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jueves, 27 de junio de 2024

Empleados públicos: insuficientes y precarios

El Gobierno aprobará el 2 de julio convocar 40.000 nuevos empleos públicos en el Estado, que se suman a las 600.000 plazas convocadas desde 2018 en el Estado, autonomías y Ayuntamientos (aunque sólo un tercio se han cubierto). Pero sólo hay 277.500 empleados públicos más que en 2011, por los recortes de Rajoy, lo que provoca escasez de personal en muchos organismos, desde el DNI a Tráfico o las oficinas de empleo y de la SS. Aunque persiste el mito de que “tenemos muchos funcionarios”, los datos indican que España está en linea con Europa y tenemos menos empleo público que Francia o los nórdicos aunque más que Alemania e Italia. El otro problema es que un 30% de los empleados públicos tienen contratos temporales o son interinos, casi la mitad en sanidad o educación, lo que ha motivado varias sentencias del Tribunal Europeo de Justicia para que los hagan fijos. Urge una reforma a fondo de la Función Pública, para conseguir más personal, bien formado y con contratos decentes.

                   Oposición para cubrir oferta de empleo público

En mayo se superaron los 3 millones de empleados públicos cotizando a la Seguridad Social, exactamente 3.023.133 afiliados, un 60% trabajando en las autonomías (1.840.990 empleados públicos), otro 24,5% empleados en los Ayuntamientos y Diputaciones (741.683) y sólo un 14,5% trabajando en la Administración General del Estado (440.760 empleados públicos afiliados a la SS). Aunque estos 3 millones de empleados públicos son un récord histórico, sólo suponen 310.000 más que los afiliados públicos en 2011, el anterior máximo (2.690.099 en julio de 2011).

El empleo público todavía trata de recuperarse de los recortes impuestos por el Gobierno Rajoy en 2012, siguiendo los ajustes de Bruselas. Así, los empleados públicos cayeron del máximo de 2.690.099 ocupados en julio de 2011 a 2.583.504 empleados en julio de 2018, a poco de irse Rajoy de la Moncloa. Un recorte de -52.677 empleados públicos entre 2011 y 2018, según el Boletín Estadístico de Personal público, al no sustituirse las jubilaciones y despedirse a personal contratado. Pero este ajuste de personal recayó en exclusiva en el Estado (-67.315 ocupados), porque en estos años duros aumentaron las plantillas de las autonomías (+6.713 empleados) y los Ayuntamientos (+5.582 empleados).

En la segunda mitad de 2018, el nuevo Gobierno Sánchez empezó a reponer parte de las jubilaciones de empleados públicos, convocando nuevas plazas de empleo público hasta 2023 (160.000 en la Administración del Estado), abriendo también la mano autonomías y Ayuntamientos. Con ello, en julio de 2023 había en España 2.967.578 empleados públicos, +384.074 ocupados que en el mínimo de 2018, según el Boletín Estadístico de Hacienda. El mayor aumento de personal se ha vuelto a dar en las autonomías (trabajan 347.113 personas más que en 2018), siendo mucho menor el aumento de plantillas públicas en los Ayuntamientos (+21.348) y en el Estado central (+15.613, un tercio sólo de los empleos perdidos entre 2012 y 2018).

¿Tenemos muchos funcionarios, como señala un mito popular? La respuesta corta es no. Los datos revelan que hay 3,5 millones de ocupados en el sector público, según la última EPA (marzo 2024), los que dicen que trabajan para la administración (aunque sólo 3 millones coticen a la SS). Y estos 3,5 millones suponen un 16,71% de todos los ocupados en España (21.250.000), un porcentaje que se ha mantenido estable desde 2018 (el empleo público suponía el 16,45% del total), a pesar del aumento de las plantillas públicas. La media europea (UE-27) de empleados públicos estaba en el 17% del total en 2020 (último dato de Eurostat). Y tenían más porcentaje de empleados públicos que España los paises nórdicos (29% de los ocupados en Suecia, 28% en Dinamarca, 25% en Finlandia). Estonia y Croacia (23%), Lituania (22,5%) y Francia (22%), siendo menor su peso en Alemania (el 11% del empleo es público), Paises Bajos (12%), Italia (14%) o Portugal (15%).

