Lecciones tras la última crisis energética

Tras la firma del Acuerdo preliminar entre EEUU e Irán, el mundo espera que bajen los precios del petróleo, gas y carburantes, que han costado millones a los consumidores. Pero no será rápido: falta desminar Ormuz, restablecer el tráfico marítimo y reparar las instalaciones dañadas, más reponer las reservas de crudo. Los expertos creen que el mercado energético no se normalizará hasta fin de año, aunque en 2027 podría haber exceso de crudo y menores  precios. A España le ha afectado menos esta crisis que a otros paises, gracias al aumento de las renovables, que han permitido tener la luz a la mitad de precio que en Europa. Pero seguimos con un problema grave: el 68,4% de la energía consumida viene de fuera, somos los más dependientes de Europa (58,4%). Por eso, urge electrificar la economía, “huir del petróleo” en vehículos (electrificarlos), viviendas (calefacción por bombas de calor), industrias y transportes (aviación, barcos y trenes). Sólo así seremos más independientes frente a la próxima crisis energética (que llegará, seguro).

                     Los precios de los carburantes seguirán altos hasta fin de año y podrían bajar en 2027

El principio de Acuerdo firmado el miércoles entre EEUU e Irán pone un final provisional a la última crisis energética, que estalló el 28 de febrero, con los ataques de EEUU e Israel a Irán, disparando los precios del petróleo brent de 72,48 dólares/barril  (27 febrero) a 118,35 dólares (31 marzo), para bajar algo en abril (108,23 el día 27), mantenerse en mayo (107,77 el día 12) y bajar en junio (78,48 dólares/barril el 18 de junio, tras el pre-Acuerdo, aunque repuntó por encima de los 80 dólares el viernes, tras los nuevos ataques israelíes al Líbano. Pero los expertos insisten en que la crisis no se resolverá en unos días, que la normalidad en los mercados energéticos tardará tiempo: hay que “desminar” el estrecho de Ormuz, hay que agilizar el tapón de buques en la zona y agilizar el tráfico marítimo y hay que reparar las instalaciones energéticas dañadas en Irán y los paises del Golfo (el 80% afectadas). Y además, los paises más afectados por esta crisis (China, India, Japón y el sudeste asiático) tienen que reponer sus reservas, que están al mínimo, como también las europeas.

Todo este proceso de “normalización” puede durar entre 4 y 5 meses, según ha alertado la Agencia Internacional de la Energía (AIE), que precisa que habrá déficit de petróleo en lo que queda de año (más demanda para cubrir reservas y el mayor gasto en verano, mientras la producción crecerá a menor ritmo), con lo que auguran precios altos (sobre los 75 dólares barril) hasta fin de año. Después, la AIE confía en que haya un superávit de petróleo en 2027, lo que podría hacer bajar los precios, entre 65 y 70 dólares el año que viene. Pero claro, estas previsiones saltarían por los aires si el conflicto con Irán se reproduce, si EEUU e Irán no llegan a un alto el fuego definitivo en estos 60 días que se han dado para negociar los aspectos más complejos de un acuerdo de paz definitivo, con Israel complicándolo.

Mientras parece que ha pasado lo peor de esta crisis energética (la 5ª de las últimas décadas, tras las crisis de 1973,1979, 2000-2008 y la de 2022-2023), es un buen momento para sacar lecciones y enseñanzas para el futuro. En el caso de Europa, esta crisis ha sido menos dañina que la crisis energética que sufrimos tras la invasión de Ucrania (24 febrero 2022), porque entonces Europa dependía en exceso del petróleo y sobre todo del gas, que disparó su precio mucho más que ahora : pasó de 74 euros/MWH el día 22 a 107 euros el 24 y 337 euros en agosto de 2022, mientras ahora ha subido sólo de 30,6 euros/MWh en enero a 67,50 euros en mayo 2026. Y además, la mayor parte de los paises tomaron medidas y aprobaron ayudas (en España, la “excepción ibérica”, poniendo un tope al precio del gas que salvó el recibo de la luz). Además, aquella crisis energética duró casi dos años, mientras que el conflicto de Oriente Medio ha durado menos de 4 meses.

España ha sido uno de los paises europeos menos afectados por esta 5ª crisis energética, por varias razones. La primera, que sólo el 10% de todo el petróleo que importamos procede del Golfo Pérsico (Arabia Saudí e Irak) y el 2% del gas importado (de Catar), lo que ha limitado el impacto directo en el aprovisionamiento, aunque no el impacto de las subidas globales (petróleo, gas y carburantes)  y la incertidumbre del mercado. Otro factor que nos ha ayudado es que ha mejorado la “eficiencia energética” de la economía española: ahora consumimos un tercio menos de energía para producir que hace 20 años (100 de intensidad energética frente a 150 en 2014, según CaixaBank Research). Eso nos hace más competitivos y reduce los costes energéticos, junto al ahorro energético, a las menores compras hechas al inicio de 2026, por temor al estallido del conflicto. La consecuencia ha sido muy evidente: en el primer trimestre de 2026, España ha reducido un -22,5% su déficit energético, el recibo por las compra-ventas de petróleo, gas y carbón importado: 7.377 millones pagados (enero-marzo 2026), frente a los 9.529 millones pagados en el primer trimestre de 2025, según Comercio.

Pero la mayor ayuda frente a esta crisis energética la ha tenido España con las renovables. El creciente peso de las energías renovables (eólica, solar, hidráulica) en la generación de electricidad (han aportado el 60,3% de la electricidad producida de enero a mayo, frente al 42,8% que aportaron en 2022) ha permitido contener el precio mayorista de la electricidad y con ello, el precio final del recibo. Así, el precio mayorista de la electricidad fue de 41,77 euros/MWh en marzo, 42,44 euros en abril y 54,23 euros en marzo, frente a 71,67 euros en enero y 16,41 euros/MWh en febrero. Y lo más importante, España ha conseguido producir una electricidad de las más baratas de Europa: ese precio mayorista de 54,23 euros/MWh en mayo era similar al de Francia (52,2 euros, por su elevado parque nuclear), casi la mitad del precio de Alemania (98,29 euros/MWh) y menos que la mitad de Italia (119,51 euros/MWh). Y lo mismo pasaba el jueves 18 de junio: España tenía un precio mayorista de 94,90 euros/MWh, frente a 98,32 euros Francia, 117,63 euros Alemania y 132,22 euros/MWh Italia… 

Veamos en detalle por qué pasa esto, comparándonos con Alemania. En mayo, ellos tenían un 65% de la electricidad renovable frente al 60,5% de España (aunque parezca mentira, Alemania apostó antes por el sol, el aire y el agua). Pero produjeron un 34,1% de la electricidad con gas y carbón, mientras en España estas energías fósiles sólo generaron un 18,8% de la electricidad (gracias también al 17,1% nuclear, energía que no aporta nada en Alemania). Resultado: como el gas casi duplicó su precio (de 31 euros/MWh en febrero a 50 en mayo), la generación de electricidad costó casi el doble en Alemania que en España.

