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lunes, 9 de abril de 2018

El reciclaje, otra asignatura pendiente


La crisis nos ha dejado un duro legado de precariedad, pobreza y desigualdad, pero también más basura sin reciclar: si en 2008 no se reciclaba el 60%, ahora ha subido al 70%. España es el 9º país europeo que menos recicla, tras Grecia, Chipre, Malta y 5 países del Este. Y la Comisión Europea nos ha denunciado dos veces ante el Tribunal europeo de Justicia por nuestros vertederos ilegales. Europa acaba de aprobar unos objetivos más ambiciosos de reciclaje, pasando del 50% para 2020 (España no llega al 30%) al 65% en 2035 y exige a los países que incumplen con el reciclaje que tomen medidas urgentes. Entre ellas, subir las tasas a las basuras (un tercio más bajas en España) y fomentar la recogida separada, que es sólo el 18% del total. Hay que tomárselo en serio, con más fondos públicos y la colaboración de todos, porque también en cuestión de basuras “somos poco europeos. Crecer sí, pero que no nos coma la basura.


enrique ortega

El mundo no para de generar basura, más de 10.000 millones de toneladas al año, según la actualización de los últimos datos de la ONU. Y un 20% de esa basura son residuos urbanos, de los ciudadanos, que generan 228.000 toneladas de basura por hora. El gran problema es que un 70% de esa basura no se trata y acaba en gigantescos vertederos o en el mar, provocando una peligrosa contaminación y múltiples enfermedades. Así, un tetrabrik tarda 30 años en descomponerse, el plástico de 50 a 400 años, las pilas mil años y el vidrio 5.000 años. Cada vez preocupan más los plásticos, que ya ocupan en el Pacífico una superficie que triplica la de España, según Greenpeace. Y la “basura electrónica”: 44,7 millones de toneladas, según un estudio de UNU, de electrodomésticos, ordenadores, teléfonos y aparatos varios desechados al año y que en un 75% acaban en vertederos, la mayoría de África y Asia.

Si tomamos sólo la basura que se genera en el consumo urbano (la quinta parte del total), al margen de la basura generada por las industrias, la construcción, la minería o la energía, los países que más basura generan son los más grandes y poblados: China (300 millones Tm/año), EEUU (228), India (226), Brasil (62), Indonesia (59) y Alemania (50,5 millones Tm), según datos de Waste Atlas. Pero si miramos la basura generada por habitante, resulta que los que generan más residuos son los países más desarrollados: Canadá (777 kg/habitante al año), EEUU (734 kg/hab), Suiza (730), Dinamarca (758), Alemania (618), Irlanda (586), Austria (566), Francia y Grecia (509), Italia (488), Finlandia y Reino Unido (482kg/hab).

España genera menos basura por habitante que la mayoría de países europeos: 466,4 kilogramos en 2015, según los últimos datos del INE, por debajo de la media europea (475 kilogramos/habitante al año). Durante la crisis ha caído la generación de residuos (menos consumo, menos basura), pero en 2015 ha subido un 1,6% y se espera que también haya subido en 2016 y 2017. Pero lo más preocupante es que el 55% de esta basura no se trata y se deposita en vertederos, frente al 28% de basura que no se trata en la UE. Y la causa principal es que la mayoría de la basura que generamos está mezclada y sólo un 18% de los residuos están “separados”, lo que dificulta su tratamiento.

En consecuencia, también en esto de la basura “Spain is different. Si en toda Europa se recicla casi la mitad de la basura (un 45,8% en 2016), en España se recicla menos de la tercera parte (el 29,7%), según Eurostat. Y somos el 9º país de Europa que menos recicla, sólo por detrás de Malta (7,1%), Rumanía (13,3%), Grecia (17%), Chipre (17,2%), Croacia (21,2%) , Eslovaquia (23%), Letonia (25,2%) y Estonia (28,1%). Todos ellos incumplen de lejos el objetivo de Europa para 2020: reciclar el 50% de las basuras. Pero hay cinco países, curiosamente los más desarrollados y ricos, que ya en 2016 cumplían ese objetivo europeo de reciclaje: Alemania (recicla el 66,1% de la basura), Austria (57,6%), Eslovenia (54,1%), Bélgica (53,5%) y Holanda (53%). Y casi cumplen Suecia (48,9%) y Dinamarca (47,7%).