Así que no tenemos “un exceso” de personal público. Y basta intentar renovar el DNI o el carnet de conducir, ir a una oficina de empleo o intentar arreglar los papeles de la jubilación para comprobar la falta de personal (y las consiguientes “colas”), por no hablar de la falta de personal en la sanidad, la educación y los servicios sociales, así como en muchos Ayuntamientos. Y hay un dato impactante que relativiza el aumento (pequeño) del empleo público: entre 2011 y 2023 se crearon en España 3.439.400 nuevos empleos y el empleo público creció estos años sólo en +277.479 ocupados. A lo claro: sólo 1 de cada 12 nuevos empleos creados en España desde 2011 han sido en el sector público (+277.479), los 11 restantes se han creado en el sector privado (3.161.921 nuevos empleos).

Para afrontar este “déficit” de empleos públicos, por jubilaciones que no se han cubierto y mayores necesidades en los servicios públicos (hay casi 1,5 millones de habitantes censados más), los Gobiernos de Sánchez han ido aprobando convocatorias de plazas de empleos públicos: 160.000 entre 2018 y 2023, sólo en la Administración General del Estado. Y lo mismo han hecho las autonomías y Ayuntamientos. En conjunto, se estima que las tres administraciones han convocado unas 600.000 nuevas plazas de empleo público entre 2018 y 2023. Pero sólo un tercio se han cubierto (225.000), según datos del CSIF. En unos casos, por retrasos entre la convocatoria de plazas y la adjudicación (todavía están pendientes plazas del empleo público ofertado en 2023). Y en otros, por problemas burocráticos en las convocatorias (hay puestos que no se cubren porque no hay suficientes candidatos que aprueben), que impiden cubrir las plazas. De hecho, la Función Pública reconoce que hay miles de plazas de estas convocatorias públicas que han caducado por mala gestión y no volverán a convocarse…

Ahora, el Gobierno Sánchez aprobará  una nueva convocatoria de plazas públicas en la Administración central del Estado para 2024, la mayor hasta ahora: 40.121 plazas, 10.600 de promoción libre (cualquiera puede presentarse a la oposición), 10.600 de promoción interna (para interinos) y otras 8.681 plazas para Fuerzas Armadas y cuerpos de Seguridad (6.260 abiertas y 2.161 de promoción interna). Los sindicatos apoyan esta convocatoria pero creen que es “insuficiente”, aunque valoran que se concentre en los servicios de atención pública más faltos de personal, como el SEPE, la Seguridad Social o Tráfico.

El primer gran problema estructural de la Función Pública es que muchos servicios están “cortos de personal” y necesitan ampliar plantillas. Pero el problema quizás más grave es la enorme precariedad del empleo público: casi un millón de los que trabajan para la administración tienen un empleo temporal, algunos durante décadas. Dos ejemplos. En Canarias, un funcionario de Justicia lleva 27 años trabajando como “interino” (cubriendo el puesto de un funcionario). En el Hospital de la Princesa, en Madrid, un médico de urgencias lleva con un contrato temporal desde 2005 (como el 83% de médicos del centro)… 

Lo que ha pasado en los últimos 12 años, además del recorte de personal, es el aumento de la precariedad del empleo público, para contrarrestar la prohibición de contratar. En principio, el ajuste de Rajoy de 2012 prohibía sustituir a los jubilados (“tasa de reposición” cero de 2012 a 2014, el 50% en 2015 y menos del 100% después) y hacer nuevas contrataciones de personal. Pero como los servicios públicos no podían parar, el Estado y sobre todo las autonomías y Ayuntamientos se buscaron subterfugios” para contratar, cubriendo con  personal laboral (“interinos”) los puestos que habían dejado libres los funcionarios jubilados y contratando a personal temporal para cubrir otros puestos.

