Cataluña 21-D: no se vota lo que importa

En las elecciones del 21-D, los catalanes parece que votan sólo una cosa: independencia sí o no, con la óptica de la derecha, el centro, la izquierda y la extrema izquierda. Deberían votar qué Gobierno les resuelve mejor su día a día,  desde el empleo a la educación, sanidad o los transportes. Los nacionalistas llevan 7 años de mal Gobierno, con más de 7.000 millones de recortes y una desastrosa gestión de la sanidad, educación, dependencia, empleo, ayudas sociales e infraestructuras. Y se agarran a la bandera de la independencia para tapar su mala gestión y echan la culpa al “España nos roba”. Deberían decir “España nos salva”: han recibido 53.707 millones de créditos públicos  y con lo ahorrado en intereses reciben ya más financiación que la media de autonomías. El 21-D habría que votar programas y saber que “el procés” ha costado ya muy caro a Cataluña y al resto de España. Y que se frenará la recuperación y el empleo si sale una mayoría independentista. Nos jugamos mucho todos.

enrique ortega

Los nacionalistas han gobernado Cataluña durante 30 años, pero mientras Jordi Pujol (1980-2003) administró los años de “vacas gordas”, a Artur Mas (2010-2016) le tocó lidiar con la crisis y la afrontó con una dura política de ajustes, con más de 7.000 millones de recortes y una fuerte subida de impuestos. Y así, Cataluña ha sido la autonomía que más recortó el gasto social entre 2009 y 2015, junto a Castilla la Mancha (gobernada por la dirigente del PP Mº Dolores de Cospedal): la Generalitat aplicó una tijera de 5.438 millones de euros en educación, sanidad y servicios sociales, nada menos que el 26,6% del presupuesto autonómico. Y el resto fueron recortes en personal, ayudas económicas e inversiones, sobre todo en infraestructuras y vivienda.

En contrapartida a estos recortes sociales y económicos, los nacionalistas no han tenido problemas en tirar del Presupuesto de la Generalitat para impulsar el procés. Empezando por financiarse, entre 2010 y 2013, con los llamados “bonos patrióticos”, hasta al 5,5% de interés, el quíntuple de lo que pagaba la deuda estatal. Siguiendo con las subvenciones a las entidades independentistas, como Ómnium Cultural, que ha recibido más de 20 millones de dinero público desde 2005. Y no olvidemos el coste de las “embajadas” y el servicio exterior, para difundir el procés en el extranjero: 35 millones de presupuesto este año 2017. Y también destaca la financiación de TV3 y Catalunya Radio, los altavoces mediáticos del nacionalismo, que se han llevado 311 millones en el Presupuesto de 2017.

En paralelo, Cataluña se ha convertido en la autonomía donde se pagan más impuestos, tanto en la Renta (tiene el 48% de tipo máximo, frente al 43,5%  de Madrid, y el 21,5% de tipo mínimo, frente al 19%), como en Patrimonio o transmisiones e incluso  en el impuesto especial de los carburantes. Así, un catalán que gana 20.000 euros paga de IRPF 144 euros más que la media de españoles y 207 euros más que un madrileño. Y si tiene un patrimonio de 800.000 euros, paga 770 euros, la tercera mayor factura en España de este impuesto (que no se cobra en Madrid). Y si compra una vivienda de 150.000 euros, el catalán paga 15.000 euros de transmisiones patrimoniales frente a 12.054 euros que se pagan de media en España y los 9.000 euros que se pagarían en Madrid. Además, Cataluña es la autonomía que ha creado más impuestos propios, según los asesores fiscales (AEDAF): 13 impuestos, entre ellos a las viviendas vacías, las estancias en hoteles, las bebidas azucaradas, las nucleares, los artículos de lujo o los residuos municipales. 

Más recortes y más impuestos, pero ni con esas han conseguido los Gobiernos nacionalistas ajustar sus cuentas, duplicando su deuda desde 2010: de 35.616 millones a 76.831 millones en septiembre 2017, más deuda que la de Andalucía (33.631 millones) y Madrid (32.517 millones) juntas. Ante esta asfixia financiera,  el Gobierno nacionalista de Mas no dudó en pedir ayuda “al Estado español”, que le aportó liquidez, créditos sin interés, para pagar a proveedores y subsistir. En total, 53.707 millones recibidos de Hacienda entre 2012 y 2016,  un tercio de toda la ayuda inyectada a las autonomías (162.253 millones). Ha sido  la autonomía que más ha recibido, casi tanto como las dos siguientes juntas, Valencia (36.321 millones) y Andalucía (24.339 millones). Deberían haber dicho “España nos salva”.

Pero en lugar de contar esto, llevan cuatro años con el “España nos roba”, tapando sus recortes y sus altos impuestos con el victimismo de que aportan 16.000 millones más de lo que reciben. Un dato falso, ya que el déficit financiero era (2014) de -9.892 millones (el 5% de su PIB), inferior al déficit que tienen  3 autonomías: Madrid (-19.205 millones, el 9,2% de su PIB), Baleares (-1.516 millones, el 6,3% de su PIB) y la Comunidad Valenciana (-1.735 millones, el 2,1% de su PIB), según las balanzas fiscales elaboradas por Fedea.  Pero es que además, si tenemos en cuenta los intereses que se ha ahorrado Cataluña con estas ayudas “de España” (se ha ahorrado 5.226 millones en 7 años), resulta que a Cataluña le sale un balance positivo: ha recibido de financiación 2.562 euros por habitante (media anual 2012-2015), 317 euros más que la media recibida por todas las autonomías (2.245 euros), según un reciente informe de Fedea. Así que “España nos salva” y encima, los catalanes reciben más financiación que el resto de españoles. Mientras, Madrid (2.138 euros/habitante), Valencia (2.165 euros), Andalucía (2.168 euros) y Canarias (2.204) reciben menos financiación que la media. Y que los catalanes.

