El campo, al límite

Los medios no informan del campo, porque creen que “no vende”, aunque de ahí comemos (y venimos muchos). Pero en las últimas semanas han tenido que informar, porque miles de agricultores han salido a las carreteras para alertar sobre su preocupante situación: les pagan unos precios de saldo, les suben los costes, les congelan las ayudas, el clima se ceba con sus cosechas, los alimentos extranjeros les hacen competencia desleal y, para colmo, Trump y Putin han puesto aranceles y vetos a alimentos españoles. Así que 2019 ha sido “un año horrible”, donde cayeron la renta y el empleo en el campo. Pero los problemas no son coyunturales sino de fondo: un sistema de precios donde los beneficios se los llevan los intermediarios y súper, una creciente competencia de grandes empresas e importaciones, unas ayudas europeas (la PAC)  que se van a recortar y unas explotaciones poco rentables. Consecuencia: abandono de explotaciones y envejecimiento de los agricultores. Y despoblación rural. Debería preocuparnos, porque “los móviles no se comen”. Hay que apoyarles.

enrique ortega

El año 2019 ha sido un “annus horribilis” para el campo español: un clima enloquecido (sequía, inundaciones, heladas y pedrisco), caída generalizada de precios, subida de todos los costes, congelación de las ayudas españolas y europeas, invasión de alimentos extranjeros y, para colmo, Putin renovando otro año más el veto ruso a frutas y carnes españolas y Trump poniendo aranceles (impuestos) al aceite, vino, quedos y zumos españoles. Al final, las cuentas de agricultores y ganaderos se han resentido y la renta agraria cayó un -8,6% en 2019, tras cuatro años de mejoría. Y también cayó el empleo, siendo el campo el único sector de la economía donde bajó la ocupación en 2019 (-31.700 empleos).


Por todo esto, miles de agricultores y ganaderos han salido a las carreteras a protestar, en unas manifestaciones multitudinarias convocadas por todas las organizaciones agrarias (COAG, UPA y ASAJA), bajo el lema #agricultoresallímite. Y es que los problemas del campo español se han agravado en 2019, colocando a agricultores y ganaderos en una situación desesperada, tras muchas décadas de dificultades. 


El primer problema que sufren son las consecuencias del Cambio Climático, que provoca la multiplicación de los fenómenos meteorológicos extremos: 2019 se inició con una fuerte sequía (arrastrada desde el otoño de 2018), que afectó seriamente a cereales y pastos (sobre todo en el oeste de España) y al vacuno, ovino y caprino, por el aumento de los costes para alimentarlos (más pienso y menos forraje). Y en otoño, llegaron las lluvias históricas y las inundaciones, que provocaron daños generalizados en el campo, con unas indemnizaciones que han superado los 600 millones de euros.


Un segundo problema del campo ha sido el aumento generalizado de los costes, desde los seguros agrarios (han subido las primas al aumentar el riesgo) a los carburantes (precios en máximos desde 2015), los fertilizantes (+6,6%) y los piensos (+3,1%), bajando sólo las semillas (+1,3%) y la electricidad (ha bajado un 3,3%, pero aún así pagan la luz más cara de Europa). Y también subió mucho el salario mínimo, un 35,5% si sumamos la subida del SMI  (de 735,90 a 900 euros en 14 pagas) y los costes sociales (261,51 euros mensuales), según COAG. Ahora, con la subida del SMI a 950 euros, el nuevo coste salarial será 1.382 euros (un 43% más que en 2018). Las organizaciones agrarias no critican tanto la subida del SMI como que es la puntilla tras los restantes aumentos de costes, mientras les caen los ingresos.


Precisamente, el gran problema del campo es la caída drástica de sus ingresos, porque se han desplomado los precios que reciben. El caso más llamativo es el olivar, donde el precio ha caído entre un -25 y un -30% en el último año (y un -50% sobre 2018). También ha caído el precio de la leche (0,316 euros por litro, 3 céntimos menos que la media europea), las frutas y hortalizas y muchas carnes. Y en demasiados productos, agricultores y ganaderos se quejan de que los precios que reciben no cubren costes, que producen a pérdidas. Y para fastidiar sus cuentas, en 2019 se han casi congelado las subvenciones que reciben y que suponen la cuarta parte de sus ingresos: subieron sólo un 0,6%.


