Nadie sabe lo que costará la luz

El nuevo sistema para fijar el precio de la luz no entra en vigor este 1 de abril, como dijo el Gobierno, sino el 1 de julio. Entonces pagaremos la luz por el precio que tiene cada día en el mercado eléctrico, lo que supondrá tremendos vaivenes de precios: será imposible saber lo que nos cuesta hasta que llegue el recibo. En el de junio, además, nos devolverán dinero (unos 34 euros por recibo) por haber pagado de más este primer trimestre. Y nos dirán cuánto devuelven el 15 de mayo, diez días antes de las elecciones europeas... Sube además el pago por potencia contratada, gastemos o no luz. Y las familias más pobres, con bono social, pagarán más. Este  cambio en el recibo (pagar el precio de la luz cada día) no evita el problema de fondo: seguimos pagando muchos extracostes con el recibo, en beneficio de las eléctricas. Y eso, el Gobierno no se atreve a cambiarlo.
                         
                
                                                                                        Enrique Ortega

El recibo de la luz tiene tres partes: un 37,48% va a pagar los costes de producirla, un 41,14 % a pagar su transporte y comercialización más un montón de subvenciones (a las islas, Red Eléctrica, comercializadoras, renovables, eléctricas y empresas) y el 21,38% restante son impuestos. Ahora, el cambio en el recibo de la luz, que entrará en vigor el 1 de julio (y no el 1 de abril, como anunció el Gobierno en diciembre), afecta solo a la primera parte de la factura, al cálculo de lo que sube producir la electricidad.

Hasta diciembre, la subida de producir la luz se fijaba en una subasta trimestral, donde productores de electricidad y brókeres financieros pujaban por los precios que se ofrecían para el trimestre siguiente. Era un mercado muy especulativo, tanto que Industria calcula que los consumidores hemos pagado 1.671 millones de más por la luz entre 2009 y 2013, un 3% de la subida del recibo. Tras el subidón en la subasta de diciembre, invalidada por el Gobierno, se estableció una subida de la luz del 2,3% para el primer trimestre y se decidió fijar un nuevo sistema para establecer las siguientes subidas: cobrar la luz por lo que valía cada hora en el mercado eléctrico. Para ello, hacía falta que los usuarios tuvieran unos contadores inteligentes. Pero sólo hay 7 millones instalados, la mayoría sin lectura online. Y así, el Gobierno tuvo que volver a cambiar sus planes: ahora nos cobrarían la luz por lo que cuesta cada día en el mercado eléctrico mayorista, según los datos de Red Eléctrica. Y para dar tiempo a las eléctricas para adaptarse, el nuevo sistema entra en vigor el 1 de julio.

Mientras, este segundo trimestre, se prorroga el precio de la luz del primer trimestre. Pero habrá otros dos cambios, que se traducen en subidas de los próximos recibos . El primero, que desde el 1 de febrero se cambia la factura: sube la parte fija, que se paga por la potencia instalada (supondrá el 60% del recibo, cuando hace un año era el 35%) y baja la parte variable, la que se paga por el consumo (pasa del 65 al 40% de la factura). En definitiva, que por tener un contrato se paga más y menos por consumir  luz, lo que perjudica a los que gasten menos, a las segundas viviendas y a los pisos vacíos. Es una manera de compensar a las eléctricas de la caída del consumo de luz desde hace cinco años. El otro cambio afecta a 2,5 millones de españoles (pensiones bajas, parados y familias numerosas) que tienen un bono social y pagan menos por la luz: se les va a cobrar ahora la cuota fija y se les reduce la rebaja del recibo, lo que aumentará los cortes de luz por impago (1,4 millones).

El Gobierno dice que el nuevo sistema bajará la luz un 3%, el extracoste que suponía la subasta trimestral. Pero no está claro, ya que cuenta mucho más la subida por potencia instalada (+2,3%) y los recortes al bono social (+2%). En cualquier caso, el nuevo sistema, que tiene en cuenta el precio de la luz cada día, es muy volátil: el mercado eléctrico español es el que tiene más altibajos en los mercados europeos: en 2013 tuvo días con precios de 90 euros Mwh y días con precio cero. Altibajos que acabarán en nuestro recibo, haciendo imposible saber lo que nos va a costar la luz. Con una ventaja para el Gobierno: en lugar de afrontar un titular cada trimestre (“La luz sube tanto”…), ahora no sabremos lo que nos sube (o baja) la luz hasta que veamos el recibo. Y será muy distinto según el peso de nuestro consumo.

