A por los últimos Fondos europeos

Una de las prioridades que se ha fijado el presidente Sánchez para 2026 es recibir todos los Fondos europeos pendientes, “sin perder un euro”. Y eso porque los Fondos se acaban el 31 de agosto y España todavía debe recibir 25.000 millones en subvenciones. Pero para conseguirlos, debe seguir aprobando reformas, algo que el Gobierno tiene muy difícil con el veto de Junts en el Parlamento. Por eso, ha aprobado  un cambio de estrategia, para agilizar la  gestión de estos Fondos y renegociar con Bruselas las reformas pendientes, renunciando a algunas y flexibilizando otras, renunciando además a recibir la mayor parte de los créditos europeos previstos (ahora que España se financia barato). Pero el Gobierno no lo tiene fácil, porque en 2026 se acaba el plazo para gestionar las ayudas, que si no se pierden. Y todos nos jugamos mucho en ello, porque los Fondos europeos  han sido uno de los motores del crecimiento y del empleo de España desde 2021. Habría que pactar para no perderlos.

                                  Enrique Ortega

Empecemos recordando el origen y la evolución de estos Fondos europeos. En la madrugada del 21 de julio de 2020, en plena pandemia, los líderes europeos aprobaban por unanimidad el Plan de Recuperación, dotado con 750.000 millones de euros hasta 2026, para que Europa superara la nueva crisis y afrontara los retos energético y digital, con subvenciones y créditos europeos. Si en la crisis financiera de 2010-2014, Merkel y el resto de líderes europeos afrontaron los problemas con ajustes y recortes, sobre todo para los paises del sur, en esta ocasión se optó por el camino contrario: reanimar la economía con fondos europeos (y con emisión de deuda de los 27, algo “prohibido” antes) y aprovechar la nueva crisis provocada por la COVID-19 para modernizar la economía europea y ayudar a los paises a invertir en la reconversión energética y digital de sus economías.

España fue el primer país europeo en aprobar un Plan de Recuperación, el 27 de abril de 2021, para optar a las ayudas y créditos del Fondo “Next Generation EU”, unos 140.000 millones inicialmente adjudicados a España (70.000 en subvenciones a fondo perdido y 70.000 en créditos con bajo interés), con 4 objetivos básicos: la transición energética, la digitalización de la economía, las reformas económicas necesarias y la reducción de desigualdades regionales, sociales y de género. El Gobierno Sánchez envió el Plan a Bruselas el 30 de abril y un mes y medio después, el 16 de junio de 2021 lo aprobó la Comisión Europea (fue el primer Plan nacional aprobado), siendo ratificado por los ministros de Economía de la UE, el 13 de julio de 2021, “con la máxima calificación”.

A partir de ahí, el Plan de Recuperación empezó a andar y enseguida llegaron los primeros Fondos europeos: el 17 de agosto de 2021, el Tesoro español recibió la primera transferencia de la UE: 9.036 millones en concepto de “prefinanciación”. A partir de ahí, se establecían 8 desembolsos oficiales, 8 entregas de Fondos europeos hasta agosto de 2026, que se irían abonando a medida que España justificara a la Comisión Europea que se habían hecho las reformas e inversiones exigidas. Había que “sudar” para recibir cada entrega…

El primer desembolso oficial condicionado (tras el anticipo de agosto) llegó el 27 de diciembre de 2021: 10.000 millones de euros, recibidos tras confirmar la Comisión que España había cumplido 52 hitos y reformas, entre ellas la Ley de Cambio Climático, la mejora de la conectividad, el Plan de Ciencia, la modernización de la Administración Pública y los Planes para la igualdad retributiva de hombres y mujeres. Además, España tuvo que aceptar y firmar antes, en noviembre de 2021, el Reglamento de concesión de los Fondos europeos aprobado por la Comisión, una exigente “hoja de ruta” para asegurar su buen funcionamiento.

