2019, un año difícil y medio perdido

Todo apunta a que 2019 será algo peor que 2018. España no tendrá la ayuda exterior que empujó el fuerte crecimiento de 2015 a 2017: la firme recuperación internacional, el dinero abundante y barato y el desplome del petróleo, factores responsables de más de la mitad de nuestra recuperación. Ahora, los vientos exteriores vendrán “de cara” y restarán crecimiento y empleo, porque 2019 llega cargado de riesgos: menor crecimiento mundial, estancamiento europeo, guerras comerciales, subida de los tipos de interés y del petróleo, Brexit y división política en Europa. Y en España, no se afrontan los problemas de fondo: paro, pensiones, sanidad, educación, pobreza, tecnología, competitividad o impuestos. Y somos uno de los paises más vulnerables, por nuestra enorme deuda, si los “nervios” vuelven a los mercados. Pero quizás lo peor es que 2019 será un año medio perdido, porque las elecciones en Europa y en España (o la agonía de un gobierno débil) retrasarán las medidas necesarias para apuntalar la recuperación. Con todo, ¡Feliz año 2019! 

enrique ortega

Lo que pase en la economía mundial es clave para España, una economía muy abierta. Y gracias a eso, los vientos exteriores a favor empujaron nuestro fuerte crecimiento en 2015 (PIB aumentó +3,4%), 2016 (+3,3%) y 2017 (+3,1%): la recuperación mundial y europea tiró de nuestras exportaciones y del turismo, mientras nos beneficiábamos de un dinero abundante y barato y de un desplome de los precios del petróleo, factores externos responsables de más de la mitad de nuestra recuperación, no la política de Rajoy. El problema es que esos vientos ya no soplan a favor y desde primavera soplan en contra, lo que ha reducido nuestro crecimiento ya este año (será del 2,5%, según el Banco de España) y volverá a reducirlo en 2019, como las exportaciones, el turismo y el empleo, aunque no hay amenazas serias de una nueva crisis. Sólo que la recuperación será ahora más débil.

El panorama de la economía internacional es más preocupante para 2019. De entrada, el mundo crecerá lo mismo que en 2018 (un +3,7%) pero con un reparto diferente, según las previsiones del Fondo Monetario Internacional (FMI): las economías avanzadas crecerán menos (el 2,1% frente al 2,4% en 2018) y los paises emergentes lo mismo o más. Preocupa EEUU, que bajará su crecimiento del 2,9% al 2,3% en 2019, según la Reserva Federal, que teme que se “enfríe” la recuperación por las guerras comerciales y la errática política de Trump. Pero a España, lo que más nos afecta es Europa, que compra las dos terceras partes de nuestras exportaciones y de donde vienen el 87% de los turistas. Y Europa se “desinfla”, con un crecimiento previsto para la zona euro del 1,9% (2% en 2018), por el pinchazo de Alemania (crecerá sólo el 1,8% en 2019, por el frenazo en sus exportaciones), Francia (+1,7%, afectada por la crisis política de Macron) y sobre todo Italia (+1,1% de presupuesto), mientras la mayoría de paises, incluido España, crecerán menos que en 2018.

Junto a un menor crecimiento en EEUU y Europa, el FMI augura un bajo crecimiento en Reino Unido (+1,5%), Japón (0,9%) y  estabilidad en China (6,2% frente a 6,6% en 2018), mientras sigue en recesión en 2019 Argentina, un país importante para España. Y apunta además a varios riesgos que amenazan la recuperación internacional en 2019: proteccionismo y guerras comerciales (Europa, que exporta mucho más de lo que importa, sería la zona más dañada), altibajos incontrolados en el precio del petróleo, aumento de la inflación y, sobre todo, una subida generalizada de los tipos de interés, que refuerce más el dólar y provoque fuga de inversores y crisis de deuda en los paises emergentes y algunos paises europeos.

El petróleo ha tenido un comportamiento “de locos” en 2018, que hemos sufrido en nuestros bolsillos al echar carburante. El barril comenzó el año costando 66,5 dólares/barril, pero luego se disparó su coste un 30% (por la caída de producción en Venezuela y el embargo a Irán) y llegó a un máximo de 85,92 dólares en octubre para desplomarse después hasta los 55,96 dólares en diciembre. Y a partir de ahí, el precio es un pulso entre los paises productores (la OPEP y Rusia), que han acordado bajar la producción en 2019, y los paises consumidores, que están demandando menos petróleo y tratando de cubrirlo con gas y fracking. Los expertos vaticinan que seguirá la volatilidad y que el petróleo podría tener en 2019 un precio medio entre 73 y 74,50 dólares barril, similar al precio promedio de 2018 (73,20 dólares). Pero en cualquier caso, costará los próximos meses algo más que ahora y no nos ayudará.

Lo más preocupante es lo que hagan los tipos de interés. El camino lo marca EEUU, cuya Reserva Federal (FED) acaba de aprobar en diciembre la 9ª subida del precio del dinero desde 2015, hasta situarlo en el 2,25-2,50%. Y la FED ya ha anunciado que hará otras dos subidas más en 2019, no las tres que tenía pensado, por miedo a frenar demasiado la recuperación USA. Esta subida de tipos va a reforzar más al dólar y depreciará el resto de las monedas (incluido el euro), con lo que los paises emergentes tendrán más difícil devolver sus préstamos en dólares y evitar que se fuguen los inversores, dos problemas que podrían alimentar más de una crisis en Latinoamérica y Asia, enturbiando el panorama internacional.

Pero a España, lo que más nos afecta es lo que haga Europa. De momento, el Banco Central Europeo (BCE) mantiene los tipos de interés oficiales en el 0%, pero la subida de tipos en EEUU está forzando el encarecimiento del dinero a las empresas en los mercados europeos. Y lo más importante: el BCE ha dejado en diciembre de comprar deuda pública y privada de los paises europeos, una inyección de liquidez iniciada en marzo de 2015 que ha salvado a la economía europea y al euro, evitando el rescate de España: el BCE ha inyectado en Europa 2,6 billones de euros entre 2015 y 2018, comprando deuda. Y de ese dinero, 250.711 millones han sido para comprar deuda española, lo que nos ha asegurado 80.000 millones anuales de financiación al 0%. Ahora, el BCE ya no “dopará” la economía europea ni a España, en un momento en que se debilita la actividad. Y los paises se tendrán que “buscar la vida” para financiarse en los mercados, sin la ayuda de “papá Draghi” (presidente del BCE).

