Dependencia: un derecho pendiente tras 19 años

Mucha gente protesta por los problemas en sanidad, educación, vivienda o transportes. Pero no hay un clamor social para mejorar la situación de los mayores dependientes, que esperan años para recibir ayudas ridículas: hay 258.167 dependientes esperando que les valoren o recibir una ayuda reconocida. Y como son muy mayores, 32.704 fallecen cada año sin ser atendidos (90 cada día). Un dato escandaloso, que refleja los graves problemas de la Dependencia, tras 19 años de vigencia de la Ley. Problemas causados por  la falta de financiación del Estado y las autonomías, que reaccionan (desigualmente) a la falta de recursos con retrasos y ayudas “low cost” (264,55 euros mensuales de media a las familias con un dependiente). Los Directores de Servicios Sociales proponen un Pacto para gastar el doble en Dependencia y reducir en dos años las listas de espera, ofreciendo ayudas dignas. Un reto urgente y necesario, porque aumentarán los dependientes: si ahora hay 3 millones de personas con más de 80 años, en 2050 serán 6 millones. Ayudémosles.

                             Enrique Ortega

El pasado 1 de enero se cumplieron 19 años de la entrada en vigor de la Ley de Dependencia, la 4ª pata del Estado del Bienestar (tras la sanidad, la educación y las pensiones), que regula las ayudas públicas a los dependientes, en su mayoría mayores. Tras estos años, el balance de la Ley es agridulce, como reflejan dos datos: se han atendido a más de 4 millones de dependientes, pero 900.000 dependientes mayores han muerto sin recibir ninguna ayuda, por el retraso en los expedientes o en la concesión de ayudas y servicios. Los expertos consideran que la Ley de Dependencia nos ha concedido un nuevo derecho pero que está pendiente de ser efectivo, por falta de financiación, exceso de burocracia, escasa cuantía de las prestaciones y servicios “low cost” de baja calidad, que además son muy desiguales por autonomías, según donde vivan los dependientes.

El gran problema de la Ley de Dependencia, que entró en vigor el 1 de enero de 2007, es que aprobó derechos para los dependientes y sus familias pero no aseguró la financiación necesaria para cumplirlos. Y tras la crisis financiera y de la deuda, los dependientes sufrieron duramente los recortes impuestos por Bruselas y Rajoy: se estima que la financiación a la Dependencia se redujo -6.321 millones entre 2012 y 2020, con una baja aportación del Estado central y las autonomías. En 2021, el Gobierno Sánchez aprobó un Plan de choque para la Dependencia, aportando 600 millones extras al año en 2021, 2022 y 2023, además de aumentar los Presupuestos: la inversión del Estado en Dependencia alcanzó los 3.478 millones en 2024, el triple que en 2014 (1.130 millones). Las autonomías aumentaron algo su aportación, pero varias aprovecharon el aumento del Estado para aportar menos. Y en 2025, tras dos años sin Presupuestos, la financiación pública a la Dependencia apenas aumentó: se destinaron 13.506 millones de euros, el 0,8% del PIB, la mitad del gasto medio que hacen los paises europeos, según los Directores de Servicios Sociales (DGSS).

Casi dos tercios de esta financiación pública a la Dependencia (el 60,5%) procedió en 2025 de las autonomías, mientras el Estado central aportó el 39,5% restante, aunque la Ley fijaba que el reparto iba a ser 50%/50% (en 2009, antes de los recortes, el Estado central aportaba el 52,5%). Pero la mayoría de las autonomías no tienen a la Dependencia como una prioridad y por eso gastan poco y de forma muy desigual. De hecho, en 2025, hubo 9 autonomías que recibieron del Estado Central menos recursos que en 2024 porque incumplieron los compromisos de gestión acordados: Aragón (-8,3 millones), Castilla y León (-5,8), Madrid (-3,6), Canarias (-2,3), Castilla la Mancha (-1,3), Cataluña (-1,18), Baleares (-899.000 euros), Asturias (-363.000 euros) y Murcia (-323.000). Y hay una gran diferencia regional en el gasto en dependencia por habitante: gastan más que la media (6.015 euros anuales) la Rioja (7.537 euros/habitante), País Vasco (6.567) y Castilla la Mancha (6.432 euros), mientras están a la cola del gasto Aragón (4.020 euros/habitante), Asturias (4.045), Ceuta y Melilla (4.418) Castilla y León (4.418), Madrid (5.821) y Cataluña (5.918 euros/habitante).

Ante una escasa financiación, mientras crecen los dependientes (por el envejecimiento de la población), las autonomías (que gestionan la Dependencia)  llevan casi dos décadas utilizando 2 vías de salida, dos “trucos” para conseguir que el sistema medio funcione: retrasar la concesión de las ayudas y dar servicios más baratos (“low cost”) para atender con poco dinero a más dependientes: en 2025 había 1.677.042 dependientes atendidos con ayudas, más del doble que en 2011 (752.005). Veamos cómo lo hacen.

Por un lado, retrasan la entrada de nuevos dependientes, multiplicando la burocracia en un proceso larguísimo para reconocer las ayudas: revisión documentos e informes, valoración de cada persona, valoración provisional, resolución de grado de dependencia (I, II y III, los dependientes más graves), trámite para proponer una ayuda o servicio, cálculo de los ingresos y lo que tendrá que pagar el dependiente (copago), resolución y entrega de los servicios, que aún se retrasan porque los han de prestar los Ayuntamientos (más demora). En total, la tramitación de un expediente, desde que se solicita la ayuda hasta que se concede son 341 días de media, según los Directores de Servicios Sociales, cuando la Ley fija un plazo máximo de 180 días. Y hay una gran desigualdad de plazos por autonomías: tres superan el año (559 días Murcia, 496 días Andalucía y 430 días Canarias), mientras sólo 6 autonomías cumplen la Ley (113 días tardan los expedientes en Castilla y León, 129 en el País Vasco,141 en Aragón, 151 en Ceuta y Melilla, 165 en Castilla la Mancha y 174 en La Rioja).

