España es un país con muchas empresas e instituciones donde trabajan “becarios”, jóvenes que hacen prácticas durante algunos meses, la mayoría sin cobrar: los vemos en bancos, consultoras, aseguradoras, asesorías, despachos de abogados, medios de comunicación, empresas de marketing y una larga lista de empresas e instituciones que los han utilizado para contar con “mano de obra gratuita” y para “seleccionar personal”. De hecho, España es el 2º país europeo con más becarios universitarios, tras Eslovenia, según un Informe de 2015: el 67% de los titulados universitarios de 18 a 35 años habían hecho alguna práctica como becario, el doble que la media en la UE (33% de titulados han sido becarios). Y según otro estudio europeo de 2017, España era uno de los paises con más becarios que no cobran nada: el 58% no percibían remuneración, aunque un 70% de ellos trabajaban igual que sus compañeros no becarios. Y lo peor: 2 de cada 3 becarios acabaron sus prácticas sin quedarse en la empresa, repitiendo prácticas en otras empresas varias veces más.
Ya en 2012, la
Comisión Europea advirtió a España que la mayoría de los becarios
españoles hacían prácticas sin contrato ni garantías y pidió al Gobierno que
mejorara sus condiciones laborales. Pero sólo lo han hecho algunas
grandes empresas, sobre todo bancos, consultoras y multinacionales, que han
firmado convenios con Universidades para cubrir cada año plazas de
becarios, por unos meses, con un contrato y a veces con un pequeño sueldo
(entre 600 y 1.000 euros mensuales). Pero la
mayoría de los becarios siguen
haciendo prácticas sin cobrar y quejándose de que aprenden poco, porque
realizan tareas menores y no tienen un “mentor”, un tutor que les guíe o ayude
(y si lo tienen, les dedica poco tiempo). Y en paralelo, las empresas se quejan de que los becarios “les llegan muy verdes”,
“sin saber su cometido”, olvidando que van a aprender, no a cubrir un empleo.
Las asociaciones de jóvenes universitarios, los sindicatos y
muchas Universidades llevan años pidiendo “regularizar”
la situación de los becarios, desde hacerles
un contrato a cotizar por ellos. Aprovechando
la pasada reforma de las pensiones,
el Gobierno Sánchez (el ministro Escrivá) introdujo en el Real Decreto Ley
2/2023, de 17 de marzo de 2023, un compromiso para que las empresas e instituciones que contratan a
becarios sin remuneración (los
becarios que reciben un sueldo ya cotizan desde 2011) coticen por ellos, una obligación que entró
en vigor el 1 de enero de 2024. Eso sí, la cotización ahora obligatoria
por estos becarios (en torno a 1.200.000 jóvenes) será nula o muy baja.
Hay dos tipos de
becarios no remunerados y habrá
dos tipos de cotización. En el
caso de los estudiantes de formación
profesional (FP) que hacen prácticas formativas en empresas (unos 500.000
el curso pasado, aunque este curso 2023-24 las prácticas/formación dual son
obligatorias para todos los alumnos de FP, 1 millón en España), la Seguridad Social bonifica ahora el 95% de
su cotización y el Ministerio de Educación paga el 5% restante, con lo que la empresa o institución donde haga las
prácticas no cotiza nada por el becario.
En el caso de los becarios
universitarios (otros 650.000), la Seguridad Social bonifica el 95% de la
cotización por contingencias comunes
(la mínima) y la empresa o institución que los acoja debe pagar el 5% restante,
más la cotización mínima por contingencias
profesionales.
¿Cuánto
van a pagar las empresas o instituciones por tener uno o varios meses a
estos becarios universitarios (los de FP no les cuestan nada)? La cuota por
contingencias comunes (excluida la prestación por incapacidad temporal, la baja
por enfermedad, que no les cubre) es de 57,87 euros mensuales, pero como se les
bonifica el 95%, sólo pagarán 2,89 euros mensuales. Y otros 7,03 euros
mensuales por contingencias profesionales (no bonificadas), que cubre al
becario en caso de accidente laboral o enfermedad profesional. En total, pues,
la empresa o institución que contrate a un becario pagará
9,92 euros al mes, menos de 10
euros durante un periodo que suele ser de 2 a 6 meses. El coste de
invitarle a comer… Y a cambio, el becario cotiza estos meses de prácticas (y
otros que haga) para su futura jubilación y está más protegido en caso de
accidente laboral. Eso sí, no les da
derecho a cobrar el paro.