Por si todo esto fuera poco, en 2019 ha aumentado la entrada de alimentos importados, desde tomates de Marruecos, naranjas de Sudáfrica, pollo de Brasil, cordero de Nueva Zelanda, vaca de Argentina o miel de China. Productos que entran a muy bajos precios (pagan bajos salarios y no respetan condiciones medioambientales ni fitosanitarias, en muchos casos), de la mano de acuerdos comerciales firmados por la Unión Europea. Y en junio de 2019 se firmó otro más, el acuerdo comercial de la UE con Mercosur (Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay), que aumentará la entrada de carnes (vacuno y pollo), arroz, azúcar, miel, cítricos y zumos latinoamericanos. Además, también en junio, el presidente Putin prorrogó hasta finales de 2020 el veto ruso a la entrada de productos europeos (y españoles), en vigor desde el verano de 2014, que impide las exportaciones españolas de frutas y hortalizas, porcino y vacuno, queso y pescado. Y para dar la puntilla, el presidente Trump ha impuesto, desde el 18 de octubre de 2019, un aumento de aranceles (del 3,5 al 25%) al vino, aceite, aceitunas, quesos, zumos y frutas preparadas de España, lo que encarece nuestras exportaciones en 191,3 millones de euros extras. 


No es extraño que, con este panorama, los agricultores y ganaderos españoles hayan sufrido en 2019 una caída de sus rentas del -8,6%, por primera vez en la recuperación (las rentas agrarias crecieron entre 2015 y 2018, tras caer en la crisis), según el Ministerio de Agricultura, debido a la menor producción en cereales y vino (por la sequía) y a los bajos precios, sobre todo en aceites y frutas. Y en paralelo, ha caído también el empleo en el campo, el único sector económico que perdió trabajadores en 2019: -31.700. Y además, el campo es el sector que menos se ha beneficiado de estos 6 años de recuperación económica y crecimiento del empleo total. Así, entre 2014 y 2019 sólo se crearon +16.600 empleos netos en el campo, cuando en el conjunto de la economía se crearon +2.397.800 empleos en esos 6 años.


Pero 2019, aunque haya sido un “año horrible”, sólo ha agravado los problemas de fondo que viene arrastrando el campo español desde hace décadas (las primeras protestas del campo fueron en 1977). El primero y fundamental, porque va a más y no resulta fácil afrontarlo, es el Cambio Climático: cada año va a recortar producciones y aumentar costes (por daños y subida de primas de los seguros, donde el agricultor ya paga el 60% del coste al haber bajado porcentualmente las ayudas al aumentar los siniestros), sin que agricultores y ganaderos puedan subir los precios para compensarlo, dada la presión a la baja de los alimentos importados y de los distribuidores y súper. Además, el campo español tendrá que hacer una “reconversión climática”, porque es responsable del 12%de las emisiones totales de gases de efecto invernadero (8% la ganadería y 4% la agricultura), el 4º sector con más emisiones tras el transporte (27%), la industria (19%) y la electricidad (17%).


El segundo gran problema estructural del campo es la competencia exterior. Vivimos en un mundo muy globalizado, donde crece imparable una agricultura y ganadería intensivas (en paises en desarrollo y también ricos), que inundan el mundo con alimentos a bajo precio, basados en incumplir muchas normas medioambientales y fitosanitarias y en unos sueldos miserables (5 euros al día en Marruecos frente a 60 euros mínimos en España). Y estamos dentro de una Unión Europea que firma acuerdos comerciales con todo el mundo, para tratar de venderles de todo a cambio de recibir alimentos de fuera (que de paso les permite recortar las costosas ayudas de la PAC a los agricultores europeos). Así que, cada año más, agricultores y ganaderos tendrán que competir (en inferioridad) con medio mundo.


Y cada vez con menos ayudas públicas, el tercer problema de fondo. El campo español, como el europeo, ha sobrevivido gracias a las cuantiosas ayudas de la política agraria común, la PAC, creada en 1962 para asegurar la alimentación de los europeos subvencionando a agricultores y ganaderos con cuantiosas ayudas, que se han ido recortando a finales del siglo XX y sobre todo en la última década. Así, si en los años 80, las ayudas de la PAC se llevaban el 66% del Presupuesto comunitario, en 2007-2013 se llevaron sólo el 42,3% (413.000 millones de euros a repartir entre los paises) y en 2014-2020 bajaron al 37,8% del Presupuesto (y a 408.313 millones a repartir). Ahora, la nueva Comisión Europea ha presentado una propuesta de ayudas de la PAC para 2021-27 y el recorte es tremendo: 365.000 millones a repartir, sólo un 28,5% del Presupuesto de la UE para los próximos 7 años. Consecuencia: a España le tocará menos de los 5.700 millones recibidos en 2019 (y que supusieron el 24,5% de todo los ingresos obtenidos por el campo español). Además, hay otra pelea entre autonomías y agricultores españoles para ver cómo se reparte aquí la futura PAC.


