Vuelve a subir la luz

El recibo de la luz volverá a subir en abril, tras cinco meses bajando, al reponerse el impuesto eléctrico que el Gobierno Sánchez quitó en octubre (por 6 meses), para forzar la bajada de la luz. Y todo apunta a que la luz subirá el resto del año, tras cerrar 2018 con la tercera mayor subida de la década. Ahora, España tiene la 2ª luz más cara de Europa para las familias y la 4ª más cara para las empresas. Un problema que no se resuelve con “parches”, como suprimir temporalmente un impuesto, sino atacando la causa de fondo: que pagamos por la luz más de lo que cuesta, porque las eléctricas cobran el kilowatio nuclear e hidráulico más de lo que vale producirlo y porque los Gobiernos nos cargan en el recibo costes indebidos. En total, pagamos unos 4.500 millones extras al año, que engordan los beneficios de las eléctricas desde hace dos décadas. Otra asignatura pendiente de la democracia que ningún Gobierno ha afrontado. Y de lo que nadie habla en campaña electoral.

enrique ortega

En marzo 2019 bajó el recibo de la luz, por quinto mes desde octubre (todos los meses, salvo diciembre), con lo que la factura de una familia media (4,4kw de potencia y 3.900 kw de consumo) fue de 66,95 euros, 10,18 euros menos que en septiembre de 2018 (77,13 euros), cuando alcanzó el máximo de 2018 y obligó al Gobierno Sánchez a intervenir, suprimiendo durante 6 meses el impuesto a la generación eléctrica. Con todo, el recibo es todavía 2,74 euros más caro que hace un año (64,21 euros era la factura media en marzo 2018) y todo apunta a que seguirá subiendo a lo largo de 2019, sobre todo en verano y otoño, para cerrar 2019 con un coste de la luz superior a 2018, que ya fue el tercer año con la luz más cara de la década (65,33 euros de media al mes), sólo por detrás de 2012 (66,08 euros) y 2015 (64,41 euros), según datos de la CNMC.

Desde el 1 de abril, se vuelve a cobrar el impuesto a la generación de electricidad (7% sobre el coste de producción), suprimido temporalmente el 1 de octubre, un impuesto que las eléctricas nos repercuten en el recibo, lo que hará que la luz suba este mes en torno a 1 euro por recibo. Y algo menos en los meses siguientes. Este impuesto lo introdujo el Gobierno Rajoy en 2012 (Ley 15/2012) para financiar el sistema eléctrico y ayudar a tapar “el déficit de tarifa”, recaudando unos 1.500 millones al año (que pagamos con el recibo). Las eléctricas lo recurrieron en los Tribunales y ahora está pendiente de la decisión del Tribunal Europeo de Justicia: si lo declara “ilegal”, como piden las eléctricas, el Gobierno español tendría que devolverles lo recaudado hasta ahora, unos 9.000 millones. Y piensen de dónde saldría ese dinero: del Presupuesto o del recibo (en ambos casos, de nuestro bolsillo).

A pesar del "parche" de quitar este impuesto durante 6 meses, el precio de la luz en el mercado eléctrico no se ha moderado y en marzo alcanzaba un precio medio de 48,82 euros/kw, más bajo que a principios de año pero un 21,5% más alto que en marzo de 2018. Y eso porque aunque este año hay más aire (eólica) y menos consumo (invierno suave), sigue alta la producción de electricidad con carbón y gas, que pagan una tasa creciente por emitir CO2 (han pasado de pagar 7 euros por tonelada en enero de 2018 a 21,81 euros en abril de 2019). Y no llueve, lo que resta energía hidroeléctrica. Pero además, el mercado eléctrico español es muy estrecho (pequeño) y muy volátil, con grandes altibajos en los precios, lo que hace que producir electricidad en España sea más caro que en el resto de Europa (60 euros por kw en 2018) cuando en 2010 era el mercado más barato.

