráfico nacional de mercancías y el 0,8% del internacional), según el último dato publicado por el Observatorio del Transporte del Ministerio. Según esa estadística oficial, el 76,03% de las mercancías se transportan por carretera (ojo: el 95,75% de las mercancías nacionales y el 20,68% de las internacionales), el 22,78% se transportan por barco (ojo: sólo el 2,99% de las mercancías nacionales y el 78,33% de las internacionales) y el 0,00043% restante por avión (0,0003% de las mercancías nacionales).

Con este mínimo peso del transporte de mercancías por tren, España es uno de los paises europeos con más peso del transporte de mercancías por carretera y está a la cola (el 4º país europeo con menos peso) en el transporte ferroviario de mercancías. Las estadísticas de Eurostat de 2021, que miden las toneladas kilómetro transportadas (otra forma de medirlo) señalan que en España el transporte de mercancías por tren supone un 4,6% del total del tráfico de mercancías, frente al 17,8% de media en la UE-27, el 23,5% en Alemania, el 15% en Francia o el 13% en Italia, destacando el 42,1% en Austria o el 38,2% del transporte de mercancías en Suecia. Y fuera de la UE, el transporte ferroviario de mercancías supera el 40% del total en EEUU, China, India o Sudáfrica.

El objetivo que España ha comprometido con la Comisión Europea es duplicar ese actual 4,6% de tráfico ferroviario de mercancías al 10% en 2030. Para lograrlo, pretende acelerar el Plan Mercancías 2030, que ya presentó el Ministerio de Transportes en octubre de 2021, con el compromiso de destinar 8.400 millones a potenciar el ferrocarril para que gane mercancías a la carretera. El Plan Mercancías 2030 contempla inversiones públicas y ayudas a las empresas ferroviarias para compra y renovación de locomotoras, vagones, terminales, vías y conexiones ferroviarias más digitalización. Adif, la empresa pública de infraestructuras ferroviarias, ya ha adjudicado obras por valor de 1.000 millones de euros, como las terminales ferroviarias de Can Turis (Barcelona), Escombreras (Murcia), Muriedas (Cantabria), Lezo (Guipúzcoa) y Orduña (Vizcaya) o el inicio de las futuras conexiones a puertos (Coruña, Castellón, Algeciras, Valencia, Huelva, Santander, Bilbao, Sevilla o Barcelona).

Además de estas obras en vías e infraestructuras (electrificación, incorporación de un tercer carril de ancho mixto, terminales y zonas de carga y descarga), son importantes las ayudas públicas a las empresas privadas que operan en el transporte ferroviario para que modernicen su material rodante e instalaciones. Y la congelación, en 2024, de las tasas que ADIF les cobra para utilizar las vías e instalaciones, que son más bajas en España que en la mayoría de Europa y que deben ser un incentivo para ofrecer a las grandes empresas (siderúrgicas, químicas, energéticas, cereales, automóviles) unas tarifas competitivas para que transporten más por ferrocarril y menos por camiones (hay 360.000 operando en España).

Junto a este Plan Mercancías 2030, el Gobierno Sánchez ha dado estos años un empujón a los corredores ferroviarios del Atlántico y Mediterráneo, aunque están retrasados. Hace unos días, el secretario de Estado de Transportes (en funciones) se ha comprometido (otro “recado” a Bruselas) a invertir 27.000 millones hasta 2030 en ambos corredores ferroviarios (16.000 millones en el corredor Atlántico y 11.000 millones en el Mediterráneo), empezando por los 3.300 millones de inversión ya incluidos en los actuales Presupuestos de 2023. El corredor Atlántico conectará Portugal, España (11 autonomías), Francia, Alemania e Irlanda, con tráfico de mercancías y pasajeros, destacando la variante de Pajares (que se inaugura en noviembre), la Y vasca, el AVE Burgos-Vitoria y el tramo entre Oropesa (Toledo) y Plasencia (Cáceres). El corredor Mediterráneo enlazará Andalucía, Murcia, Comunidad Valenciana y Cataluña con Francia (por Figueras), con más de 800 kilómetros de vías y terminales logísticas, además de las conexiones con los principales puertos del Mediterráneo.