Lo peor de España no es sólo que esté muy lejos de cumplir el objetivo europeo de reciclar la mitad de las basuras. Es que, con la crisis, hemos ido para atrás en el reciclaje. Así, en 2008, España reciclaba el 39,7% de las basuras (más que la UE-28, que reciclaba el 36,5%) y ahora es un 10% menos (29,7%), muy por debajo de la UE (45,8%), según Eurostat. Esto se debe, a que los Ayuntamientos han contado estos años con menos recursos para el reciclaje y a que los particulares nos hemos descuidado más, aunque haya menos basura.

La caída en el reciclaje ha agravado el problema de los vertederos, donde acaba el 55% de toda la basura urbana, cuando el otro objetivo europeo es que sólo llegue el 35% (para 2020). Ya en octubre de 2008, la Comisión Europea emitió un primer dictamen sobre España alertando de que teníamos 300 vertederos ilegales. El Gobierno Zapatero se comprometió a “clausurar y restaurar estos vertederos antes de 2011”, pero llegó la crisis y los recortes y no se hizo. En septiembre de 2014, Bruselas emitió otro dictamen donde requería a España para que actuara contra 63 vertederos incontrolados, muchos sin funcionar, que eran una amenaza para la salud y el medio ambiente. Finalmente, en 2015, la Comisión Europea constató que los vertederos seguían ahí y llevó a España, junto a otros 10 países europeos, ante el Tribunal Europeo de Justicia (TJUE), que en febrero de 2016 emitió su primera condena contra España por 30 vertederos ilegales. Y el 15 de marzo de 2017, el Tribunal emitió una segunda condena contra España, por otros 61 vertederos ilegales (ver listado), situados en Castilla y León (26), Canarias (25), Castilla la Mancha (5), Murcia (3), Baleares y Andalucía (1).

Ahora, la Comisión Europea puede pedir al TJUE que imponga una multa a España por no clausurar estos vertederos, como ya hizo con Italia (42 millones euros) y Grecia (10 millones). El Gobierno Rajoy ha alegado la crisis y los recursos judiciales de los propietarios para justificar que no se hayan clausurado, insistiendo en que llevan años cerrados. El problema, alega Bruselas, es que estos vertederos ilegales son bombas de efectos retardados, porque pueden provocar incidentes (como el fuego en Seseña, Toledo) y porque sufren procesos de descomposición que pueden contaminar la atmósfera y las aguas subterráneas. Por ello, exigen Planes de cierre y tratamiento a 30 años vista, que la mayoría no tienen.

España tiene tantos vertederos ilegales y otros muchos “legales” porque recicla mucho menos, por un problema de origen (la mayoría de los residuos, el 82%, no se separan y están mezclados) y porque no se invierte suficiente en el tratamiento de residuos. Pero además, las plantas de reciclaje de basura funcionan mal, según el informe de la Comisión Europea. España ha invertido unos 5.000 millones de euros (la mayoría, aportados por Europa) en construir enormes plantas procesadoras de residuos, 118 en toda España, que concentran en un solo punto los desechos de provincias enteras, mientras en Europa se puesta por plantas más pequeñas. Y además, las macro-plantas españolas son poco eficaces, según Bruselas, porque su tasa de recuperación es bajísima: en las mejores, apenas llaga al 5%, con lo que el 95% restante acaba en los vertederos, que proliferan por doquier.

Otro problema señalado por la Comisión es que España no hace una correcta recogida selectiva de materia orgánica y por ello “contamina” la mayoría de los materiales recogidos. Y así, no se puede reciclar correctamente el cartón, el vidrio o los plásticos con grasa, con lo que después del alto coste de intentar procesar esta basura, no se puede reciclar y vender, con lo que acaba en los vertederos.

Y no es sólo la basura “tradicional” la que se recicla poco y mal. España gestiona también mal la basura electrónica (aparatos eléctricos y electrónicos), de la que generamos 20,1 kg por habitante, más que Europa (16,6 kg/hab) y más del doble que la media mundial (6,1 kg/hab), según la UNU y la UIT. Aquí, el porcentaje de reciclado es menor, el 25% (frente al 35% de media en la UE) y el 75% restante se gestiona de forma inadecuada, según señala la Comisión Europea: se tira a vertederos, se exporta ilegalmente a países de África y Asia o se trata de forma irregular para extraer piezas y materiales. Y todo ello es doblemente criticable si sabemos que se nos cobra a los consumidores una tasa (de 5 a 30 euros), al comprar un electrodoméstico o un ordenador, para su futuro reciclado. Se trata de un fraude generalizado en España, porque los fabricantes sólo destinan un 20% de estos ingresos al reciclaje, según estimaciones de Bruselas.

