El gran negocio de los conciertos

En mayo empiezan los conciertos musicales por media España, que se generalizan en verano, con más de 1.000 Festivales en pueblos y ciudades. Tras la pandemia, ha crecido la “fiebre” por ir a conciertos, siendo España uno de los paises europeos donde más recalan los grandes cantantes internacionales, aunque arrastran más seguidores los cantantes españoles. En 2025, 1 de cada 3 españoles acudió a un concierto, celebrándose 125.000, con más de 35 millones de espectadores. Un negocio que factura 807 millones anuales, gracias a que los jóvenes están dispuestos a pagar 100 euros y más por ir a un concierto, más gastos de viajes, estancia, comida y bebida. Los conciertos, controlados por multinacionales extranjeras y algunas españolas, mueven 5.812 millones anuales y son claves para muchos pueblos y autonomías, que los financian con ayudas públicas. Todo apunta a que la “fiebre” por los conciertos (y el negocio) seguirá creciendo, en medio de problemas de masificación, ruido, altos precios y falta de lugares adecuados.  Otra “burbuja” que podría explotar.

                      Sonorama Ribera (Aranda de Duero), uno de los 1.000 Festivales de verano en España

España es uno de los paises europeos con más conciertos y festivales de música en vivo. Tras la pandemia, cundió el furor por salir de casa y acudir a eventos múltiples, mayoritariamente al aire libre. Así, un 35% de los españoles adultos (10,5 millones de personas) acudieron a un concierto en 2024-2025, según la última Encuesta de hábitos y prácticas culturales del Ministerio de Cultura. Y esto se refleja en los datos de conciertos y espectadores que asistieron a un concierto de música en vivo en 2024: 120.510 conciertos y 33.954.503 espectadores, según el último Anuario de la Asociación de Promotores Musicales (APM), que refleja el gran salto dado desde la pandemia, ya que en 2019 se celebraron 91.106 conciertos (han crecido un +32%), con 28,2 millones de espectadores (han crecido un +20,2%).

Los conciertos recaudaron por entradas (“la gasolina” de este negocio) 807 millones de euros en 2025, según el sector (APM), una recaudación que casi se ha triplicado desde 2019 (383 millones) y que casi duplica la de 2022 (459 millones). Eso significa que el negocio de la música en vivo, sólo con los ingresos de las entradas (tienen otros muchos, desde las bebidas y comidas al merchandising y las ayudas institucionales) mueve más que otras formas de cultura como la música grabada (ingresó 674 millones en 2025) o el cine (705 millones ingresados por taquilla), acercándose a los libros (1.250 millones vendidos en 2025). Eso sí, el negocio de los conciertos está muy concentrado en Madrid (237 millones recaudados por entradas, casi el 30% del total) y Barcelona (136 millones, casi otro 17%), seguidas de lejos por Sevilla (27,47 millones), Valencia (26,88), Málaga (25,89) y Vizcaya (25,80), según los datos de la APM. Y por comunidades, destaca el salto en conciertos dado por la Comunidad Valenciana (recaudan 46,45 millones) y el País Vasco (44,5 millones).

Los conciertos de música en vivo no solo son un gran negocio para las empresas promotoras  (103 en 2025, frente a 53 en 2015), sino que tienen un gran impacto económico en las ciudades y pueblos donde se celebran, promoviendo el turismo en la zona: viajes, ocupación en hoteles, apartamentos y campings, consumo en bares y restaurantes y más gasto en general en las localidades afectadas. Este impacto económico de los conciertos se estima en 5.812 millones de euros en 2025, según un estudio de SFTL e INCENTIVA. Además, se calcula que la música en vivo genera alrededor de 80.000 empleos directos e indirectos.

La base de todo este negocio de los conciertos musicales está en las entradas, cuyo precio se ha disparado en los últimos años, por tres factores: la creciente demanda de los jóvenes (dispuestos a pagar cada vez más por ver a su cantante favorito), el aumento del “caché” que cobran las grandes figuras y el aumento creciente de costes que supone montar un concierto, sobre todo un “macroconcierto” (“concierto XXL”), que implica el trabajo de hasta 900 personas durante varios días, más un derroche de tecnología y logística.

Los conciertos de música en vivo son seguidos sobre todo por jóvenes (la mayoría tienen entre 25 y 34 años), aunque se promueven conciertos “para toda la familia” (como los de Sabina, Melendi o Manuel Carrasco), para atraer a varias generaciones de espectadores. Pero el motor de los conciertos siguen siendo los jóvenes de la generación Z, que han accedido a la música con las redes sociales y Spotify y que ahora no quieren perderse un concierto de sus artistas preferidos, aunque las entradas cuesten más de 100 euros. Porque los conciertos no son un evento más, sino que las promotoras los venden como “una experiencia”: no se trata sólo de ir al concierto, sino compartir con amigos y en redes el antes, el durante y el después, valorando no sólo la música (que ya conocen de sobra) sino el espectáculo, el montaje y lo que hay alrededor (otros fans, camisetas, sudaderas, llaveros, carteles…).

Todo esto ha creado una cierta ansiedad en una generación de jóvenes por “no quedarse fuera” del próximo concierto de Rosalía o de Bud Bunny, con una carrera contra reloj por las entradas. Y eso dispara los precios, concierto a concierto. De hecho, el precio de la entrada media fue de 84 euros en 2024, según los propios promotores (APM), aunque la realidad es que las entradas a los macroconciertos están ya por encima de 100 euros. Así, en los últimos conciertos de Rosalía, el precio medio de la entrada (con gastos incluidos) osciló entre 100 y 130 euros, parecidos al de Sabina (57-135 euros) y Ed Sheridan (60-130 euros). Y si se espera, desaparecen las entradas más baratas y hay que acudir a la reventa.

Los promotores denuncian que la reventa ilegal de entradas de conciertos tiene cada vez más peso, porque las empresas implicadas (plataformas como Viagogo, StubHub, Gigsberg o Ticombo) se anuncian en redes y son destacadas por Google al buscar entradas porque pagan por ello (de hecho, sin este papel de Google, los promotores creen que no habría reventas ilegales). Y estas webs no se pueden cerrar, porque tienen el servidor en Suiza y otros paises y cambian de plataforma cada cierto tiempo. El problema de la reventa ilegal es doble: disparan el precio de las entradas que venden (las inmovilizan antes de que salgan a la venta) y en ocasiones son fraudulentas, porque cuando el comprador llega al concierto, se encuentra con que la entrada es falsa y no puede entrar. Los promotores estiman que estas plataformas de reventa facturan ilegalmente 2.500 millones de euros al año en Europa.

Pero los espectadores de los conciertos no sólo se gastan en la entrada. Muchos viajan para asistir al concierto, lo que les supone otro gasto en billetes de avión o tren, coche y estancia. Y ya dentro del concierto, más gasto en bebidas y comida (carísimas), aunque sea obligatorio (desde enero de 2023) que los conciertos ofrezcan agua gratis (fuentes) y permitan la entrada de bocadillos y comida (tras una sentencia, en diciembre de 2025, del Juzgado nº 4 de Valencia, por una demanda de Facua, que prohibió a la promotora Madrid Salvaje impedir el acceso de comida y bebida a sus conciertos. Otra fuente de gasto (y de ingreso para las promotoras) son el merchandising, la venta de camisetas, sudaderas, llaveros, gorras y carteles relacionados con el concierto.

Y queda hablar de otra importante fuente de ingresos para las promotoras de los conciertos: las ayudas públicas de los Ayuntamientos, las Diputaciones y las autonomías donde se celebran los conciertos, dado que promueven el turismo y el gasto local. Un ejemplo es el FIB de Benicàssim (Castellón), un macrofestival que se celebra en julio. En 2023 se supo que el Ayuntamiento de esa localidad había gestionado 2 millones de ayudas europeas (Fondo Next Generation) para mejoras en el reciento municipal de Festivales, además de los 200.000 euros anuales que ha aportado el Ayuntamiento y otras ayudas de la Diputación de Castellón (también para otro Festival en el pueblo, el Rototom). El Sonorama Ribera, en Aranda de Duero, cuenta con una ayuda de la Junta de Castilla y León de 216.250 euros. Y en Madrid, el Ayuntamiento y la Comunidad financian varios festivales, como Mad Cool (julio). Eso sin hablar de los miles de actuaciones en vivo en las fiestas de verano en toda España, que suelen pagar los Ayuntamientos (contratando orquestas que cobran hasta 25.000 euros), que por desgracia gastan más en orquestas y toros que en promover viviendas…

Estas ayudas públicas, sobre todo de Ayuntamientos, han multiplicado los Festivales musicales con conciertos en directo en verano, pasando de 872 en 2023 a más de 1.000 en 2025 (ver listado). España es el tercer país europeo con más Festivales de verano, tras Alemania y Reino Unido. La región líder en estos Festivales es la Comunidad Valenciana, destacando 5 grandes festivales de conciertos: Arenal Sound (en Burriana, Castellón: 300.000 asistentes), Primavera Sound (en San Adrià de Besos, Barcelona: 297.000 asistentes), Viña Rock (en Villarrobledo, Albacete: 240.000 asistentes), Sonorama Ribera (en Aranda de Duero, Burgos: 200.000 asistentes) y Sónar Barcelona (Barcelona capital: 161.000 asistentes).

