España "low cost": crece con baja productividad

Se ha puesto de moda hablar de España como una economía de bajo coste (“low cost”), que compite y crece gracias a sus bajos salarios y energía barata más que por su innovación y productividad, de las más bajas de Europa. Este modelo de crecimiento, junto a la inmigración, ha permitido que España crezca los últimos 5 años más que Europa, pero esto esconde una realidad: en el PIB por habitante, lo que marca la competitividad de un país y su renta, ocupamos el puesto 15 en el ranking de la UE-27. A lo claro: hay 14 paises europeos más productivos y más ricos, algo que lleva pasando décadas. La culpable es esa baja productividad española, que impide mejorar salarios y rentas. Para converger con la mayoría de Europa, el Consejo de Productividad propone aumentar el tamaño de las empresas, gastar más en tecnología, aumentar la inversión privada, mejorar la formación y la organización de las empresas. Crecer sí, pero siendo más productivos para vivir mejor.

                             Enrique Ortega

La OCDE ha sido la última organización en pronosticar, este mes de junio, que España crecerá este año un +2,2%, casi el triple que la eurozona (+0,8%) y más incluso que Estados Unidos (+2%). De confirmarse, será el 6ª año consecutivo (de 2021 a 2026) en que España crece más que el resto de Europa, empujados por el turismo, el consumo privado, los inmigrantes y las exportaciones, sin olvidar los Fondos europeos. Pero lo importante para un país no es sólo lo que crezca su PIB (somos el 4º país con el PIB más alto, tras Alemania, Francia e Italia) sino lo que aumente su PIB por habitante, el indicativo de la productividad de un país y, en consecuencia, de su nivel de vida. Producimos mucho más cada año, pero con 3.326.100 trabajadores más que en 2019. Ahí está “el truco”. 

Y aquí, en el PIB por habitante, España ha vuelto a “pinchar” en 2025, según los datos de Eurostat: somos el país nº 15 en el ranking europeo de producción por habitante real (descontando la inflación), con 38.272 euros por habitante, el 92% del PIB por habitante real de la UE-27 (41.600 euros). Y estamos por detrás de la producción por habitante de Luxemburgo (239% del PIB per cápita europeo), Irlanda (238%), Paises Bajos (133%), Dinamarca (127%) o Austria (118% del PIB habitante europeo), paises mucho más pequeños que España pero más productivos y que por eso tienen más renta y mejores salarios. También estamos por detrás del PIB por habitante real de Alemania (115% de la media UE-27), Bélgica (114%), Suecia (111%), Malta (110%) o Finlandia (101%), que cierran la lista de los 10 paises europeos con un PIB por habitante superior a la media UE-27. Les siguen Francia y Chipre (98% del PIB por habitante europeo), Italia (96%) y Chequia (92%). Y a continuación, en el puesto 15º se encuentra España, con el 92% del PIB por habitante europeo. Un nivel y un puesto similar a los de 2023 (91%) y 2024 (92%), que cayó del 90% entre 2020 y 2022 por la pandemia y que está por debajo de la media desde 2010 (96%).

¿Por qué somos menos productivos y por tanto menos ricos que 14 paises europeos? Básicamente, hay 2 causas “de fondo” que lo explican: en España trabaja menos gente que en la mayoría de Europa y trabajan peor, con menos eficacia y productividad. Veámoslo.

Primero, trabaja menos gente, hay un porcentaje menor de personas en edad de trabajar que están ocupadas y creando riqueza (PIB). La tasa de empleo en España (porcentaje de personas de 20 a 64 años ocupadas) era, en marzo de 2026, del 72,7%, frente al 76,3% en la UE-27, el 81,5% en Alemania y el 75,2% en Francia, según Eurostat. Y sube al 83,3% en Paises Bajos, al 79,4% en Irlanda, al 82,2% en Suecia o al 83,4% en Malta, paises con más PIB por habitante que España (mientras es más baja en Italia, el 68%). Este bajo nivel de empleo tiene mucho que ver con nuestro modelo de crecimiento, basado en los servicios y el turismo, en empresas más pequeñas, con poca tecnología y exportación, que crean menos valor añadido y menos empleo. Ojo: si España tuviera la tasa de empleo de la UE-27, tendríamos 1.026.000 personas más trabajando (y aumentando nuestro PIB y nuestra renta, también el PIB por habitante). Y si tuviéramos la tasa de empleo de Alemania, en España trabajarían 2,5 millones más. Y con ello, aumentaría el numerador del PIB por habitante (PIB producido /habitante) y seríamos más productivos y más ricos.