Vamos al 4º problema de fondo del campo español, para muchos el fundamental: los precios que reciben por sus productos. La cuestión de fondo es que el sector tiene poca capacidad para negociar precios: son casi 1 millón de explotaciones a producir y que tienen que colocar sus alimentos a través de multitud de intermediarios (que se quedan cada uno con su margen) y, sobre todo, a través de 6 grandes grupos de comercialización (Mercadona, Carrefour, Eroski, Día y Alcampo) que concentran el 55% de las ventas (y subiendo). Unos y otros imponen sus condiciones y precios a agricultores y ganaderos, muchas veces sin contrato por medio (como es obligatorio) y con fraudes como el sistema de venta “a resultas”: el agricultor entrega sus productos y no sabe lo que va a cobrar hasta incluso después de vendido en el súper. Y muchas veces se usa algunos alimentos (aceite o leche) como “producto escaparate” y el súper lo vende por debajo del coste, venta “a pérdidas”.


Todo esto se trató de regular con la Ley de la Cadena Alimentaria, aprobada en 2013, pero el campo se queja de que no se cumple muchas veces, que hay demasiado fraude (existen numerosas denuncias a la Agencia de control AICA, sobre todo en frutas y verduras y leche). Y además, hay un exceso de intermediarios entre el agricultor y el ganadero y el súper, lo que va sumando márgenes y encareciendo el producto. Así, en los productos agrícolas, el precio se multiplica por 4,83 entre origen y destino, según el índice IPOD que elabora COAG. Y en los productos ganaderos, el precio se multiplica por 3,05. Unos ejemplos, a diciembre de 2019: la patata nos cuesta 8 veces lo que se paga al agricultor (1,20 frente a 0,15 euros/kilo), la mandarina 7,11 veces, la naranja 6,74 veces, la uva 4,75 veces, el plátano 4,06 veces, la ternera 4 veces, el cerdo 3,74, el pollo 3,44, el cordero 3,41 veces…


Llegamos al 5º problema de fondo: el abandono del campo. Si en 1999 había 1.289.451 explotaciones agrícolas, en 2016 había 965.000 (último censo de Agricultura), una cuarta parte menos (-25%). Y en la ganadería, el cierre de explotaciones es aún más llamativo. En granjas de vacas, se ha pasado de 250.000 en los años 90 a menos de 14.000 hoy, en granjas de vacuno de 120.000 a 80.000, en ovejas de 120.000 a 114.000 explotaciones, en granjas de cerdos de 200.000 a 44.931 y en granjas de pollos de 239.921 explotaciones a 68.766. En algunos casos, menos granjas con más animales (pollos o cerdos), pero en mucho otros  también con menos animales (vacas y ovejas). Al final, la población ocupada en el campo ha caído drásticamente: de 905.800 ocupados en 2007 a 793.900 que trabajaban a finales de 2019.Y 4 de cada 10 que trabajan en el campo tienen más de 55 años, mientras los jóvenes abandonan las zonas rurales, cada vez más despobladas.


Y vayamos al 6º problema estructural: el campo es cada vez menos rentable para los pequeños y medianos agricultores, que se buscan otros ingresos (un tercio de los agricultores tienen otra actividad que les reporta el 80% de sus ingresos) o se retiran ante el avance de la “empresarización” del campo. De casi 1 millón de explotaciones agrarias (945.000), sólo un 6,6%, unas 66.000 son empresas (“personas jurídicas”), pero esta minoría acapara el 42% de la producción agraria, repartiéndose el resto entre casi 4.000 cooperativas (15%) y cientos de miles de pequeños productores, con pocas ventas por explotación. Así que el campo se está llenando de empresas grandes que copan el negocio. Unos ejemplos. En Murcia, tres multinacionales copan el 85% de la producción de uva de mesa. Lo mismo pasa en el sector de frutas y hortalizas. Y en la producción láctea, la macrogranja que quieren montar en Noviercas (Soria) prevé tener 24.000 vacas… 


Esta reestructuración empresarial podría llevar a lo que COAG denuncia como “la uberización del campo”: agricultores y ganaderos que trabajan para grandes empresas, que les dan la semilla, animales, fertilizantes, piensos o medicamentos y les pagan por kilo producido. Ya sucede en “granjas franquicia” de pollos o cerdos y en frutas y verduras. 