Si quitamos al independentismo la bandera del “España nos roba”, queda al desnudo su labor de Gobierno en estos años, de 2010 a 2017. Y el balance es bastante malo. No sólo por su mala gestión financiera, su creciente deuda, sus recortes e impuestos. Sobre todo, por el deterioro de los servicios públicos, del Estado del Bienestar, en especial la sanidad, la educación, la Dependencia, el empleo, las ayudas sociales y la inversión en infraestructuras. Lo que debía importar a los votantes el 21-D.

Empecemos por la sanidad. Cataluña tiene la sanidad pública más privatizada de España, incluso con 32 hospitales privados integrados en la red pública. Y los hospitales “privados privados” se llevan (vía conciertos) el 24,8% del presupuesto sanitario de la Generalitat, más del doble que en el resto de España (11,8%). Tras los recortes, Cataluña es la segunda autonomía que menos gasta en sanidad, tras Andalucía: 1.180 euros por habitante, un 28% menos que lo que gastan el País Vasco y Navarra. El resultado de este menor gasto y de los recortes en la sanidad pública (-1.500 millones, -2.400  profesionales y -1.000 camas) es un récord en las listas de espera: para operarse, hay 156.862 catalanes esperando (21,97 por 1.000 habitantes, la tasa más alta de España), una media de 148 días (104 media en España) y para ir al especialista, otros 286.442 (40,12 por 1.000 habitantes, la tasa mayor en España), que esperan 87 días de media (68 en toda España). Al final, la situación de la sanidad catalana se resume en esta nota: 60 puntos sobre 114, la tercera peor sanidad de España (tras Canarias y Valencia), según el ranking de la Federación  en Defensa de la Sanidad Pública (FADSP). Y lo peor es que ha pasado de ser la 5ª mejor sanidad de España en 2009 a la 15ª en 2016.

Vamos a la educación. Los recortes han sido generalizados, pero el más llamativo se hizo a las guarderías : los Ayuntamientos recibían de la Generalitat 1.800 euros por alumno, pero se redujeron a 875 euros en 2012 y desaparecieron después, razón por la que 36 grandes Ayuntamientos catalanes llevaron este recorte a los Tribunales y ya hay varios que han ganado el recurso (y a los que tendrán que abonar el dinero no aportado estos años). Ahora, tras todos los recortes, Cataluña es la 4ª comunidad que menos gasta en educación no universitaria: 4.747 euros por alumno (un 12% menos que en 2009), sólo por detrás de Madrid (4.443 euros), Andalucía (4.510) y Castilla la Mancha (4.591) y casi la mitad que el País Vasco (8.976 euros). Eso sí, tiene un mayor peso en Cataluña la enseñanza concertada (28% frente a 25,8% en España) y los Gobiernos nacionalistas la apoyan con dinero público: es la autonomía que más dinero destina a financiar los colegios privados, 1.028 millones en 2016, el 18,5% del Presupuesto de la Generalitat (en España reciben el 14,7%), según datos de Educación. Y si nos centramos en la Universidad, las facultades catalanas son las más caras de España, tras haber subido las tasas un 60% desde 2012. Y así, estudiar una carrera en Barcelona cuesta el triple que en Sevilla (2.014 euros frente a 780). Y además, las becas universitarias son en Cataluña más bajas: 1.743 euros frente a 2.166 de media en España.

Tercer bloque de servicios público, las ayudas a la dependencia. Cataluña es la segunda región con más dependientes  en lista de espera, tras Canarias: 84.181 en octubre, un 37,69% de los ancianos y discapacitados con derecho reconocido, que no cobran nada (en toda España hay 319.553, el 25,5%). Y esto es especialmente preocupante porque la lista de espera se ha cuadruplicado desde 2014 (19.869 dependientes en espera), por los recortes. En consecuencia, el Observatorio de la Dependencia suspende a Cataluña y le da (febrero 2017) una nota de 3,93 sobre 10, colocándola en el puesto 11º del ranking de la dependencia (y viene suspendiéndola desde 2014).

Vayamos al paro y las políticas de empleo, donde Cataluña tiene competencias. Aquí también ha habido recortes en incentivos, subvenciones y formación, así como en ayudas a los parados. De hecho, Cataluña es una de las 11 autonomías donde hay más parados que no cobran que parados que sí cobran: sólo un 49% de los parados EPA en Cataluña (475.600 en septiembre) reciben un subsidio, lejos del 65% que lo cobran en Extremadura, el 58% en Baleares o el 54% en Andalucía o Asturias. Y mientras crecen los catalanes en riesgo de pobreza (19,2% de la población), Cataluña es la segunda autonomía con menos pobres cobrando una renta mínima en relación a la población (tras Madrid): sólo la cobran (423 euros al mes) 29.537 personas, según el Ministerio de Asuntos Sociales, frente a 80.378 en el País Vasco o 51.656 en Andalucía. Y se aprobó recientemente una renta garantizada de ciudadanía, que aún no está vigente, a raíz de una iniciativa legislativa popular, no de los nacionalistas.