Segundo, los españoles que trabajan lo hacen “peor”, son menos eficientes. Un dato lo resume bien: en la eurozona, cada hora trabajada aporta 61 dólares al PIB, frente a 53 dólares en España (-13,11%), según la OCDE. Y esa menor productividad en España acumula una caída del -7,3% del año 2.000 al 2022, mientras en Estados Unidos creció un +15,5%, en Alemania un +11,8% y en Francia un +0,8%, bajando también en Italia (-5,1%), según un reciente estudio de la Fundación BBVA e Ivie. De hecho, nuestra baja productividad es un problema que arrastramos hace décadas y que nos sitúa en el puesto 39º del ranking mundial de competitividad 2025 publicado por el Foro Económico Mundial, por detrás de la competitividad de 19 paises europeos: Suiza (1º del ranking mundial), Dinamarca (4º), Irlanda (7º), Suecia (8º), Paises Bajos (10º), Noruega (12º),Finlandia (14º), Islandia (15º), Alemania (19º), Luxemburgo (20º), Lituania (21º), Bélgica (24º), Chequia (25º), Austria (26º), Reino Unido (29º), Francia (32º), Estonia (33º), Portugal (37º) y Letonia (38º).

Recientemente, el nuevo Consejo de Productividad de España ha elaborado su primer informe, donde destaca que la baja productividad de España es un problema endémico, que arrastramos desde finales del siglo XIX. Así, entre 1890 y 1994, el PIB per cápita creció en España un +1,8% anual, frente al +2% que creció en Europa y el +2,2% en EEUU. Y entre 1995 y 2022, el PIB per cápita creció en España el +0,8% anual, también por debajo del +0,9% que aumentó en la UE-27 y el +1,3% que creció anualmente en EEUU. Eso sí, entre 2022 y 2025, la productividad por hora trabajada en España crece el doble (aunque poco: el +1% anual) que entre 2014 y 2019 (+0,5%), aunque los datos de Eurostat señalan que la productividad española crece entre un 10% y un 15% por debajo UE-27.

El informe del Consejo de Productividad señala dos problemas. Uno, la baja productividad española. Y el otro, que las mejoras de productividad están mal repartidas y los trabajadores se llevan (en sus sueldos) la menor parte. Entre 1999 y 2017, la productividad por hora trabajada creció un 95% acumulado, pero la remuneración por hora (sueldo) sólo creció un 3%. Y entre 1999 y 2024, la productividad por hora trabajada ha crecido un 13%, mientras la remuneración por hora trabajada (sueldos) ha crecido un 11%. Resultado: el trozo de pastel de los salarios en el reparto de la productividad es hoy inferior al de 2019. Y lo más preocupante: los salarios reales (descontando la inflación) apenas han crecido en España en los últimos 25 años. Así que crecemos, pero la mayoría de los trabajadores no lo notan.

¿Por qué España sigue teniendo una baja productividad? El Consejo señala los dos factores que lo explican: la baja inversión en tecnología e innovación y una estructura productiva centrada en sectores poco productivos, como los servicios, el turismo, el comercio o la agricultura. Y señala otra debilidad de la economía española: la baja inversión, sobre todo privada, que ha crecido menos que en Europa (que a su vez invierte también menos que EEUU, lo que explica su menor productividad). Y también destacan otros factores que bajan la productividad : la escasez de mano de obra, la falta de competencia, el exceso de burocracia y las 17 normativas autonómicas, los impuestos y la normativa laboral.

Otros expertos señalan tres factores claves que explican nuestra baja productividad. El primero, el menor tamaño de nuestras empresas, el exceso de pymes. En 2025, las estadísticas oficiales registraban casi 3 millones de empresas, de las que sólo 6.019 eran grandes (0,2% con más de 250 trabajadores), 27.673 eran medianas (0,8%) y el resto (99%) eran pequeñas: 175.597 tenían entre 10 y 49 trabajadores y 1.140.107 tenían de 1 a 9 trabajadores (la gran mayoría, el 84,5% de las pequeñas), siendo el resto (1.614.187) empresas registradas por autónomos sin asalariados. La estructura es similar a la del resto de Europa, donde hay también un 0,2% de grandes empresas (salvo en Francia, centro Europa y Alemania, donde hay un 0,7% de empresas grandes, 25.000 en Alemania), aunque tienen más empresas medianas (el 0,93%) y casi idéntico porcentaje de pequeñas (98,87%).

El problema de tener demasiadas pymes es que suelen ser menos competitivas que las medianas y grandes empresas, exportan, invierten e innovan menos, tienen más dificultades para financiarse y, sobre todo, crean menos empleo. El dato aportado por Funcas es muy llamativo: de los 2.496.400 nuevos empleos creados tras la pandemia (2020-2025), más de dos tercios (el 68,7%) lo han creado las grandes empresas (con más de 250 trabajadores), mientras las microempresas (1 a 9 trabajadores), que son la mayoría (84,5%) sólo han creado el 1,5% de los nuevos empleos. También pasa en Europa, donde las grandes empresas (el 0,2% del total) mantienen el 37% del empleo total, mientras las medianas mantienen el 15% y el resto de pymes acapara el 48% del empleo total.

