España inició este año 2021
con la electricidad más barata desde el
año 2004: el precio medio en el mercado mayorista había sido de 33,96
euros/MWh en 2020, un 30% menos
que en 2019 (47,68 euros) y el
más bajo desde 2004, debido a la pandemia, que provocó un
desplome de la demanda eléctrica, sobre todo la industrial y de servicios. Esta
bonanza
de precios (42,51 euros/MWh
el 1 de enero 2021) se rompió el 7
de enero (88,93 euros), con el
anuncio de la borrasca Filomena, que disparó los precios del mercado mayorista
de la electricidad: 99,94 euros el viernes 8 de enero
(llegó a costar 121,24
euros a las 9 de la noche, cuando se inició la gran nevada) y 80,66 el
sábado día 9. Y la semana siguiente,
con las bajas temperaturas y heladas, el
precio de la luz se mantuvo por encima
de los 82 euros/MWh hasta el 18 de enero, para bajar después, quedando en torno a los 50 euros hasta el viernes 29, cuando otra tormenta (Justine) trajo fuertes vientos y la energía eólica provocó un desplome de precios en el mercado, hasta los 1,42 euros/MWh del 31 de enero.
Esta tormenta de precios en el mercado
eléctrico en enero se debió no
sólo a factores climatológicos (que impidieron producir
electricidad con energía solar y eólica, más baratas), sino también a una subida extra en el precio del gas natural
(por problemas
de suministro en Argelia y una mayor demanda de las centrales de gas) y por
la subida de los derechos de CO2 que
pagan las centrales de carbón y gas que se tuvieron que enganchar al sistema. Y
además, el frío generalizado disparó la
demanda de energía en todo el mundo, en especial en Asia (Japón pidió
limitar el consumo para evitar apagones), elevando los precios.
Al final, este vaivén de precios en enero en el
mercado mayorista de la electricidad (MIBEL)
se traduce en una subida del recibo de
la luz a los 11
millones de españoles (el 37% de
los usuarios) que tienen un contrato de precio regulado (PVPC: precio voluntario al pequeño
consumidor). Como el coste de la electricidad en el mercado supone un
35% del recibo, la subida de enero ha provocado que el
recibo de una familia media (4,4 kwh de potencia y 3.900 euros de
consumo) haya subido +10,36 euros en
enero, según el simulador
de la CNMC, quedando en 73,59 euros (frente a 63,23 euros en
diciembre). Para los demás consumidores, los 18,6 millones que tienen un contrato “libre”, el precio que pagarán
será el que fijaron para este año con su compañía (una “tarifa plana” más
alta que la regulada).
Ahora, el
Gobierno dice que el mercado
eléctrico seguirá bajando en febrero (-37% sobre enero) y en el 2º
trimestre (-45%), pudiendo subir para el verano, como pasa siempre, con lo que
tendremos por delante varios meses de
bajada del recibo de la luz. Y además, el Gobierno ha puesto en marcha 2 reformas que van a forzar una mayor
bajada de la luz, con lo que espera que siga bajando en 2021 y 2022 y, según
la ministra de Transición Ecológica, acabe siendo “más barata que en Francia”
(ahora es más cara).
El primer cambio
entrará en vigor el 1 de abril, cuando
sea obligatorio que las eléctricas cobren la luz según la hora en que se
consume, tras varios años de adaptación de contadores y compañías. Habrá 3
tarifas según la franja horaria:
la más cara (de 10 a 14 horas y de 20
a 22 horas), la más barata (entre las
12 de la noche y las 8 de la mañana, más sábados, domingos y festivos) y la
intermedia (resto de horas). Estas nuevas tarifas con discriminación horaria se
aplicarán obligatoriamente a los
clientes con previo regulado (PVPC), mientras que a los clientes que estén en el “mercado libre”, será la comercializadora
la que le detalle la oferta. Además, a partir de abril, también se podrá contratar
potencias distintas para horas distintas, otro sistema para reducir
costes fijos. Al final, si nos acostumbramos a poner la lavadora por la noche y
a cocinar más en fines de semana, podemos ahorrar en
el recibo, hasta un 10% (3
euros de media).
