Renta 2019: el impuesto de la clase media

Otro año más, toca presentar la declaración de la renta, aunque a 7 de cada 10 contribuyentes les saldrá negativa, porque les retuvieron de más en 2018. El IRPF es el impuesto que más recauda, pero pagamos más cada día “sin notarlo” con el IVA, carburantes, tabaco o múltiples tasas. Somos el 2º país europeo donde los trabajadores pagan menos impuestos y tenemos demasiadas deducciones, por lo que somos el 3º país que menos recauda por IRPF, un impuesto que recae más sobre la clase media: los que ganan entre 22.500 y 57.000 euros pagan el 50%. Dicho esto, sepamos que el IRPF recauda más que antes de la crisis mientras las empresas pagan casi la mitad en sociedades. Y que se pierde mucho con el IVA y el fraude fiscal. Urge aprobar esta Legislatura una reforma fiscal para recaudar más (ingresamos 80.000 millones menos que Europa) y repartir mejor los impuestos: que paguen más empresas, bancos, multinacionales y los más ricos. Así declararemos con más ganas.

enrique ortega

El Impuesto sobre la renta, el IRPF, es el principal impuesto en España: recaudó 82.858 millones de euros en 2018, el 39,32% de toda la recaudación fiscal (208.684 millones), por delante del IVA (70.177 millones, el 33,62%), sociedades (el impuesto que pagan las empresas recaudó 24.838 millones, el 11,90%) y los impuestos especiales (carburantes, tabaco, alcohol, juego y otros aportaron 20.528 millones, el 9,83% del total), recaudándose el resto con tasas y otros ingresos (1.973 millones), según el último balance de Hacienda.

Este año 2019, Hacienda espera recaudar un 3,9% más por IRPF, concretamente 86.126 millones de euros, con lo que este impuesto ganará peso otro año más (supondrá el 39,46% de la recaudación, frente al 36,18% en 2007). Y la mayor parte de este IRPF se ingresará con las retenciones que se hacen mes a mes (en las nóminas, pensiones y dividendos), pagando sólo 11.872 millones en la declaración que presentemos el año que viene, por los ingresos de 2019. En la declaración que presentamos ahora, antes del 1 de julio, se esperan 20,3 millones de declaraciones de la renta, pero al 70% de los contribuyentes les saldrá negativa, porque les retuvieron de más el año pasado: se estima que Hacienda les devolverá 11.265 millones de euros. Al 30% restante les saldrá “a pagar” y tendrán que ingresar ahora, con la declaración del IRPF, 12.212 millones de euros, según Hacienda.

Este año, no hay grandes cambios en el IRPF, que mantiene las rebajas fiscales hechas por el Gobierno Rajoy en 2015 y 2016, tras las fuertes subidas de impuestos que aprobó para 2012, 2013 y 2014. La principal novedad es que no tributan las prestaciones de maternidad y paternidad cobradas en 2018, después de que el Tribunal Supremo las declarara exentas. Y también, que Hacienda va a “vigilar con lupa” las 1,6 millones de cuentas bancarias que los españoles tienen en el extranjero, conocidas recientemente gracias a los acuerdos internacionales firmados en la OCDE. Eso sí, Hacienda sigue sin descontar el efecto de la inflación a nuestros ingresos, lo que supone una penalización media de 33,24 euros por contribuyente (entre 18 y 1.321 euros), según los técnicos de Hacienda. Y sigue siendo un galimatías conocer los cambios fiscales de las autonomías, que han modificado mínimos exentos y deducciones, lo que provoca 17 declaraciones de la renta distintas.

¿Quién paga el IRPF? Los datos publicados por la Agencia Tributaria (referidos a la declaración 2016, presentada en 2017) son concluyentes: el 50% del impuesto lo paga la clase media, los que declaran ganar entre 22.500 y 57.000 euros anuales de base imponible (son el 29% de las declaraciones, 5.690.300 contribuyentes). Por debajo, los que ingresan menos de 12.000 euros (40,2% de los contribuyentes) no pagan casi nada (el 1,1% del total) y entre 12.000 y 22.500 euros (27,3% de contribuyentes) muy poco (otro 6,1% de la recaudación). Y por encima, los que ganan entre 60.000 y 120.000 euros (2,8% de los declarantes) aportan el 17,4% de la recaudación, los que ingresan entre 120.000 y 240.000 euros (el 0,6% de los contribuyentes) pagan el 0,8% y los que declaran más de 240.000 euros anuales (el 0,2% de contribuyentes) aportan el 10% del IRPF.

Como se ve, el impuesto de la Renta es progresivo (pagan más los que más tienen), pero podría serlo más si pagaran tipos más altos los que ganan más de 120.000 euros, muchos de los cuales utilizan sociedades y SICAV para “eludir” impuestos. Otro problema del IRPF es que es un impuesto plagado de deducciones y exenciones fiscales (familia, vivienda, planes de pensiones, inversiones…), que suponen un doble problema: reducen mucho la recaudación final (14.800 millones en 2016, un 18,6% de recaudación perdida) y son muy regresivas, porque de estas deducciones se aprovechan más las rentas medias y altas que los que tienen menos ingresos. Así, el 20% de españoles más pobres pagó un 26,8% de su renta en impuestos (directos e indirectos), más que la clase media (el 70% de españoles con ingresos intermedios pagó en impuestos entre el 23 y el 25% de su renta) y sólo menos que el 10% más rico (que pagó el 29,1%), según un estudio de FEDEA.

