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| Enrique Ortega |
La subida temporal de cotizaciones sociales, pactada entre el Gobierno y los sindicatos, es “la cuarta pata” de la primera fase de la reforma de las pensiones, aprobada en el Congreso el pasado 27 de octubre, con los únicos votos en contra de Vox y la abstención de ERC y Bildu. La reforma aprobada dentro del Pacto de Toledo contemplaba la revalorización de las pensiones con el IPC, el cargo al Presupuesto de muchos gastos “impropios” con los que hasta ahora cargaba la Seguridad Social, acercar la edad real de jubilación a los 67 años legales e incentivar trabajar más años voluntariamente y sustituir el Factor de Sostenibilidad de Rajoy que pretendía recortar las pensiones futuras (a partir de 2023) por un nuevo mecanismo “de equidad intergeneracional”, que asegure las pensiones futuras.
Los tres primeros acuerdos de esta reforma ya estaban en marcha. 2022 será el primer año en que las pensiones suban no lo que decida el Gobierno de turno (+0,25% Rajoy, +0,9% Sánchez en 2021) sino lo que suba la inflación media prevista (IPC noviembre 2021-noviembre 2022), el próximo año sobre un +2,4%. Una medida que parece justa pero que va a encarecer la factura de las pensiones en los próximos años, sobre todo hasta que no baje sensiblemente la inflación. De hecho, la estimación es que la revalorización de las pensiones cueste en el año 2022 unos 5.000 millones de euros (3.000 millones por la subida anual y otros 2.000 por la “paguilla” que se va a pagar a los pensionistas en enero, para compensar la desviación de precios de 2021, unos 200 euros para una pensión de 1.000 euros).
El segundo punto del acuerdo, que el Presupuesto cargue con parte de los gastos impropios de la Seguridad Social, ya se empezó a aplicar en 2021: se transfirieron a la SS 13,929 millones para cubrir parte de esos gastos impropios (22.567 millones que se pagan con cotizaciones) y ,además, se cargó con más de la mitad del déficit esperado para 2021 (1,7% del PIB sobre el 3% de déficit total), otra transferencia de 18.396 millones, lo que suma unos 32.000 millones de euros aportados a la SS para tapar la mayor parte de su “agujero”. Para 2022, el Presupuesto incluye otra transferencia a la SS de 18.396 millones para cubrir “gastos impropios” (prestaciones por maternidad y paternidad, reducción de cotizaciones, subvenciones a regímenes especiales, coste jubilaciones anticipadas voluntarias, complementos de prestaciones contributivas y pago del presupuesto del Ministerio de Trabajo), más otros fondos públicos para complementar pensiones mínimas (7.000 millones) y para pensiones contributivas (2.700), más otros recursos para tapar parte de su déficit (6.000 millones). Y para 2023 está previsto que el Presupuesto cargue con todos los “gastos impropios” de la Seguridad Social (22.567 millones) y acabar así con su déficit.
La tercera pata del acuerdo pretendía acercar la edad real de jubilación (64 años y 6 meses de media) a la edad oficial (66 años en 2021). Y eso porque es una medida importante de ahorro de gasto: se podría reducir el gasto en pensiones en 14.000 millones anuales por cada año que suba la edad real de jubilación (hay 2,4 años de margen hasta los 67 años con que habrá que jubilarse en 2027). Para conseguirlo hay 2 vías, que el Gobierno tiene ahora que concretar y proponer al Pacto de Toledo: penalizar más a los que se jubilan antes de tiempo (un 38% de los jubilados en 2020), que ya sufren recortes en la pensión del -1,65 al -2% por cada trimestre que anticipan su jubilación. La otra medida que se estudia es incentivar que los trabajadores se jubilen más tarde, algo que ya se hace hoy, pero con poco apoyo (un 2% de pensión extra, frente al 5% en Francia y el 6% en Alemania). El Gobierno estudia incentivar mucho más (4,6% anual) el retraso de la jubilación y “visualizar” esta compensación con la entrega de un cheque a los que se jubilen más tarde.
El cuarto punto del acuerdo era el más peliagudo y por eso se ha dejado para ahora, introduciéndolo como enmienda en esta reforma de las pensiones que debate el Parlamento (y que el Gobierno ha prometido a Bruselas aprobar antes de fin de año): la sustitución del Factor de Sostenibilidad que aprobó Rajoy en 2013 por un nuevo sistema, el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), para afrontar el gasto extra en pensiones que va a suponer la jubilación de los “baby boom”, los nacidos entre 1960 y 1975. El Factor de Estabilidad contemplaba un recorte de las pensiones futuras, para afrontar este mayor gasto y el hecho de que los futuros pensionistas vivirán más y cobrarán más años. La estimación de un Grupo de Expertos, en un informe entregado en junio de 2013, era que la aplicación del Factor de Estabilidad supondría un recorte de las futuras pensiones que iba del -6,61% para los que se jubilasen en 2024 al -12,03% para los que se jubilaran en 2034 y un recorte del -20% para los que se jubilaran en 2053 (-266 euros sobre los 1.193 de pensión inicial actual). Y ahora, el ministro de SS dice que ese recorte podría ser realmente del -30%.