Con toda esta financiación, desde las entradas hasta las barras de bebida, los recuerdos y las ayudas públicas, el negocio de la música en vivo crece sin parar, empujado por grandes promotoras internacionales y nacionales, que organizan los grandes conciertos en España. En 2025, 7 de los 10 conciertos con más público fueron de cantantes españoles: Joaquín Sabina (383.633 asistentes en 41 conciertos en 18 ciudades), Manuel Carrasco (367.256 asistentes en 31 conciertos), Antonio Orozco (170.378 asistentes en 32 conciertos), Aitana (153.198 asistentes en 3 conciertos), Dellafuente (117.630 asistentes en 2 conciertos), Arde Bogotá (115.249 asistentes en 7 conciertos) y Lola Índigo (109.256 asistentes en 3 conciertos). Y están también en el Top 10 de público, 3 conciertos en España de cantantes extranjeros: Ed Sheeran (137.884 asistentes en 2 conciertos), Imagine Dragons (112.419 asistentes en 2 conciertos) y AC/DC (103.946 asistentes en 2 conciertos).

La mayoría de estos grandes conciertos los promueven gigantes multinacionales y las grandes promotoras que han aparecido en España, muchas veces cooperando juntos. El gigante de la promoción mundial de conciertos es la empresa californiana Live Nation (con filial en España), el mayor promotor de conciertos del mundo y propietario de Ticketmaster, que factura unos 7.500 millones de dólares anuales. Le siguen, de lejos, la norteamericana AEG Global, que factura 2.400 millones de dólares, y la alemana Eventim, líder europeo en conciertos, con 1.500 millones de dólares de facturación. En España, el ranking lo encabeza Riff Producciones (conciertos de Sabina y Carrasco), con 31,8 millones de dólares de facturación (puesto 51 en el ranking mundial de Pollstar) , seguida por Iglesias Entertainment, con 43,5 millones de dólares (puesto 63), Doctor Music (Bruce Spreenting) , con 42 millones de dólares facturados (puesto 68), GTS Live (Aitana y Lola Índigo), con 20,64 millones (puesto 75) y Proactiv Entertainment (puesto 78).

Cara al futuro, el sector confía en que el negocio de los conciertos en directo vaya a más en España, empujado por la gran demanda de los jóvenes y el interés de las grandes promotoras por organizar conciertos en España (buen clima, turismo y seguridad). Además, cada día hay más ciudades y pueblos que organizan Festivales y conciertos como una forma de atracción turística. Y, sobre todo, porque hay muchos jóvenes y no tan jóvenes que siguen apostando por la “fun economy” (“economía de la diversión”): el 78% de los consumidores no están dispuestos a reducir su gasto en ocio musical, según el informe “The Live Effect” de AEG Global. A lo claro: que los jóvenes son mileuristas y no llegan a fin de mes, pero no están dispuestos a perderse un concierto de su cantante favorito, le cueste lo que le cueste.

Ante este crecimiento imparable de la música en vivo, se plantean varios problemas a resolver. Una mayor regulación de las entradas, para evitar abusos y reducir la reventa ilegal, cerrando las plataformas que provocan abusos y timos. Y también un mayor control en los espacios del concierto, desde organizar la llegada (autobuses y aparcamientos) a evitar las enormes colas de acceso, vigilar los abusos en las barras de la bebida y comida, así como asegurar los servicios complementarios (WC) y la seguridad (sobre todo de las mujeres). Un problema sin resolver es encontrar espacios idóneos, lejos de las viviendas, para evitar ruidos y problemas al resto de vecinos, como ha pasado en el Bernabéu y en el Mad Cool 2025.

En paralelo, hay que promover conciertos “normales”, en salas medianas y pequeñas, apoyando la música en vivo al margen de los macroconciertos y los Festivales de verano, para dar entrada a pequeños grupos y artistas, con precios accesibles en las entradas. Precisamente, el Ministerio de Cultura aprobó en enero nuevas ayudas (por 1 millón de euros) para las salas que promuevan la música en directo. Y se necesita también fomentar la llegada de jóvenes a la promoción musical, que no debería quedar cerrada sólo a los grandes promotores internacionales y nacionales. Para mejorarlo, sería importante facilitar la seguridad jurídica a los que se dediquen a este negocio, que dependen de licencias y autorizaciones con reglas muy cambiantes y personalizadas en cargos públicos. Y sobre todo, habría que fiscalizar muy bien las ayudas públicas a los conciertos en directo, sobre todo a los Festivales veraniegos, para no agravar el turismo ya masificado en muchas zonas (hay vecinos y turistas habituales de Benicàssim que se van cuando llega el FIB o el  Rototom…).

En resumen, que los conciertos y Festivales de música se han convertido en una prioridad para muchos jóvenes y no tan jóvenes, que se gastan cada vez más en acudir y “vivir esa experiencia” , empujados por los amigos y las redes sociales. Pero debería haber un mayor control de este negocio, para evitar abusos, desde el precio de las entradas a las bebidas, y asegurar los accesos y la seguridad en estos eventos. Y, sobre todo, habría que frenar la fiebre de pueblos y ciudades por tener su Festival de música, a costa de ayudas públicas que aceleran la “turismofobia” y podrían destinarse a  otras necesidades. Cuidado con crear “una burbuja de conciertos” que un día nos estalle. A cambio, falta promover la música de pequeños grupos y locales, que sobreviven malamente.

EPA marzo 2026: "pincha" el empleo

El empleo ha “pinchado” en el primer trimestre, como es habitual tras las Navidades y por la Semana Santa en abril. Pero la pérdida (-170.300 empleos) ha sido la mayor desde 2013, quizás porque la economía empieza a sufrir la guerra en Oriente Medio, que sube la inflación y frena el consumo y la inversión. Hay 527.000 ocupados más que hace un año y 2,6 millones más que hace 6 años (al inicio pandemia), pero debemos estar atentos a la marcha de la economía esta primavera, para ver si el Gobierno debe tomar nuevas medidas, algo que también debería hacer Bruselas (como tras la pandemia y la guerra en Ucrania). De momento, la pérdida de empleo afecta a los servicios, a las mujeres y a algunos  inmigrantes, mientras crece en la industria, la construcción y el campo. Necesitamos un Plan para relanzar las contrataciones en los sectores y regiones más afectadas y reformar las oficinas de empleo (SEPE), porque funcionan mal. Atentos al empleo, lo más importante. 

                            Enrique Ortega

El primer trimestre del año suele ser malo para el empleo, por el fin de las Navidades y el menor consumo en la “cuesta de enero”. Además, este año la Semana Santa (29 marzo al 5 de abril) ha caído mayoritariamente en abril, lo que ha restado empleo entre enero y marzo. Por todo ello, en el primer trimestre se perdieron -170.300 empleos, casi el doble que en el primer trimestre de 2025 (-92.500) y más que en 2024 (-139.700), según la EPA publicada este martes. Con todo, a finales de marzo había en España 22.293.000 ocupados, un máximo histórico en este mes. Y trabajan en España 2.611.700 personas más que hace 6 años, al inicio de la pandemia (19.681.300 ocupados en marzo 2020).

El empleo ha caído entre los hombres (-80.100 ocupados), pero más entre las mujeres (-90.200 ocupadas). Y lo han perdido más los trabajadores españoles (-137.300 empleos) que los extranjeros (-59.000 ocupados), mientras ganaron empleo los que tienen doble nacionalidad (+26.100 ocupados). La pérdida de empleo se ha dado casi en exclusiva en el sector privado (-191.400  empleo), mientras crecía algo en el sector público (+21.100 empleos, por las oposiciones). Y se ha perdido más empleo entre los trabajadores maduros (-78.000 empleos entre 40 y 54 años) y los más jóvenes (-32.800 empleos perdieron los de 25 a 40 años).

El empleo lo han perdido los servicios (-228.400 ocupados), sobre todo por el comercio (-106.700) y el transporte (-51.700), por el fin de las Navidades y rebajas, así como la hostelería (-47.900 empleos), la información y comunicaciones (-51.900) y el servicio doméstico (-48.400 empleos, por la exigencia de altas y la subida del SMI). Sin embargo, subió el empleo en el primer trimestre en la educación (+45.000) y la sanidad (+34.500 ocupados), así como en la industria (+28.100), la construcción (+17.500) y el campo (+12.500), sectores claves que reflejan el crecimiento de la economía. Y por autonomías, han perdido más empleo Cataluña (-46.300), Baleares (-40.900) y Madrid  (-10.700 ocupados), ganándolo en el primer trimestre sólo Canarias (+17.000), Aragón (+8.700) y Murcia (+5.500).