Pero los retrasos no acaban ahí. A veces, las autonomías revisan un expediente ya aprobado, para modificar el grado. En total, a finales de 2025 había 109.260 expedientes pendientes de valoración, con los dependientes y sus familias esperando… Y hay otro retraso posterior, también para reducir el gasto: no dar las ayudas a los dependientes que las tienen reconocidas: a finales de 2025 había 148.907 dependientes (+6.461 que en 2024) “en lista de espera” para recibir una ayuda o servicio que ya tienen reconocido. Es lo que se llama “el limbo” de la Dependencia y afecta al 8,3% de los dependientes reconocidos, un porcentaje que es mucho mayor en algunas autonomías, las peor gestionadas: Canarias (28,6% de los dependientes con derecho reconocido no reciben ayudas ni servicios), País Vasco (15%), Cataluña (13,4%), Murcia (13,3%), Extremadura (11,9%), Baleares (10,1%) y Ceuta y Melilla (10,6%). Y que es bajo en Aragón (sólo el 1,3% dependientes en el limbo), Galicia (1,5%), Cantabria(2,3%), Navarra (3,4%), Asturias (3,9%) y Castilla y León (4%).

Sumando los expedientes pendientes de valoración (109.260) y los dependientes reconocidos que esperan la ayuda o servicio (148.907 en el limbo), da un total de 258.167 dependientes “desatendidos” a finales de 2025, según el estudio de los Directores de Servicios Sociales (DGSS). Una cifra que baja algo cada año pero que se mantiene demasiado alta. Y la peor consecuencia es que muchos de los dependientes desatendidos son muy mayores (4 de cada 5 tienen más de 80 años) y se mueren antes de que les reconozcan las ayudas o se las concedan: el reciente estudio de DGSS cifra en 32.704 los dependientes que murieron en 2025 esperando que les valorasen (17.994) o que les llegue la ayuda o servicio reconocido (otros 14.710 fallecidos). Son 90 muertes diarias, el gran fracaso del sistema de Dependencia.

El otro camino (junto a los retrasos) que utilizan las autonomías para afrontar la falta de financiación es conceder ayudas y servicios baratos (“low cost”) para poder “atender” así a más dependientes (en las estadísticas). La principal ayuda que conceden son las prestaciones económicas por cuidados familiares, que reciben ahora 728.851 familias (el 45% de los dependientes atendidos) por cuidar ellos a sus dependientes en casa. Y la ayuda es ridícula: 262 euros al mes de media (385 para los Dependientes de Grado III, que necesitan ayuda 24 horas…). Y encima, hay varias autonomías que pagan mucho menos de media: 171 euros Navarra, 185 Asturias, 200 euros Castilla y León, 203 Cantabria, 221 Aragón, 223 euros mensuales Extremadura. Y la que más paga Galicia, son 377 euros.

La 2ª ayuda más concedida es la teleasistencia, la más barata, que reciben 628.736 dependientes, el 55% de los dependientes atendidos en su domicilio (hay autonomías como Madrid donde el 51% de los dependientes graves son “atendidos” con teleasistencia). Además de ser “vergonzoso” que la teleasistencia se considere como una “ayuda”, en 2023 se aprobó un Decreto para que la teleasistencia llegara al 100% de los dependientes, pero todas las autonomías lo incumplen.

Otro servicio que se concede es la ayuda a domicilio (71.028 prestaciones), más una ayuda sobre el papel que real, por su escasa intensidad: la media son 37,5horas al mes, lo que supone una media de 1,24 horas diarias (2 horas y 15 minutos diarios para los grandes dependientes…). Y aquí hay también una gran desigualdad en las autonomías: en Navarra se ofrecen 76,9 horas al mes o 53,5 en Galicia, mientras sólo se conceden 18,6 horas al mes (37 minutos diarios) en Aragón, 24,8 en el País Vasco o 25,6 en Castilla la Mancha y Cataluña. Y casi todas las autonomías incumplen las horas mínimas que fijó el Decreto de 2023 (37 horas para Grado I, de 38 a 64 para Grado II y de 65 a 94 para Grado III).

Seguimos con otros servicios, los más caros y que menos se conceden. Uno son los centros de día (que sólo se conceden a 33.701 dependientes). Y el otro, la atención residencial (la tienen 108.015 dependientes), una ayuda para que el dependiente vaya a una residencia (si la encuentra: faltan 90.000 plazas). La ayuda supone entre 549,8 euros al mes (Grado II) y 566,9 euros (Grado III), subvención que sólo paga un tercio del coste real de la residencia. Y lo mismo pasa con otras prestaciones por servicio: la autonomía da una ayuda (un cheque) y las familias “se buscan la vida” para contratar el servicio con una empresa o cuidadora y paga la diferencia. Son los famosos “copagos” que pagan las familias. En conjunto, del coste total de los servicios de la dependencia (11.847 millones en 2025, el resto hasta los 13.506 millones es el coste de gestión), las familias pagan ya 2.326 millones, casi el 20%.

Como se ve, tras 19 años, el sistema de la dependencia “hace aguas”: mantiene a muchos dependientes en lista de espera y los que reciben ayudas, son mínimas y sus familias tienen que buscarse ayuda por su cuenta (contratar una cuidadora) o dejar de trabajar para atender a padres, hijos o familiares dependientes (el 72,3% de los cuidadores familiares son mujeres), lo que trunca sus carreras profesionales. Por eso, expertos como los Directores de Servicios Sociales (DGSS) dicen que la Dependencia “es un derecho pendiente”, que está sobre el papel (la Ley) pero que no se cumple con eficacia tras 19 años. Y que a este ritmo, tardaríamos 20 años en acabar con las listas de espera de la Dependencia.

En diciembre de 2016, los Directores de Servicios Sociales (DGSS) consiguieron que la mayoría del Parlamento (salvo el PP y PNV) firmaran un Pacto por la Dependencia, para mejorar su financiación y sus resultados. Pero ha sido papel mojado. En febrero de 2025, el Gobierno aprobó una reforma de la Ley de Dependencia que está parada en el Congreso. Esta reforma mejora algunos de los problemas actuales de la dependencia, según reconocen los expertos de DGSS, pero tiene un problema de fondo: no asegura más financiación para la Dependencia. Por eso, los Directores de Servicios Sociales hacen varias propuestas: duplicar la financiación a la Dependencia (aportar a medio plazo el 2% del PIB, 32.000 millones frente a los 13.500 millones de gasto en 2025), simplificar los trámites y la burocracia, mejorar la calidad y cuantía de las ayudas y servicios, universalizar la teleasistencia, reformar las residencias y mejorar la economía de los cuidados, con más personal y mejores salarios.

Además, lanzan otra propuesta: aprovechar que este año 2026 se cumplen los 20 años de la Ley de Dependencia para alcanzar un nuevo Pacto por la Dependencia, con 5 puntos: aumentar la aportación del Estado hasta el 50% del coste total, reducir  a cero en dos años las listas de espera (el “limbo” de la Dependencia), aprobar medidas para mejorar la intensidad y la calidad de los servicios apoyando más a las familias, comprometerse a que no se recortará la Dependencia y que los cambios se aprobarán por Ley y apostar por una mayor transparencia, para conseguir una información actualizada y completa, con mayor seguimiento y control.