Los precios de producir la electricidad en el mercado eléctrico han subido en el último año y los precios futuros (“compras a plazo”) auguran que serán más altos a finales de 2019, lo que encarecerá nuestro recibo, porque estos precios de la luz en origen suponen un 35% de la factura eléctrica. Y aunque esto tiene que ver con el clima (el viento y la lluvia), el consumo y la emisión de CO2, la clave es que el mercado eléctrico ibérico (MIBEL) funciona con un sistema que paga de más la generación de electricidad con algunas energías, según permite la Ley Eléctrica de 1997, aprobada por Aznar: cada empresa va aportando su electricidad, empezando por las más baratas (hidroeléctricas, nucleares y renovables) y siguiendo con las más caras (carbón, fuel y gas). Y al final, el precio resultante es el del kilovatio más caro, al que se paga al resto de las energías. Lo habitual es que la energía que falta (y más cuando no llueve o falta viento) se cubra con centrales de carbón o gas, que producen a 60 euros/kilowatio, el precio final que se paga a las centrales hidroeléctricas (a las que producir luz les cuesta 10 euros/kw) o nucleares (22 euros/kw), que además ya están amortizadas (después de 90 o 40 años de vida). Es como si compráramos carne picada hecha con pollo, cerdo, ternera y chuletón y la pagáramos toda a precio de chuletón. Así funciona el mercado eléctrico.

Aparte de fijar un precio de la electricidad por encima de los costes reales, el mercado eléctrico español es poco transparente (lo controlan de hecho las eléctricas, que son “juez y parte”), muy volátil (con muchos altibajos de precios, que nos repercuten) y el sistema promueve el fraude, como ya ha detectado la Comisión de la Competencia (CNMC) en varias ocasiones. En diciembre de 2013, la CNMC multó a Iberdrola con 25 millones de euros por parar la producción de sus centrales hidroeléctricas del Duero, Tajo y Sil, para provocar una falta de oferta de “electricidad barata” que obligó a utilizar las centrales de gas (más caras) y disparó el precio de la luz en el mercado eléctrico (y sus beneficios). En enero de 2018, la UCO (Guardia Civil) descubrió en Iberdrola correos y archivos que demuestran el fraude. Y en junio de 2018, la CNMC ha multado con 6 millones de euros a otra eléctrica, Viesgo, por “manipular su oferta” de la central de los Barros (Cádiz), excluyéndola del mercado diario para luego vender su electricidad en el mercado a precios más elevados.

Al final, la manipulación y los extracostes del mercado eléctrico (“pool”), donde se cotiza la electricidad cada día, es una de las tres causas de que nos suba tanto la luz, porque este precio de la luz en origen supone el 35% de nuestro recibo. Pero hay dos partes más: otro 40% del recibo son costes que fija el Gobierno, lo que se llaman “peajes”, que no suben en 2019 (por 5º año consecutivo). Y el 25% restante del recibo son impuestos.

Los “peajes”, la segunda parte del recibo (40%), son una especie de “cajón de sastre” donde los distintos Gobiernos han ido incluyendo múltiples costes. Unos son costes “justificados”, aunque demasiado elevados, como los de transporte de la electricidad (el 2,96% del recibo) y su distribución (10,04%). Y otros son costes “discutibles”, que pagamos cada mes en el recibo: ayudas a las renovables, cogeneración y residuos (20,6%), por el parón nuclear (0,41%), para amortizar la deuda eléctrica acumulada (2,89%), para compensar a Endesa por producir electricidad en Baleares y Canarias (4,2%), para compensar a las grandes industrias del riesgo de cortarles la luz (no ha ocurrido nunca, pero se llevan un 3% del recibo), ayudas para que las centrales de gas estén siempre disponibles (este pago se eliminó el 30 de junio de 2018), el pago para abaratar la luz a las industrias vascas (se ahorrarán 100 millones al año , una contrapartida del apoyo del PNV a los Presupuestos 2018 de Rajoy) y otras partidas más, como la recién aprobada ayuda (41 millones) a grandes empresas consumidoras de electricidad, como Alcoa, para que no se vayan de España…

La tercera parte del recibo de la luz (un 25%) son impuestos: pagamos un impuesto especial eléctrico (del 5,113% sobre la potencia contratada y el consumo) y el 21% de IVA sobre la factura total (incluido el impuesto eléctrico, con lo que pagamos un impuesto sobre otro impuesto). Y aquí también pagamos impuestos de más, porque España es el 5º país de la UE con el IVA de la electricidad más alto, sólo por detrás de Dinamarca y Suecia (25% IVA), Finlandia (24%) y Portugal (23%), pero muy por encima del IVA que se paga en Reino Unido (5%), Italia (10%), Grecia (13%), Irlanda (13,5%), Francia (16,7%) o Alemania (19%).