Dicho esto, hay que señalar que en España se paga menos IRPF que en la mayoría de Europa, sobre todo las clases medias y altas. Así, el tipo marginal máximo en Madrid es del 43,5% (aunque hay autonomías donde llega al 48%), lo que sitúa a España el puesto 11 de los 28 UE, según Eurostat, en línea con Reino Unido (45%), Italia (47,2%), Alemania (47,5( e Irlanda (48%), pero muy por debajo del tipo máximo que se paga en gran parte de la Europa del norte, más rica y con más servicios: Suecia (57,1%), Dinamarca (55,8%), Grecia (55%), Bélgica (53,2%), Portugal (53%), Holanda (52%), Francia (51,5%) y Finlandia (51,1%). Y en la Europa del Este (más pobres y con menos servicios), los tipos de los impuestos personales son muy bajos, entre el 10% de Rumanía o Bulgaria, el 15% de Hungría y el 32% de Polonia.

El IRPF es un impuesto que pagan sobre todo los trabajadores, los que viven de un sueldo, que aportan el 85% del impuesto, siendo el resto las rentas de intereses y dividendos (8,6%) y los ingresos empresariales y de otras actividades (sólo aportan el 5,6%). Pero los trabajadores españoles son los 2º con menos presión fiscal (impuestos y cotizaciones) en la OCDE, tras Estonia, según los últimos datos de esta organización referidos a 2018. En España, un trabajador soltero paga el 21,36% de su sueldo en impuestos (14,9%) y cotizaciones (6,35%) frente al 28,4% en Europa, el 39,7% en Alemania, el 31,4% en Italia, el 28,7% en Francia o el 23,4% en Reino Unido. Y si se toma a un trabajador casado y con dos hijos, en España paga el 16,2% en impuestos y cotizaciones, frente al 16,9% en Europa, el 28,8% en Dinamarca, el 27,2% en Alemania, el 19,2% en Italia, el 18,6% en Francia y el 15,6% en Reino Unido, el único país donde se paga menos que en España junto a otros 8 paises europeos (la mayoría del Este), según los datos de la OCDE.

Al final, al tener tipos marginales más bajos y abultadas deducciones fiscales, el IRPF tiene menos peso en España que en la mayoría de Europa: somos el 3º país europeo que menos recauda con el impuesto sobre la renta, sólo por detrás de Grecia y Portugal, según un estudio de FEDEA: un 7,5% del PIB de media, frente al 10% de media europea, el 9% de Alemania o Francia, el 12% de Italia o el 27% de Dinamarca. Así que el IRPF recauda menos, se paga de forma muy desigual y es regresivo, no reduce las desigualdades.

El otro impuesto que hay que declarar ahora es el impuesto sobre el patrimonio, que sólo tienen que presentar los contribuyentes con más de 700.000 euros de patrimonio (no cuentan hasta 300.000 euros de la vivienda habitual), tope que baja a 400.000 euros en Aragón, a 500.000 en Cataluña y Extremadura y  a 600.000 en la Comunidad Valenciana. Este año se esperan unas 200.000 declaraciones de patrimonio, tras presentarse 197.768 en 2017, recaudándose 1.039,7 millones por este impuesto (el 52% lo pagan los que tienen entre 1,5 y 6 millones de patrimonio, un 25,8% de los contribuyentes, la clase media alta, el 21,6% los que declaran entre 6 y 30 millones y  un 10,3% los que declaran más de 30 millones de patrimonio, sólo 579 contribuyentes en 2017). Aquí hay grandes diferencias entre autonomías, porque varían los tipos y deducciones y las bonificaciones: en Madrid no se paga nada (bonifican el 100%) y en La Rioja sólo el 25%.

Visto el panorama general, hay que resaltar también que el IRPF, aunque recaude menos que en Europa, tiene cada vez más peso en los impuestos españoles y es el 2º impuesto donde más ha crecido la recaudación: un +18,60% más entre 2007 (72.214 millones) y 2019 (86.126), sólo por detrás del IVA, donde nos han dado el gran “palo fiscal”, con un aumento del +32% de recaudación entre 2007 (55.851 millones) y 2019 (73.712). En impuestos especiales (carburantes, tabaco, alcohol y juego) también pagamos un 13,4% más que en 2007. Y entre tanto, las empresas pagan casi la mitad que antes de la crisis en el impuesto de sociedades: aportaron 44.823 millones en 2007, en 2018 ingresaron 24.838 millones y está previsto que paguen 26.063 millones en 2019, un 41,8% menos que antes de la crisis. Y eso que los beneficios empresariales pasaron de 450.170 millones en 2007 a 511.842 millones en 2018, que las empresas gananun 13,7% más que antes de la crisis. La explicación es que el tipo medio del impuesto de sociedades ha bajado (del 35 al 25%) y, sobre todo, que han aumentado las exenciones y deducciones, por lo que las empresas pagan mucho menos mientras la mayoría pagamos más impuestos que en 2007.

Así que pagamos menos IRPF que la mayoría de europeos pero pagamos más impuestos que las empresas, los bancos y multinacionales y que los que utilizan una sociedad o una SICAV para tributar. Y esto lo refleja claramente el último informe de la OCDE sobre España (“Perspectivas Económicas 2019”), publicado en mayo: “la tributación se mantiene concentrada en las rentas del trabajo, lo que penaliza el crecimiento y el empleo” (textual). Y la Comisión Europea, en su último informe sobre España (febrero de 2019) critica que en España haya “un exceso de deducciones” en el IRPF y que sean “regresivas”, por lo que los impuestos corrigen menos la desigualdad en España que en el resto de Europa.