Otro empujón al transporte de mercancías por ferrocarril lo quiere impulsar Renfe, la empresa pública española de ferrocarriles, que en 2005 se vio obligada a abrirse a la competencia, por imposición europea. En estos años, Renfe ha pasado de operar en solitario a competir con otras 9 empresas en el transporte español de mercancías. En 2022, Renfe Mercancías tenía una cuota de mercado  del 52,8%, frente al 84,1% que tuvo en 2011 y el 60,9% en 2016, según los datos de la Comisión de la Competencia (CNMC). La 2ª empresa en el transporte de mercancías en España es Captrain, que opera la empresa pública francesa SNCF (tras comprar en 2018 la española COMSA Rail) y ha conseguido ya un 17,1% del mercado ferroviario español.  La 3ª en el ranking del transporte ferroviario es Continental Rail, una empresa que era de ACS (Florentino Pérez) hasta 2011, cuando la vendió a la multinacional francesa de logística CMA CGM, que ya transporta el 11,2% de las mercancías españolas que van por tren. El 4º gran operador es Transfesa, ahora filial de la empresa privada alemana Deutsche Bahn (la mayor ferroviaria europea, que compró Transfesa en 2007 a los hermanos Fernández, dueños desde la postguerra), que tiene un 7,4% del mercado ferroviario de mercancías. Y los otros 5 operadores privados tienen el 5% o menos del mercado global cada uno (y juntos, un 11,5% de la cuota total).

Ahora, Renfe Mercancías quiere potenciar su peso en el futuro mercado ferroviario español. Y para conseguirlo, se va a aliar con uno de sus competidores, la multinacional suiza MSC (la naviera líder mundial, tras haber superado a la danesa Maersk), que es el 5º mayor operador de mercancías por ferrocarril en España, con su filial Medway (5% de cuota). Tras un concurso abierto, donde han competido también Maersk y MCA CGM, Renfe anunció a finales de septiembre que va a crear una sociedad mixta (al 50%) con Medway (MSC), para aprovechar su experiencia mundial en la gestión de contenedores y mercancías. Ahora falta la autorización de Competencia (CNMC), del futuro Gobierno español y de Bruselas.

Con esta nueva empresa, Renfe y el resto de los operadores privados tendrán que convencer a las grandes empresas que transporten sus productos y mercancías por tren y no por carretera. La clave va a estar en las tarifas y en la facilidad de los envíos, para lo que resulta clave la inversión en trenes, vagones, terminales y las conexiones con puertos, aeropuertos y fábricas. Y resolver el problema de los dos anchos de vía (el ibérico e internacional), que supone retrasos y encarecimiento de los envíos.

Actualmente, el 57,7% de las mercancías ya se transportan por vagones intermodales, que transportan contenedores y semirremolques (la cabina del camión los coge en destino), perdiendo peso el transporte en vagón completo. Y los principales clientes del tren son hoy las empresas siderúrgicas (34% del mercado), los graneleros (26%), las empresas de automóviles (7,2% los vehículos y 4,3% las piezas y componentes), las empresas químicas (7%) y el transporte de petróleo y derivados (2,9%), según los datos de la CNMC (2022). Y los trayectos más utilizados por el transporte ferroviario de mercancías son Barcelona-Zaragoza, Madrid-Valencia, Barcelona-Tarragona y trayectos cortos en Coruña-Pontevedra, Barcelona y Asturias.