Como hemos visto, los consumidores pagamos costes de más en las tres partes del recibo, por el coste de producir electricidad (35% del recibo), por los peajes que nos incluye el Gobierno (40% recibo) y en los impuestos que pagamos (25% recibo). El resultado de estos “extracostes” es que la luz en España es de las más caras de Europa, según Eurostat (junio 2018). El consumidor doméstico paga la 2ª luz más cara de Europa: 0,1873 euros/kw sin impuestos, sólo por detrás de Bélgica (0,1898 €/kw), un 44% más cara que en Europa (0,1297 €/kw en la UE-28), un 65% más cara que en Francia (0,1134 €/kw) y un 26% más cara que en Alemania (0,1379 €/kw). Y las empresas pagan la 4ª luz más cara de Europa, tras tres islas (Malta, Chipre e Irlanda): 0,1008 euros/kilowatio sin impuestos, un 31% más cara que la electricidad industrial en Europa (0,0797 €/kw en la UE-28), un 36% más cara que en Francia (0,0737 €/kw) y un 30,7% más cara que en Alemania (0,0771 €/kw).

Tenemos la luz más cara de Europa porque pagamos costes de más. Y estos extracostes que pagamos, desde la electricidad en origen a los peajes e impuestos, benefician sobre todo a las eléctricas, que ganan el doble que las eléctricas europeas en relación a su negocio, según un estudio del Observatorio de Sostenibilidad. Las 3 grandes eléctricas, que controlan el 80% del mercado eléctrico, ganaron en 2018, un total de 5.770 millones de euros, un 14,3% más que en 2017 cuando la demanda eléctrica, su negocio, sólo creció un 0,4%.

No sólo tenemos la luz más cara de Europa sino que además es una luz más sucia, porque producirla supone emitir cada año más CO2, aunque en 2018 España bajó sus emisiones totales de CO2 un -4,6%, gracias a un menor uso del carbón y fuel en la generación eléctrica. Pero sólo un 38,5% de la electricidad es renovable, según Red Eléctrica, y todavía  un 28,4% de la electricidad se produce con carbón, fuel o gas. Y en consecuencia, de las 10 industrias españolas que emitieron más CO2 en 2018, 6 fueron centrales eléctricas (y 11 centrales entre las 20 industrias más contaminantes), según la Comisión Europea.

Si el próximo Gobierno quiere bajar el precio de la luz, no valen los “parches”, como quitar un impuesto durante 6 meses. Hay que actuar sobre los problemas de fondo, recortando los costes de más que pagamos con el recibo. En la primera parte del recibo, los costes de generación de electricidad, habría que hacer una auditoría de costes y pagar cada kilowatio por lo que cuesta producirlo, más un margen razonable. No podemos seguir pagando “sardinas a precio de caviar”, como dijo gráficamente el director del IDEA. Porque al pagar la electricidad de origen hidráulico y nuclear (ahora también la eólica) más cara de lo que cuesta, estamos pagando unos 4.500 millones de más al año en el recibo, según una reciente estimación de Natalia Fabra. Y sobre la 2ª parte del recibo, los costes regulados, una parte se podrían reducir (REE cobra demasiado por el transporte y los costes de distribución son muy elevados) y otras deben cargar sobre los Presupuestos o suprimirse. Y en cuanto a los impuestos, algunos expertos y FACUA piden bajar el IVA de la luz del 21 al 4% (bajaría el recibo un 14,11%), pero esta medida  es “peligrosa”: Hacienda perdería 4.400 millones al año, 4.400 millones menos para sanidad, educación, empleo, tecnología…y tantas cosas que hacen falta.

Pero sí se pueden reducir costes en las otras dos partes del recibo, en el coste de producir electricidad y en los costes regulados que se cargan al recibo. Quitando extracostes no justificados, se podría reducir la factura de la luz un 40% en unos años, según los expertos. Además, cada familia puede tomar 2 medidas adicionales para reducir su factura. La primera, ajustar la potencia contratada, porque uno de cada cinco consumidores contratan más potencia de la que necesitan. Y bajarla sólo 0,5kw nos permite ahorrar 26 euros al año. La otra medida es contratar la tarifa con discriminación horaria (si lo permite nuestro contador), porque supone ahorrar (mire abajo en su recibo: en letra muy pequeña “encontrará”  la tarifa que pagaría cada mes con discriminación horaria). Eso sí, el cambio de potencia o de tarifa tiene un coste para el consumidor (injustificable) de 9 euros más IVA.