Pero la mayor crítica de la UE a los impuestos en España es que recauda poco, menos que los demás países. Es un hecho, del que nunca hablan los que defienden bajar impuestos. En 2018, España recaudó un 38,9% del PIB en impuestos frente al 45% de media en la UE-28 y el 46,3% en la zona euro, según Eurostat. Eso significa, a lo claro, que España recauda cada año 73.703 millones menos que la UE-28 y 89.410 millones menos que los paises del euro. Pongamos 80.000 millones menos de media. Si nos equiparáramos fiscalmente con Europa, podríamos destinar esos 80.000 millones a reducir el déficit y gastar más en tanto como hace falta (pensiones, sanidad, educación, gastos sociales, tecnología, modernización…).

La gran pregunta es ¿por qué recaudamos menos? La Comisión Europea nos lo ha dicho, informe tras informe, sin que Rajoy y sus gobiernos hayan hecho caso. Primero, hay un exceso de deducciones en el IRPF y los que ganan más de 120.000 euros pagan poco. Segundo, hay un gran agujero en el IVA (somos el 3º país europeo que menos recauda), por un exceso de tipos reducidos y superreducidos que en muchos casos no están justificados (10% de IVA a hoteles y restaurantes, por ejemplo). Tercero, hay poco peso de los impuestos medio ambientales (1,8% del PIB frente al 2,4% en Europa) y pagan mucho menos impuestos el gasoil (59,75 céntimos/litro frente a 73,82 céntimos en la UE-28) y la gasolina (70,77 céntimos/litro frente a 87,64 céntimos en Europa, según el último Weekly Oil Bulletin). Cuarto, recaudamos menos por el impuesto de patrimonio, herencias y tasas. 

Pero, sobre todo, el gran “agujero” en los ingresos está en sociedades, porque el tipo es más bajo (25% frente al 28% de media europea, el 34% de Alemania y Portugal o el 34% de Francia y Bélgica) y porque hay muchísimos beneficios fiscales (3.800 millones en 2016, el 15% de la recaudación que se pierde), lo que hace que las grandes empresas acaben pagando muy poco: el 5,99% sobre beneficios, menos que las pymes (16,93%) y que los demás contribuyentes (pagamos el 14,9% de nuestros ingresos). Y eso, sin olvidar a las multinacionales (que apenas pagan impuestos en España) y los más ricos, que “eluden” o evaden impuestos.

Con este panorama, parece claro que urge una reforma fiscal en profundidad con 2 objetivos: recaudar más (se puede y se debe recaudar “como europeos”) y recaudar de una forma más justa, para que paguen más los que hoy pagan poco (grandes empresas, bancos, multinacionales y los más ricos) y los demás paguemos con más equidad, rebajando deducciones injustificadas y desiguales y subiendo el IRPF a los que ganan más de 120.000 euros (sólo el 0,8% de contribuyentes) y el impuesto de patrimonio a los más ricos (que apenas pagan hoy). Y buscar más recursos con impuestos nuevos, como los pensados por muchos paises UE para las multinacionales tecnológicas (tasa Google) y las finanzas (tasa Tobin), así como con impuestos verdes. Algunas de estas propuestas estaban incluidas en el Presupuesto fallido para 2019 (+5.654 millones de recaudación) y se ha perdido un año, aunque la idea es subir esos impuestos (no a la mayoría de españoles) en el Presupuesto 2020. Algo nada fácil, porque las tres derechas defienden bajar impuestos, no subirlos como exige equipararnos con Europa y las tremendas necesidades del país.

Estos días que nos toca “declarar” a Hacienda (pagar impuestos lo hacemos todos los días), podemos reflexionar sobre todos estos datos y sobre dos hechos incontestables: España recauda menos impuestos y los pagamos de una forma desigual e injusta, en perjuicio de los que viven de un sueldo y a favor de las grandes empresas y los más ricos, que tienen muchos medios para “eludir” impuestos legalmente. Es hora de plantearse esta Legislatura una reforma fiscal a fondo, que reparta el esfuerzo y reduzca el fraude, con más medios para Hacienda, porque España tiene “el menor número de inspectores por habitante de la UE”, según alertaba el último informe de la Comisión Europea. Y que consiga más ingresos, no menos, para equipararnos con Europa y financiar los servicios públicos y las reformas económicas y sociales que hacen falta para modernizar el país. Sin más ingresos (justos) no conseguiremos gastar en lo que hace falta y tener un país con más servicios para todos. Entre tanto, demos ejemplo y , ahora, declaremos bien a Hacienda.

Rajoy hunde más el Estado del Bienestar

El Gobierno ha informado  a Bruselas que recortará más el gasto público en sanidad, educación, pensiones, desempleo y familia de aquí a 2020. Si España era uno de los paises europeos con menos gasto social antes de la crisis y más tras los drásticos recortes 2010-2014, Rajoy quiere ahora reducir aún más el Estado del Bienestar, a pesar de la recuperación. Estos futuros ajustes son especialmente preocupantes en educación, clave para mejorar la competitividad y el empleo. También en sanidad, porque el envejecimiento, la tecnología y  los medicamentos forzarán aumentos del gasto. Y en pensiones (España gasta menos que Europa), parados (más de la mitad no cobran) y familias (cuando cae la natalidad y la población). Urge frenar estos futuros recortes, por injustos y antieconómicos. Y actuar por el otro lado, ingresando más, porque España recauda mucho menos que Europa. Se puede, siempre que algunos paguen más impuestos. Este nuevo ataque al Estado del Bienestar es  una cuestión ideológica, no económica. Hipoteca nuestro futuro.