Las cifras evidencian otra vez lo que ha pasado: la precariedad se ha disparado en las administraciones desde los ajustes. En 2011, el 61,45% de todos los empleados públicos (2.690.099) eran funcionarios por oposición (1.653.246), repartiéndose el resto entre personal laboral (690.278, el 25,65%) y “otros” (básicamente interinos que ocupaban puestos de funcionarios), 346.323 ocupados ( 12,87% del total). En sólo 12 años, en 2023, la proporción de los funcionarios de carrera ha caído a menos de la mitad de las plantillas (1.472.277, el 49,6% de todos los empleados públicos), mientras ha seguido aumentando el personal laboral (ahora son 853.703, el 28,7%) y, sobre todo, se ha casi duplicado el peso de los “interinos”: son ya 641.599 empleados públicos, el 21,6%.

El problema de la mayoría del personal laboral y de los interinos es que su trabajo es “temporal”, no tienen fijeza y pueden perder su empleo si se recortan costes y servicios o si el puesto lo acaba cubriendo un funcionario. De hecho, la estadística oficial señala que el sector público en España tenía una “tasa de temporalidad” del 29,58% a finales de 2023, más del doble de la tasa de temporalidad del sector privado (que ha bajado al 13,2%, gracias a la reforma laboral). Se estima que casi 1 millón de empleados públicos tienen un contrato temporal, más en las autonomías (44% de los empleados públicos son temporales) que en los Ayuntamientos  (20%) y que en la Administración central (sólo 5% son temporales). Y esta mayor temporalidad autonómica se concentra en Canarias (59% empleados públicos), País Vasco (57%), Comunidad Valenciana (51%), Murcia o Baleares (47%), Asturias o Aragón (46%) y Madrid (44%), sobre todo en Sanidad (más del 50% en 10 regiones) y Educación.

El Gobierno Sánchez sacó adelante en el Parlamento, en diciembre de 2021, la Ley 20/2021, para reducir esta disparada temporalidad del sector público, del 30% al 8% a finales de 2024. Y para ello, la Ley permitía que el Estado, las autonomías y los Ayuntamientos convocaran concursos de estabilización (reducidas), para sacar plazas de interinos y que puedan optar a ellas los que trabajan ahí temporalmente. Pero además de aprobarlas, los interinos aportan puntos por los años de experiencia, con lo que se las quedan los que llevan más años y las aprueban. En otros casos, muchas plazas de reposición (abiertas) no se acaban de cubrir y por ello siguen en sus puestos los interinos. Así que apenas ha bajado la tasa de temporalidad, porque sólo se han cubierta 225.000 de las 600.000 plazas ofertadas (las que se aprueban ahora en 2024 no se cubrirán hasta 2025, como pronto). Y con ello, parece evidente que el objetivo de rebajar la temporalidad el 8% tardará años en conseguirse.

Por eso, muchos temporales e interinos recurren a los tribunales, cuando pierden su puesto o antes, para que les reconozcan la fijeza tras décadas trabajando en la administración. La tendencia de los tribunales españoles ha sido no aceptar la fijeza o dictar bajas indemnizaciones. Sólo en los últimos años, los tribunales y el Supremo han empezado a admitir la conversión de algunos temporales de la administración en indefinidos no fijos”, un invento laboral : es una figura intermedia entre funcionario y personal temporal, que no es fijo (su contrato puede finalizar cuando un funcionario ocupe su puesto”) y no tiene tampoco la protección de los funcionarios (sólo se les puede despedir por motivos disciplinarios). La única ventaja de ser “indefinidos no fijos” es que si les despiden, tienen una indemnización de 20 días por año y un máximo de 12 meses (los temporales tienen 12 días).

Los empleados públicos españoles y los propios tribunales han acudido en  varias ocasiones al Tribunal Europeo de Justicia (TJUE) para que se pronuncie sobre contratados e interinos. Y hay dos sentencias recientes. Una del 22 de febrero de 2024, relacionada con los 360.500 trabajadores públicos temporales, en la que el TJUE) dictamina que los procesos de estabilización en marcha en España (ofertas públicas de empleo) y las mayores indemnizaciones no son suficientes y que sólo cabe hacer fijos a estos empleados públicos que llevan más de 3 años (y décadas) trabajando como temporales. El 13 de junio, el Tribunal europeo de Justicia ha emitido otra sentencia, relacionada esta vez con los 800.000 interinos estimados, en la que vuelve a dictaminar que se les haga “indefinidos: esta vez no habla de “fijos” sino de hacerles “indefinidos”, pero no acepta esa fórmula del Supremo de “indefinidos no fijos” y defiende que tengan la protección de un trabajador indefinido (que puede ser despedido por distintos motivos y tienen menos protección que un funcionario).

