Plan de vivienda: muchas trampas y poco dinero

El Gobierno ha aprobado el Plan de vivienda 2018-2021, dicen que “el más social de la historia”. Pero está repleto de “trampas”, para gastar lo menos posible, un 43% menos que su anterior Plan 2013-2016. Para ello limitan las ayudas a alquileres de 600 euros (o 900), que apenas hay, con limitaciones de ingresos que dejan fuera a muchos. Y se aprueba tarde, sin aportación autonómica este año. Resultado: 88 euros de ayuda al mes para medio millón de españoles. Menos de lo que cuesta rescatar las autopistas. El Plan debería volcarse sólo en el alquiler y actuar sobre la oferta, no sobre la demanda: si los alquileres están disparados es porque hay pocos. La solución es doble: incentivos fiscales para que se alquilen parte de los 3 millones de pisos vacíos y dedicar el triple de dinero para  promover viviendas públicas en alquiler. Poner en el mercado 1 millón de alquileres más, una parte públicos y a bajo precio, como en Europa. No un Plan engañoso, que "racanea" ayudas y hará subir los alquileres.

enrique ortega

La vivienda preocupa cada vez más a los españoles que no tienen piso propio. Y es normal, porque los precios de las casas llevan años subiendo sin parar (más de un 20%) y en 2017 se han encarecido otro 6,2%, la mayor subida en 10 años. Y los alquileres suben aún más, un 25% en los dos últimos años,  con lo que alquilar un piso en una gran ciudad cuesta ya entre 900 y 1.500 euros (si se encuentra). Un alto coste que ha disparado los desahucios de familias que no pueden pagar el alquiler: 35.666 desahucios en 2017, 150 cada día laborable, según los datos del Consejo General del Poder Judicial. Y mientras, los jóvenes y las familias recién creadas tienen contratos precarios y sueldos mileuristas, con lo que no pueden comprar ni alquilar, obligando a muchos (el 80,6% de los jóvenes) a vivir con sus padres.

En medio de este panorama, el Gobierno Rajoy aprobó el 9 de marzo el Plan de Vivienda 2018-2021, con 15 meses de retraso y una prórroga en 2017 del anterior Plan 2013-2016. Y lo ha “vendido” a todo trapo como “el Plan más social de la historia” (PP dixit), que intenta ayudar a los españoles a alquilar o comprar una vivienda. Pero el Plan está repleto de “trampas”, porque tiene un objetivo de partida: gastar lo menos posible. De entrada, el Plan de vivienda 2018-21 contempla un gasto del Estado de 1.443 millones de euros, dicen que un 62,4% más que el Plan anterior. Primera “trampa”: lo comparan con el gasto realmente hecho en esos cuatro años (888,21 millones), no con el Presupuesto que tenía el anterior Plan (2.311 millones), como debe ser. Y entonces resulta que van a gastar un 43% menos. Y eso si lo cumplen, porque este año está medio perdido y las autonomías, que son las que gestionan el Plan, no aportarán un euro este año, porque ya tienen aprobados y en marcha sus Presupuestos. Además, las autonomías gobernadas por el PSOE se quejan del reparto de las ayudas por autonomías, por "opaco" e injusto.

Se trata pues de un Plan “social” para la galería pero casi con la mitad de dinero que el anterior, gracias a que ponen “trampas” por todos lados para gastar menos. Por un lado, las ayudas al alquiler son para alquileres de no más de 600 euros al mes (apenas hay), que pueden subir a 900 euros en algunas  ciudades (hay 3.800 alquileres de 900 euros en Madrid y Barcelona, según el portal Idealista.com, el 1% del total). Por otro, en la letra pequeña del BOE (no lo dijo el ministro al “vender el Plan) han incluido una limitación a los beneficiarios de la ayuda al alquiler de 35 a 65 años: no pueden ganar más de 806,76 euros al mes (si viven solos), más de 1.075 euros si son dos y no más de 1.344 euros al mes si son tres, lo que deja a muchos españoles fuera. Y a la hora de ayudar a los jóvenes a la compra de pisos, sólo aportan 10.800 euros (el 10% de una casa de 100.000, el tope que permiten) y sólo incluyen viviendas en ciudades de menos de 50.000 habitantes, donde únicamente viven el 11% de los jóvenes españoles (cuyo problema es comprar o alquilar en grandes ciudades).