Este cambio del BCE es muy preocupante para España, porque somos el 5º país con más deuda pública de Europa (debíamos 1.160.000 millones de euros en octubre, el 97% del PIB), tras Grecia (debe el 182% de su PIB), Italia (131%), Portugal (121%) y Bélgica (101%). Y cada año, necesitamos que alguien nos financie y compre la deuda pública. Concretamente, este año 2019 tenemos que “colocar”  220.000 millones de deuda nueva, ahora sin la ayuda del BCE, con lo que tenemos dos problemas: conseguir que nos la compren y el precio, que seguro que subirá. Con ello, pagaremos más en intereses, que fueron 31.500 millones de euros en 2018. Y si hay que pagar más por la deuda, el Gobierno tendrá que hacer recortes por otro lado. Eso si no vuelve “el baile a los mercados” y se ponen nerviosos, como pasó entre 2012 y 2015, y como ha pasado hace poco con la crisis de Italia. 


Además, si el BCE sube los tipos, en septiembre o en octubre de 2019, se encarecerá la deuda pública pero también los intereses de la deuda privada de las empresas (debían 876.632 millones en octubre) y las familias españolas (debían 705.340 millones en octubre), que tienen más de un billón y medio de deuda privada entre ambos. Y si pagan más intereses por esta deuda (las hipotecas ya han subido y subirán las revisiones con el Euribor en 2019), tendrán menos recursos para invertir o para consumir, lo que puede suponer otro freno al crecimiento de España en 2019.

Eso es “lo que viene de fuera” en 2019. Dentro de España, los dos motores del crecimiento, las exportaciones y el turismo, ya han “pinchado en 2018, por la desaceleración europea, la caída del comercio mundial y la recuperación de Túnez, Egipto y Turquía. Y para 2019, se espera un menor crecimiento de las exportaciones y que resten crecimiento (-0,1%), cuando lo venían sumando desde 2010. Además, se está notando ya un cierto “pinchazo” del consumo, que las familias gastan menos, debido a la subida de la inflación (1,7% de media en 2018), tras varios años de caídas de precios. Y esos aumentos se comen la subida de las pensiones (1,6%) y de los sueldos (subieron un 1,2% de media en 2018), con lo que la única esperanza de que no caiga más el consumo es que los sueldos subieran más en 2019, algo poco probable, aunque ayudarán la subida de los funcionarios (2,25%) y del salario mínimo.

Con todo esto, la previsión es que la economía española crezca algo menos en 2019: un 2,2% frente al 2,5% que habrá crecido en 2018 (y un tercio menos que entre 2015 y 2017). Eso permitirá crear menos empleo: unos 390.000 nuevos empleos, frente a los 456.000 que se habrán creado en 2018. Eso sí, el paro podría acabar 2019 ligeramente por debajo del 14% (frente al 15,3% en 2018), por la pérdida de población y la caída de activos (buscan trabajo). Y casi nadie cree que España consiga cumplir, con o sin Presupuesto, el objetivo de déficit público prometido a Bruselas para 2019 (el 2,1% del PIB: podría llegar al 2,1%).

Todas estas previsiones económicas para 2019 van a depender mucho del clima político y la confianza de empresas y consumidores. Y un factor clave es si hay o no elecciones. Si no las hay, como parece querer el presidente Sánchez, nos espera un año de confrontación política y medidas gubernamentales a golpe de decreto-Ley, que no ayudarán a la recuperación y menos “si vienen mal dadas” (sustos económicos) desde fuera. Y si se convocan elecciones, 2019 será un año “medio perdido”, sin medidas económicas importantes. Y lo peor: las elecciones no arreglarán casi nada porque los electores y el Parlamento se dividirán en dos bloques enfrentados, con muchas dificultades para conseguir un Gobierno estable o pactar algo.

Y lo que necesita España, ahora y en 2019, es un Gobierno estable que consiga acuerdos para afrontar los grandes problemas del país, los que preocupan a la mayoría de españoles y que no se han abordado tras la crisis: el paro (seguimos con más del doble de paro que Europa), el empleo precario y los salarios un 30% inferiores a los europeos, las pensiones, la pobreza y desigualdad, el deterioro de la sanidad, la falta de perspectivas en la educación, la escasez de recursos para la dependencia, la vivienda y los alquileres, la desigualdad territorial y el modelo de financiación autonómica, el escaso y deficiente gasto social, el “suicidio demográfico”, el Cambio Climático, el deterioro de la investigación, la escasa internacionalización y digitalización  de las empresas, la baja competitividad y la necesidad de modernizar el modelo productivo. Y sobre todo, una profunda reforma fiscal, para que España recaude como los demás europeos y podamos pagar todos los cambios que necesitamos: hoy recaudamos 81.650 millones menos al año que la media UE, porque hay más fraude fiscal, funciona mal el IVA y pagan menos de lo que deben grandes empresas, bancos, multinacionales y los más ricos.

No parece que este Gobierno, con 84 diputados, pueda tomar medidas para hacer frente al seguro debilitamiento de la recuperación. Si no hay elecciones, 2019 puede ser otro año perdido, donde los problemas vayan a más. Y si hay elecciones y no se pactan soluciones, tampoco mejoraremos. Además, otro problema es que Europa tampoco está preparada para crecer menos y que vuelvan los problemas: no hay ni un Tesoro europeo ni eurobonos ni siquiera un Fondo que garantice los depósitos europeos. Sólo una promesa (con la oposición de Holanda y la Europa del norte) de que habrá un Presupuesto del euro…para 2021 y con 50.000 millones de euros como máximo, una ridiculez (es el 0,44% del PIB de los 19 paises euro). Y si el menor crecimiento y la falta de ayuda del BCE desatan nuevas tensiones, el Gobierno europeo está en año electoral: en mayo habrá elecciones europeas y para el verano nueva Comisión europea, que tendrá que volver a estudiar que hace para asentar Europa y el euro. Con lo que 2019 será, en Europa como en España, un año “medio perdido”.  

En definitiva, que todo apunta a que 2019 será un año económicamente peor que 2018, porque la coyuntura internacional no nos ayudará y la europea menos, mientras la debilidad del Gobierno y la creciente confrontación política impiden pactar medidas para afrontar los graves problemas que tenemos, que irán a más si la coyuntura empeora. Y además, 2019 es un año electoral, en Europa y en España, lo que retrasa y dificulta las soluciones, con lo que será un año “medio perdido”. Así que esperemos que las perspectivas se queden en un enfriamiento de la recuperación y no en otra crisis. Porque nos pillaría otra vez “sin olerla” y sin defensas. Y con los españoles más débiles que en 2008.

Aunque no sea optimista, les deseo lo mejor en 2019. ¡Feliz año!    