El segundo cambio lo
aprobó el Gobierno el 15 de diciembre
y se aplicará gradualmente en los próximos 5 años. Se trata de quitar
del recibo de la luz las ayudas a las energías renovables, unos 7.000
millones anuales, que ahora financiamos con “los peajes” (ese cajón de
sastre de costes varios que supone el
40% del recibo de la luz). Y pasar este coste, estas ayudas a las renovables, a
un Fondo (FNSSE) que financiarán las comercializadoras de gas y electricidad y
los operadores petroleros. O sea, que en
vez de que los consumidores financiemos
a las renovables (para fomentar las energías limpias), pagarán
esta ayuda las empresas que comercializan electricidad, gas y petróleo,
que probablemente nos cargarán este nuevo coste cuando vayamos a echar gasolina
o compremos butano… Pero el cambio permitirá abaratar
el recibo de la luz un 13% en los próximos cinco años, según el Gobierno.
Las dos medidas ayudarán a abaratar la luz, pero
son
un parche. Porque el problema de fondo que tenemos es que la luz es mucho más cara en España que en
la mayoría de Europa y eso se debe a que pagamos
muchos costes de más, extracostes con los que hay que acabar, no
sólo con los de las renovables. Veamos primero la situación de partida: el precio
de la luz para los consumidores domésticos es en España el 5º más caro de
Europa: costaba 0,2239 euros/kwh en junio 2020, frente a 0,2126 euros de media en la UE-27, los 0,2266 de Italia, los
0,2203 de Reino Unido, los 0,2120 de Portugal o los 0,1899 euros/kwh de Francia
(-15,2% menos que España), siendo sólo la luz más cara en Alemania (0,3043
euros/kwh), Dinamarca (0,2833), Bélgica (0,2413) e Irlanda (0,2239, según
la última estadística publicada por Eurostat. Y en los consumidores no domésticos
(empresas), España el país
nº 13 con la luz más cara de Europa: 0,1302 euros/kwh, muy por encima de los
0,0826 euros/kwh que cuesta de media en la UE-27.
¿Por qué tenemos la
luz más cara, ahora y en las últimas
décadas? La razón es que los usuarios pagamos
costes de más en las tres partes del recibo
de la luz: en el coste de la generación
de electricidad (el 35% del recibo), en los”peajes” (costes varios) que aprueba el Gobierno cada año (40% del
recibo) y en los impuestos (25%
restante). Veámoslo.
El primer componente, el
precio de producir la luz, se fija en el
mercado eléctrico ibérico (MIBEL),
un mercado donde se negocia el precio de la luz cada hora, según la aportación
de las distintas energías y su coste. Pero el
sistema de fijación de precios, aprobado
por Aznar en la Ley
eléctrica de 1997, es “de locos”: cada empresa aporta su electricidad, empezando por las más baratas
(hidroeléctricas, nucleares y renovables) y siguiendo con las más caras
(carbón, fuel o gas). Y al final, el
precio resultante para todas es el del kilowatio más caro. Lo normal
es que la energía que falta (cuando hay un salto de demanda o no llueve ni hace
viento) se cubra con centrales de carbón, fuel o gas, que producen a 60
euros/kwh. Y ese es el precio que se paga a las centrales hidroeléctricas (a
las que les cuesta 10 euros producir un kwh) o a las nucleares (a las que les
cuesta 22 euros/kwh), centrales ambas que, además, ya están amortizadas (tras 90 o 40 años de
vida). Es como si compráramos carne
picada hecha con pollo, cerdo, ternera y chuletón y nos la cobrarán a precio de
chuletón.
Este sistema de
fijación de precios (“marginalista”)
busca compensar a las eléctricas por tener centrales con poco uso (de gas y
fuel), que se mantienen para asegurar el suministro ante cualquier
eventualidad. Pero nos cuesta a los
usuarios unos 2.000 millones extras al año desde 2006 (hemos pagado 28.000
millones de extracoste en nuestros recibos), según estima
la profesora Natalia Fabra. Además de fijar un precio no justificable, el mercado eléctrico español es poco
transparente (lo controlan de hecho las eléctricas, que son “juez y
parte”), muy volátil (con
muchos altibajos de precios, más que en Europa) y promueve el fraude, como ha detectado en varias ocasiones la
Comisión de la Competencia (CNMC), que ha
multado ya a todas las eléctricas por “manipular la oferta y los precios”,
poniendo y quitando en el mercado centrales, malas prácticas que les han
costado varias
multas.
Vayamos al segundo
componente del recibo de la luz (un
40%), los
llamados “peajes”, un “cajón de sastre” donde los distintos Gobiernos
han ido incluyendo múltiples costes, que pagamos cada mes en el recibo: ayudas
a renovables, cogeneración y residuos (20,6%), compensaciones por el parón
nuclear (0,41%), pago para amortizar la
“deuda” acumulada con las eléctricas (2,89%), compensación a Endesa por la
electricidad que produce en Baleares y Canarias (4,2%), ayudas a las centrales
de gas, compensaciones
a las grandes industrias consumidoras y el pago por el transporte de
electricidad (el 2,96% del recibo) y por su distribución (10,04%),los dos
únicos costes “justificados” pero que se consideran elevados.