La apuesta española por las renovables (que han pasado de generar el 47,2% de la electricidad en 2021 al 60,3% este año) ha servido para proteger a los consumidores (particulares y empresas), que hemos pagado de media 10 euros menos al mes en nuestro recibo de lo que hubiéramos pagado en esta crisis sin tantas renovables, según un estudio de la consultora Ember. Y eso que desde el apagón (abril 2025), los usuarios pagamos un extra en la factura para que REE mantenga disponibles centrales de gas e hidroeléctrica, lo que supone un coste adicional en el recibo de unos 5,5 euros mensuales, según el grupo ASE.

A pesar de estas ventajas ante la última crisis energética, España tiene un gran punto débil, su enorme dependencia energética frente al exterior: importamos casi el 70% de toda la energía que consumimos, todo el petróleo (50% de la energía consumida) y todo el gas (19%) y carbón (1%), mientras las renovables (autoabastecimiento) suponen sólo el 19,5% de la energía total que consumimos y la nuclear otro 10,5% (autoabastecimiento a medias, porque el uranio y el combustible enriquecido se importan). Una dependencia energética de España (68,4% en 2024) muy superior a la media europea (UE-27 importa el 58,4% de la energía que consume), siendo el 63,7% en Alemania, el 44,4% en Francia y el 73,4% en Italia.

Esta alta dependencia de España de los combustibles fósiles (petróleo y gas, básicamente) se debe a que los principales sectores económicos están “enganchados” a los hidrocarburos, lo que les hace muy vulnerables cuando hay una crisis energética y se disparan los precios. Es cierto que España lidera la producción de electricidad renovable, pero está muy retrasada en la sustitución de hidrocarburos por energías limpias. Por ejemplo, en la movilidad y el transporte, donde seguimos dependiendo del petróleo: el 90,3% de los vehículos que circulan por España son diesel (18,4 millones, el 58,9% del total) o de gasolina (10,5 millones, el 33,8% del parque) y sólo el 21,4% de los coches que se venden son electrificados (eléctricos e híbridos enchufables). En las viviendas, donde el 95% de los hogares tienen calefacción de gasoil o gas (sólo el 5% tienen bombas de calor, con electricidad). En las industrias, donde el 75% utilizan todavía fuel o gas. Y en el transporte ferroviario (sólo el 65% de la red está electrificada) aéreo o marítimo, donde apenas han penetrado los combustibles alternativos.

Así que el gran reto de España (y de Europa) es “huir” de los combustibles fósiles (petróleo, gas y carbón) y “electrificar la economía, generando electricidad con energías renovables que son 100% nacionales y aseguran la autosuficiencia energética. En Europa, sólo el 23% de las necesidades energéticas se abastecen con electricidad, según Eurostat, y en España ese porcentaje es del 24%, con lo que queda mucho por hacer. Un ejemplo de lo que se puede conseguir lo ofrece Noruega: el 47% del consumo final de energía lo aporta la electricidad, desde los coches eléctricos (98% de todos los que se venden) a su uso en la industria, las viviendas o los transportes. Y además, el 98% de esa electricidad que se consume en Noruega procede de fuentes renovables (allí, principalmente, plantas hidroeléctricas). Si España igualase a Noruega en esta electrificación, algunos estudios calculan que podríamos ahorrar un tercio de las importaciones anuales de petróleo y gas (nos gastamos 40.000 millones de euros en 2025…).

Por todo ello, la gran enseñanza de esta nueva crisis energética es que Europa y España deben acelerar la electrificación de las economías, con incentivos a los conductores, las viviendas, las industrias y los transportes para que “huyan” del petróleo y se pasen a consumir electricidad (en redes o baterías). Y no sólo para no depender tanto del petróleo y del gas, que se produce en el extranjero (en paises en muchos casos “conflictivos”),  para verse menos afectados por las crisis energéticas, sino también para lograr una mayor autonomía energética y lograr importantes ahorros de divisas en importar menos energía. Unos ahorros que justifican los incentivos y ayudas públicas a conductores, viviendas, empresas y transportes para ayudarles a “huir” de los combustibles fósiles.

Eso debería obligar a España y al resto de paises europeos a invertir más en energías renovables, en baterías para almacenar esta energía y en fortalecer las redes eléctricas, para que puedan hacer frente a la mayor “electrificación” de la economía sin apagones… Todos estos son los objetivos del Plan del Clima PINIEC 2023-2030, cuyo propósito es “electrificar” un 35% de la economía para 2030 (ahora es el 24%) y que el 81 % de esa electricidad se genere con fuentes renovables (hoy es el 60,3%). Ahora, tras esta nueva crisis energética por la guerra en Irán, el Gobierno Sánchez está pensando en acelerar aún más esa electrificación de la economía, con más ayudas para vehículos, viviendas, industrias y transportes.

En paralelo, la Comisión Europea presentará hoy (22 de junio) un paquete de medidas para acelerar el abandono del petróleo, el gas y el carbón en Europa, con un Plan de acción para fomentar la electrificación de las economías europeas. La principal medida que propone Bruselas a los paises es reducir los impuestos que paga la electricidad, hoy muy elevados (hasta el 51% de la factura media de los hogares europeos son impuestos y cargos fijados por los Gobiernos, lo mismo que el 37% de la factura eléctrica de las empresas), para que sean muy inferiores a los impuestos y tasas que pagan los combustibles fósiles. Esto debería llevar, por ejemplo, a bajar los impuestos a la luz (21% de IVA y 5,15% del impuesto especial de la electricidad, más otro impuesto del 7% a la producción que acaban pagando los consumidores) y subir los impuestos al gasóleo y la gasolina, medidas impopulares reiteradamente exigidas por Bruselas y que Podemos, el PP y Vox han vetado en el Congreso…

En resumen, que estamos a la espera de si el Acuerdo preliminar entre EEUU e Irán se convierte en 60 días en una verdadero acuerdo de paz, mientras los mercados energéticos intentan normalizarse, un proceso que durará meses (eso si no vuelven las hostilidades). Pero deberíamos aprovechar esta nueva crisis energética para que España (y Europa) reduzcan su elevada dependencia energética del exterior, para que la próxima crisis (que llegará) nos dañe menos, a los consumidores y a la economía. Y eso obliga a acelerar la electrificación de las economías, a huir del petróleo y el gas y sustituirlo por electricidad renovable en los vehículos, las calefacciones, las industrias y los transportes. Una verdadera reconversión energética que nos haga más autosuficientes y menos vulnerables ante futuras crisis energéticas. Aprendamos de una vez.