Adiós a las minas y centrales de carbón

Este 31 de diciembre se cierran las pocas minas de carbón que hay en España, un sector que ya ha cerrado 226 empresas y perdido 50.000 empleos en los últimos treinta años, afectando seriamente a Asturias, León y Teruel. Sólo seguirán abiertas las minas que sobrevivan sin ayudas públicas, quizás 3 de las 8 empresas mineras supervivientes. Y en enero de 2019 se empiezan a desmantelar las primeras centrales térmicas: las de Compostilla (León) y Andorra (Teruel), a las que seguirán Lada (Asturias) y Velilla (Palencia) y otras 6 centrales que cerrarán para 2020. Y la futura Ley de Cambio Climático prevé que ninguna de las 15 centrales térmicas de carbón existentes funcione en 2030. Son las dos consecuencias de la “guerra contra el carbón”, una energía responsable, con el petróleo, del Cambio climático. El objetivo es que en 2030, no obtengamos ya luz del carbón y el 70% sea renovable (hidráulica, eólica, y solar). Tendremos una luz más limpia y algo más cara.

enrique ortega

El carbón es, junto al petróleo, el combustible fósil que más contribuye a la emisión de gases de efecto invernadero y al Cambio Climático. A pesar de ello, su producción mundial sigue en auge y se extraen 5.000 millones de toneladas anuales, sobre todo en China y EEUU, seguidos de lejos por India, Australia, Sudáfrica, Rusia, Indonesia y Polonia, que proveen la demanda mundial de carbón, dirigida sobre todo a la producción de electricidad (el 39% de la luz mundial se genera con carbón), la fabricación de hierro y acero, la producción de cemento y como combustible para calentarse y cocinar en muchos paises. El carbón es un combustible “peligroso”, no sólo porque emite CO2 sino muchos otros gases de efecto invernadero (SO2, NOx, CO), partículas microscópicas y  sustancias muy nocivas para la salud, como mercurio, arsénico, plomo y cadmio. Y la minería de carbón es también una fuente de metano, un gas de efecto invernadero más potente que el CO2.

En España, las centrales térmicas de carbón son responsables del 14% de las emisiones totales de gases de efecto invernadero: 46,5 millones de Tm de CO2 equivalente en 2017, emisiones que aumentaron el año pasado por un mayor consumo de carbón en la generación de electricidad ante la falta de agua: el 17,2% de la luz se produjo con carbón (aportaba el 14,4% en 2013), la tercera fuente de generación eléctrica tras la energía nuclear (22,4% de la luz) y eólica (19,2%), según los datos de Red Eléctrica (REE). Y así, de las 10 instalaciones más contaminantes en España, 6 son centrales térmicas, según el Observatorio de Sostenibilidad: las centrales de As Pontes (A Coruña), Andorra 1,2 y 3 (Teruel), Compostilla (León), Carboneras (Almería) y Alcudia (Mallorca), las 5 de Endesa, y la de Aboño (1 y 2), en Gijón (Asturias), de EDP (antes Hidrocantábrico). Y entre las 30 centrales térmicas que más contaminan en Europa (una lista encabezada por Polonia y Alemania) hay dos centrales térmicas españolas: la gallega As Pontes (puesto 20) y la asturiana Aboño (puesto 30), con Endesa como la tercera empresa más contaminante de Europa.

A pesar de sus emisiones, el carbón ha sido una energía subvencionada, en todo el mundo y más en España. Las ayudas se han dirigido primero a las minas, para que pudieran competir con el carbón de importación, más barato y con más poder energético. Las ayudas públicas a las empresas mineras, con cargo al Presupuesto (contribuyentes) han sido de 22.000 millones de euros desde 1.992, según las estimaciones de Greenpeace España, aunque la patronal Carbunión sólo habla de los 524 millones recibidos desde 2011. Y luego hay que sumar las ayudas a las centrales térmicas, que son de dos tipos y las hemos pagado los consumidores en el recibo de la luz. Unas, las ayudas concedidas a 10 centrales térmicas españolas por consumir carbón nacional: 1.300 millones entre 2010 y 2014, según Greenpeace España. Y las otras, las ayudas concedidas a todas las centrales térmicas (usaran carbón nacional o importado) por estar disponibles, unos pagos que habrán rondado los 5.000 millones de euros en las últimas décadas. En total, más de 28.000 millones de euros en ayudas a empresas mineras y centrales térmicas que han salido de nuestro bolsillo. Y eso sin contar los costes sanitarios provocados por el carbón y que algunas fuentes cifran en 3.700 millones de euros más.

En diciembre de 2010, el Consejo Europeo decidió cortar las ayudas al carbón que estaban pagando todos los paises europeos, como una medida clave para reducir emisiones y frenar el Cambio Climático. La Decisión 2010/78/UE estableció que ninguna mina de carbón europea podía recibir ayudas públicas a partir del 31 de diciembre de 2018. En 2016, y por presión del Gobierno Rajoy, la Comisión Europea aprobó el último paquete de ayudas a la minería española: 2.130 millones a distribuir entre 22 minas para cubrir sus pérdidas, pagar indemnizaciones y cotizaciones y cubrir los gastos de seguridad y rehabilitación tras el cierre. Al aproximarse la fecha de cierre, el Gobierno Rajoy y el sector minero trataron de conseguir una nueva tregua en Bruselas, pero la Comisión lo dejó claro en 2017: las minas españolas tendrán que cerrar el 31 de diciembre de 2018 y si no lo hacen tendrán que devolver las ayudas recibidas desde 2011. Y las que sigan, lo harán sin ayudas públicas. Este 21 de diciembre, Alemania cerró su última mina de carbón en la cuenca del Ruhr.

Ante esta disyuntiva europea, la mayoría de las pocas minas españolas aún abiertas (sólo hay 8 empresas mineras en funcionamiento) cerrarán este 31 de diciembre, porque no son económicamente viables y menos si tienen que devolver las ayudas recibidas desde 2011. Solo dos empresas mineras privadas, Hijos de Baldomero García (León) y Sanca (Aragón) han manifestado su intención de seguir abiertas, negociando la devolución de las ayudas, además de la empresa pública Hunosa (que mantendrá abierto sólo1 de sus 3 pozos: la Nicolasa en Mieres). Para hacer frente al cierre de las empresas y minas restantes, el Gobierno Sánchez pactó en octubre, con los sindicatos  y la minería privada (se ultima el Plan de Hunosa), un Plan para dar cobertura a los mineros que se queden sin trabajo (indemnizaciones, prejubilaciones con al menos 48 años y una bolsa de empleo para tratar de recolocarlos) y para intentar reactivar las comarcas afectadas, con una dotación de 250 millones de euros (poco) para proyectos económicos alternativos en Asturias, León, Teruel y Ciudad Real, las zonas mineras más afectadas por el cierre. Zonas donde hace 10 años que se sabe que el carbón va a morir y donde no se han conseguido empleos alternativos sino que ha aumentado su declive y su paro. El Plan cuenta con unos primeros 100 millones de euros, tras un real decreto aprobado en el Consejo de Ministros del 21 de diciembre en Barcelona.

