Ley de Residuos: reciclar tiene su precio

El Congreso aprobó el 14 de julio la nueva Ley de Residuos, para cumplir con las exigencias europeas. El futuro Gobierno tendrá que elaborar un Plan Nacional de Residuos para evitar que España sea el país de Europa con más basura y menos reciclaje. Ello supondrá un gran esfuerzo para las empresas y los Ayuntamientos, en plena crisis, y también para los consumidores, que tendremos que pagar más por las basuras. Y habrá que olvidarse de las bolsas de plástico para 2018.También volverá la antigua costumbre de devolver los cascos y cobrar por ellos. Al final, se trata de utilizar menos envases, más reutilizables y más fácilmente reciclables. Y acostumbrarnos todos a reciclar, desde pequeños. Basura no, gracias.

España es uno de los países que produce más basura y que menos recicla. Cada español genera al año 556 kilos de basura, más de kilo y medio diario, frente a 508 kilos de media europea. Y sólo reciclamos el 15,5%, unos 86 kilos al año por habitante, frente a 119 kilos (un 23,4%) que reciclan los europeos. La mayoría de la basura acaba en el vertedero (287 kg en España, frente a 202 en Europa) y poca se incinera (48 kg aquí y 100 kg en la UE).

Con todo, la  anterior Ley de Residuos, de 1998, supuso un gran salto, ya que se pusieron en marcha dos sociedades sin ánimo de lucro  para recoger y reciclar residuos (Ecoembes y Ecovidrio) y se ha conseguido reciclar un 66% de los envases ligeros (plásticos, latas y briks) y el 83% del cartón y papel, así como el 60% de los envases de cristal, aunque los ecologistas rebajan esos porcentajes y acaban de presentar una queja ante el comisario europeo de Medio Ambiente para que investigue las “graves irregularidades” en los datos que presenta España.

Polémicas aparte, el caso es que queda mucho por hacer en el reciclaje de basuras en general y en los envases en particular: cada día se utilizan 51 millones de envases y sólo se reciclan entre un tercio y dos tercios, según materiales y fuentes. El objetivo de la nueva Ley de Residuos, aprobada sin votos en contra, es triple: que haya menos envases, que sean menos contaminantes (menos peso y más fácilmente degradables) y que se reciclen y reutilicen más. La Ley tiene tres grandes retos. Uno, que para 2015 toda la basura se recoja en España separada (papel, plástico, vidrio, metales y biorresiduos). Dos, que para 2020 se reduzcan los residuos generados un 10%. Y tres, que también para 2020, se reutilicen y reciclen el 50% de los residuos domésticos (hoy es un 15%).

En paralelo, el proyecto estrella es la supresión de las bolsas de plástico no biodegradables: habrá que suprimir el 60% en 2013, el 70% en 2015 y el 100% para 2018. España es el mayor fabricante de bolsas de plástico de Europa (350 empresas y 50.000 empleos, que tendrán que reciclarse) y su tercer consumidor, con 238 bolsas por español al año, que en un 85% se reutilizan para tirar la basura y que tardan hasta 20 años en degradarse. La cruzada contra las bolsas de plástico ya ha empezado en las grandes superficies, que las cobran (eso ha bajado su uso 5 veces menos), pero la nueva normativa va más allá: en 2015 llevarán mensajes negativos, como el tabaco (“esta bolsa mata el medio ambiente”) y en 2016, el Gobierno les pondrá un impuesto, para desanimarnos más a usarlas.

Estos ambiciosos objetivos van a suponer un gran esfuerzo a las empresas, sobre todo de alimentación, y a los Ayuntamientos, que gestionan la mayoría de las basuras y que nos subirán más la recogida. Harán falta más inversiones, en plena crisis, para mejorar los envases (mucha innovación para que contaminen menos), aumentar la reutilización y el reciclado. Y sobre todo, hará falta un esfuerzo de educación al consumidor, para que colaboremos más en separar y reciclar. Para animarnos, la nueva Ley abre la vía a la recogida de envases, a volver a guardar y llevar “los casos”, como hacíamos cuando éramos pequeños. El sistema SDDR (Sistema de Depósito, Devolución y Retorno) consiste en poner máquinas en tiendas y supermercados donde el consumidor deposita los cascos a cambio de cobrar 25 céntimos por envase, como ejemplo.