Queda mucha tarea por delante, tiempo y muchas inversiones, para que el ferrocarril gane terreno a la carretera, algo necesario si queremos reducir las emisiones y combatir el cambio climático. Baste un dato: transportar una tonelada por kilómetro en camión emite 137 gramos de CO2, frente a 24 gramos en tren, que emite un 85% menos por tonelada transportada. Y además, quitar de las carreteras a una parte de los 360.000 camiones actuales reduciría accidentes y atascos, descongestionando también el acceso a las ciudades. Eso sí: este necesario desplazamiento de mercancías de la carretera al tren exige medidas y ayudas públicas para reconvertir el sector del transporte, sus empresas y trabajadores.

Volviendo al inicio del tema, el peaje en las autovías, nos hemos librado de momento, pero ojo, habrá que acabar pagando más por contaminar, por la utilización del vehículo privado no eléctrico y por el transporte en camión de media y corta distancia, que seguirá siendo necesario aunque en las grandes distancias se utilice más el tren. Así que, antes o después, subirán los impuestos “verdes” o ambientales, desde la gasolina y el gasóleo (a pesar de que sea impopular) a la utilización del transporte por carretera en el envío de mercancías. No se pueden reducir las emisiones y mejorar el medio ambiente sin que paguemos más por contaminar. No será en una autovía, pero sí al echar carburante, aparcar o comprar. Es lo que viene.

Retrocesos frente a la Crisis Climática

Las olas de calor del verano y las inundaciones han dejado claro que estamos ante una grave Crisis Climática (no un “Cambio Climático”: demasiado suave). Pero no hacemos nada para atajarla. Es más, las emisiones de CO2 aumentan este año, tras subir en 2021 y 2022. Y eso, porque los paises han subvencionado las energías fósiles para reducir la inflación, con ayudas a los carburantes, la luz  y el gas, alimentando emisiones. Y encima, en Europa avanzan las posiciones negacionistas, con el Partido Popular Europeo (incluido el PP español) votando en contra (en julio y septiembre) de 2 Leyes para proteger la naturaleza y reducir la contaminación. Y en España, con el PP (y Vox) gobernando 11 autonomías y 44 grandes ciudades, se está dado marcha atrás en las zonas de bajas emisiones o suprimiendo carriles bici. Ojo: la defensa del medio ambiente es de sentido común y no debe tener un sesgo político. Nos jugamos la salud, la economía y el Planeta. Es pura supervivencia.

                 Enrique Ortega

La ONU acaba de dar otra alerta ("hemos abierto las puestas del infierno") sobre la Crisis Climática, la enésima en los últimos años: las emisiones de CO2 y otros gases de efecto invernadero, culpables del “Cambio Climático”, siguen aumentando en 2023, un +0,3% en el primer semestre, por un mayor consumo de los combustibles fósiles (petróleo, gas, carbón) en la industria y el transporte, aunque han bajado las emisiones de los hogares y la producción de electricidad. Y esto es grave porque ya subieron las emisiones de CO2 en 2022 (+1%) y en 2021 (+6%), tras la bajada (por la recesión derivada del COVID) en 2020 (-5,4%), por primera vez desde 2015. Con ello, se ha vuelto a batir el récord de CO2 en la atmósfera: en mayo de 2023, en Hawái, se alcanzaron las 424 partes por millón (ppm), el doble que al inicio de la Revolución Industrial (280 ppm en 1850) y la mayor concentración en los últimos 3 millones de años… 

El último informe de la ONU advierte que este récord de emisiones de CO2 ya han provocado una subida de la temperatura mundial de 1,15 grados sobre el año 1850, muy cerca del tope marcado en la Cumbre del Clima de París (2015): no superar en 1,5 grados para el año 2100. A este ritmo de emisiones, la temperatura subiría hasta 2,8 grados a finales del siglo, lo que provocaría un caos climático, con graves efectos para la salud, la agricultura y la alimentación y el Planeta, afectando más a algunas zonas y paises. Y recuerdan que la Crisis Climática ya ha provocado graves daños el mundo: más de 2 millones de muertes y 4,3 billones de dólares de pérdidas, sólo entre 1970 y 2021, afectado más a los paises en desarrollo (que se han llevado el 90% de las muertes y el 60% de las pérdidas). 