Con ello, el recibo, ya de por sí complicado, va a ser una fuente de sorpresas, sobre todo este año. En el recibo de junio nos deberían devolver lo que nos han cobrado de más en el primer trimestre (la luz ha subido menos de lo fijado en la subida de enero). Este reajuste de precios asciende a 300 millones de euros según Industria (unos 34 euros por recibo, según el sector) y nos lo concretarán hacia el 15 de mayo, como un “regalo” del Gobierno a diez días de las elecciones europeas. Luego, en julio nos llegará el primer recibo con cambios : desde el 1 de julio, nos cobrarán la luz por el precio diario que tenga en el mercado eléctrico.Y en los siguientes recibos, nos seguirán cobrando el precio diario de la luz, pero además, en el recibo de agosto nos harán “el segundo regalo”: nos tendrán que devolver (o cobrar) lo que nos hayan cobrado de más (o de menos) en este segundo trimestre, cuando se prorrogan los precios del primer trimestre. Luego, en los sucesivos recibos, no habrá ya más devoluciones: nos cobrarán los precios diarios desde julio y los cambios en la potencia-consumo y el bono social.

Así durante los próximos meses, mientras el Gobierno prepara el cambio “definitivo”: cobrar la luz por lo que vale cada hora, algo que según las eléctricas no podrá hacerse a todos hasta finales de 2018, cuando se terminen de instalar todos los contadores inteligentes (que nos costarán un alquiler de 0,85 a 1,15 euros/mes, frente a 0,5 euros del alquiler actual). Pero antes, desde el 15 de abril de 2014, el Gobierno quiere que las eléctricas ofrezcan a los usuarios una tarifa plana anual por la luz, parecida a la del teléfono: pagas una cantidad fija por un consumo hasta tantos kilovatios al año. La ventaja es que así sabemos de antemano lo que vamos a pagar. La desventaja es que, como las eléctricas no se van a pillar los dedos, estas tarifas planas serán más caras que la tarifa diaria, porque tienen que cubrirse del riesgo de un mayor gasto. Y además, si rescindimos el contrato antes de terminar el año contratado, nos penalizarán (hasta el 5% del consumo pendiente).

Mientras digerimos este galimatías eléctrico, recordemos que estos cambios afectan sólo a la primera parte del recibo (37,48%), pero que el Gobierno no afronta los otros dos problemas de fondo del sistema eléctrico español. Uno, el sistema de precios fijado por Aznar con la Ley eléctrica de 1997: se paga por la luz lo que cuesta producirla en la central más cara (térmicas de gas, fuel y carbón), lo que beneficia a las centrales con menos costes (hidráulicas y nucleares). Es como pagar lo mismo por la carne picada al que la hace con pollo o cerdo que con chuletón de ternera. Con ello, estamos pagando un extracoste a la luz que procede de las centrales hidráulicas y nucleares (ya casi amortizadas). Y este sistema de  precios, que está detrás de los precios del mercado, no se ha tocado, aunque ahora se haya cambiado la subasta trimestral por el precio diario en el mercado mayorista.

El otro problema, tampoco abordado, es que en la segunda parte del recibo (41,14%)estamos pagando unos extracostes que en su mayoría no están justificados: primas a las renovables (17,21%, que debían ir con cargo al Presupuesto), subvenciones al transporte y a la comercialización, ayudas a las eléctricas (9,33% por pago déficit de tarifa, parón nuclear, compensación uso carbón, compensación por centrales de gas), a grandes empresas consumidoras (0,94%) o ayudas a las islas (4,14%) y al bono social (0,41%), que debía pagar también el Presupuesto y no nuestro recibo.

Unos y otros son extracostes que no debíamos pagar en el recibo y pagamos, al margen de lo que suba o baje el coste de producir electricidad. Y tampoco ha resuelto el Gobierno dos problemas más que encarecen la luz. Uno, el exceso de centrales, sobre todo térmicas de gas (27.206 Mw), que las eléctricas construyeron la pasada década al amparo de ayudas públicas y que ahora pagamos aunque sólo funcionen al 10%. De hecho, tenemos 108.148 Mw instalados y sólo consumimos un máximo de 40.277 (27 de febrero 2013), con lo que sobran la mitad de las centrales que estamos pagando. Además, España es una “isla” a efectos eléctricos: sólo se puede importar/exportar un 3% de la luz, con lo que no puede recurrirse a comprar luz a Francia o a Portugal (más baratas) para bajarnos el recibo.

Todo este “caos eléctrico” explica por qué la luz ha subido en España un 60% desde 2007 y por qué España es el tercer país de Europa con la luz más cara, tras Chipre e Irlanda (dos islas): estamos pagando la luz un 27,6% más cara que la media europea, según Eurostat. Y esto es una tremenda losa sobre la mayoría de nuestras empresas a la hora de competir en Europa: nos bajan los sueldos para bajar costes y ese sacrificio se lo come (con creces) la subida de la luz. Y una losa sobre las familias: España es el tercer país UE (tras Rumanía y Malta) con más “pobres energéticos”, 7 millones de españoles, según ACA. Eso sí, las eléctricas españolas consiguen ser las más rentables de Europa: tienen un 6,78% de margen sobre ventas frente al 2,62% del resto de eléctricas europeas.