Además, y para enfadar aún más a los jubilados, el nuevo Plan de Vivienda tiene otra “trampa” escondida: quita el pago de 200 euros que se estaba dado a algunos mayores de 65 años que tenían piso en propiedad, para ayudarles a pagar la comunidad o algunos recibos. Con todo ello y con un abanico de requisitos muy estrictos en todas las ayudas (al alquiler, la compra y la rehabilitación), el Plan prevé “ayudar” a 557.109 beneficiarios en cuatro años. Si a los 1.443 millones que pone el Estado sumamos lo que van a poner las autonomías (un 30%, a partir del año que viene), otros 328 millones, el gasto total en el Plan de vivienda 2018-2021 será de 1.771 millones de euros, lo que da una ayuda media por beneficiario de…88 euros al mes. Una “miseria” como para ayudar de verdad a comprar o alquilar. Y con ello, el Gobierno Rajoy dedicará a la vivienda menos dinero del que nos costará rescatar las autopistas de peaje privadas (mínimo: 2.500 millones de euros).

El Plan de vivienda 2018-2021 tiene tres patas. La primera y fundamental son las ayudas al alquiler, que varían según la edad del que las solicite. Para los jóvenes (menores de 35 años) y mayores de 65 años, se les subvenciona por tres años el 50% del coste del alquiler, pero con el tope de 600 euros (y 900 en algunas ciudades). Eso sí, la condición es que ganen menos de 22.558 euros al año. En el caso de familias desahuciadas, se les subvenciona el 100% del alquiler, pero hasta un máximo de 400 euros (dónde hay alquileres de 400 euros?: otra trampa más). Para los españoles de 35 a 65 años, la ayuda es menor, del 40% del alquiler, y sólo se les da si ganan entre 11.182 (solteros) y 18.798 euros (3 personas), lo que restringe mucho. Y además, hay una novedad: por primera vez el Plan subvenciona a los promotores privados que hagan viviendas para alquilar (con 350 euros/m2), una buena iniciativa que puede fracasar, como ha pasado con las ayudas a las viviendas de protección oficial (VPO), si no se facilita esta construcción privada, quitando burocracia y poniendo suelo público en manos de los promotores privados. También se ayuda a los promotores que construyan pisos con servicios comunes para alquilar a mayores, otra buena idea que algunos promotores critican  porque está llena de restricciones.

La segunda pata del Plan de vivienda 2018-2021 son las ayudas a la compra de vivienda para jóvenes, poco más que “simbólicas”, porque las restringen a viviendas en ciudades de menos de 5.000 habitantes, donde sólo viven el 11% de los jóvenes, según el portal idealista.com. Y otra limitación: la ayuda tiene un tope de 10.800 euros, un 10% del precio máximo de coste de la vivienda, 100.000 euros (UGT dice que la ayuda “es un espejismo: no da ni para pagar el notario y los gastos). Los expertos critican que se ayude a la compra, cuando un joven debería dedicar un 61% de sus ingresos (898,35 euros de media, según el Observatorio de la Juventud) a pagar una hipoteca, algo que les invalida como clientes ante los bancos. Y algunos creen que el Gobierno sólo busca con esta ayuda dar salida a los pisos que no consiguen vender los bancos y la SAREB (el “banco malo”), situados muchos en pequeños municipios.

La tercera pata del Plan de vivienda 2018-2021 son las ayudas a la rehabilitación, “una guinda” para decorar el Plan, que contempla ayudas del 35 al 40% de la inversión, incluyendo por primera vez las viviendas unifamiliares y rehabilitar viviendas aisladas, no edificios enteros. Esta ayuda tampoco ha funcionado en el Plan anterior (25.880 actuaciones en 2016), pero podría ser una buena salida para familias con viviendas antiguas, aunque no sea la prioridad.