Ahora, tras estas 2 sentencias del TJUE, el Gobierno dice que la pelota de los temporales e interinos de las distintas administraciones la tiene el Tribunal Supremo, que debe fijar jurisprudencia para el resto de tribunales. Y sólo después, según lo que decida, pensarán si promueven algún cambio legal sobre la contratación pública. Mientras, el nuevo ministro de la Función Pública, José Luis Escrivá, está estudiando abordar una reforma a fondo de la Administración Púbica y sus políticas de contratación. Por un lado, ya ha anunciado que va a suprimir en 2025 las actuales tasas de reposición (sustituir al 100% de los jubilados y el 120% en algunos organismos más necesitados), que son un corsé que limita la planificación de las plantillas públicas. Su idea es hacer una previsión de necesidades a medio plazo y estudiar cómo cubrirlas, mejorando los procesos de selección de personal y tratando de incorporar talento joven (y digital) a las distintas administraciones públicas.

El reto es enorme, porque hay que reforzar los servicios públicos, tanto por la mayor demanda de servicios de más calidad como para sustituir a los muchos empleados públicos que se van  a jubilar en dos décadas, porque tenemos unas plantillas muy envejecidas (el 59% de los empleados públicos tienen 50 años o más). Y habrá que encajar esta nueva política de personal con la urgente digitalización de muchos servicios públicos. Todo ello exige planificar a medio plazo necesidades, personal (cuántos de ellos funcionarios y cuantos con contratos “decentes”, no temporales), horarios (más amplios y diversificados), sueldos, promoción y consideración (no puede ser que los mejores cerebros acaben en el sector privado) y, sobre todo, el reparto entre el Estado, las autonomías y las entidades locales, que ahora crecen “cada una a su aire” . Y en paralelo, mejorar la formación, profesionalidad y eficiencia de los empleados públicos, con una mayor conciencia de que trabajan para los ciudadanos, que somos los que pagamos su sueldo. El objetivo debe ser reformar a fondo una Administración anclada en el siglo XIX y prepararla mejor para este siglo XXI.

jueves, 4 de enero de 2024

La Superliga, un pastel de 5.000 millones

Los aficionados al fútbol han vivido estas Navidades otro capítulo del culebrón” de la Superliga, que enfrenta al Madrid y al Barça con la UEFA: una sentencia del Tribunal de Justicia europeo dio alas a la nueva competición europea, acusando al organismo del fútbol europeo de “abuso de posición dominante”, pero les obliga a pactar su futuro con la UEFA. Un empate que tardará en dirimirse y que encubre un problema de fondo: los grandes Clubes de futbol están metidos en una tremenda burbuja de gastos y necesitan urgentemente ingresos. La Superliga les ofrece un nuevo pastel de 5.000 millones y la UEFA promete ampliar la Champions y sus ingresos la próxima temporada. El problema es que los ingresos de los Clubes se estancan y sus costes (sobre todo por fichajes) se disparan, con lo que no les salen las cuentas. Al final, intentan buscar dinero por cualquier vía, que no les estalle "la burbuja", una huida hacia delante que mantenga el negocio, mientras el deporte de base carece de recursos.

                   Enrique Ortega

El fútbol europeo es uno de los grandes negocios del continente. Sólo las 5 grandes Ligas europeas (Premier británica, Liga española, Bundesliga, la serie A italiana y la Ligue 1 francesa) superaron los 17.244 millones de euros en la temporada 2021-22, el 60% de los 29.500 millones de euros que facturaron todas las competiciones continentales, un nuevo récord de ingresos, según el informe anual de la consultora Deloitte. Y los 20 Clubes de fútbol más importante de Europa ingresaron más de 9.200 millones de euros en la temporada 2021-2022, encabezados por el Manchester City (731 millones), el Real Madrid (714 millones) y el Liverpool (701,7 millones), con el Barcelona en 6º lugar (638,2 millones) y el Atlético de Madrid en el puesto 12º del ranking (393,9 millones), según Deloitte.