España siguió con su calendario de reformas e inversiones y el 27 de junio de 2022, la Comisión Europea aprobó un  2º desembolso oficial a España: otros 12.000 millones de euros de subvención, recibidos tras cumplir 40 hitos, entre ellos la reforma laboral, la 1ª fase de la reforma de las pensiones, la estrategia de movilidad sostenible, la hoja de ruta de la eólica marina, la Carta de Derechos Digitales, la Ley Riders (repartidores), las medidas fiscales para el despliegue de la Red 5-G, la modernización de la Agencia Tributaria, el Plan de acción para la Atención Primaria y la Ley de la Cadena Alimentaria.

Ya en 2023, el 17 de febrero, la Comisión Europea autorizó el tercer desembolso condicionado para España: 6.000 millones de euros, que llegaron el 28 de marzo, tras confirmarse que España había cumplido otros 29 hitos y objetivos en 2022, entre ellos la Ley Concursal, la Ley de Formación Profesional, la reforma de la cotización de autónomos y la Ley de medidas contra el fraude fiscal. Esta vez, la luz verde al tercer pago costó más, porque España tuvo que convencer a la Comisión de los cambios en el sistema de control y auditoría implantados para cumplir con los estándares de vigilancia europeos, una herramienta llamada CoFFEE, perfilada por Economía y Hacienda.

Y en pleno verano, el 26 de julio de 2024, España recibió el 4º pago condicionado, de 9.883 millones de euros, tras confirmar Bruselas que había cumplidos 61 hitos y objetivos más, en la transformación digital, la transición energética, pensiones, educación, tratamiento de aguas, digitalización de servicios públicos y cooperación internacional.

El 5º pago de los Fondos europeos fue el que más tardó en llegar, el 8 de agosto de 2025, aunque fue el de mayor importe: 23.100 millones de euros, 7.100 millones en subvenciones y 16.000 millones en créditos, tras haber solicitado España (en las Navidades de 2022, con retraso respecto a otros paises) recibir también créditos europeos a bajo interés, también a cambio de reformas. Esta 5ª entrega fue además la primera en que España recibió menos de lo previsto (iban a ser 25.000 millones), por no haber conseguido aprobar la mayor fiscalidad del diesel (vetada en el Congreso por el PP, Vox, UPN y Podemos) y por diferencias en las compensaciones a los trabajadores públicos eventuales.

Tras estos 5 pagos, España ha recibido ya casi 48.000 millones de subvenciones (47.943 millones), el 60% del importe total adjudicado (79.854 millones, el mayor importe a fondo perdido, por delante de Italia) y 16.000 millones en créditos, el 19,2% del total de préstamos a bajo interés previstos (83.000 millones). Unos Fondos europeos recibidos a cambio de cumplir 264 hitos y objetivos, de los que sólo quedaron pendientes la subida de la fiscalidad del diesel (no han ampliado el plazo hasta finales de marzo de 2026), la reforma de la temporalidad del empleo público y la digitalización de las entidades locales.

La mayor parte de este dinero europeo recibido estos 5 años ha sido ya adjudicado y está en vías de invertirse. A finales de septiembre de 2025, este era el balance publicado por el Gobierno: 79.854 millones asignados y convocatorias de proyectos resueltas por 58.787 millones de euros, el 69,7% del dinero recibido. El dinero asignado ha beneficiado a 1.294.037 adjudicatarios, la mayoría microempresas (41,4%) y grandes empresas (27,1%), UTEs (15,3%(, fundaciones (11,5%) y hogares /4,7%). Y estos Fondos europeos se han repartido por autonomías, recibiendo algo más de la mitad entre Madrid (9.018 millones), Cataluña (8.826), Andalucía (7.011), Comunidad Valenciana (5.084), Castilla y León (4.179), Galicia (3.764), País Vasco (3.539) y Aragón (3.251 millones).

Ahora, quedan todavía tres o cuatro pagos pendientes, pero queda poco tiempo, porque los proyectos que opten a los Fondos europeos deben estar aprobados antes del 31 de agosto de 2026. Así que España (y el resto de paises europeos) vamos contra reloj, porque el dinero que no se consiga antes de esa fecha se pierde. Por eso, la Comisión Europea lanzó una alerta en junio pasado, aprobando una Comunicación (”Next Generation EU. Camino a 2026”) en la que pedía a los paises miembros “revisar sus Planes para simplificar procedimientos y maximizar la absorción de Fondos europeos”, porque el proceso va lento, según los datos disponibles: en subvenciones a fondo perdido, la Comisión ha desembolsado 231.200 millones de los 291.000 previstos; y en créditos, se han concedido 145.700 de 359.000 millones previstos.