Al final, la primera crítica que puede hacerse al Plan de Vivienda 2018-2021 es que tiene recursos muy escasos, un 43% menos que el Plan anterior. Y además, tiene tantas “trampas” y requisitos por todos los lados, que lo normal es que no se gaste lo presupuestado (el Plan 2013-2016 gastó solamente el 38,43%). Pero aunque se gastara todo, sería un esfuerzo mínimo: 1.771 millones en cuatro años, 442 millones anuales, el 0,04% del PIB, un porcentaje ridículo comparado con lo que gastan la mayoría de países en subsidios a la vivienda, según la OCDE: 1,41% del PIB Gran Bretaña, 0,83% Francia, 0,59% Alemania o 0,45% Suecia. Y Eurostat acaba de publicar las ayudas públicas a la vivienda y equipamientos colectivos en Europa en 2016: 0,6% de media en la UE-28, 1,1% en Francia o  0,7% en Gran Bretaña o Italia  frente al 0,5% en España y  0,4% en Alemania. Y un dato más: sólo la ciudad de Viena gasta cada año en vivienda social 600 millones de euros, más que toda España al año con este Plan 2018-2021.

Pero la principal crítica de fondo al Plan de Vivienda 2018-2021 no es que “racanee” con las ayudas y gaste poco: es que está mal orientado. El problema de la vivienda, sobre todo del alquiler, no está en la demanda, sino en la oferta: hay pocos pisos en alquiler y por eso los alquileres se han  disparado. Por eso, ayudar al alquiler acabará traduciéndose en nuevas subidas de los alquileres, como denuncian los portales inmobiliarios y han demostrado algunos estudios universitarios: si el propietario sabe que ahora le subvencionan al inquilino el 40 o el 50% del coste, tenderá a subirlo, porque no se notará tanto con la ayuda. Así que el dinero público del Plan acabará en el bolsillo de los arrendadores. La alternativa es gastar ese dinero en aumentar la oferta, en ampliar el número de viviendas en alquiler, sobre todo en las grandes ciudades, lo único que bajaría los precios y ayudaría de verdad a los inquilinos.

Hay dos vías para actuar y conseguir que haya más pisos en alquiler. Una, incentivar a los propietarios de los 3 millones de casas vacías (particulares, bancos y empresas) a que las pongan en alquiler, con ayudas fiscales. Todo lo contrario de lo que ha hecho el Gobierno Rajoy, que en mayo de 2015 rebajó la deducción fiscal a los propietarios que alquilaban, del 100% al 50% del alquiler, y se la quitó a los inquilinos. Hay que conseguir que al menos 500.000 de esos pisos se alquilen, no por la fuerza, obligando al dueño (eso nunca funciona) sino convenciéndole de que le sale rentable (y “garantizándoles” el cobro de los alquileres). La otra vía es crear un parque público de viviendas en alquiler, a partir de las viviendas protegidas (VPO) vacías (15.000), las viviendas del “banco malo” SAREB (76.000), viviendas que se compraran a bancos y particulares a precios razonables y nuevas viviendas que podrían promover Ayuntamientos, autonomías, ONGs y Fundaciones si tuvieran ayudas, lo que apenas se contempla en este Plan de Vivienda. Podrían ser otras 500.000 viviendas en 4 años.

Y con ellas, tendríamos un parque de 1 millón de nuevas viviendas para alquilar, que forzarían a la baja los alquileres, la mejor ayuda. Y en la parte de las viviendas públicas, podría reservarse una parte para familias sin casi recursos, alquileres sociales de 150 a 400 euros, que no se contemplan en este Plan. Crear un gran parque público de viviendas en alquiler no es una propuesta “de rojos”, es algo que se hace en toda Europa, para permitir que alquilen los que no pueden pagar un alquiler de mercado. Holanda tiene 2.300.000 viviendas públicas en alquiler, el 32% del mercado, Austria el 24%, Dinamarca el 19%, Suecia el 18%, Reino Unido el 18%, Francia el 16%, Irlanda el 9%, Alemania el 2% (1 millón de viviendas) y España… el 2%, unas 300.000 viviendas, según datos oficiales. 

Menos gasto público y menos ayudas a la vivienda cuando en España hay un problema grave de alojamiento para tres colectivos: jóvenes, ancianos y pobres. El 80,6% de los jóvenes menores de 30 años siguen viviendo con sus padres: son 5.236.856 jóvenes que no pueden emanciparse. Dar alojamiento a la cuarta parte supone buscar alquiler para 1.300.000 jóvenes. De los mayores de 65 años, el 91% es propietario de su vivienda, pero el resto, unos 800.000 mayores, viven de alquiler y algunos con dificultades. Ayudar a la cuarta parte supone buscar alojamiento a 200.000 mayores. Y hay 10,5 millones de españoles en situación de pobreza (ingresan menos del 60% de la renta media), de ellos 3 millones de pobres en situación precaria. Buscar alojamiento a la mitad supone sumar 1.500.000 personas más a la lista de los que tienen más problemas de vivienda, 3 millones de españoles en total. Y el Plan de vivienda 2018-2021 pretende ayudar a sólo 557.000, en el mejor de los casos.