Y todo ello para que encima, estos altos precios no cubran los costes reconocidos y tengamos una deuda con las eléctricas (el déficit de tarifa) que sigue creciendo (+4.098 millones en 2013, 400 millones más de lo esperado), una hipoteca a 25 años que también pagamos con el recibo.

Todos estos problemas siguen ahí, sin resolver, a pesar del último cambio en el recibo que ahora nos cobra el precio diario de la luz. Estamos pagando extracostes de más por la luz, desde 1.997, y el Gobierno sigue sin remediarlo. Habría que hacer una auditoría de costes, para pagar la luz por lo que efectivamente cuesta producirla (un 20% menos). Y si hay que ayudar a las renovables, que sea con cargo al Presupuesto. Y cerrar las centrales que no hacen falta, para pinchar la “burbuja eléctrica”, que tan cara nos cuesta. Claro que todo esto supondría recortar los beneficios a las eléctricas, un lobby poderoso, con expresidentes y políticos a sueldo en sus Consejos. Y no hay Gobierno que se atreva. Así nos va con el recibo.

Crowdfunding: todos podemos ser banqueros

Se ha hecho toda la vida: pagar entre muchos un regalo de boda o de cumpleaños. Pagar a escote. Ahora se ha puesto de moda para financiar un disco, un corto, una película y hasta una nueva empresa. Se llama Crowdfunding, aunque propongo rebautizarlo como algo más castizo: financiación a escote (o colectiva) . El Gobierno acaba de regularlo, pero con muchas trabas y limitaciones, quizás por miedo a que esta financiación a escote quite negocio a la banca, que, por cierto, sigue sin prestar. En el debate parlamentario, habría que facilitar esta financiación colectiva, muy útil para proyectos culturales, solidarios y para lanzar nuevos proyectos empresariales. Pero las pymes necesitan otras vías para financiarse, más profesionalizadas, desde una Bolsa alternativa a emitir bonos, algo que ahora no les funciona. Y sobre todo, el BCE y España deben dar más liquidez a la economía y forzar a la banca a dar crédito. Porque sin financiación no hay recuperación.

enrique ortega

España es un país muy bancarizado: la banca tiene un mayor peso en la vida económica que en otros países. Eso se traduce, por ejemplo, en que las empresas dependen más de los bancos para financiarse: aquí, el 78% de la financiación empresarial procede de la banca, frente a un 65% en la zona euro, un 70% en Italia,55% en Alemania, 45% en Francia, 35% en Reino Unido y 30% en EEUU, según un informe de Axesor. En buena medida, esto se debe a que España tiene más empresas muy pequeñas (95,5% de menos de 10 trabajadores, frente a 92,2% en UE) y menos medianas (0,6% frente a 1,1%) y grandes (0,1 frente a 0,2%), con pocas vías para financiarse que no sean los bancos.

El problema es que los bancos no financian a casi nadie (el crédito cayó en 2013 por tercer año consecutivo, a niveles de 2006) y menos a las pymes: sólo un tercio consigue financiación, pagando unos intereses que han subido un 54% y con una exigencia creciente de garantías. Las pymes españolas están pagando el doble de interés que las francesas o alemanas, según el propio BCE. Y el doble también que las grandes empresas españolas.

Ante esta situación, a finales de noviembre de 2013, todos los grupos políticos (salvo UPyD) consiguieron ponerse de acuerdo en el Congreso (algo inaudito) para pedir al Gobierno que tomara medidas para mejorar la financiación no bancaria de las empresas. Y fruto de este acuerdo, el Gobierno aprobó el 28 de febrero 2014 un paquete de medidas para fomentar la financiación empresarial: mejora de las sociedades de garantía recíproca (SGR), el mercado alternativo bursátil (MAB), la emisión de deuda por las empresas (incluidas las SL), la posibilidad de titularizar los créditos a las pymes (emitir títulos) y, sobre todo, la regulación del Crowdfunding, la financiación colectiva.

El Crowdfunding o financiación a escote (o colectiva) nació la década pasada en EEUU, al amparo de los proyectos tecnológicos y para financiar también proyectos culturales o solidarios. En 2013 ya movió 3.700 millones de euros en el mundo y unos 30 millones en España, donde hay 60 plataformas de Crowdfunding, según su Asociación (AEC). Hay cuatro variantes de Crowdfunding: donaciones (sin contrapartida), aportaciones a cambio de premios (una entrada, un disco), préstamos entre personas (crowdlending) y préstamos a nuevas empresas a cambio de intereses o acciones (equity crowdfunding). En España, las dos primeras variantes suponen el 70% del Crowdfunding, que cada vez se utiliza más para financiar un corto o una película, un disco o un proyecto solidario, pero que tiene un escaso peso para financiar nuevas empresas (sólo 3 millones de euros en 2013).