Al final, el elevado coste de la luz (que perjudica a familias y empresas) es otra asignatura pendiente de resolver desde la Transición y los distintos Gobiernos han ido poniendo “parches” cuando la luz se disparaba pero sin atajar los problemas de fondo: básicamente, que los consumidores estamos pagando de más en beneficio de las eléctricas, que tienen un enorme poder económico, político (“puertas giratorias”) y mediático. Y nadie se “atreve a “poner el cascabel al gato”, tampoco el Gobierno Sánchez, que ha planteado un Plan energético 2021-2030 donde se mantienen los extracostes para la electricidad hidráulica, nuclear y eólica. No puede ser. El próximo Gobierno debería hacer una “auditoría de costes” y aplicar “luz y taquígrafos” a la tarifa eléctrica, sin más "parches" para salir del paso de subidas impopulares. Pero de esto, tampoco oirá hablar en esta campaña electoral.

La luz dispara su precio porque pagamos de más

En enero, la electricidad duplicó su precio medio de 2016 y subió 18 euros (+29%) el recibo de la luz a 12 millones de consumidores (el resto sufrirán la subida cuando renueven sus contratos anuales “libres”), disparando el IPC al 3%. Se culpa al clima, a la falta de agua y viento (energías más baratas), pero el problema de fondo es el mal funcionamiento del mercado eléctrico, creado por Aznar en 1997, que permite a las eléctricas manipular precios y sacar más beneficio de sus centrales hidroeléctricas y nucleares (ya amortizadas). Además, en el recibo pagamos numerosos costes de más, que deberían no pagarse o cargarse al Presupuesto. Por todo ello, las familias pagan la tercera luz más cara de Europa (sin impuestos). Y las empresas pagan un 28% más que las alemanas. Rajoy pide que "esperemos a que llueva" y no toma medidas, para no enfrentarse a las eléctricas. Urge realizar una auditoría de costes, para que paguemos la luz por lo que vale. Y reformar a fondo el sistema eléctrico, para que produzca luz más barata y más limpia. Luz y taquígrafos.
 

enrique ortega

El recibo de la luz tiene tres partes: el coste de producir la electricidad (35% de la factura), los pagos regulados que aprueba el Gobierno cada año (los “peajes”, el 40% del recibo) y los impuestos que paga la luz (IVA e impuesto eléctrico, el 25% restante). Ahora, la fuerte subida del recibo en enero se debe al primer tramo, al encarecimiento de la electricidad en el mercado eléctrico, que ha duplicado con creces su precio: si en 2016, el precio medio del kilovatio fue de 38,74 euros, en enero 2017 ha llegado a máximos de 91,88 euros (25 enero), cotizando por encima de 100 euros el kilovatio varias noches. Y ha cerrado enero con un coste medio de 71,49 euros por kilovatio, un 17% más cara que la media de diciembre (61,03 euros kvh). Se trata de la mayor subida de la luz en el mercado eléctrico desde diciembre de 2013, cuando el récord de 93,11 euros por kilovatio (18 diciembre) obligó al Gobierno Rajoy a intervenir en el mercado y cambiar el sistema: en vez de fijar un precio trimestral por subasta, se fijaba el precio diario por horas (24 precios al día) y eso es lo que pagan ahora los consumidores con precio regulado.

Este cambio, de pagar un precio fijado trimestralmente a un precio distinto cada hora, provocó unos enormes altibajos (“volatilidad”) en los precios del mercado eléctrico, donde las eléctricas compran cada día la luz que ellas mismas nos venden al día siguiente. Ahora, en enero, el precio de la electricidad se ha disparado, de 51,09 euros que valía el 1 de enero a casi 100 el 25 de enero, por varias razones. Una, el clima: apenas llueve (los pantanos están al 39% de capacidad frente al 55% hace un año) y tampoco hace viento, con lo que se produce poca electricidad eólica e hidráulica, las más baratas. Y eso obliga a recurrir a las centrales de carbón y gas, dos energías cuyos precios internacionales se han disparado (y más en España el gas, por problemas en las terminales de Argelia y porque nuestro mercado es muy estrecho y los precios del gas duplican a los europeos). Además, Francia lleva desde octubre con 8 centrales nucleares paradas y está importando electricidad de España, haciendo subir los precios. Y para rematar, hemos sufrido una ola de frío en enero que ha aumentado el consumo de luz.