Junto a unos precarios servicios sociales (se ha recortado la ayuda autonómica a los Ayuntamientos), la política de vivienda de la Generalitat se salda con un recorte del 40% en los presupuestos de vivienda y la construcción de pisos sociales ha caído un 46% estos años, precisamente en una región que está a la cabeza de España en altos precios de vivienda y alquileres. Y lo mismo ha pasado en las infraestructuras, desde carreteras (no se ha hecho el 4º Cinturón) a obras hidráulicas o ferroviarias y de transportes. Por un lado, la Generalitat ha reducido casi a cero su inversión (por eso hay 20.000 jóvenes dando clase en barracones) y por otra, su mala relación con el Gobierno central ha favorecido la caída en picado de la inversión pública en Cataluña: de recibir el 18,4% del total pasaron al 9,9% en 2015. Eso sí, se han hecho obras suficientes para alimentar la corrupción, vía comisiones ilegales (el famoso "3%") y casos tan escandalosos como el Palau (6,6 millones cobrados en obra pública) o las ITV (Oriol Pujol, ex número 2 de CiU). Es el  “Robamos nosotros” del que no hablan.

Bueno, todo esto debería ser lo que analizaran los catalanes a la hora de votar este 21-D. Pero no será así y las elecciones se centrarán otra vez en independencia sí o independencia no, algo que interesa mucho a los partidos nacionalistas pero que tiene poco que ver con las prioridades de los catalanes de a pié. De hecho, los más partidarios de la independencia son las clases medias y altas, mientras que los catalanes más modestos (los que ganan menos de 1.800 euros)  están mayoritariamente contra la independencia (del 51 al 66%), según una encuesta del Centre d´Estudis d´Opinió.

Unos y otros deberían analizar estos días qué consecuencias tendría para sus vidas que ganaran las elecciones los que defienden la independencia. De momento, la declaración unilateral del 1 de octubre ya ha tenido efectos claros: fuga de más de 3.000 empresas, recorte de turistas, menor caída del paro, menos ventas y boicot a los productos catalanes, sin olvidar la pérdida de la Agencia Europea del Medicamento (40.000 profesionales que ya no vendrán a Barcelona cada año). Un balance muy negativo para Cataluña y también para España, que ha perdido atractivo económico y crecerá menos este año (-0,3%) por la crisis catalana. Pero el problema lo tenemos ahora: si no se da un resultado claro y el independentismo sigue fuerte, las consecuencias económicas para 2018 serán graves.

Para Cataluña y para España. Por un lado, las empresas que sólo han cambiado sus sedes fuera de Cataluña empezarán a sacar personal, servicios y hasta factorías. Y habrá un desplome de turistas, hasta un 15,3% menos, según Reputation Institute, con lo que España dejará de ingresar 12.000 millones por turismo en 2018. Y también caerán exportaciones, inversiones y ventas, en Cataluña y en el resto de España, encareciéndose los intereses de la deuda pública y la financiación privada. Con todo ello, la OCDE piensa que España crecerá un 0,3% menos en 2018, pero la Autoridad Fiscal y el Banco de España estiman que la crisis catalana podría costarnos entre 3.000 y 27.000 millones en 2018 (-0,3% al -2,2% del PIB). Y eso se traduce entre 25.000 y 100.000 empleos menos, en Cataluña y en España.

Algo demasiado serio como para no tenerlo en cuenta a la hora de votar, sobre todo cuando la independencia es algo imposible, porque Europa nunca va a reconocer una Cataluña fuera de España y porque independiente, Cataluña sería más pobre que unida: no recaudaría más, vendería menos (por los aranceles), tendría problemas para sostener su moneda y para pagar los servicios públicos (las pensiones y el desempleo tienen en Cataluña un déficit de 6.704 millones, que financia el resto del sistema). Cataluña debería plantearse, tras estas elecciones, recuperar su papel de motor de la economía española, que está perdiendo: en 2017 crecerá menos que el conjunto de España (3% frente a 3,1%), por primera vez en las últimas décadas, y lo mismo en 2018 (2,1% frente a 2,5%). Y en 2018, Cataluña será superada económicamente por Madrid (223.865 millones de PIB frente a 222.855), que ha ganado peso en la economía española mientras Cataluña se ha estancado. Y sólo así, creciendo más, pueden conseguir mejorar sus deteriorados servicios públicos.

El “problema catalán” tiene mal arreglo y no parece que estas elecciones lo vayan a resolver.  Pero en paralelo, el resto de España, el Gobierno y los partidos tienen que afrontar la reforma a fondo del sistema autonómico, que tiene dos graves problemas. Uno, el sistema de financiación de las autonomías, pendiente de reforma desde 2014 y donde hay serios desequilibrios a resolver: Comunidad Valenciana, Murcia, Andalucía y Madrid, Canarias y Cataluña (no si incluimos las ayudas recibidas) reciben menos financiación que la media y Cantabria, la Rioja, Extremadura, Baleares y Castilla y León reciben más, según el balance de Fedea. Montoro dice que a principios de 2018 presentará propuestas de cambio, que deben equilibrar lo que recibe cada una, sin olvidar la solidaridad entre ellas. Porque el otro gran problema del Estado autonómico son las grandes desigualdades entre regiones, las mismas que había hace 30 años: Madrid, País Vasco, Navarra y Cataluña siguen siendo las más ricas (entre 31.000 y 27.000 euros per cápita) y Extremadura, Andalucía, Castilla la Mancha y Canarias las más pobres (entre 15.700 y 19.900 euros per cápita). Y con ello, hay dos (o tres) Españas y cada español tienen una  sanidad, una educación, un subsidio de paro, una vivienda, una justicia y unas ayudas sociales diferentes según donde viva. Eso no debía ser el fruto de “la España de las autonomías”.