En las actuales circunstancias políticas, será difícil conseguir este Pacto por la Dependencia, pero es una necesidad urgente, porque la población española envejece y aumentarán año tras año los mayores dependientes. De hecho, hoy hay 3 millones de personas con más de 80 años (el 6% de la población), que acabarán necesitando ayuda, pero en 2050 habrá ya 6 millones con más de 80 años (el 11%) y necesitaremos un sistema de Dependencia que sea eficaz y no tenga listas de espera ni servicios low cost. O nos preparamos desde ahora, con financiación, personal, medios, ayudas y centros de atención (distintos, por favor, a las siniestras residencias actuales) o la Dependencia será uno de los grandes dramas de las familias este siglo. Y, sobre todo, una losa para las mujeres.

Dependencia: más beneficiarios "low cost"

Año nuevo, problemas viejos: hay 310.951 dependientes, ancianos y discapacitados, que tienen reconocida una ayuda, pero no la reciben por falta de recursos públicos. Están en “lista de espera”, pero muchos morirán sin recibirla (100 ancianos al día). Y aunque las nuevas autonomías han recortado las listas de espera desde 2015, la mejora tiene “truco”: dan prioridad a los dependientes “moderados” (más baratos) frente a los graves: de 38.189 dependientes que salieron de las listas en 2017, sólo 1.567 eran graves. Y otro “truco”: se opta por darles ayudas baratas, como la tele asistencia, antes que una residencia. Y todo porque, tras los recortes de 2012, la Dependencia ha perdido 4.000 millones. Ahora, el Gobierno Rajoy presume que sube la aportación para 2018 (+63 millones), pero paga por dependiente un tercio menos que en 2012. Urge un Plan de choque para acabar con las listas de espera y asegurar ayudas dignas a 1.265.000 dependientes. Costaría 2.700 millones extras al año. Hay que sacarlos como sea. Nuestros ancianos lo merecen.

enrique ortega

En enero, la Ley de Dependencia cumplió 11 años, con los mismos problemas para financiarse que siempre, aunque las nuevas autonomías, gobernadas mayoritariamente por la izquierda, han hecho un mayor esfuerzo desde 2015. Así, en 2011, cuando Rajoy llegó a la Moncloa, había 752.005 dependientes con ayuda y cuatro años después, en 2015, sólo se habían ganado 44.109 (hasta 796.109 beneficiarios). En los dos últimos años, los beneficiarios  han aumentado el triple (+158.722), hasta los 954.831 a finales de 2017, según los datos del IMSERSO. Un avance que no puede esconder el grave problema de la Dependencia, las “listas de espera”: ancianos y discapacitados que tienen oficialmente reconocida una ayuda, pero que no la reciben por falta de recursos públicos para dársela. A finales de 2017, eran todavía 310.120 dependientes en “lista de espera”, 1 de cada 4 dependientes (el 24,5%), un dato escandaloso aunque la lista se haya reducido un 19,3% en los dos últimos años (había 384.326 dependientes “en espera” a finales de 2015).

La “lista de espera” de la Dependencia es grave por dos razones. Una, porque es muy desigual por autonomías y en algunas es mucho más escandalosa, como es el caso de Cataluña (el 37,10% de los dependientes reconocidos no recibe ayuda), Canarias (36,62%), la Rioja (32,25%), Andalucía (31,81%) y Extremadura (27%), mientras hay otras donde casi no hay problema, como Castilla y León (sólo el 1,41% dependientes “en espera”), Ceuta (5%), Melilla (5,28%), Murcia (13,54%) y Asturias (13,85%). Y la otra, más preocupante, porque la mayoría de los dependientes tienen más de 80 años (el 54,5%) y muchos se mueren antes de que les llegue la ayuda que tienen oficialmente reconocida. Así, en 2016, hubo 40.647 dependientes en lista de espera que murieron sin recibir la ayuda, según los cálculos de los Directores y gerentes de Servicios Sociales. Y en 2017 estiman que habrán muerto sin recibir la ayuda otros 34.000, una media de 100 dependientes al día de la lista de espera.

La “lista de espera” se ha reducido en 38.189 dependientes durante 2017, pero esta reducción tiene “truco”: las autonomías, que gestionan la Dependencia, han optado por dar prioridad a los dependientes más moderados (Grado I), que son “más baratos”, para así recortar más la lista de espera, relegando a los dependientes grandes (Grado III) y severos (Grado II), que son más caros de atender, según han denunciado los Directores y Gerentes de Servicios Sociales. Las estadísticas del IMSERSO son muy evidentes: de los 38.189 dependientes que han salido de las listas de espera, sólo 1.567 son dependientes más graves (Grado III y II) y la casi totalidad (36.622) son dependientes moderados (Grado I). Así que encima de ser los ancianos y discapacitados que más necesitan ayuda, son los que tienen menos prioridad al reducir las listas de espera.

Pero hay otro “truco más”, este para aumentar los beneficiarios de las ayudas (+158.722 entre 2016 y 2017): dar ayudas más baratas a más dependientes, dando prioridad a los servicios más baratos, a los servicios “low cost”. Basta ver las estadísticas de ayudas del IMSERSO para detectar el aumento de la “tele asistencia”, la ayuda más barata (cuesta 35 euros al mes): ha pasado del 2,32% de las ayudas en 2008 al 15,81% en 2017 (y en Andalucía es ya la ayuda que más se da, al 31,7% de dependientes, al igual que en Madrid, al 22,5%). Y también ha aumentado el peso de las ayudas económicas a las familias, para que atiendan al dependiente en casa: por una prestación que va de 442,59 euros al mes a 286 euros y 153 euros, según el grado de dependencia), las autonomías “se quitan de encima” el problema de atender a los ancianos y discapacitados dependientes. Si en 2008 recibían estas ayudas el 25,85% de los dependientes, en 2017 las recibían ya el 37,72%. Y suponen más de la mitad de las ayudas totales en Baleares (60% de las ayudas), Navarra (57%) y Murcia (54%). Además, muchas autonomías han priorizado otro sistema de ayuda económica, dar un cheque a las familias para que busquen la ayuda de forma particular (se llama “prestación económica vinculada a servicio”). Es una manera de “privatizar la Dependencia”, que supone ya el 9,39% de todas las ayudas pero mucho más en algunas autonomías: Extremadura (39,8%, es la ayuda más utilizada), Castilla y León (24,80%, la ayuda con más peso también), Canarias (18,64%), Aragón (18,39%) y Comunidad Valenciana (15,42%).