Y luego hay un séptimo problema estructural muy serio, que tiene el campo español y que tenemos todos: el agotamiento y desertificación de la tierra. Los expertos coinciden en que un 40% del suelo está degradado (y la mitad, el 20%, desertificado), por culpa del monocultivo (no se rotan ni utilizan leguminosas para captar nitrógeno), la poca materia orgánica (no se dejan en el suelo resto de cosecha, como antes), las siembras anuales y el excesivo laboreo (no hay barbecho y se “presiona” a la tierra a base de abonos químicos y costosos regadíos). Al final, todo esto es muy preocupante, por la baja productividad de muchas explotaciones y la penosa herencia de suelo agrícola que dejamos a las generaciones futuras (si es que queda gente en el campo).


Si ha llegado hasta aquí, reconocerá que agricultores y ganaderos tienen razón cuando dicen que están “al límite”. Urge tomar medidas a corto y medio plazo, desde España y desde Europa, para que tengan unos precios justos y no les ahogue la competencia desleal de los alimentos extranjeros. Y medidas estructurales para asegurar su rentabilidad y su futuro, clave para evitar la despoblación de la España rural y asegurar el abastecimiento de alimentos, porque “los móviles no se comen”. Es hora de “valorar” al campo y a su gente, primero, y ayudarles de verdad. No podemos perderlos.

Ojo a la subida de los alimentos

En 2015, la media de los precios (IPC) no subió nada, pero hubo muchas partidas que sí subieron, la que más los alimentos: un +1,8%, cuando en 2014 habían bajado. Han subido tanto los alimentos preparados como los frescos, sobre todo el aceite, las patatas, las frutas y verduras. Subieron por  el aumento de turistas (3 millones más), que tiró de la demanda este verano, y, sobre todo, por el clima: la sequía de primavera y el fuerte calor del verano y otoño han trastocado muchas cosechas, disparando  precios. Ahora, se espera que los precios suban más este año (un +0,7%) y que los alimentos sean otra vez  lo que más suba, un 1,6%. Sobre todo, por el clima cambiante que tenemos, aunque también encarecen la comida  la industria y los supermercados, que nos suben precios ahora que mejora el consumo. Eso sí, el campo no se beneficia: su renta apenas sube. Ya lo saben: comer es y será más caro.
 

enrique ortega

El año 2015 se cerró con una subida de precios del 0% y una inflación media anual del -0,5%, clara prueba de la debilidad de una economía donde las empresas tienen que bajar precios para vender (como en la zona euro, que cerró con una inflación anual del +0,2%). Pero de las 12 partidas de gasto del IPC, sólo dos bajaron de precio: transporte (por los carburantes) y vivienda (por la calefacción, luz y gas). Las 10 restantes subieron de precio y la que más la alimentación, cuyos precios subieron un 1,8% anual, cuando en 2014 habían bajado un 0,3%, según el INE (IPC). Una subida tanto de los alimentos frescos (+1,8%) como de los elaborados (+1,8%), mayor que la subida de los alimentos en Europa, un 1,2% según Eurostat.

La subida de los alimentos ha sido casi general y se ha notado sobre todo en los aceites  (+23,6%), las patatas (+14,9%), las frutas frescas(+5,2%) y en conserva (+4,9%) o el pescado fresco y congelado (+3,5%) y los crustáceos y moluscos (+2,4%), sin olvidar las legumbres y hortalizas (+2%), el agua mineral, zumos y refrescos (+1,6%), los preparados alimenticios (+1,3%) y el café, cacao e infusiones (+1,1%). Sólo bajaron la leche (-4,4%), el azúcar (-1,9%), las carnes (del -0,1% al -2,1%) y el pan (-0,1%). La subida de los alimentos no ha sido igual en toda España: ha sido mayor en las autonomías que más crecen (más consumo), como la Rioja (+2.8% subieron los alimentos), Baleares (+2,4%), País Vasco (+2,3%), Cantabria (+2,2%), Cataluña y Madrid (+2,1%), y menor en las que crecen menos, como Ceuta (+0,9% subida alimentos), Canarias (+1%), Murcia y Melilla (+1,3%), Extremadura (+1,2%) o Galicia (+1,4%).

El precio de los alimentos subió en 2015 por dos causas. Una, la mayor demanda, sobre todo por el tirón de consumo del turismo: llegaron a España 3 millones de turistas más que en 2014 y los españoles volvieron a viajar, en el mejor verano turístico desde 2005. La otra y fundamental, el clima, con muchos calores y sequía en mayo, verano y otoño, que han trastocado las cosechas, sobre todo la de aceite (tras una cosecha anterior excepcional), las frutas y hortalizas y en especial la patata, que recupera su precio tras una menor siembra por el desplome de precios el año anterior. En general, la falta de lluvias ha encarecido los cultivos de regadío (hortalizas, cítricos y parte del olivar) y ha recortado los de secano (cereales y vino), mientras se encarecían las carnes por falta de pastos. Y los barcos, con pésimo tiempo, también han salido menos a faenar, encareciéndose el pescado.