En definitiva, que aunque los desastres naturales (olas de calor, sequías, inundaciones, tornados, malas cosechas y hambre) son cada día más patentes, el mundo no aprende y sigue aumentando sus emisiones y alimentando la Crisis Climática. Unos más que otros. Así, entre enero y finales de julio de 2023, las emisiones mundiales de CO2 y otros gases de efecto invernadero han crecido un +0,5%, según los últimos datos de Carbon Monitor, aumentando las emisiones en el transporte terrestre (+0,8%), vuelos internacionales (+0,3%), industria (+0,2%) y vuelos nacionales (+0,1%), bajando sólo en la generación de electricidad (-0,1%). 

Las emisiones bajan este año en Europa (-4,3%), más en Alemania (-5,5%) e Italia (-5,4%) que en España (-2,6%) o Reino Unido (-1,3%), en EEUU (-3,6%), en Japón (-5,2%) y en Brasil (-2,6%), pero suben en China (+3,7%), India (+6,7%) y Rusia (+3,2%), tres paises claves porque emiten casi la mitad del total de CO2 mundial (30,3% China, 7,62% India y 5,1% Rusia). Los tres defienden que no pueden poner en peligro su crecimiento futuro y que los paises desarrollados llevan siglo y medio contaminando, además de que emiten más CO2 por habitante. De hecho, EEUU emite 14,24 Tm de CO2 por habitante y la UE 8,39 Tm frente a 8,73 Tm China y 1,90 India, aunque Rusia produce 13,52 Tm per cápita. 

Visto el panorama actual, la ONU se queja de que los paises no toman medidas para reducir  sus emisiones y las que toman son para aumentarlas. Así, denuncian que en los últimos dos años, casi todos los paises (sobre todo los desarrollados) han aprobado más ayudas y subvenciones a los combustibles fósiles (petróleo, gas y carbón, los grandes responsables de las emisiones de gases de efecto invernadero), dentro de Planes para atajar la inflación. Sólo en 2022, las ayudas públicas mundiales a la utilización de combustibles fósiles fueron de 7 billones de dólares (6,5 billones de euros), 1 billón más que en 2020, según un informe del FMI. La mitad de estas ayudas públicas las han dado Asia oriental (China) y EEUU, el resto India, Rusia y la Unión Europea, precisamente los grandes emisores de CO2. España concedió en 2022 unos 10.500 millones de euros en ayudas públicas a los combustibles fósiles, desde la subvención a los carburantes (20 céntimos), al gas (industrias y particulares) y a la generación de electricidad (subvención al gas), lo que ha beneficiado a consumidores, eléctricas, gasistas y petroleras pero a la vez ha “alimentado” las emisiones. Por eso, la ONU pide suprimir estas ayudas y destinar esos billones a promover  energías limpias. 

Otro tema preocupante en la lucha contra la Crisis Climática es el avance de las posturas negacionistas en Europa, el continente que más ha apostado por el medio ambiente. El auge de la extrema derecha en la mayoría de paises europeos ha llevado a la derecha europea a asumir parte de sus postulados “negacionistas”, para no perder votos. Y así, en los últimos meses, hemos asistido a dos votaciones en el Parlamento Europeo donde el Partido Popular Europeo (y también el PP español) han votado en contra de dos Leyes promovidas por la Comisión Europea dentro del llamado Pacto Verde europeo. 

La primera Ley, la Ley de Restauración de la Naturaleza (LRN) procede de un Reglamento aprobado en junio de 2023 por la Comisión Europea para restaurar los ecosistemas europeos, el 80% dañados. La Ley, que pretende restaurar al menos el 20% de las zonas terrestres y marítimas europeas para 2030, salió adelante en el Parlamento europeo el pasado 12 de julio, con 336 votos a favor, 12 abstenciones y 300 votos en contra del PP europeo (y del PP español), junto a la extrema derecha europea (y Vox). Dos meses después, el 13 de septiembre, esos mismos partidos votaron en contra de la nueva Directiva de la Calidad del Aire, promovida también por la Comisión Europea para establecer límites más severos a los indicadores de contaminación, para 2035, en línea con los límites que recomienda la OMS. Y eso porque la contaminación atmosférica provoca más de 300.000 muertes al año en la UE (24.000 en España). A pesar de ello, la propuesta de Directiva tuvo 226 votos en contra (PP europeo y español, más la ultraderecha europea y Vox), 46 abstenciones y 363 votos a favor. 