Una guerra empantanada y costosa

Mañana se cumplen 2 meses de los ataques de EEUU e Israel a Irán, que han puesto patas arriba los mercados energéticos y la economía mundial. Entre treguas incumplidas y ataques, los precios del petróleo y el gas siguen altos, provocando una subida de la inflación y enorme incertidumbre en familias, empresas e inversores. Esta guerra en Oriente Medio tiene un alto coste en vidas, heridos y desplazados, pero afecta también a nuestros bolsillos: Europa pierde 500 millones al día por el conflicto. Pero, la Comisión Europea y muchos Gobiernos no toman medidas eficaces frente a esta nueva crisis, tras la Cumbre en Chipre el viernes, mientras el FMI augura un mínimo crecimiento para Europa, que podría acabar en recesión si la guerra se alarga. Sólo hay una salida: Europa debe ser más autosuficiente en energía, acelerando la electrificación de la economía y las renovables, como hace España. Y eso obliga a avanzar en el Pacto verde europeo, no a frenarlo, como defienden la derecha y la ultraderecha.

                 "Huir del petróleo" y electrificar la economía, la mejor receta ante las crisis energéticas

La consecuencia más directa para Occidente de esta guerra en Oriente Medio es la subida de los precios de la energía, que ya se empieza a trasladar a muchos otros precios y a la inflación general, con vaivenes según los ataques y las treguas. El precio del petróleo sigue alto, en 104,85 dólares el barril de Brent el viernes, que es más que antes de los ataques a Irán (72,48 dólares/barril), pero menos que el máximo de marzo (118,35 euros el día 31). Y lo mismo pasa con el gas natural, que costaba el viernes 44,50 euros, más que antes de la guerra (31,95 euros/MWh) pero menos que en marzo (50,75 euros/MWh el día 31). El problema es que el doble bloqueo del estrecho de Ormuz, por el que pasa un 20% del petróleo y el gas que se consume en el mundo y la mayoría del que se consume en Asia, ha disparado el precio internacional del crudo, que podría llegar a los 150 dólares/barril.

Esta fuerte subida del petróleo (+44,6% en dos meses) ha impactado directamente en los precios de los carburantes, que han subido más. Y eso por dos razones. La primera, que el precio del teórico del crudo Brent (que se fija en el ICE de Londres) no es el que pagan realmente las petroleras y refinadoras, sobre todo en periodos de conflicto: el precio real del crudo de entrega inmediata (a 15 días), llamado Dated Brent, es mucho más alto: el 10 de abril, por ejemplo, el precio en el mercado de futuros era de 96 dólares barril, pero las refinerías pagaron 131 euros. La otra razón es que hay distintas calidades de crudo: hay tipos de petróleos que son más o menos pesados y permiten producir más o menos derivados (gasolina o diesel), que en muchos casos no se refinan en cada país sino que se importan. Y la subida del crudo ha disparado también el precio del gasóleo (la mayoría importado en Europa).

Todos estos factores han llevado a una fuerte subida de los carburantes, en muchos casos más que el crudo. Tras la fuerte subida de los primeros días, a finales de febrero, la gasolina ha pasado de 1,44 euros/litros el día antes de la guerra (27 de febrero) a un máximo de 1,8005 euros litro el 20 de marzo, para bajar luego (gracias a la rebaja del IVA del 21 al 10%, en vigor el 21 de marzo), hasta 1,556 el 31 de marzo y 1,51 euros/litro el viernes (7 céntimos más que antes de la guerra). Y el gasóleo, que costaba 1,39 euros/litro el 27 de febrero, subió mucho más, hasta 1,936 euros el 20 de marzo, para bajar después (por el recorte del IVA) a 1,794 euros/litro el 31 de marzo y 1,731 el viernes (+34 céntimos que antes de la guerra).

El otro efecto de esta guerra es la subida del precio del gas natural, que afecta al precio de la luz, porque una parte se genera con centrales de gas. En marzo, el precio mayorista de la electricidad subió a 41,77 euros/MWh, más que en febrero (16,41 euros) pero menos que un año antes (53,03 euros/MWh en marzo 2025). Y como las energías renovables aportaron el 63,1% de la electricidad en marzo, eso permitió que tuviéramos 141 horas (el 19% del total) a precio negativo (127 horas) o cero (14 horas). Además, el Gobierno bajó, desde el 22 de marzo, los 3 impuestos que paga la electricidad.  Consecuencia: el recibo al consumidor con un contrato regulado bajó unos céntimos en marzo, a pesar de la guerra: habrá sido de 62,22 euros, casi 1 euro menos que en febrero (63,19 euros) y casi 9 euros menos que en enero (71,77 euros). Y en abril, el precio mayorista ha bajado respecto a marzo (39,35 euros/MWh hasta el 24 de abril), con lo que bajará otra vez el recibo este mes.

A pesar de que la luz ha ayudado, los carburantes han provocado una fuerte subida del IPC en marzo, en Europa (+0,7%, hasta un 2,8% anual) y más en España: +1,2% en marzo, según el INE, la mayor subida en un mes desde junio de 2022 (+1,9%), lo que coloca la inflación media en el 3,4%, el peor dato desde junio de 2024. Y eso que todavía no se observa que la subida del petróleo, el gas y los carburantes se haya trasladado al transporte, la industria o los alimentos, que podrían subir por los mayores precios de los fertilizantes y muchas materias primas. Preocupa además la subida del helio (que se produce en los paises del Golfo, a partir del gas), clave para la fabricación de chips, y de muchos principios activos y medicamentos, incluidos los condones (que proceden de India y el sudeste asiático).

Mientras fracasa el ultimo intento de negociación entre EEUU  e Irán, la preocupación ahora en medio mundo es que falten suministros en unas semanas, a pesar de que la Agencia Internacional de la Energía (AIE) haya aprobado liberar 400 millones de barriles de las reservas estratégicas de crudo, para que no haya escasez. Pero la misma AIE ha alertado de que podría faltar keroseno para los aviones en 6 semanas. Y hay paises de Asia que ya han empezado a racionar los carburantes, mientras China ha suspendido sus exportaciones de gasóleo. En Europa, lo que más preocupa es el suministro de keroseno, que ya ha provocado un recorte de vuelos futuros en Lufthansa y KLM. El problema lo tienen sobre todo Reino Unido (que importa el 65%), Francia, Alemania e Italia (que importan el 50%), pero afecta menos a España (que sólo importa el 20% de este combustible). A más largo plazo, en verano, en Europa preocupa el abastecimiento de gasóleo y gasolina, porque hay pocas refinerías en Europa, que importa el 50% de estos carburantes. España, con 8 refinerías, está mucho mejor, porque sólo importamos el 10% del gasóleo y exportamos gasolina.