El Plan de transición de la minería 2019-2027 es un intento de paliar la muerte del carbón, que no es de ahora, sino que lleva al menos dos décadas gestándose, por la incapacidad de las minas españolas de competir con el carbón extranjero y la caída de la demanda de las centrales térmicas, que en 2017 compraron fuera el 87% del carbón que quemaron, sobre todo en Colombia, Rusia, Indonesias y Sudáfrica. Baste decir que si en 1990 había en España 234 empresas mineras, que empleaban a 45.212 trabajadores, en 2017 sólo quedaban 8 empresas (Hunosa, que supone la mitad del sector y las privadas Hulleras vasco-leonesa, Uminsa, Mineroastur, Carbonar, Hijos de Baldomero García, Samce y Compañía General Minera), que empleaban a 2.197 trabajadores, según la patronal Carbunión. Y si en 1990 se extraían en España 19,32 millones de Tm de carbón, en 2017 se extrajeron 2,78 millones. Y en los próximos años, la minería desaparecerá.

También desaparecerán las centrales térmicas que se alimentan de este carbón y del importado. Todos los paises, sobre todo China e India, están tratando de reducir su consumo de carbón y Europa quiere dar ejemplo suprimiendo el consumo de carbón para 2030. La pelea en el seno de los 28 ha sido ardua, porque Alemania y la Europa del Este están entre los mayores productores y consumidores de carbón del mundo (en Alemania, el 40% de la electricidad procede del carbón). Pero en diciembre de 2017, en la Cumbre del Clima de Bonn, una Alianza (“Powering Past Coal Alliance”) integrada por 25 paises (Francia, Italia, Reino Unido, Portugal, Holanda, Finlandia y Canadá entre ellos) acordó cerrar minas y centrales de carbón para 2030. Una decisión a la que no se sumó el Gobierno Rajoy ni Alemania o Polonia, aunque ahora el Gobierno Sánchez lo apoya.

En lo que sí hubo acuerdo en Europa, en 2010, es en aprobar una Directiva para obligar a las 293 centrales térmicas europeas a realizar inversiones para reducir sus emisiones y sobre todo los gases y partículas más peligrosos. Y si no, las centrales de carbón más contaminantes tendrán que cerrar el 30 de junio de 2020. Algunas eléctricas echaron las cuentas y concluyeron que no les compensaba mantener abiertas algunas centrales de carbón, no sólo por las enormes inversiones que tenían que hacer antes de 2020 para que fueran más limpias sino porque generar luz con carbón se ha hecho más costoso al haber subido los derechos de CO2 que tienen que pagar los que contaminan (el coste de la Tm. de CO2 ha pasado de 6 euros en agosto 2017 a más de 20 y podría cerrar este año 2018 en 25 euros).

Por todo esto, en noviembre de 2017, Iberdrola anunció su decisión de cerrar todas sus centrales de carbón en el mundo y entre ellas las dos que tiene en España, la de Lada (Asturias) y Velilla (Palencia). Y sorprendentemente, el ministro Nadal se opuso, amenazando a la eléctrica y al resto con aprobar un decreto-ley para “prohibir cerrar centrales”, argumentando que eso iba a encarecer el recibo de la luz. Al final, el Gobierno Rajoy no contó con el apoyo del PSOE para convalidar el decreto y no lo aprobó, pero provocó el rapapolvo de Bruselas, que “advirtió de oficio” al Gobierno español. Y de paso, investigó las últimas ayudas públicas aprobadas en 2007 (8.750 millones durante una década), para que las centrales instalaran filtros de SO2, “no tienen finalidad medioambiental ni son compatibles con la legislación comunitaria”. Y le pidieron al Gobierno Rajoy que en lugar de decretos anti-cierre, asegurara que las centrales más contaminantes se cerraran en 2020.

Ahora, con el Gobierno Sánchez, sumado a la “guerra contra el carbón”, las eléctricas ya están perfilando su estrategia de cierres e inversiones en las 15 centrales térmicas que hay en España. Endesa ha comunicado al Gobierno que el 1 de enero empieza el desmantelamiento (se tarda de año y medio a 2 años en cerrarlas) de dos centrales térmicas, la de Andorra (Teruel) y Compostilla (León), abriendo los correspondientes EREs. Y tiene un plan de inversión para que las centrales de As Pontes (A Coruña) y Carboneras (Almería) puedan seguir funcionando después de 2020, mientras su central de Alcudia (Mallorca) está en cuestión porque el Gobierno balear quiere su cierre en 2019. Iberdrola seguirá adelante con el cierre de Lada (Asturias) y Velilla (Palencia). EDP tiene aprobada su inversión para que continúen las centrales asturianas de Aboño y Soto de la Ribera. Y Viesgo ha aprobado inversiones para su central de los Barrios en Cádiz, mientras estudia qué hacer con la central de Puente Nuevo (Espinel, Córdoba).  Y Naturgy (Gas Natural-Unión Fenosa) ya tiene decidido cerrar la central de Anllares (León), aunque todavía estudia el futuro de las centrales de Meirama (Cerceda, A Coruña), la Robla (León) y Narcea (Asturias).

Pero las centrales térmicas que no mueran en 2020 lo harán después. Aunque en el borrador de Ley contra el Cambio climático no hay fechas para cerrar las centrales térmicas de carbón, el Gobierno Sánchez se suma a los paises que quieren cerrarlas para 2030 y la ministra de Transición Energética ha hablado incluso de cerrarlas para 2028, mientras 30 organizaciones ecologistas han pedido que se cierren para 2025. La estrategia para poder hacerlo es sustituir la electricidad que generan (el 14,5% de toda la luz en el último año, según REE) por energías renovables, en especial eólica y solar. Con el objetivo, señalado en el borrador de Ley de Cambio Climático, de que el 70% de la luz sea de origen renovable en 2030 (hidráulica, eólica, solar, cogeneración) y el 100% en 2050.

Para conseguirlo harán falta más que palabras y manifiestos contra el carbón y el petróleo. Harán falta fuertes inversiones: el coste de la reconversión energética puede suponer unos 10.000 millones anuales de aquí a 2050, el 65% en el sector eléctrico, según un estudio de Deloitte. Un coste que habrá que financiar vía tarifas (la luz más limpia será más cara), impuestos (subiendo impuestos al diesel y la gasolina y creando impuestos medioambientales más potentes), ayudas públicas (españolas y de la UE) y con inversiones públicas y privadas, que apuesten por infraestructuras, empresas, transportes, cultivos y hogares menos contaminantes como algo rentable. Y con esta certeza científica, reiterada por los expertos: no hay otro camino que crecer de forma sostenible si queremos salvar la economía y el Planeta.