La 2ª causa que explica nuestra menor productividad es la falta de tecnología e innovación en las empresas. En España, el gasto en I+D+i fue del 1,50% del PIB en 2024, frente al 2,25% en la UE-27. Pero la mayor “brecha” con Europa se da en la inversión tecnológica de las empresas: en España invierten el 0,7% del PIB mientras en Europa invierten una proporción doble, el 1,48% del PIB. Además, esta imprescindible inversión empresarial en I+D+i se concentra en las grandes empresas, que suponen dos tercios de la inversión tecnológica privada. En definitiva, las pymes invierten poco en tecnología e innovación y eso frena su productividad, lo mismo que su menor internacionalización (pocas pymes exportan) y la mayor dificultad que tienen para financiarse.

El tercer factor clave que reduce nuestra productividad es la menor inversión en España. En los últimos años, la inversión total se ha estancado (14,8% del PIB en 2025, casi igual al 14,7% que invertíamos en 2019) y sigue por debajo de la inversión en Europa (16,1% del PIB) y en  Estados Unidos (17,4% del PIB), según Funcas, aunque debería haber repuntado mucho más por el aluvión de Fondos europeos. Esta baja inversión, en España y en Europa, explica en buena medida la menor competitividad frente a EEUU y China, según el informe Draghi, y “limita la capacidad del país para aumentar su productividad y cerrar la brecha de renta per cápita con los países más avanzados de la eurozona”, según BBVA Research.

Hay un 4º factor que explica también nuestra baja productividad: la menor formación de los trabajadores españoles y sus jefes. Hay pocos trabajadores con formación tecnológica y capacidades digitales. En paralelo, muchas empresas adolecen de capacidades gerenciales y hay empresarios que gestionan sin la suficiente formación y sin capacidad de organizar equipos, apoyados en el “ordeno y mando”. Otras causas se atribuyen a factores institucionales: demasiada economía sumergida (¿20%?), excesiva dependencia de las empresas del crédito bancario (más que en el resto de Europa ), mucha  burocracia (sólo en 2024, el Estado y las autonomías aprobaron más de 1.000 nuevas normas), barreras de entrada sectoriales y territoriales que reducen la competencia, dispersión normativa en 17 autonomías y dificultades regulatorias y fiscales para que las pymes aumenten de tamaño y superen los 50 trabajadores…

En definitiva, que hay muchos cambios estructurales que hacer para conseguir que no sólo crezcamos mucho sino que produzcamos más por trabajador, que seamos más eficientes y productivos, la verdadera clave para mejorar los salarios y nivel de vida, para acercarnos más a la Europa rica del centro y norte del continente. El Consejo de la Productividad propone maximizar los incentivos a la innovación tecnológica, apoyar la transformación digital y energética, mejorar la formación de los trabajadores y la inversión en educación, aumentar el tamaño de las empresas, aumentar la inversión y reducir barreras a las nuevas empresas. Y recuerdan: la mejora de la productividad es la base de un crecimiento que permite aumentar la renta per cápita y mejorar los salarios reales, estancados desde hace 30 años.

Ya sabemos lo que pasa, por qué España tiene los salarios más bajos de Europa y un nivel de vida inferior a 14 paises europeos, muchos de ellos más pequeños. Y tenemos una hoja de ruta para mejorar esta situación, con el gran objetivo de mejorar la productividad. No podemos seguir con una economía “low cost”, que compita en Europa y el mundo con bajos salarios y costes de la energía, con pequeñas empresas con poco capital y poca inversión. No podemos seguir compitiendo por precio, como la China de Europa: necesitamos dar un salto cualitativo y competir con productos de mayor valor añadido, con más tecnología e innovación, con empresas más grandes, más internacionalizadas y que inviertan más en el futuro. Hay que mirar no sólo que crezcamos más sino que crezcamos siendo más productivos. Sólo así mejorarán nuestros bajos salarios y aumentará nuestro nivel de vida. Ser más productivos debería ser el gran objetivo nacional a medio plazo. Para todos.

Baja inflación: ayuda a crecer y perjudica

Los precios suben sólo un 0,1% el último año, la inflación más baja desde hace 3 años. Eso permite que los trabajadores, pensionistas y funcionarios ganen poder adquisitivo este año, porque sus ingresos han subido bastante más que los precios. Y así, pueden gastar más con lo que ganan, lo que permite que no caiga el consumo y España crezca el doble que Europa (que tiene el triple de inflación). En resumen: la baja inflación permite que España crezca, aunque  menos. El problema es que esa mínima inflación es también perjudicial, porque retrasa compras y reduce ingresos y beneficios a las empresas, que apenas invierten y crean empleo. Y se recorta la recaudación fiscal. Por eso, el BCE está preocupado por la baja inflación: es un síntoma del estancamiento de la economía. El próximo Gobierno, en España y en Europa, tiene que reanimar el gasto y la inversión pública, para que “despierte” la inflación. Tan malo es que no exista como que se dispare.