La Comisión Europea aprobó en 2008 una Directiva sobre gestión de residuos, con el doble objetivo de que los países reciclaran el 50% de su basura y sólo el 35% fuera a vertederos en 2020. Ahora, el 23 de febrero de 2018, la Comisión Europea ha aprobado unos objetivos más ambiciosos para el futuro: subir el reciclaje al 55% en 2025 y al 65% en 2035. Con lo que si España incumple de lejos hoy el objetivo de reciclar el 50% (recordemos: se recicla el 29,7% de los residuos urbanos), tendrá muy difícil cumplir los objetivos para 2025 y 2035. Y sobre todo algunas autonomías, más retrasadas en el reciclaje que el resto, como Canarias, Galicia y Madrid, que reciclan menos del 20% de sus residuos urbanos.

La Comisión Europea ya alertó en 2017 a España y otros 7 países europeos para que “redoblaran sus esfuerzos en reciclaje”. En su informe, de 7 febrero 2017, Bruselas señalaba ya los problemas que tiene España: insuficiente recogida selectiva de residuos, gestión insuficiente de los bioresiduos,  falta de incentivos para el reciclado, insuficientes sistemas para que el productor de los envases afronte su responsabilidad y falta de coordinación entre el Gobierno central, las autonomías y los ayuntamientos, que son los que tienen la competencia en la gestión de residuos, con escasos medios y poca financiación.

En este informe de 2017, la Comisión Europea planteó a España algunas medidas a tomar, que el Gobierno Rajoy no acaba de aplicar. La primera y fundamental, introducir un impuesto nacional sobre los vertidos o armonizar los impuestos regionales. La idea es simple: se necesita dinero para apoyar la recogida selectiva de basuras y el reciclado y ese dinero debe pagarlo quien genera la basura: comercios, bares y restaurantes, negocios y particulares. Hoy por hoy, las tasas de vertidos que se pagan en  España son la tercera parte que las europeas: entre 30 y 40 euros/Tm frente a 90/120 euros en Europa, según el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.  Y además, cada autonomía tiene impuestos diferentes sobre los vertidos (sólo Cataluña cobra además un segundo impuesto, por incineración de las basuras) e incluso hay 6 autonomías que no cobran los vertidos (Castilla la Mancha, Baleares, Canarias, País Vasco, Navarra y Galicia).

Curiosamente, hasta noviembre de 2017 no hubo un acuerdo entre el Gobierno español y las autonomías para “homogeneizar al alza” el impuesto sobre vertidos de basuras e incineración de residuos (copiando el de Cataluña), pero aún no ha entrado en vigor.

Otra recomendación de la Comisión Europea a España, en 2017, fue mejorar la recogida selectiva de basuras (introducir programas “puerta a puerta”), con planes específicos de “bioresiduos” (5º contenedor con llave), residuos textiles y basura electrónica,  exigiendo que todas las autonomías tengan Planes de gestión de residuos (faltan algunos). Y una tercera son medidas para implicar a los fabricantes en la reducción de envases y la producción de envases biodegradables, sobre todo en la alimentación y la hostelería. Además de frenar los plásticos, exigiendo el cobro de las bolsas de un solo uso (el decreto fija cobrarlas desde el 1 de marzo, pero faltan trámites legales y no se sabe cuándo se va a aplicar de verdad).

El Gobierno Rajoy no se toma el problema de los residuos como una cuestión de Estado, como debería ser. En noviembre de 2015 aprobó un Plan estatal marco de Gestión de Residuos (PEMAR) 2016-2022, por exigencias de Bruselas y para intentar coordinar las políticas de residuos de las autonomías. Y en febrero de 2018 acaba de aprobar la Estrategia de Economía Circular 2018-2020, que podría entrar en vigor en mayo, pero a la que le faltan recursos, como siempre (todo sea por recortar el déficit): de los 837 millones presupuestados, sólo el 3,4% de los fondos (29 millones en 4 años) serán para gestión de residuos. Una miseria, cuando los Ayuntamientos y las autonomías andan faltos de dinero para todo y también para fomentar la recogida selectiva de basuras y el reciclaje.