El gasto más discutible es el margen que pagamos a los distribuidores de electricidad, empresas que dependen de las eléctricas y que nos
cargan un margen medio del 17% sobre el precio que pagan (a ellas
mismas) al comprar la electricidad en el mercado mayorista. Los expertos denuncian
que hay un oligopolio de distribución,
que 3 compañías (creadas por las 3 grandes eléctricas) controlan el mercado y fuerzan
márgenes y precios. De hecho, en
el mercado libre (el que tienen dos tercios de consumidores, Iberdrola
(35,6%), Endesa (29,3%) y Naturgy (11%) controlan
el 75,9% del mercado. Y llegan al 84,3% con EDP (5%) y Viesgo-Repsol
(3,4%). Pero además, se lo tienen repartido por regiones, de tal manera que Iberdrola controla Madrid (52,9%
mercado), las dos Castillas, Levante y Murcia, Endesa controla Barcelona (60,5%), Cataluña, Andalucía y Canarias
(90%) y Naturgy Galicia, según el mapa 2019
publicado por la CNMC. Y en el caso del mercado regulado (el
tercio restante de clientes), pasa lo mismo: Naturgy controla el 55,8% del
mercado eléctrico en Galicia, Energía XXI (Endesa) el 43% de Canarias, el 33%
de Cataluña o el 30,9% de Baleares, y Curenergía (Iberdrola), el 31,5% del
mercado valenciano y el 17,6% del madrileño.
Y acabemos en la tercera parte del recibo, los impuestos (el 25% restante): el impuesto
especial (el 5,113% sobre la
potencia instalada y el consumo) y el 21%
de IVA sobre la factura total (incluido el impuesto eléctrico, con lo que
pagamos un impuesto sobre otro). Y aquí también
pagamos impuestos de más. Somos el 3º país de la UE con más peso de
los impuestos sobre el precio final de la electricidad a los consumidores
domésticos: un 47,38%, frente al 66,4% en Dinamarca y el 53% en
Alemania, muy por encima del peso de los impuestos en la luz de la UE-27 (40%),
de Portugal (48%), Italia (39%) y Francia (34,3%). Y somos el 5º país europeo
con el IVA de la electricidad más alto (21%), sólo por detrás de Dinamarca y
Suecia (25%, Finlandia (24%) y Portugal (23%),según
Eurostat. Y en el caso de la luz para empresas y consumidores no domésticos. España es el 6º país con más peso de
los impuestos (28%), detrás de
Alemania (52%), Holanda (50,5%), Italia (43%), Bélgica y Portugal, aunque por debajo del peso de los impuestos en la UE-27 (36%).
Ahora ya sabemos por
qué pagamos la luz más cara que en Europa: por
extracostes en la generación de electricidad, mayores márgenes al
comercializarla, exceso de costes “políticos” y más impuestos. Habría que
hacer una reforma integral del sistema eléctrico, no seguir con “parches”
cuando se dispara el recibo. Y para eso, la clave sería que el Gobierno
impusiera una
auditoría de costes, para saber de verdad cuánto nos cuesta producir la
luz y cuáles son los extracostes desde la central hasta el recibo. No vale decir que el sistema de fijación de
precios es
“europeo” y no puede tocarse,
porque hay paises, como Francia, que
han aprobado retribuir a las nucleares con un precio fijo (no el marginal del
mercado) que cubre sus costes medios. Habría que aprobar precios fijos para las energías ya amortizadas (como hidráulica y nuclear) y compensar de otra forma a las centrales “de refuerzo” (gas), no a
costa de que se dispare el precio final, como ahora. Y renegociar los márgenes
de transporte y distribución, así como rebajar
el IVA lo que se pueda (déficit).
Sólo así bajará de verdad la luz, con transparencia en los
costes y con más competencia en la distribución y comercialización, atacando el
oligopolio y fomentando más la competencia. El sistema vigente desde hace décadas beneficia a las eléctricas (duplican
el beneficio de las europeas) y
perjudica a los consumidores, que pagamos la luz más cara. Es hora de reformar
este mercado, que ellos ganen
menos y nosotros paguemos menos. El problema es que son muy poderosos y será difícil imponerles los cambios. Luz y taquígrafos.