La caída del empleo al inicio de 2026 ha provocado también un aumento del paro, que subió en +231.500 desempleados, un aumento récord desde 2013, debido a que han aumentado mucho los que buscan empleo, los “activos”: +61.200, el tercer mayor aumento en los últimos años, por el aumento de mujeres que buscan trabajo (+46.700, frente a +14.400 hombres) y, sobre todo, por el aumento de inmigrantes activos (+65.800, mientras bajan en 4.600 los “activos” españoles. Con ello, España alcanza un nuevo récord  histórico de “activos”, personas que trabajan o buscan trabajo: 25.001.600 en marzo. Esto supone que, aunque crezca el empleo en los próximos meses, el paro bajará menos, porque hay más gente buscando trabajo (sobre todo mujeres e inmigrantes).

Con este aumento del paro, son ya 2.708.600 las personas que están en paro, un 10,83% de las personas en edad de trabajar, según la EPA, con lo que se vuelve a superar el listón del 10% de tasa de paro (bajó al 9,93% en diciembre de 2024). Una cifra elevada de paro, aunque tenemos 604.400 parados menos de los que había en España hace 6 años, al inicio de la pandemia (3.313.000 parados en marzo de 2020, el 14,41% de la población activa). El paro subió más en este primer trimestre entre las mujeres (+137.000 paradas) que entre los hombres (+94.500), más entre los extranjeros (+124.800) que entre los españoles y con doble nacionalidad (+106.700 parados) y más entre los trabajadores maduros (+155.000 entre 25 y 54 años) que entre los más jóvenes (+32.600 parados entre 16 y 24 años). Por sectores, crece sobre todo en los servicios (+162.100, la mitad por el turismo y la hostelería), en la industria (+13.000) y la agricultura (.9.500 parados), mientras cayó sólo en la construcción (-11.700 parados). El paro aumentó sobre todo en Cataluña (+84.400), Comunidad Valenciana (+41.200), Baleares (+39.800) y Madrid (+35.400), bajando sólo en Canarias (-14.400 parados), Extremadura (-1.800), Murcia (-1.200), Andalucía (-1.100) y Melilla (-900).

Mientras sube el paro, hay algunos datos de fondo importantes. Por un lado, todavía hay 850.700 hogares donde todos sus miembros están en paro: +78.500 que a finales de 2024,  aunque son 32.200 menos que hace un año. Por otro, sube el porcentaje de parados que cobran el desempleo: cobraban alguna ayuda en febrero 1.842.216 parados, 76,13% de los parados registrados en las oficinas de empleo, frente al 66,77% hace un año, según los datos de Trabajo. Pero la mayoría (923.462) cobran un subsidio asistencial (480 euros al mes), mientras sólo 918.754 parados registrados cobran el subsidio contributivo (1.035,70 euros mensuales). Y ha subido el número de parados que llevan más de 1 año sin trabajo (949.200 parados), aunque baja al 35% (eran el 38,19% hace un año) el porcentaje de “parados de larga duración”, que tienen mucho más difícil recolocarse.

Pero lo más preocupante es que la tasa de paro ha subido en el primer trimestre, del 9,93% en que estaba a finales de 2024 al 10,83% ahora, aunque es mucho más baja de la que teníamos hace 6 años (14,4% en marzo de 2020). Una tasa muy alejada de Europa, donde es casi la mitad (5,9% en la UE-27 y 6,2% en la zona euro), siendo aún menos en Alemania (4%), según Eurostat. Y ha subido este trimestre la  tasa de paro juvenil (menores 25 años), que en España es el 24,5%, frente al 15,3% en Europa y el 7,4% en Alemania. Además, persiste el problema de que hay 2 Españas en el paro. Una, 10 regiones con alta tasa de paro: Ceuta (26,1%), Melilla (21,4%), Andalucía (14,66%), Baleares (13,79%), Extremadura (13,25%), Castilla la Mancha (12,97%), Comunidad Valenciana (11,75%), Canarias (11,40%), Murcia (10,84%) y Cataluña (10,12%). Y otra, las 9 regiones que tienen una tasa de paro casi “europea”: Cantabria (7,86%), Madrid (7,91%), País Vasco (8,23%), Aragón (8,37%), Galicia (8,96%), Asturias (9,02%), Castilla y León (9,04%), Navarra (7,49%), La Rioja (9,62%, según la reciente EPA de marzo.

Con todo, lo más positivo sigue siendo la mejor calidad del empleo que se crea en España, tras la reforma laboral de 2022. Este primer trimestre, el 43,26% de los contratos firmados fueron indefinidos, casi como hace un año (43,07%) y algo menos que hace dos años (44,5% el primer trimestre de 2024), pero un porcentaje muy superior a los de 2023 (38,7%), 2021 (10,9%) y la media de 2014 a 2020 (sólo entre el 6 y el 8% de los contratos eran indefinidos). Con ello, ya hay 16,24 millones de asalariados con contrato indefinido, el 85,23% del total, frente al 74,61% de trabajadores fijos a finales de 2021. Los que apenas bajan son los contratos a tiempo parcial (-40.000 en el último año), que superan los 3 millones de asalariados (3.035.900 en marzo), sobre todo por las mujeres (2.175.600, el 71,6% de estos contratos de jornada reducida), que trabajan a tiempo parcial porque no encuentran trabajos a jornada completa o para cuidar a hijos y mayores.

Ahora, en 2026, el Gobierno y los expertos creen que España seguirá creando empleo, más que el resto de Europa pero menos que en 2023 (+783.000 empleos), 2024 (+468.000) y 2025 (+605.400 empleos) , porque creceremos algo menos (+2,2 % en 2026, frente al +2,8% que crecimos en 2025 y el +3,2% en 2024). La previsión enviada por el Gobierno a Bruselas, en octubre de 2024, apostaba por crear casi 500.000 nuevos empleos este año 2026 (+494.878),  con el objetivo de que España roce los 23 millones de ocupados (22.989.350 en 2026) y baje su tasa de paro del 10% en 2026 (ahora volvió al 10,83%).

Pero todos estos cálculos se hicieron antes de que EEUU e Israel atacaran Irán, el 28 de febrero pasado, desencadenando una guerra que ha disparado los precios de la energía y los carburantes, aumentando la inflación en marzo en toda en Europa (+0,7%, hasta un 2,8% anual) y más en España: +1,2% en marzo, según el INE, la mayor subida en un mes desde junio de 2022, lo que coloca la inflación media en el 3,4%,a pesar de las ayudas del Gobierno (5.000 millones), que han conseguido moderar de momento la subida de los carburantes y la luz.

El vicepresidente económico señaló este martes que el conflicto de Oriente Medio subirá la inflación en España este año, del 2,1% previsto al 3,1% anual, aunque el Gobierno mantiene de momento su previsión de crecimiento para este año en el +2,2% . Pero si el conflicto se alarga, su coste (500 millones diarios para Europa) disparará la inflación y recortará el consumo y la inversión, frenando el crecimiento más de lo previsto (en privado, el Gobierno cree que recortará el PIB un -0,4% este año) y creando menos empleo del esperado. De hecho, el FMI ha recortado en abril el crecimiento previsto para España: lo rebajan al +2,1%, dos décimas menos de lo que estimaban en enero.

El Gobierno debe estar muy atento a los efectos de la guerra de Oriente Medio en las empresas y el empleo, utilizando la doble vía de las ayudas estatales (directas o indirectas)  y los ERTES (posibilidad de enviar temporalmente una parte de la plantilla al paro, como se hizo tras la pandemia y la guerra de Ucrania). Y el presidente Sánchez debe seguir presionando a Bruselas para que la Comisión apruebe un paquete de ayudas frente a las consecuencias de esta guerra, algo que rechazaron en la reciente Cumbre de Chipre, aunque fue muy útil para que los paises europeos afrontaran la crisis de la pandemia y de Ucrania. Europa apenas crece y esta crisis puede estancarla aún más (la zona euro sólo crecerá un 1,1% este año y Alemania el 0,8%, según el FMI), por lo que urge tomar nuevas medidas extraordinarias, para reanimar el crecimiento y el empleo. Y lo mismo debe hacer el Gobierno en España.

Ahora habrá que ver si este “pinchazo” del empleo en el primer trimestre es el habitual en estas fechas (aunque ha duplicado la caída habitual de empleo) o si es el primer signo de que la guerra de Oriente Medio y la incertidumbre internacional se empiezan a notar en nuestra economía, frenando el crecimiento y empleo futuros. Para evitarlo, es clave que los Gobiernos de Europa y España reduzcan la incertidumbre, con ayudas y medidas eficaces, además de seguir presionando para acabar esta guerra ilegal e irracional. Porque la incertidumbre puede afectar a los hogares, reduciendo su consumo (más si sube la inflación), uno de los motores del crecimiento de la economía. Otro es la inversión empresarial, que se está recuperando gracias a los Fondos europeos (ojo: terminan en agosto), pero que podría frenarse si las empresas e inversores no ven claro el futuro. Y el tercer motor del crecimiento, las exportaciones, también podrían “pinchar” este año, por los aranceles y los problemas  en el comercio mundial.