Además del temor a los desabastecimientos de crudo y carburantes, la otra preocupación del mundo es que esta nueva guerra dispare la inflación y recorte el crecimiento, con el riesgo de una recesión si el conflicto dura meses. El Fondo Monetario (FMI) acaba de lanzar una primera alerta, en su Informe del 14 de abril: el mundo crecerá menos este año (3,1%, un 0,2% menos de lo que esperaban en enero) y subirá más la inflación mundial (+0,6%). La zona más afectada será Asia (China, Japón e India), pero también Europa: la zona euro sólo crecerá un +1,1%, con el agravante de que Alemania crecerá la mitad de lo previsto (+0,5%), según las últimas estimaciones del Gobierno Merz, Francia un +0,9% e Italia +0,5%, aunque para España estiman un crecimiento del +2,1% (-0,2% que en enero).

Caiga o no el crecimiento y suba la inflación, la guerra lanzada por Trump y Netanyahu en Oriente Medio ya tiene un alto coste para Europa y sus ciudadanos: 500 millones diarios, según fuentes europeas, lo que equivale a 30.000 millones de euros en estos 2 primeros meses de conflicto. Sin embargo, la Comisión Europea no ha aprobado todavía ninguna medida para atajar esta crisis, aunque sí algunos paises: Hungría, Portugal, Croacia, Austria, España, Italia y Francia han fijado precios máximos a los carburantes, rebajas fiscales o  descuentos directos. En el caso de España, las ayudas de marzo a los carburantes y la luz, suponen un coste (hasta junio, su periodo inicial de vigencia) de 4.000 millones de euros, habiendo permitido una rebaja de 24 céntimos en el gasoil y 29 céntimos en la gasolina, según la Confederación de Estaciones de servicio.

Pero la Comisión Europea y la Cumbre europea en Chipre, el viernes, apenas han pasado de generalidades: ahorrar energía, promover el transporte público, rebajar impuestos o promover la electrificación de las economías. Y mientras España, Italia, Bélgica y Letonia pedían “más ambición en las medidas”, la presidenta Von der Leyen traspasaba la responsabilidad de las medidas contra esta crisis energética a la reunión de los ministros de Economía de los 27, en mayo. Otro retraso, después de que Bruselas rechazara la propuesta de España, Alemania, Italia, Austria y Portugal para aprobar un impuesto extraordinario sobre los beneficios de las petroleras europeas, que están obteniendo un beneficio extra de 81,4 millones diarios con esta crisis, según este estudio de Greenpeace (serían 2.500 millones de beneficios extras sólo en marzo). España es el tercer país donde las petroleras (básicamente Repsol, Moeve y BP) tienen más beneficios extras, unos 11,5 millones diarios, gracias a su margen sobre cada litro de diesel (17,1 céntimos) y gasolina (2,5 céntimos).

En medio de una crisis energética que afecta mucho a Europa (aunque menos que la provocada inicialmente por la guerra de Ucrania), España es de los paises europeos menos afectados, por varias razones. Una, que estamos menos expuestos a los suministros de Oriente Medio: de allí sólo procede el 5% del petróleo que compramos y el 2% del gas natural, frente a un 10% de dependencia del conjunto de Europa. Dos, que España ha mejorado mucho su eficiencia energética (cantidad de energía necesaria para generar 1.000 euros de PIB) desde comienzos de este siglo, reduciéndose un tercio. Y tres, la más importante, el fuerte peso de las energías renovables en la generación de electricidad en España: 60,7% de la generación en el primer trimestre 2026 (frente a un 45% en la UE-27), lo que nos permite depender menos de las energías fósiles (petróleo u gas). Con todo, España tiene un enorme hándicap estructural: tenemos una altísima dependencia energética respecto al exterior, dado que importamos el 70% de la energía que consumimos, muy por encima del 58% de dependencia energética que tiene el conjunto de Europa.

Así que esta nueva guerra, como la de Ucrania, nos debería servir para aprender y tomar medidas que nos permitan afrontar mejor futuras crisis (que llegarán). La clave es “huir de los combustibles fósiles” (petróleo, gas, carbón), que además de destruir el clima (son los principales responsables de los gases de efecto invernadero) están vinculados a paises y zonas del mundo muy inestables, que pueden provocar nuevos conflictos geopolíticos. Eso debería llevarnos a apostar por los recursos autóctonos, especialmente el sol, el aire y el agua (más el hidrógeno verde), que no sólo son más baratos sino que nos hacen independientes. Eso es lo que pretende el Pacto verde europeo, puesto ahora en cuestión para la extrema derecha europea y el propio PP europeo, que avanzan en posiciones negacionistas. Y en España, el PP ha cedido a Vox en las autonomías (de momento en Extremadura, pronto en Aragón, Castilla y León y Andalucía), negando muchos elementos del Pacto verde europeo, precisamente ahora que la guerra en Oriente Medio deja clara la importancia de apostar por las energías renovables y el medio ambiente.

Además de una apuesta más decisiva por las renovables, España y el resto de Europa deberíamos sacar lecciones de las dos últimas crisis energéticas (Ucrania y Oriente Medio). Una, que hay que potenciar las reservas estratégicas, para evitar racionamientos y cortes de suministros. Dos, que hay que electrificar la economía, desde las empresas (muchas siguen consumiendo fuel y gas) al transporte (apenas hay furgonetas y camiones eléctricos, además de que el 90,3% del parque de vehículos en circulación van con gasóleo o gasolina) y a las viviendas (gas y calderas de gasóleo). Tres, hay que apostar por el ahorro energético, sobre todo en las viviendas (rehabilitación), industrias y servicios. Y hay que seguir apostando por las energías renovables, para que generen el 81% de la electricidad en 2030. Además, a corto plazo, urge vigilar la formación de precios en los carburantes, para que no suceda en el futuro que suben enseguida tras una crisis y tardan meses en bajar.

Al final, esta guerra en Oriente Medio (como la de Ucrania y los distintos conflictos internacionales latentes), tienen un coste clave: generan incertidumbre en los ciudadanos, las empresas y los inversores. Y por ello, el mayor riesgo de fondo no es pagar más caros los carburantes, la luz, el transporte o los alimentos sino que los hogares se preocupen y reduzcan su gasto (el ahorro está aumentando en toda Europa desde hace 3 años) y las empresas (que venden y ganan más que nunca) destinen su liquidez a depósitos, Bolsa o reducir deudas en vez de a invertir y crear riqueza y empleo. Con menos consumo e inversión y con menos exportaciones (por un comercio conflictivo y menos globalizado), España, Europa y la mayor parte del mundo crecerán menos y podríamos caer en otra recesión. Por eso urge parar esta guerra (y la de Ucrania) y unificar esfuerzos en Europa para salir adelante. Sin más dilaciones.