A raíz de este toque de atención, el Gobierno ha trabajado en un reajuste de su estrategia de gestión de los Fondos europeos. Pero además, ha tratado de “hacer de la necesidad virtud”, dado que tiene un problema adicional: hay muchas reformas pendientes, que exige Bruselas para los siguientes pagos, y que están paralizadas en el Parlamento, por el veto de Junts y la dificultad de pactar reformas con Podemos. Así que el Gobierno ha aprovechado para aprobar cambios que agilicen la gestión de Fondos y traten de superar los vetos legislativos. Esos son los objetivos de la “Adenda de Simplificación del Plan de Recuperación”, aprobada por el Consejo de Ministros el 9 de diciembre. Veamos su contenido.

Por un lado, la Adenda pretende agilizar los procesos de verificación y ejecución de los proyectos vinculados a Fondos europeos, para reducir burocracia. Por otro, se busca reforzar las prioridades estratégicas, fortaleciendo los programas relacionados con la supercomputación y la descarbonización. En tercer lugar, se mantiene el objetivo de solicitar todas las subvenciones pendientes, pero se renuncia a una parte de los créditos adjudicados: en lugar de llegar a los 83.000 millones de créditos previstos, se van a solicitar sólo 22.800 millones, por dos razones. Una, porque España se financia ahora barato en los mercados, casi al tipo que nos ofrece Bruselas (al 3,22% a 10 años, cuando los créditos de Bruselas son al 3,13%). Y la otra, porque al renunciar a estos créditos, España ya no tendrá que afrontar las reformas que llevan aparejados y que tanto le cuesta al Gobierno aprobar en el Parlamento.

Pero hay más cambios. El principal, que se modifica el calendario pendiente de reformas: 100 hitos pendientes se abandonan, otros 160 hitos se modifican y quedan pendientes 230 hitos que se esperan cumplir, algunos cambiando Leyes por reformas que no precisen ser convalidadas en el Parlamento, algo que el Gobierno deberá ir pactando con la Comisión Europea. El objetivo está claro, en palabras del propio Pedro Sánchez: “no vamos a perder ni un euro” de las subvenciones europeas pendientes.

El objetivo es entonces recibir los 24.811 millones de subvenciones pendientes a lo largo de 2026 y también los 6.800 millones de créditos pendientes (menos imprescindibles), en tres o cuatro pagos, condicionados a la aprobación de múltiples reformas, algunas de ellas estancadas en el Parlamento y otras pendientes de aprobar por el Gobierno: Ley del Cine, Ley de la Industria, Ley de Universalidad del Sistema Nacional de Salud (SNS), Ley del Medicamento, el nuevo marco del personal estatutario del SNS, la Ley de ordenación profesional en el ámbito del Deporte, la Ley de Familia, la Ley para regular los lobbies, la Ley de protección de la Competencia (“Ley de OPAS”), la revisión de los beneficios fiscales del sistema tributario o el régimen sancionador de la pesca marítima.

De momento, la Comisión Europea aprobó el pasado miércoles esta Adenda de España, dando el visto bueno a la revisión de 160 reformas previstas y la eliminación de 17 reformas con rango de Ley, entre ellas la Ley de regulación de lobbies, la Ley de movilidad sostenible, la Ley del mercado de valores y la equiparación fiscal del diesel y la gasolina. También desaparece la obligación de aprobar la Ley del cine y la Ley de modificación de la pesca, aunque el Gobierno intentará aprobarlas igual. Y en el caso de otras 5 Leyes, se ha acordado sustituirlas por otras normas "de similar ambición.