Así que adiós al carbón, aunque muera con él una parte de nuestra historia y la forma de vida de muchos pueblos, a los que no se ha sabido dar alternativas. Y adiós a esas centrales térmicas que contaminan amplias zonas de Asturias, león, Galicia, Teruel o Andalucía, envenenando el aire y provocando enfermedades que cuestan vidas y millones. Eso sí, hay que paliar el coste humano y económico de estos cierres. Y asegurar las inversiones necesarias para que en 2030 tengamos luz suficiente y más limpia.

Una Navidad 2018 con menos gasto

La Navidad es la gran fiesta del consumo: las familias gastan más que el resto del año en comida, bebida, regalos, ocio y hasta en algún viaje. Pero este año, las tiendas notan que se gasta con menos “alegría” (incluso en juguetes), quizás porque la inflación se ha comido las escasas subidas de salarios y pensiones y porque muchas compras se adelantaron a noviembre, al Black Friday. Y también porque soplan vientos de crisis, de que la economía se ha enfriado y 2019 puede ser peor. Con todo, los españoles somos los europeos que más gastamos en Navidad, entre 600 y 924 euros por familia de media. Pero una de cada cuatro familias está en situación de pobreza, en paro o con trabajos precarios, y en Navidad sufren más sus privaciones. Por eso, las ONGs ayudan estos días a más de 3 millones de españoles. Son fechas en que hay que ayudar más a los que lo pasan peor: no miremos para otro lado. ¡Feliz Navidad!

enrique ortega

España es el país europeo que celebra la Navidad durante más tiempo (15 días) y con más gasto: 601 euros de media por familia, un tercio más de gasto que la media europea (456 euros), según una encuesta realizada en 10 paises europeos por la consultora Deloitte. Sólo nos superan este año los británicos (646 euros), a pesar del Brexit, y gastamos mucho más que Alemania (476 euros por hogar), Italia (541), Portugal (431), Bélgica (441), Polonia (323) o Rusia (284 euros). La encuesta revela que algunas autonomías gastan más en Navidad (Baleares, Madrid y el País Vasco gastan hasta 100 euros más por familia) y otras menos (Castilla y León, Castilla la Mancha, la Rioja y Navarra), aunque todas tienen algo en común: este año van a gastar un 5% menos que en la Navidad de 2017. Otro estudio, de American Express, eleva el gasto navideño a 924 euros por familia, un 2% más que el año pasado. Pero son gastos medios: unos gastarán 1.500 euros y otros 300 y salen 900 de media.

El estudio de Deloitte y la sensación de muchas tiendas y grandes almacenes es que esta Navidad viene con menos gasto. Y es lógico, porque en 2018 se ha “despertado” la inflación y los precios han llegado a subir el 2,3% en septiembre y octubre, la mayor subida  desde abril de 2016. Y aunque ha bajado en noviembre y lo hará también en diciembre, se espera que la inflación acabe el año en el 1,7%. Eso significa que se habrá “comido” la subida de las pensiones (1,6%) y más aún la subida de salarios: los convenios han subido este año el 1,7% (lo que los precios), pero la subida real de todos los trabajadores (con o sin convenio) ha sido del 1,2% hasta septiembre, según la encuesta de costes salariales del INE. O sea que el poco aumento de sueldo se lo han comido con creces los precios. Eso explica que se gaste menos, sobre todo si se tiene miedo de que “las cosas vayan a peor en 2019”, ante el frenazo de la economía mundial y sobre todo europea. Además, otro factor que también juega es que muchos españoles han adelantado las compras de regalos a noviembre, al Black Friday: ya se hacen ahí un 33% de todas las compras navideñas, frente al 52% en diciembre y el 4,8% en enero, según detalla la encuesta de Deloitte.

La mayor parte del gasto navideño (241 euros de media por familia) son regalos, siendo los más comprados la ropa, los libros, perfumes, chocolates, dinero y videojuegos, junto a los juguetes para los niños, aunque los regalos más deseados por los hombres son el dinero, ropa y viajes, frente a ropa, libros y dinero que son los más deseados por las mujeres, según la  encuesta de Deloitte. El segundo capítulo del gasto navideño es la comida y bebida, con las compras concentradas en pescados y mariscos, carne, jamón, dulces y cava. El tercer capítulo son los viajes, cuyo gasto crece este año (un 34% de españoles tiene previsto viajar estas Navidades, según American Express, aunque muchos para ver a la familia), ayudado por el puente de fin de año, que propicia “escapadas” sobre todo dentro de España. Y quedan los gastos de ocio (82 euros por familia), los que más crecen, para asistir al teatro o a un espectáculo aprovechando la Navidad.

Dentro de los regalos, un sector que está notando la caída de ventas son los juguetes: la facturación se quedará este año un 4% por debajo de la de 2017, según estimaciones de El Corte Inglés y la consultora NPD, aunque los fabricantes son más optimistas y creen que las ventas de juguetes en Navidad y Reyes (que concentran el 70% de las ventas anuales) aumentarán entre el 1 y el 2% (o sea, se estancarán si descontamos la inflación). Las causas de este freno de ventas en los juguetes son varias, además del enfriamiento del consumo: hay menos niños y dejan muy pronto de querer juguetes (a los 12 años como máximo, antes que en otros paises), pero sobre todo porque los niños de ahora apuestan por “juguetes tecnológicos” que no fabrican las empresas jugueteras, como móviles, tablets y videojuegos, además de artículos deportivos y patinetes. Entre los juguetes más vendidos, las empresas españolas lideran este año las ventas (Famosa), con muñecas, mascotas interactivas, coleccionables y juegos de mesa.

Esta Navidad 2018 crecerán de nuevo las ventas por Internet, aunque todavía su peso (27% de las ventas navideñas) es inferior al que tienen en Europa (31%) y EEUU (57% online). Y en las ventas físicas (después de consultar antes los productos y precios por Internet…), destacan las que hacemos en grandes almacenes y cadenas especializadas. Y la gran protagonista de todas las compras navideñas es la tarjeta de crédito, que ha vuelto a batir todos los récords: 82,06 millones de tarjetas en junio de 2018, con un gasto medio anual por cliente de 3.156 euros anuales, un 26% más que hace una década.