enrique ortega

El mundo teme que llegue otra crisis, por la guerra comercial, el Brexit, la desaceleración en Europa, la guerra de divisas, el vaivén del petróleo y la crisis de muchos paises en desarrollo (Latinoamérica, Asia y África). De momento, España sigue creciendo, aunque menos: un +0,4% aumentó el PIB (valor de la producción de bienes y servicios) en el tercer trimestre de 2019, según el INE, lo mismo que en el 2º trimestre y una décima menos que en el primero  (+0,5%), lo que indica un crecimiento anual del 2% en 2019, inferior al de 2018 (+2,5%). Y la previsión para 2020 es que España crezca aún menos: 1,8% el FMI y el Gobierno en funciones y sólo el 1,5 % la Comisión Europea.


El hecho es que España crece el doble que Europa: +0,4% frente a +0,2% que creció la zona euro en el tercer trimestre y el +0,3% que aumentó el PIB en la UE-28, según Eurostat. Los grandes paises crecen menos, desde Francia (+0,3%) a Italia (+0,1%), mientras Alemania bordea la recesión (cayó un 0,1% en el segundo trimestre), igual que Reino Unido (el PIB cayó un 0,2% en el 2º trimestre). ¿Por qué España crece más? Básicamente, porque aquí aguanta mejor el consumo público y privado, dos de los motores claves del crecimiento. El consumo de las familias despegó en el tercer trimestre (creció un 1,2%, tras un año de moderación) y también el consumo público (creció un 0,9%, el mayor crecimiento desde 2009), gracias a un mayor gasto del Gobierno Sánchez en distintas partidas sociales. Y también ha ayudado la inversión, con un aumento del 1,2%. Frente a estos motores del crecimiento, se han “gripado” dos motores que son claves para crecer: las exportaciones (cayeron un 0,8% entre julio y septiembre) y el turismo (han venido 205.000 turistas menos este verano, un 0,7% menos entre julio y septiembre).


Se mantiene el crecimiento, aunque menor, gracias a que los españoles siguen consumiendo más. Y lo hacen, por dos razones. Una, porque la mayoría han ingresado algo más este año. Por un lado, los trabajadores. Los 8,6 millones que habían firmado un convenio hasta septiembre (en 1 millón de empresas), han tenido una subida media del +2,29%, superior a las de los últimos años (+1,75% en 2018, +1,46% en 2017 y +0,99% en 2016). Y para el conjunto de trabajadores (con o sin convenio) el INE estima una subida salarial del 2,1% en junio de 2019 (coste salarial: 1.992 euros por empleado). Por otro, los 8,7 millones de pensionistas han visto subir sus pensiones un +1,6% (y un 3% las mínimas). Y los 2,5 millones de funcionarios públicos han tenido una subida del +2,25% en 2019 (más otro 0,5% en algunos casos. Además, hay otros 2,5 millones de trabajadores que cobran el salario mínimo y han tenido este año una subida del +22% (a 900 euros). En total, más de 22 millones de españoles que han aumentado sus ingresos en 2019, más que en 2018.


Pero además, la otra razón para que puedan consumir más no es sólo que ganan más sino que pueden comprar más con ese dinero, porque han bajado drásticamente los precios: la inflación anual estaba hace un año en el 2,3% (octubre 2018) y ahora se ha desplomado al 0,1% (octubre 2019), según el INE, la más baja de los últimos 3 años (estaba en el 0,2% en septiembre de 2016). Eso quiere decir que hace un año los precios se comían con creces las subidas de los trabajadores, pensionistas y funcionarios (menores) y ahora, apenas les afectan y pueden dedicar lo que ingresan a gastar más. Además, los tipos de interés están bajos y los bancos necesitan prestar, con lo que las familias piden más créditos (para renovar muebles o electrodomésticos o irse de vacaciones) y gastan más con tarjeta (los pagos con tarjeta crecieron un 10% en el 2º trimestre, el mayor aumento desde 2016). Y encima, hay más españoles trabajando (hay 346.300 empleados más que hace un año), que ahora pueden pensar en gastar y antes estaban en paro y sin casi ingresos.


Con todo, la clave decisiva para impulsar el consumo es la bajísima inflación en España, que es ahora mismo de las más bajas de Europa: un 0,1% el IPC y un 0,2% anual el IPC armonizado con Europa, frente al 0,7% en la zona euro y  el 0,9% de inflación anual en Alemania y Francia (octubre), según Eurostat. Una baja inflación que se debe a una causa coyuntural: la bajada de la energía (carburantes y calefacción) y la luz (-11,5% recibo octubre 2019/octubre 2018) en el último año. Pero hay otras dos causas más de fondo. Una, que hay demasiado paro y precariedad, con lo que los salarios siguen bajos y las empresas controlan sus costes laborales. Y otra causa, el auge de la economía low cost, de los productos y servicios que “tiran precios” para vender y competir. Ojo, a costa de una mayor precariedad laboral y de pagar unos bajos salarios a mucha gente. Así que bien como consumidores: todo el mundo trata de bajar precios y hacernos ofertas, lo que hunde la inflación. Pero mal como trabajadores: nosotros y sobre todo nuestros hijos trabajamos en peores condiciones (contratos, horarios, exigencias) y con peores salarios para que las empresas tiren precios.