Mientras, se estancan las ayudas más caras a los dependientes, sobre todo las plazas en una Residencia (el 13,94% de las ayudas en 2008 y son el 13,34% en 2017)  y los Centros de Día (de ser el 2,90% de las ayudas en 2008 pasaron al 8,46% en 2015 y han bajado al 7,72% en 2017, según los datos del IMSERSO. Eso sí, ha crecido la ayuda a domicilio (del 12,92% en 2011 al 16,53% de las ayudas en 2017), pero es también una ayuda “barata” y que muchas veces controla la situación de los dependientes más que ayudarlos de verdad.

La “lista de espera” y las “ayudas low cost” son la forma que tienen las autonomías de mantener un sistema de asistencia social que cuenta hoy con 4.000 millones menos de financiación que en 2012, según cálculos de los Directores y Gerentes de Servicios Sociales, tras los recortes hechos por el Estado central (-2.865 millones) y las autonomías (-1.100 millones). Antes, estos recortes ya supusieron un deterioro del servicio para los dependientes y sus familias. Así, en 2012, el Gobierno Rajoy dejó fuera a los dependientes moderados (hasta julio de 2015), dejó de pagar la Seguridad Social a los 423.000 cuidadores familiares de los dependientes y les bajó su paga mensual, redujo servicios, simplificó los baremos (de 6 a 3, rebajando así las ayudas) y subió el copago a las familias. Y las autonomías, que sufrían el recorte del Estado y sus propios recortes, trataron de gastar menos a costa de retrasar los expedientes de ayuda, endurecer los requisitos y revisar “de oficio” (a la baja) las valoraciones ya hechas. Todo, en perjuicio de los dependientes y sus familias.

El origen del problema actual de la Dependencia es que el Estado central se ha ido “desentendiendo”, reduciendo drásticamente su aportación financiera a la Dependencia: si en 2009 aportaba el 39,2% del coste, en 2016 (último año certificado) sólo aportaba menos de la mitad, el 17%, según el balance de los Directores y Gerentes de Servicios Sociales. Y por eso, las autonomías han pasado de financiar el 46,2% de la Dependencia a costear el 63%, mientras los usuarios (las familias) han pasado de costear el 14,7% de los servicios a pagar el 20% de la atención recibida (copagos). Esta situación provoca las protestas de las autonomías, que denuncian que “el Gobierno Rajoy incumple la Ley de Dependencia”, que establecía que la aportación pública se repartiría al 50% entre Estado Central y autonomías (en 2016, las autonomías aportaron el 82,6% y el Presupuesto el 17,4% restante).

La solución al grave problema de la Dependencia está en que el Estado central aporte más dinero. Pero Rajoy, que nunca ha creído en la Dependencia (“no es viable”, dijo tres días antes de ganar las elecciones de 2011), no está por la labor. En diciembre de 2017, el Gobierno aprobó una subida de la financiación estatal a la Dependencia del 5,31% para 2018, que calificó de “histórica”, aunque sólo son 63 millones de euros más (ni siquiera los 100 millones extras pactados con Ciudadanos), frente a los 4.000 recortados antes. Una subida tan mínima que lo que pagará el Estado central a las autonomías por dependiente en 2018 (190, 84 y 47 euros, según el grado de dependencia) es entre un 28% y un 38% menos de lo que aportaba antes de los recortes de 2012. Y para igualar el resto que pagan las autonomías (para pagar el 50% del coste público de la dependencia), el Gobierno central tendría que pagar por dependiente más del doble de lo que van a pagar este año (418,195 y 104 euros, según el grado), según los cálculos hechos por los Directores y Gerentes de Servicios Sociales.

Así que nada de subida “histórica” a la Dependencia en 2018: pagan por dependiente un tercio menos que antes de 2012. Y encima, este pago no se gasta totalmente, porque para que Hacienda lo abone, la autonomía tiene que pagar su parte al dependiente (ese 82% del coste que debería ser el 50%). Y como la mayoría de las autonomías tienen problemas financieros, muchas no pueden poner su parte y los dependientes se quedan sin ayuda (en la lista de espera). Y la ayuda del Presupuesto estatal, encima que es poca, se pierde en parte: en 2017, 90 millones (de los 1.260 que iba a aportar el Estado a la dependencia) se habrán quedado sin gastar, porque las autonomías no han podido poner su parte. 90 millones que han perdido los dependientes y sus familias. Otro sinsentido.

Con la subida de la aportación estatal para 2018, sólo se podrá reducir un 4% la “lista de espera”, que quedará anclada en 300.000 ancianos y discapacitados. Urge poner en marcha un Plan de choque, para dejar a cero la “lista de espera”, y una reforma del sistema de financiación, para asegurar unas ayudas decentes en el futuro. Acabar con las “listas de espera”, atender a esos 310.000 dependientes, costaría unos 1.700 millones extras al año hasta 2020, según los Directores y Gerentes de Servicios Sociales. Y harían falta otros 1.000 millones más al año para recuperar el pago por dependiente de antes de 2012 y hacer frente a los dependientes futuros (se van a duplicar en 2050, por el aumento del envejecimiento y la esperanza de vida, según el CSIC). En total, unos 2.700 millones más de gasto al año, no los míseros 100 millones extras vendidos “a bombo y platillo” en el acuerdo de investidura entre  PP y Ciudadanos.

Es un aumento del gasto asequible, sobre todo si España redujera el fraude fiscal y recaudara como el resto de países europeos (ingresar como la media UE supondría recaudar 72.000 millones más cada año, según los datos de la Comisión Europea). Además, supondría gastar en Dependencia 9.800 millones anuales, una factura mucho más asequible que los 126.000 millones que gastamos en pensiones, los 80.000 millones que gastamos en Sanidad, los 50.000 en Educación o los 18.000 millones en desempleo. Y además es un gasto “rentable”, porque crea empleo (se podrían crear 100.000 empleos en una década) y una parte del gasto se recupera en forma de cotizaciones e impuestos. Pero sobre todo, es “un gasto que les debemos” a nuestros mayores y a los discapacitados.