Esta aprobación de la Adenda por Bruselas es un alivio para el Gobierno cara al tramo final del Plan de Recuperación. Pero sigue ahí el meollo de la cuestión: o España aprueba nuevas reformas que convenzan a la Comisión Europea o no recibiremos los 25.000 millones de Fondos que faltan (ni los 6.800 millones de créditos). Por eso, Pedro Sánchez comentó a los periodistas, en los corrillos de la copa de Navidad en Moncloa, que “la amnistía y los Fondos europeos serán los grandes hitos de 2026”, en lo que se va a volcar el presidente, que buscará desesperadamente “abrir una ventana con Junts” el año próximo. Todo indica que su gran prioridad será recibir esos 25.000 millones de Fondos europeos, “no perder ni un euro”. Y eso pasa por dos cosas. Una, mantener el Gobierno hasta finales de agosto (unas elecciones anticipadas, con los meses de interregno, supondrían perder esos Fondos). Y la otra, conseguir sacar adelante la mayor parte de las reformas exigidas, lo que obliga a pactar con Junts.

El panorama es muy difícil, pero conseguir esos últimos Fondos europeos es clave para seguir creciendo y para mantener la inversión y el empleo en muchos sectores y empresas. Quizás no nos demos cuenta, pero los Fondos Europeos han sido uno de los motores del crecimiento español desde 2022 a 2024: han aportado un 2,4% de todo el crecimiento del PIB en esos tres años (12,4%). A lo claro: que 1 de cada 5 euros producidos han sido gracias a los Fondos europeos. Y su efecto inercial seguirá en el futuro: se estima que hasta 2031 aportarán un crecimiento extra del PIB del 3,4%.

Así que nos jugamos mucho como país en recibir estos Fondos europeos que faltan, 31.800 millones (subvenciones y créditos) de los 103.000 millones previstos entre 2021 y 2026. Pero para no perderlos, España tiene que hacer una serie de reformas económicas que exige Bruselas. El dilema es claro: o se pactan estas reformas como sea o ese dinero se pierde (y con él, inversiones y empleos claves para el futuro). Y tenemos un plazo para acordar: el 31 de agosto de 2026. Ahora o nunca. No parece que los políticos lo entiendan.

Adjudicados la mitad de los Fondos europeos

Los Fondos Europeos han superado la primera mitad de su trayecto, que acaba el 31 de agosto de 2026, cuando tienen que estar adjudicados los 163.800 millones que llegarán de Europa (mitad subvenciones, mitad créditos). De momento, vamos bien, porque se han adjudicado el 48% de las subvenciones inicialmente previstas, dirigidas a 600.000 proyectos en marcha, que benefician a 400.000 empresas y autónomos, 150.000 particulares y 5.000 centros de investigación. Pero lo más difícil está por hacer: habrá que adjudicar 114.500 millones en los próximos 2 años y medio, más del triple de lo adjudicado hasta ahora. Eso exigirá un enorme esfuerzo de gestión al Gobierno, autonomías, Ayuntamientos, empresas y centros de investigación, porque el dinero que no se ejecute se pierde. Y estos Fondos europeos son claves para modernizar la economía y afrontar los retos energético y digital, la garantía para mejorar nuestra productividad, empleo y nivel de vida. Nos jugamos mucho gastando bien estos Fondos europeos, un reto que debería unirnos a todos, relegando las peleas políticas (?).

                     Enrique Ortega

En la madrugada del 21 de julio de 2020, en plena pandemia, los líderes europeos aprobaban por unanimidad el Plan de Recuperación, dotado con 750.000 millones de euros hasta 2026, para que Europa superara la nueva crisis y afrontara los retos energético y digital, con subvenciones y créditos europeos. Si en la crisis financiera de 2010-2014, Merkel y el resto de líderes europeos afrontaron los problemas con ajustes y recortes, sobre todo para los paises del sur, en esta ocasión se optó por el camino contrario: reanimar la economía con fondos europeos (y con emisión de deuda de los 27, algo “prohibido” antes) y aprovechar la nueva crisis provocada por la COVID-19 para modernizar la economía europea y ayudar a los paises a invertir en la reconversión energética y digital de sus economías.

España fue el primer país europeo en aprobar un Plan de Recuperación, el 27 de abril de 2021, para optar a las ayudas y créditos del Fondo “Next Generation EU”, unos 140.000 millones inicialmente adjudicados a España (70.000 en subvenciones a fondo perdido y 70.000 en créditos con bajo interés a devolver), con 4 objetivos básicos: la transición energética, la digitalización de la economía, las reformas económicas necesarias y la reducción de desigualdades regionales, sociales y de género. El Gobierno Sánchez envió el Plan a Bruselas el 30 de abril y un mes y medio después, el 16 de junio de 2021 lo aprobó la Comisión Europea (fue el primer Plan nacional aprobado), siendo ratificado por los ministros de Economía de la UE, el 13 de julio de 2021, “con la máxima calificación”.