Ahora, ambas Leyes medioambientales, aprobadas con fuerte oposición en el Parlamento Europeo, deben concretarse en una negociación entre la Comisión, el Parlamento y los distintos Gobiernos europeos. Pero el ambiente político es complicado, porque la derecha europea (PP europeo) está virando hacia posiciones negacionistas, preocupada por el ascenso de la extrema derecha ante las elecciones europeas de junio de 2024. Y además, crecen las posturas negacionistas, para “suavizar” las medidas medioambientales en muchos paises, no sólo en Polonia y Hungría. Así, el gobierno italiano de la ultraderechista Meloni bloquea los nuevos límites que estudia la Comisión Europea para las emisiones de coches a partir de 2030. Y Alemania ha tenido problemas internos  para aprobar la “Ley de calefacción”, para promover bombas de calor frente a las calefacciones de gas. En general, avanzan las posturas contrarias a medidas de defensa del medio ambiente, con la excusa de que atacan la economía, los agricultores y el nivel de vida. Ayer mismo, el Gobierno británico anunció que revisará a la baja sus objetivos medioambientales "para no dañar a la economía y a los británicos" . 

En España, con el avance de la derecha y la extrema derecha en las elecciones autonómicas y municipales de mayo, también han avanzado las posiciones negacionistas del Cambio Climático y las medidas medioambientales, con cada vez más políticos, medios y ciudadanos que critican lo que denominan “la religión climática de Occidente”. Y eso está suponiendo un retroceso en la lucha contra el Cambio Climático promovida por la Ley de 2020. 

Primero, en las 11 autonomías donde gobierna el PP (en 5, con la ultraderecha de Vox), ya se han dado muestras de una “menor sensibilidad medioambiental”: reducción normas medioambientales, ampliación de regadíos, reducción espacios protegidos, fomento de la caza,  reversión políticas europeas (como en el uso de pesticidas), freno limitaciones pesqueras… Por un lado, los políticos de Vox se han hecho con varias consejerías de Agricultura (Castilla y León, Extremadura, Comunidad Valenciana, Aragón) y en otros casos se ha suprimido la consejería de Medio Ambiente (Baleares) o se le ha dado a Vox el control de parte de las inversiones medioambientales (Murcia y el Mar Menor). 

Después, en las 44 capitales y grandes ciudades que ahora gobierna el PP (en muchas, con Vox), también se están dando retrocesos en las políticas medioambientales. Por un lado, varios Ayuntamientos han suprimido los carriles bici, algunos ya construidos (con Fondos europeos): es el caso de Valladolid, Elche, Palma de Mallorca, Gijón o Logroño (donde se ha eliminado un carril bici subvencionado ya con 2 millones de Fondos del programa UE Next Generation para luchar contra el Cambio Climático, como también Valladolid, Elche o Gijón). Y por otro, la mayoría de Ayuntamientos, en especial los gobernados por el PP y Vox, han paralizado la entrada en vigor de las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE), para limitar el tráfico en el centro de las ciudades, proyectos que habían recibido también dinero de la UE. 