El proyecto del Gobierno sólo regula las dos últimas variantes del Crowdfunding, el préstamo colectivo entre personas y a empresas. Pero con muchas limitaciones: sólo se pueden aportar 3.000 € por persona, 6.000 € por plataforma y un máximo de 1 millón de euros por proyecto, cuando la aportación media en las plataformas existentes está entre 12.000 y 44.000 euros por persona. Además, se prohíbe a las plataformas cobrar comisión por el dinero recaudado (un 5%), obligando a pagar una cantidad adelantada por la gestión (resulta más gravosa). Y se les prohíbe hacer publicidad fuera de su web. Limitaciones que no existen en otros países, donde no hay topes a las aportaciones (Francia) o si las hay son muy elevadas (100.000 euros en Alemania, 5 millones en Reino Unido o Italia, 100.000 dólares o un 5% de los ingresos en EEUU). Las plataformas de Crowdfunding se quejan de esta regulación, quizás impuesta para apaciguar los temores de la banca, y facilitar más esta  financiación colectiva, incluyendo ayudas fiscales, para animar a los pequeños inversores. Y piden una regulación para las donaciones y premios, ahora sujetas a trámites muy engorrosos.

El Crowdfunding o financiación colectiva  tiene un gran potencial para proyectos culturales o solidarios, pero resulta más problemática para iniciativas empresariales, dado el alto riesgo que conlleva lanzar una empresa: 9 de cada 10 startup fracasan. Por eso, hay que facilitar la financiación en grupo y no ponerles límites y pegas para que no crezca, como ha hecho el Gobierno para proteger la banca (el perro del hortelano: ni presta ni deja prestar). Y, en paralelo, hay que desarrollar otras fórmulas de financiación no bancaria, no tan “modernas” como el Crowdfunding, pero mucho más efectivas, como la Bolsa o la emisión de deuda empresarial.

En España, la Bolsa es para las grandes empresas y sólo para unas pocas: las 35 del IBEX y las 89 del mercado continuo. Para el resto, hay una Bolsa alternativa, el Mercado Alternativo Bursátil (MAB), que comenzó a funcionar en 2008 y donde sólo cotizan 21 empresas, medianas. Otra vía de financiación es que las empresas emitan deuda, papelitos (bonos, pagarés, obligaciones). Aquí hay un mercado de renta fija, el AIAF, donde sólo se financian grandes empresas, y un segundo mercado de renta fija más reciente, el MARF, creado en octubre de 2013 para las medianas empresas (más de 50 millones de ventas), que sólo cuenta de momento con una empresa (la constructora gallega COPASA).

Las pymes quedan fuera de estos dos mercados, de la otra Bolsa y de la emisión de deuda. Su mejor opción es integrarse en una Sociedad de Garantía Recíproca (SGR), que son unas asociaciones empresariales sin ánimo de lucro que se dedican a dar avales a las pymes (120.000 beneficiadas de casi 3 millones). Ahora se quieren potenciar, facilitándoles un reaval público de CERSA, pero tampoco son una solución para la mayoría, que acaban con sólo dos opciones: acudir a un banco o pedir un crédito ICO, una fórmula que tampoco funciona. Las pymes se quejan de que como estos créditos ICO se dan a través de los bancos, les exigen demasiadas garantías y se los dan muchas veces para refinanciar otros créditos anteriores de los mismos bancos, no como dinero nuevo. En cualquier caso, en 2013, el ICO sólo concedió 13.884 millones de los 20.000 disponibles: muchas pymes ni piden.

Al final, el drama es que las pymes que necesitan dinero o no lo piden (porque no tienen garantías suficientes) o no pueden pagarlo, con lo que siguen cayendo empresas (8.934 en 2013), muchas por falta de liquidez. Para evitarlo, el Gobierno ha aprobado el 7 de marzo (un poco tarde) un real decreto, que fomenta los acuerdos de refinanciación entre bancos y empresas, facilitando las quitas y esperas y, sobre todo, la conversión de deuda en capital: en lugar de asfixiar a una empresa, exigiendo pagos imposibles, el banco puede convertir esa deuda en una participación en el capital de esa empresa, hasta que despegue (a cambio, el banco no tendrá que hacer provisiones sobre ese crédito moroso). Con ello, hay 150.000 millones de deuda bancaria que podrían capitalizarse, salvando así empresas y empleos.