En resumen, los datos de empleo y paro son malos, pero habrá que esperar a ver si mejoran con la primavera y el verano, como es habitual todos los años, o si la guerra puede poner en peligro nuestro mayor crecimiento y empleo. Eso requiere que el Gobierno español siga muy atento la coyuntura, por si hay que tomar medidas específicas para reanimar la economía y el empleo, medidas que debería volver a tomar Europa. En paralelo, habría que estudiar un Plan para relanzar las contrataciones en los sectores y autonomías donde más cae el empleo y no olvidarse de reformar las oficinas de empleo (SEPE), porque siguen funcionando mal. Ojo al empleo, que debe ser la gran prioridad nacional.

Ayudas públicas frente a la guerra de Trump

Este sábado se cumplirá el primer mes de la guerra de EEUU e Israel contra Irán, que ha disparado los precios de la energía y que pagamos los consumidores, en los carburantes, la luz, los fertilizantes, transportes, materias primas y alimentos. Sin embargo, esta guerra en Oriente Medio pilla a España mejor que la de Ucrania, con menos inflación, más peso de las energías renovables y más recaudación fiscal. De momento, aumentará nuestros precios un +0,7% y rebajará el crecimiento un -0,4%, aunque dependerá de lo que se agraven los ataques y de su duración. Mientras Europa no ha aprobado todavía ayudas, el Gobierno aprobó el viernes una rebaja de impuestos a los carburantes (20-29 céntimos/litro) y la luz, más ayudas directas a transportistas, agricultores, pescadores e industrias, valoradas en 5.000 millones de euros. Pero si Trump y Netanyahu escalan sus ataques (por tierra), la energía se disparará más y harán falta nuevas ayudas, esta vez a los alimentos. Y pueden arrastrarnos a otra grave crisis.

        Los carburantes, entre 20 y 29 céntimos más baratos, por las ayudas públicas

El primer efecto económico de los ataques de EEUU e Israel a Irán, el 28 de febrero, fue la subida inmediata de la energía, en especial el petróleo y el gas natural, cuya cotización ha ido subiendo en paralelo a los ataques y contraataques, más tras el cierre del Estrecho de Ormuz,  los bombardeos de Israel a refinerías de Irán y los de Irán a plantas de gas en Qatar. Así, el precio del Brent, el barril de referencia en Europa, se ha disparado de 72,48 dólares por barril que costaba el 27 de febrero a los 109,33 dólares el viernes 20 de marzo (+50,84%). Y el gas natural, clave para la producción de electricidad y para muchas industrias, ha subido mucho más: de 31,95 dólares (mercado holandés TTF) a 61,85 euros (+93,58%).

La primera consecuencia de la guerra y de la subida del petróleo y del gas ha sido la subida de los carburantes, ya al día siguiente de los primeros ataques, a pesar de que el petróleo que acaba en las gasolineras ha sido comprado entre 2 y 4 meses antes, según un estudio de COAG, que pide intervenir a la Comisión de la Competencia (CNMC) contra las petroleras, por haber subido los precios antes que les suban el petróleo y los carburantes que compran. En cualquier caso, la gasolina ha pasado de costar 1,44 euros/litro el 27 de febrero a 1,805 el viernes 20 de marzo (+25,34%). Y el gasóleo ha subido de 1,39 euros/litro a 1,936 euros/litro (+39,28%), superando a la gasolina. Esto pasa porque las refinerías europeas sufren un déficit crónico de gasóleo y lo tienen que importar, sobre todo de China, que ha cerrado su exportación para asegurar su abastecimiento, lo que dispara más el precio.

Otro efecto de la guerra en Oriente Medio ha sido la subida de la luz, por el encarecimiento del gas, aunque se ha podido contrarrestar por la gran aportación de las energías renovables (viento, agua y sol). El precio de la luz en el mercado mayorista saltó de 14,5 euros/megavatio el 28 de febrero a un máximo de 136,86 euros el 10 de marzo, para bajar después a 28,88 euros/MWh el 18 de marzo, un mínimo de 6,45 euros el 15 de marzo (con 9 horas “gratis”) y 41,47 euros/MWh este sábado 21, más cara que la media de febrero (16,41 euros/MWh) pero la mitad que en enero (71,17 euros/MWh). Por ello, se espera una subida de la factura de la luz este mes, pero ligera (en febrero, el recibo medio fue de 63,19 euros). Lo importante es que el alto porcentaje de electricidad renovable (63,2% en febrero) sigue permitiendo que España tenga la luz más barata de Europa: el sábado 14 de marzo, por ejemplo, el precio mayorista era 14,39 €/MWh en España y 100 €/MWh en Francia, Italia y Alemania…

Otra subida que ha provocado esta guerra ha sido la de los fertilizantes, claves para los agricultores y la producción de alimentos: una parte proceden de los paises del Golfo, que ya no pueden exportar por el cierre del estrecho de Ormuz, lo que ha encarecido su precio internacional un +30% (al subir también el gas natural con el que se fabrican), aunque la mayor parte de los fertilizantes que consume España vienen del norte de África (Marruecos, Argelia, Egipto) y de Rusia. Y el aumento del gasóleo también aumenta los costes de los agricultores y de los pescadores, que tendrán que repercutirlo a los consumidores.

Además, la subida del petróleo y los carburantes, más el aumento del riesgo y los seguros, han duplicado ya el precio del transporte marítimo (subida de 4.000 dólares por contenedor), por el que llegan el 80% de las mercancías importadas. Y ha subido también el coste del transporte por carretera (los transportistas pagan ahora +40% por el gasóleo) y el coste del transporte aéreo (el precio del jet fuel ha subido entre el 25 al 30%), por lo que ya han subido los billetes de avión (un +9%), aunque la mayor parte de las compañías aéreas tienen asegurado un precio fijo (más barato) para el 60 al 80% de sus contratos de carburante…

Y también han visto aumentar sus costes muchas industrias, sobre todo las que consumen más gas y electricidad, como la industria química, la metalúrgica, la cerámica y las cementeras. Y otras están más expuestas ahora al corte de la cadena de suministros internacionales, como las farmacéuticas, el automóvil y las empresas logísticas, que se arriesgan a cortes en sus procesos de producción, por falta de principios activos o suministros. Y lo más preocupante es la alimentación, porque los mayores costes energéticos y del transporte más los problemas de agricultores y pescadores se acabarán trasladando a los alimentos y a los precios de los supermercados, sobre todo si la guerra dura meses. El mayor riesgo es que suban ya el pan, los cereales, la pasta, el aceite de girasol, las carnes y los pescados. Y además, ya ha subido el Euribor (del 2,222 al 2,658), lo que afectará negativamente a los hipotecados, mientras el BCE podría verse obligado a subir los tipos.

Así que el coste de la guerra de Trump y Netanyahu ya lo estamos pagando y lo pagaremos más si escala el conflicto o si dura mucho. Aunque, de momento, sus consecuencias económicas son menores que la invasión de Ucrania (febrero 2022), por varios motivos. Uno, que entonces el petróleo llegó a costar 180 dólares (ahora 108) y el gas escaló a los 200 euros (62 ahora, cuando además el gas sólo genera el 15% de la electricidad en España, frente al 40% en Alemania y el 90% en Italia). Segundo, que entonces partíamos de una inflación anual previa mucho más alta (5,9% en la zona euro y 7,6% en España) que ahora (1,9% en la zona euro y 2,3% en España).Tercero, que los tipos estaban al 0%, lo que animaba al consumo y a hipotecarse y ahora están al 2%, lo que frena más las subidas. Y cuarto, que España está más preparada para afrontar otra crisis, tanto porque tiene menos déficit público (2,5% del PIB en 2025 frente al 6,9% en 2021) y puede gastar más en ayudas como porque tenemos una menor dependencia del petróleo y el gas, gracias a las renovables (han generado un 55,5% de la electricidad en 2025, frente al 46,7% en 2021).

Con todo, la guerra es muy preocupante, no sólo por las muertes y los desplazados que ha provocado (4 millones de iraníes, libaneses e iraquíes pueden acabar en Europa, como pasó con los iraquíes en 2015), sino porque puede escalar, máxime si Netanyahu persiste en atacar por tierra y Trump consigue los 200.000 millones de dólares que ha pedido “para matar a los malos”. Los mercados presionan a Trump para acabar con esta guerra (que ha provocado la caída de las Bolsas y amenaza con otra recesión), lo mismo que muchos norteamericanos, que empiezan a sufrir la inflación (el galón de diesel, 3,85 litros, ha superado los 5 dólares, el mayor precio desde diciembre de 2022), pero Trump es imprevisible y está muy presionado por el lobby judío en EEUU, que ve una oportunidad histórica en apoyar al ultra Netanyahu para borrar a Irán del mapa y consolidarse como potencia regional.