Los grandes Clubes y Ligas europeas llevan años metidos en una carrera por crecer, para conseguir más ingresos con los que pagar sus crecientes gastos, sobre todo en fichajes. Y en esa estrategia, el 18 de abril de 2021, el Real Madrid, el Barcelona y otros 10 grandes Clubes europeos (británicos e italianos) lanzaron la idea de la Superliga, una competición cerrada para esos 12 Clubes, al margen de la UEFA, con el apoyo financiero del banco de inversión JP Morgan, que prometía buscar inversores y financiación. Para gestionarla, el Madrid y el Barça contrataron (en marzo 2021) a la sociedad A22 Sports, radicada en Madrid y controlada por dos inversores internacionales que habían ayudado al presidente del Madrid, Florentino Pérez, a conseguir un crédito de 370 millones para financiar el nuevo Bernabéu.

Pero la propuesta de la Superliga apenas duró unas horas, porque el carácter cerrado de la competición provocó manifestaciones en contra de aficionados, sobre todo británicos, así como una amenaza del primer ministro, Boris Johnson, de aprobar de urgencia una Ley para “salvar el glorioso fútbol británico”, pionero en el mundo… El resultado fue que los grandes equipos de la Premier británica se descolgaron antes de 24 horas de la Superliga, lo mismo que el Atlético de Madrid, el Inter y el Milan, preocupados por las amenazas de la UEFA de sancionar a los Clubes que se unieran a la nueva competición. El Madrid y el Barça recurrieron a un Tribunal de lo Contencioso en Madrid, que “se quitó de en medio”, reenviando el litigio al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

Ahora, 2 años y medio después, el 21 de diciembre de 2023, el Tribunal Europeo (TJUE)  hizo pública su sentencia, bastante contundente. Señala que tanto la FIFA como la UEFA están “abusando de posición dominantecon respecto a la autorización de la Superliga, al amenazar con sanciones e impedir su lanzamiento. Y además, el TJUE señala que estos vetos “son contrarios al derecho de la Unión Europea y a la normativa europea de la competencia”, porque la organización de competiciones de fútbol y su explotación son “actividades económicas”.

En definitiva que el fútbol es un negocio y la UEFA debe respetar las normas europeas en materia de competencia y libertad de circulación. A cambio, la sentencia reconoce también que la Superliga, como cualquier competición, debe contar con el visto bueno de la UEFA, ya que los Clubes participan en Ligas nacionales y torneos internacionales. En definitiva, el Tribunal defiende la libre competencia pero llama al acuerdo. Empate, aunque ambas partes creen que les favorece. Por un lado, la UEFA (y la FIFA) señala que ya reformó hace un año sus amenazas sobre la Superliga y que no está dispuesta a aplicarlas. Por otro lado, la Superliga ha reformado drásticamente la competición, que ahora abre a 64 Clubes europeos masculinos, en 3 divisiones: Star (16), Gold (otros 16 y Blue (32 equipos, que jugarían en grupos de 8 (a 2 vueltos) y un mínimo de 14 partidos. El nuevo sistema contempla ascensos y descensos entre divisiones  y contempla 20 entradas de nuevos equipos cada año  a la 3ª división (Blue), por méritos en las Ligas domésticas. Y una Superliga femenina.

Además de “abrir la competición” (pero dejando a los grandes equipos en la 1ª y 2ª división, Star y Gold, de esta Superliga), la nueva propuesta viene con un “caramelo” económico para los grandes Clubes: se contempla emitir los partidos por televisión, a través de un nuevo canal en streaming (Unify), de acceso gratuito y financiado con publicidad e inversores europeos y norteamericanos. Y gracias a estos ingresos de emisión, sobre todo en Asia y América, la Superliga ofrece a los Clubes unos ingresos adicionales de 5.000 millones de euros, destinando el 8% de ellos (400 millones) a “acciones de solidaridad”. Y ofreciendo a los jóvenes aficionados ver los partidos gratis (más partidos, ya que se jugarían entre semana y durante todo el año), sin tener que abonarse “a costosas plataformas”. Y a los Clubes, no depender de las telecos para financiarse.