El sistema, que tiene mucho éxito en Alemania (se recuperan así el 98% de los envases) y otros 35 países, permite que el consumidor le dé un valor a los residuos y no los tire, reutilizándolos con menos coste que el reciclado actual. La industria y los comerciantes han iniciado una batalla contra el sistema SDDR, porque dicen que les supondrá muchos costes (600 millones de euros), entre las máquinas y la logística. Y los ecologistas responden que ahorraría costes y que el consumidor ayudaría más a reciclar. En cualquier caso, sería un buen sistema complementario a la gestión de residuos, ya que sólo se puede utilizar para los envases de plástico (PET), briks, latas y botellines de cervezas, bebidas y refrescos, un 5% de los residuos totales generados en España. Y tardará unos años en ponerse en marcha.

Con la nueva Ley y muchas inversiones, España puede convertirse en un país más limpio, que genere menos basura y la recicle más. Es un tema de dinero, de ayudas, de gestión, de colaboración entre empresas e instituciones y, sobre todo, de educación. Hoy por hoy, sólo 6 de cada 10 españoles separa las basuras en su casa y son muchos los que todavía no la llevan al contenedor, a pesar de que España es el país con más contenedores por habitante de Europa. Vivimos en la cultura del desperdicio, del usar y tirar. Y eso es también la cultura del despilfarro. No podemos seguir tirando dinero a la basura. A reciclar tocan.

La crisis frena la innovación

Todo el mundo apuesta por la innovación, por invertir en I+D+i para cambiar el modelo económico español. Pero llevamos ya tres años de caída de la inversión en innovación, por el recorte de los presupuestos públicos y de las empresas, sobre todo las pymes. Eso nos retrasa más aún de Europa, donde gastan casi el doble en I+D. Pero el problema no es sólo de dinero. También hay que gastar bien (uno de cada cuatro euros del Presupuesto no se gasta), hay que mejorar las ayudas fiscales, hay que buscar financiación y, sobre todo, hay que mejorar la formación y la educación, apostando por los jóvenes emprendedores. Hacer como país un gran Pacto por la innovación, para que nos saque de la crisis.

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Los datos del INE lo acaban de confirmar: el gasto en I+D en España volvió a caer un 1,7 % en 2010, más que en 2009 (-0,8%), el primer año en que bajaba el gasto total en I+D  (14.582 millones €) después de 15 años de crecimientos consecutivos. Lo peor es que 2010 ha sido el primer año en que bajó el gasto público en I+D (-0,9%), aunque se suavizó la caída en el gasto empresarial (-2,4% frente a -6,3%). Ahora, todo apunta a que en 2011 volverá a caer la inversión en I+D, ya que el Presupuesto se ha recortado este año un 7% y las empresas no parece que estén para gastar en innovación.

Con ello, España se coloca aún más a la cola de Europa en innovación : gastamos el 1,38 % de la riqueza (PIB) en innovación (I+D), frente al 2,34% de la OCDE y el 1,89% de la Unión Europea, que es mucho más en el caso de Alemania (2,68%) o Francia (2,11%).Con ello, España se ha colocado en el puesto 18 de 27 en el ranking europeo de innovación, sólo por delante de Grecia, Malta y 7 países de la Europa del Este. Y mientras aquí hacemos recortes, Alemania, que gasta más del doble que España (1025 dólares por habitante frente a 446), ha aumentado su inversión pública en innovación un 7% este año.