En resumen, que en estas elecciones catalanas nos jugamos mucho todos, aunque la mayoría de españoles no podamos votar. Y que los grandes temas del día a día están fuera de una campaña electoral monopolizada por la independencia. El conflicto tiene una difícil salida, pero no podemos convertirlo en “el monotema”: hay que pensar en los otros grandes problemas del Estado autonómico y del país, en especial aprobar un urgente Plan de empleo y reanimar la economía, para compensar las subidas del petróleo, el euro y los tipos, además de la crisis de Cataluña. Salgamos del bucle.

Cataluña: la economía es clave, de principio a fin

El nacionalismo es un sentimiento atractivo para muchos jóvenes catalanes, pero su origen está en los intereses económicos de una burguesía que, desde el siglo XIX hasta hoy, defiende privilegios frente a España. Y en los 30 años que los nacionalistas han gobernado Cataluña, prefirieron pactar (con Aznar y González) y luego defender un “pacto fiscal” a la vasca: sólo desde hace 5 años son independentistas. Pero ahora, una economía globalizada hace que una Cataluña independiente sea “un mal negocio”: los catalanes vivirían peor durante generaciones. Y también los demás españoles. Les guste o no, el independentismo no es moderno ni progresista ni económicamente viable. Si no se frena, Cataluña perderá empresas, comercio, turistas, riqueza y empleo. Habrá que buscar  soluciones también en la economía y en la financiación, pero sin que Cataluña consiga privilegios. Porque sigue habiendo 2 Españas, más alejadas hoy que hace 30 años. Arreglarlo pasa por la solidaridad de la España rica (Cataluña) con la pobre. Eso sí es innegociable.

 

“La pela es la pela”. La economía tiene mucho que ver con la relación y los desencuentros históricos de Cataluña y el resto de España. Empezando porque la peseta (del catalán peceta, diminutivo de peça), la moneda española desde 1868 hasta el 2001, se acuñó por primera vez en Barcelona en 1808. Ya durante todo el siglo XIX y primera parte del XX, la burguesía catalana se peleó con los distintos gobiernos de España para defender su industria y su comercio de ultramar, a golpe de aranceles (impuestos a los productos extranjeros), que hicieron que el resto de España pagara más caros los textiles catalanes (o los metales vascos). Y esa misma burguesía catalana se echó en brazos de Primo de Rivera para que su dictadura (1923-1930) asegurara la paz laboral en sus empresas y los aranceles más altos de Europa. Durante los primeros años de la guerra civil, el nacionalismo catalán fue una rémora para la República y luego se desdibujó durante la larga dictadura franquista, sin dejar de hacer negocios. En 1959, Jordi Pujol fundó Banca Catalana y su fiasco en 1982 provocó el primer gran rescate bancario: nos costó 2.000 millones de euros a todos los españoles.

Con la democracia, el nacionalismo catalán llegó al poder durante 30 años y en ese periodo asentó su ideología (básicamente económica) gracias al poder de las instituciones, los medios de comunicación públicos y la enseñanza (la lengua y la historia). Y defendió sus intereses “colaborando” sin pudor con los gobiernos de España. En junio de 1993, Ciu apoyó la investidura de Felipe González, a cambio de quedarse con el 15% del IRPF, más transferencias e infraestructuras. Y en mayo de 1996 apoyó la presidencia de Aznar (que “hablaba catalán en la intimidad”), a cambio del 30% del IRPF y más prebendas. En 2002, Artur Mas dice en un libro autobiográfico que apuesta “por la España plurinacional”. Y, tras el Estatuto de Autonomía de 2006, se reconoce como “un nacionalista tolerante y moderno pero integrado en el conjunto de España”. Pero como siempre, los nacionalistas quieren más y plantean, ya en 2012 y a Rajoy, el “pacto fiscal”: ser como el País Vasco, recaudar todos los impuestos y luego pagar al Estado central por los servicios que presta.

Pero Rajoy dice no. Y antes, lleva al Constitucional el Estatuto de autonomía catalán aceptado por ZP y la mayoría del Congreso, que es descafeinado por el alto Tribunal. A partir de estos dos rechazos, Mas y el nacionalismo catalán se radicalizan. Pero en octubre de 2012, todavía Mas decía: “No nos conviene plantear las cosas en términos de independencia total, ya que desapareceríamos de Europa y del euro”. En las elecciones de noviembre de 2012, Ciu se da un batacazo y tiene que gobernar con Esquerra (ERC), que impuso un referéndum para 2014. Y en las elecciones de 2015, Ciu vuelve a darse otro batacazo y necesitó para gobernar a otro grupo independentista radical, la CUP, unos anticapitalistas que apoyan a Puigdemont, a pesar de que los nacionalistas son la derecha más clásica: con Ciu en el poder, Cataluña ha sido la autonomía que ha hecho más recortes (un 20% del gasto desde 2010) y donde se han dado más casos de corrupción política (con el 3% de “mordida” para financiarse CiU).

A partir de aquí, el nacionalismo catalán se radicaliza y se multiplica en la calle, no por casualidad sino con la ayuda de dos poderosas organizaciones “ciudadanas”, financiadas por la Generalitat, Esquerra y la burguesía catalana: Ómnium Cultural (creada en 1961 por empresarios nacionalistas) y Asamblea Nacional de Cataluña (próxima a Esquerra y presidida hasta 2015 por Carme Forcadell, ahora presidenta del Parlament), las dos muy protagonistas del referéndum ilegal del 1-0 y de todas las acciones en la calle, con la ayuda de la CUP (unos anarquistas de nuevo cuño, extrañamente unidos a la burguesía catalana). Todos tratan de aprovechar una cierta “oleada de nacionalismo”, que ha prendido entre la juventud y en muchos catalanes, al calor de la manipulación histórica y sin tener en cuenta que el nacionalismo no ha servido estos años para mejorar la vida de los catalanes, de lo que “culpan a España”.