 

                                                                                      enrique ortega

España siempre ha sido un país con menos gasto público que el resto de Europa. Ya con Franco, que apenas nos cobraba impuestos a cambio de un mínimo gasto social paternalista. Con la democracia, crece la presión pública por gastar más en todo, pero España sigue con menos gasto público que Europa: un 40% del PIB en 1997-2001 frente al 46% en la UE-28, según Eurostat. Sube algo más los primeros años de la crisis, con Zapatero tratando de frenarla a base de gasto (poco útil): al 43,5% del PIB en 2007-2011 en España frente al 45,7% en Europa. Pero luego, llega el primer Gobierno Rajoy con las tijeras y el gasto público baja año tras año, hasta el 42,8% del PIB en 2016, muy por debajo de la UE-28 (46,9% del PIB) y que los 19 paises del euro (48% del PIB de gasto público). Y más lejos aún del gasto público que hacen Francia (56,5% de su PIB) o los paises nórdicos (57,3% Finlandia o 54,8% Dinamarca), e incluso Alemania (44,1%) o Italia (49,7%).

En definitiva, que si antes de la crisis España gastaba menos que el resto de Europa, ahora ha aumentado la brecha del gasto público con la UE y los paises euro, gracias a los recortes hechos por Zapatero y sobre todo por Rajoy, básicamente desde  2012 a 2015 : -9.878 millones recortados en sanidad desde 2009 (1 de cada 7 euros), -7.613 millones recortados en educación (1 de cada 6 euros), -11.364 millones en ayudas al paro, -2.865 millones  en ayudas a la Dependencia, -1.200 millones en ayudas a las familias… Y gracias a estos recortes, España tiene un Estado del Bienestar más reducido que Europa.

Así, en sanidad, España gastó en 2015 unos 66.000 millones de euros, el 6,2% del PIB, por detrás del 7,2%  que gastaron de media los 28 países UE y los 19 del euro (o sea, gastamos 10.750 millones de euros menos), según los últimos datos de Eurostat. Y bastante menos que Dinamarca (8,6%), Francia (8,2%), Reino Unido (7.6%), Alemania (7,2%) o Italia (7,1%), cinco de los 14 paises que gastan más que España en sanidad. En educación, España gastó en 2015 unos 44.000 millones de euros, el 4,1% del PIB, también por debajo del 4,9% que gastó la UE-28 y del 4,7% que gastaron los países euro (o sea, que gastamos 6.500 millones menos al año. Y somos el 7º país europeo que menos gasta en educación, según Eurostat, muy por debajo del 7% de Dinamarca, del 6,5% de Suecia, del 6,2% de Finlandia, del 5,5% de Francia, del 5,1% de Reino Unido o del 4,2% de Alemania y similar al 4% de Italia.

En protección social, la principal partida del gasto público, España gastó en 2015 unos 184.000 millones de euros, un 17,1% del PIB, según Eurostat, también por debajo del 19,2% que gastó en protección social la UE-28 y del 20,1% que gastaron los paises euro (a lo claro: gastamos 32.000 millones menos que ellos al año). Desglosado, el mayor gasto social es en pensiones y aquí también gastamos menos que los europeos: un 9,2% en 2015, frente al 10,3% de la UE-28 y 10,8% de los paises euro, según Eurostat (17.500 millones menos al año). El gasto en la vejez es muy inferior al de Francia (13,6% del PIB) o Italia (13,8%), similar al de Alemania (9,2%) y superior al de Reino Unido (8,8%). En paro, España gasta más que la media europea, pero tenemos el doble de paro y el triple o cuádruple que muchos paises (por eso, aunque gastemos más en subsidios, el 53,7% de los parados EPA, 2.285.137 parados,  no cobraban nada en marzo). En 2015, España gastó en desempleo 21.500 millones de euros, el 2% del PIB, frente al 1,4% de la UE-28 y el 1,7% de la zona euro. Y gastamos lo mismo en desempleo que Francia (2% PIB), cuando ellos tienen menos de la mitad de paro (10,4% en 2015 frente a 22,1%) y sólo algo menos que Alemania (1,7% PIB, con 4,6% de paro). En ayudas a la familia, España gastó en 2015 unos 6.500 millones de euros, el 0,6% del PIB, casi la tercera parte que Europa (1,7% del PIB en UE-28 y zona euro). Y hay paises con más ayudas a las familias, como Francia (2,5% PIB), Dinamarca (4,6%) o Finlandia (3,2%).

Como se ve, los recortes no sólo han desmantelado parte del Estado del Bienestar sino que nos han alejado del gasto social que se hace en Europa. Ahora, con la recuperación de la economía, parece que era el momento de apuntalar este gasto público, recuperando parte de lo perdido. Pero el Gobierno Rajoy apuesta por más recortes, aunque públicamente “venda” lo contrario. Así, este año 2017, el ministro Montoro insiste en que “aumenta mucho el gasto social”, en que suben las partidas para sanidad, educación y prestaciones sociales. Y es verdad en millones (se gastan más, pocos más), pero estos gastos crecen menos que la economía. Y por tanto, el Estado de Bienestar sigue perdiendo peso. Así, el porcentaje del gasto sanitario baja en 2017, del 6,07 del PIB (2016) al 5,95%, el nivel más bajo desde 2007.  Lo mismo el gasto en educación, del 4,01% (2016) al 3,93% (2017), el gasto educativo más bajo de este siglo. Y en protección social (pensiones, paro y familia, sobre todo), el porcentaje de gasto público baja del 16,9% del PIB al 16,58%. Esta es la verdad: se destina menos porcentaje de ingresos a los gastos sociales que en 2016 y que en 2011.