Asentar la recuperación exige actuar en dos frentes: salvar las empresas endeudadas que sean viables y financiar los nuevos proyectos, con financiación colectiva, emisión de deuda o de acciones, avales y financiación del ICO y la banca. Hay que volcarse en buscar dinero debajo de las piedras, para financiar el futuro, con menos dependencia de la banca. Fomentar el ahorro y dirigirlo a las empresas del mañana. Financiar el empleo de todos.

Formación escasa, inútil y con mucho fraude

El fraude en los cursos de formación en Madrid y Andalucía ha hecho saltar por los aires el sistema de formación a trabajadores y parados, que pagan con sus cuotas empresas y empleados. No sólo hay poco control, sino que estos cursos son muchas veces obsoletos, largos e inútiles, sobre todo para los parados (sirven, eso sí, para que salgan de las listas del paro mientras los hacen). Y además, el 82% de las empresas no utilizan las ayudas para formar a sus empleados. Algo especialmente grave en un país con el doble de paro que Europa y donde el 46 % de la población tiene un nivel de formación baja (el doble que en la UE). Ahora, el Gobierno ha propuesto a sindicatos y patronal una reforma de la formación, para hacerla más eficaz y transparente. Pero hacen falta más recursos para formación, recortados un 25% desde 2009. Sin formación no hay empleo estable.
                     

La formación es la principal asignatura pendiente de España, incluso sin tener el doble de paro que Europa: casi la mitad de los españoles (46%) entre 24 y 64 años tiene un nivel educativo básico (no superan la primera etapa de la ESO), casi el doble que la media europea (24%), según la OCDE (2011). Y eso es especialmente grave porque el futuro va a exigir trabajadores más formados: para el año 2020, el 50% de los empleos en Europa serán para trabajadores con niveles medios, el 35 % para niveles altos y sólo quedará un 15% para niveles bajos, según un estudio del CEDEFOP. Si esto es así, a España le pillará sin preparación, porque nos sobran trabajadores con niveles bajos de formación (42%) y nos faltan de niveles medios (23%), aunque estamos en línea con la educación superior (35%). Además, una de las mayores debilidades de nuestro mercado laboral es la falta de competencias básicas (idiomas, informática, matemáticas, competencias personales, espíritu emprendedor) de los españoles: un 35% de los ocupados y un 54 % de los parados carecen de ellas.

Un panorama desolador, frente al que España esgrime un escaso esfuerzo en formación. Se gasta poco y menos cada año, por los recortes: 1.815 millones este año 2014, un 25% menos que en 2009 (2.413 millones). Y de este Presupuesto para formación, el Gobierno Rajoy ha quitado este año unos 200 millones para desviarlos a políticas activas de empleo (bonificación de cuotas, trabajos de parados, prácticas en empresas, emprendedores…), según denuncian los sindicatos. Con ello, serán 1.614 los millones para formación, destinados a trabajadores ocupados (899,5 millones), parados (654,6 millones) y empleados públicos (60 millones). Un dinero que procede casi en su totalidad de las cuotas  a la Seguridad Social de empresas (0,6%) y trabajadores (0,1%) por formación profesional (1.777,6 millones), más el dinero procedente de Europa (Fondo Social Europeo). Y con el que hicieron cursos de formación 3.402.100 trabajadores ocupados y 207.407 parados en 2012.

Un tercio de estos Fondos para la formación (580 millones) se les da a las empresas, como bonificación de cuotas a la SS, para que organicen cursos de formación para sus trabajadores y les den permiso para hacer cursos fuera (el sistema les paga el sueldo cuando faltan). En 2012, 459.620 empresas se beneficiaron de estas ayudas a la formación, pero la mayoría de empresas no hacen cursos. De hecho, entre 2005 y 2009, el 82% de las empresas españolas no utilizaron estas ayudas a la formación y se han perdido 835 millones en estos cuatro años, según la consultora Garben. Las pymes son las que menos hacen cursos de formación (26,9% de las micropymes y 61% de las pymes) y las que más las grandes (91,8%).

Los dos tercios restantes del dinero para formación se canalizan a través de sindicatos y patronal (250 millones) y, sobre todo, de las autonomías, que gestionan con el SEPE (antiguo INEM) el dinero de los cursos para parados (654,6 millones), donde también participan sindicatos y patronal. Aquí es donde se han detectado los fraudes (con alumnos inexistentes y dinero desviado a pagar sueldos y gastos de patronales y sindicatos), en Madrid (15 millones de fraude y 14 detenidos) y Andalucía (7 millones de fraude). Los sindicatos se defienden, diciendo que ellos sólo controlan el 6,24% del dinero (3,06 CCOO y 3,18% UGT) que gestiona la Fundación Tripartita (888 millones en 2014) y que la mayoría se lo reparten la patronal (7%), los autónomos (2%) y los centros privados de formación (6%). Pero no incluyen aquí que también participan en los cursos para parados, el otro tercio del pastel. Y aunque hay teóricos controles sobre todos los cursos, las auditorías son parciales y no en profundidad.