Pero la baja inflación tiene otros problemas, además de causar una mayor precarización del trabajo. El primer problema serio de la no inflación es que desincentiva la inversión y el empleo, algo especialmente grave en un país como España con más del doble de paro que Europa (14% frente al 6,3% en la UE-28). El mecanismo es sencillo de entender: si un consumidor ve que los precios están bajos, retrasa sus compras a la espera que bajen más o por no temer que suban. Y las empresas, ven recortarse sus ventas y sus márgenes, al verse forzadas a reducir más sus precios para competir. Y con ello, ganan menos, invierten menos y no crean empleo (o lo reducen).


Otro problema serio de la baja inflación es que reduce los ingresos públicos, sobre todo el IVA, tanto porque la desaceleración (crecer menos) reduce el consumo como por la congelación o bajada de los precios (se aplica el 21% sobre un precio menor. De hecho, en los 9 primeros meses de 2019, la recaudación por IVA ha sido de 54.900 millones, sólo un 2,5% más que el año pasado y el menor crecimiento en la recaudación de este impuesto desde 2012, según la Agencia Tributaria.


Y el tercer problema que provoca la bajísima inflación es que perjudica a los que tienen deudas, porque no rebaja lo que  hay que devolver (si la inflación es alta, en realidad hay que devolver menos dinero comparado con lo que valía cuando lo pedimos). Y ese es un problema muy serio para España, porque somos uno de los países más endeudados, tanto las Administraciones públicas (debemos 1,2 billones de euros, entre el Estado, las autonomías y la Seguridad Social) como las empresas (debían 868.317 millones de euros en julio) y las familias (706.012 millones de deuda, entre hipotecas, préstamos y tarjetas). Para todos ellos, tener una inflación del 0,1% es una mala noticia.


En definitiva, que no tener casi inflación es una buena noticia como consumidores, que permite mantener un crecimiento mayor que Europa, pero es una mala noticia como trabajadores (la economía low cost y la fuerte competencia de la globalización “precarizan” el empleo y congelan los sueldos), para la inversión y el empleo, para la recaudación fiscal y para los que tienen deudas. Y al final, los expertos creen que son más los perjuicios que las ventajas de no tener inflación. De hecho, el Banco Central Europeo (BCE) lleva varios años tratando de “reanimar la inflación” en la zona euro, porque saben que todo lo que sea tenerla por debajo del 2% (su objetivo: ahora está en el 0,7%) es un claro síntoma de desaceleración, de que la economía no tira, de que la recuperación es débil.


Ahora, la previsión del BCE es que la inflación se mantenga baja en Europa este año y el que viene (+1,4% en la zona euro) y más todavía en España (1,1% este año y 1,4% en 2020), según la última previsión de la Comisión Europea. Y el Gobierno Sánchez espera todavía una inflación menor, un 0,9% para 2020, lo que promete subir las pensiones. Eso permitiría ganar poder adquisitivo a trabajadores, pensionistas y funcionarios en 2020, pero habrá que ver si se mantiene la subida del consumo (parece dudoso) o más bien las familias reducen su gasto y ahorran más, por temor a otra crisis. Y en cuanto al gasto público, poco podrá hacer el próximo Gobierno, dado que Bruselas ya le ha dicho que tiene que gastar 6.600 millones menos en 2020 para seguir recortando el déficit. O se consigue recaudar más (subiendo algunos impuestos a multinacionales, grandes empresas, bancos y los más ricos) o el gasto público no ayudará a crecer en 2020 como está haciendo en 2019.


En resumen, la bajísima inflación actual es un mal síntoma y peor para España, porque tenemos menos inflación que el resto de Europa y necesitamos seguir creciendo más para reducir la brecha de paro (tenemos más del doble)  y de riqueza (tenemos el 90% de la renta europea). Hace falta que suba la inflación, hasta el objetivo del 2%, para que ayude a las empresas a recomponer sus cuentas, invertir y crear más empleo. Es la “gasolina” que necesitamos para mantener la recuperación. Y para ello, el futuro Gobierno español y europeo (la nueva Comisión Europea tomará posesión en diciembre) tienen que tomar medidas para “reanimar” la economía y con ella la inflación. Aumentar el gasto y la inversión pública (lo que exige recaudar más de una minoría, para no disparar el déficit) y a la vez mejorar el empleo y los salarios (aumentando la productividad), para relanzar el consumo privado. Si no se hace, la inflación seguirá por los suelos y se frenará la recuperación.