Mientras, Europa ha tardado 3 semanas en posicionarse ante el conflicto en Oriente Medio (“no es nuestra guerra”, dijo el Consejo Europeo el jueves), defendiendo finalmente el derecho internacional y llamando a la desescalada, a la apertura del estrecho de Ormuz y a la negociación, aunque no se han atrevido a criticar explícitamente a EEUU y a Israel, pero sí al régimen de Irán. Y lo peor es que no han aprobado medidas económicas concretas, a diferencia de lo que hicieron tras la pandemia y la invasión de Ucrania: prometen presentar “ayudas temporales, adaptadas y específicas” y mientras proponen a los paises que bajen impuestos a la electricidad y que ayuden a las empresas y sectores más vulnerables, sin hablar ahora de aportar Fondos europeos.

En España, el Gobierno Sánchez aprobó el viernes un paquete de ayudas que incluyen rebajas fiscales a los carburantes y la electricidad, más ayudas específicas al transporte, la agricultura y la pesca, también a las industrias más consumidoras de electricidad y gas. Son 80 medidas, con un coste total de 5.000 millones de euros (“el coste de esta guerra para España”, por ahora). Se baja al 10% el IVA de los carburantes (supondrá una rebaja de 20 a 23 céntimos por litro en el gasóleo y de 26 a 29 céntimos/litro en la gasolina, un ahorro de 12 a 16 euros al llenar un depósito de 55 litros), se concede una ayuda de 20 céntimos por litro de gasóleo a los transportistas, agricultores y pescadores, unas ayudas equivalentes a los fertilizantes, se bajan los dos impuestos a la electricidad (el IVA del 21 al 10%, también al gas, los pellets y la leña), se bonifican un 80% los peajes a las industrias electrointensivas (ahorrarán 200 millones de euros), se congela el precio del butano y propano, se extiende hasta fin de año el bono social eléctrico (descuentos) y se refuerza el bono social térmico. Además, y para asegurar que estas rebajas de impuestos lleguen a los consumidores, se dan más prerrogativas a la Comisión de la Competencia (CNMC), para que vigile los procesos y evite abusos en los márgenes de petroleras, eléctricas y otras empresas.

Ahora, el Gobierno Sánchez intentará aprobar este paquete de ayudas ("el mayor de Europa", según la vicepresidenta Aagesen) en el Congreso, este jueves, lo que no será fácil. Y en paralelo, tendrá que vigilar que las rebajas fiscales lleguen a los ciudadanos, que lo noten en bajadas de carburantes, luz y fertilizantes, que no sirvan para mejorar el margen de las petroleras, eléctricas y empresas. Y mientras tanto habrá que vigilar la evolución de los alimentos, donde ya hay algunos productos que están subiendo en los supermercados, aunque la mayoría esperan para hacerlo (gracias a que llevan dos años aumentando aumentado márgenes y beneficios: recordemos que Mercadona tuvo en 2025 con un beneficio neto de 1.729 millones de euros, un 25% más que en 2024).

Pero la clave es lo que escale y dure la guerra en Oriente Medio. Porque si continúa otro mes más, hasta finales de abril, el petróleo podría dispararse hasta los 180 dólares por barril, según Arabia Saudí. Y eso arrastraría al gas y a la electricidad, a los carburantes, al transporte marítimo y terrestre, a los costes de la industria, los agricultores y la pesca, y, al final a los alimentos, con lo que el Gobierno tendría que tomar nuevas medidas, como la rebaja del IVA a los alimentos (una medida regresiva, porque beneficia más a los que más tienen y gastan). Y en este escenario, una guerra más duradera, sería imprescindible que Bruselas y los 27 aprobaran nuevas ayudas, como el tope al gas y otras medidas extraordinarias.

En definitiva, estamos ante una guerra peligrosa y preocupante, que puede tener un alto coste para los paises y sus ciudadanos, desde Europa a EEUU, más para los ciudadanos iraníes y libaneses. Y lo peor es que una guerra se sabe cuando empieza pero no cuando acaba ni cómo. Y estamos en manos de dos políticos ultras e imprevisibles (Trump y Netanyahu), que pueden decidir cualquier cosa, a costa del resto del mundo. “Piensen en lo impensable y prepárense para ello”, aconsejó hace días al mundo la presidenta del FMI, Kristalina Georgieva. Pedro Sánchez dijo el viernes que España tiene ahora “el mayor escudo social y económico de los países europeos” y que estará vigente el tiempo que sea necesario y si hace falta “lo ampliará". Urge ahora que Europa tenga una respuesta similar, con un paquete de medidas para ayudar a los 27.

Al final, nos ha caído encima otra crisis, tras la pandemia (2020), la guerra de Ucrania (2022), los problemas climáticos (inundaciones e incendios), el chantaje arancelario de Trump (2025) o la actual guerra en Oriente Medio. Pedro Sánchez insiste en que tras todas estas crisis, España ha salido más fuerte, siendo el país europeo que más crece en los últimos tres años. Y recuerda el dato: en 2025, el 41% de todo el empleo creado en Europa ha sido creado en España… Es verdad. Pero la clave es que Europa reaccione junta y que tomemos medidas al margen de la política partidista. Porque una guerra como esta exige unidad de acción y de respuesta, no usarla para atacar al Gobierno y hacerle caer, como se ha intentado en las crisis anteriores. La política está para resolver los problemas y más cuando son graves como esta guerra. Veremos qué pasa. 

La pobreza se estanca

España crece, crea empleo y baja la inflación, pero casi la mitad de los españoles tienen problemas para llegar a fin de mes y 1 de cada 4 personas está en riesgo de pobreza, según la última estadística del INE. Son una décima menos que en 2024, pero como somos más habitantes, hay más españoles en riesgo de pobreza. Y tenemos más “pobres”, personas que ganan menos del 60% de la media: son 9.666.291 personas. Así que, pese a nuestro mayor crecimiento, España es el 5º país con más pobreza de Europa. Y aunque han aumentado las ayudas públicas, están mal diseñadas y tenemos 4 millones de personas muy vulnerables, con carencias materiales severas. Y la pobreza infantil ronda los 2 millones de menores. Urge tomar medidas, mejorando los sueldos más bajos, reduciendo el subempleo, promoviendo alquileres asequibles y aprobando ayudas para familias con niños, el epicentro de la pobreza. Precisamente, el Gobierno aprobó este martes una ayuda de 200 euros al mes por hijos menores de 18 años, pero sin concretar cuándo ni cómo se podrá pagar. Hay que repartir mejor el crecimiento, porque demasiadas personas no lo notan.

                               Enrique Ortega

Europa es un continente con un alto nivel de vida pero también tiene muchas personas en situación vulnerable: en 2024, 93,3 millones de personas en la UE estaban en riesgo de pobreza o exclusión social, el 21,0% de la población (tasa AROPE), según Eurostat. Un dato que incluye los europeos que sufren una de estos tres situaciones: pobreza monetaria (ingresar menos del 60% de la renta media de cada país UE), carencia material severa (problemas para comer adecuadamente, afrontar gastos o mantener la vivienda a una temperatura adecuada) o bajo nivel de empleo (trabajar menos del 20% potencial). De 2025 no hay todavía datos europeos, pero sí de España: el porcentaje de españoles en riesgo de pobreza o exclusión social fue del 25,7%, según el INE, bajando sólo una décima respecto a 2024 (25,8%, cuando éramos el 4º país UE con más riesgo de pobreza, tras Bulgaria, Rumanía y Grecia). Pero como ha crecido la población española en 2025 (+ 442.428 habitantes), ahora hay más españoles en riesgo de pobreza (12.739.676 personas) que en 2024 (12.675.100).

Veamos los tres indicadores que componen la tasa europea AROPE. El primero y más importante es la tasa de pobreza monetaria, los que ingresan menos del 60% de la media del país (en 2025, menos de 12.220 euros los solteros y menos de 25.663 euros las familias con dos adultos y dos niños): eran el 19,5% de la población española, dos décimas menos que en 2024 (19,7%). Pero como la población ha aumentado en 2025, el número de habitantes pobres es casi igual  (9.666.291 personas, 11.983 menos que en 2024). El mayor porcentaje de “pobres” se da en familias con niños, con un 28,5% de menores de 16 años viviendo en familias pobres, casi 2 millones de niños, lo que nos coloca como el 2º país europeo con más pobreza infantil (tras Rumanía). Además, la pobreza monetaria (19,5% de la población) es mayor en Melilla (39,3%), Ceuta (37%), Andalucía (27,7%), Murcia (26,7%), Extremadura (26,2%) y Comunidad Valenciana (26%), según el INE.