Un país moderno genera mucha basura pero tiene que buscar sistemas para reciclarla y que no contamine. Eso cuesta dinero y tienen que pagarlo quien genera la basura, desde el fabricante al consumidor, que debe concienciarse más para separar y generar menos basura. No podemos tener un país de vertederos, como si fuéramos el Tercer Mundo. Somos “un punto negro” en Europa y deberíamos volcarnos en ser un país más limpio, consumiendo de otra manera y reciclando más. Crecer sí, pero que no nos coma la basura.  

jueves, 20 de abril de 2017

España, un país de vertederos que no recicla


El Gobierno Rajoy lleva meses empeñado en la reforma de los puertos, argumentando que lo exige Europa y esgrimiendo la amenaza de multas. Pero no dice que el Tribunal de Justicia de Luxemburgo acaba de condenar a España por tener 61 vertederos ilegales, tras otra condena en 2016 por otros 30 vertederos ilegales. Y en unos meses pueden llegar las multas, porque Bruselas lleva desde 2008 advirtiendo a España de que no acaba con los vertederos ilegales. En paralelo, la Comisión Europea cree que la gestión de residuos y el agua son los dos graves problemas medioambientales de España, que tiene muchos vertederos porque recicla menos basura que Europa y las plantas de tratamiento de residuos son poco eficientes. Bruselas propone a España que introduzca un impuesto sobre vertidos, que coordine la gestión de residuos de las autonomías y que fomente la recogida selectiva, concienciando a las familias a separar y reciclar. Urge tomar medidas para que la basura no nos coma.


              Vertedero en barranco de Jagua ( Santa Cruz de Tenerife)                                         La Opinión

La basura creciente es un grave problema en todo el mundo y también en España, donde generamos casi 500 kilos de residuos por persona y año (495 kilos), según un estudio de la Fundación para la Economía Circular. Algo más de la mitad (52,1%) procede de los domicilios y otro 40% del comercio, los servicios, oficinas y centros públicos. La mayoría son biorresiduos (40%), seguidos de papel/cartón (20%), plásticos (10%) y vidrio (5%). Y del total de residuos, un 80% los gestionan los Ayuntamientos y el 20% empresas y entidades privadas.

Con todo, España ha reducido los residuos municipales durante la crisis, de 578 kilos/habitante en 2007 a 435 kilos/habitante en 2014, por debajo de la media europea (475 kilos/habitante/año), según el último informe de la Comisión Europea. Pero tenemos un problema estructural: España recicla mucho menos que Europa (33% frente al 43%) y por eso lleva mucha más basura a los vertederos (un 55% de la basura, frente al 28% en Europa). Y eso hace, además, que haya muchos vertederos ilegales en España.

Europa aprobó en 2008 una Directiva sobre gestión de residuos, con el objetivo de que los paises europeos reciclaran el 50% de su basura para 2020 y el 35% a vertederos, dos objetivos que España incumple con creces (33% y 55%). Ya en octubre de 2008, la Comisión Europea emitió un primer dictamen sobre España alertando de que tenía 300 vertederos ilegales. El Gobierno español (entonces Zapatero) se comprometió a “clausurar y restaurar estos vertederos antes de 2011”, pero la crisis y los recortes lo postergaron, con lo que Bruselas emitió otro dictamen complementario, en septiembre de 2014, en el que se instaba a España a actuar contra 63 vertederos incontrolados: muchos de ellos no funcionaban ya pero eran una amenaza para la salud y el medio ambiente. Finalmente, en 2015, la Comisión Europea constató que los vertederos seguían sin restaurarse y llevó a España ante el Tribunal Europeo de Justicia (TJUE), al que también había denunciado por sus vertederos a Italia, Grecia, Portugal, Croacia, Chipre, Hungría, Irlanda, Eslovenia, Malta y Portugal.

En febrero de 2016, el Tribunal Europeo de Justicia (TJUE) emitió su primera condena contra España por 30 vertederos ilegales que seguían en activo o no se habían sellado correctamente. Y ahora, el 15 de marzo de 2017, el TJUE ha emitido una segunda condena contra España, por otros 61 vertederos ilegales (ver listado) situados en Castilla y León (26), Canarias (25), Castilla la Mancha (5), Murcia 83), Baleares (1) y Andalucía (1). El Tribunal dictamina que “España no ha aplicado las medidas necesarias para asegurar que la gestión de residuos se realice sin poner en peligro la salud humana y sin dañar el medio ambiente, en particular sin crear riesgos para el agua, el aire, el suelo, la flora o la fauna”. Ahora, la Comisión Europea puede pedir al Tribunal europeo que imponga una multa a España por no clausurar bien estos vertederos, como ya hizo con Italia (42 millones) y Grecia (10 millones).