Su argumento es que “España nos roba”: Cataluña pierde 16.000 millones y si fuéramos  independientes, podríamos vivir como Dinamarca. No es verdad, como demuestra José Borrell en su libro “Las cuentas y los cuentos de la independencia”. El sistema de financiación actual es mejorable, pero busca que las autonomías más ricas paguen más que las pobres. Y así, Cataluña tiene un saldo negativo de -9.892 millones (2014), el 5% de su PIB, según las balanzas fiscales elaboradas por Fedea.. Pero hay también otras 3 autonomías con saldos fiscales negativos: Madrid (-19.205 millones, el 9,2% de su PIB), Baleares (-1.516 millones, el 6,3% PIB) y la Comunidad Valenciana (-1.735 millones, el 2,1% PIB). Y no piden independizarse, sino que cambie el sistema de financiación. Lo que no dicen tampoco los independentistas es que Cataluña es una de las regiones del mundo con más autonomía, tanto en competencias asumidas como en  autonomía fiscal: recauda el 23,1% de sus ingresos, más que los Länder alemanes (21,3%) o los Estados en USA (20,9%).

La gran mentira del nacionalismo es que en una Cataluña independiente se viviría mejor. Y aquí aparece otra vez la economía: la independencia de Cataluña es “un mal negocio” para los catalanes (y para el resto de España). Ya se ha empezado a ver, con la fuga de unas 1.200 empresas y bancos desde el 1-0, la pérdida de turistas (-15%, según Exceltur), la caída en las ventas de coches (entre el 30 y el 40%) y en comercios (-20%ventas grandes superficies). Y no es porque presione el Gobierno de España, sino porque las empresas y los bancos buscan estabilidad y seguridad, saben que la independencia les resta posibilidades de vender y crecer y les deja sin el paraguas europeo. El problema es que ahora se van las sedes, pero si el conflicto se enquista, se pueden ir las factorías y el empleo. La ruina.

El problema de fondo es que, con Europa y la globalización, una Cataluña independiente no es viable económicamente. Esa es la realidad que no ven los independentistas de buena fe. Y eso, básicamente, porque si se declara independiente, Cataluña quedaría fuera de la Unión Europea. Lo han dicho una y otra vez los dirigentes europeos (la última vez, en la reciente Cumbre europea), pero además está escrito en un dictamen del 12 de abril de 2013 del Comité de las regiones de la UE (ver aquí punto 64): si una región europea obtuviese la independencia, “tendría que solicitar su adhesión como nuevo miembro de la UE y requeriría un acuerdo unánime”. Que no aprobaría España, ni tampoco paises con problemas nacionalistas, como Francia, Italia o Reino Unido. En Europa hay 200 lenguas diferentes y como ha dicho el presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker, “bastante difícil es gobernar una Unión a 28 como para hacerlo con 98 países”.

Y quedar fuera de Europa y del euro sería un drama económico para Cataluña. Primero, porque el gobierno catalán tendría que poner en marcha un “corralito”, como en Grecia, impidiendo que los catalanes saquen su dinero de los bancos, para evitar una fuga masiva de capitales, dado que los depósitos ya no estarían protegidos por el BCE (que tampoco financiaría a los bancos con sede en Cataluña: por eso se han ido). Luego, tendría que crear una nueva moneda (ni el BCE ni Bruselas les dejarían usar el euro, como permiten a Andorra, Mónaco o Kosovo, por el mayor tamaño de Cataluña), que se devaluaría automáticamente para poder competir, disparando la inflación. Y todos los productos catalanes se encarecerían, al tener que pagar un arancel (un 5,7%) para venderlos en el resto de España y de Europa, lo que reduciría las ventas de las empresas catalanas y su empleo.

Pero hay más. Cataluña perdería los fondos europeos (1.400 millones de euros previstos para 2014-2020) y las inversiones del Banco Europeo de inversiones (BEI). Y gran parte de impuestos, que las empresas fugadas pagarían al Gobierno español, que ya no les cedería la mitad del IRPF y otros ingresos. Además, Cataluña tendría que hacer frente a su deuda (75.443 millones de euros en 2017), sin recibir financiación ni ayuda de España como ahora (desde 2012, Cataluña ha recibido más de 70.000 millones de euros en préstamos de la Hacienda española, el FLA), lo que estrangularía sus cuentas, con graves problemas para financiarse en los mercados. Y los pensionistas tendrían problemas para cobrar sus pensiones, ya que Cataluña debería afrontar sola el déficit que tiene la Seguridad Social allí (-4.963 millones) y que hoy se cubre con la hucha de las pensiones y el Presupuesto español.

Se mire como se mire, la independencia es “un mal negocio” para Cataluña. Y también para el resto de España: perderíamos el 19% de la economía, la más dinámica, la que más exporta y crea más empleo. Ya nos está afectando, porque hay inversores europeos y norteamericanos preocupados por la situación en España debido al “problema catalán”. Y más cuando Rajoy no consigue apoyos para presentar el Presupuesto 2018, lo que ha obligado a prorrogar el Presupuesto 2017. Además, la tensión con Cataluña ya provoca que al Tesoro español le cueste más financiarse, colocar la deuda pública: un sobrecoste de 23 millones de euros en la última subasta del jueves. El Gobierno cree que esta incertidumbre política nos restará crecimiento en 2018 (-0,3% del PIB), lo que se traducirá también en menos empleo (el 30% del total se crea en Cataluña). Y si la situación se enquista, España podría crecer hasta 1,2% menos en 2018 (la mitad del 2,3% previsto), según la Autoridad Fiscal (AIReF).