Todo ello explica parte de la subida, pero no el fondo del problema: que el mercado eléctrico ibérico (MIBEL), que funciona desde el 1 de enero de 1998, es un mercado estrecho (“un mercadillo”), donde muy pocas empresas (Iberdrola, Gas Natural y Endesa) tienen un gran poder y se benefician de un sistema de precios “de locos” que les permitió Aznar con la Ley Eléctrica de 1997. En esencia, cada tipo de electricidad se ofrece a su precio y cada hora se fija un precio que es el de la electricidad más cara. Así, si hay poca agua y viento, las eléctricas ofrecen electricidad de sus centrales de gas (las más caras), a 90 euros kilovatio. Y eso es lo que se paga el kilovatio de las centrales hidroeléctricas (que cuesta producir 10 euros) o nuclear (22 euros). Un negocio redondo para esas centrales, que además están ya amortizadas. Es como si compráramos carne picada hecha con pollo, cerdo, ternera y chuletón y la pagáramos a precio del chuletón: los del pollo y cerdo se forraban. El experto Jorge Fabra estima que los consumidores hemos pagado 20.000 millones de más a las eléctricas sólo entre 2005 y 2015 por este injustificable sistema de precios.

Además, este sistema de precios incentiva el fraude. En la anterior gran subida de precios (diciembre 2013), la Comisión de la Competencia (CNMC) detectó que Iberdrola había parado la producción de sus centrales hidroeléctricas del Duero, Tajo y Sil, provocando una falta de oferta que disparó los precios en el mercado eléctrico, actuación por la que Iberdrola fue multada con 25 millones de euros por la CNMC en noviembre de 2015. Ahora, en esta subida de enero 2017, varios expertos temen que las eléctricas hayan vuelto a “manipular” el mercado, retrasando la entrada en servicio de las centrales de gas, bien porque no tenían gas almacenado (ahorraban al no invertir en stocks) o porque el gas había duplicado precios. Y al final, las centrales de gas han entrado en funcionamiento, marcando como referencia su elevadísimo precio, lo que beneficia a las eléctricas con centrales hidroeléctricas y nucleares.


Si ha pasado esto (la CNMC y la Fiscalía del Estado están investigando, pero es difícil de probar), resulta doblemente fraudulento, porque las eléctricas cobran por tener sus centrales de gas y carbón disponibles (por si falla la lluvia o el viento). En los últimos tres años (2014-2016), los consumidores hemos pagado en nuestro recibo 2.880 millones de euros como “pagos por capacidad” a las eléctricas, por tener “disponibles” sus centrales de ciclo combinado (gas y carbón). Y parece que muchas no lo están ni tienen combustible, aunque las eléctricas cobran por ellas. Y lo peor: nadie lo controla.

Bueno, por acabar con esta primera parte del recibo (35%), lo que pagamos por el coste de la electricidad  generada, la fuerte subida de enero no afecta a todos los consumidores, sólo a las familias que tienen contratada una tarifa “regulada” (llamada PVPC, precio voluntario al pequeño consumidor), que son 11,9 millones de españoles. A ellos es a quien les ha subido 18,32 euros extras (un 26%) el recibo de enero sobre el de enero de 2016, según el cálculo de la CNMC para una familia con 2 hijos y consumo medio (250 kW al mes). Y eso ha disparado el IPC de enero, que subió al 3% anual (1,6% en diciembre). En el resto de Europa, también ha subido mucho la luz en el mercado eléctrico, pero no ha provocado titulares ni les preocupa tanto porque estos precios no se trasladan automáticamente al recibo, algo que sólo pasa en España , gracias al nuevo sistema de precios regulados (PVPC) que el Gobierno Rajoy introdujo en abril de 2014, tras las fuertes subidas de diciembre de 2013.


Pero el resto de españoles, los 13,9 millones de consumidores que tienen contratada la luz en el mercado “libre” no se librarán de la subida: cuando renueven su contrato (son anuales), les van a subir el importe (“tarifa plana”), argumentándoles que la luz ha subido. En los dos últimos años, estos consumidores han dejado los contratos de precio regulado (PVPC) y se han pasado al mercado “libre” , presionados por las eléctricas, que les decían que así pagaban menos. Pero no es verdad: según la CNMC, las tarifas “libres” son 32 euros anuales más caras que las del mercado regulado, básicamente porque al ser un precio por todo un año, no se quieren “pillar” con precios bajos. Ahora, con la fuerte subida de enero, las eléctricas tratarán aún más de desviar clientes con precio regulado a clientes con precios "libres", argumentando que así se libran de los “saltos de precios”. Pero no es verdad: antes o después, las eléctricas tendrán que repercutir las subidas en sus clientes “libres”.