El Gobierno Rajoy ha alegado la crisis y recursos judiciales de los propietarios para justificar que no se hayan clausurado estos vertederos ilegales, insistiendo en que llevan años cerrados. Pero el problema, alega Bruselas, es que estos vertederos son “bombas de efectos retardados”, que una vez cerrados deben ser vigilados y tratados. No sólo porque pueda haber incidentes (como el fuego en el vertedero de Seseña, Toledo), sino porque sufren procesos de descomposición que pueden contaminar la atmósfera y las aguas subterráneas. Incluso aunque se les cubra con una capa de polietileno o con una barrera de arcilla, es habitual que se “pinchen” por los gases emitidos y los movimientos del terreno. Así que debe haber Planes de cierre y tratamiento de estos vertederos  a 30 años vista, algo que la mayoría no tienen.

España tiene muchos vertederos ilegales porque recicla poco (un 33% frente al 40% la UE) y porque las plantas de reciclaje funcionan mal, según el informe de la Comisión Europea. España ha invertido unos 5.000 millones de euros (una buena parte, fondos europeos) en construir enormes plantas procesadoras de residuos, 118 en toda España, que concentran en un solo punto los desechos de provincias enteras, mientras en Europa se apuesta por plantas más pequeñas. Las macroplantas españolas son poco eficaces, según Bruselas, porque su tasa de recuperación es bajísima: en las mejores apenas llega al 5%, con lo que el 95% de la basura restante acaba en los vertederos, que así proliferan por doquier. Otro problema señalado por la Comisión es que como España no hace una correcta recogida selectiva de materia orgánica y así contamina la mayoría de los materiales recogidos. Y así, no se puede reciclar el cartón, el vidrio o los plásticos con grasa y después del dinero que cuesta procesar esta basura, no se puede vender y acaba en los vertederos.

Ya no es sólo la basura tradicional la que se recicla poco y mal. España también gestiona mal  la "basura electrónica", de la que generamos 17,8 kilos al año, más del doble de la media mundial (7 kg/persona). Según la Comisión Europea, el 75% de estos residuos de aparatos eléctricos y electrónicos “no se gestionan de forma adecuada”, lo que supone un peligro para la salud y el medio ambiente, además de ser un fraude a los consumidores: al comprar un ordenador o un electrodoméstico, ya pagamos entre 5 y 30 euros por su futuro reciclado. Y según estimaciones de Bruselas, los fabricantes sólo destinan un 20% de esos ingresos al reciclaje. Según datos de Eurostat, España sólo recicla el 25% de los aparatos electrónicos, frente al 355 de media en la Unión Europea. Y muchos acaban también en los vertederos o exportados ilegalmente para extraerles los componentes de valor.

La Comisión Europea cree que España tiene un buen marco legislativo para mejorar su política de residuos, el Plan estatal marco para la Gestión de Residuos (PEMAR), aprobado en 2016, pero cree que falta una mayor coordinación entre el Gobierno central y las autonomías, que tienen las competencias de medio ambiente, cada una con su política, sus objetivos y sus medios. Por eso, Bruselas pide mayor coordinación y más medios para la gestión de residuos, con dos objetivos claros: producir menos residuos y gestionarlos mejor. Para conseguir más recursos, la Comisión Europea propone a España, en su informe medioambiental de febrero, que cree un impuesto nacional sobre residuos, para destinar este dinero extra a mejorar la recogida selectiva de basura y las plantas de reciclaje. Y además, generalizar la responsabilidad al productor, para que las industrias utilicen sistemas de envasado que reduzcan los residuos y faciliten su tratamiento, penalizando a los que no lo hagan.

Al final, los impuestos y tasas a los que generan basura han sido y son muy bajos en España, lo que ha facilitado la generación de residuos y dificultado su tratamiento. La Comisión Europea insiste que España debe utilizar más los impuestos para mejorar el medio ambiente, penalizando a los que emiten residuos y a los que no reciclan. Y reiteran la necesidad de educar a los consumidores en el reciclado y separación de los residuos orgánicos, con un aumento de la recogida puerta a puerta, para facilitar el reciclado posterior de residuos. No es sólo cuestión de dinero y de impuestos, también de educación: nosotros y nuestros hijos debemos aprender que la basura es un problema y hay que colaborar para reciclarla, en beneficio de la salud y el medio ambiente. Y que no podemos llenar el país de vertederos y escombreras, más propios del subdesarrollo que del siglo XXI. Que no nos coma la basura.