El segundo indicador de exclusión social es la carencia material severa, las personas que carecen de 4 de estos 9 conceptos: no pueden irse de vacaciones al menos 1 semana (el 32,2% de los españoles, 16 millones de personas), no pueden comer carne, pescado o pollo al menos cada dos días (5,4% de la población, 2,7 millones de personas), no pueden calentar su casa (el 15,9%), no pueden afrontar gastos imprevistos (el 36,4%de la población, 18 millones de personas), han tenido retraso en el pago de sus gastos de vivienda o compras a plazo (13,3%), no pueden tener un coche (5,4%), ni teléfono ni televisor ni lavadora. En conjunto, sufrían esta carencia material severa el 8,1% de los españoles en 2025, prácticamente 4 millones de personas (62.420 menos que en 2024, cuando eran el 8,3%).

El tercer indicador de exclusión social es tener un nivel de empleo mínimo, trabajar en 2025 menos del 20% del tiempo potencial: les pasó al 8% de los españoles, unos 4 millones de personas, el mismo porcentaje que en 2024, a pesar de la mejoría del empleo. La mayoría de los excluidos cumplen 1 de estas 3 condiciones (sobre todo la pobreza monetaria, por sus bajos ingresos), pero hay un 1,4% de españoles (700.000 personas) que cumplen las tres condiciones: bajos ingresos, varias carencias materiales severas y un mínimo nivel de empleo. Son los más vulnerables de los vulnerables.

Otro dato que revela la Encuesta del INE es el nivel de desigualdad de España, medido con dos indicadores. El primero, el índice S80/20 indica la relación de ingresos entre el 20% de la población que más gana y el 20% que menos gana: era de 5,2 veces en 2025, menos desigualdad que en 2024 (5,4 veces) y que en 2019 (5,9 veces). El segundo, el índice de Gini, que cuanto más bajo es refleja menos desigualdad: ha bajado de 33 en 2019 a 31,2 en 2024 y 30,8 en 2025, el índice de desigualdad más bajo desde 1989. Pero todavía tenemos mucha más desigualdad que la media UE-27 (índice 4,66 veces en 2024) y que Alemania (4,49) o Francia (4,66), aunque menos que Italia (ganan 5,53 veces más los más ricos), según Eurostat.

Fuera de estos indicadores de pobreza y desigualdad, el INE ha publicado otro dato importante, en su Encuesta de Condiciones de Vida 2025: los españoles que tienen problemas para llegar a fin de mes. Y la estadística mejora, pero poco. El 8,5% de la población (4,2 millones de personas) tiene “mucha” dificultad para llegar a fin de mes, menos que en 2024 (9,1%) aunque más que antes de la pandemia, en 2019 (7,4% tenían entonces “mucha” dificultad para llegar a fin de mes). Otro 12,1% llegan a fin de mes “con dificultad” (12,7% en 2024 y 14,2% en 2019). Y un 25,3% llega “con cierta dificultad” (25,6% en 2024 y el mismo 25,3% en 2019). Así que, sumando los tres grupos, casi la mitad de los españoles (el 45,9%) tiene algún problema para llegar a fin de mes, algo menos que en 2024 (47,4%) y que en 2019 (46,9%), aunque entonces había menos población. Los que tienen más problema para llegar a fin de mes (con “mucha” dificultad) son los hogares con un adulto y uno o más niños (el 19,6%) y los hogares de Castilla la Mancha (12,7% llegan a fin de mes con “mucha” dificultad), Murcia (12,1%), Canarias (11,5%), Andalucía (11,3%) y Ceuta (10,5%).

A la vista de estos datos, queda claro que España tiene un problema de pobreza, desigualdad y para llegar a fin de mes, aunque la economía y el empleo crezcan más que nunca. Y a pesar de que en los últimos años se hayan disparado las ayudas públicas a los más vulnerables, primero con la pandemia y luego con la hiperinflación que siguió a la invasión de Ucrania: ERES para paliar la pérdida temporal de empleo, ayudas a los carburantes y al recibo de la luz, control de la subida de alquileres, freno temporal al IVA de los alimentos, ayudas al alquiler y bonos sociales (eléctrico y térmico), así como mejora de la asistencia social y freno a los desahucios de las familias más vulnerables. 

Y sobre todo el Ingreso Mínimo Vital (IMV), que puso en marcha el Gobierno Sánchez en junio de 2020. Inicialmente avanzó muy lentamente, por un exceso de requisitos y burocracia, pero en diciembre de 2025 llegaba ya a 799.553 hogares (+125.824 que en 2024), donde viven 2.441.647 beneficiarios, que reciben una ayuda mensual de 483 euros (mayor si hay menores), que subirá +11,4% este año. Pero la introducción de este IMV ha provocado que 13 autonomías hayan reducido sus ayudas, las rentas mínimas, según un estudio de los Directores y Gerentes de Servicios Sociales: en 2024 las recibían 532.070 beneficiarios, 263.791 menos que en 2020, debido a que 13 autonomías gastan ahora 398 millones menos en esas ayudas, sobre todo Madrid (-95%), Aragón (-92,6%), Castilla la Mancha (-88,2%), Castilla y León (-80,7%) y Andalucía (-79,8%).

A pesar de las mayores ayudas estatales y los recortes de muchas autonomías, el gasto social en España es inferior al de la mayoría de Europa. Las ayudas públicas a las familias (claves para luchar contra la pobreza) suponen el 1,6% del PIB en España (2021), frente al 2,5% de media en la UE-27, el 3,7% en Alemania o el 2,5% en Francia. Pero además de gastarse poco, en España se gastan mal estas ayudas públicas, según nos han reiterado la OCDE y la Comisión Europea: benefician más a las familias de rentas medias y altas que a las familias con rentas bajas, porque el grueso de las  ayudas son desgravaciones fiscales en el IRPF, que benefician a 8 millones de contribuyentes, la mayoría con rentas medias y altas, porque las rentas bajas y los más pobres no declaran (los ingresos de menos de 22.000 euros al año, todos los que están en pobreza severa y la mayoría de los considerados “pobres”).

La propia Comisión Europea alertó, en su informe de diciembre de 2024, sobre el hecho de que las ayudas contra la pobreza en España “tienen menos impacto que en otros paises”, por “los problemas de adecuación y cobertura del sistema de protección social, las disparidades regionales de acceso a los servicios públicos y la persistente pobreza en el trabajo”. Sobre este último punto, recordar que en 2025 eran “pobres” el 11, 6% de los asalariados, 2,6 millones de trabajadores, según la Encuesta de Condiciones de Vida del INE.  Y que España es el tercer país europeo con más porcentaje de “trabajadores pobres” (11,2% en 2024), sólo por detrás de Luxemburgo (13,4%) y Bulgaria (11,8%), peor que Portugal (9,2%) o Grecia (10,7%) y por encima de la UE-27 (8,2% de trabajadores “pobres”), Italia (10,2%), Francia (8,3%) o Alemania (6,5%), según Eurostat.

Por todo ello, expertos y ONGs piden modificar el esquema de protección social a las familias más vulnerables, reformar la política contra la pobreza en España. Por un lado, es urgente coordinar las ayudas públicas, creando “una ventanilla única” donde se soliciten y se gestionen, con menos burocracia, más colaboración entre administraciones (incluyendo los Ayuntamientos, claves en las ayudas contra la pobreza) y dando más entrada a las ONGs, quienes tienen más experiencia y conocimiento del problema. Y por otro, hay que destinar más recursos públicos a la lucha contra la pobreza, gastando el doble (como hace la UE) en ayudas a la familia. Además, urge aprobar una ayuda universal por hijos, clave para reducir la pobreza infantil, como reitera Save the Children.

De hecho, en 17 paises europeos existe una ayuda universal por hijo, que la OCDE ha propuesto a España (y que sólo aplica el País Vasco, desde marzo der 2023, cuando entró en vigor una ayuda universal por hijo de 200 euros que cobrarán las familias durante 3 años). Con esta ayuda, “se matarían dos pájaros de un tiro”: se reduciría la pobreza infantil y la pobreza de las familias (más concentrada en las que tienen hijos) y se fomentaría la baja natalidad, un grave problema estructural de España, que pone en peligro el futuro de las pensiones y del Estado del Bienestar. El Gobierno Sánchez aprobó este martes una ayuda universal por hijo hasta los 18 años, de 200 euros mensuales, dentro de una Estrategia de Desarrollo Sostenible para reducir un 10% en 2030 la tasa de pobreza AROPE (ahora es del 25,7%). Problema: se trata de un objetivo más que de una medida concreta, porque se necesita incluirla en unos Presupuestos para 2026 (casi imposibles de aprobar por ahora) y estudiar con Hacienda cómo se financia (la parte de Sumar del Gobierno propone crear un nuevo impuesto sobre grandes fortunas para costear esta ayuda). Así que de momento, es más un anuncio ("preelectoral") que una ayuda concreta contra la pobreza infantil.  