La recuperación económica está en peligro por la crisis en Cataluña. Sobre todo porque la independencia sería un suicidio económico, para Cataluña y para toda España. Por si alguien lo dudaba, lo que ha pasado sólo en octubre lo demuestra. Y lo peor está por venir: empresas que cambian sus factorías (¿Seat?), turistas que dejan de venir, inversiones que no cuajan, boicot a productos catalanes… Antes o después, algún catalán se quedará sin trabajo por el independentismo, por un nacionalismo que es una ideología caduca y reaccionaria, que defiende los privilegios de los más ricos (“pagar menos a España y que andaluces y extremeños se las apañen…”). Como los aranceles del siglo XIX pero ahora son los impuestos, el “pacto fiscal”. Algo que no acaban de ver los miles de jóvenes que sueñan con la independencia, un sentimiento que puede ser atractivo pero que choca con un mundo abierto y sin fronteras. Y que, de aplicarse, supondría que los catalanes serían más pobres en varias generaciones. Y lo sufrirían los de siempre: los trabajadores, los parados y los pensionistas, no la burguesía nacionalista.

Algo hay que hacer, pero todo apunta a que aplicar el artículo 155 de la Constitución es un parche obligado que no soluciona el problema, que va a enquistarse, quizás meses. Hasta que una mayoría clara de catalanes comprenda que la independencia es una mala salida y exija elecciones (¿en enero?) y otro Gobierno. Y entonces, habrá que negociar una salida, con medidas políticas, pero sobre todo económicas: qué nivel de ingresos va a tener Cataluña y cuánto va a aportar al resto del Estado. Porque esta pelea no puede traducirse en más privilegios, como ETA trajo el cupo vasco. Porque hay una realidad: Cataluña lleva 2 siglos entre las regiones más ricas, mientras Extremadura, Andalucía y Canarias llevan los últimos 40 años de democracia (y antes, varios siglos) siendo las más pobres : 12.660 euros de renta por persona en Cataluña en 2016 (y 14.345 euros en el País Vasco), un tercio más que los 8.398 euros en Andalucía, 8.674 de Extremadura y 8.702 de Canarias, según el INE. Y esas históricas diferencias de renta por persona sólo pueden resolverse con solidaridad fiscal, pagando más los que más tienen (aunque le pese a la burguesía catalana y a los que arrastran detrás).

Así que reforma de la Constitución sí, reforma de la financiación autonómica también, pero no para legalizar situaciones de privilegio, sino para conseguir una España menos desigual y más justa, donde la calidad de la educación, la sanidad, las ayudas a los pobres y dependientes, las infraestructuras o el empleo no dependan de dónde uno vive, como pasa ahora. Eso es lo que apoyan la mayoría de españoles, cuyo “derecho a decidir” debería estar por encima del “derecho a decidir” de una parte de España. O del chantaje de sus líderes nacionalistas, como tantas veces en nuestra historia. Hay que aprovechar el problema de Cataluña para configurar una España más integrada y menos desigual. Acabar de una vez con las dos Españas. Esto no es negociable.

Elecciones catalanas: la economía, una excusa

La economía es el argumento principal de los nacionalistas para defender la independencia en las elecciones catalanas del 27-S: “España nos roba” y si somos independientes viviremos mejor. Y presentan unas “cuentas de la lechera”: ingresarán más, gastarán menos y tendrán superávit frente a los 16.000 millones que teóricamente pierden ahora por ser españoles. Pero no es verdad: “pierden” sólo 3.228 millones (por solidaridad con las autonomías más pobres). Y si declararan la independencia, su economía caería entre un 10 y un 20%, según distintos análisis. Menos crecimiento y más paro: ese sería el precio de una independencia que rechazan Europa y la mayoría de españoles. Pero estos argumentos son una excusa, para “atraer a la independencia por el bolsillo”. En realidad,  el independentismo es un sentimiento, una creencia alimentada desde hace 30 años por una burguesía nacionalista que quiere más poder. Y que utiliza el voto de millones de catalanes para negociar después con más fuerza. No intenten engañarnos.
 

enrique ortega

Oriol Junqueras, el líder de Esquerra Republicana (ERC), es independentista por devoción pero apela al bolsillo de los catalanes para venderles las bondades de la independencia, como Artur Mas (CDC). La consigna es económica: “España nos roba”. Y por eso, argumentan, los catalanes necesitan la independencia: “Cataluña podría tener el nivel económico de los países escandinavos, pero el expolio fiscal de España lo impide”. A partir de ahí, lanzan en campaña “las cuentas de la lechera”: perdemos 16.000 millones por estar en España y si fuéramos independientes, ingresaríamos más y aunque también tendríamos más gastos, el saldo sería muy favorable, 11.591 millones más. Así que la independencia sale a cuenta.

Lo malo es que no es verdad y que estas cuentas son “cuentos”, como demuestra punto por punto el ex-ministro José Borrell, en su libro “Las cuentas y los cuentos de la independencia”. Primero, no es verdad que Cataluña esté pagando 16.000 millones de euros más de lo que recibe. Según el propio Conseller catalán de Economía, el prestigioso economista Mas Collell, en 2015, la diferencia entre los ingresos aportados por Cataluña y los gastos hechos por el Estado fue de -3.228 millones, no -16.000. Y en las últimas balanzas fiscales (año 2012), publicadas por el Ministerio de Hacienda, la diferencia entre lo ingresado por Cataluña y lo gastado por el Estado fue de -7.439 millones, un déficit que es casi la tercera parte del déficit fiscal de Madrid (-19.015 millones). Y un dato que es justificable: las autonomías más ricas (Madrid, Cataluña, Baleares, Valencia) pagan más de lo que reciben, en solidaridad con las autonomías más pobres, que reciben más que pagan (+ 8.531 millones Andalucía,+ 3.946 millones Galicia, 2.655 Extremadura o más de 2.000 millones cada una de las dos Castillas).  Es como los contribuyentes: unos pagan más impuestos y a otros les devuelven.

