Más impuestos: toca pagar la pandemia

En junio toca presentar la declaración de la renta, mientras los impuestos son protagonistas de la política internacional: los paises del G-7 han subido al 15% el impuesto mínimo que paguen empresas y multinacionales, que ahora se escaquean en paraísos fiscales. Tras décadas de carreras para bajar impuestos, los paises se unen ahora para subirlos y pagar la factura de la pandemia. Y en julio, la Comisión Europea aprobará nuevos impuestos verdes, sobre los carburantes y vuelos. Entre tanto, Europa exige a España una profunda reforma fiscal, que se pondrá en marcha en 2023, cuando se afiance la recuperación. Subirán impuestos y no por ideología, sino porque no salen las cuentas: España ingresa 92.000 millones menos cada año que la media europea. Y así no se pueden financiar los servicios públicos y la modernización del país. Recaudamos poco porque muchos pagan menos de lo que deben: grandes empresas, bancos, multinacionales, inversores y los más ricos. Ellos tendrán que pagar más, no la mayoría de españoles, que saldremos ganando.

Para situarnos, empecemos por un poco de historia económica. En el siglo XX, el crecimiento y la mejora del Estado del Bienestar tras la 2ª Guerra Mundial fueron posibles gracias a los altos impuestos que pagaban las empresas y los más ricos, en Europa y EEUU (las empresas pagaban un 91% de impuesto de sociedades entre 1951 y 1961, con Eisenhower). En los años 80 triunfaron las posturas económicas neoliberales, que arrastraron a Thatcher y Reagan a un recorte del Estado y los impuestos (28% tipo sociedades en USA), con una carrera entre paises para bajar los tipos y atraer empresas e inversiones. Esta política fiscal multiplicó los déficits públicos y redujo el Estado del Bienestar en todo el mundo, provocando recortes y una tremenda desigualdad tras la crisis de 2008. Una política fiscal conservadora cuyo último aleteo lo dio Donald Trump, con su reforma fiscal de 2017, que bajó el impuesto de sociedades del 35 al 21% y, sobre todo, a las rentas más altas.

Han sido cuatro décadas donde la idea dominante ha sido bajar impuestos para relanzar la economía y fomentar la iniciativa privada frente al Estado. Pero llegó la pandemia y la crisis, la mayor del último siglo, ha obligado a multiplicar las ayudas públicas a ciudadanos y empresas, potenciando la sanidad y los servicios públicos. Sólo en Estados Unidos se han aprobado estímulos (ayudas a particulares y empresas) por valor de 4,8 billones de dólares en el último año (entre marzo de 2020 y marzo de 2021). Y en Europa, los estímulos concedidos ya (entre ayudas y créditos) superan los 1,5 billones de euros, especialmente en Alemania (750.000), Francia (400.000), Italia (150.000) y España (110.000). Y ahora empezarán a repartir los 750.000 millones de los Fondos Europeos “Next Generation”.

La pandemia ha provocado un cambio histórico: ahora todo el mundo mira a “papá Estado”, pidiendo ayudas y soluciones para salir de la emergencia sanitaria y económica. Y eso ha multiplicado el gasto público, disparando los déficits y la deuda de los paises. Y con ello, se ha empezado a pensar en “cómo pagar la factura de la pandemia”. Y, curiosamente, las mismas instituciones internacionales que defendían la bajada de impuestos y el recorte del Estado son las que hablan ahora de “subir impuestos”. Empezó en abril de 2021 el Fondo Monetario Internacional (FMI): propuso “subir (temporalmente) impuestos a las rentas altas y a las multinacionales para pagar la factura de la crisis”. Y en mayo, la OCDE se sumó a esta propuesta, pidiendo además a los paises subir el impuesto a las herencias y donaciones, dos impuestos que PP y Ciudadanos llevan años queriendo rebajar en España.

Pero la gran novedad llega con el nuevo presidente de EEUU, Joe Biden, al proponer al resto de países, el 21 de mayo, una tasa mínima mundial del 15% en el impuesto de sociedades, propuesta que enseguida fue apoyada por Europa y los paises del G-7, que han aprobado la medida en la Cumbre del 11 de junio en Cornualles (Reino Unido). No es que Biden sea “un rojo peligroso” sino que trata de hacer de la necesidad virtud: necesita recaudar muchos billones de dólares para financiar sus estímulos y el Plan de reactivación de la economía (2,3 billones) y no puede arriesgarse a que si sube los impuestos, las multinacionales busquen pagar menos en otro país. Así que es mejor pactar con el resto del mundo un tipo mínimo realista del 15% (que se pague de verdad) para que todos ganen, recaudando más.

El tipo mínimo del 15% (que algunos paises, como Francia, quieren subir al 21%) es una revolución fiscal,  tras cuatro décadas de carrera por bajar el impuesto de Sociedades: la media mundial está en el 24% nominal, aunque con las exenciones, desgravaciones, “trucos legales” y paraísos fiscales, las multinacionales pagan un tipo real del 4% y menos. Ahora, cara a la próxima Cumbre del G-20, el 9 de julio en Venecia, los paises y la OCDE tienen que perfilar la propuesta. Y después, negociarla con 135 paises, para que tenga un alcance mundial y las multinacionales no encuentren vías de escape. Hay 2 temas claves. Uno, cómo se va a fijar ese 15%, sobre qué beneficios y cómo se miden. Y el otro, como conseguir que las multinacionales paguen parte de ese impuesto en los paises donde operan pero no tienen la sede. Cómo conseguir que Google o Amazon paguen en España una parte de ese impuesto de sociedades cuando ahora desvían su facturación a otros paises.