Ahora, la previsión de los expertos es que la inflación total repunte algo en 2016, hasta un +0,7% a finales de año, y que la alimentación vuelva a ser lo que más suba este año, un +1,6%, según Funcas. Y eso, porque también va a aumentar el consumo (de españoles y turistas) y sobre todo porque el clima sigue igual de loco y vamos a pagar la falta de lluvias del otoño y una previsión de mayor calor en 2016 (junto a inundaciones sufridas ya en algunas zonas).

Esta subida de los alimentos afecta mucho a las familias, porque la comida supone la segunda partida de gasto de los españoles, tras la vivienda, según la Encuesta de presupuestos familiares del INE: supone un 14,9% del gasto familiar, 4.028 euros de media al año (datos 2014). Y además, el gasto en alimentación pesa más en las familias con menos rentas. Por eso resulta preocupante que la comida haya subido un 1,8% en 2015 cuando los sueldos han subido casi la tercera parte (+0,74%) y las pensiones siete veces menos (+0,25%). Y este año 2016, la subida de salarios (+1%) y pensiones (+0,25%) será similar, mientras los alimentos subirán un 1,6%.

¿Quién se beneficia de esta subida de los alimentos? Desde luego,  no los agricultores y ganaderos que los producen. La renta agraria sólo ha subido un 1,7% en 2015, hasta un ingreso medio de 22.170 euros por explotación, que está por debajo de la renta de 2001. Y  lleva varios años cayendo, desde 2003, con lo que el campo español tiene ahora unos ingresos (renta agraria) que son un 30,1% inferiores a los de hace 12 años. Eso se debe a que los precios que reciben agricultores y ganaderos son muy volátiles, fluctúan mucho y apenas suben, mientras se les encarecen los costes (fertilizantes, energía, agua, impuestos), que les han subido un 46% desde 2003. Y eso les come cualquier posible beneficio.

Los agricultores y ganaderos se quejan de que las subidas de precios de los alimentos se quedan por el camino, entre el cultivo o la granja y el supermercado. Y lo demuestran con el índice IPOD, que refleja la diferencia entre el precio que cobran los agricultores/ganaderos y el que pagamos los consumidores: en los productos agrícolas, los precios de venta son 4,87 veces los precios pagados al agricultor y en las carnes se paga 3,37 veces más, según el IPOD 2015 elaborado por COAG y los consumidores. Hay saltos de precios llamativos (ver lista): brócoli (921% de subida entre el campo y el súper), lechuga (+708%), naranjas (+632%), manzana (+409%), patata (+257%), cerdo (+448%), ternera (+314%), leche (+168%)…

¿Quiénes pelean por este margen que suben los alimentos por el camino, entre el campo y el súper? Básicamente, las industrias que los transforman y los distribuidores que los transportan y los venden. Por un lado, las industrias agroalimentarias, para conseguir vender más barato y ganar margen, presionan a los productores (agricultores y ganaderos), el eslabón más débil de la cadena alimentaria, porque está dispersos y poco organizados (hay 4.000 cooperativas agrarias, la mayoría demasiado pequeñas), con lo que no tienen fuerza para negociar precios y condiciones. Y luego, estas industrias tienen que pelear precios con los distribuidores y grandes cadenas de supermercados, que son el eslabón más fuerte de la cadena y presionan a las industrias para que les den más por menos, a costa del campo. Y así, al final, un litro de leche, que se paga al ganadero a 0,28 céntimos litro (diciembre 2015) nos acaba costando en el súper el triple, 0,75 céntimos (IPOD diciembre 2015).

La mayor parte del margen se queda en la distribución, cada día más concentrada en media docena de empresas, que controlan ya más de la mitad de las ventas totales: Mercadona (22,7% de cuota), Día y sus marcas (8,7%), Carrefour (8,4%), Eroski (5,9%), Auchan (3,8%) y Lidl (53,2%), según el último ranking de Kantar Worldpanel. Unos gigantes de la distribución que imponen condiciones y precios a las industrias alimentarias y en consecuencia a los agricultores y ganaderos. Y cuyo poder aumenta año tras año, por el auge de las “marcas blancas” (39% de cuota) y la guerra de precios, que deja por el camino a los súper más débiles, que venden o cierran. De hecho, la tendencia en Europa es a una concentración de la distribución alimentaria, mayor que en España: así, los 5 mayores distribuidores controlan el 89% del mercado en Portugal, el 80% en Reino Unido, el 58% en Francia y el 55% en Alemania, mientras en España copan el 49,5% del mercado. Eso se debe al auge aquí (40% mercado) de los súper regionales (Ahorramas en Madrid, Consum en Valencia, Covirán en Andalucía, Gadisa en Galicia o Lupa en Cantabria), que hacen sombra a los grandes, aunque muchos acaban cayendo en sus redes. Y todo apunta a una mayor concentración cada año.