Así que el Estado del Bienestar sigue “cuesta abajo”. Y lo peor es que el Gobierno Rajoy se propone recortarlo aún más, de aquí a 2020, según ha comunicado a Bruselas, dentro del Programa de Estabilidad 2017-2020. Las cifras, sus cifras, son muy evidentes: el gasto público total, que ya cayó del 45,80% del PIB en 2011 al 42,20% en 2016, volverá a caer, al 41,48% en 2017 y al 39,19% en 2020. Significa que si España gastaba en 2011 casi 46 de cada 100 euros que producía, en 2020 gastará sólo 39 euros. Montoro podrá intentar engañarnos con que son más millones (claro, porque la economía producirá más), pero comparativamente (porcentualmente), el Estado gastará mucho menos en el Estado del Bienestar.

Y gastará mucho menos en todo, en las 10 partidas que componen el gasto público, según el Programa de Estabilidad 2017-2020 (ver Cuadro A.8b de la página 101). Pero sobre todo en las que tres donde más gasta y que más nos afectan: protección social (pensiones, paro y ayudas a la familia), que bajará del  16,89% del PIB (2016) al 15,91%, sanidad (del 6,07 en 2016 al 5,57% en 2020) y educación (del 4,01% del PIB en 2016 al 3,67% en 2020). Su excusa para este nuevo recorte del Estado de Bienestar es doble: que hay que rebajar el déficit público y que aunque gasten porcentualmente menos “gastarán mejor”.

La realidad es que el Gobierno Rajoy apuesta por estos nuevos recortes para 2020 por ideología, no por economía. Porque algunos de estos recortes, como los de educación, atentan contra la recuperación. Todos los expertos, como señala este artículo de La Caixa, han demostrado que el gasto en educación favorece la competitividad y la productividad de la economía. Y más en España, donde el nivel de formación de los adultos es muy bajo, según revela el informe “Panorama de la Educación 2014” (OCDE) : el 45% de los adultos españoles (25-64 años) tienen un nivel educativo bajo (sólo la ESO o ni siquiera), frente al 21% en Europa (UE-21) o el 24% de la OCDE (34 países), y muy lejos de Suecia (sólo 12% adultos poco formados), Alemania (14%), Finlandia (15%), Reino Unido (22%), Irlanda (25%) o Francia (27%). En medio, también tenemos menos adultos con formación media (Bachillerato y FP Básica): un 22% en España frente a un 48% en Europa y un 44% en la OCDE. Y sin embargo, por arriba, estamos en cabeza de universitarios: un 32% en España frente al 29% en la UE-21 y en 33% en la OCDE. Y así, tenemos más difícil competir por el empleo.

Recortar el peso del gasto educativo, como ha apostado Rajoy, es un suicidio económico y social, razón por la que hasta la presidenta del Banco Santander, Ana Patricia Botín, ha pedido “frenar los recortes en educación”, porque cree que necesitamos un sistema educativo “mucho más robusto”, por lo que “deberíamos aumentar la financiación”. Lo mismo llevan años pidiendo a España la OCDE, el FMI y la Comisión Europea. Pero nada. Y lo mismo el gasto en Ciencia, en I+D+i: el Gobierno Rajoy apuesta porque suba sólo del 1,23% en 2015 al 2% en 2020, cuando el objetivo europeo ese año es gastar el 3% en Ciencia. Así, con esta racanería presupuestaria, será difícil conseguir un Pacto educativo.

En sanidad, gastar porcentualmente menos de aquí a 2020 es dar la puntilla a una sanidad pública agobiada por los recortes de gastos y plantillas (41.000 médicos y enfermeras), las listas de espera, instalaciones viejas y tecnología obsoleta. Porque el futuro augura un aumento inevitable del gasto, por cuatro poderosas razones: envejecimiento de la población y más esperanza de vida, aumento de las enfermedades crónicas, necesidad de renovación tecnológica y nuevos medicamentos cada vez más caros. Si en vez de gastar más (11.000 millones extras al año para gastar “como los europeos”), se propone gastar porcentualmente menos, el colapso está asegurado, en perjuicio de los más débiles y en beneficio de la creciente sanidad privada (11 millones de españoles tienen un seguro médico privado).

En protección social, la mayor amenaza de estos futuros recortes es para las pensiones, donde España ya gasta hoy menos que la media de Europa (17.500 millones menos al año), pero donde habría que dedicar más recursos en el futuro (no menos) por el envejecimiento de la población y la mayor esperanza de vida, así como por el lógico aumento de las nuevas pensiones. Si el Gobierno Rajoy quiere rebajar este gasto, como promete a Bruselas, es porque piensa aprobar más recortes en la reforma de las pensiones que se aprobará este año. Y lo mismo en las ayudas al desempleo, donde ya más de la mitad de parados no cobran. Y en las ayudas a la familia, en un país que necesitaría promover con urgencia y seriedad la natalidad, porque está cayendo la población (hay 726.295 españoles menos que en 2012, según el INE) y habrá menos adultos para trabajar: el INE estima que para 2029 caerá la población activa en 1.736.300 personas.

Además, el gasto en protección social debería subir y no bajar porque España es uno de los paises europeos con más pobreza (13.180.000 españoles, un 28,6% de la población frente al 23,7% en la UE-28, según Eurostat) y con más desigualdad: España es el tercer país europeo donde los ricos acaparan más proporción de renta, según el FMI (el 10% más rico acapara el 52,8% de la riqueza y el 1% el 20,3%, según datos del Banco de España). Y esto debería llevar a reforzar las ayudas contra la pobreza (sobre todo, contra la pobreza infantil) y aprobar medidas para paliar la situación de los 3,3 millones de españoles que están en pobreza extrema, según Cáritas. Y sobre todo, las 648.300 familias sin ningún ingreso (EPA).