No va a ser un acuerdo fácil, tardará aún meses y habrá que ver la letra pequeña, los resquicios que puedan aprovechar los poderosos bufetes fiscales que asesoran a las multinacionales. Pero, por primera vez en 40 años, hay una amplia mayoría de paises que están de acuerdo en forzar a las grandes empresas y multinacionales a pagar más impuestos. Y eso, porque todos necesitan recaudar más y el impuesto de Sociedades es una gran fuente de fraude y “elusión fiscal” (no pagar impuestos “legalmente”). Según la OCDE, la “elusión fiscal” de las multinacionales resta a las arcas públicas de los paises 200.000 millones de euros cada año. Y el European Tax Observatory calcula que Europa recaudaría 48.000  millones de euros más al año con este tipo mínimo del 15%, 1.000 millones más España (y 175.000 millones más, 12.400 España, si el tipo mínimo subiera al 25%).

Mientras avanza esta batalla para las multinacionales paguen el 15% de sus beneficios, Europa prepara otra revolución fiscal, la de “los impuestos verdes”, para pagar el ambicioso Plan contra el cambio climático: recortar las emisiones UE un 55% para 2030. La Comisión Europea prevé aprobar el 14 de julio el paquete “Fit for 55”, una serie de subidas fiscales para financiar la ambiciosa reforma energética europea. Los principales cambios, que nos van a afectar a todos en los próximos años, serán subidas en los impuestos a los carburantes y la calefacción, así como la implantación de usa tasa sobre los vuelos europeos, que hasta ahora no pagan por el CO2 que emiten (como las industrias y las eléctricas). Y además, subirán las tasas al transporte (“euro viñeta”), buscando reducir las emisiones de camiones, furgonetas y turismos. Y podría subir también el impuesto de matriculación.

Mientras Europa aprueba unos mayores “impuestos verdes”, la Comisión Europea ya ha advertido a España que tiene que hacer una reforma fiscal en profundidad, como una de las tres reformas básicas (junto a la laboral y de pensiones) que nos exigen para recibir los 140.000 millones de Fondos europeos (72.000 a fondo perdido). Y además de la exigencia, nos han adelantado sus 5 prioridades fiscales: subir los impuestos verdes, reformar el impuesto de sociedades, poner orden en el IVA (exceso de productos y servicios con tipos reducidos y superreducidos), armonizar el impuesto de patrimonio y sucesiones y corregir el impuesto sobre la renta (quitando reducciones y aumentando su progresividad).

España tiene que hacer una reforma fiscal  y no solo porque nos lo exige Europa, aunque la derecha (PP y Ciudadanos) siga con la bandera de “bajar impuestos”. Hay que poner orden en los impuestos, subiendo algunos, no por ideología sino por realismo, por un hecho incontestable: España recauda mucho menos que el resto de Europa. Y no ahora, sino en las últimas dos décadas (incluso antes). Veamos el dato. Entre 2011 y 2020, los ingresos públicos en España han sido del 38,7% del PIB, frente al 46,1% de media en la UE-27, el 52,8% en Francia, el 47,1% en Italia o el 45,5% en Alemania. Eso quiere decir (“a lo claro”) que España recaudó en 2019 (sin pandemia) 92.000 millones menos que la media de Europa. Y 175.000 millones menos que Francia, 104.500 millones menos que Italia y 97.000 millones menos que Alemania. Y así cada año, desde hace décadas. Por eso también gastamos menos (44,9% del PIB frente al 48,6% en la UE-27) y tenemos más déficit público.

¿Por qué España recauda menos que el resto de Europa? Porque ingresamos menos en todos los impuestos, como demuestran muchos estudios. En el impuesto de la Renta, somos el 3º país europeo que menos recauda: un 7,5% del PIB frente al 10% de media en la UE-28, el 9% de Francia o Alemania, el 12% de Italia o el 27% de Dinamarca. En IVA, recaudamos 23.400 millones que la media UE, según la Comisión. En Sociedades, recaudamos el 2,3% del PIB, frente al 2,5% que recauda la zona euro, con 4.912 millones de beneficios fiscales en 2020 (según Hacienda). En los impuestos sobre alcohol, tabaco y carburantes, ingresamos el 2,5% del PIB, frente al 2,3% de media en la UE y el 3% en Dinamarca, Finlandia, Reino Unido o Grecia. En impuestos verdes, recaudamos 3.500 millones menos que la media europea. Y con las herencias, otros 3.250 millones menos.