A partir de ahí, el Plan de Recuperación empezó a andar y enseguida llegaron los primeros Fondos europeos: el 17 de agosto de 2021, el Tesoro español recibió la primera transferencia de la UE: 9.036 millones en concepto de “prefinanciación”. A partir de ahí, se establecían 8 desembolsos oficiales, 8 entregas de Fondos europeos hasta agosto de 2026, que se irían abonando a medida que España justificara a la Comisión Europea que se habían hecho las reformas e inversiones exigidas. Había que “sudar” para recibir cada entrega…

El primer desembolso oficial condicionado (tras el anticipo de agosto) llegó el 27 de diciembre de 2021: 10.000 millones de euros, que eran, otra vez más, la 1ª entrega de Fondos del Plan de Recuperación que hacía Bruselas a un país europeo, tras confirmar la Comisión que España había cumplido 52 hitos y reformas, entre ellas la Ley de Cambio Climático, la mejora de la conectividad, la aprobación del Plan de Ciencia, la modernización de la Administración Pública y los Planes para la igualdad retributiva de hombres y mujeres. Además, España tuvo que aceptar y firmar antes, en noviembre de 2021, el Reglamento de concesión de los Fondos europeos aprobado por la Comisión, una exigente “hoja de ruta” para asegurar su buen funcionamiento.

España siguió con su calendario de reformas e inversiones y el 27 de junio de 2022, la Comisión Europea aprobó un segundo desembolso oficial a España: otros 12.000 millones de euros de subvención, recibidos tras cumplir 40 hitos, entre ellos la aprobación de la reforma laboral, la primera fase de la reforma de las pensiones, la estrategia de movilidad sostenible, la hoja de ruta de la eólica marina, la Carta de Derechos Digitales, la Ley Riders (repartidores), las medidas fiscales para el despliegue de la Red 5-G, la modernización de la Agencia Tributaria, el Plan de acción para la Atención Primaria y la Ley de la Cadena Alimentaria.

Y ya en 2023, el 17 de febrero, la Comisión Europea autorizó el tercer desembolso condicionado para España (la 4ª entrega efectiva de Fondos): 6.000 millones de euros, que llegaron el 28 de marzo, tras confirmarse que España había cumplido otros 29 hitos y objetivos en 2022, entre ellos la Ley Concursal, la Ley de Formación Profesional, la reforma de la cotización de autónomos y la Ley de medidas contra el fraude fiscal. Esta vez, la luz verde al tercer pago costó más, porque España tuvo que convencer a la Comisión de los cambios en el sistema de control y auditoría implantados para cumplir con los estándares de vigilancia europeos, una herramienta llamada CoFFEE, perfilada por Economía y Hacienda.

En total, con estas 3 entregas condicionadas y el anticipo inicial, España recibió en el primer año y medio del Plan 37.036 millones de subvenciones de Fondos europeos, el 52,9% de las ayudas a fondo perdido previstas inicialmente (70.000 millones). Y había cumplido, en esos primeros 18 meses, 121 hitos (objetivos y reformas), el 30% de los 416 hitos que España se comprometió a cumplir dentro del Plan de Recuperación hasta 2026. Con ello, España era el país europeo más avanzado en el cumplimiento del Plan y la Comisión lo ponía como “ejemplo”, como demostraban los 2 tuits escritos el 17 de febrero de 2023, el día que se autorizó el tercer pago condicionado: “Doy la enhorabuena a España. Que siga trabajando así de bien y que la Comisión está a su lado”, escribió la presidenta Úrsula Von der Leyen. “Enhorabuena a España. La Comisión avala la tercera solicitud de pago del Plan de recuperación”, tuiteó el vicepresidente económico de la Comisión, Valdis Dombrovskis.