Necesitamos un Plan de vivienda más ambicioso, que al menos triplique los beneficiarios (1,5 millones, la mitad de los que realmente necesitan ayuda) y el gasto en vivienda, hasta los 5.000 millones de euros en cuatro años. No es un objetivo descabellado si España recaudara más impuestos, como el resto de Europa (ingresamos 72.000 millones menos cada año por el mayor fraude fiscal y porque pagan poco grandes empresas, bancos, multinacionales y los más ricos). Y si destinamos las ayudas, no a financiar a los arrendadores sino a poner en alquiler viviendas vacías y crear un parque público de 500.000 nuevas viviendas en alquiler, para los que no pueden pagar los alquileres de mercado. Todo lo demás son “trampas” y “demagogia”, disfrazados de un Plan de vivienda  “el más social de la historia". Otro engaño más.

Inútil cruzada contra las viviendas vacías

En España hay casi 3,5 millones de viviendas vacías, aunque sólo un tercio se pueden vender o alquilar porque el resto están en mal estado o sin demanda. Con el aumento de los desahucios, algunas autonomías han anunciado medidas para expropiar, multar o poner impuestos a algunas viviendas vacías. Una medida polémica e inútil, por la oposición de Bruselas y  los conflictos legales. Lo que urge es incentivar que se alquilen, con más ayudas a inquilinos y propietarios, lo contrario que ha hecho el Gobierno Rajoy, que acaba de quitar las ayudas al alquiler para jóvenes. Y para los que no pueden pagar un alquiler normal, habría que crear un parque público de alquiler social (entre 50 y 180 euros), con las 76.000 viviendas vacías del “banco malo” y nuevas promociones de Ayuntamientos y ONGs, con suelo y financiación pública. Menos atajos y demagogia con la vivienda y más Planes y ayudas para ofrecer viviendas sociales ya.

enrique ortega

Con el “boom inmobiliario”, entre 2001 y 2011, el parque de viviendas aumentó en España en 4,2 millones, hasta 25,2 millones. Las tres cuartas partes son viviendas principales (18 millones), otras 3,6 millones son secundarias y 3.443.365 son viviendas vacías, que también han crecido (+337.000 desde 2001). Dos tercios están en Andalucía (637.221), Comunidad Valenciana ( 505.029), Cataluña (448.356),Galicia (299.396) y Madrid (263.279), aunque el mayor problema no se da en las autonomías más pobladas (Madrid tiene un 9,1% de viviendas vacías y Barcelona un 11,3% frente al 13,7% en toda España), sino en zonas más rurales y atrasadas: Galicia (18,6% viviendas vacías), La Rioja (18%), Murcia (16,6%), Castilla la Mancha (16,3%), Extremadura(16,2%) y Castilla y León (15%).

El primer problema de las viviendas vacías es que sólo un tercio puede alquilarse o venderse, según el idealista.com, porque el resto son viejas (el 30% tiene más de 50 años), están en mal estado (15% en estado deficiente), en zonas turísticas (muchas zonas de Levante, como Denia, tienen un 31% o más de casas vacías) o ciudades y pueblos pequeños con poca demanda : las capitales con más porcentaje de viviendas vacías son Ávila (23,8%), Ourense (22,7%),Lugo (20,2%), A Coruña, Toledo y Almería (18,6%), León o la Rioja (18%), que no son los lugares con más problemas de vivienda en España.

Con todo, cuando hay más de 500 desahucios al día (y más que habrá, por el aumento del paro y la caída de ingresos de la mayoría de la población), algunas autonomías han pensado que una solución podría ser forzar el uso de estas viviendas vacías, empezando por las de bancos e inmobiliarias. Andalucía primero (y Canarias después) ha aprobado una norma para expropiar por tres años a los bancos las viviendas de familias desahuciadas sin posibles, medida rechazada por Bruselas. Y en paralelo, Andalucía ha anunciado multas de hasta 9.000 euros a empresas y bancos (no a particulares) que tengan casas vacías, mientras Cataluña anuncia un impuesto a bancos y empresas con pisos vacíos.