Economía "low cost" y precariedad laboral

Vodafone despedirá a la cuarta parte de su plantilla y lo justifica en la dura competencia de otras telecos. Y Día, en la "guerra de los súper", despedirá a 2.100 empleados. Muchas empresas han despedido o cerrado antes, porque no resisten las ofertas de bajo coste y la competencia de las plataformas por Internet: comercios, librerías, prensa escrita, líneas aéreas, bancos, hoteles, restaurantes…Dicen que “el progreso” es imparable y que “no se puede poner puertas al campo”. Pero el problema es que esta economía “low cost” y estas ofertas digitales conllevan unas condiciones laborales penosas y precarias, con sueldos de miseria para los jóvenes. Es lo que llaman “feudalismo digital”. Cómo será que todos los grupos políticos se han puesto de acuerdo en el Congreso para aprobar juntos (algo inaudito) un texto que pide al Gobierno, sindicatos y patronal que aprueben normas laborales para la economía digital , que utiliza “esclavos digitales” sin derechos, además de no pagar impuestos ni cotizar apenas. Nueva economía sí, pero con empleos “decentes”.

enrique ortega

Todo empezó con la globalización de la economía, a finales del siglo XX, que trasladó muchas producciones a Asia, Latinoamérica y África, para aprovechar los bajos costes laborales y de las materias primas, en perjuicio de los empleos en Europa y Norteamérica. Y así, nos empezó a parecer normal comprar camisetas a precio de saldo hechas en Bangladesh  o TV en color y móviles fabricados en Corea o China, con obreros en semiesclavitud o incluso niños. Era el precio de un consumo masivo y barato: explotar a los paises emergentes.

Esta filosofía se transmitió a Occidente, tras la gran recesión de 2008, y las empresas se lanzaron a ofrecer productos y servicios “low cost”, tirando precios, desde tarifas de móviles a bancos online o billetes aéreos. Y en paralelo, desde 2010, se han multiplicado las plataformas de servicios por Internet, que lo mismo te ofrecen un libro, cualquier artículo comercial, una comida, un transporte o un apartamento. Y todo ello, apoyado en una Web que pone en contacto clientes y proveedores y que utiliza pocos empleados pero que trabajan en condiciones precarias y con salarios de miseria. Los llaman “los jornaleros digitales”, miles de jóvenes que trabajan aislados, sin conocer a sus jefes, que “mandan” vía móvil.

El concepto economía de bajo coste (“low cost”) ha contagiado a toda la economía tradicional, desde la alimentación (“marcas blancas”) hasta los viajes, la telefonía, el turismo o la banca (“online”, sin oficinas), presionados todos los sectores por unos consumidores que cada vez piden “más por menos”, que tratan de no renunciar a nada (a un móvil, a un viaje, a un apartamento, un taxi o informarse) aunque sean “mileuristas”. Y se cambian de las empresas clásicas (desde un periódico en papel a un gran almacén, una librería o un hotel) a plataformas o empresas nuevas (Amazon, Ryanair, Airbnb o Uber), aunque pierdan calidad en el servicio y tengan que viajar sin maletas o no tener nadie a quien reclamar o lea mentiras. Precio, precio, precio. Es lo único que importa. Y si parece medio gratis, mejor.

El coste de esta economía low cost, además de perder calidad y servicio, es el coste laboral que sufren los trabajadores de esas empresas. Porque para bajar precios han de reducir costes y el más sencillo es el laboral: recortar sueldos primero y plantilla después. Es lo que va a hacer Vodafone, agobiado por la competencia de las ofertas low cost en móviles e Internet: va a despedir en marzo a 1.200 trabajadores, un 24% de la plantilla, al que seguirán otros en Orange y Movistar, antes o después. Y eso después de que las telecos hayan perdido 14.000 empleos desde 2010 (11.000 Movistar, 2.400 Vodafone en dos ERES anteriores, en 2013 y 2015, y 430 Orange), para afrontar la guerra de tarifas permanente. Lo mismo ha pasado en banca, que ante el auge de la banca online y los nuevos competidores, ha cerrado18.000 oficinas (1 de cada 4) y reducido 89.500 empleos (1 de cada 3). Y en las líneas aéreas, agencias de viajes, hoteles, librerías, periódicos o comercios, tras el empuje de  empresas o súper “low cost” y plataformas de Internet (en especial, Amazon). Y ahora, "la guerra de los súper" y las "marcas blancas", acaba de provocar la quiebra técnica y 2.100 despidos en la cadena Día.