España recauda menos porque tiene demasiadas deducciones y exenciones fiscales, demasiados productos y servicios con IVA reducido y superreducido y porque las multinacionales, grandes empresas, bancos, inversores y los más ricos pagan menos de lo que debían. Así, las 10 grandes tecnológicas que operan en España (Amazon, Apple, Facebook, Google, Twitter, Microsoft, Airbnb, HBO, Netflix y Tripadvisor) pagaron sólo 29,52 millones de euros en 2018. Significa que estas multinacionales pagan un 2,23% de impuestos sobre su teórica facturación en España.  Las grandes empresas pagan un 8,3% sobre sus beneficios y en el caso de grandes grupos y bancos, un 4% (frente al 25% de impuestos que pagan las pymes). Los inversores pagan, por intereses y dividendos, de un 19 al 23%, menos que el tipo medio del IRPF. Y las grandes fortunas declaran a través de sociedades y SICAV (tributan el 1% de sus beneficios anuales). Además, España tiene todavía mucho fraude fiscal, por el enorme peso de la economía sumergida (17,2% del PIB, según el FMI) y a la falta de inspectores (hay 4 veces más en Francia o Alemania).

Ahora, el Gobierno Sánchez ha prometido a la Comisión Europea que aprobará una reforma fiscal en 2022, para aplicar los cambios impositivos en 2023, no antes, para no poner en peligro la esperada recuperación. Y los cambios se basarán en el informe que entregue al Gobierno, en febrero de 2022, un Comité de Expertos que ya trabaja en la reforma. El único cambio que podría aprobarse este año, para aplicarse con el Presupuesto 2022, sería el tipo mínimo del 15% en sociedades, si se aprueba en el mundo este año. Un cambio muy importante, porque con el impuesto actual se recaudó 15.858 millones en 2020, menos de la mitad que en 2007 (44.823 millones), aunque las empresas ganan ahora más que antes de la anterior crisis. Si el tipo medio que pagan las multinacionales (2,23%) y grandes empresas (8% y en algunos casos el 4%) sube al 15%, el aumento de recaudación podría ser superior a los 2.000 millones de euros en 2022, una cifra muy importante.

El resto de cambios fiscales quedarían para entrar en vigor en 2023, algo difícil (Sánchez tiene una débil minoría para aprobar estos cambios en el Congreso) al ser un “año electoral”. Se auguran 6 grandes cambios fiscales, además del de Sociedades. En el IVA, reduciendo los productos y servicios con el tipo reducido (10%) y superreducido. En los impuestos especiales (quizás ya para 2022, si Bruselas aprueba nuevos impuestos), subiendo los impuestos del gasóleo, para homologarlo al de la gasolina (ahora paga 59 céntimos por litro frente a 70). En los impuestos verdes, porque España es el 3º que menos recauda sobre el PIB, incluyendo el impuesto sobre matriculación (España es el país UE que menos ingresa por el coche: 1.068 euros por vehículo frente a 1.911 en Francia o 1.963 en Alemania). En el Impuesto sobre la Renta, revisando deducciones y subiendo tipos a los que ganan más de 150.000 euros. En el impuesto de patrimonio, homogeneizando tipos (no se paga nada en Madrid, poco en Rioja o País Vasco y mucho en Extremadura, Aragón Y Cataluña). Y en el Impuesto de Sucesiones (herencias y donaciones), donde hay una pelea entre autonomías a ver quien baja más los tipos (hay “dumping fiscal”, como en Patrimonio).

Al final, España arrastra desde hace décadas un “agujero fiscal”, por recaudar menos que Europa, que hay que tapar cuando antes, para financiar los enormes gastos de la pandemia (que nos dejan un elevado déficit público y una histórica deuda), el reto del cambio climático y la modernización y digitalización de la economía. Para poder gastar más (“nos hace falta de todo”), España tiene que recaudar más. Y eso obliga a aprobar cambios fiscales para que paguen más los que ahora pagan menos de lo que deben: multinacionales, grandes empresas, bancos, inversores y los más ricos. El resto, la mayoría de españoles que vivimos de una nómina o una pensión, también pagaremos algo más (IVA, carburantes, energía, coche…), pero no mucho. Los paganos de las futuras subidas de impuestos será esa minoría que ahora paga poco. Y serán los que emprendan “la cruzada” contra la subida de impuestos. Que no nos arrastren. La mayoría tenemos más que ganar.

Renta 2016: pagamos menos tras pagar más

Otro año más, tenemos que declarar la Renta antes que acabe junio, aunque pagamos los impuestos mes a mes, con la nómina o pensión. Este año, el IRPF nos saldrá mejor porque entra en vigor la rebaja de impuestos que Rajoy lleva dos años vendiéndonos: unos 240 euros de rebaja media, que no compensa las subidas que hemos pagado los 3 últimos años. Además, el pago dependerá mucho de dónde vivamos: hay autonomías con más IRPF (Cataluña, Andalucía, Valencia, Extremadura y Galicia) y otras donde se paga menos (Madrid, las dos Castillas y Cantabria). Pero al final, las cuentas están claras: el 79% de la Renta lo pagamos quienes  vivimos de una nómina o pensión, los más controlados por Hacienda. Y el resto, grandes empresas, multinacionales o ricos, pagan poco o evaden. Por eso, cada uno pagamos 900 euros de más y  hay déficit público. Este mes, además de declarar a Hacienda, hay que votar. Y de eso dependerán los impuestos futuros. Recuérdelo el 26-J.
 

enrique ortega

La Renta, el IRPF que ahora declaramos a Hacienda, es el principal impuesto que hay en España. Habrá recaudado en 2015 unos 71.500 millones de euros, el 39,2% de todos los ingresos fiscales, aunque ha perdido peso, ya que en 2010 suponía el 45% de todos los impuestos. Eso significa que ahora tienen más peso los impuestos indirectos (IVA, gasolinas, luz, tabaco y alcohol, tasas), más injustos porque los pagan igual los más ricos que los que menos tienen, mientras la Renta es más justo y progresivo, porque se paga según lo que uno gana. Eso sí, la mayor parte del IRPF lo pagamos cada mes, casi sin darnos cuenta, con las retenciones que nos hacen en la nómina o pensión. De hecho, ahora en mayo o junio, con la declaración, sólo pagamos 1 de cada 10 euros del IRPF.