Al final, unos distribuidores con más poder y unas industrias que llevan años conteniendo precios por la crisis han aprovechado el ligero repunte del consumo para subir precios, apoyados también en el hecho cierto de las malas cosechas por la variable climatología. Algo que choca con la tendencia del mercado mundial, donde los alimentos han vuelto a bajar de precio en 2015, por cuarto año consecutivo, según la FAO, debido al exceso de oferta y al menor crecimiento de los países emergentes. Un hecho que también nos afecta, porque las industrias españolas y los grandes supermercados no dudan en comprar más alimentos importados cuando los alimentos en España se encarecen: las importaciones de alimentos han crecido un +7,6% en 2015, sobre todo de lo que más sube aquí, aceites (+24,9% importaciones), frutas (+16%) y pescado (+12,6%). Y así, importan aceite de Túnez, naranjas de Sudáfrica, carne de Brasil o pescado de Vietnam, a precios más bajos si suben en España. Y aunque baja la calidad, no baja el precio y la diferencia va a sus márgenes.

Al final, el mayor consumo de las familias españolas (porque hay un millón de personas más trabajando y porque han bajado precios e impuestos) se traduce en una mayor compra de alimentos, que se había recortado con la crisis. Y el aluvión de turistas aumenta más la demanda, sobre todo en verano. Como el clima no ayuda, con sequía, inundaciones y heladas a destiempo, las cosechas no crecen como la demanda y menos en un campo donde a los agricultores y ganaderos no les salen las cuentas. El resultado de esta situación, más demanda y menos oferta, es una subida constante de precios. Y más si son pocos los que controlan el mercado, las ventas finales. Así que ya lo saben, comer será cada vez más caro. Al margen de las ofertas gancho que nos ponen para que no cambiemos de súper. Ojo a la subida de los alimentos.  

Frutas y hortalizas: otro palo a la Europa del sur

Francia y los países del centro y norte de Europa acaban de meterle otro rejón a la Europa del sur, sobre todo a España: un nuevo acuerdo agrícola con Marruecos, que facilita la entrada de aceite, frutas y hortalizas a precios más bajos. A cambio, Francia, Alemania, Holanda y Reino Unido colocarán mejor sus excedentes de cereales, leche y carnes en Marruecos, además de importar alimentos más baratos. Los agricultores españoles se quejan de competencia desleal y de falta de control a los productos marroquíes, que van a hundir los precios del tomate, las frutas y el aceite en España, con pérdida de empleos en Andalucía, Canarias, Comunidad Valenciana y Murcia. Los consumidores tenemos que mirar el origen de lo que compramos, porque si no, un día nos quedaremos sin alimentos de aquí, sin agricultura.

El acuerdo agrícola UE-Marruecos, aprobado  por el Parlamento Europeo (369 votos a favor, y 255 en contra), facilita la entrada de alimentos marroquíes en los próximos 10 años. Su aceite podrá entrar ahora en la UE sin limitaciones de cantidad (contingentes) y sin aranceles (pagaba 1,25 € por Tm), mientras que el aceite comunitario (y español) tendrá aranceles en Marruecos a partir de las 2.000 Tm. Las naranjas marroquíes ya no tendrán contingentes en la UE y baja su precio de entrada un 30%, lo que hace imposible competir a las españolas. En clementinas, también se les sube el contingente y se baja el precio de entrada. Se quitan los contingentes a los pimientos, sandías y melones marroquíes. Y se aumentan los de calabacín (duplican), pepino (triplican), ajo y fresa, una fruta que podrán exportar más en abril y mayo, compitiendo con la española. Y el resto de frutas y verduras, exportación libre.

España, por su clima, produce frutas y hortalizas en las mismas fechas que Marruecos, pero a precios más altos. Primero, porque un obrero marroquí cobra 5 euros al día recogiendo tomates y en Almería ganan 50 €. Y la empresa cotiza por él y paga impuestos, mucho más que en Marruecos. Además, nuestros productos tienen más controles fitosanitarios, mientras Marruecos utiliza pesticidas prohibidos en la UE. Al final, todo esto se traduce en que un kilo de tomate español para la exportación cuesta 0,85 € mientras el marroquí entra a 0,46 €. Y menos, ya que nuestros  agricultores se quejan de que las aduanas europeas son “un coladero”, donde no se vigilan ni precios de entrada ni cantidades en las importaciones agrícolas marroquíes. Que hay un fraude generalizado, denunciado por los propios servicios antifraude de la UE (OLAF).