En España, la mayoría del gasto en I+D lo financia el sector público (55%), mientras que en otros países desarrollados son las empresas las que gastan 2 de cada 3 euros en innovación. Aquí, de las 13.650 empresas que invierten en I+D, según el informe COTEC 2011, hay 1.150 grandes empresas que han recortado poco su inversión (-9%) y mantienen su plantilla de investigadores, pero son las 6.500 pymes (10-50 empleados) las que más han reducido su inversión en I+D (-17%), por la caída de ventas y la dificultad de encontrar financiación.

Sin embargo, faltan más proyectos que dinero. Así, 1 de cada 4 euros del Presupuesto del Ministerio de Innovación en 2010 no se gastó, porque empresas y autonomías pidieron sólo un 60% de los créditos públicos disponibles (3.218 millones). O sea que 1.287 millones de préstamos para I+D no se gastaron. Y de cada 100 empresas, 34 desaprovechan las ayudas a la investigación, según un estudio de Alma Consulting. Falta información y simplificar trámites. Y tampoco funcionan los incentivos fiscales a la I+D: no los utilizan ni el 75% de las empresas innovadoras, porque Hacienda las está echando atrás y corren el riesgo de una inspección.

Pero la innovación no es sólo cosa de dinero, como señala el último Informe COTEC: hace falta promover una cultura de la innovación, de arriba abajo, y sobre todo con la educación, que debe estar más dirigida a las empresas y la formación para el empleo. Y aplicar la innovación al día a día, sobre todo en las pymes y autónomos: no es de recibo que el 52% de los autónomos no tenga un ordenador y de los que lo tienen, dos tercios no tengan Web y una cuarta parte no tenga acceso a Internet. Hace falta que el Estado y las autonomías tiren de las empresas para que innoven, con una política de compras públicas y de atracción de emprendedores. No en vano, las tres autonomías que más gastan en I+D (Navarra, País Vasco y Madrid) son las más dinámicas y están entre las que más crecen y tienen menos paro.

Además, es muy importante “sembrar la innovación” entre los jóvenes, ya que España tiene un lastre de partida, con menor capacidad innovadora de nuestros jóvenes respecto a la mayoría de Europa, según un estudio de la Fundación COTEC, que propone cultivar más la inteligencia en la educación (más matemáticas y más esfuerzo) y en el ocio (más lectura y arte y menos tele), fomentar la emancipación (estudiar, trabajar y vivir fuera de casa),desarrollar su espíritu cívico y facilitarles los viajes y los idiomas, como bases para que en España haya más emprendedores, más empresarios innovadores en unas décadas.

Entre tanto, hace falta un Pacto por la innovación, para salvarla de los recortes del Estado, las autonomías y las empresas. Ya tenemos una ley de la Ciencia que ha sido aprobada por consenso y ahora hace falta un gran acuerdo (Estado, autonomías, empresas, bancos y Cajas, Universidades e investigadores) para conseguir sus objetivos: aumentar en 6.000 millones anuales la inversión privada en I+D, duplicar la inversión pública, subir al tren de la innovación a 40.000 nuevas empresas y generar medio millón de empleos tecnológicos. Hacen falta hechos y no palabras, como las apelaciones a innovar de Rubalcaba y Rajoy. No podemos esperar a que tire la economía para invertir en I+D. Porque si no se innova y se cambia el modelo productivo, la economía no tira. Es la pescadilla que se muerde la cola. En este caso, nuestro futuro.

El doble pulso de los convenios

Ha sido el parto de los montes. Patronal y sindicatos han estado más de cuatro meses negociando la reforma de los convenios y al final el Gobierno ha aprobado unos cambios que no convencen a nadie. Se repite la historia de la fallida reforma laboral de septiembre. El acuerdo ha sido imposible porque una parte de la patronal ha echado un órdago en su pulso con los sindicatos: querían cambiar las condiciones de trabajo, pero sin tanto control sindical. Apuestan porque los mercados, Bruselas o un futuro Gobierno del PP harán una reforma a su medida. Mientras, el Gobierno abre la vía a convenios más flexibles y a cambio, facilita el despido (lo abarata). El problema es que para contratar se necesita no sólo convenios más flexibles sino que las empresas vendan, inviertan y tengan financiación. Y eso sigue faltando.