Los sindicatos y el Gobierno, que no apoyaron la reforma de Rajoy de 2013 (la decretó en solitario) no estaban dispuestos a aplicar el Factor de Sostenibilidad, cuya entrada en vigor retrasó el propio Rajoy a 2023 (para conseguir que el PNV apoyara los Presupuestos 2018). Y ambos consiguieron que el Pacto de Toledo (PP incluido) rechazaran su aplicación y apoyaran otro sistema, el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), que acaba siendo una subida temporal de cotizaciones (de 2023 a 2032), del +0,6%. Y como la patronal no ha firmado el acuerdo, se le ha penalizado en el reparto: un +0,5% subirán las cotizaciones empresariales y otro +0,1% más pagarán los trabajadores. No es mucho: en un sueldo medio de 2.000 euros, la empresa pagará 10 euros más al mes y el trabajador 2 euros más.
La patronal no ha firmado esta parte del acuerdo de reforma (si las tres restantes) porque alega que subir las cotizaciones sociales desincentiva el empleo, encarece la contratación. Y es cierto. Pero el Gobierno contraataca con dos datos. El primero, que el peso de las cotizaciones sociales es menor en España que en Europa: las cotizaciones sociales en Europa suponen un 16% del PIB, frente al 13,7% en España (sube al 13,9% con el aumento temporal de cotizaciones). Es verdad, pero también lo es que la aportación de las cotizaciones de las empresas es mayor en España que en Europa (9% del PIB frente al 7,3% las empresas UE), mientras es menor la aportación de los trabajadores. Y que el peso de las cotizaciones empresariales sobre los salarios es mayor en España (29,9% del salario bruto) que en la media de la UE (22,1% del salario bruto) y que en Alemania (19,8%), aunque es menor que en Francia (cotizaciones empresas son el 36,3% salario) o Italia (31,6%), según la OCDE. Algo que se explica porque los sueldos son más bajos en España.
El otro dato que aporta el Gobierno frente a la crítica patronal es más decisivo: los costes laborales (salarios más cotizaciones) son mucho más bajos en España, con lo que hay margen para subir un poco y por 10 años las cotizaciones sin poner en peligro la competitividad con otros paises. Concretando, España es el tercer país europeo con menores costes laborales (solo son más bajos en Portugal y Polonia), 21,9 euros por hora en 2019 (salarios y cotizaciones), un 30,25% inferiores a los costes laborales en la zona euro (31,4 euros por hora), un 40% inferiores a los de Francia (36,5 euros), un 38,4% menores a los costes laborales de Alemania y un 23,7% inferiores a los de Italia (28,7 euros).
Con esta subida temporal de cotizaciones sociales (2023-2032), el Gobierno espera rellenar “la hucha” de las pensiones, que se creó en el año 2000 y llegó a tener un remanente de 66.815 millones en 2011, de los que tuvo que tirar Rajoy (-58.720 millones) y Sánchez (-5.957) para cubrir el pago de pensiones en los últimos años, con lo que sólo quedan en la hucha 2.138 millones. Ahora, la previsión del ministro Escrivá es que el recargo de cotizaciones (y la rentabilidad que se saque a la hucha, un 3,5%) permita ingresar en la hucha unos 38.500 millones de euros, que sumados a los 2.138 que ya hay (y sus intereses) se consiga tener ahorrados 42.000 millones de euros a finales del año 2.032.
¿Será suficiente? Todos los cálculos, de la AIReF y de la Comisión Europea, indican que no. Sus estimaciones señalan que el aumento de jubilaciones por la generación del “baby boom” (1960 a 1975) provocará un gasto extra de pensiones de 25.000 a 30.000 millones en 2033 (que sí cubriría “la hucha”) pero que superaría los 50.000 millones (de hoy) en 2050, lo que provocaría entonces un agujero mínimo de 8.000 millones, que algunos aumentan incluso hasta los 20.000 millones, por diversos factores. La mayoría de expertos creen que el gasto en pensiones se va a disparar hasta 2050 por tres causas: el coste de la revalorización anual con el IPC (acumulativo), el aumento de pensionistas (de los 9,3 millones actuales a 15,67 millones en 2050, según el INE), que además vivirán y cobrarán durante más años, y unas pensiones iniciales más altas (ya ha pasado: la pensión inicial de jubilación ha subido de 620 euros en el año 2.000 a 1.053 en 2008 y 1.419 euros en 2021).
