El problema de la vivienda en España se agrava día a día. Comprar una casa se ha vuelto un objetivo imposible para la mayoría de jóvenes y familias, porque su precio está por las nubes: cerró 2025 con un coste de 2.230 euros/m2, según el Ministerio de Vivienda, un récord histórico, que es mucho mayor en Madrid (5.820 euros/m2) y Barcelona (5.144 euros/m2), según el portal Idealista. Eso supone que comprar un piso de 100 m2 obliga a pagar una hipoteca (80% del precio) de 907 euros mensuales, además de tener ahorrado un 30% del precio para la entrada, gastos e impuestos. Y si hablamos de comprar un piso en Madrid (582.000 euros/100 m2) o Barcelona (514.000 euros/100 m2), tendríamos que pagar entre 2.368 euros mensuales de hipoteca (Madrid) y 2.093 euros, algo imposible salvo para los que ganen en torno a los 7.000 euros (la banca sólo concede hipotecas por el 30% del sueldo).
Ahora, el Gobierno Sánchez ha aprobado un Plan
estatal de Vivienda 2026-2030 más ambicioso, que pretende gastar el
triple, 7.000 millones de euros en 5 años (ojo, son solo 1.400
millones al año en promoción pública de vivienda y ayudas). El Plan tiene 2
novedades importantes sobre el anterior. Una, que el Estado central no
es “el cajero del Plan”, no aprueba una inversión y luego son las autonomías
quienes gastan y lo ejecutan, sin comprometerse a otro gasto adicional. Ahora, el
Estado central (el Presupuesto) aporta el 60% del gasto (4.200 millones),
pero sólo si las autonomías aportan el 40% restante (2.800 millones). Y
la otra novedad, que la inversión está “condicionada”, debe cumplir 3
condiciones: las VPO promovidas no se pueden vender (para crear un parque
público), la adjudicación de los pisos y ayudas ha de ser transparente (para evitar
corruptelas como las
adjudicaciones en Alicante) y las autonomías han de aportar estadísticas
de vivienda y un seguimiento del Plan.