Sin embargo, las estadísticas demuestran que este otoño, las ventas a crédito con tarjeta (tarjetas “revolving”: no se pagan las compras hechas cada mes al comienzo del mes siguiente sino una cantidad fija cada mes, como cuota de un préstamo que tiene la tarjeta) se han frenado: si entre septiembre y octubre de 2017 se financiaron 24.623 millones de euros, en esos mismos meses de 2018 (últimos datos publicados por el Banco de España) se han financiado menos compras, 24.563 millones de euros. Quizás porque ha bajado el gasto y también porque muchas familias, que no consiguen llegar a fin de mes, se lanzan a pedir créditos al consumo para pagar sus compras, créditos que se han disparado: si en 2017 se concedieron 29.389 millones (el doble que en 2014), este año ya se han concedido 28.440 millones sólo hasta octubre, último dato publicado por el Banco de España. Créditos, a 1 y 5 años, para comprar coche, ordenador, TV, muebles, electrodomésticos o viajes,  y por los que se pagan intereses elevados, del 8,76 % TAE en octubre, muy superiores a los europeos (6,19% TAE), según el Banco de España.

La vorágine de compras, el “consumismo” de la Navidad, no puede hacernos olvidar que 1 de cada 4 españoles lo está pasando mal y quizás lo sufre más en estas fiestas. Son los 12.236.000 españoles (el 26,6% de la población) considerados “pobres” en la estadística europea AROPE, porque ingresan menos del 60% de la media (familias con 2 hijos que ganan menos de 17.896 euros al año o solteros con ingresos inferiores a 8.522 euros anuales). Son básicamente parados, jóvenes, inmigrantes, mujeres y madres solas con niños, destacando especialmente la pobreza infantil: afecta al 22% de los niños españoles (menores de 18 años), casi el doble que en la OCDE (13% niños son pobres), siendo España el tercer país industrializado con más niños pobres, tras Israel y Turquía (25%). Y además, según destaca la OCDE, 8 de cada 10 niños españoles en edad escolar sufren “carencias materiales”, sobre todo en vivienda y educación, por el paro y precariedad de sus padres.

Esta enorme pobreza, mayor que la de antes de la crisis, lleva ya incrustada en muchas familias españolas entre 5 y 10 años, con lo que se ha “enquistado” y se ha hecho crónica en algunos lugares y grupos sociales, como advierte Cáritas, aumentando su marginación social  y agravando su situación económica, porque se han “comido” ya los colchones que tenían de ahorro y los de sus familias. Es lo que revela también un estudio de Cruz Roja española, que ha hecho una encuesta entre el millón y medio de personas necesitadas que atiende al año. La muestra indica que crecen los atendidos sin ningún ingreso (23%), los que siguen en paro (73%), los que trabajan en la economía sumergida (12% de los atendidos) y las familias con todos sus miembros en paro (el 35%). Y han aumentado también los que no pueden tener su vivienda caliente (39,2% de los atendidos) y los que tienen problemas para pagar su vivienda (26,2%). Y alertan de que han crecido las familias con pobreza infantil. Por su parte, Cáritas, que atiende a 4 millones de personas necesitadas, reitera cada año que la pobreza en España se está haciendo “más profunda” y “crónica”.

En Navidad, la mayoría de españoles nos volcamos con estas familias pobres, recogiendo alimentos y dinero que reparten cientos de ONGs. Es un “parche” pero un parche necesario, que ayuda a mucha gente, aunque una sociedad moderna exigiría tomar medidas desde el Estado, para reducir al mínimo esta preocupante lacra social, que además lastra el crecimiento y la recuperación, según ha reiterado la propia ministra de Economía. Urge aprobar un Plan contra la pobreza, centrado en los niños, las familias con hijos, los ancianos, jóvenes y parados. Y además, reformara fondo la política de gasto social, porque tanto la OCDE como la Comisión Europea nos han  reiterado este año que el gasto social es escaso (gastamos menos que Europa, unos 25.700 millones menos que la media UE cada año) y está mal hecho, porque los impuestos y la redistribución no ayuda más a los que menos tienen, no sirve para corregir las desigualdades sino que las agrava.

Mientras Gobierno y oposición se deciden a ocuparse de los españoles que lo pasan mal y no se benefician de la recuperación (beneficia 4 veces más a los ricos que a los pobres, según Intermón Oxfam), la vida sigue y los más pobres tratan de sobrevivir a otra Navidad, a costa de hacer sacrificios, pedir ayuda a familia y amigos o endeudarse. Y el resto de españoles, aprovechan estos días para olvidarse de los problemas cotidianos y disfrutar de comidas y regalos con los suyos, tratando de no pensar en cómo será 2019. Es normal, pero no olvidemos que cerca de nosotros hay personas que estos días sufren más sus carencias. Y si podemos, deberíamos ayudarles y no mirar para otro lado. Al margen de la religión, la Navidad puede y debe hacernos más humanos, más solidarios. Que así sea. 

¡ Feliz Navidad ¡

Faltan medicamentos (lo barato es caro)

El 1 de enero bajan la mayoría de medicamentos, unos céntimos: nos ahorraremos 8,44 millones de euros en la farmacia. Pero lo que parece una buena noticia, no lo es: los medicamentos llevan bajando desde 2010 y su precio no compensa en algunos casos, con lo que los laboratorios dejan de producirlos o los exportan a paises europeos donde cuestan un 30% más, como también hacen (fraudulentamente) algunos mayoristas y farmacias. El resultado es el desabastecimiento: han faltado más de 1.000 medicamentos a finales de noviembre y ahora hay más de 400 en falta. Los recortes de precios impuestos se nos han vuelto en contra: el que muchos medicamentos cuesten menos que un café (el Adiro, 1,48 euros, aunque un jubilado paga 15 céntimos) desalienta la oferta de fármacos y la investigación de otros nuevos, además de hundir a las pequeñas farmacias. Urge racionalizar el gasto por otras vías y saber que luchar contra las enfermedades es caro y no se puede racanear, porque es contraproducente. Lo barato es caro.

enrique ortega

A finales de noviembre, saltó la alarma: llegó a haber más de 1.000 medicamentos con problemas de suministro, que no se encontraban en muchas farmacias, algunos muy populares como Nolotil, Adiro o Dalsy. Ahora, algunos se han repuesto, pero hoy todavía hay 405 medicamentos con desabastecimiento, según este listado que publica la Agencia española del Medicamento (AEMPS). El año 2017 llegó a haber 900 con problemas. Y eso que este listado sólo incluye los medicamentos con “desabastecimiento”, pero los farmacéuticos tienen otro listado, el CISMED, que incluye los medicamentos  con “problemas de suministro”, donde hay más demanda que oferta, un barómetro previo al desabastecimiento y que detecta medicamentos “difíciles de conseguir” para las farmacias cada día.