No puede pasar más tiempo sin resolver la financiación de la Dependencia, “el cuarto pilar” del  Estado del Bienestar (tras la sanidad, la educación y las pensiones). Pero no parece que el problema preocupe al Gobierno ni a la “oposición”, sólo a las autonomías y a las familias de los dependientes. Ha pasado más de un año desde la firma en el Congreso, el 14 de diciembre de 2016, de un “Pacto por la dependencia”, apoyado por todos los grupos políticos, salvo el PP y PNV (por un tema de competencias), un intento de “blindar” un sistema de financiación estable a medio plazo. Y aquí estamos en 2018, con la misma penuria financiera, ofreciendo ayudas “low cost” y con 310.000 dependientes en espera, de los que mueren 100 cada día sin recibir la ayuda. Es “un escándalo social”, una grave injusticia con nuestros ancianos y discapacitados. Y casi nadie se inmuta. ¡Qué vergüenza¡   

Dependencia: 10 años falta de recursos

La Ley de Dependencia cumplió 10 años en enero, para garantizar la atención a ancianos y discapacitados. Y en esta década, 1.600.000 dependientes han solicitado ayudas, aunque hoy sólo las reciben 859.053, mientras otros 353.990 dependientes con el derecho reconocido están “a la espera”, por falta de recursos. La Ley fue un gran avance, pero no aseguró una financiación estable y el Gobierno Rajoy la ha invalidado con sus recortes. Ahora, las autonomías exigen recibir más recursos con la futura financiación autonómica, para terminar con las listas de espera, porque muchos ancianos se mueren antes de que les lleguen las ayudas. PP y Ciudadanos han pactado 400 millones más al año para la Dependencia, pero harían falta 2.275 millones anuales extras en esta Legislatura. Y todos los partidos, salvo PP y PNV, han firmado un Pacto para salvar la Dependencia. Cada vez habrá más viejos y más dependientes y tenemos que asegurar su cuidado. Por justicia y por puro egoísmo.
 

enrique ortega

El ex presidente Zapatero no pasará a la Historia por muchas cosas, pero quizás sí por haber sido el promotor de la Ley de Dependencia, la “cuarta pata” del Estado de Bienestar (junto a la sanidad, la educación y las pensiones), que su Gobierno aprobó el 20 de abril de 2006. Con ella, España se sumaba a los pocos países europeos que tienen una Ley para garantizar a los ciudadanos una atención o una ayuda cuando no pueden valerse por sí mismos, ya sea por minusvalías o por la vejez. Austria aprobó una Ley en 1993, Alemania en 1995 y Francia en 1997, mientras los países nórdicos y Holanda lo tienen incluido en sus Leyes de servicios sociales. Y en el resto de Europa, se atiende a los dependientes, pero dentro de la asistencia sanitaria o social, sin una Ley específica que reconozca este derecho. En España, la Ley fue aprobada en noviembre de 2006, por una amplia mayoría en el Congreso (la apoyaron todos los partidos, salvo CiU, PNV y EA, por cuestión de competencias autonómicas) y el apoyo entusiasta de Rajoy, entonces en la oposición: se mostró “muy satisfecho” con la Ley y pidió al Gobierno socialista que dotara a la norma de “recursos presupuestarios suficientes”.

La Ley arrancó el 1 de enero de 2007, hace ahora 10 años, con un Presupuesto que tenía superávit, porque la economía estaba en años de “vacas gordas”. Pero con la crisis de 2008 empezaron los problemas y los déficits, para el Estado y para las autonomías, que son las que gestionan la Dependencia, la mayoría entonces dirigidas por el PP. Y así Rajoy declaró en noviembre de 2011, tres días antes de ganar las elecciones: “la Dependencia no es viable”. Y menos que lo iba a ser con su política de recortes, que empezó a aplicar sólo 9 días después de tomar posesión: dejó fuera del sistema a los dependientes moderados (hasta julio de 2015), recortó drásticamente la aportación del Estado a la dependencia (-2.865 millones entre 2012 y 2015) y aprobó un decreto de cambios profundos para facilitar a las autonomías (la mayoría gestionadas por el PP) un drástico recorte en el gasto en Dependencia: dejó de pagar la Seguridad Social a los 423.000 cuidadores familiares de los dependientes, les bajó un 15% su paga mensual (55 euros sobre 400), redujo servicios (ayuda a domicilio), simplificó los baremos (de 6 a 3, rebajando así las ayudas) y subió el copago a las familias.

Las autonomías, que gestionan las ayudas a los dependientes, se encontraron con menos recursos del Estado central y con recortes propios (otros 1.000 millones entre 2012 y 2015), por lo que se vieron obligados a reducir el gasto en Dependencia, apoyados en el decreto del Gobierno de 2012 y buscando además “vías propias” de recortes, como denunció el Observatorio de la Dependencia. La primera, retrasando los expedientes, tanto el reconocimiento del derecho como la concesión de ayudas, disparando las “listas de espera” (384.326 dependientes con derecho reconocido, pero sin recibir ayudas en diciembre de 2015). La segunda, endureciendo los requisitos en febrero de 2012, con lo que redujeron el número de “grandes dependientes (Grado III), los más caros de atender, y aumentando los “severos” (Grado II) y sobre todo los “moderados” (Grado I), los más baratos de tender. Y la tercera “vía de “ahorro” ha sido “revisar de oficio” valoraciones ya hechas: se llama al dependiente y se le baja el grado (y la ayuda), lo que ha multiplicado las denuncias de las familias a los Tribunales. Las suelen ganar, pero 2 años después y muchos ancianos mueren antes.

Después de tanto recorte, el balance de estos 10 años de Ley de Dependencia sólo puede ser gris: hay 1.619.043 españoles dependientes que han solicitado ayudas y 1.213.043 a los que se les ha reconocido el derecho a recibirlas, pero sólo 859.053 dependientes recibían alguna ayuda a 31 de diciembre de 2016, según datos del IMSERSO. O sea que hay 353.990 dependientes “en lista de espera” (un 28,7%), con el derecho reconocido a una ayuda, pero sin recibirla. Y eso, además de injusto es muy preocupante porque más de la mitad de los dependientes tienen más de 80 años (el 54,5%) y pueden morirse esperando la ayuda. De hecho, 125.000 ancianos dependientes se han muerto desde 2012 esperando una ayuda que tenían reconocida, según estimaciones de los Directores y Gerentes de Servicios Sociales.

Esta injusta aplicación de la Ley de Dependencia es muy desigual por autonomías. Así, hay 5 regiones donde más de una tercera parte de los dependientes reconocidos no reciben ayudas: Canarias (45,2% de los dependientes reconocidos no reciben ayuda), Cataluña (41,7% en lista de espera), Aragón (37.4%), Castilla la Mancha (36% pendientes) y Andalucía (35,8% dependientes a la espera). Y en número, más de la mitad de los dependientes reconocidos sin ayudas están en Andalucía (102.691 dependientes en espera) y Cataluña (90.673). En el otro extremo, hay otras 5 regiones donde casi todos los dependientes reconocidos reciben ayudas, donde no hay casi listas de espera, porque gastan más o lo gestionan mejor: Castilla y León (sólo un 0,6% de dependientes en espera), Ceuta y Melilla (4,16% pendientes), Madrid (14,5% pendientes) y Asturias (15,6% dependientes en espera).