Ahora, la Superliga quiere negociar estas nuevas condiciones con los Clubes en privado (de momento sólo tienen el apoyo del Real Madrid, el Barça y el Nápoles), sin que trascienda, para evitar el rechazo de los aficionados y de las Ligas nacionales, tratando de convencerles de que es una forma de ingresar más. Y en paralelo, la UEFA les promete una nueva Champions para la próxima temporada, con más partidos (189 frente a los 125 actuales) y más ingresos: sumarían 4.400 millones para la temporada 2024-25, entre los ingresos de la Champions, la Europa League y la Conference League, de los que los Clubes se llevarían unos 3.800 millones de euros anuales (frente a 3.238 este año). 

Así que las espadas siguen en alto, a la espera de la sentencia del Tribunal de lo Contencioso nº 10 de Madrid (que tardará) y de las negociaciones (ahora “discretas”) de los Clubes con la UEFA y la Superliga. Pero no se pueden poner “puertas al campo” y los grandes Clubes seguirán buscando fórmulas para ingresar más y afrontar unos gastos disparados. Y la UEFA seguirá defendiendo su poder y su presupuesto millonario, mientras los aficionados asisten atónitos a esta pelea interesada, donde se juegan millones y no deporte. Y otra consecuencia: los jugadores tendrán cada año más partidos y torneos, aumentando las lesiones.

En el fondo, lo que se dirime en esta pelea por la Superliga es el futuro del gran negocio del fútbol, en Europa u en el mundo, sumido en una “gran burbuja” de costes. Los grandes Clubes, como los británicos de la Premier o el Real Madrid y el Barça se enfrentan a unos gastos desorbitados, motivados por una guerra de fichajes y la entrada de Arabia Saudita y otros paises árabes en el negocio. La última década del fútbol europeo se ha caracterizado por unos fichajes desorbitados: los Clubes de la Premier League británica han gastado el verano pasado 2.800 millones de euros en fichajes, cuadruplicando lo gastado en 2013. Y también se han disparado los salarios de los jugadores. Sin embargo, los ingresos por TV se han estancado, lo mismo que los ingresos por entradas y marketing, que no crecen al mismo ritmo que los gastos. Y encima, muchos han tenido que endeudarse para construir estadios faraónicos, que suponen una enorme carga financiera para sus cuentas.

Los grandes Clubes de fútbol europeo tratan de sobrevivir y que no estalle esta burbuja de costes, buscando desesperadamente ingresos. Una vía es la Superliga, salga adelante o no. Y si no, vendrán otras, a costa de internacionalizar la audiencia, de buscar nuevos inversores y telespectadores por el mundo. Pero los ingresos no son fáciles de aumentar y la presión de los fichajes y los sueldos millonarios es imparable. Por eso, hasta la propia UEFA está preocupada por el estallido de la burbuja del fútbol europeo. Ya esta temporada ha impuesto un tope de costes (en fichajes, traspasos, salarios y honorarios de intermediarios), que no pueden superar el 90% de los ingresos totales (y beneficios de la compraventa de jugadores). Y para la próxima temporada, el tope de gastos bajará al 80% de los ingresos y al 70% en la temporada 2025-2026. Esta nueva limitación de gastos de la UEFA preocupa mucho a la mayoría de Clubes, porque los 20 grandes europeos tienen un porcentaje medio de gastos que suponen hoy el 86% de sus ingresos, según la consultora Football Benchmark. Así que la mayoría tendrán que ajustar sus cuentas o buscar desesperadamente ingresos. Por eso asistimos a la batalla de la Superliga y a los cambios de la UEFA.

Mientras los grandes Clubes del fútbol europeo pelean por  su negocio y tratan de evitar que la burbuja que han creado les estalle en la cara, la mayoría de los equipos “normales”, al margen de los grandes, tratan de sobrevivir, sin dinero para grandes fichajes ni estadios, con estrecheces económicas, defendiendo el deporte por encima del negocio. Aplausos a ellos.