Pero resulta que las
Universidades y muchas empresas han
puesto el grito en el cielo por tener que cotizar ahora por los becarios universitarios
(esos 650.000), por tener que pagar menos
de 10 euros al mes por ellos… Ya hay empresas
y sobre todo pymes (como farmacias, que tenían becarios estudiantes dos meses) que no
van a coger becarios este año, al tener que cotizar por ellos, aunque
dicen que no es tanto por el dinero (una miseria…) como por el coste administrativo de darles de alta en la Seguridad Social.
En el caso de las
Universidades, los rectores se han opuesto frontalmente a la nueva cotización, quejándose de que no tienen
una estructura burocrática para afrontar este trabajo (hay Facultades que
gestionan 400 prácticas y eso ahora les supone más trabajo).
El problema es que hay dos tipos de prácticas universitarias.
Unas, las
“curriculares”, son obligatorias, están ligadas a los estudios de
grado, máster o doctorado: si el alumno
no hace estas prácticas, no obtiene el titulo (caso de Farmacia, Medicina,
Magisterio y muchas otras carreras). Las otras prácticas, “extracurriculares”, son voluntarias: los universitarios
las pueden hacer o no, para mejorar su currículo y empleabilidad, pero no se
exigen para titularse. Ahora, los universitarios que están forzados a hacer
prácticas para titularse tienen un doble
problema: conseguir una empresa o institución (el 65% de las prácticas se
hacen ahora en instituciones públicas) que les coja y que quiera cotizar por
ellos (menos de 10 euros al mes). Ya hay Universidades
que denuncian el rechazo de empresas e instituciones y que se han visto obligadas
a cotizar ellas (las Universidades)
por
los becarios para “colocarlos”.
Es una vergüenza que
alguien rechace a un becario por evitarse papeleo y pagar 10 euros al mes,
pero hay que inscribirlo en una vieja tradición
de muchas empresas que no ven la necesidad de formar jóvenes (y menos
pagando…), aunque luego se quejan de que no encuentran trabajadores… Mientras,
los sindicatos creen que la obligatoriedad de cotizar por los becarios tiene
una ventaja adicional, además de mejorar su protección laboral actual y su
pensión futura: controlar
el alcance de las prácticas, el
abuso de la figura del becario, saber exactamente cuántos becarios hay,
donde están y en qué condiciones. Además, Gobierno, sindicatos y patronal se
han comprometido a negociar cómo reconocer
la cotización de los becarios que han trabajado en los últimos 5 años, cara
a su futura jubilación.
La cotización
obligatoria de todos los becarios, desde el 1 de enero, es un
gran paso para dignificar la primera experiencia laboral de los
jóvenes, pero no el único que hace falta. De hecho, el 14 de junio de 2023, el
Parlamento Europeo reclamó a la Comisión
Europea por una amplia mayoría (404 votos a favor, 78 en contra
y 130 abstenciones, incluidas las del PP español) que apruebe una Directiva para regular las prácticas formativas en Europa,
en materia de duración, remuneración y protección social, dado que la normativa
europea vigente es de 2014, tras la crisis financiera y sin el auge de la
digitalización.
Un día después, el 15 de junio de 2023, la ministra de
Trabajo, Yolanda Díaz, se quiso apuntar
un tanto presentando
públicamente el Estatuto del Becario,
pactado exclusivamente con los sindicatos (presentes a su lado), un acuerdo que
no contaba con el apoyo de los
empresarios pero tampoco del resto del Gobierno Sánchez: la vicepresidenta
Calviño creía que “estaba muy verde”
y la prueba es que no
se había aprobado en Consejo de Ministros. Finalmente, se convocaron
elecciones y el Estatuto está en un cajón, pendiente de un doble acuerdo: por un lado en el seno del Gobierno y
por otro como un tema más a negociar dentro del “diálogo social” con los sindicatos y la patronal. Así
que los becarios tienen cotización obligatoria pero no un Estatuto,
como pidió el Europarlamento.