Claro que recibir una ayuda tampoco significa que los dependientes o ancianos estén bien atendidos. Porque muchas autonomías optan por sistemas de atención baratos y que no les compliquen, la mayoría pagar una pequeña cantidad ( de 153 a 442 euros al mes, según el grado de dependencia) a las familias para que les cuiden (así son el 33,79% de todas las ayudas) y ofrecer servicios “baratos, como la tele asistencia (15,35% de las ayudas) o las ayudas a domicilio (15,97% de las ayudas). Y son minoría los dependientes que reciben atención en una Residencia (el 14,19%) o en Centros de día (8,02%), la atención “más cara”. Y en los dos últimos años, hay autonomías que han apostado por “privatizar el servicio”, pagando un cheque a las familias para que contraten lo que quieran: esta ayuda (“vinculada a servicio) es muy importante en Castilla y León (22,6% del total de ayudas), Extremadura (38,9%), Aragón (19,7%), Canarias (15,2%) y Comunidad Valenciana (10,92%).

El problema central de la Dependencia es la falta de recursos y el desequilibrio en su financiación. La Ley pretendía que las ayudas públicas se pagaran “a medias” entre el Estado central y las autonomías, pero los recortes de Rajoy han llevado a que el Estado cada vez pague menos y las autonomías más, junto a las familias. Así, si en 2009 el Estado central financiaba el 39,2% de la dependencia, en 2015 financió sólo el 18,1%, según los Directores y Gerentes de Servicios Sociales. Las autonomías, que pagaban el 46,2% de la Dependencia en 2009 pagaron en 2015 el 62%. Y las familias, con el copago obligatorio de los servicios, financian ya el 19,9% restante, cuando en 2009 sólo pagaban el 14,7%. Así que el Gobierno Rajoy está incumpliendo la Ley de Dependencia porque de la financiación pública (sin los copagos), el 77,4% lo ponen las autonomías y el 22,6% el Estado (no 50/50).

El “escaqueo” del Estado es igual en todas las regiones, pero luego hay autonomías que gastan más en Dependencia y que gestionan mejor, con lo que tienen menos dependientes “en espera”. Pero la mayoría lo hacen mal. De hecho, el Observatorio de la Dependencia sólo aprueba la gestión de 6 autonomías, encabezadas por Castilla y León (8,75 puntos sobre 10), Andalucía (7,50), País Vasco (6,79), La Rioja (6,07), Castilla la Mancha y Madrid (5,71 puntos). Y suspende a las 11 autonomías restantes, más Ceuta y Melilla, colocando en el farolillo rojo de la Dependencia (y desde hace varios años) a la Comunidad Valenciana (nota: 0), Canarias (0,71), Aragón (0,11), Baleares (2,14), Navarra y Murcia (2,86 puntos sobre 10), malas regiones para ser hoy un discapacitado o un anciano dependiente en España.

Ahora, cuando la Ley de Dependencia ha cumplido sus primeros 10 años, es un buen momento para mejorar su aplicación, aumentando sus recursos. En julio pasado, Ciudadanos forzó al PP a mejorar la financiación de la Dependencia, dentro de las 150 medidas pactadas para apoyar la presidencia de Rajoy. El compromiso es aumentar el Presupuesto en 400 millones anuales esta Legislatura. Una cantidad claramente insuficiente, porque las estimaciones de los Directores y Gerentes de Servicios Sociales son que hacen falta 5.100 millones netos en 4 años para acabar con las listas de espera y atender a esos 354.000 dependientes con derecho a ayuda y que no la reciben. Eso supone un gasto extra de 1.275 millones de euros al año, más otros 500 millones anuales que harían falta para recuperar el nivel acordado (lo que Rajoy suprimió en 2012) y otro tanto para hacer frente al aumento de dependientes, por el envejecimiento. Hablamos de 2.275 millones extras anuales para la dependencia en esta Legislatura, empezando por el Presupuesto 2017. Eso supondría gastar en Dependencia unos 8.800 millones al año, en vez de los 6.589 actuales (2015).

Hace falta un Pacto político para conseguir más recursos para la Dependencia, sobre la base de las propuestas planteadas en 2009 por la Comisión de expertos que informó sobre la Ley de Dependencia en el Congreso: más ingresos fiscales (se pueden conseguir, porque España ingresa 50.000 millones menos que la media europea, según Eurostat), posibles recargos del IVA o cotizaciones sociales adicionales. De momento, la Conferencia de Presidentes autonómicos, el 19 de enero, acordó crear (en un mes) una Comisión para estudiar la financiación futura de la Dependencia, reconociendo que este gasto ha de contemplarse en la reforma del sistema de financiación autonómica.

Mientras se espera el trabajo de esta Comisión, hay un nubarrón en el horizonte: la actitud de Rajoy y el PP, que ha sido el único partido (junto al PNV, pero por cuestión de competencias) que no firmó el Pacto de Estado por la Dependencia, alcanzado entre todos los grupos políticos en el Congreso el 14 de diciembre, a propuesta de los Directores y Gerentes de Servicios Sociales, con dos objetivos básicos: revertir los recortes de 2012 y conseguir un modelo estable de financiación para la Dependencia. Se trata de destinar unos 8.800 millones anuales a la Dependencia, un gasto mucho menor de lo que nos cuesta la sanidad (88.000 millones anuales), la educación (50.000 millones) o las pensiones (120.000 millones). Y, además, un gasto que tiene muchos retornos, en ingresos impositivos y empleo: actualmente hay 250.000 personas trabajando en la dependencia y se podrían crear otros 100.000 empleos más, además de ingresos fiscales y cotizaciones, financiando mejor la Dependencia.

En resumen, tenemos una Ley de Dependencia que asegura unas ayudas (un “derecho”) que no se pueden dar por falta de recursos. Y si no se financia mejor, el sistema se colapsará aún más en el futuro, porque cada vez vivimos más años y habrá en España más ancianos dependientes, que necesiten cuidados: la estimación del CSIC es que se dupliquen con creces los dependientes, pasando de los 3 millones actuales (discapacitados y ancianos dependientes) a 7 millones en 2050. Así que hay que afrontar el problema, liquidando las listas de espera actuales y afianzando el sistema para que atienda a los dependientes futuros. Por justicia, para ayudar a los dependientes y sus familias, porque muchos necesitan apoyo para cuidarlos. Y por puro egoísmo: pronto, los dependientes podemos ser nosotros.