Al final, los agricultores españoles se quejan de competencia desleal de Marruecos, que va a tirar los precios de nuestras frutas y verduras en Europa, donde exportamos 8.100 millones de euros (2011). El mayor daño lo tendrá el  aceite (exportamos 2.000 millones €), que ya sufre la caída de ventas y precios, con grandes excedentes. Luego se verán muy afectados los productores de naranjas (exportamos 864 millones a la UE), mandarinas (756), nectarinas (433) y fresa (575). Y  los productores de tomate (800 millones exportación a Europa), pimientos (547), pepino (273), calabacín (160) y ajo (148).

Al final, son 450.000 agricultores de frutas y hortalizas, más los del aceite, que venderán menos y a menos precio, lo que puede suponerles perder 3.500 millones €  al año. Y peligran unos 50.000 empleos (cada 1.000 Tm de tomate que se deja de exportar son 50 empleos), en Andalucía, Canarias, Murcia y Comunidad Valenciana, algunas ya con más del 30% de paro. Por eso, los agricultores piden más controles y compensaciones a la UE por este acuerdo, que van a denunciar ante el Tribunal europeo de Luxemburgo.

Teóricamente, este acuerdo beneficia a Marruecos y se ha vendido como “una ayuda a su desarrollo y democratización”. Pero los expertos destacan que la agricultura exportadora del país vecino gira en torno a grandes empresas, ligadas al rey marroquí y a empresas mixtas con europeos (incluso empresas españolas están plantando olivos en Marruecos). Y que no beneficia ni al pequeño agricultor marroquí ni a sus consumidores, ya que el país importa alimentos básicos para poder exportar otros a Europa.

A quien sí beneficia el acuerdo es a Francia, sobre todo, y a Alemania, Países Bajos y Gran Bretaña, que ahora podrán exportar mejor a Marruecos sus excedentes de cereales, leche, carnes y aceites de semilla. Por eso, Francia quiere extender este acuerdo a Túnez, Egipto y Jordania. También ganan los países del centro y norte de Europa, ya que no producen aceite, frutas y hortalizas y ahora las podrán consumir más baratas. Y Bruselas trata de ahorrarse ayudas a la Europa del sur, preparando ya los recortes de la PAC en 2013.

Los consumidores españoles también salimos ganando, en teoría, ya que los alimentos marroquíes van a tirar a la baja de los precios. Pero habrá que ver si la rebaja se traslada al consumidor, o aumenta el margen de la distribución: de hecho, pagamos los alimentos cinco veces más caros que el precio que recibe el agricultor, según el observatorio de COAG. Y hay  que pedir a esos mismos distribuidores que informen sobre lo que comemos: si compramos tomate, aceite, naranjas o fresas marroquíes, que sea sabiéndolo. Y sabiendo que contribuimos a cargarnos el campo español.

El problema es que llueve sobre mojado: este acuerdo con Marruecos se suma a la crisis del pepino (E.coli) y al aumento de importaciones agrícolas de terceros países, un proceso imparable que ha provocado una caída del 11 % del valor de la producción de frutas y verduras, un tercio de nuestra agricultura, donde la renta ha caído otro 4,5 % en 2011. Hay que tomárselo en serio y planificar el futuro. Y como consumidores, saber que o cuidamos a nuestros agricultores, eligiendo sus productos y su calidad, o desaparecerán. Nuestro campo se deteriorará (ellos cuidan el medio ambiente) y dependeremos de otros países para alimentarnos, con otro sabor y menos calidad  y seguridad. Podemos evitarlo.

Suben los alimentos y el campo en apuros

Si el petróleo ha subido un 50%, los cereales se han encarecido un 80% en menos de un año. La mayor demanda de alimentos y las malas cosechas han disparado los precios de los alimentos en el mundo, asfixiando a los ganaderos españoles, que pagan los piensos un 30% más caros mientras les bajan la leche y las carnes. Entre tanto, los agricultores ven bajar o apenas subir los precios que cobran, aunque en los supermercados sólo vemos alimentos más caros. Al final, el campo no despega, la renta agraria se estanca y los jóvenes huyen del campo. Y para colmo, Bruselas va a reformar la política agraria y nos recortarán subvenciones. El campo ve negro su futuro y comer será cada vez más caro.