Lo más llamativo, aparte de la transformación de negocios tradicionales en empresas “low cost”, es la proliferación de la “economía colaborativa”, lo que se ha dado en llamar “gig economy”: economía de los pequeños “encargos”, donde se han creado “plataformas digitales” que intermedian entre el cliente y proveedor, ofreciendo todo tipo de productos y servicios a bajo coste. Una “nueva economía” en la que ya participa un 20% de la población activa en Estados Unidos o Europa, según un informe de McKinsey. Y que en España utilizan ya más de 3 millones de clientes (el triple que en 2016), facturando 643 millones de euros en 2016, según un informe de ADigital. Y donde trabajan ya 14.000 personas, sobre todo jóvenes, muchos compatibilizando este trabajo con sus estudios o con otro empleo. Sólo en el reparto de comida a domicilio hay 32.000 restaurantes adheridos. Y miles de españoles usan cada día Uber o Cabify o compran por Amazon o alquilan por Airbnb.

La mayoría de consumidores están “encantados” porque estas plataformas les aportan productos y servicios rápidos y con bajos precios. Y no sabían  lo que hay detrás hasta que no se produjeron las primeras manifestaciones de repartidores (“riders”) de Deliveroo en Barcelona, en julio de 2017, las huelgas de pilotos de Ryanair en toda Europa el verano pasado o la primera huelga de Amazon (Black Friday de noviembre 2018), que han revelado lo que hay detrás de esta nueva economía: algo muy viejo, la explotación laboral de siempre, el llamado “feudalismo digital”, unas condiciones laborales recientemente denunciadas por la OIT (Organización internacional del trabajo): ausencia de contratos, enorme precariedad laboral, jornadas sin límite y salarios de miseria, que sufren sobre todo los jóvenes.

El problema de fondo en estas nuevas “plataformas de servicios” es la notable desigualdad de poder entre los trabajadores y la empresa que hay detrás, que impone sus condiciones de trabajo: no hay relación física ni contrato (la mayoría les obliga a registrarse como autónomos y hasta poner su bici o coche) pero sí un control rígido del trabajo, imponiendo horarios, ritmos, tiempos y condiciones, sin ninguna protección social ni medidas preventivas de accidentes. Y todo ello para conseguir unos ingresos mínimos, totalmente aleatorios, que implican trabajar cualquier día y a cualquier hora, por 3 ó 5 euros la entrega, Y con la amenaza de las valoraciones de los clientes (muy “aleatorias”) y muchos casos de discriminación por género, etnia o contestación sindical, según un análisis de las condiciones de trabajo hecho por CCOO.

La base de la “nueva economía” está en la “desregulación del trabajo” y un mínimo peso de los sindicatos y la protección del Estado, según señala el experto Peter Fleming. Estamos ante “una vieja forma de explotación” envuelta en un halo de “innovación”, empresas que aprovechan las enormes tasas de paro juvenil (33,4% en 2018), los llamados “jornaleros digitales”,  y el afán consumista de una generación de “mileuristas” que piden productos y servicios sin importarles el sacrificio laboral que hay detrás (como cuando compramos ropa barata hecha por mujeres hacinadas en fábricas de Bangladesh).

Pero la nueva economía no sólo comporta precariedad laboral, también una evidente pérdida de calidad en los productos y servicios (como se ha visto en los vuelos low cost: retrasos, cancelaciones y cobro por maletas) y una enorme dificultad para reclamar. Pero además, la economía “low cost” causa una situación de abuso y perjuicios a los proveedores locales, a los que someten a una dictadura de precios y condiciones (véase Mercadona). Y provoca una “competencia desleal” que obliga a cerrar muchos negocios que mantienen empleos decentes, cumplen normas más estrictas y, sobre todo, pagan impuestos.

Porque otra característica de esta “nueva economía” es que pagan pocos impuestos, o bien porque los “eluden” a través de ingeniería fiscal (utilización de empresas pantalla o terceros paises donde facturan sus servicios o directamente paraísos fiscales) o bien porque cometen fraude y esconden ingresos (como las plataformas de alquiler de apartamentos). El resultado es que Amazon, por ejemplo, no facilita cifras de ventas en España y sólo paga 4 millones en impuestos de sociedades aquí, mientras ha triplicado sus beneficios mundiales en 2018 (10.0078 millones de dólares). Y Uber declara que gana en España sólo 163.500 euros, por los que pagó 53.800 euros de impuestos en 2016. No es sólo que paguen pocos impuestos, es que además, muchas apenas cotizan a la Seguridad Social, porque “no tienen trabajadores”, trabajan con autónomos (“falsos autónomos”), que también cotizan poco.

En los últimos dos años, varias plataformas digitales han acabado en los juzgados y ya hay sentencias que echan por tierra su “modelo laboral”. En diciembre de 2017, el Tribunal de Justicia de la UE calificó a Uber como “una empresa de transporte”, no un mero intermediario de servicios, mientras en Gran Bretaña, un Tribunal dictó que los conductores de Uber debían ser asalariados. Y un Juzgado de Valencia emitió en junio de 2018 la primera sentencia contra Deliveroo, señalando la “laboralidad” de sus riders (son "falsos autónomos") y que no es solo una plataforma de encuentro de clientes y proveedores sino “el centro del negocio”, el “jefe”, que da instrucciones, reparte zonas, marca horarios y paga por los envíos. Sin embargo, un segundo Juzgado de Madrid acaba de sentenciar, como otro en septiembre, que los trabajadores de Glovo son autónomos.