En segundo lugar, si Cataluña fuese independiente, ingresaría más, pero también tendría que gastar más en gastos que ahora hace el Estado central y cuyo coste reparte entre las autonomías: tendría que tener una Administración propia, interna y externa (embajadas) y un Ejército, por ejemplo, cuyo coste conjunto superaría los 8.000 millones, muy superior a lo que podrían ingresar de más, según los cálculos de Borrell.

Pero el principal “cuento” de los nacionalistas es que la independencia de Cataluña es viable. Y no es económicamente viable, por varias razones. La primera y básica, porque si Cataluña se declarara independiente (algo legalmente imposible), automáticamente quedaría fuera de la Unión Europea y el euro. El Comité de las Regiones de la UE ya dijo en su dictamen del 12 de abril de 2013 (ver punto 64) que si una región europea obtuviese la independencia, “tendría que solicitar su adhesión como nuevo miembro de la UE y requeriría un acuerdo unánime” (que no aprobaría España ni países con problemas nacionalistas como Reino Unido, Italia, Bélgica o Francia). Y por si no estuviera claro, lo acaban de decir pública y explícitamente Merkel y Cameron: “si Cataluña declara su independencia, saldría automáticamente de la UE”. Y lo acaba de repetir el portavoz del presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker: "si Cataluña se independiza, estará automáticamente fuera de la UE". Es la posición oficial de la Comisión desde 2004.

Y estar fuera de Europa y del euro sería un drama para Cataluña. Primero, el gobierno catalán tendría que poner en marcha un “corralito”, como en Grecia (lo reconoce incluso un documento interno de la Generalitat), impidiendo que los catalanes saquen su dinero de los bancos para que no haya una fuga masiva de capitales. Luego, tendría que crear una nueva moneda (ni el BCE ni Bruselas les dejarían usar el euro como permiten a Andorra, Mónaco o Kosovo, por el mayor tamaño de Cataluña), que se devaluaría automáticamente, para poder competir. Y todos sus productos se encarecerían al tener que pagar un arancel (un 5,7%) para venderlos en el resto de España y en Europa, lo que reduciría las ventas y el empleo de sus empresas. Y como Cataluña es la autonomía más endeudada de España (64.792 millones de deuda en 2015), tendría que buscar financiación en los mercados, lo que sería difícil y caro (ahora, la mayoría de su financiación viene del Estado español, que le ha prestado ya 50.000 millones, a la mitad de interés que en el mercado), con lo que sufriría problemas de liquidez, dificultades para pagar a los funcionarios, pensionistas y proveedores, por ejemplo.

Pero hay más. Fuera de la Unión Europea, Cataluña no recibiría la ayuda financiera del BCE, ni para garantizar los depósitos bancarios a los ahorradores (hasta 100.000 euros) ni para asegurar la financiación barata a sus bancos (como ahora), con lo que en Fráncfort les cortarían el grifo a CaixaBank y Sabadell, salvo que cambiaran la sede. De hecho, la patronal bancaria (AEB y CECA) ha advertido explícitamente que "se plantearán su presencia en Cataluña si hay independencia". Y Cataluña perdería también los Fondos europeos: recibió 1.400 millones entre 2007 y 2013 y para 2014-2020 está previsto que reciba otros 1.400 millones de fondos estructurales (Feder, Fondo social, agrícola y pesquero), más las inversiones del Banco Europeo de Inversiones (BEI).

Fuera de Europa y el euro, teniendo que vender con aranceles, serían muchas las empresas que abandonarían Cataluña para competir mejor, lo que reduciría el crecimiento y el empleo. Baste decir que hay unas 3.000 empresas extranjeras en Cataluña (la mayoría francesas, alemanas, italianas y norteamericanas), que suponen el 10% del empleo total. Y también podrían abandonar Cataluña importantes empresas españolas. De hecho, empresas del IBEX forzaron al Gobierno a un cambio legal en mayo que ha pasado desapercibido: el PP introdujo una enmienda en la Ley de Medidas urgentes en materia concursal para que cualquier empresa pueda cambiar de sede social con el simple acuerdo de su Consejo de Administración (hasta el 27 de mayo, hacía falta el acuerdo de la Junta de Accionistas). Y si la independencia provocaría fuga de empresas, también de inversores. Y seguro que afectaría al turismo, una gran  fuente de riqueza para Cataluña, que visitan 1 de cada 4 turistas (17 millones este año): sin el euro y con más inflación, sería menos atractivo visitarla.

Al final, todos estos efectos negativos de la independencia se traducirían en menos crecimiento, peor nivel de vida y menos empleo. Los expertos valoran el efecto de la independencia en una caída del PIB del -10% al -20% (Instituto de Estudios Fiscales) al -19% (profesor Buesa) o el -20% (Credit Suisse). O sea que la independencia haría a los catalanes un 20% más pobre, no les conduciría al “paraíso nacionalista”. Y también el resto de España perdería mucho (entre un 2 y un 5% del PIB) si se desgaja Cataluña, 7,5 millones de personas que suponen el 19% de nuestra economía.