El desabastecimiento de medicamentos provoca muchos problemas, sobre todo a los pacientes, que se ven obligados a hacer una “ronda de farmacias” para buscarlos y luego ir al médico para que les recete otro alternativo (casi todos lo tienen), que suele causar problemas a los más ancianos (porque cambia la caja o el color o el tamaño de las pastillas). Para los médicos es otro problema, porque colapsa más las consultas de los Centros de salud pidiendo el cambio de medicamento. En los hospitales, las encuestas revelan que el 25% sufren problemas de suministro a diario y el 45% semanalmente, con lo que gestionarlo les lleva 5 horas semanales. Y las farmacias pierden también mucho tiempo llamando a almacenes para encontrar medicamentos o vacunas. Y además, se ha denunciado que las farmacias rurales y las pequeñas tienen más difícil encontrar las medicinas que escasean.

¿Por qué faltan algunos medicamentos? En un 38% de casos, se debe a problemas en el proceso de fabricación del medicamento, según el análisis hecho por la Agencia (AEMPS) de los 590 medicamentos en falta el primer semestre de 2018. Un proceso que es complejo y multinacional: el principio activo se compra en un país (muchos en China e India), se empaqueta en otro y se vende en un tercero, con lo que cualquier problema trastoca la cadena y el suministro final. Es lo que pasó con Adiro: la materia prima (acido acetil salicílico) se produce en Asturias pero Bayer lo envía a Alemania para su envasado y ha chocado con obras en la planta de Leverkusen, provocando desabastecimiento, que intenta resolver  importando las cajas de su fábrica de Milán. En el caso de Nolotil, el laboratorio que lo vende (Boehringer) compra el principio activo (metamizol magnésico) a Sanofi, que ha tenido problemas de suministro y como vende en 100 paises, elige cómo repartir la escasez. En otros casos, se ha debido a un incremento puntual de la demanda (12%) o a un “retraso en la entrega” (21% según la AEMPS). Muchas veces, la multinacional farmacéutica tiene un pico de demanda en un país y “desvía” medicamentos de otro: es lo que pasó en 2017 con Clexane (heparina), en falta en España porque se exportó parte de la producción fabricada en España a Alemania (donde la pagan más cara).

Pero en un 47% de los casos, los desabastecimientos de medicamentos se deben “a causas desconocidas”, según una reciente denuncia de la Federación Internacional Farmacéutica (FIP), que pide “más transparencia” sobre un problema sanitario grave, que afecta a toda Europa, no sólo a España. Y en este 47%, muchos expertos incluyen una causa que cada vez cobra más peso, sobre todo en España: el bajo precio de los medicamentos. “El desabastecimiento de medicamentos se debe a los bajos precios en España”, denunció en octubre el Colegio de Farmacéuticos de Orense. Y es que, con las rebajas impuestas desde 2010, el 55% de los medicamentos tienen un precio de venta con IVA inferior a 3,50 euros (los usuarios pagamos 1,40 euros o menos). Y con estos precios, a muchos laboratorios no les compensa fabricarlos. Y como venden en 100 paises, planifican para venderlos en los paises con los precios más caros, exportando cada vez más los medicamentos que se fabrican en España. Baste recordar que España es uno de los paises europeos con los medicamentos más baratos, sólo por delante de Portugal, Eslovenia, Letonia y Estonia. Y una medicina cuesta de media un 33% menos en España que en Alemania, Luxemburgo, Finlandia, Bélgica o Irlanda y un 16% menos que en Francia o Italia.

Con estas diferencias de precio, la tentación de vender fármacos en otros paises, a costa de reducir la oferta en España, es muy grande. Baste decir que las exportaciones  de medicamentos se han multiplicado por 18 entre 1995 (562 millones de euros) y 2017 (10.061 millones), aunque este año bajan un 4% (7.719 millones hasta septiembre). Y luego están las exportaciones paralelas (“comercio inverso”), las que hacen fraudulentamente almacenes mayoristas y farmacias (limítrofes con Portugal o Francia), para vender medicamentos que debían  ir a farmacias españolas a paises que los pagan el doble o el triple.


Por todo esto es preocupante que el Gobierno Sánchez haya aprobado otra Orden ministerial para bajar los medicamentos el 1 de enero de 2019, como se viene haciendo desde 2010, en aplicación del sistema de precios de referencia, creado en 1997 para pagar menos a los laboratorios por las medicinas: la sanidad pública solo financia un precio máximo por medicamento recetado y si el fármaco tiene un precio superior, el farmacéutico está obligado a suministrar al paciente un medicamento más barato, preferentemente genérico (con la patente caducada). Es una forma de presionar a la baja los precios de los medicamentos de marca y forzar la venta de genéricos (más baratos), que ya suponen en España el 81% de los medicamentos vendidos y el 55% de las ventas.

Ahora, el Gobierno ha revisado a la baja el precio de 15.500 presentaciones farmacéuticas (se venden 17.500), la mayoría medicamentos que se venden en farmacias (12.825) y 2.916 utilizados en hospitales. Todos bajan unos céntimos y las mayores rebajas (ver listado nuevos precios) se notarán en algunos ibuprofenos (que bajan del 65 al 81%, medicamentos contra el colesterol (bajan del 5,25% al 48%), anticonceptivos y medicamentos contra el asma. La rebaja para los particulares será de 8,44 millones, pero los laboratorios recortarán sus ingresos otros 248,25 millones en 2019, según los datos de Sanidad.

Los riesgos de esta nueva rebaja de medicamentos son básicamente dos. Uno, que se agrave el desabastecimiento de algunos medicamentos, ahora que los laboratorios van a cobrar menos por ellos, aunque el Gobierno no ha bajado nada 29 medicamentos básicos para “evitar una indeseable situación de falta de suministro de medicamentos esenciales”, como reconoce textualmente la Orden de Sanidad. Y la otra, que los laboratorios reduzcan su investigación de nuevos fármacos, tras 8 años de recortes de precios. De momento, el sector farmacéutico ha subido su gasto en I+D+i (1.147 millones en 2017, el 20% de toda la investigación industrial hecha en España) y somos el segundo país del mundo, tras EEUU, con más ensayos clínicos de medicamentos. Pero los laboratorios instalados en España producen menos fármacos innovadores: sólo lo son 2 de cada 10 medicamentos autorizados. Y llevamos 18 años sin nuevos fármacos contra el Alzheimer, 20 años sin nuevos antibióticos y 30 años sin ansiolíticos innovadores, según denunciaron los farmacéuticos de Orense.