Los sindicatos europeos están muy preocupados por la enorme precariedad de estos “nuevos trabajadores digitales”. Y así, los sindicatos de Alemania, Austria, Dinamarca y EEUU suscribieron en diciembre de 2016 el Documento de Frankfort, donde plantean la necesidad de organizar la defensa de los “online workers” en un entorno digital y multinacional, mientras la Confederación Europea de Sindicatos exige respetar la legislación laboral y la protección social de estos trabajadores. Y ya existen ya plataformas y foros de defensa de sus intereses ("sindicalismo 2.0") a nivel europeo y mundial. En paralelo, un reciente informe de la OIT, de enero de 2019, advierte de que estas plataformas digitales pueden “recrear prácticas laborales del siglo XIX” y exigen que los paises aprueben una Garantía Laboral universal, con derechos mínimos (horarios, salarios y salud laboral) y una protección social universal.

La Unión Europea no tiene ninguna legislación comunitaria sobre estas plataformas digitales, pero en 2016 aprobó una serie de “recomendaciones” muy interesantes (aunque no se cumplen), en un informe sobre “la economía colaborativa”: definir un salario mínimo y un límite de horas máximas de trabajo diarias, asegurar una protección social mínima (desempleo) y seguros de salud para estos trabajadores digitales, considerar un seguro de responsabilidad por daños a terceros, regular el control y protección de los datos de los trabajadores y garantizar que no se les discrimine (por sexo, edad, raza o ideología) en la utilización de algoritmos y sistemas de evaluación de clientes.

Las propias plataformas digitales, ante las protestas de sus “no trabajadores” y las condenas de los Tribunales, también piden una regulación, desde sus patronales, como ADigital  o Sharing España (que integra 28 plataformas activas). Tratan de adelantarse y proponen “mayor flexibilidad laboral” para estos trabajos, intentando “orientar” la futura legislación para conseguir que se considera a sus trabajadores como autónomos y que se acepte toda la organización del trabajo que conlleva imposiciones y falta de derechos. Se están jugando un negocio que, sólo en Europa ha duplicado sus operaciones entre 2012 y 2015 y podría multiplicarlas por 20 para 2015, duplicando año tras año sus ingresos.

En España, el temor a lo que están haciendo estas plataformas digitales ha conseguido algo inaudito: que todos los partidos políticos  (PP, PSOE, Ciudadanos y PDeCAT) se unieran, en junio de 2018, para aprobar en el Congreso un texto conjunto que pide al Gobierno reformar la legislación laboral para adaptarla a la economía digital, de acuerdo con sindicatos, patronal y expertos. También piden mayores recursos para la inspección de Trabajo y actuar con ella “para lograr un mercado de trabajo más justo y atajar las conductas que atenten contra los derechos de los trabajadores y la Seguridad Social”.

Es un buen objetivo, aunque han pasado 7 meses y no hay medidas, salvo un apartado dentro del Plan de la Inspección de Trabajo 2019-2022, que se centra en perseguir los “falsos autónomos”, uno de los instrumentos de fraude laboral de la economía colaborativa. Pero hay que ir más allá y aprobar una Ley que incluya reformas en el Estatuto de los Trabajadores, para asegurar a todos los trabajadores digitales 3 derechos básicos (contrato, horario y salario) y una adecuada protección social. Y en paralelo, hay que obligar  a estas empresas a cumplir con la Ley y la normativa de riesgos laborales, en prevención de accidentes y enfermedades (como el estrés laboral, por las rutas y pedidos que les exigen o el tiempo medio de entrega, sin olvidar el mayor riesgo de crearles una “gran dependencia” de Internet). Además, hay que proteger a los proveedores de la economía low cost y hacerles pagar impuestos y cotizaciones como a los demás, para evitar la “competencia desleal”.

Los defensores de la “nueva economía” reiteran que “no se pueden poner puertas al campo” y que las viejas normas laborales no valen para las plataformas digitales. Está claro que la legislación laboral tiene que cambiar con los tiempos, pero hay algo intocable: el trabajo “decente”. La tecnología no puede defender la explotación laboral y la pérdida de derechos, porque esto es algo “antiguo”, del siglo XIX no del XXI. Sean “modernos” de verdad .Y no es defendible que alguien se haga millonario aprovechando el paro o el subempleo de los jóvenes. Hay que aprobar leyes claras, para que trabajar en la nueva economía no signifique  precariedad y explotación. Y los consumidores, debemos saber, cuando pedimos un libro, un artículo o un apartamento por Internet que quizás contribuimos a cerrar una librería, una tienda o un hotel. Y a que muchos jóvenes estén explotados. No es nuestra culpa, pero colaboramos. Al menos hasta que algún Gobierno, aquí y en Europa, legisle lo que debe.