Por eso, a la hora de declarar el IRPF y hacer cuentas con Hacienda, a la mayoría de españoles les sale negativa la declaración: no es ningún regalo, es porque, con el juego de las deducciones y desgravaciones, sale que nos han retenido de más el año pasado. Así, de las 19.708.000 declaraciones que Hacienda espera esta primavera, 14.673.000 declaraciones con derecho a devolución, concretamente 10.858 millones a devolver (un 2,4% más que en 2015). Y sólo 1 de cada 5 declaraciones serán a pagar, 4.260.000 declaraciones positivas, que pagarán a Hacienda 7.948 millones de euros (un 4,9% más que en 2015).

Este año habrá 423.000 declaraciones más con derecho a devolución que en 2015 porque se notará por fin la bajada de impuestos que entró en vigor el 1 de enero de 2015 y que el Gobierno Rajoy nos está “vendiendo” desde 2014. Bajan los tipos (a una franja del 19,50% al 46%, según cinco tramos de ingresos) y suben las deducciones personales y familiares, con lo que los contribuyentes pagan menos impuestos por lo ganado en 2015. De media, la rebaja es de unos 240 euros para los trabajadores y pensionistas que ganaron menos de 40.000 euros, según la estimación de Hacienda. Sin embargo, los técnicos de Hacienda (GESTHA) han denunciado que la rebaja sólo es de 16 euros al año para la mitad de los contribuyentes. Y que es muy pequeña para los que ganan menos de 20.000 euros (35,4 euros anuales) y muy elevada para los que ganan más de 60.000 euros (862 euros anuales).

Rebaja hay, pero en la declaración de este año también hay cambios que penalizan a los contribuyentes. Uno, que los inquilinos con contratos posteriores al 1 de enero 2015 pierden la deducción (10,5%) y los propietarios se pueden deducir sólo el 60% del alquiler cobrado, no el 100% cuando los inquilinos son jóvenes. Dos, se encarece fiscalmente la venta de viviendas, al eliminarse los coeficientes de actualización que rebajaban las plusvalías. Tres, que los propietarios de segundas residencias con valores catastrales revisados entre 1994 y 2005 pagarán más. Cuatro, que se ha eliminado la exención de los primeros 1.500 euros anuales en dividendos. Quinto, que el máximo de aportación por Plan de pensiones se baja de 10.000 a 8.000 euros. Y sexto, se cambia la reducción general de rendimientos de trabajo de 2.652 euros por un gasto deducible de 2.000 euros. Y además, como siempre desde 2008, Hacienda no descuenta el efecto de la inflación sobre lo que ganamos, lo que supone una penalización media de 33,24 euros por contribuyente (entre 18 y 1.321 euros), según GESTHA.

Y esto son los tipos y recargos sobre el papel, ya que la realidad del IRPF depende de dónde hagamos la declaración, porque cada autonomía tiene sus tipos y sus deducciones. Por un lado, el Estado fija un tipo estatal del IRPF (del 9,50 al 22,5%) y luego hay un tipo autonómico, que teóricamente va del 10% (mínimo) al 23,50%. Y así, sumando los dos tramos, sale un tipo total a pagar del 19,50% (hasta 12.450 euros de ingresos) al 46% (para más de 60.000 euros de ingresos). Pues bien, cada autonomía fija sus propios tipos y al final hay grandes diferencias. En el tipo mínimo total, destacan el 19% de Madrid, Canarias, Cantabria, Castilla la Mancha, Baleares y la Rioja, frente al 21,50% que se paga en Cataluña, Andalucía, Galicia y Comunidad Valenciana (21,40%). Y en el tipo máximo total, los más bajos son los de Madrid (43,5%), Galicia, Baleares, Castilla y León y Aragón(el 44% las cuatro), mientras los tipos más altos los cobran Cataluña, Andalucía y Asturias (48%), seguidas de Extremadura (47,5%), Canarias (46,5%), la Rioja y Murcia (46%).

Al final, entre tanto galimatías de tipos, quedémonos con esta idea: las comunidades donde se paga más IRPF, se gane lo que se gane, son Cataluña, Andalucía, Comunidad Valenciana, Extremadura y Galicia. Y donde menos, en Madrid, Castilla y León, Cantabria y Castilla la Mancha. La diferencia entre pagar la Renta en Cataluña, la autonomía con más IRPF, y Madrid, la más barata, es de 173 euros para un trabajador con el salario más habitual (15.500 euros, según el INE) y de 225 euros para un trabajador con el salario medio (22.698 euros). Y va subiendo a medida de que se gane más: un contribuyente con 60.000 euros paga 453 euros más de IRPF en Barcelona que en Madrid y uno con 100.000 euros paga 613 euros más. Y un “millonario” (1.000.000 € ingresos) se ahorra en Madrid 39.063 euros en el IRPF. Esto es especialmente preocupante porque un 53,44% de los contribuyentes más ricos (ingresan más de 600.000 euros) viven en Madrid, la autonomía donde menos Renta se paga.