El nuevo Mecanismo de Equidad Generacional aprobado ahora contempla que en 2033 se hará un examen de la evolución del gasto en pensiones. Si demuestra que el gasto se ha desviado más del 0,2% del PIB sobre lo previsto por el informe de la Comisión Europea (que hará en 2024), se destinará parte o toda la hucha a cubrirlo (si no hace falta, se destinarán esos 42.000 millones a bajar cotizaciones o mejorar pensiones). Y si no fuera suficiente, se propondrá a los firmantes del Pacto de Toledo (partidos y fuerzas sociales) un nuevo aumento de ingresos (más cotizaciones o aportaciones del Presupuesto) o bien reducir el gasto en pensiones (sobre el PIB). Así que de alguna manera, el mecanismo aprobado supone “ganar tiempo” y aprobar un parche que convenza a la Comisión Europea, sabiendo que en el futuro habrá que tomar nuevas medidas. Y casi seguro que antes de 2033.
La cuestión de fondo, que no se afronta ahora, es que las pensiones tienen un problema estructural, a medio y largo plazo: el gasto va a crecer exponencialmente y resultará difícil financiarlo, dado que tenemos un grave problema demográfico, de baja natalidad, que se suma a una menor creación de empleo, por la revolución tecnológica y digital. Basten dos datos: habrá que pagar a 15,6 millones de pensionistas en 2050 (que vivirán además 4 años más de media, cobrando pensión 20,2 años) y tendremos que hacerlo con 1,65 activos por cada jubilado, cuando ahora hay 3 personas en edad de trabajar por cada mayor de 65 años. Es una “bomba de relojería” que hay que desmontar ya, sin retrasos ni parches.
Lo primero es convencer a los españoles que las pensiones del futuro están aseguradas. Y lo están porque somos una economía desarrollada, que crea riqueza y se puede permitir destinar el 16 o el 20% de esa riqueza a pagar pensiones. Se puede y se debe. Pero con previsión y control, para que las cuentas cuadren, que no se dispare el gasto o falten ingresos y haya que adoptar de repente recortes drásticos. Eso obliga a planificar una senda realista de gastos (asegurar unas pensiones “dignas” en el futuro) y estudiar con que ingresos reales se puede contar y buscar otros posibles. Con transparencia y sin politiqueo.
Lo primero y fundamental es planificar los futuros ingresos para financiar las pensiones, lo que debe llevar a subir las cotizaciones, especialmente las máximas (a partir de 4.070,10 euros no se cotiza), así como las bajas cotizaciones de los autónomos, con el objetivo de que el peso de las cotizaciones sociales (sobre el PIB) se equipare a la zona euro (hay todavía un colchón para subirlas 36.000 millones). Y ver si una parte mayor de los impuestos de todos puede ir a pagar parte de las pensiones, recaudando más impuestos, dado que España recauda cada año 85.000 millones menos que la media europea, según Eurostat.
Y luego, habrá que actuar por el lado de los gastos, si hace falta, aunque no nos guste: no se trata de recortar las pensiones sino de “atemperar” su crecimiento futuro, utilizando varias vías de las que se habla en privado pero no en público: ampliar los años de cotización que se tienen en cuenta para calcular la pensión (de los 25 años que se tomarán en 2022 a 35 años o toda la vida laboral) o aumentar los años que se exigen para cobrar el 100% de la pensión (hoy 36 años y 37 en 2027). Y evaluar el reparto entre los años que se cobra.
Y por supuesto, hay que tomar otras medidas al margen de las pensiones: mejorar la competitividad de nuestras empresas y reconvertir el modelo económico para crear más empleo, que trabaje y cotice más gente (si tuviéramos la tasa de ocupación europea, en España trabajarían 1.828.000 adultos más, según Eurostat). Y eso pasa por facilitar la inmigración legal (más a cotizar), que nos va a hacer falta para cubrir el déficit de mano de obra derivado de la baja natalidad. Y por promover que las familias tengan más hijos, para que haya más españoles trabajando, cotizando y pagando impuestos.
Como se ve, el problema es complejo y exige actuar en múltiples frentes. No hay soluciones simples. Ni se arregla nada con parches a corto plazo. Cuanto antes planifiquemos la hoja de ruta de las pensiones hasta 2050, más tranquilos estaremos todos, sobre todo los jóvenes. Y si nosotros no ajustamos el sistema, Bruselas nos impondrá los recortes. Habría que hablar de todo esto, con realismo y transparencia, planteando a los españoles la realidad del debate y las opciones de futuro, sin pensar sólo en las próximas elecciones. Pero me temo que nadie está por la labor. Y por eso, mucha gente teme por sus pensiones.