En definitiva, se gasta poco en formación y se gasta mal. En España, hacen formación continua menos del 25% de trabajadores (no llegan a 4 millones, entre ocupados y parados), frente a un 40% de media que se forman en Europa (y un 55% en Alemania). Y se gasta mal, porque las empresas que hacen formación (con las cuotas de todos) la centran en directivos, mandos intermedios y técnicos y no en los que más la necesitan, los empleados menos cualificados, jóvenes, mujeres y mayores de 55 años, según denuncian los sindicatos. Además, la mayoría de los cursos son presenciales (sólo 18,2% son a distancia, más un 9,9% de tele formación) y centrados en cuatro ramas (58% cursos): administración y gestión, comercio y marketing, seguridad y medio ambiente y servicios socioculturales.

Peor están los cursos para parados (58% tienen poca formación), que han sufrido un duro recorte: si en 2009 se destinaban 1.017 millones, ahora se gasta un tercio menos, 654,6 millones, aunque hay 2,7 millones de parados más. Y cada vez son menos los parados que hacen cursos: si en 2009 eran unos 600.000, ahora son la tercera parte (207.407 en 2012, según la Fundación Tripartita). Se ofrecen menos cursos, demasiado largos (dos tercios son de más de 200 horas y el 42% entre 200 y 400 horas), quizás porque eso baja las estadísticas del paro: cuando hacen cursos, los parados salen de las listas. Además, muchos de estos cursos tienen contenidos y métodos de aprendizaje obsoletos, siendo casi en exclusiva presenciales. Y no se hacen segmentando a los parados según su formación, con lo que están haciendo estos cursos los parados con más formación y no los que más los necesitan. Además, por su mala organización y dispersión (17 autonomías), los cursos para parados cuestan 6 veces más que el resto de cursos de formación, según un estudio de Élogos.

Los escándalos de los cursos de formación en Madrid y Andalucía han forzado al Gobierno a cambiar el sistema, en el que se han sentido cómodos sindicatos y patronal los últimos 20 años. La reforma, que el Gobierno quiere aprobar esta primavera, pretende abrir los cursos a cualquier empresa de formación y hacer más transparente y controlado el proceso, incluyendo un buzón de denuncias. Y los sindicatos proponen crear una Agencia nacional de Formación Profesional y que los centros públicos de FP impartan más cursos en el futuro. Un problema grave a resolver es la descoordinación, ya que gran parte de la formación (a parados) depende de las autonomías, que han creado 17 diferentes sistemas. Y hay que fomentar, con incentivos fiscales, el gasto de las propias empresas en formación, que ha caído a la mitad.

Hay que gastar mejor en formación, con más controles contra el fraude y sobre todo más controles de eficacia, para que los cursos ayuden a encontrar trabajo y mejorar el empleo. Pero, sobre todo, hay que gastar más: dedicar 1.815 millones de euros (80 euros al año por español en edad de trabajar) es una miseria que no nos debemos permitir, cuando hemos gastado 25 veces más en sanear la banca. Habría que dedicar el doble de recursos, con más eficacia y transparencia, si queremos mejorar la mala formación de los españoles. Porque sin formación, no hay ni habrá empleo estable. En la formación está nuestro futuro.

Tajo a las energías renovables

La crisis de Crimea ha cambiado las prioridades de la Cumbre Europea que se inicia hoy en Bruselas y que debía decidir la política energética europea hasta 2030. Los dirigentes europeos pretenden recortar el peso de las energías renovables, para ahorrarse subvenciones y como fruto de la presión de las eléctricas tradicionales y de los países con nucleares (Francia y Gran Bretaña) y carbón (Polonia). El Gobierno Rajoy se adelantó con una reforma eléctrica, que reduce un 25% las ayudas a las energías renovables (eólica, solar y de cogeneración). Un recorte retroactivo, que ha abierto un rosario de litigios internacionales contra España y que provocará la crisis en un sector donde España es líder. Y todo porque dicen que así bajará la luz. No es verdad. Primero, las eléctricas tradicionales reciben más ayudas que las renovables. Y segundo, la luz sube porque pagamos más de lo que cuesta producirla. Las renovables son la única vía para evitar que gastemos 57.000 millones anuales en importar petróleo y gas. Recortan el futuro.
 

enrique ortega

Europa ha sido siempre líder en energías renovables y en la lucha contra la utilización de combustibles fósiles (petróleo, carbón, gas), responsables del cambio climático. Pero la crisis ha debilitado este liderazgo medioambiental, bajo la presión de las industrias (se quejan de la dificultad de competir con EEUU y países en desarrollo con los actuales topes de emisiones de CO2) y, sobre todo, con el lobby de las eléctricas europeas, que defienden sus energías más rentables (nucleares, carbón y gas) y se quejan de que las ayudas a las energías renovables encarecen la luz a particulares y empresas europeas.