La Dependencia, en la encrucijada electoral

Las ayudas a la Dependencia (ancianos y jóvenes discapacitados) dependen, en sus dos terceras partes, de las autonomías, mientras el Estado central aporta cada vez menos y las familias más. Pero las autonomías gestionadas por el PP (salvo Castilla y León) se han distinguido por “racanear” con los dependientes, siendo la mayoría “suspendidas” por los profesionales del sector, sobre todo la Comunidad Valenciana, Murcia, Aragón, Baleares, Galicia, Cantabria y Madrid. Ahora, con las elecciones del 24 de mayo, esto podría cambiar, porque el PSOE, Ciudadanos, Podemos, IU y UPyD están a favor de aumentar la financiación a la Dependencia, que ha perdido beneficiarios en 2014 y en el primer trimestre de 2015. Pero la clave estará en las elecciones generales de diciembre, porque el futuro de la Dependencia exige un gran pacto político para asegurar más recursos. Y más cuando en julio deberían empezar a recibir ayudas 315.000 dependientes moderados. En este año electoral, la Dependencia se la juega.
 

enrique ortega

Los últimos datos de la Dependencia siguen siendo preocupantes. En el primer trimestre de 2015, se han reducido los dependientes con ayuda reconocida (-13.536 sobre diciembre) y los que reciben efectivamente ayudas (-2.907, casi mil menos por mes), según los últimos datos del IMSERSO. Una bajada que sigue la tendencia de 2014, año en que la Dependencia perdió beneficiarios con ayuda reconocida (-50.623) y también dependientes que reciben ayudas (-8.122 sobre diciembre de 2013). Y durante esta Legislatura de Rajoy, el balance de la Dependencia es muy pobre: hay 880.186 dependientes con el derecho reconocido (164.000 beneficiarios menos que en diciembre de 2011) y 742.813 dependientes que reciben ayudas (sólo 4.226 más que al llegar el PP al Gobierno). En comparación, el gobierno Zapatero duplicó con creces los dependientes reconocidos (de 442.509 en 2008 a 1.044.528 en 2011) y más que triplicó los dependientes que recibían ayudas (de 228.613 a 738.587).

La Ley de Dependencia, el cuarto pilar del Estado del Bienestar (tras la sanidad, la educación y las pensiones), entró en vigor el 1 de enero de 2007. Y ahora, tras cumplir ocho años, se encuentra estancada: hay 1.200.000 españoles que tienen oficialmente reconocida algún grado de dependencia y sólo 742.813 dependientes reciben alguna ayuda (económica o de servicio), según el IMSERSO. O sea, que hay más de un tercio de dependientes sin ayuda (38,1%), según el último análisis de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales.

Mientras, el Gobierno Rajoy presume que ha bajado la “lista de espera”, los dependientes con derecho reconocido que no cobran: han bajado de 305.941 dependientes en diciembre de 2011 a 148.002 a finales de marzo de 2015. Eso es cierto, pero también que buena parte de esta menor lista de espera se debe no a mejoras de gestión sino a que los dependientes que esperaban se han muerto: 117.000 ancianos que habían solicitado ayudas han fallecido desde diciembre de 2011, según la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales. Y no es extraño: un 53,42% de los dependientes que solicitan ayudas tienen más de 80 años. Y hoy por hoy, entre el tiempo que se tarda en reconocer la ayuda (Rajoy ha subido el plazo de 2 a 2,5 años) y el que se tarda en recibirla efectivamente (se incumple el plazo legal de 6 meses), el dependiente y su familia pueden llegar a esperar hasta tres años y medio o cuatro. Y claro, muchos se mueren por el camino. Así bajan los beneficiarios y las “listas de espera”.

El origen de la mayoría de problemas de la Dependencia está en los recortes, que Rajoy inició a los nueve días de tomar posesión: empezó dejando fuera a los dependientes moderados (165.000), primero hasta 2012 y luego hasta julio de 2015. Luego, en 2012, recortó drásticamente la aportación del Estado a la Dependencia y  aprobó un decreto con cambios profundos, para facilitar a las autonomías un drástico recorte en el gasto: dejó de pagar la cotización a la Seguridad Social a los 423.000 cuidadores familiares de los dependientes y les bajó un 15% su paga mensual (55 euros sobre 400), redujo servicios (ayudas a domicilio), simplificó los baremos (de 6 a 3, bajando las ayudas) y subió el copago de las familias de los dependientes.

El total de medidas ha supuesto un recorte a la Dependencia de 2.236 millones entre 2012 y 2014, un tercio del presupuesto de 2011, según la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales. Con ello, el Gobierno Rajoy ha estrangulado financieramente a la Dependencia, ahora más en manos de las autonomías y las familias: si en 2011, el Estado central financiaba el 40% de la Dependencia, en 2013 ya sólo financiaba el 13%. Y su vacío lo han tenido que cubrir (sólo en parte) las autonomías (han pasado de financiar el 50% al 63%) y las familias de los dependientes (el copago cubría el 10% de la Dependencia en 2011 y en 2013 era ya del 19%). Los pagos de las familias de los dependientes han subido un 68% desde 2009, desde los 960 euros anuales que pagaban a 1613 euros de media en 2013. Y hay autonomías, como la valenciana, donde las familias de discapacitados psíquicos han pasado de no pagar nada por una residencia a pagar 1.000 euros al mes.

A pesar del mayor esfuerzo de las familias y de las autonomías, no han podido cubrir los recortes del Estado central a la Dependencia. Y por ello, el gasto por beneficiario ha caído una quinta parte (-20,4%), de 8.648 euros por dependiente (2009) a 6.879 euros (2013). Al contar con menos recursos (mientras aumentaban las solicitudes de dependientes), las autonomías (que gestionan la Dependencia) han tenido que “buscarse la vida” para cuadrar las cuentas, reduciendo el gasto por varias vías, según el Observatorio de la Dependencia. La primera, retrasando los expedientes, tanto el reconocimiento como la concesión de las ayudas (con la vergüenza de que haya 148.002 dependientes en “lista de espera”, con derecho reconocido que no reciben ni ayuda ni servicios). La segunda, ser más rígidos a la hora de valorar a los dependientes: en febrero de 2012 se endurecieron los requisitos, con lo que han bajado los que tienen gran dependencia (grado III) y subido los dependientes severos (grado II), que son “más baratos” (el Estado paga por ellos 82,84 euros/mes frente a 177,86 a los de grado III). Y la tercera vía de ahorro es revisar “de oficio” las valoraciones ya hechas: se llama al dependiente y se le baja el grado, lo que ha multiplicado las denuncias de familias en los tribunales (las suelen ganar, pero dos años después).