La primera medida puede ser justificable, a la vista que el Gobierno Rajoy no ha dado solución a las 220.000 familias que han sido desalojadas de sus casas por desahucios desde 2007. De hecho, crearon con la banca (a bombo y platillo, en enero 2013), un Fondo de 5.891 viviendas con bajos alquileres para desahuciados, pero hasta abril sólo habían tenido 450 solicitudes, porque son tantas las exigencias para beneficiarse, que la mayoría de desahuciados quedan fuera, sin techo, problema que tratan de paliar en Andalucía y Canarias. Pero otra cosa es forzar al alquiler con multas e impuestos, una vía poco eficaz.

Tener casi 3,5 millones de viviendas vacías es un despilfarro, como país y para sus dueños, ya que está ociosa una inversión que ronda los 500.000 millones de euros. Nadie tiene un piso vacío por gusto: el problema es que particulares y empresas no los consiguen vender (no hay demanda solvente ni hipotecas), salvo tirando precios, y tampoco alquilarlos bien. En el caso de promotoras, la rentabilidad del alquiler no les cubre la amortización de préstamos (que les asfixia): habría que ayudarlas a renegociar créditos y subvencionar intereses a cambio de poner sus pisos en alquiler. En el caso de particulares, una vez que el Gobierno les ha dado más garantías (reduciendo los plazos de contratos, facilitando la recuperación de la casa si la necesitan y agilizando los desahucios por impago), la solución pasaría por aumentar las ayudas fiscales al alquiler, para ocupar muchas de las casas ahora vacías. Y ayudas para rehabilitar las más viejas y deterioradas, a cambio de alquilarlas. Sobre todo cuando el alquiler en España es del 17% frente al 38% en Europa (47% en Alemania).

Pero el Gobierno Rajoy ha hecho lo contrario. Desde junio, los jóvenes menores de 30 años se quedarán sin la ayuda para alquilar (era de 200 euros al mes y Rajoy la bajó en julio 2012 a 147 euros), que ha beneficiado a más de 300.000 jóvenes desde que ZP la implantó en 2008. Y ahora, con el Plan de Vivienda 2013-2016, se implanta una ayuda al alquiler de hasta 200 euros al mes, que sólo podrán cobrar los minieuristas (532,57€ ingresos los solteros, 798,86 € una pareja o 1.118,36 las familias con dos hijos) y para alquileres inferiores a 600 euros (en Madrid o Barcelona, el alquiler medio supera los 800). Ayudas que aún no se pueden pedir (mes y medio después de aprobado el Plan), porque las autonomías no han fijado todavía las condiciones que exigirán en cada comunidad.


Además, Rajoy ha liquidado la Sociedad Pública de Alquiler y ha reducido las ayudas fiscales a inquilinos (10,05%) y propietarios (60% y hasta el 100% si alquilan a jóvenes) al limitar su base imponible (menos 24.107 euros). Y en el Plan de Vivienda, sólo destina 65 millones al año para subvencionar promociones de viviendas en alquiler, lo que dará para promover 2.000 viviendas al año.

Habría que volcarse de verdad en el alquiler, con más ayudas fiscales a inquilinos y propietarios y más subvenciones a los promotores. Pero eso no basta: muchos españoles no pueden hoy pagar un alquiler normal (600 a 900 euros), porque están en paro y sin ingresos (3,6 millones de personas, según Cáritas). Para ellos, la única salida son alquileres sociales, de 50 a 180 euros al mes. El problema es que no hay: España sólo tiene un 1% de alquileres públicos sociales, frente al 20% o más en Francia, Reino Unido, Holanda, Austria, Finlandia o Dinamarca. Ponernos a su nivel supondría crear un parque de alquileres sociales de un millón de viviendas, para hacer frente a los ya desahuciados (440.000) y a los que todavía se quedarán sin casa por no poder pagar su hipoteca o alquiler.

¿Cómo? Primero, incorporando las 15.000 viviendas de protección oficial (VPO) vacías, construidas con ayudas públicas y que los promotores quieren vender como viviendas libres. Segundo, con las 76.000 viviendas vacías que tiene el “banco malo”(SAREB), de las Cajas nacionalizadas con ayudas públicas, que quieren vender a especuladores en vez de ponerlas en alquiler social (ojo: un juez de Sabadell ya ha impedido el desalojo de los okupas de uno de estos pisos). Y tercero, dando suelo gratis y financiación barata a Ayuntamientos y ONGs (Cáritas, Cruz Roja…) para promover pisos para alquileres sociales. Calculo que con 1.000 millones al año de coste, se podrían promover 20.000 viviendas anuales. Y así tendríamos en cinco años unas 200.000 viviendas con bajos alquileres que evitarían un estallido social.