Otro cambio en el recibo de la luz

El  1 de enero de 2024 estrenarán nuevo recibo de la luz los 9 millones de españoles que tienen tarifa regulada (PVPC). El  cambio, exigido por Bruselas, pretende “amortiguar” las subidas y bajadas de la electricidad. Para ello, obliga a las eléctricas a suministrarnos más electricidad contratada a plazo (de 1 mes hasta un año) y que pese menos la comprada cada día, para evitar los altibajos de estos años. Lo normal es que la luz suba algo al principio, porque las eléctricas intentarán “no pillarse los dedos” en sus compras y porque pagaremos la prima de riesgo que contratarán. Pero a medio plazo, el recibo será más estable, salvo nueva debacle de la energía. Problema: el 1 de enero se termina “la excepción ibérica”, que nos ha ahorrado 5.106 millones de euros, y Europa no ha reformado todavía el mercado eléctrico. Y será difícil que lo haga, con las elecciones europeas en junio de 2024. Así que el nuevo recibo de la luz será una incógnita.

Enrique Ortega

Vuelve a cambiar el recibo de la luz, antes de que el actual cumpla 10 años. El anterior cambio del recibo eléctrico lo aprobó el Gobierno Rajoy el 28 de marzo de 2014 y se empezó a aplicar a los consumidores el 1 de julio. Antes, la subida de la luz estaba ligada al precio que se fijaba en el mercado eléctrico mayorista en una subasta trimestral (tarifa TUR, tarifa de último recurso). Pero se detectó que las eléctricas productoras elevaban artificialmente los precios antes de cada subasta, en perjuicio de los consumidores. El detonante fue la subasta de diciembre de 2013, cuando el precio mayorista de la electricidad subió un 10,5%, con lo que el Gobierno tenía que subir la tarifa (junto a los peajes) un +11,5% en el primer trimestre de 2014. Era políticamente impresentable, así que la Comisión de la Competencia (CNMC) “anuló” la subasta y el Gobierno cambió el sistema y aprobó un nuevo recibo, el que todavía tenemos ahora.

Este recibo (el actual) establecía una tarifa regulada con un nombre increíble, la tarifa PVPC (Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor), que podían disfrutar los particulares y empresas que contrataran menos de 10 kWh de potencia. Y la tarifa mensual se fijaba ya no sobre el precio de la subasta trimestral sino sobre el precio diario en el mercado mayorista de la electricidad, para evitar manipulaciones. Eso suponía el 42% del recibo, otro 37% eran los peajes que aprobaba el Gobierno (para financiar el transporte y la distribución de la electricidad, el parón nuclear, la deuda eléctrica, las ayudas a las renovables o el extracoste de la electricidad a las islas) y el 21% restante eran los impuestos. También se abrió el camino a que las eléctricas ofrecieran una tarifa libre, por un año y revisable después, que los consumidores y empresas podían contratar.

El nuevo sistema no dio problemas y el recibo de la tarifa regulada (PVPC) fue bastante estable, con un coste mensual en torno a los 50 euros por abonado entre 2014 y 2020. Pero en 2021, comenzó a dispararse el precio del gas natural (que era la energía que solía fijar el precio del resto, en el mercado eléctrico diario), sobre todo a partir de la primavera y el verano, cuando Putin utilizó el gas para presionar a Europa por el tema de Ucrania. Y en agosto de 2021, el recibo medio de la tarifa regulada ya subió a  105,94 euros, cerrando el año con un recibo medio de 239,17 euros en diciembre de 2021. Y tras la invasión rusa de Ucrania, el precio diario de la electricidad en el mercado mayorista pasó de 195,86 euros/MWh (23-F, el día antes de la invasión) a un máximo histórico de 544,52 euros/MWh el 9 de marzo de 2022, para mantenerse en torno a los 200 euros/MWh en mayo y junio.

La mayoría de esta subida disparatada de la electricidad en origen (mercado mayorista) se trasladaba a los consumidores con tarifa regulada (PVPC) y mucho menos a los que tenían una tarifa “libre” (que también subía, pero al renegociarla cada año). El resultado fue “una fuga de clientes” del mercado regulado al libre, apoyada por potentes campañas de marketing de las eléctricas (“Cámbiate a la tarifa libre y pagarás menos”) : si en 2014, al estrenarse el nuevo sistema, eran 26 millones los consumidores con tarifa regulada (PVPC), en 2021 eran ya sólo 18 millones y ahora son 9 millones, el 34% de todos los contratos de electricidad.

Ante estos precios disparados de la luz (por culpa del gas: saltó de 78 euros MWh el 23-F a 339,20 en agosto de 2022), el Gobierno Sánchez negoció en Europa, con Portugal, la llamada “excepción ibérica” : se aceptaba poner un tope al precio del gas utilizado para producir electricidad en la Península (primero 40 euros/MWh y hasta 70 euros en 2023) , para que no encareciera el resto de las energías (el sistema de precios establece que la hidráulica, nuclear y renovables, más baratas, se pagarán al coste del gas) y permitiera así bajar el precio de la electricidad en el mercado mayorista. La excepción ibérica entró en vigor el 15 de junio de 2022 y ha permitido bajar el precio mayorista de la electricidad: de los 200 euros/MWh en mayo y junio bajó a poco más de 100 euros/MWh en septiembre y hasta 16,19 euros/MWh el 29 de diciembre… El viernes pasado, 16 de junio, el precio mayorista estaba en 122,42 euros/MWh. Y aunque los consumidores con tarifa regulada pagan una compensación a las eléctricas por el tope al gas, su recibo medio ha caído estos meses: de 130,99 euros pagados en agosto de 2022 a 79,35 euros en diciembre y a 56,68 euros/MWh pagados de media por la tarifa regulada en mayo de 2023, según la OCU.

En este primer año de la excepción ibérica, los mayores beneficiados son los 9 millones de consumidores con tarifa regulada (PVPC) que han visto abaratarse directamente su recibo al caer el precio del la luz en el mercado mayorista (incluso con precios de cero euros algunos días y horas). Los 20 millones restantes, con tarifa “libre”, no se han beneficiado tanto de la rebaja del recibo, ya que han tenido que esperar hasta la revisión de su contrato (1 año) para presionar a que les bajaran la tarifa. Globalmente, la excepción ibérica” (el tope al gas) ha supuesto un gran ahorro para los consumidores: 5.106 millones sólo entre el 15 de junio y el 26 de febrero, según los cálculos del Gobierno Sánchez, un 15% de la factura eléctrica. Y estiman que, en los primeros 8 meses, los españoles han ahorrado por la “excepción ibérica” (que el PP llamó "timo ibérico") 100 euros por hogar.