Y eso contando sólo los tipos del IRPF. Pero también hay grandes diferencias por autonomías en las deducciones. Así, en Aragón y Baleares, las familias pueden deducirse el seguro médico privado, en Cantabria los gastos por enfermedad, en Baleares los libros de texto y en Cataluña los créditos para master o doctorados, en la Rioja, Aragón o Extremadura la compra o rehabilitación de una segunda residencia en el campo, en Galicia la compra de informática y algunas instalaciones renovables (como en Murcia o Valencia) y en la mayoría, las donaciones al patrimonio artístico regional… Otro galimatías con enormes diferencias entre autonomías.

No olvidemos que ahora no sólo hay que declarar el impuesto de la Renta (IRPF), sino también el impuesto sobre el Patrimonio, los que tengan propiedades por más de 700.000 euros (500.000 en Cataluña), salvo en Madrid (que está exento). En total, hay unos 178.000 contribuyentes que declaran Patrimonio, el 38% en Cataluña. Todos ellos están obligados a declarar por Internet y pagarán unos 1.000 millones de euros, una cantidad mínima pero que sirve a Hacienda para controlar sus propiedades y cotejarlo con sus ingresos. Aquí también, el pago del impuesto sobre el Patrimonio varía mucho entre las autonomías: así, una persona con un patrimonio de 800.000 euros (no cuentan los 300.000 primeros euros de la vivienda habitual) paga 1.164 euros de Patrimonio en Aragón, 769 euros en Cataluña, entre 300 y 220 euros en Extremadura, Baleares, Andalucía, Galicia, Murcia y Asturias, 200 euros en Canarias, Cantabria y las dos Castillas, 100 euros en la Rioja y nada en Madrid.

Al final, aunque este año paguemos menos a Hacienda, no podemos olvidar que hemos pagado más en las tres declaraciones anteriores, debido a la fuerte subida de impuestos aprobada por Rajoy a finales de 2011, la mayor de la democracia. Así, sólo en el IRPF, el tipo medio ha bajado del 13 al 12,1 % en 2015, pero era del 11,9% en 2011. Y eso significa que aunque paguemos 3.664 millones de euros menos de IRPF por nuestros ingresos en 2015, entre 2012, 2013 y 2014 ya pagamos 6.073 millones más en Renta, con lo que el balance es que hemos pagado 2.409 millones más de IRPF con Rajoy. Con datos oficiales de Hacienda. Y que pagamos más por la Renta ahora, con la rebaja de 2015, que en 2011. Eso sin contar los demás impuestos estatales (donde pagamos 15.169 millones más que en 2011) y los impuestos autonómicos (han creado 50 nuevos) y municipales, disparados también estos años, la mayoría gobernados por el PP.

El problema está en que aunque los impuestos han subido para la mayoría, al margen del “regalo” de 2015 que notamos en esta declaración, el Estado recauda poco y tenemos el segundo mayor déficit público de Europa (5% del PIB), sólo menor que el de Grecia. Y eso es porque España ingresa menos por impuestos que el resto de Europa: Hacienda recauda el 38,2% del PIB (2015), frente al 45% de la UE-28 y el 46,6% del PIB que recaudan los 19 paises del euro. Y esto no es algo que pase por la crisis: en 2002-2006, cuando las “vacas gordas” y el boom inmobiliario, España recaudaba el 38,9% del PIB y la eurozona el 44,1%.

Eso significa que si España recaudara impuestos como los demás paises del euro, en 2015 debería haber ingresado 85.000 millones de euros más. O sea, no habría habido déficit (50.000 millones) ni recortes e incluso nos podrían haber bajado impuestos. ¿Por qué España recauda menos? Porque hay más fraude, ilegal y “legal”, sobre todo de grandes empresas (pagan sólo el 7,3% de sus beneficios), multinacionales y los más ricos (SICAV), que pagan menos impuestos con “ingeniería fiscal” y enormes desgravaciones (eso “lo legal”, sin contar evasiones y paraísos fiscales). Baste un dato escandaloso, que apenas ha trascendido: Hacienda devolvió al Banco Santander 1.236 millones de euros por el impuesto de Sociedades en 2013 y 2014 (vea aquí los documentos de devolución), a pesar de ganar 10.186 millones de euros en esos dos años, debido a deducciones por pérdidas en 100 empresas del grupo. Todo “legal”.