Fruto de esta doble presión, la Comisión Europea ha hecho un viraje y ha aprobado un cambio en su política de renovables, propiciado por los países más nucleares (Francia, con 58 reactores, y Gran Bretaña, con 16, frente a 7 en España) y carboníferos (Polonia, donde el 90% de la electricidad procede del carbón), que defienden un menor rigor en la limitación de emisiones de CO2 (para ayudar a la industria) y un menor peso de las renovables (para defender sus centrales nucleares, de carbón y gas). Así, la Comisión propone a esta Cumbre europea rebajar las emisiones de CO2 un 40% para 2030 (sobre las de 1.990) y rebajan al 27% el peso de las energías renovables para 2030 (se había hablado antes del 35%), pero a nivel de toda Europa (ahora es el 13,5%) no país a país. Con ello, los países más verdes compensarán al resto, ahora sin obligaciones concretas en renovables.

Mientras Europa ralentiza el crecimiento de las renovables, el Gobierno Rajoy concretó en febrero el recorte a las renovables, aprobado en septiembre 2013 con la reforma del sector eléctrico: las ha reducido en 1,750 millones, aunque el sector dice que en realidad les recorta 2.100 millones (más otros 600 millones de primas cobradas desde julio pasado que tendrán que devolver), un 25% sobre los 8.123 millones en ayudas recibidos por las renovables en 2013. El Gobierno justifica el recorte para  rebajar el déficit eléctrico (-30.000 millones) y señala que las renovables han recibido 50.000 millones en primas entre 1.998 y 2013.

La mitad del recorte a las renovables se aplica a la energía eólica (-1.170 millones, sobre 2.000 millones de primas recibidos en 2013), la más afectada también porque es la única donde un tercio de la potencia instalada se queda sin ayudas (las instalaciones eólicas de antes de 2004 ya no cobrarán prima, lo que afecta más a Galicia, Castilla la Mancha y Castilla y León). Para el resto, los recortes van del 20 al 50% y afectan sobre todo a Iberdrola (24,2% de la potencia eólica instalada), Acciona (18,6%), EDPR (9,2%) y Enel (6,2%). Y eso que la energía eólica ha sido la primera fuente de generación de electricidad en 2013 (un 20,9%), por delante de la nuclear (20,8%) e hidráulica (14,4%), algo inédito en el mundo.

Otra energía muy afectada por el recorte es la fotovoltaica (paneles solares), que perderá unos -550/600 millones en primas (recibió 2.600 millones en 2013). Aquí hay tres grupos de afectados: un 40% empresas (TSolar, Fotovatio y Acciona, líder en España), un 30% Fondos de inversión extranjeros que han invertido en instalaciones españolas (solares y eólicas) y que han denunciado ya al Gobierno ante organismos internacionales) y el 30% restante son 34.000 pequeños inversores, muchos de ellos agricultores y ganaderos, sobre todo de Murcia, Navarra y Cataluña, que se endeudaron pensando que los paneles solares les iban a complementar sus ingresos y que no van a tener ahora ni para pagar al banco. Además, los particulares y empresas (granjas, empresas cárnicas, hoteles, residencias…) que han puesto paneles solares para su autoconsumo también se ven afectados negativamente por los cambios: el Gobierno les ha puesto un impuesto del 7% (el “impuesto al sol”) y además ya no les paga la energía sobrante que viertan a la red.

La tercera energía afectada es la termosolar (produce electricidad a partir de un fluido que se calienta con el sol y mueve una turbina), donde España es líder mundial en potencia instalada (60 plantas) y por capacidad tecnológica. Aquí el recorte podría ser de 400 millones, sobre los 925 millones de ayudas recibidos en 2013. Un recorte mayor sufrirá la cuarta energía renovable afectada, la cogeneración, que aprovecha el calor generado en  los procesos industriales (azulejeras, químicas, papeleras, siderurgias) para producir electricidad: les reducirán en 750 millones las ayudas (1.961 millones en 2013), lo que (tras recorte 650 millones 2013) podría llevar al cierre del 80% de instalaciones (unas 1.000).Y la misma suerte pueden  correr las granjas (sobre todo de cerdos) que producen energía con purines o empresas de biomasa que producen energía con residuos forestales, ambas afectadas por estos recortes.