Es lo que piden los españoles: medidas eficaces, no demagogia. Buscar urgente una vivienda a los que no pueden pagar alquileres normales y dar una salida lógica y no impuesta a los que tienen una vivienda vacía. No hay atajos. Hace falta querer arreglar de verdad uno de nuestros mayores problemas: que todo el mundo tenga una vivienda digna. Se puede.

Vivienda: escasas ayudas alquiler y rehabilitación

El Gobierno acaba de aprobar el Plan de Vivienda 2013-2016, centrado en el alquiler y la rehabilitación, sólo quince meses después de haber recuperado las desgravaciones a la compra de vivienda, que suprimieron en enero de este año por exigencia del déficit y de Bruselas. Un cambio drástico, muy positivo, que esconde un problema: el Plan de Vivienda nace con pocos fondos, sólo 577 millones al año, la décima parte de lo que se gasta en Defensa o la mitad que en Justicia. Y con unas subvenciones al alquiler que son menos de la mitad de las que se llevan las autopistas y 250 veces menores que las últimas ayudas a las Cajas nacionalizadas. Una oportunidad perdida, porque el alquiler y la rehabilitación podrían ayudar a recuperar la construcción (que ha perdido 1,7 millones de empleos) , reanimar la economía y dar una salida a los jóvenes, más de la mitad viviendo con sus padres.

enrique ortega

El Gobierno Rajoy entró, en su primer Consejo de diciembre de 2011, por el viejo camino de apoyar la compra de viviendas, recuperando para 2012 la desgravación fiscal que había quitado Zapatero en enero 2011 y manteniendo el IVA superreducido del 4%, dos medidas que habían criticado muchas veces la Comisión Europea y el FMI, porque alimentaron la burbuja inmobiliaria y el endeudamiento. Luego, la presión de Bruselas y la exigencia de recortar gastos les llevaron a quitar ambas ayudas, con fecha 1 de enero 2013. Y ahora, el Gobierno ha hecho de la necesidad virtud, cambiando su política de vivienda y centrándola en el alquiler y la rehabilitación, no en la compra (sólo mantiene la subvención de intereses a 250.000 compradores de viviendas protegidas).

En principio, apoyar el alquiler y la rehabilitación suena bien, pero el Plan de Vivienda 2013-2016 tiene un problema en origen: le faltan fondos. Su dotación es 2.311 millones en cuatro años, 577 millones de euros al año para la política de vivienda, una cantidad ridícula si se la compara con los 6.000 millones que destinó Rajoy a ayudas para la compra de vivienda en 2012 (desgravaciones e IVA). Y una cifra insignificante si se compara con el Presupuesto de Defensa (5.786 millones), Justicia (1.542) o Cultura (721,7 millones), con las subvenciones al transporte (1.178 millones), a los aeropuertos (847,4), a las autopistas (400 millones), a las eléctricas (2.200) o el último rescate a las Cajas nacionalizadas (40.000 millones).

La mayor parte del escaso presupuesto del Plan de Vivienda 2013-2016 se dedica a promover el alquiler :1.500 millones (375 al año), aunque se suprimen las ayudas a los promotores de alquileres sociales. Una cifra ridícula para superar el gran bache de España en alquiler, porque somos un país de propietarios: sólo un 17% de españoles viven en alquiler (83% en propiedad) frente al 38% en Europa (47% en Alemania). Con un país en recesión y 6 millones de parados, el alquiler es la única salida para muchas familias, que no pueden pagar ni la entrada de un piso (25%, con los gastos) ni una hipoteca (cada vez más difícil y costosa). Pero para eso hacen falta dos cosas: un parque de viviendas públicas en alquiler (que no hay) y ayudas para las familias con menos recursos.