Una cuarta vía de “ahorro” que usan las autonomías es ofrecer dinero y no servicios a los dependientes, porque es más barato darle 450 euros a un cuidador familiar (el 40% de los dependientes reciben prestaciones económicas), o incluso la teleasistencia (12,4% dependientes), que pagarles una residencia (14,5% dependientes), un centro de día (7,88% dependientes) o enviarles ayuda a domicilio (14,26%). Y también, algunas autonomías gestionadas por el PP  (Extremadura, Castilla y León, Aragón y Galicia), han optado por la privatización de la ayuda: ofrecer un cheque servicio (de 426 a 715 euros) para que las familias se busquen por su cuenta una residencia o un servicio privado.

En todos los casos, las autonomías han tratado a “atender a más dependientes con menos recursos”, para que salgan menos mal las estadísticas. Y así, hay 6 autonomías (Andalucía, Aragón, Baleares, Comunidad Valenciana, Canarias y Murcia) que reconocen que no cumplen con la Ley y tienen muchos dependientes en lista de espera  “por falta de recursos”, según un informe de 2014 del Tribunal de Cuentas sobre la Dependencia.

El otro gran problema de la Dependencia, junto a los recortes, son las enormes diferencias entre autonomías, en unos casos porque tienen más viejos y en otros por sensibilidad política. El hecho es que hay 6 autonomías con un porcentaje de dependientes reconocidos en” lista de espera” mayor que la media nacional (15,6%): Aragón (31% dependientes reconocidos sin ayuda), Murcia (28,34%), Galicia (25,46%), Andalucía (22,64%), Comunidad Valenciana (22,18%) y Castilla la Mancha (19,32%), cinco de las seis gestionadas por el PP. Y enfrente, hay autonomías sin casi dependientes en “lista de espera”: Castilla y León (0,40%), Madrid (5,3%), Canarias (5,6%), Asturias (6%) o la Rioja (8,8%).

Además, los profesionales del sector denuncian que hay muchas diferencias entre autonomías a la hora de valorar el grado de dependencia, por las ayudas y los servicios que ofrecen  y el gasto que hacen en Dependencia: desde los 174 euros por habitante de Cantabria (153 euros la Rioja, 149 el País Vasco o 140 Castilla León) a los 39 euros por habitante de Canarias (56 de Baleares, 62 de Valencia o los 84 de Murcia). Y por todo ello, el Observatorio de la Dependencia (directores y gerentes de servicios sociales) sólo da buena nota a Castilla y León (10 puntos sobre 10), País Vasco (7,5) y Andalucía (7,1). Aprueban Extremadura (6,7), La Rioja (6,3) y Castilla la Mancha, Asturias y Navarra (todas con un 5 raspado). Y suspenden en Dependencia 9 autonomías, más Ceuta y Melilla: Comunidad Valenciana, Canarias, Ceuta y Melilla (las cuatro, con 1,7 puntos sobre 10), Aragón (3,3), Baleares (3,8), Galicia, Madrid y Murcia (las tres, 4,2 puntos), Cantabria y Cataluña (4,6 puntos). Entre las 11 suspensas, 9 son autonomías gestionadas por el PP.

Por eso, las elecciones autonómicas del 24 de mayo son claves para el futuro de la Dependencia: aún con los recortes de Rajoy, hay autonomías que gestionan mejor que otras la Dependencia. Y cinco de los partidos con más posibilidades de llegar a los futuros gobiernos autonómicos (PSOE, Ciudadanos, Podemos, IU y UPyD),  han apostado en sus programas por dedicar más recursos y más ayudas a la Dependencia. Incluso en Castilla la Mancha, estos cinco partidos han firmado un pacto donde se comprometen a revertir los duros recortes de Cospedal en Dependencia si llegan al gobierno autonómico.

Con ser muy importante el 24-M, la clave va a estar en las elecciones generales de diciembre. Porque si vuelve a ganar el PP, pocas mejoras pueden esperarse: a Rajoy nunca le gustó la Ley de Dependencia de ZP, llegando a decir (noviembre 2011) que “no es viable”. Y ahora sus recortes la han llevado a una situación límite. El colapso puede ser mayor en julio, cuando entren en el sistema los dependientes moderados (grado I), unos 315.000, a los que también habrá que pagar ayudas y servicios. Y para los que no hay Presupuesto: el de 2015 no incluye ni un euro más para ellos, aunque necesitarán 84 millones extras.

Por todo ello, el propio ministro de Sanidad y Asuntos Sociales, Alfonso Alonso ha pedido a todos los grupos parlamentarios “alcanzar a partir de julio un acuerdo que refuerce la Dependencia como pilar del Estado de Bienestar”. Ojalá fuera así, aunque suene a “gancho electoral” tras tres años y medio de recortes. Pero el acuerdo político, a pocos  meses de las elecciones generales, no parece factible. Y sin embargo, urge acordar un sistema de financiación suficiente y estable para la Dependencia.

Eso supondría, como propone el Observatorio de la Dependencia, que el Estado central duplicara su aportación, de los 1.317 millones actuales (2015) a 2.634 millones. Y también que creciera la aportación de las autonomías, para recuperar entre todos los 2.236 millones perdidos desde 2012. Sería un Plan de choque, para ponerse al día y acabar con las “listas de espera”. Pero cara al futuro, hay que buscar una financiación estable (40% Estado, 40% autonomías y 20% familias) y suficiente, en base a impuestos, recargos de IVA o cotizaciones adicionales, medidas propuestas en su día por la Comisión de expertos que informó al Congreso. Bastaría con recabar entre 8.000 y 10.000 millones anuales para la Dependencia, bastante más barata que los otros tres pilares del Estado del Bienestar, las pensiones (120.000 millones), la Sanidad (88.000 millones) o la Educación (50.000 millones).

Los dependientes y sus familias llevan años lanzando un SOS: la situación es insostenible. Y será peor a partir de julio, cuando entren los dependientes moderados. Y aún peor en el futuro, porque somos un país muy envejecido: en 2050 tendremos 7 millones de dependientes, según el CSIC. Hay que afrontar el problema y asegurar la atención futura de los dependientes. Tienen derecho por Ley y es un deber que tenemos con nuestros mayores. Una obligación moral, al margen de las elecciones. ! Atiendan mejor a los dependientes ¡ .