Así que el argumento económico en favor de la independencia es una falacia, que encubre la realidad: el nacionalismo utiliza la fiscalidad y la economía para atraer más catalanes a las filas de la independencia (“España nos roba”). Está claro que hay un porcentaje amplio de catalanes que son independentistas por “sentimiento” (con el corazón y no con  la cabeza) y a los que estos argumentos de que la independencia no es económicamente viable no les importan ni convencen. Pero hay otros muchos catalanes que debería pensar seriamente que fuera de Europa y de España van a vivir peor, al menos una generación. Seguro.

Los nacionalistas y Mas también utilizan el independentismo como un espejismo para tapar su pésima gestión económica de la crisis, culpando a España de los problemas. No sólo está la corrupción del 3%, sino que el balance de los cinco años del gobierno de Artur Mas es bastante negativo y eso es lo que debería votarse el 27-S. Por un lado, el Gobierno catalán ha hecho una política de recortes incluso mayor que la de Rajoy, metiendo la tijera en los gastos sociales (sanidad, educación, dependencia), en las plantillas y sueldos de los funcionarios y en el Estado (privatizando Aiguas Ter-Llobregat, venta declarada nula por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, y vendiendo edificios públicos), para luego acabar con el segundo mayor déficit autonómico (un 2,58% en 2014 y un 2% previsto para 2015, el mayor agujero tras Murcia) y la mayor deuda ( 67.192 millones previstos para finales 2015). No en vano, en las dos ocasiones en que la Comisión Europea ha valorado la calidad de los Gobiernos regionales europeos, el gobierno catalán ha salido mal parado: en 2009 obtuvo la peor nota y en 2013 estuvo por debajo de la media, detrás de Madrid.

Además, el Gobierno de Mas no ha recortado el déficit (y sí el gasto social) a pesar de subir los impuestos a los catalanes, que pagan más que el resto de españoles al hacer la declaración de la renta (un trabajador que gana un sueldo medio, 22.698 euros, paga 221 euros más de IRPF que en Madrid, un 7,7% más), al comprar una casa de segunda mano (8.000 euros más del impuesto de transmisiones al comprar una casa de 200.000 euros), al pedir un crédito (pagan 1.000 euros más en Cataluña por contratar una hipoteca de 150.000 euros, al tener un mayor impuesto sobre actos jurídicos documentados), al cobrar una herencia (pagan 8.200 euros más que en Madrid si heredan 800.000 euros), al declarar por su patrimonio (su mínimo a pagar este impuesto son 500.000 euros frente a 700.000 en el resto de España y este impuesto no se paga en Madrid) e incluso al echar gasolina (pagan 4,8 céntimos por litro de gravamen autonómico frente a 1,7 céntimos en Madrid y nada en muchas autonomías) .  

O sea, los que viven en Cataluña pagan más impuestos. Y eso cuando la renta per cápita de los catalanes ha caído un 0,7% (de 27.053 euros en 2010 a 26.996 euros en 2014) y hay menos gente trabajando hoy que cuando llegó al Gobierno Mas en diciembre de 2010: 3.075.000 ocupados en Cataluña frente a 3.133.500 (-58.500 empleos). Y 39.400 parados más (726.200 parados frente a 686.800). Claro que también ha empeorado el empleo y el paro en el resto de España en estos cinco años, pero Mas no lo ha hecho mejor que Rajoy.

Así que el problema de Cataluña, de sus ciudadanos, no es si “España les roba” y les sale a cuenta ser independientes, sino cómo resuelven mejor sus problemas, básicamente dos, los mismos que tenemos los demás: que haya trabajo para más gente y que se pueda recuperar el Estado del Bienestar, desde la sanidad y la educación a la Dependencia y los gastos sociales recortados, para conseguir vivir mejor. Y por eso, la verdadera pregunta de estas elecciones debería ser: ¿Con la independencia, los catalanes van a vivir mejor? Y la mayoría de los estudios y de los economistas aseguran que no.

Al final, el nacionalismo pretende sumar votos y tener más fuerza para negociar con el Estado español el 28-S. Ellos saben perfectamente que la independencia es inviable, no sólo jurídicamente sino también económicamente. Pero no les importa: es sólo una bandera para atraer ciudadanos, empujados por una ilusión colectiva que han ido alimentando durante casi 30 años de Gobierno, acompañada de un relato épico, una pseudohistoria y muchos agravios acumulados (reales y ficticios), engrandecidos por errores políticos desde el resto de España. Y ahora, los nacionalistas catalanes quieren utilizar ese sentimiento anti-español y la amenaza de la independencia para hacerse más fuertes y negociar mejor con el Estado español (como ha reconocido Mas a Iceta) unas mayores cuotas de poder, su único objetivo desde hace ya siglos.

Pero frente a esta marea independentista, el resto del país y las fuerzas políticas no pueden mirar para otro lado y no hacer nada, como Rajoy. España y Cataluña tienen un problema que urge resolver para asentar la recuperación y el futuro. Un problema que tiene bases económicas y que exige reformar el sistema de financiación autonómica, las inversiones públicas y la solidaridad interterritorial. Y un problema que tiene muchos elementos políticos, de encaje de sentimientos diferentes en un marco común, español y europeo. Parece claro que sólo unidos ganamos todos. Pero para ello, hace falta que los catalanes se sientan mejor en España, quitar a los nacionalistas sus banderas y sus cuentos. Afrontar juntos los problemas de verdad: la crisis, el paro, la mejora de los servicios públicos. Lo que por desgracia no se vota el 27-S.