El Plan contempla dos medidas. Una, promover  un parque público de viviendas en alquiler, con ayudas hasta el 30% del coste de edificación para organismos públicos, ONGs y empresas privadas que construyan para alquilar en suelo público. Pero el Plan sólo cuenta con 65 millones al año para subvencionar la construcción de viviendas en alquiler, con lo que sólo se podrán subvencionar 2.000 viviendas al año. Poco para un país donde tenemos sólo  un 2% de vivienda pública en alquiler (VPO), cuando en Francia o Reino Unido alcanza al 15%.

La otra medida del Plan de Vivienda 2013-2016 es ayudar a jóvenes y familias sin recursos a pagar sus alquileres. Aquí, el Gobierno Rajoy ha endurecido las condiciones y recortado las ayudas. El tope de ayuda baja a 200 euros al mes por alquiler (antes era 266,66), no se permite subvencionar alquileres de más de 600 euros (en Madrid o Barcelona, la media de alquiler de un piso de 90 metros supera los 800 euros) y ahora se mira el número de personas de la familia y lo que ingresan (para recibir ayuda, han de ganar menos de 532,57 € si es un soltero, 798,86 para una pareja, 1.118,36 € un matrimonio con dos hijos y un máximo de 1.597,53 € para cualquier familia, que era el único tope antes). Con ello, el Gobierno pretende repartir menos ayuda entre más personas, unas 133.000 al año, mientras se quedarán fuera incluso muchos mileuristas. Y eso en un país donde el 54,4% de los jóvenes viven con sus padres (46% en Europa) porque no pueden pagarse un piso o un alquiler.

La otra pata del Plan de Vivienda 2013-2016 es apoyar la rehabilitación, aunque con sólo 647 millones (161 al año). La idea es mejorar nuestro parque de viviendas (26 millones), donde más de la mitad (15 millones) tiene más de 30 años y 2 millones están en mal estado. Viviendas además con malos accesos (4 millones sin ascensor) y que gastan demasiada energía (luz y calefacción). Rehabilitar mata tres pájaros de un tiro: reanima el maltrecho sector de la construcción (que ha perdido 1,7 millones de empleos con la crisis), reduce el consumo de energía (las viviendas consumen el 17% de la factura energética de España, 125 millones al día) y evita tener que cambiar de vivienda y construir otras nuevas.

El Plan contempla una ayuda a las comunidades de vecinos, de hasta 6.000 euros por piso (que puede llegar a 11.000 € si se hacen obras para mejorar la eficiencia energética y la accesibilidad). Una idea que está bien, pero tiene dos problemas. Uno, que 161 millones al año sólo dan  para rehabilitar entre 14.000 y 26.000 viviendas año, cuando hay 2 millones con graves problemas. Y la otra, que como el tope de ayudas es el 35% de la rehabilitación, los vecinos han de poner el 65% del presupuesto y no están las cosas para gastar. Y menos si el crédito oficial (ICO) sólo destina 250 millones año en créditos para rehabilitación. La esperanza del Gobierno es que empresas e inmobiliarias se dediquen a rehabilitar edificios y para ello les dan el “caramelo” de modificarles la Ley del Suelo, dejándoles que construyan más o cambien incluso el uso de los edificios.

La propia patronal CEOE había pedido al Gobierno medidas para apoyar la rehabilitación, pero con más ambición: rehabilitar 250.000 viviendas al año (diez veces más que el Plan), calculando que así se crearían 135.000 empleos año. Con el Plan cicatero del Gobierno sólo se crearán, entre rehabilitación y alquiler, 105.000 empleos en cuatro años. Y encima, se pone “un nuevo impuesto” a todos los propietarios de vivienda, por exigencia de Bruselas: el que quiera vender o alquilar su piso, a partir del 1 de junio de 2013 tendrá que entregar al comprador o inquilino un certificado energético de su vivienda (para ver la letra que le corresponde, de la A a la G, como la lavadora o el frigorífico), que le hará un técnico y que costará unos 250 euros (y renovarlo, porque sólo le vale por 10 años).

Al final, el Gobierno Rajoy, acuciado por recortar el déficit, ha perdido otra oportunidad de oro para reanimar la economía y el empleo: destinar muchos más fondos al Plan de vivienda, al alquiler y a  la rehabilitación. Una inversión pública  no excesiva (bastarían 2.000 millones al año) que dinamizaría la actividad de muchísimas empresas privadas y que en su mayor parte se recuperaría vía más ingresos fiscales, más cotizaciones, menos desempleo y menos gasto en energía. Así, y no con recortes, es como saldríamos de la crisis.