Cara a la próxima Legislatura, es urgente aumentar la recaudación fiscal, para rebajar el déficit público (Bruselas exige recortes por 8.000 millones) y recuperar las pensiones y el Estado del Bienestar (sanidad, educación, dependencia y servicios sociales). Pero no subiéndonos los impuestos a los que ya pagamos, sino luchando contra el fraude y haciendo pagar más a los que pagan poco “legalmente”. Los expertos de Hacienda (GESTHA) creen que se podrían recaudar 42.000 millones más cada año con una lucha más decidida ante el fraude fiscal (cada uno pagamos 900 euros de más por el fraude de otros, según GESTHA, armonizando los impuestos de sucesiones y patrimonio entre las autonomías, reduciendo deducciones y desgravaciones en el impuesto de sociedades (grandes empresas), controlando mejor a las multinacionales y a los más ricos (SICAV), subiendo impuestos a los carburantes y creando nuevos impuestos medioambientales.

Se trata de que otros paguen más para que la mayoría paguemos menos. Porque actualmente, el 79% del IRPF lo pagan los que viven de un sueldo o pensión, que son además los que están más controlados por Hacienda. Y si miramos todos los impuestos, el 90% de los ingresos fiscales salen de las familias y sólo un 10% de las empresas, bancos y grandes fortunas, según Intermón Oxfam. Este es el problema de fondo que sigue sin resolverse en España (y en todo el mundo) y que debería llevar a una reforma fiscal de verdad en la próxima Legislatura: que otros paguen más para que la mayoría paguemos menos y baje el déficit. Que no nos engañe Rajoy con más promesas de “rebajas de impuestos”. Sólo podremos pagar menos si otros (empresas, bancos, multinacionales y ricos) pagan más. Piénselo al votar el 26-J.

Presupuestos 2013: más recesión y más paro

Más de lo mismo. Los Presupuestos 2013 siguen con los recortes y la subida de impuestos: dos medidas que ahogan el consumo y las ventas, no hay inversión, no se crece y sube el paro. Y este sacrificio apenas recorta el déficit público, porque cae la recaudación más que los gastos. Y los mercados siguen temiendo cobrar su deuda. Los Presupuestos 2013 son increíbles, suicidas e inútiles. Increíbles porque la recesión será más profunda en 2013 y harán falta más ajustes para cumplir con el déficit prometido a Bruselas. Suicidas, porque agravarán la recesión y el paro (doble que en Europa) cuando lo urgente es reanimar la economía y crecer. E inútiles, porque mantienen la desconfianza en España, una economía que no ve salida mientras la mayoría sufre con desaliento los recortes. Pero Rajoy se fuma un puro.

enrique ortega

Los Presupuestos 2013 parten de unas previsiones increíbles: la economía va a caer más del -0,5% previsto por el Gobierno para el próximo año. Por dos razones. Primera, la subida de impuestos, la moderación de salarios, los altos precios (el IPC está ya en el 3,5%), el creciente paro (y los esperados despidos públicos), más los recortes, van a retraer más el consumo, la demanda y la inversión en 2013. Sin embargo, el Gobierno espera que la economía interna reste menos al crecimiento que en 2012 (-2,9% frente a -4%). Y la otra, que la recesión en Europa (donde van un 74% de nuestras exportaciones) y el menor crecimiento mundial (como augura el FMI) van a frenar el motor exterior, quizás con el problema adicional de un petróleo y un euro altos. Pero el Gobierno cree que el tirón exterior será casi igual (+2,3% frente a +2,5% este año).

Con ello, el “optimismo” del Gobierno apuesta porque la economía caerá -0,5% en 2013 (-1,5% en 2012), algo que no comparte casi nadie, salvo la Comisión Europea (-0,3%): el FMI estimó en julio una caída del -1,2% (va a rebajarla en unos días), la OCDE apuesta por -0,8%, los expertos privados esperan un -1,1% y la patronal CEOE habla de una caída del -1,6% en 2013 (la misma que augura para 2012). Si tienen razón, el Estado (y las autonomías y Ayuntamientos) recaudarían menos de lo previsto, habría menos ingresos públicos. Y para recortar el déficit lo previsto, habría que hacer más recortes de los anunciados o subir más los impuestos. Es lo que está pasando en 2012: la recaudación está cayendo y en agosto ya alcanzamos el déficit previsto para todo el año. Por eso, en julio, el Gobierno subió el IVA y metió más tijera. Y lo tendrá que repetir el verano que viene.

De momento, el Presupuesto 2013 recorta el déficit del Estado en 13.400 millones, algo más de la mitad (58%) recortando gastos y el resto subiendo impuestos, sobre todo el IVA (+6.966 millones), el IRPF (+1.109), la prórroga del impuesto sobre patrimonio (700 millones), haciendo pagar impuestos (20%, 824 millones) a los premios de la Lotería de más de 2.500 € (un 40%), y quitando deducciones a la compra de viviendas nuevas (90 millones) y en sociedades (2.371 millones, aunque las empresas, por la crisis, pagarán 2,9% menos de impuestos.

De los recortes sólo se salvan dos partidas: el pago de los intereses de la deuda (a los bancos alemanes, franceses y españoles, sobre todo), que se lleva 38.590 millones (+9.742)  y las pensiones, que subirán un 1% (la inflación prevista, otro dato increíble). Rajoy no ha querido congelarlas, aunque retrasa hasta después de las elecciones vascas y gallegas la decisión de revalorizarlas con la desviación de inflación de este año, como marca la Ley (lo que costaría entre 4.000 y 5.000 millones). A cambio, ha tomado dos decisiones polémicas: echar mano de la hucha de las pensiones para 2013 (se cogerán 3.603 millones) y dar marcha atrás en su promesa de bajar las cotizaciones (1.115 millones), una medida que podría reanimar las escasas contrataciones. Con todo, las pensiones tienen un problema de fondo y el Gobierno anuncia medidas antes de fin de año, como penalizar la jubilación anticipada y revisar el futuro del sistema.