Vayamos a la segunda parte del recibo (el 40%), la que paga los costes regulados por el Gobierno cada año (los llamados “peajes”, congelados para 2017), algo inaudito en Europa: en los demás paises, estos "peajes" los fija un organismo independiente del Gobierno, tipo la Comisión de la Competencia española). Aquí, todos los consumidores (“regulados” y “libres”) pagamos los mismos conceptos, costes la mayoría no justificados y que encarecen otra vez nuestro recibo. Pagamos el coste de transportar la electricidad (1.710 millones en 2016, el 2,96 % del recibo, que se lo lleva un monopolio, la empresa pública Red Eléctrica) y distribuirla (5.123 millones, el 10,04% del recibo), dos conceptos justificables, pero por los que pagamos de más, según varios expertos. Otros 6.403 millones los pagamos para ayudar a las renovables (17,22% del recibo), ayudas que se han recortado mucho. Y 2.838 millones para amortizar la deuda acumulada con las eléctricas (30.000 millones) y sus intereses (2,84% del recibo. Nos cobran 155 millones (0,41% del recibo) para compensar a las eléctricas del “parón” nuclear. Pagamos 740 millones por compensar a Endesa del mayor coste de producir luz para las islas (4,2% del recibo). Otros 725 millones (4,15% del recibo) son para que las eléctricas tengan “disponibles” sus centrales de carbón y gas (paradas la mayoría casi todo el año) y 525 millones más (3% del recibo) se los pagamos a grandes empresas (Arcelor Mittal, Alcoa, Asturiana de Zinc…, aunque el Gobierno no quiere dar la lista de beneficiadas) para “compensarles” porque las eléctricas puedan cambiarles o cortales el suministro de luz si hace falta (cosa que no ha pasado nunca). Estos dos pagos (por “capacidad” e “interrumpibilidad”) están bajo vigilancia de la Comisión Europea porque creen que son “subvenciones encubiertas” a eléctricas y empresas (a costa de nuestro recibo).

Como se ve, esta segunda parte del recibo (recordemos, el 40%) es un “cajón de sastre” donde los Gobiernos llevan años añadiendo costes, en vez de cargar algunos al Presupuesto y otros suprimirlos, porque no se justifican y sólo sirven para engordar los beneficios de las eléctricas (5.794 millones en 2016 las tres grandes). El último coste nuevo, incluido por el Gobierno Rajoy en nuestro recibo para 2017, es el coste de un proyecto para que el operador del mercado eléctrico OMIE (una empresa privada) participe en la gestión de la futura plataforma de negociación eléctrica europea. También saldrá de nuestro bolsillo.


Como también pagaremos este año el bono social, ese descuento del 25% en el recibo a los consumidores más vulnerables (2,4 millones entre parados, jubilados, familias numerosas y clientes con menos de 3 kilovatios contratados) que cuesta 250 millones anuales. Zapatero pactó en 2009 con las eléctricas que el coste del bono social lo pagaban ellas, pero Iberdrola recurrió a los Tribunales y el Supremo obligó en 2012 a devolverles lo pagado entre 2009 y 2012 (a costa de nuestro recibo) y a cambiar el sistema de pago. Industria lo cambió a medias, las eléctricas volvieron a recurrir y el Supremo falló a su favor en octubre de 2016, sentenciando que hay que devolverles lo pagado entre 2014 y octubre de 2016 (503 millones que pagaremos con nuestros recibos). Ahora, el Gobierno Rajoy ha aprobado un decreto Ley (23 diciembre 2016), con apoyo del PSOE (ha pasado del “no es no” al “sí, claro que sí”), para reformar el bono social y que su coste lo paguen “las comercializadoras de energía”, ligadas a las eléctricas. Pero estas ya han dicho que “lo repercutirán en el consumidor”. O sea que lo pagaremos nosotros. Y si alguien pretende lo contrario, irán a los Tribunales, ganarán otra y vez y lo pagaremos antes o después.