Vayamos al fondo de la cuestión: España tiene menos gasto público que Europa porque también recaudamos menos que los demás paises. Eso ya pasaba antes de la crisis, se agravó con ella y sigue pasando ahora: en 2016, España ingresó (total ingresos públicos) el 38% de su PIB, por debajo de la media UE-28 (44,9%) y sobre todo de la zona euro (46,2%), según datos de la Comisión Europea. Traducido, esto quiere decir que si recaudáramos como los demás paises euro, España habría ingresado 90.200 millones de euros más en 2016. No habríamos tenido déficit público  (47.630 millones) y aún nos habría dado para gastar más en sanidad, educación y prestaciones sociales. Así de claro.

Así que la otra vía de salida, que el Gobierno Rajoy desoye sistemáticamente, es conseguir recaudar más, para lo que la Comisión Europea nos ha marcado el camino: subir el IVA, subir los impuestos al alcohol, tabaco, carburantes y otros impuestos medioambientales, reducir las deducciones de las empresas en sociedades (las grandes empresas pagan sólo el 7,3% de sus beneficios), hacer que paguen más las multinacionales y los más ricos, poniendo más personal y más medios en la lucha contra el fraude fiscal. Con una reforma fiscal de verdad, para reducir el fraude y conseguir que paguen más los que pagan poco (grandes empresas, multinacionales y fortunas), se podrían recaudar 40.000 millones más al año, según los técnicos de Hacienda (GESTHA). Con esos recursos extras, se podrían destinar 10.000 millones a rebajar el déficit y otros 30.000 a recomponer el Estado del Bienestar, a recuperar lo perdido en sanidad, educación, dependencia, pensiones y ayudas a parados y familias.

Las cuentas pueden salir de otra manera, con más ingresos, no con menores gastos. Pero para ello, el Gobierno Rajoy tendría que hacer pagar más impuestos no a la mayoría (que ya pagamos) sino a colectivos y sectores que pagan poco y a los que no quiere enfrentarse, ni el PP ni su socio político Ciudadanos (que rechaza cualquier subida de impuestos): grandes empresas, petroleras, eléctricas, industria del automóvil, multinacionales y los más ricos. Para no “tocar” su bolsillo, cuando las empresas ganan más que antes de la crisis, apuestan por “tocar” (recortar) el Estado del Bienestar. Y de paso, como “creen” más en el mercado que en el Estado”, reducen el peso del sector público en beneficio de los negocios privados (sanidad, educación y pensiones privadas para el que pueda pagarlo). “No alimentar al monstruo del Estado, sino recortarlo”. Eso es lo que se esconde detrás del Programa de Estabilidad 2017-2020, recién enviado a Bruselas. Una apuesta ideológica, no económica.

Los recortes, ausentes de la campaña electoral

Mañana empieza la campaña electoral, centrada en Cataluña y el terrorismo yihadista más que en el paro y la economía, lo que más preocupa a los españoles. Pero da igual lo que votemos, porque la primera tarea del futuro Gobierno será hacer más recortes. Lo ha reiterado la Comisión Europea: el nuevo Gobierno deberá “tomar las medidas necesarias” para cumplir con el déficit. Da igual lo que prometan los partidos y lo que votemos: Bruselas nos impondrá más recortes, 13.000 millones, que saldrán de hundir más la sanidad, educación, Dependencia e inversiones públicas, frenando la recuperación y el empleo. Por eso, la clave de estas elecciones es que los partidos digan si harán o no estos recortes, no que nos engañen prometiendo bajar impuestos. Porque sólo pueden evitar hacer más recortes recaudando más, haciendo pagar más a los que pagan poco (grandes empresas, multinacionales y ricos) para no tener que recortar más y poder así reanimar la economía y el empleo. Que nos lo aclaren estos días para no votar en vano.
 

enrique ortega

La principal preocupación de los españoles es el paro y el empleo, como reiteran en todas las encuestas del CIS. Así que crear más empleo debería ser “el gran tema electoral”, no Cataluña y el terrorismo yihadista, por muy preocupantes que sean. Y no basta con la promesa de crear 2 millones de empleos, como Rajoy. Habría que hacer “un esfuerzo extra”, para crecer más y crear más empleo del que se crea ahora, porque España tiene el doble de paro que Europa (21,18% frente a 10,8%) y porque necesitamos crear 6 millones de empleos para dar trabajo a los parados actuales (4.850.800), los “desanimados” (mujeres y jóvenes que no buscan trabajo) y los jóvenes que terminen sus estudios. Y al ritmo actual, si no se hace nada especial, harían falta 15 años para bajar el paro al 8% en que estaba antes de la crisis. No se puede esperar tanto: el futuro Gobierno debería proponer un gran Pacto social para crear más empleo, con más inversiones públicas, más salarios y más consumo, incentivos a la contratación, más formación a los parados y reorganización de las oficinas de empleo.