Como contrapartida a esta “excepción ibérica”, la Comisión Europea exigió a España que cambiara el recibo de la luz, la tarifa regulada (PVPC), para buscar un sistema que fuera más estable y con menos oscilaciones de precios. De hecho, otros paises europeos han tenido menos altibajos en el precio de la luz (a pesar de subirles a todos el gas), porque tienen recibos que no varían según el precio diario de la electricidad en el mercado mayorista sino en base a índices de precios que se revisan trimestral o anualmente, con lo que las oscilaciones y “sustos” al consumidor no son diarios y son más suaves. El Gobierno Sánchez se comprometió con Bruselas a tener el nuevo recibo antes del 1 de octubre de 2022, para aplicarlo en 2023, pero se ha retrasado, primero en el Gobierno y luego en el Consejo de Estado. Y finalmente, se aprobó en el pasado Consejo del 14 de mayo, para que entre en vigor en 2024.

El nuevo recibo de la luz en la tarifa regulada (PVPC) pretende ligar las subidas futuras no al mercado mayorista diario (con precios muy volátiles y grandes altibajos) sino a un mercado más a plazo, con contratos de suministro firmados a 1 mes, 3 meses y 1 año, para intentar “amortiguar” las subidas. Si ahora, el 100% de la electricidad con la que se calcula la factura es el mercado mayorista diario, en 2024 será solamente el 75% del total, el 60% en 2025 y el 45% del suministro en 2026. Y las eléctricas tendrán que suministrar electricidad con contratos a plazo ya en 2024 (un 25% del total), aumentarla en 2025 (40% del suministro total) y más en 2026, año en que la mayoría de la electricidad que nos vendan (el 55%) tendrá que proceder de contratos a plazo (a 1 mes, a 3 meses o a un año), para “suavizar” los altibajos de precios en el mercado y “evitar sustos” un día, una semana o un mes.

El nuevo sistema del recibo regulado no entrará en vigor para los usuarios hasta el 1 de enero de 2024, pero antes, el 1 de julio de este año, las comercializadoras eléctricas tendrán que empezar a hacer contratos a plazo, para poder vendernos ese 25% más estable desde enero próximo. En principio, el nuevo sistema podría subir algo los recibos en 2024, por dos razones. La primera, que quizás las eléctricas se “curen en salud” al hacer las primeras compras, para “no pillarse los dedos”, pero la mayor demanda a plazo seguro que subirá los mercados de futuros, al menos al principio. Y la otra razón, porque el nuevo sistema incluye que contraten “una prima de riesgo”, para evitar la quiebra de comercializadoras, y todo apunta a que ese seguro lo considerarán otro coste más y lo pagaremos los consumidores. Pero al cabo de un tiempo, todos los expertos creen que el nuevo sistema de fijación de la tarifa regulada será más estable y con precios menos volátiles, con menos altibajos en la factura mensual de los consumidores y empresas. Lo creen en la Comisión Europea, lo cree el Gobierno Sánchez y lo creen también las eléctricas, que apoyan el cambio.

Ahora, los 9 millones de clientes particulares que tienen la tarifa regulada (PVPC) no tendrán que hacer nada: el recibo será igual, aunque cambia el origen de la electricidad que les van a suministrar. Y los 20 millones de clientes particulares con “tarifa libre” podrán hacer el viaje inverso, volver a la tarifa regulada, aunque las eléctricas no se lo pondrán fácil: ya pusieron pegas (teléfonos y webs colapsadas) a los clientes que querían contratar la tarifa regulada del gas, más barata. También podrán acogerse a la nueva tarifa regulada (PVPC) las empresas (ahora la tienen 881.360 compañías), pero hay un cambio: ahora sólo la podrán mantener las pequeñas empresas (menos de 250 empleados y hasta 50 millones de facturación), porque el que tengan esa tarifa empresas más grandes contraviene la Directiva Europea. Así que las empresas tendrán que acreditar su tamaño ante las eléctricas para poder disfrutar de la tarifa regulada el 1 de enero de 2024.

Y por supuesto, el nuevo recibo de la luz mantendrá el distinto precio por horas, que se puso en marcha el 1 de junio de 2021. Se mantienen las tres franjas horarias en las que será distinto el precio de la luz que consumimos: horas valle (las más baratas: de 12 de la noche a 8 de la mañana y todos los sábados, domingos y festivos), horas punta (las más caras: lunes a viernes, de 10 a 14 horas y de 18 a 22 horas) y horas llanas (el resto de horas, con un precio intermedio). Sigue la discriminación horaria que cada día utilizan más usuarios y que puede suponer un ahorro de hasta 70 euros anuales en un hogar medio.

Mientras llega el nuevo recibo de la luz, el gran cambio será, también el 1 de enero, el final de la “excepción ibérica”, salvo que la Comisión nos lo prorrogue otra vez (lo hizo en abril de 2023, hasta diciembre), algo difícil (salvo que tengamos un invierno de altos precios). En 2024 no tendremos este “colchón” que atempera los precios  pero tampoco una reforma del mercado eléctrico europeo, como llevan años pidiendo España, Portugal, Francia e Italia. El pasado 14 de marzo, la Comisión Europea presentó formalmente una propuesta de reforma del mercado eléctrico muy poco ambiciosa, ya que no afronta el problema de fondo: mantener un sistema de precios “marginalista”, que asegura el precio de la energía más cara para el resto de energías (es como si un carnicero nos vende carne picada hecha con pollo, cerdo, ternera y chuletón y nos la cobra a precio de chuletón…). Eso supone un “sobreprecio” que pagamos los consumidores, a costa de unos beneficios millonarios de las eléctricas (y empresas gasistas). La reforma sólo incluye “parches”, como el cambio del índice europeo del precio del gas (para suavizar los precios) y centralizar las compras europeas de gas, además de promover las renovables (algo que exige tiempo).

España y la ministra Ribera ya remitieron antes, en enero de 2023, una propuesta de reforma del mercado eléctrico europeo más ambiciosa, que incluía un cambio en el actual sistema marginalista de precios, la posibilidad de establecer un precio fijo para la electricidad generada por nucleares e hidroeléctricas (ya amortizadas) y aumentar los contratos a plazo. Incluso, el Gobierno Sánchez buscaba apoyos para promover  una reforma más drástica de la propuesta por la Comisión, aprovechando su presidencia del semestre europeo. Pero ahora, con la convocatoria de elecciones, será difícil que España lidere el proceso, mientras Alemania, Holanda y los paises del norte de Europa no quieren hacer muchos cambios en el mercado eléctrico UE, presionados por el lobby eléctrico europeo. Y menos cuando se van a celebrar elecciones europeas en junio de 2024.

Así que en 2024, la factura de la luz será una incógnita, con un nuevo recibo y sin la ayuda de la excepción ibérica ni de una reforma del mercado eléctrico europeo. Todo va a depender de la evolución del mercado energético mundial, de las compras y precios del gas que consigan los paises europeos estos meses y de la dureza del invierno, junto a los avances en el ahorro de electricidad y las aportaciones de las energías renovables (más baratas). Factores claves que condicionarán la futura factura de la luz.