Para que haya menos pobres y más gente “note” el crecimiento y el empleo, hay que actuar también sobre los salarios, porque son muy bajos y desiguales, lo que provoca que casi la mitad de españoles tengan problemas para llegar a fin de mes. En España, el 30% de los asalariados (5,6 millones de trabajadores) ganan menos de 1.582 euros brutos (1.345 euros netos). Y otro 40% de asalariados (7,5 millones de trabajadores) ganan entre 1.582 y 2.659 euros brutos (entre 1.345 y 1.995 euros netos). Además, la inflación de los últimos años ha subido más que los sueldos, con lo que los asalariados han perdido poder adquisitivo: la subida salarial de los convenios fue del +16,65% entre 2.000 y 2025, según Trabajo, mientras la inflación ha subido un +23,5% entre 2000 y 2025, según el INE.

Otro eje de actuación es la vivienda y los alquileres, culpables de mantener tan alta la tasa de pobreza. Los datos del INE son claros. El porcentaje de españoles en riesgo de exclusión (tasa AROPE) alcanza el 43,1% entre los que viven de alquiler y baja al 19,3% entre los que tienen su vivienda en propiedad. Y lo mismo entre los “pobres monetarios”: son el 14,5% de españoles propietarios, pero el 32,6% entre los que viven de alquiler. Y la carencia material severa se dispara al 17% entre los inquilinos, frente al 4,5% en los propietarios. Así que para bajar las cifras de pobreza, hay que ofrecer alquileres asequibles a los más vulnerables.

El Gobierno aprobó en diciembre de 2024 una Estrategia contra la pobreza 2024-2030, con 4 ejes: garantizar recursos a los más vulnerables (con el IMV y las prestaciones sociales) y un mejor acceso a la vivienda, invertir en las familias más vulnerables, tanto en su educación como en su acceso al empleo, reforzar las ayudas a las familias y mejorar la coordinación entre Administraciones para hacer más eficaces las ayudas sociales. Pero hay pocos recursos para estas políticas sociales, sobre todo en autonomías y Ayuntamientos, con lo que la reducción de la pobreza es muy lenta. De hecho, el escenario macro del Gobierno contempla que la pobreza, que hoy afecta al 19,5% de españoles (9.616.610) sólo baje al 19,1% en 2028: serán 9.747.484 pobres, +130.874 más que hoy, porque seremos 51 millones de habitantes…

Si España no toma medidas drásticas y eficaces, sobre los salarios, la vivienda y las ayudas sociales, tendremos más pobres en unos años. Y esto, además de socialmente injusto, es muy negativo para la economía (menos consumo, menos crecimiento y empleo) y para la política: más españoles malviviendo y sin perspectivas, el caldo de cultivo para el desencanto y los extremismos, un riesgo para la democracia. Por eso, los partidos y la sociedad deberían tomarse en serio el problema de la pobreza y acordar un Plan de choque para que estos millones de españoles vulnerables vivan mejor. Pero eso exige un Pacto entre administraciones y gastar más, algo imposible con los actuales enfrentamientos políticos y las propuestas de bajar impuestos. Otro reto grave que no podemos afrontar mientras persistan los radicales enfrentamientos políticos. Hay que repartir mejor el crecimiento, para reducir la desigualdad y consolidar la democracia. Pero no están por la labor.

Rentas mínimas: las autonomías "hacen caja"

Es un escándalo: 13 autonomías han aprovechado que el Gobierno central implantaba el ingreso mínimo vital (IMV) para recortar el gasto que hacían en rentas mínimas para ayudar a las familias más pobres. Se han “ahorrado” 241 millones y han dejado sin ayuda a 128.448 personas vulnerables. Y lo peor es que “han hecho caja” las autonomías gobernadas por el PP y también las del PSOE. Ahora, todo apunta a que seguirá el recorte de las rentas mínimas, porque varias autonomías las han hecho incompatibles con el IMV, que ha mejorado y ayuda ya a 2,15 millones de beneficiarios. Cáritas pide que ambas ayudas (rentas mínimas autonómicas y el IMV estatal) se complementen, mientras otros expertos piden aprobar una prestación universal por hijo, como tienen 20 paises UE (no España), para combatir la pobreza infantil y apoyar a la natalidad. Y además, reordenar todas las ayudas públicas, para que lleguen a los 4 millones de españoles en situación de pobreza severa. No miremos para otro lado.

                    Enrique Ortega

Las “rentas mínimas” son pequeñas ayudas mensuales que las autonomías conceden a las familias más pobres desde hace tres décadas. La iniciativa la tomó el País Vasco, en 1989, y le siguieron Cataluña y Madrid (en 1990) para cerrar Aragón, en junio de 1.993. Su cuantía es muy dispar: oscila entre 434 euros mensuales en Galicia y 800 euros en el País Vasco. Y también son diferentes los criterios de concesión y el presupuesto. En 2020, con la pandemia, disfrutaron de las “rentas mínimas” un máximo de 795.861 beneficiarios (dos tercios mujeres), con grandes diferencias por autonomías (150.000 en Cataluña, 123.050 en País Vasco o 110.397 en Andalucía, frente a 78.605 en Madrid o 20.181 en Canarias), según los datos del Ministerio de Asuntos Sociales. Y el gasto autonómico en estas rentas mínimas alcanzó un máximo de 1.728 millones de euros en 2020, también con grandes diferencias: el País Vasco gastó 450 millones y Cataluña 427, mientras Andalucía gastó solo 135 millones,  Madrid 133 millones, Canarias y Extremadura 42 millones y Castilla la Mancha 12,6 millones.

En resumen, las “renta mínimas” son “un pequeño parche” autonómico, muy desigual según las regiones y que ayuda poco  a los 9,68 millones de españoles que están en situación de pobreza (ingresan menos del 60% de la renta media: menos de 840 euros mensuales los solteros y menos de 1.765 euros las familias con dos menores). Pero a partir de 2020, las rentas mínimas autonómicas ayudan aún menos, porque la mayoría de las autonomías han aprovechado que el Gobierno central puso en marcha el ingreso mínimo vital (IMV) para recortar sus ayudas y “hacer caja”. Los datos oficiales reflejan que entre 2020 y 2022 (últimos publicados), 13 autonomías han recortado su gasto en rentas mínimas en 241 millones de euros (-12,8%), según denuncia la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales. Y sólo han aumentado su gasto en rentas mínimas 4 autonomías: Canarias (+126,7%), Baleares (+87,3%), Cataluña (+23,3%) y Comunidad Valenciana (+10,8%).

Lo más llamativo es que entre esas 13 autonomías que han recortado sus rentas mínimas entre 2020 y 2022 hay autonomías que gestionaba el PP (5), pero también bastantes gestionadas entonces por el PSOE (6) y los nacionalistas (2). El mayor recorte del gasto lo han hecho Aragón (-84,5%), Madrid (-81,2 %: -108,6 millones “ahorrados), Castilla la Mancha (-72,9%), Castilla y León (-63,3%), La Rioja (-55,5%), Extremadura (-44,9%: -19 millones), Cantabria (-44,6%), Andalucía (-43,1%: -58,5 millones “ahorrados”), Asturias (-33,2%), Galicia (-31,6%: -17 millones), País Vasco (-15,6%: -70 millones “ahorrados”) y Navarra (-15,3%), según los Directores de Servicios Sociales.

Este recorte de gasto se produce porque han reducido los beneficiarios de las ayudas de las rentas mínimas entre 2020 y 2022: había 667.413 beneficiarios a finales de 2022, según el Ministerio de Asuntos Sociales, 128.448 menos que en 2020. La mayoría de las autonomías recortaron beneficiarios, pero las que más han sido Madrid (-57.383 beneficiarios, un 73% de los 78.605 beneficiarios de 2020), Andalucía (-77.685 beneficiarios perdidos, el 70% de los 110.397 que tenía en 2020) y Baleares (-11.992, dos tercios de los 19.256 beneficiarios que tenía en 2020). Y sólo han aumentado beneficiarios en la Comunidad Valenciana (+35.400), Canarias (+25.935) y Navarra (+692). Al final, esos 667.413 beneficiarios de rentas mínimas autonómicas sólo suponen el 7,9% de todos los españoles que están en situación de pobreza (9,68 millones), pero hay 8 autonomías donde suponen aún menos: Castilla la Mancha (reciben esta ayuda el 0,6% de los considerados “pobres”), Andalucía (el 1,6%), Murcia (1,6%), Madrid (2,4%), Castilla y León (2,9%), Baleares (4,1%), Galicia (4,4%) y la Rioja (7,2%). Bajas coberturas que contrastan con Navarra y el País Vasco, donde reciben la renta mínima el 52% de sus “pobres”. Y el 22,5% en Asturias o el 15,1% en Cataluña, según los Directivos de Servicios Sociales.

Las autonomías han podido “hacer caja” y ahorrarse 241 millones entre 2020 y 2022 aprovechando que el Gobierno Sánchez implantó el ingreso mínimo vital (IMV) en mayo de 2020, en plena pandemia. Lo que han hecho las autonomías es poner trabas a las familias vulnerables que recibían una renta mínima y que ahora solicitan el IMV. Unas, como Andalucía, Baleares, Cantabria, Cataluña y Galicia han hecho incompatible sus rentas mínimas con recibir el IMV. Y en el resto, como Madrid, País Vasco, Navarra, Canarias, Comunidad Valenciana o Asturias, sí pueden recibir las dos ayudas, pero les computa como ingreso lo que reciben del IMV, con lo que algunos superan el tope de ingresos permitido y pierden la renta mínima autonómica. Así, unas y otras “han hecho caja”.