En España se produjo una “burbuja” de renovables, tras las ayudas introducidas por el Gobierno ZP en 2007. De hecho, en fotovoltaica se esperaba instalar 400 Mw en tres años y se instalaron 2.700 Mw sólo en 2008. Además, España fue pionera en fotovoltaica, lo que encareció instalaciones y primas, que la tecnología abarató a partir de 2009. Pero también es cierto que España es el 8º país en potencia fotovoltaica instalada, a pesar de nuestro sol, por detrás de Alemania, Italia, USA, Japón o países de Oriente Medio. Y que España es sólo el 5º país europeo en renovables (8% de la energía), por detrás de Alemania (19%), Francia (12%), Suecia e Italia (10% ambos). En 2010, España era una potencia mundial en tecnologías renovables, con empresas punteras, y ahora, tras los recortes iniciados en 2010 y agravados en 2012 y 2014, muchas empresas han tenido que cerrar o reducir plantillas y sobreviven gracias a las renovables que instalan en América, Oriente Medio o Asia.

Las renovables denuncian que los recortes del Gobierno Rajoy buscan echarles del mercado para garantizar el futuro de las centrales de ciclo combinado (térmicas de gas), la energía con más capacidad instalada (25.000 Mw, frente a 24.000 Mw la eólica, 6.211 Mw la cogeneración, 4.177 Mw la fotovoltaica o 2.521 Mw la termoeléctrica). Aquí también se ha producido una “burbuja”: desde 2002, las eléctricas tradicionales se lanzaron a construir centrales de ciclo combinado, al amparo de primas de las que no se habla: ayudas por construirlas (26.000 € por Mw instalado al año durante 10 años) y ayudas por tenerlas operativas (4.697€ al año), aunque no funcionen: sólo el 10% lo hacen, para suplir a las centrales eólicas o solares cuando no hay viento o sol. Y ahora tenemos un exceso de potencia eléctrica instalada, más del doble que la demanda (101.631 Mw frente a 43.527 Mw), más por culpa del exceso de centrales de ciclo combinado que de renovables.

El Gobierno Rajoy justifica el recorte de primas a las renovables en que están ayudas son una de las causas del déficit eléctrico y de que suba tanto la luz. Pero no es verdad. Primero, porque las renovables han recibido menos ayudas que las eléctricas tradicionales: entre 1998 y 2011, las renovables ha recibido subvenciones por 35.000 millones, mientras las eléctricas tradicionales recibían 53.000 millones por otros pagos regulados (costes de transición a la competencia, pagos por disponibilidad, ayudas al carbón y regalo de derechos de emisión de CO2 que han vendido). Todo salía de nuestro recibo. Y segundo, el apoyo a las renovables supone un 17,21% del recibo actual, pero hay otro 11,96% que pagamos por otras ayudas a las eléctricas (y a empresas) que no dicen: 4,14% para compensar la luz que se produce en las islas,1,60% para compensar uso carbón nacional, 0,89% para moratoria nuclear, 0,41% para pagar el bono social. 2,84 % para pagar el déficit de tarifa, 1,14% por pago pérdidas de transporte y  0,94 % para compensar a grandes industrias. Y eso, sin contar la parte del recibo que destinamos a pagar el transporte (3,86%) y la distribución de la luz (12,41%). En total, un 28,23% del recibo, más que a las renovables.

Además, las ayudas a las renovables permiten bajar los costes de la luz: de los 6.136 millones de primas concedidas en 2012, 4.056 millones se recuperaron porque estas energías (eólica, solar) permitieron reducir el coste de la electricidad  en el mercado mayorista. Mientras, las ayudas “encubiertas” a las eléctricas tradicionales (mayores) fueron a engordar sus beneficios: son las eléctricas más rentables de Europa, con un 6,78% de margen sobre ventas frente al 2,62% del resto de eléctricas europeas.

Hay que dejar de hacer demagogia con las renovables: son caras (hasta que la tecnología avance), pero no tanto como se dice. Y no son las culpables de que nos suba tanto la luz: sube porque estamos pagando costes de más, sobre todo a las nucleares, hidráulicas, carbón y gas. Es urgente establecer una auditoría de costes, para pagar la luz por lo que vale. Y además, como país, tenemos que apoyar a las energías renovables por dos poderosas razones. La primera, porque España es uno de los países más dependientes de la energía extranjera (el 73,3% frente al 53% en Europa), que nos ha costado 57.162 millones en importaciones de petróleo, gas y carbón en 2013 (más de lo que ingresamos por turismo). Y la segunda, porque si no huimos del petróleo, el carbón y el gas, no reduciremos las emisiones de CO2 y nos cargaremos el Planeta. Y España es precisamente, el tercer país europeo con más emisiones de CO2 (tras Grecia e Irlanda) y donde más han crecido con la crisis.

En resumen, Europa y España (más) optan por frenar las energías renovables cuando nos hacen falta para abaratar la luz, reducir la dependencia exterior y mejorar el medio ambiente. Y todo para mantener las nucleares, el gas y el carbón y ahorrarnos 2.100 millones al año, 20 veces menos que el coste del rescate bancario. Una locura que pagarán nuestros hijos.