Europa se prepara para el invierno

El pasado viernes, los ministros de Energía de la UE aprobaron medidas extraordinarias para que los europeos afrontemos los recortes de gas y los precios disparados de la energía. El gran objetivo es evitar “apagones” este invierno y garantizar el suministro, para lo que habrá que ahorrar luz y energía. Además, aprobaron un impuesto extraordinario a las energéticas, que ingresará 140.000 millones extras para ayudas. España recortará un -6,4% el consumo eléctrico, con medidas para restringir el alumbrado y la calefacción en locales públicos, no en hogares. Pero todo dependerá de la guerra y los precios del gas. Los 27 están divididos sobre nuevas medidas (más drásticas) para frenar los precios de la energía. Si continúa la espiral, harán falta más recortes de consumo y más ayudas (impagables: Europa se ha gastado ya 500.000 millones, 35.500 España, el 4º país que más en la UE). Y tras el invierno, 2023 será un año muy difícil, con recesión en Alemania. Así que nos esperan meses duros, que agravarán las presiones políticas para parar la guerra en Ucrania.

Enrique Ortega

Tras más de 7 meses de guerra en Ucrania, la crisis económica desatada por la energía y los precios sigue ahí, muy preocupante. La inflación en Europa ha empeorado (del +9,1 al +10% en septiembre), aunque baja algo en España (la inflación ha bajado del +10,5 al +9% en septiembre, gracias a la luz y los carburantes). Y los precios de la energía, aunque mucho más altos que antes de la invasión de Ucrania, han bajado en el último mes, desde el petróleo (más barato hoy que el 23F) y los carburantes al gas y la electricidad. Pero la situación es muy inestable, con los atentados a los gasoductos NordStream 1 y 2 y los referéndums ilegales en Ucrania, que agravan los cortes de gas a Europa y sobre todo a los países del norte, muy dependientes del gas ruso. Y todo se complica más con la llegada del frío y del invierno, que hace temer por aumentos de consumo y cortes de suministros, sobre todo en industrias y hogares del centro y norte de Europa.

Para evitarlo y asegurar el suministro de energía, los ministros de Energía de la UE aprobaron el viernes 30 de septiembre un paquete de medidas urgentes frente a la crisis energética, que tendrán que corroborar los dirigentes europeos en la Cumbre de Praga de este jueves 3 de octubre. La primera medida clave es conseguir un ahorro en el consumo de electricidad del 15% entre el 1 de diciembre y el 31 de marzo de 2023. Y plantean hacerlo por 2 vías: una reducción voluntaria del consumo eléctrico global del -10% y una reducción adicional del -5% en horas punta. Ahora, se trata de concretar esta rebaja por países y definir las “horas punta”, diferentes según los países.

España ha conseguido un recorte menor, del -6,4% en el consumo eléctrico, porque somos una “isla energética” (sólo importamos el 4,1% de la electricidad consumida, según REE) y porque tenemos una alta capacidad de importar y transformar gas natural, al contar con 6 de las 20 regasificadoras europeas, lo que nos permite disponer ya del 85% de las reservas de gas en los almacenes (frente al 80% exigido por Bruselas para el 1 de noviembre). Pero ahora queda concretar cómo se hace este recorte de consumo y conseguirlo, algo que no será fácil, dado que el consumo de electricidad solo ha bajado un -1,7% hasta julio, según REE, a pesar de que los precios se han disparado. De momento, el Gobierno ha aprobado una serie de medidas de ahorro para conseguirlo: calefacción a 19º en comercios, cines, hoteles y espacios públicos, apagado escaparates a las 10 de la noche y cierre automático de puertas en los comercios. Y ha pactado con las autonomías y Ayuntamientos la revisión del alumbrado público, para tratar de ahorrar (sobre todo ayudando a cambiar las farolas para instalar leds), aunque no parece que los municipios vayan a reducir el alumbrado de Navidad. Para los particulares, no habrá limitaciones de consumo, aunque se pedirá a las eléctricas que incluyan en la factura el consumo medio por zonas, para saber si gastamos de más.

A pesar del acuerdo del viernes sobre el recorte del consumo eléctrico (-15%), los 27 países UE  siguen divididos ante tomar medidas más drásticas para frenar la subida de la energía (sobre todo el gas y la electricidad). Una de ellas, extender la “excepción ibérica” (tope al gas en España y Portugal) al resto de Europa, es defendida sobre todo por Francia e Italia. Y eso, porque han visto la efectividad de poner un tope  al precio del gas que se utiliza para producir electricidad (primero 40 euros MWh y después hasta 70 euros, cuando ahora cuesta en el mercado 187 euros MWh). Así, el viernes 30 de septiembre, el precio de la electricidad en el mercado mayorista en España y Portugal costaba 118,39 euros y aun contando con la compensación por el tope que hay que pagar a las eléctricas, el coste mayorista de la luz en España era de 153,13 euros, la tercera parte del coste mayorista de la luz en Alemania (386 euros), Francia (392) e Italia (459 €)…

Otra medida más drástica, que han pedido España y otros 14 países europeos (entre ellos Francia, Italia, Portugal, Grecia, Bélgica y Polonia) es poner un tope al precio del gas que compre Europa, venga de donde venga, porque se considera que el precio actual es desorbitado y fruto de la presión política de Putin. La Comisión Europea no apoya esta medida (tampoco Alemania), porque temen que produjera un desabastecimiento. Y plantean como alternativa hacer compras conjuntas de gas toda la UE (como con las vacunas) y aprovechar este enorme poder de compra para negociar precios más bajos (y  contratos a más plazo) con EEUU y los países árabes y africanos que nos venden gas.

La otra gran medida que se aprobó el viernes en Bruselas fue crear un nuevo impuesto a las energéticas (petroleras, gasistas y empresas de carbón y refino): un gravamen del 33% sobre cualquier ganancia superior al 20% del beneficio medio que han obtenido en los últimos 4 años. Sería un impuesto temporal, a pagar sólo en 2023 por los beneficios extraordinarios en 2022. Otra medida complementaria es la aprobación de un tope temporal a los “beneficios caídos del cielo” que obtienen algunas eléctricas por producir  luz con energías más baratas que el gas (renovables, nucleares, carbón) y sin embargo cobrarlas al precio del gas (se plantea ponerles un precio tope de 180 euros por MWh producido, con lo que dejarían de recibir más de la mitad de lo que cobran hoy).