El otro gran tema preocupante son las pensiones, su futuro. Las cuentas no salen: la Seguridad Social cerrará el año con su quinto déficit consecutivo: 2011 (-1.000 millones), 2012 (-10.131), 2013 (-11.861), 2014 (-11.202) y 2015 (entre -11.000 y -15.000 millones). Y el Gobierno Rajoy, para pagar las extras a los pensionistas, se ha “comido” ya la mitad de la "hucha de las pensiones" (32.594 millones de 66.815), que se agotará en 2018. El problema no son tanto los gastos en pensiones (crecen menos que en toda la historia, por los recortes que hicieron Zapatero y Rajoy), sino los ingresos por cotizaciones, que apenas aumentan, porque los nuevos trabajadores cotizan por menos horas y sueldos muy bajos. Algo  hay que hacer con las pensiones. Recortarlas no, porque la mayoría son muy bajas: dos tercios de los pensionistas cobran menos de 800 euros al mes. La alternativa es ingresar más, pagar una parte de las pensiones con los Presupuestos, como ha propuesto el Tribunal de Cuentas. Podrían pagarse con impuestos las pensiones de viudedad (20.776 millones) y orfandad (1.762 millones). Y si no llega, subir  un 1%  las cotizaciones de empresas y trabajadores (8.000 millones más de ingresos), que son más bajas que en Europa. No es bueno para el empleo, pero peor es que quiebre el sistema de pensiones o que los trabajadores se tengan que pagar un Plan de pensiones privado.

El tercer gran problema, tras el paro y las pensiones, es recuperar el Estado del Bienestar (la sanidad, la educación y las ayudas a la Dependencia), tras los drásticos recortes hechos por el Gobierno Rajoy y las autonomías. La sanidad pública ha perdido 10.000 millones estos años, junto a 5.000 médicos y enfermeras, lo que ha deteriorado muy seriamente la atención, con un aumento de las listas de espera (de 379.194 para operarse en 2009 a 511.923 a finales de 2014), en beneficio de la sanidad privada (11,4 millones de españoles tienen un seguro médico privado). Urge recomponer la financiación de la sanidad pública, su personal y sus medios, lo que obliga a un cambio pactado en el sistema de financiación de las autonomías, homogeneizando la atención sanitaria, que es muy diferente según la ciudad donde uno enferme.

La educación no universitaria ha perdido 7.300 millones entre 2010 y 2014, con 24.800 profesores menos, un recorte de becas y ayudas y un deterioro de la enseñanza, con menos esfuerzo para los alumnos que se quedan atrás. En la Universidad, que ha perdido otros 8.000 millones y 13.200 empleos, los alumnos han afrontado un fuerte aumento de tasas (45% de subida media, que ha llegado a un +128% en Cataluña, 117% en Madrid, +93,9% en Valencia o +78% en Castilla y León), que convierten a la Universidad española en la cuarta más cara de Europa, con un coste medio de 1.257 euros por curso mientras en Alemania pagan 200 euros y en Francia 185 euros. Como además han bajado las becas, 70.000 universitarios han dejado las aulas desde 2012, según los rectores.

En la Dependencia, las ayudas a ancianos y discapacitados, el recorte ha sido de 2.236 millones entre 2012 y 2014 (un tercio del Presupuesto), lo que ha estancado los beneficiarios (779.373 en octubre), provocando que casi 400.000 dependientes estén a la espera de recibir la ayuda, con riesgo de que se mueran antes (100.000 dependientes se han muerto esta Legislatura antes de recibir la ayuda que tenían reconocida). Estas ayudas están reconocidas por Ley desde 2007, pero no hay financiación suficiente y las autonomías lo “capean” con recortes y retrasos, un problema que se agravará porque somos el 2º país con más viejos del mundo y en 2050 habrá 7 millones de dependientes en España.

Sigamos con la lista de problemas a resolver. El cuarto sería ayudar a los que se han quedado tirados con esta crisis: parados, trabajadores precarios y pobres. Empezando por los parados, que tienen dos graves problemas: uno, inmediato, que más de la mitad  de los parados EPA no cobran nada. Son 2.586.585 parados sin subsidio, el 53,32% de los parados estimados. Y el otro, que más de la mitad de los parados  (60,6%), casi 3 millones, llevan más de un año sin trabajar (de ellos, 2,1 millones más de 2 años y 1,5 millones más de 3 años), con lo que cada vez tienen menos posibilidades de colocarse. Y menos si tenemos en cuenta que más de la mitad de todos los parados (el 54.7%) tiene una escasa formación (hasta la ESO o incluso menos), según el INE. Así que urge darles algún ingreso a cambio de mejorar su formación para sacarles del pozo del paro de larga duración.

Un tercio de los trabajadores tienen un problema serio: su contrato es precario (temporal o por horas o las dos cosas) y su sueldo muy bajo, con lo que apenas consiguen llegar a fin de mes. De hecho, el 30% de los asalariados (4.269.840 trabajadores) son mileuristas, ingresan 1.221 euros brutos al mes (menos de 1.000 netos), según los datos de Hacienda. Y el 70% de todos los trabajadores  (casi 10 millones) gana menos de 1.700 euros netos al mes, lo que retrae su consumo (y el crecimiento de la economía). Y más de 1 de cada 5 trabajadores  españoles (3,3 millones, el 22,2%) son pobres, según la OIT: ganan menos del 60% de la renta media de los españoles. La mayoría, mujeres y jóvenes con contratos precarios. Urge una contrarreforma laboral que mejore la calidad de los contratos, evitando que en España haya dos clases de trabajadores, los fijos con antigüedad y los precarios vulnerables.