Mientras las rentas mínimas autonómicas están a la baja (la tendencia ha seguido en 2023, a falta de datos globales), el ingreso mínimo vital (IMV) mejora, tras crecer muy poco en 2020 y 2021, por desconocimiento y el exceso de exigencias y burocracia. Nació con el objetivo de llegar a 850.000 hogares y beneficiar a 2,3 millones de personas vulnerables y ya está cerca: lo cobraban 735.000 hogares (dos tercios, con una mujer al frente) y beneficiaba a 2.157.712 personas (el 54% de los beneficiarios son mujeres y un 42,8% menores), según el balance oficial al cierre de 2023. Este año 2024, el importe que se recibe con el IMV es muy superior a la mayoría de las rentas mínimas autonómicas: 604 euros mensuales adultos solos, 966 euros en el caso de un adulto con dos hijos y 1.147 euros mensuales para familias con dos adultos y dos hijos. Además, en enero de 2022 entró en vigor el complemento de ayuda para la infancia, que cobran 451.900 familias que tienen el IMV y niños: un complemento de 115 euros mensuales (niños de 0 a 3 años) a 57,5 euros (niños de 6 a 18 años).

Ahora, muchas ONGs temen que se recorten aún más las rentas mínimas autonómicas, dado que el PP y Vox gestionan 11 de las 17 autonomías. Y la derecha se ha mostrado siempre contraria a las ayudas sociales, “la paguilla” que critica la popular Ayuso. En su ideología neoliberal, que impregna a gran parte del PP, la pobreza “es un invento de la izquierda” y los que tienen problemas de subsistencia es porque no ponen los medios para salir adelante, porque no pelean por vivir mejor y “se conforman” con los subsidios. Por eso no es casualidad que las autonomías que gestiona el PP sean las que menos gastan en rentas mínimas (2022): 872,46 euros anuales por beneficiario Murcia, 1.229 euros Andalucía o  1.702 euros Madrid, frente a una media española de 2.475 euros de gasto por beneficiario y los 3.656 euros de País Vasco, 3.021 de Navarra y 2.843 de Cataluña.

Cáritas propone “armonizar” las rentas mínimas y el ingreso mínimo vital, para que puedan cobrar ambas ayudas (complementarias) las familias más vulnerables, sobre todo esos 4 millones de españoles en situación de pobreza severa (ingresan menos del 40% de la renta media: menos de 560 euros un soltero y menos de 1.176 euros una familia con dos niños). Y en general, las ONGs piden que se simplifique el mecanismo de las ayudas públicas a las familias más vulnerables, porque el exceso de requisitos y el complejo “papeleo” conducen a que muchas familias vulnerables (y los 35.000 españoles que viven en la calle, sin hogar) no reciban ni una renta mínima ni el ingreso mínimo vital (IMV). De hecho, muchos que trabajan no tienen derecho a una renta mínima por tener un empleo (no les permite trabajar más de 90 días al año), aunque sea precario y mal pagado. Y no se tiene en cuenta en la cuantía el coste del alquiler o el número de hijos, factores claves. Además, proponen que se cree una ventanilla única para ambas ayudas públicas (renta mínima e IMV), dando más protagonismo en la solicitud a las ONGs, para agilizar la concesión que hoy se retrasa demasiado.

Con todo, muchos expertos creen que no se trata sólo de “armonizar” las rentas mínimas y el ingreso mínimo vital, coordinar mejor las ayudas públicas, sino que debería aprovecharse para “reordenar” todas las ayudas públicas a las familias más vulnerables, porque hoy por hoy son escasas y están mal diseñadas, como ya ha alertado a España en varias ocasiones la OCDE. Por un lado, las ayudas públicas a las familias en España tienen la mitad de peso que en otros paises: suponen el 1,6% del PIB (2021), frente al 2,5% en la UE-27 y en Francia, el 3,4% en Dinamarca o el 3,7% del PIB en Alemania. Además de ser escasas,  las ayudas sociales benefician más a las rentas medias y altas que a las bajas. Y eso porque el grueso de las ayudas son las desgravaciones fiscales a las familias en el IRPF, que benefician a 8 millones de contribuyentes ( que se ahorran 4.000 millones de euros cada año), la mayoría de rentas medias y altas, porque las rentas bajas y los más pobres no declaran (los que ingresan menos de 22.000 euros al año, todos los que están en pobreza severa y la mayoría de los “pobres”).

Por todo esto, distintos expertos plantean modificar el esquema de protección social a las familias más vulnerables. Por un lado, coordinar y simplificar las ayudas autonómicas y el ingreso mínimo vital, para que lleguen a más beneficiarios y su importe no dependa del Gobierno autonómico de turno, sino que esté regulado por una Ley estatal, coordinándose con otras ayudas, como la prestación no contributiva por desempleo. Y por otro, proponen aprobar una prestación universal por hijo, que ayude a las familias a afrontar los costosos gastos de crianza y a reducir la escandalosa pobreza infantil, promoviendo la natalidad.

España tiene 2 problemas estructurales graves, de los que se habla poco. Uno, la baja natalidad: 1,2 hijos por mujer, la tasa de fecundidad más baja de Europa, salvo Malta (1,1). Un problema que hipoteca nuestro futuro, no sólo porque nos faltará mano de obra (que necesitamos suplir con emigrantes) sino ocupados para pagar impuestos y pensiones. Y el otro problema, la altísima pobreza infantil: el 27,8% de los menores en España viven en hogares “pobres”, frente al 19,3% en la UE-27, un dato peor al de paises como Rumanía (27% pobreza infantil) o Bulgaria (25,9%), Italia (25,4%), Grecia (22,4%) o Francia (19,3%) y un gran contraste con el 9,5% de pobreza infantil en Finlandia o el 14,8% en Alemania, según Eurostat. Un dato, 2.379.000 niños pobres, impropio de la 3ª mayor economía europea.

Para afrontar estos dos graves problemas, que arrastramos desde hace décadas, muchos expertos defienden una medida, implantada hace años en 20 de los 27 paises europeos (los que tienen menos pobreza infantil): una prestación universal por hijo, financiada por impuestos, que se sumara a una renta mínima (estatal y autonómica) que llegara al menos a las familias en pobreza severa (4 millones de personas). Esa ayuda universal por hijo, mayoritaria ya en Europa y cuyo importe se podría modular según la edad (de 0 a 16 o 18 años), permitiría reducir la escandalosa pobreza infantil actual (somos “lideres en Europa”) y a la vez fomentar la natalidad, algo clave para nuestro futuro como país. De momento, el Gobierno Sánchez aprobó desde 2022 esa ayuda complementaria de 115 euros al mes por hijo (de 0 a 3 años), pero sólo como complemento para los que cobran el ingreso mínimo vital. Y en paralelo, desde la declaración de 2022, las madres trabajadoras con hijos hasta 3 años pueden desgravarse hasta 1.200 euros anuales en el IRPF.

Todo esto podría simplificarse con una prestación universal por hijo, se declare el IRPF o no, como hacen ya 20 paises europeos, una medida que la propia OCDE ha invitado a España a explorar. Y una ayuda que, otra vez, se ha adelantado a aprobar el País Vasco: a partir de marzo de 2023 entró en vigor esta ayuda universal por hijo, 200 euros al mes que cobrarán durante tres años todas las familias que hayan tenido hijos después de esa fecha. De momento, el Gobierno Sánchez estudia alguna medida similar, como una deducción universal por maternidad hasta los 6 años, según informó hace unos días en el Congreso el ministro de Asuntos Sociales, medida que podría ampliarse progresivamente.

Al final, se trata de luchar contra la pobreza y la vulnerabilidad de muchas familias, centrada más en las que tienen hijos, además de promover la natalidad. La pobreza existe y muchas familias necesitan ayudas públicas para comer, pagar el alquiler y sobrevivir, diga lo que diga Ayuso. Por eso, hay que ayudarles, no mirar para otro lado ni recortar las ayudas autonómicas como muchos hacen. Y eso, porque la pobreza es “un cáncer social, económico y político”, que debería ser una prioridad para todos, al margen de las ideologías. Porque la pobreza es un serio obstáculo a la recuperación económica, que se dificulta si la cuarta parte de la población no puede consumir y contribuir al crecimiento y al empleo. También ataca la democracia, porque las personas vulnerables y en exclusión social no participan en el sistema y son caldo de cultivo de populismos y extremismos. Y además, porque la pobreza es una grave muestra de desigualdad e injusticia social. Por todo esto, urge atajar la pobreza sin racanería y no dejar a la cuarta parte de españoles atrás.