Este apoyo explícito de la Comisión a España, más avanzada que la mayoría de los paises en el cumplimiento de los Planes de Recuperación, chocaba con la actitud crítica del PP español, que llevaba año y medio poniendo en cuestión la ejecución y la transparencia del Gobierno Sánchez con los Fondos Europeos. Primero criticó la gestión en España y luego llevó sus críticas a Bruselas y al Parlamento Europeo, “alimentando las dudas” de los partidos populares europeos (sobre todo, alemanes y holandeses), a los que no les gusta mucho el Fondo de Recuperación europeo, básicamente porque les toca pagar… (a los paises derrochadores del sur, Italia y España). Además, una parte de “la familia popular europea”, el ala “más ultra” (encabezada por el alemán Manfred Weber, de la CSU) intentaron utilizar a los Fondos Europeos y a España para atacar a la presidenta Von der Leyen (de la CDU), cuyo puesto Weber quiso ocupar.

Así se explica que la presidenta del Comité de Control del Parlamento Europeo, la eurodiputada alemana Mónica Hohlmeier (de la CSU y brazo derecho de Weber), organizase una visita a España el 21 y 22 de febrero de 2023, acompañada de eurodiputados españoles, para una misión de “control y auditoría” de los Fondos europeos. Tras dos días de reuniones con Hacienda, Economía, autonomías, empresarios y sindicatos, analizando proyectos e inversiones (“hasta el detalle de los movimientos de tesorería”, reconocieron), la delegación del Europarlamento abandonó España señalando Hohlmeier que “no ha encontrado fraude ni incumplimientos legislativos” en el despliegue de los 31.000 millones recibidos. Y la misión constató que “España cumple”.

Un año después, este 14 de marzo de 2024, la Comisión Europea se ha reunido en Madrid con el ministro de Economía y otros expertos, para hacer un balance de la ejecución de los Fondos europeos, cuando se cumple la mitad de su trayectoria (2 años y medio). La Comisión ha calificado de “excelente” el Plan español, en palabras del Comisario de Economía, Paolo Gentiloni, aunque pide “acelerar ahora la ejecución de los Fondos europeos porque tienen que gastarse para 2026”. Y como prueba de buena voluntad, la Comisión ha concedido a España un plazo extra de 2 meses, hasta el 20 de mayo, para que culmine dos reformas que se exigen para entregarnos la 4ª entrega condicionada de fondos, otros 10.021 millones de euros, vinculados al cumplimiento de 61 hitos y objetivos. Ahora, España tiene que avanzar en dos de esos hitos pendientes: uno, aprobar una nueva reforma del seguro de desempleo (la anterior fue aprobada el 19 de diciembre, pero Podemos la tumbó en el Congreso este 10 de enero) y el otro, introducir una serie de cambios técnicos (exigidas por el Tribunal de Cuentas Europeo) en las inversiones en las redes de transportes.

Mientras España aprovecha esta prórroga para aprobar los cambios, el Gobierno ha hecho un balance del cumplimiento del Plan de Recuperación en su primera mitad de vida: se han utilizado ya, el Tesoro ha adjudicado 37.000 millones de euros (a 30 de noviembre de 2023), el 48% de los Fondos europeos asignados a España. O sea, que se han “inyectado” a la economía la mitad de los fondos disponibles al cumplirse la mitad del Plan. Inicialmente, en 2020, se dijo que España iba a recibir 69.500 millones de euros en subvenciones a fondo perdido. Pero después, la Comisión ha ampliado esta cifra, porque resulta que la caída del PIB de España con la pandemia fue mayor de la esperada (-11,2%) y así, en octubre de 2023, nos han adjudicado 7.700 millones más en transferencias adicionales (de ahí que los 37.000 millones adjudicados supongan el 47,92% de los 77.200 millones en subvenciones que nos corresponden). Y todavía hay otros 2.600 millones más de ayudas a fondo perdido para España, con cargo al Plan REPower EU, un nuevo Plan que Bruselas aprobó en mayo de 2022, a raíz de la invasión de Ucrania para diversificar el abastecimiento energético.