Veamos el negacionismo de estos Ayuntamientos para reducir la contaminación, cuando los expertos denuncian que cada año mueren por la contaminación 24.200 españoles y que es la causa principal de que aumenten los enfermos de cáncer en España. La Ley contra el Cambio Climático, aprobada por el Gobierno Sánchez en 2020, establecía que las 149 ciudades con más de 50.000 habitantes (donde viven la mitad de los españoles) tenían que poner en marcha, el 1 de enero de 2023, unas Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) para restringir el tráfico en los centros urbanos y así reducir la contaminación. La realidad fue que sólo aprobaron estas restricciones 20 ciudades, con la excusa de que no les había dado tiempo a implantar los sistemas de acceso, aunque la realidad es que no querían hacerlo por la cercanía de las elecciones municipales (28-M). Pero, pasadas las elecciones, la realidad es que, a primeros de agosto, sólo están activas las ZBE en 14 ciudades: Madrid, Barcelona, Sevilla, Zaragoza, Pontevedra, Hospitalet, Badalona, Pamplona, Sant Cugat del Vallés, Rivas Vaciamadrid, Cornellá, A Coruña, Córdoba, la Línea de la Concepción y Badalona. Y en otras 120 siguen en trámite, mientras no se sabe nada del resto.   

Ahora, al menos 6 ciudades gobernadas por el PP (y Vox) han indicado que buscan retrasar o reducir las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE): Gijón (ahora permite aparcar en el centro coches sin etiqueta), Valladolid (quiere reducir la zona ZBE y retrasarla a finales de 2024), Castellón y Lorca, Majadahonda (el Ayuntamiento ya votó en febrero que no pondrá en marcha la ZBE) y Elche. El último Ayuntamiento “rebelde” ha sido Badalona, cuyo alcalde (por mayoría absoluta) es el exlíder del PP catalán García Albiol: este 25 de septiembre van a aprobar paralizar la ZBE aprobada por el anterior consistorio (y por la que recibieron 2 millones de euros de Fondos UE) y fijar una moratoria de 3 años para aplicarla. 

El Gobierno ya ha reaccionado ante esta “rebeldía negacionista” de la derecha, que incumple la Ley vigente contra el Cambio Climático. Por un lado, la ministra de Transición Ecológica amenazó el martes con llevar al Ayuntamiento de Badalona y a los demás a los Tribunales. Y por otra, el Ministerio de Transportes ha recordado a los Ayuntamientos que el Gobierno transfirió 1.500 millones de euros de Fondos europeos para que los municipios implantaran carriles bicis o Zonas de Bajas emisiones. Y que si no lo hacen, tendrán que devolverlos. 

En resumen, que la crisis Climática avanza, en el mundo y en España, y los Gobiernos siguen financiando las energías fósiles (para intentar rebajar la inflación) y avanzan las posturas negacionistas (promovidas por la ultraderecha y “asumidas” por una gran parte de la derecha), en Europa y en España. Malas noticias, porque  la realidad es que los síntomas de la Crisis Climática se agravan y causan cada día muertes y daños. Sólo en 2021, los daños por el Clima en Europa fueron de 15.154 millones de euros, según Eurostat. Y rondan los 500.000 millones las pérdidas por causas climáticas en Europa desde 1.980, sin olvidar los miles de muertos por las olas de calor (6.000 en España en 2022), incendios, desastres naturales, contaminación y enfermedades asociadas). Y a eso hay que sumar los daños en la agricultura y las cosechas (que disparan el precio de los alimentos), en el turismo y las infraestructuras y en la economía, sobre todo en la Europa del sur y el este y sur de España. 

Urge una reflexión: la lucha contra la Crisis Climática debería ser una cuestión “de sentido común”, al margen de la política: hay que preservar el medio ambiente para evitar una crisis climática que acabe con vidas, cultivos, la economía y el Planeta. Los científicos llevan años diciéndonos qué hay que hacer: dejar de utilizar los combustibles fósiles y cambiar el modelo de vida y crecimiento, para que sea sostenible. Aprobar medidas concretas  para reducir más drásticamente las emisiones de CO2 (un -43% en 2030 y 0 emisiones netas para 2050, según la ONU) y reducir la contaminación que mata. Salvar el medio ambiente no debe ser de izquierdas ni de derechas. Es algo obvio, una cuestión de supervivencia.