En el resto del gasto, la tijera se mete a fondo, sobre todo en Sanidad (-22,6%), en la inversión en infraestructuras (-15%), tanto en ferrocarriles (- 26%) como en aeropuertos    (-16%) y carreteras (-6%), en Turismo e Industria (-21,3% el Ministerio), en subvenciones a la Ciencia (-341 millones), en Agricultura           (-13,2 %, destacando los recortes del -20% en obras hidráulicas - ¡luego hay inundaciones¡-  y el -43% en medio ambiente),en  Cultura (- 16%, sumando ya un -70% de recorte en cuatro años) y Deporte, en Educación (-17%) y becas (-47,8 millones)  , en Dependencia (-200 millones en un sector clave para los ancianos y para crear empleo), en transferencias a los Ayuntamientos para servicios sociales (-40%) , en ayudas a la Cooperación al Desarrollo (-23%) y en ayudas a los parados (-6,3%) Y en funcionarios, sus salarios se congelan por tercer año, bajan complementos y no se cubren jubilaciones : se recortan unos 10.000 funcionarios (serán de 480.000)  pero se mantiene el número de altos cargos.

Y faltan los recortes de las autonomías (que deben reducir su déficit otros 8.000 millones en 2013) y los Ayuntamientos (otros 300 millones). En conjunto, menos gasto, más impuestos y eso llevará a menos consumo, menos ventas, menos inversión y más paro. El Gobierno estima que volverá a perderse empleo en 2013, un -0,2% (unas 35.000 personas más), pero cree que el paro bajará algo (del 24,6% al 24,3%), porque habrá más “desanimados” (ya no buscan trabajo). Pero muchos expertos creen que subirá el paro y la patronal CEOE estima que alcanzaremos el 26,5% en 2013, superando así los 6 millones de parados.

Más recortes, más recesión, más paro, el resultado de unos Presupuestos suicidas para el país de Europa con más paro y menos crecimiento. Eso lo ven los mercados (Standard&Poors ha bajado su previsión para España del  -0,6% al -1,4% para 2013) y por eso vuelve la tensión en la deuda. Y más con Rajoy diciendo que supedita el rescate a la evolución de la prima de riesgo: es como enseñarle la sangre a los lobos. La realidad es que estos Presupuestos acrecientan el temor de los mercados a que España profundice su recesión y les sea más difícil cobrar. Y por eso, acelerarán la necesidad del rescate, que Rajoy retrasará (otra vez) por razones electorales, enturbiando aún más la confianza en España. Y con ello, podría verse obligado a ofrecer a Bruselas contrapartidas más duras, a aprobar más ajustes antes de fin de año. Y más al reconocer el Gobierno que no cumplirá el déficit pactado con Bruselas este año (será del 7,4% en vez del 6,3%), al tener que incluir las ayudas a la banca (16.600 millones), la mayoría pérdidas que pagaremos todos los contribuyentes. A ver qué dicen.

Al final, llevamos dos años y medio de recortes, casi 1.000 días, y seguimos en recesión, perdiendo empleo, viviendo peor y sin vislumbrar una salida. Y con los mercados más inquietos, sin haber generado confianza como país. Es el balance del fundamentalismo de los recortes, en Bruselas y en España, que ha llevado también a media Europa a la recesión. Y el Gobierno persevera por ese camino, en lugar de buscar otra vía, como defiende ya hasta el FMI: ajustar por un lado pero reanimar la economía por otro, para salir del agujero. Así no salimos de la crisis, como dice el Gobierno: nos hundimos más. Su ideología les ciega.

 

Llegan los recortes más duros, por triplicado

Se acabaron los “paños calientes”. Tras las elecciones en Andalucía y Asturias, llegan los recortes más duros, por triplicado: los del Estado central, Ayuntamientos y autonomías, que serán los peores, porque van a recortar más en sanidad, educación y gastos sociales. Pero no sólo habrá recortes y despidos (más de 300.000 empleados públicos contratados). Nos van a brear a subidas, sobre todo Ayuntamientos y autonomías, desde las tasas por agua y basuras al aumento de las matriculas universitarias o nuevos impuestos autonómicos sobre la gasolina, la compra de coches, la venta de casas, las recetas o el turismo. Al final, 34.000 millones de ajuste que se van a traducir en menos consumo, menos inversión y más paro. Y al final, con menos crecimiento, ingresarán menos y habrá que hacer otro recorte en otoño.

enrique ortega

Bruselas ha querido dejar claro quien manda en las cuentas españolas y ha forzado a Rajoy a hacer un recorte del déficit mayor (+5.300 millones): del 8,5% del PIB al 5,30% (en vez del 5,80%), lo que supone recortar 34.074 millones de euros en 2012. Un reto casi imposible, ya que en mayo de 2010, el ajuste ZP recortó 15.000 millones y en todo 2011, el Gobierno y las autonomías sólo recortaron otros 8.800 millones. Ahora toca ajustar cuatro veces más y sólo quedan nueve meses para hacerlo.