A finales de noviembre, según el último informe de ejecución del Plan de Recuperación, se habían adjudicado el 47% de las subvenciones recibidas por España (37.000 millones pagados por el Tesoro), con una media de 2.000 millones licitados al mes). Y en febrero, según el ministro de Economía, se había hecho la convocatoria para adjudicar 60.000 de los 70.000 millones inicialmente previstos (el 86%). Según este balance, se han convocado licitaciones para 600.000 proyectos: 400.000 de empresas y autónomos, 150.000 de particulares (ayudas a coches eléctricos y paneles solares) y 5.000 a proyectos de investigación. Los grandes beneficiados por estas convocatorias son las empresas (17.000 millones), los Ayuntamientos (7.200), las autonomías (3.000), entidades de investigación  (2.100 millones), particulares (1.300 millones) y otras entidades (3.000 millones). En conjunto, la Administración central y las autonomías son quienes impulsan el Plan.

Parece que “vamos bien” con la ejecución del Plan de Recuperación, pero en realidad “vamos lentos”. Y eso, porque a los 77.200 millones de subvenciones (más los 2.600 millones de ayudas para inversiones energéticas del Plan REPower EU) hay que sumar otros 84.000 millones en créditos (a devolver) que la Comisión Europea adjudicó a España en octubre de 2023, dentro de la 2ª fase del Plan de recuperación. El Gobierno español aprobó pedir estos créditos el 20 de diciembre de 2022, como una “adenda” (añadido) al Plan de recuperación, comprometiéndose a cambio a aprobar 30 nuevos hitos y reformas.

Ahora, tras recibir la luz verde a estos créditos del Plan de Recuperación (24.000 los canalizará el Banco Europeo de Inversiones y 40.000 España), el Gobierno aprobó el 24 de febrero 5 líneas de crédito en el ICO para facilitar la concesión de estos 40.000 millones de créditos UE a empresas y particulares: linea ICO verde (22.000 millones), linea ICO empresas y emprendedores (8.150 millones), linea ICO vivienda (4.000 millones para financiar viviendas en alquiler), linea Spain Audiovisual Hub (1.712 millones) y linea Fondo Next-Techo (4.000 millones para tecnologías disruptivas que promuevan la innovación y digitalización).

Entre subvenciones a fondo perdido (79.800 millones) y créditos (84.000 millones), España contará con 163.800 millones de euros de fondos europeos, que hay que adjudicar antes del 31 de agosto de 2026, antes de 2 años y medio. Y de momento, hemos adjudicado 37.000 millones, el 48% de las subvenciones pero sólo el 22,5% de los Fondos disponibles. Y quedan 2 años y medio para ejecutar el 78,5% restante. Por eso habla la Comisión Europea de que hay que “agilizar el Plan”, porque queda mucho por adjudicar e invertir en estos 2 años y medio (y lo que no esté adjudicado el 31 de agosto de 2026, se pierde). De hecho, basta ver los calendarios de pagos previstos: 25.600 millones a recibir en 2024, 44.600 en 2025 y 44.300 millones en 2026. En total, 114.500 millones pendientes de recibir de Bruselas estos 2 años y medio (y de gastar) , frente a los 37.330 millones recibidos (y ya adjudicados) en los 2 años y medio pasados.

En resumen, que queda el grueso de los Fondos europeos (el 70%)  por recibir y por gastar. Un reto colosal para cualquier país y más para España, cuya administración pública adolece de falta de experiencia y medios (aunque la ejecución del Plan está muy digitalizada)  para movilizar unos Fondos gigantescos (suponen el 12% del PIB español). Hay que agilizar al máximo los procesos, reduciendo burocracia, pero asegurando que las inversiones se seleccionen con rigor y eficacia ( y sin fraudes), lo que exige la cooperación de autonomías, Ayuntamientos, instituciones y empresas, que deberían volcarse más en esta tarea, “el gran objetivo” de España en los próximos dos años y medio.

Así deberían verlo todos los partidos políticos, evitando que la polarización y el constante enfrentamiento político impidan cumplir los objetivos y acabemos perdiendo unas ayudas imprescindibles. Porque estos 163.800 millones son el empujón que necesita España para modernizar su economía y afrontar los retos climáticos y digital, para mejorar nuestra productividad, crecimiento, empleo (los Fondos crearán más de 1 millón de empleos) y nivel de vida. Hay que aprovechar hasta el último euro. Nos jugamos el futuro en ello.