Precisamente, mujeres y jóvenes son dos colectivos que exigirían propuestas de apoyo en cualquier campaña electoral. Las mujeres sufren una desigualdad económica que urge corregir: trabajan menos (sólo el 50,3%, frente al 58,8% en la UE, el 69% en Alemania, el 60% en Francia o el 72,5% en Suecia), tienen más paro (22,69% frente al 19,9% de los hombres), tienen empleos más precarios (el 75% de los trabajos a tiempo parcial los ocupan mujeres) y ganan un 24% menos de media que los hombres. De hecho, el 40% de las mujeres no llegan a mileuristas (1.221 euros brutos), según Hacienda. Otros que están sufriendo especialmente la crisis son los jóvenes: casi la mitad está en paro (46,6% entre los menores de 25 años), dos tercios no cobran el paro y casi la mitad carece de formación, les cuesta años colocarse (6 años para ser fijos), el 71% tienen un contrato temporal sin quererlo, las empresas no les forman y les pagan 890 euros de media (cuando les pagan: sólo el 42% de los becarios cobran), según los últimos datos de la OCDE, lo que obliga al 78% a vivir con sus padres (en Francia sólo el 16% y el Alemania el 21%) . Y no olvidemos un tercer colectivo de españoles con problemas: los mayores de 45 años. Son más de un tercio de todos los parados (1.708.900 en octubre) y las tres cuartas partes llevan ya más de 1 año sin trabajar, con lo que tienen difícil colocarse, por su edad y por su poca formación. Y muchos no cobran el paro ni se pueden jubilar: tienen que esperar 10,15 o 20 años marginados.

Y queda atender a una pobreza creciente : en España hay 12,6 millones de españoles en situación de pobreza, que ingresan menos del 60% de la renta media, según las estadísticas europeas (Eurostat), 1,5 millones más que en 2008. Y de ellos, casi 3 millones son niños y adolescentes (menores de 18 años). Urge que el futuro Gobierno ponga en marcha un Plan contra la pobreza, para ayudar a los parados sin subsidio, a las familias sin ingresos, a las madres solteras con niños y a las familias que necesitan ayuda cada mes para comer, pagar recibos de luz, el alquiler o el colegio, 8 millones de españoles que piden ayuda hoy en los servicios sociales municipales o las ONGs. Un Plan que necesita al menos 12.000 millones de euros, para dar una renta mínima a 700.000 familias y ayudas puntuales al resto.

Al final, reanimar la economía para crecer más y crear más empleo, recuperar la sanidad, la educación y la Dependencia, ayudar a formarse y colocarse a los parados, las mujeres, los jóvenes y los mayores de 45 años, paliar la pobreza, se traduce en más gastos. Y ahí chocamos con un muro: la Comisión Europea, controlada por los fundamentalistas del déficit, que llevan desde 2010 imponiendo recortes a España y a la Europa del sur, una política que ha agravado los costes de la crisis y que ahora frena la recuperación, en Europa y en España. Pero Merkel y la Comisión siguen erre que erre: hace falta seguir con la austeridad. Y lo han dicho muy claro la semana pasada: el nuevo Gobierno español que salga de las elecciones tendrá que “tomar medidas para cumplir con el déficit”. O sea, tendrá que hacer más recortes. En total, 5.000 millones para cumplir el déficit de 2015 (creen que acabará en el 4,7% del PIB en lugar del 4,2% que dice Rajoy) y otros 8.000 millones para cumplir el déficit prometido en 2016 (2,8%, que será del 3,6% si no se cambia el Presupuesto, según Bruselas).

En total, pues, 13.000 millones de recortes que el futuro Gobierno tendrá que hacer en 2016 si no quiere una sanción de la Unión Europea o un “castigo” de los mercados. Piense en ello cuando oiga las “promesas” de los partidos en estas elecciones: que ofrezcan lo que quieran, que ya vendrán Merkel y Juncker con la tijera. Gane quien gane las elecciones (si es la izquierda, más, como ya se ha visto en Grecia y se va a ver ahora en Portugal). Pero hay una salida: no recortar, suavizar las exigencias (presionando en Europa para que acepten un déficit más alto) y, sobre todo, recaudar más. Se puede y se debe. Porque España recauda bastante menos que el resto de Europa (somos el 7º país europeo que menos recauda): recaudamos el 38,7% de la riqueza (PIB), frente al 46,6% que recaudan los 19 países del euro. Y esto es algo estructural, no por la crisis. Si recaudáramos como los demás europeos, Hacienda podría ingresar 79.000 millones de euros más al año. No habría déficit y podríamos gastar más en lo que hace falta.

¿Por qué ingresamos menos que los demás europeos? Porque hay más fraude y muchos pagan menos de lo que deberían. Primero está el fraude del IVA, por el que España deja de ingresar 12.000 millones cada año, según cálculos de la Comisión Europea. Y luego está el "fraude legal" que hacen las grandes empresas, multinacionales y los más ricos, estimado por los técnicos de Hacienda (Gestha) en otros 60.000 millones anuales. Ya tenemos 72.000 millones. Una bolsa de fraude que podría reducirse a la mitad si el próximo Gobierno toma medidas eficaces (y más medios) contra el fraude fiscal, algo que no han hecho Zapatero ni Rajoy.

Este es el gran reto de la próxima Legislatura: o se consigue recaudar más o habrá que hacer más recortes que entorpecerán la recuperación y deteriorarán más el Estado del Bienestar y las pensiones, aumentando la pobreza. Y las mujeres, los jóvenes y los mayores de 45 años seguirán sufriendo lo peor de la crisis. Las promesas de bajar impuestos (PP, Ciudadanos) son un engaño, salvo que se bajen a unos y se suban a otros, porque es ineludible recaudar más. Salvo que no se quiera recuperar la economía y el Estado del Bienestar. Hace falta recaudar más, sí o sí.  Piénselo cuando escuche a los políticos y sus promesas y cuando vaya a votar. Porque si no se ponen las pilas, el futuro nos lo marcará Bruselas a golpe de más recortes. Como ha pasado estos 4 años.