Los precios de los alimentos, sobre todo los cereales (trigo, maíz, cebada, soja) y el azúcar, se han disparado en los mercados internacionales por cuatro factores: un mayor consumo de los países emergentes (China, África, Oriente Medio) , malas cosechas provocadas por sequías (Rusia, Brasil) o inundaciones (India,Pakistán,Australia), la crisis del petróleo (que ha derivado alimentos, como el maíz o la caña de azúcar, a producir etanol y biocarburantes) y la pura especulación (los alimentos y materias primas como alternativa de inversión). La FAO considera que los alimentos seguirán subiendo hasta 2015, por el aumento del consumo y porque el cambio climático (ya se ha dado un récord de temperatura en un tercio del planeta en 2010) va a seguir trastocando las cosechas. Y más cuando la población mundial crecerá de 6.000 a 9.000 millones de personas para el año 2050.Luego comer será cada vez más caro y difícil (por eso China está comprando tierras en Africa).

En España, el primer efecto de la subida de los cereales es que los piensos para el ganado han subido un 30%. Además, a los ganaderos les ha subido un 63% el gasóleo y un 9,8% la luz. Y no han podido repercutirlo en los precios que reciben, que incluso han bajado en 2010, según datos oficiales: cordero (-21,2 %), huevos (-17%),  aves (-5,2%), vacuno (-4,5%) y leche (-0,6%). Sólo subió el cerdo (+4,2%). En consecuencia, han caído la producción y la renta de los ganaderos en 2010, se han endeudado más y muchos han tirado la toalla (50.000 en los últimos 3 años). Tras un rosario de manifestaciones, Bruselas ha accedido a importar cereales sin arancel hasta junio y el Gobierno español acaba de aprobar un Plan de choque que incluye créditos blandos, ayudas fiscales y el adelanto del cobro de 1.700 millones de ayudas europeas para 800.000 beneficiarios, medidas que el sector considera insuficientes.

El resto del campo, los agricultores, no lo tienen mejor. Les han subido los costes (la luz, el gasóleo, un 45 % los fertilizantes) y no han podido trasladarlo a los precios. Por un lado, por la competencia de importaciones de terceros países, desde el tomate marroquí a la carne brasileña (81 euros/100 kilos de peso vivo frente a 240 € en España). Por otro, por la presión de la industria agroalimentaria y la distribución, que les imponen sus precios. Así, en aceite o en leche, se está vendiendo en hipermercados por debajo de coste. Y en el caso del azúcar, por ejemplo, las importaciones a precios desorbitados tienen que paliar el recorte de cuotas aprobado hace años por Bruselas (también para leche, carnes o aceite)  y que provoca que España sólo produzca medio millón de toneladas mientras consume 1,3 millones.De hecho, Portugal, también con recorte de cuotas, ya tuvo que racionar en diciembre la venta de azúcar a dos kilos por persona.

El campo no consigue subir precios y los consumidores pagamos más cara la comida. La razón hay que buscarla en la distribución, que multiplica por 4,3 los precios en origen, según estudios de los consumidores. Las organizaciones agrarias llevan años pidiendo contratos con industrias y distribuidores, para fijar precios y condiciones, y el Gobierno ha prometido sacar en abril un Decreto para empezar a negociarlo con la leche. Pero el sector agrario tiene que organizarse y crear centrales de venta, a través de las 4.000 cooperativas existentes, para conseguir que las tres cuartas partes del precio que pagamos no se lo lleven otros.

Con todo, el mayor problema del campo está en la reforma de la política agraria europea (la PAC) para 2014-2020, que se negocia en Bruselas y se espera aprobar en julio de 2011. El objetivo, sobre todo de Alemania, es gastar menos (ahora, las ayudas al campo se llevan el 40% del presupuesto de la UE), gastarlo de otra manera (que reciban más ayudas los nuevos países) y liberalizar los mercados (menos precios de garantía, menos cuotas y más importaciones de terceros países). España, el segundo país que recibe más ayudas (7.400 millones de euros), tras Francia, tiene mucho que perder. Y también nuestros agricultores, para los que estas subvenciones son un tercio de sus ingresos anuales.

Pero el futuro pasa por ahí: menos subvenciones, más importaciones, más competencia. El millón de explotaciones agrícolas y ganaderas tendrán que reconvertirse, profesionalizarse, concentrarse, modernizarse, organizar grupos potentes para comprar y vender. Será la reconversión del campo, un sector cuya renta se ha estancado en los últimos quince años, con la mitad de ingresos que en las ciudades y menos equipamientos. Y donde uno de cada tres agricultores tiene más de 65 años. Hay que defender su futuro, porque nos jugamos la comida, en un mundo donde los alimentos van a ser cada vez más caros y escasos.