El proyecto (no aprobado) de Estatuto del Becario, promovido por Yolanda Díaz y los sindicatos, incluye
tres temas polémicos. El primero,
restringe
las horas de prácticas que puede hacer el becario: las “curriculares”
(obligatorias) no podrán supera las 1.500 horas (188 días) y las prácticas “extracurriculares”
(voluntarias) se limitan a 480 horas (60 días), la mitad que ahora. El segundo,
el que despierta más rechazo patronal, que se pretende obligar a las empresas a compensar gastos al becario (aunque no
obliga a remunerarlas), desde gastos de transporte a manutención, compensación
que no se aplica si la empresa paga algún tipo de sueldo al becario. Y el
tercer punto controvertido, que se aumentarían
mucho las sanciones a las empresas incumplidoras, desde 7.501 euros a un
máximo de 225.018 euros. Además, el borrador de
Estatuto del Becario incluye limitar
el número de becarios (no más del 20% de la plantilla), el número de becarios por tutor (no más
de 5) y ampliar sus derechos:
disfrute de vacaciones y festivos, derecho a los servicios de la empresa y
derecho a ausentarse del trabajo por asistencia médica, enfermedad o accidente.
Mientras la Directiva europea del Becario y el Estatuto del
Becario en España están “aparcados”, los
jóvenes
tratan de conseguir una beca con la que poner un pie en el mundo
del trabajo. Parece claro que necesitamos una norma que evite abusos y regule
estas prácticas, integrando en la regulación los distintos intereses de
empresas, Universidades y estudiantes. Parece claro que la clave es separar lo que es
formación de lo que es trabajo, para evitar que algunas empresas
e instituciones utilicen a los becarios para “ahorrarse mano de obra”.
De hecho, UGT
estima que las empresas españolas se
ahorran 3.300 millones anuales en
salarios y otros 1.312 millones en cotizaciones por tener becarios. Esto es
lo que hay que regular: que se les pague algo dignamente y que coticen por
ellos, para que estén cubiertos ante incidencias y cara a su futura jubilación.
Pero los becarios
son sólo una de las vías por las que
los jóvenes acceden a un empleo. El alto nivel
de paro de los jóvenes españoles (27,9%
en menores de 25 años, frente al 14,5%
en la UE-27 y el 5,6% en Alemania, según
Eurostat) obliga a poner en marcha un abanico de medidas para conseguir que trabajen más jóvenes (sólo
trabajan el 38,8% de los jóvenes españoles de 15 a 29 años, frente al 49,2%
en la UE-27 y el 61,7% de los jóvenes en Alemania). Por un lado están los contratos en prácticas y para la
formación, pero otra vía es el
contrato de relevo: un mayor de 60 años trabaja menos horas (jubilación
parcial) y es sustituido esas horas por un trabajador joven. Un tipo de
contrato que ahora
se utiliza poco (sólo hubo 25.131 jubilaciones parciales en 2022), porque hay demasiadas restricciones y
las empresas cotizan lo mismo por el trabajador que reduce su jornada para que
lo releve parcialmente un joven. Algo preocupante porque tenemos
unas plantillas envejecidas (2 millones de trabajadores tienen más
de 60 años) y 500.000
jóvenes en desempleo.
Ante el preocupante
panorama de los jóvenes en España, la OCDE nos dio en octubre pasado dos
recetas: mejorar su formación,
para que aprendan lo que necesitan las empresas (que se quejan de que no
encuentran los profesionales que buscan) y ayudarles
a colocarse, con una reforma de las
oficinas de empleo, para hacer un seguimiento de la empleabilidad de los
parados y ayudarles a colocarse, sobre todo a los jóvenes. Ambas vías tienen
que ver también con las prácticas,
que deberían
reconfigurarse no sólo para que no haya abusos sobre los jóvenes
sino para que sean eficaces para encontrar un empleo futuro. Eso
debería ser el centro de cualquier futura
normativa sobre los becarios. Ayudarles a trabajar.
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