Así que, con todos estos costes, no debe extrañarnos que la luz sea tan cara. Y más porque muchos tienen contratada más luz de la que necesitan, por miedo a que “les salte el automático”: un 20% de españoles tienen contratada más potencia de la que necesitan y pagan así 52,82 euros de más al año, según un estudio de Mirubee.  Antes no era caro hacerlo, pero desde 2013, con la “reforma eléctrica” aprobada por el Gobierno Rajoy, se subió mucho el componente “potencia” del recibo (+92% a los consumidores domésticos y +145% a los industriales), con lo que ahora pesa mucho en el recibo la potencia contratada (es una forma de “garantizar ingresos” a las eléctricas estos años de bajo consumo) y podemos pagar casi tanto por potencia como por consumo (o más algunos meses). Miren su recibo.

Al final, entre tanto “extracoste” a cargo del recibo, el precio de la luz se ha disparado y ha subido en España un 52% durante la crisis (2008-2014), casi el doble que en Europa (+34%). Los consumidores domésticos pagamos la 5ª luz más cara de Europa. Pero si descontamos los impuestos (más bajos en España, un 21% de media frente al 33% en Europa, el 52% en Alemania o el 69% de Dinamarca), resulta que las familias españolas pagan la tercera luz (sin impuestos) más cara de Europa, sólo por detrás de Irlanda y Reino Unido (dos islas), según datos de Eurostat (2015). Y ahora (noviembre 2016), con datos del Ministerio de Energía, los consumidores españoles pagamos la luz (0,172 euros/kwh) un 30% más cara que la zona euro (0,132 €/kwh), un 23,7% más cara que los alemanes (0,139 €/kwh) y un 56,3% más cara que los franceses (0,110 €/kwh). Y las empresas pagan en España 0,086 euros/kwh, un 28,3% más que las alemanas (0,067 €/kwh) y un 30,3% más que las francesas (0,066). Es un gran “hándicap para competir, tan importante o más que el coste salarial del que siempre se quejan las empresas (muy inferior al europeo).

En definitiva: tenemos un sistema eléctrico “de locos” y un recibo al que todo el mundo carga costes, con permiso del Gobierno de turno. Rajoy pide que "esperemos a la lluvia" y el nuevo ministro de Energía afronta el problema con “ocurrencias”, como ampliar el mercado del gas, para que entren más operadores y bajen los precios. Vale, pero tardará tiempo en surtir efecto y será mínimo. La CNMC investiga, como la Fiscalía del Estado (sin medios ambos), pero sabe que es muy difícil probar los fraudes y que luego sus sanciones se las echan atrás los Tribunales (la Audiencia Nacional suspendió en marzo de 2016 la ejecución de la multa de 25 millones a Iberdrola por el supuesto fraude de 2013). Lo eficaz sería poner en marcha una auditoría de costes del sistema eléctrico (como acaba de pedir en el Congreso toda la oposición), para que paguemos la luz por lo que realmente cuesta producirla, sin los “regalos” que hoy costeamos. Y después, modificar a fondo el sistema de generación eléctrica, para que sea más eficiente, más barato y más limpio (menos carbón y gas y más renovables, porque España aumentó sus emisiones de CO2 en 2014 y 2015). De las 10 instalaciones que más emiten CO2 en España, 9 son centrales térmicas de Endesa(2), Gas Natural Fenosa(2), Hidroeléctrica(2) y Viesgo (EON).

La reforma a fondo del sector eléctrico es una de las grandes tareas pendientes desde la transición. Aznar dio “prebendas” a las eléctricas a cambio de que ayudaran a bajar precios para entrar en el euro. Y luego, ni Zapatero ni Rajoy se han atrevido a desmontar el sistema, que asegura elevados beneficios y dividendos (+25% entre 2014 y 2017) a las eléctricas, un “oligopolio” con gran poder económico, mediático y político (32 ex-políticos del PP, PSOE, CiU y PNV están sentados en los Consejos de Administración de las eléctricas). Es hora de “desmontarles el sistema”, porque es ineficiente, muy costoso y lo pagan los españoles más vulnerables, con un recibo que no para de subir y que es más elevado que el de los demás europeos. Pero ojo, si mañana cambia el clima o abren las nucleares francesas y los precios ya no son noticia, no bajen la guardia, porque el problema sigue ahí: estamos pagando costes de más, una luz más cara de lo que debía costarnos. No lo permitan. Luz y taquígrafos.