Entre ambas medidas, la Comisión Europea espera ingresar 140.000 millones extras de las energéticas para financiar las ayudas a familias y empresas por la subida del coste de la energía. Ambas medidas ya las había tomado el Gobierno español. En el decreto del 31 de marzo, el gobierno Sánchez amplió los impuestos a pagar por estos beneficios caídos del cielo a la generación eléctrica hidráulica, nuclear y renovable. Y  a finales de junio, el presidente Sánchez anunció un nuevo impuesto a las energéticas (y bancos) para gravar sus beneficios extraordinarios. El objetivo es el mismo, pero el impuesto es diferente al que ahora quiere aprobar Europa: el español es un impuesto sobre las ventas (no sobre los beneficios) y quería aplicarlo en 2023 y 2024. Ahora, la ministra de Hacienda ha reiterado que el Gobierno “adaptará su impuesto a lo que se apruebe en Bruselas”.

Ahora falta que cada país aplique los recortes de consumo aprobados por los 27 y que se consigan ingresar esos 140.000 millones extras en impuestos para financiar las ayudas, en las que Europa lleva gastados ya más de 500.000 millones de euros, según un reciente informe de Bruegel. España es el 4º país de la UE que más ayudas públicas ha gastado para afrontar la crisis energética (35.500 millones de euros, el 2,9% del PIB), sólo por detrás de Alemania (100.500 millones, el 2,8% de su PIB), Francia (71.600 millones, el 2,9% de su PIB) e Italia (59.200 millones, el 3,3% del PIB), aunque el país que lidera las ayudas es Reino Unido (con 178.400 millones, el 6,5% de su PIB: una cifra tan extraordinaria que los mercados dudan que puedan pagarla si baja drásticamente impuestos).

El problema de este ingente paquete de ayudas públicas europeas es doble: hay que financiarlas (con deuda o con déficit o con las dos cosas) y habrá que mantenerlas en el futuro, muchos meses más, si la guerra y la crisis energética siguen ahí. Por eso, la Comisión Europea y la mayoría de gobiernos europeos, aunque sean conservadores y liberales, apuestan por subir la recaudación fiscal, para que paguen más impuestos las empresas energéticas que se están beneficiando de la crisis. Y eso defiende también la OCDE, el FMI y el BCE, porque saben que afrontar la actual crisis exigirá más ingresos. Sólo la primera ministra británica, el PP español (y quizás la ultraderechista Meloni) defienden bajar impuestos.

Pero ojo a las ayudas frente a la actual crisis energética y de inflación, porque tenemos un doble problema con ellas. El primero, que agravan el Cambio Climático. La OCDE acaba de criticar que se den “ayudas indiscriminadas a la energía”, porque las subvenciones se están dirigiendo al consumo de combustibles fósiles (ayudas de 20 céntimos al consumo de carburantes en España, bajada de impuestos al gas y a la electricidad), lo que alimenta el consumo y las emisiones. Y aportan una cifra impactante: los 35 países de la OCDE van a destinar 169.000 millones directamente a subvencionar combustibles fósiles, que agravarán el Cambio Climático. Por eso, piden que se acabe con las  “ayudas generalizadas”, que alimentan el consumo de combustibles fósiles, y se opte por ayudas directas a las familias vulnerables para pagar la energía al precio que valga (sin subvencionarla). Un dato revelador: en España, entre abril y agosto (cuando se ha subvencionado con 20 céntimos), el consumo de carburantes ha subido: un +8,28% la gasolina y un +2,72% el consumo de gasóleo, según las estadísticas de CORES.

El segundo problema de las ayudas públicas generalizadas es que “alimentan la inflación”, como acaba de denunciar el Banco Central Europeo (BCE). Por dos vías. Una, permiten que las familias gasten más (gracias a las ayudas), con lo que el consumo no cae lo suficiente ni tampoco los precios. La otra, que los países se ven obligados a subir su déficit y su deuda, y este mayor gasto público también alimenta la inflación. Por eso, el BCE también considera, como la OCDE y el FMI, que los países deben limitar sus ayudas y dirigirlas de manera muy selectiva a los más necesitados, no a la mayoría (aunque políticamente sea más vistoso). Y en paralelo, creen que los países deben aumentar su recaudación para financiarlas, no bajar impuestos. Incluso, el economista jefe del BCE, Philip Line, ha ido más allá: acaba de pedir a los países “que financien las ayudas con subidas de impuestos a los más ricos y a las empresas más rentables”. Nada de bajar impuestos con la que está cayendo…

Pero hay más. La política generalizada en Europa de multiplicar las ayudas públicas para afrontar la inflación obliga al BCE a subir los tipos de interés más de lo necesario, lo que puede provocar una recesión. La presidenta del BCE, Christine Lagarde, se quejaba hace unos días de que tiene que hacer “el papel de mala” (ya ha subido dos veces los tipos, al 1,25%, y los subirá al 2% a finales de octubre) porque los gobiernos europeos “hacen el papel de buenos” (más y más ayudas, realimentando la inflación). Y pide coherencia entre la política fiscal (menos ayudas y más selectivas, aunque no sea popular) y la política monetaria. Porque cuanto más suban las ayudas públicas, más tendrá que subir el BCE los tipos de interés. Y este "ricino monetario" será doloroso para las familias (hipotecas) y nos llevará a la recesión. De hecho, la OCDE ya ha rebajado el crecimiento de la UE al +0,3% en 2023, un +1,5% para España y que Alemania entre en recesión (su PIB caerá un -0,7%).

Así que el debate de fondo ya no es sólo como afrontar el invierno (lo más urgente) sino cómo afrontar la crisis de la energía y de la inflación sin que Europa caiga en recesión.  Urge un "cambio de timón" en la política europea contra la inflación: centrarse en medidas drásticas y eficaces para bajar los precios del gas, la luz y los alimentos, en lugar de poner "parches" y dedicarse a paliar los efectos de la inflación con ayudas millonarias que los países no pueden pagar (ni deben).Y además, según la OCDE, el FMI y el BCE, Europa debe concentrar esas ayudas  en las familias y empresas más vulnerables (nada de ayudas generalizadas, que además hunden más el clima) y financiarlas con subidas de impuestos a empresas y los más ricos (nada de bajadas generalizadas de impuestos). 

Y en paralelo, los Gobiernos europeos deben convencer a los ciudadanos que estamos en “una guerra económica”, que tiene costes para todos que debemos asumir (nos "empobrece"), aunque repartiéndolos de forma justa. Y que el coste de esta guerra en Ucrania (en defensa de la legalidad internacional y contra el imperialismo autocrático de Putin) no puede evitarse totalmente, sólo paliarse. Que tenemos que “aguantar el tirón” en los próximos meses, sacrificarnos, porque “papá Estado” no puede subvencionar el coste de la inflación a todos los ciudadanos y empresas. Tenemos que apretarnos  el cinturón y ajustar nuestro consumo de luz, gas y carburantes, hasta que las  medidas surtan efecto o la guerra se acabe. Y los Gobiernos tienen que decir claro a los ciudadanos que las ayudas no pueden llegar a todo. Aunque sea impopular.