Cada año se firman en España unos 5.000 convenios, que rigen las condiciones de trabajo de un 80% de los asalariados, de unos 11 millones de trabajadores. Sólo quedan fuera algo más de 4 millones, sobre todo funcionarios (3 millones), empleadas de hogar y trabajos en precario (muchos jóvenes). Tres de cada cuatro convenios son de empresa, pero sólo afectan a un 10% de los trabajadores, ya que la mayoría están cubiertos por convenios de sector, provinciales (55% trabajadores), autonómicos (10%) o nacionales (25%), que fijan condiciones de trabajo de arriba abajo, al margen de la situación de cada empresa.

Los empresarios querían, y con razón, dar más peso a los convenios de empresa, para adaptar sueldos, horarios, categorías y condiciones de trabajo a la marcha de la empresa en cada momento. Y empezaron su particular pulso con los sindicatos, para ver cómo decidían los cambios en los convenios. Pero dentro de la patronal había otro pulso, entre los que saben que es mejor un acuerdo pactado que una imposición y los que piensan que el mejor convenio es el que no existe y defienden que el empresario decida lo que hace en su empresa (y más con la crisis). Al final, se ha impuesto esta línea dura, que cree que pueden conseguir más con una reforma impuesta por los mercados, Bruselas o un  Gobierno del PP.

La ruptura vino porque la patronal quería dejar fuera de convenio a los directivos y a las pymes con menos de 6 empleados (sería dejar fuera a un 75% de las empresas y a un 25% de los trabajadores) y porque no aceptaban que los sindicatos tuvieran que dar el visto bueno a los cambios en las condiciones laborales. Un pulso de poder en la empresa. El Gobierno ha optado por una solución salomónica, que da más flexibilidad a los convenios, pero con control sindical. Hay tres cambios importantes. Uno, prevalece el convenio de empresa sobre el resto. Dos, se permite a las empresas modificar las condiciones de trabajo, desde horarios (reparto de un 5% de la jornada) a movilidad, incluso con la posibilidad de descuelgue salarial, para que las empresas con problemas paguen menos que el convenio sectorial. Y eso en el plazo de un mes, recurriendo a un árbitro (como con los controladores) en caso de desacuerdo, así como para renovar un convenio atascado (debe renegociarse en 8-14 meses).

Teóricamente, ahora será más fácil flexibilizar las condiciones de trabajo en una empresa, aunque habrá que negociarlas. Con ello se quiere facilitar que las empresas ajusten sus horarios y sueldos antes de tener que despedir. Sin embargo, el Gobierno, para compensar a la patronal, ha aprobado, junto a la reforma de convenios, un Reglamento que facilita (más bien, abarata) los despidos colectivos (ERE): ahora permite a las empresas que soliciten despidos con una indemnización de 20 días por año (en vez de los 45 días habituales) si prevén que van a tener pérdidas, incluso transitorias. Un coladero que va a multiplicar los ERE.

El problema en España, por mucho que se diga, no es que sea difícil despedir, como lo prueban los 2.358.000 empleos perdidos desde que empezó la crisis. La propia OCDE señala que en España es más fácil despedir que en Francia, Alemania, Luxemburgo, Bélgica, Italia, Portugal o Austria, por ejemplo. Otra cosa es que sea más o menos barato. Pero si se abarata, como ha hecho el Gobierno socialista para contentar a empresas y mercados, ¿no estamos facilitando que haya más despidos?

La reforma de los convenios, la aprobada o la que finalmente se apruebe en el Congreso (si da tiempo), es clave para flexibilizar las condiciones de trabajo en las empresas, mejorar la productividad y evitar más despidos. Pero no va a crear empleo por sí misma. Para que las empresas creen empleo tienen que vender, invertir y eso resulta difícil con la caída del consumo y los ajustes. Y les hace falta financiación, crédito, “la gasolina” del empleo. Sólo así, con más ventas y financiación, las empresas pueden pensar en crear empleo. Y para ayudarles, mejor que el despido libre (con 20 días) que piden algunos sería rebajarles las cotizaciones sociales, para que no les sea tan caro contratar, como ha pedido la Unión Europea. Pero eso obliga a subir impuestos a los que tienen empleo (y a las empresas y particulares con más beneficios). Y no parece que se esté por la labor.