La otra consecuencia negativa de que las medicinas cuesten menos que un café es que las rebajas de precios están afectando muy negativamente a las cuentas de las 22.046 farmacias españolas, que no son “unas tiendas más” sino un eslabón clave del sistema sanitario (el más cercano y “confiable”). La mayoría de las farmacias venden más medicamentos que en 2010, dispensan más recetas, pero facturan menos, entre un 10 y un 20% menos, y además les han bajado los márgenes. Y el mayor problema se concentra en las 3.000 farmacias que venden menos de 300.000 euros, sobre todo las 903 farmacias rurales con “viabilidad económica comprometida” y que malviven gracias a ayudas autonómicas.

Los riesgos de esta política de precios de los medicamentos, muy alejados de Europa, son claros. Y la ventaja, el ahorro en la factura farmacéutica, no es tan evidente: el gasto en farmacias se rebajó del récord de 11.135 millones en 2011 a 9.183 millones en 2013, pero luego no ha parado de subir desde 2014, hasta los 10.170 millones en 2017 (y crece otro 3,34% este año, con 8.738 millones gastados este año, hasta octubre), según los datos de Sanidad. Y a ello hay que sumar otros 6.500 millones de gasto farmacéutico en hospitales, que crece el doble que en las farmacias, por los costosos tratamientos. Pero aunque el gasto farmacéutico total (16.619 millones en 2017) sea muy importante, hay que señalar que su peso en la economía es todavía menor que en 2010 (supondrá el 1,43% del PIB en 2018, frente al 1,57% en 2010). Y que España, aunque sea “un paraíso de las recetas” (900.000 al año), gasta menos en medicamentos de farmacia que la mayoría de Europa: 223 euros per cápita, frente a 326 euros de media en la eurozona, 479 euros en Alemania, 382 euros en Francia o 250 euros en Italia, según Farmaindustria con datos de la OCDE (2016).

Aunque gastemos menos que Europa, el gasto farmacéutico es tremendo y se lleva el 24% de todo el gasto sanitario (70.804 millones en 2018). Y lo peor es que todo apunta a que aumentará en los próximos años, por tres factores: el envejecimiento de la población (más viejos que viven más años y consumen muchas medicinas), el aumento de las enfermedades crónicas (un 45% de adultos hoy las padecen y serán más en el futuro) y los nuevos tratamientos para algunas enfermedades (oncología, trasplantes, enfermedades autoinmunes, esclerosis múltiples…), que son muy costosos. Eso obliga a racionalizar el gasto farmacéutico, para compensar este mayor coste con algunas medidas de ahorro que no sea el desplome de precios de los medicamentos, sencillo pero muy arriesgado porque puede agravar los desabastecimientos y las “fugas” de medicamentos y laboratorios.

Una primera medida es reducir el número de recetas injustificadas, provocadas en muchos casos por la falta de tiempo de los médicos para atender a los pacientes (“receto y vete”), la inexistente medicina preventiva y la insuficiente mejora de hábitos de vida, dos vacunas contra las recetas, junto a campañas públicas para no despilfarrar en el consumo de fármacos (tenemos en casa decenas de cajas para tirar) y automedicarse menos. Los expertos insisten en que consumimos demasiados sedantes, estimulantes y sobre todo antibióticos: 1 de cada 2 españoles los ha tomado en el último año y los reciben 1 de cada 2 pacientes hospitalizados, según Sanidad, que considera “inadecuadas” entre el 40 y el 50% de las prescripciones de antibióticos, tanto en atención primaria como en hospitales. Un abuso que no sólo sube el gasto sino que crea un problema de resistencia a los antibióticos (superbacterias), que será en 2050 la primera causa de muerte en el mundo (con 10 millones de fallecimientos). Y controlar más el gasto farmacéutico hospitalario, el que más crece.

Mientras se intenta frenar el gasto farmacéutico, urge tomar medidas para evitar los desabastecimientos de medicinas, un grave problema sanitario que preocupa en toda Europa. Y más ante el Brexit. Las Agencias del Medicamento europeas han elaborado un Plan de trabajo hasta 2020 para reducirlos, con medidas como facilitar la autorización de nuevos fármacos, permitir prospectos en varios idiomas (para poder llevar los medicamentos a los paises donde falten) y un mayor control del camino que siguen las medicinas desde la fábrica a la farmacia, con la entrada en vigor (el 9 de febrero de 2019) de la “trazabilidad obligatoria”, la incorporación a los medicamentos de unos "códigos  Data Matrix 2D" que facilitarán detectar los medicamentos falsificados (el 1%) y vigilar si un medicamento ha sido desviado a otro país. Sin embargo, no se contemplan sanciones europeas a los laboratorios responsables de desabastecimientos ni restricciones a las exportaciones entre paises.

En España, la Agencia del Medicamento prepara un nuevo Plan 2019-2021 para garantizar el suministro de medicamentos. Mientras, habría que tomar algunas medidas urgentes como agilizar las alertas a los médicos (para que no receten medicamentos con problemas de suministro) y permitir a los farmacéuticos que tengan más autonomía para cambiar medicamentos no disponibles (pueden hacerlo en muchos casos, pero no cambiar cápsulas por comprimidos, ni inyectables, insulinas, medicamentos contra el asma o de especial control), para que el paciente no tenga que ir a por otra receta. Y se podría obligar a los almacenes a tener un stock de medicamentos susceptibles de desabastecimiento, como hacen en Portugal. También urge crear un canal de urgencia online para distribuir medicamentos escasos y que los farmacéuticos no tengan que ir  “a la caza de una medicina” o los pacientes “peregrinar” de farmacia en farmacia (“tienen Adiro en tal farmacia”, como nos dicen cuando buscamos algo en el Corte Inglés o Decathlon). Y por supuesto, una mayor vigilancia de laboratorios, mayoristas y farmacias para que no desvíen medicamentos que hacen falta aquí a otros paises para ganar más con ellos.

En definitiva, cuando vaya a la farmacia en enero verá que las medicinas le costarán unos céntimos menos. Pero piense que el que sean tan baratas no le beneficia, porque puede provocar que mañana no encuentre algún medicamento o que para conseguir un tratamiento contra el cáncer, su hospital tenga que comprarlo en el extranjero, 30 veces más caro, como ya ha pasado con Aspen Pharmacare, que en 2014 dejó de producirlos en España. Y piense que aunque cuesten menos que un café, no hay que tomar medicinas por tomarlas ni tenerlas almacenadas en casa, porque su coste para el país es tremendo. Y si no lo racionalizamos entre todos, desde los médicos a los pacientes, habrá más copagos. Y si racaneamos al pagar los medicamentos, faltarán y no se innovarán. Al final, lo barato es caro.