La mitad del recorte (17.037 millones) le toca al Estado central, en los Presupuestos que se presentan el 30 de marzo. Casi un tercio está hecho con la subida de impuestos (IRPF e IBI: 6.475 millones) aprobada en diciembre. El resto saldrá de todas las partidas (salvo pensiones y pago intereses deuda), con una rebaja del 12,5% en los Ministerios, que llegará al 40% en inversión pública (6.000 millones menos para infraestructuras). Pero no será suficiente. Rajoy tendrá que bajar el coste de los funcionarios, rebajando complementos y quizás alguna extra (una paga menos son 4.500 millones de ahorro), como ha hecho Cataluña. Y  acabará recortando plantillas estatales (687.000 empleados), de interinos y contratados.

Pero no bastará con hacer recortes. El Gobierno tendrá que buscar más ingresos y podría  subir los impuestos especiales que pagamos al comprar carburantes, tabaco y alcohol, rebañando 1.000 millones. Y subirnos  tasas. También puede rebajar deducciones en el impuesto de sociedades, un coladero para ahorrarse impuestos las grandes empresas. Y un poco de “contabilidad creativa”: cambiar subvenciones por créditos, para reducir el déficit.

El ajuste más duro lo harán las autonomías, no tanto por la cantidad (14.907 millones) como porque su gasto no es fácilmente recortable: el 71% se va en sanidad, educación y gastos sociales. Y además, el recorte concentra (73% del total) en cuatro autonomías, las que tienen más déficit: Cataluña (-4.335 millones ajuste), Andalucía (-2.469),  Comunidad Valenciana (-2.217) y Castilla la Mancha (-2.034). Un esfuerzo titánico si se recuerda que Cataluña, líder en recortes, sólo rebajó su déficit en 1.134 millones en 2011. Ahora tiene que ajustarlo cuatro veces más.

Los recortes de las autonomías van a ir primero por la vía de gastos de personal, el 40% del presupuesto. Cataluña ya ha rebajado un 5% las pagas extras para 2012 y otras podrían imitarla, según haga Rajoy con los funcionarios estatales. Y habrá más recortes de plantilla, ya que de los 1,3 millones de empleados autonómicos, 434.942 no son funcionarios (y la mitad son interinos o cargos de libre designación). Y tendrán que suprimir la mayoría de las 2.276 empresas públicas autonómicas. Además, van a suprimir obras públicas, reducir costes y alquileres, vender los edificios que puedan y reducir subvenciones a empresas, familias y Ayuntamientos.

Pero los recortes no son suficientes. Las autonomías van a subirnos impuestos: transmisiones patrimoniales (Baleares, Extremadura, Andalucía) y Actos Jurídicos Documentados (Cataluña, Comunidad Valenciana y Andalucía). Y crean otros nuevos, a la producción de energía y nucleares (Castilla y león), infraestructuras (Baleares) o residuos (Cantabria y Castilla y León). Y las que no lo han hecho ya (11 autonomías), subirán el céntimo sanitario a los carburantes (Baleares y Navarra).Otras subirán las tasas universitarias o el agua. Y algunas, como Cataluña, cobrarán (desde junio) 1 euro por receta y entre 1 y 3 euros por dormir en hoteles. Y el último invento que han acordado todas: cobrar por renovar la tarjeta sanitaria (10 €).

El recorte de los Ayuntamientos es pequeño (1.064 millones), pero la mayoría están quebrados y tienen que sanear a fondo sus cuentas. Empezarán por sus plantillas (45% del gasto), rebajando sueldos e ingresos (con menos horas), ajustando plantillas (un tercio de sus 656.000 empleados son interinos) y cerrando muchos de los 1.793 consorcios municipales. Tendrán que meter la tijera en sus gastos “impropios”, un 20% del total: protección civil, educación, servicios sociales y, sobre todo, en deporte y cultura (financian dos tercios de la cultura en España). Y nos subirán tasas (basuras, agua), aparcamiento, multas y todos los servicios, empezando por los transportes municipales.

El ministro de Hacienda va a forzar estos recortes de autonomías y Ayuntamientos, ya que tienen que presentar sus Planes de ajuste el 30 de marzo (Ayuntamientos) y el 30 de abril (autonomías), a cambio de ayudarles a pagar las facturas a proveedores en mayo (35.000 millones). Si  no, además, no les dará los adelantos de impuestos ni les dejará endeudarse. Como Bruselas con Grecia. A cambio, tratará de aprobar reformas (en los medicamentos, en la sanidad, en las prestaciones sociales) para ayudarles a hacer el ajuste.

Al final, el primer efecto de los recortes por triplicado va a ser el despido de unos 300.000 empleados públicos, contratados e interinos, entre Estado, autonomías, Ayuntamientos y empresas públicas. Y una caída de la actividad, la inversión y el consumo, junto a mayores estrecheces para los que más sufren  la crisis, al reducirse las ayudas. Medidas que agravan la recesión y el paro, ya graves antes de estos recortes. Y lo peor es que caerá la recaudación y en otoño harán falta más recortes. Y en 2013. Nos metemos más en el pozo.