En resumen, tenemos una reforma de convenios impuesta, que puede quedar en agua de borrajas o tumbada por los mercados. Tenemos un pulso en las empresas que sigue ahí y que debería quedar en tablas, primando el acuerdo, para salvar el empleo. Y tenemos demasiada ideología y demasiado politiqueo a corto plazo, que pueden frustrar un necesario Pacto por el empleo, equilibrado y realista, que no puede esperar a 2012. Actúen ya.  

Las mujeres pagan más la crisis y la maternidad

Nuestras madres y abuelas han sido el sostén de nuestras familias, como ahora lo son nuestras mujeres e hijas. Pero las mujeres son, junto a los jóvenes y los mayores de 45 años, el colectivo que más está sufriendo la crisis: tienen más paro, están menos empleadas, cobran salarios más bajos y casi la mitad son inactivas, o sea que ni trabajan ni buscan trabajo. Y lo peor, por el hecho de ser madres, casi una de cada cuatro mujeres ha dejado su empleo para cuidar a sus hijos, lo que no hacen apenas los hombres. Y cuando se jubilen, las mujeres tendrán mucha menos pensión. En resumen, mal negocio ser mujer en España.

A finales de 2010 había en España 2.046.885 mujeres registradas como paradas en el INEM, el  doble que hace tres años y casi tantas como hombres (2.053.188), aunque la tasa de paro femenina es más alta (20,53% frente a 19,29%). Y el paro femenino ronda el 30% en Melilla (31,3%), Andalucía (30,7 %), Canarias (28 %) y Extremadura (26,3%). Además, el paro ha crecido el último año más del triple entre mujeres (+135.618) que entre hombres (+40.652).

En España sólo trabajan 8.170.600 mujeres, según la EPA (Estadística), frente a 10.376.000 hombres. Y cobran un 17 % menos por su trabajo que los hombres. Esta discriminación salarial se da en toda Europa, sobre todo en niveles medios y altos, pero la diferencia es que en España se da también en niveles de baja cualificación, donde la desigualdad salarial sube hasta el 25-35 %. Ello se debe a que un alto porcentaje de mujeres tienen menos formación, están infraeducadas, y a que muchas empresas piensan que tienen más riesgo de que las mujeres abandonen el trabajo y no invierten en ellas: les forman menos y les pagan menos.Y les contratan menos: sólo un 23 % de las empresas españolas contratarán a madres en 2011, según un sondeo de Regus.

De hecho, la crisis y la falta de conciliación entre la vida laboral y familiar ha provocado que un 23 % de las mujeres con hijos menores de 5 años hayan dejado su empleo para atenderlos, algo que sólo han hecho el 4,8% de los padres, según un estudio de la Fundación La Caixa, donde se revela que aunque la mitad de los hombres ayudan en casa y con los hijos, sólo un 7% se implica lo mismo que su mujer. En consecuencia, dos de cada cinco madres no trabajan en España. Y la falta de empleo de la madre aumenta el riesgo de pobreza infantil y de fracaso escolar, según dicho estudio: en los hogares donde sólo trabaja un progenitor, 3 de cada 10 niños de menos de diez años son pobres.

Con todo, lo peor es que la mayoría de mujeres ni trabaja ni está parada, simplemente está “inactiva”: 9.392.400 mujeres que trabajan en casa o estudiando pero que no cobran. Un 48% de las mujeres españolas son inactivas (32% en los hombres), frente a un 27% en Suecia, por poner el ejemplo contrario más extremo. Un porcentaje altísimo de personas “desanimadas”, que ni trabajan ni buscan trabajo, porque piensan que no van a encontrarlo.

Cara al futuro, las mujeres tienen muy difícil asegurarse una pensión digna, ya que cotizan menos años y por salarios más bajos, lo que aboca a ancianas con pocos recursos, un problema para el que ha pedido soluciones la Comisión del Pacto de Toledo.

Ante este negro panorama para la mujer, ¿qué se puede hacer?. Primero, diseñar una política integral de apoyo a la familia, con medidas que apoyen el trabajo de la mujer: más guarderías accesibles (ahora sólo las tienen un 30% de los niños), ampliar la baja por maternidad (está previsto pasar de 16 a 20 semanas en 2012, pero cuesta 988 millones al año) y más  incentivos a la conciliación. Segundo, fomentar el trabajo a tiempo parcial, que en España sólo tienen un 19% de mujeres, frente a un 33% en Europa. Tercero, volcarse en la formación de la mujer, tanto la que está parada como la subempleada. Y sobre todo, utilizar la negociación colectiva en las empresas para frenar y reducir la discriminación a las mujeres. No podemos perderlas.   

La salida de la crisis se retrasa hasta el 2012

Empiezo con una buena noticia económica (y mira que hay pocas): las grandes empresas españolas, las 130 que cotizan en Bolsa, han aumentado sus ventas hasta septiembre un 12 % y sus beneficios un 22%, cuando hasta junio ganaban sólo un 5% más. Todo apunta a que las grandes empresas han hecho ya su ajuste, tras dos años reduciendo deuda, vendiendo lo que han podido, recortando costes (y plantillas) y pagando casi los mismos salarios.

Hasta aquí bien, porque el ajuste de las empresas es la primera condición para salir de la crisis. Pero estamos hablando de las grandes empresas, que han tenido una válvula de escape para salir del túnel: exportar, vender fuera más que dentro en muchos casos. Y ese no es el caso de los millones de empresas restantes, medianas y pequeñas, ya que sólo 40.000 empresas exportan habitualmente en España. A la mayoría, aunque también están más saneadas que hace dos años (las que no han cerrado por el camino), les falta algo fundamental para salir adelante y crear empleo: vender.

Y aquí, la última noticia es muy mala: el consumo ha caído en el tercer trimestre, por primera vez en un año. No es extraño, ya que los españoles con trabajo se han encontrado con una subida del IVA en julio y con que sus sueldos o han bajado (un 5 % para 4 millones de funcionarios) o han subido menos que la inflación (1,3 % este año, frente a un IPC del 2,3%), con lo que han perdido poder adquisitivo. Además,  se han quitado las ayudas a la compra de coches y el sector público ha recortado también sus gastos por el ajuste fiscal.

Con el miedo al paro, los salarios bajos (el 58% de los ocupados gana 1.000 euros al mes o menos) y que apenas van a subir (o que bajan),  las pensiones  congeladas y 4,600.000 personas desempleadas, no parece que el  consumo se vaya a reanimar en lo que queda de año. Ya se anticipan las terceras Navidades en crisis, con un 11% menos de ventas. Y tampoco se ve una recuperación del consumo en 2011. Las ventas fuera de España tampoco ayudarán mucho, porque Europa y Estados Unidos están creciendo menos de lo esperado.

Sin consumo, ni de las familias ni del sector público (con los Ayuntamientos y autonomías en números rojos), resulta difícil que las empresas, aunque estén más saneadas, vendan e inviertan. Y menos con el dinero  caro y escaso, aún más en 2011, porque el BCE está cerrando el grifo a los bancos y persiste la crisis de la deuda y la falta de credibilidad económica de España. Por eso, la OCDE nos acaba de dar la peor noticia del año : España apenas crecerá en 2011 (0,9 %) y habrá que esperar a 2012 para crecer algo más (1,8%) y crear empleo, quizás para el verano, aunque no creen que empecemos a bajar el paro de forma significativa hasta finales de 2012. O sea que tenemos año y medio más de crisis, por lo menos.