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| Enrique Ortega |
A la hora de hacer balance de esta Legislatura, quizás lo más importante es empezar con el gran cambio en la política económica que se ha dado, en España y en Europa, ante la doble crisis de la pandemia y la inflación y la guerra de Ucrania. Frente a la anterior crisis financiera, entre 2008 y 2014, los políticos europeos reaccionaron con políticas de ajuste duro, culpando a los paises del sur (los “PIGS”) de “haber vivido por encima de sus posibilidades” y recetándoles rescates (a Grecia, Irlanda, Portugal, Chipre y España, vía rescate banca) y recortes de gasto, que les hundieron en la recesión y provocaron la pérdida de renta y de millones de empleos. En el caso de España, los recortes superaron los 100.000 millones entre 2010 y 2014, hundiendo el Estado del Bienestar (sanidad, educación, Dependencia, gastos sociales, inversiones públicas…), la actividad , los ingresos de las familias y el empleo.
En las dos últimas crisis, la pandemia de 2020 y la alta inflación y la guerra de 2021 y 2022, la política económica europea (y española) ha cambiado radicalmente. La misma Ángela Merkel que impuso los ajustes de 2010 (con Francia, Holanda y la Europa rica del norte) fue la responsable de que Europa aceptara medidas de ayuda a las familias, empresas y paises afectados por la pandemia. Y que, el 21 de julio de 2020, aprobaran un Plan de Recuperación para Europa sin precedentes: 750.000 millones en subvenciones y créditos, centrado sobre todo en Italia y España (140.000 millones). En vez de recortes, un Plan de ayudas para aprovechar la crisis y modernizar la economía europea, con la digitalización y la lucha contra el Cambio Climático como prioridades. Y autorizando la emisión de deuda común europea, un tema históricamente "tabú".
Este cambio de política económica en Europa, ha permitido a España sortear mucho mejor estas dos crisis (pandemia, inflación y guerra) que la crisis de 2008. Y sin tantos costes laborales y sociales. Veamos el distinto balance. En la crisis de 2008, España tardó 12 años en recuperar el empleo perdido: los 19.493.050 afiliados de julio de 2007 no se recuperaron hasta julio de 2019 (19.533.210 afiliados a la SS). En la doble crisis de 2020 a 2023, España recuperó la afiliación de antes de la pandemia en año y medio: teníamos 19.408.537 afiliados en diciembre de 2019, cayeron hasta un mínimo de 18.458.666 afiliados en abril de 2020 y se recuperaron en junio de 2021 (19.500.277 afiliados a la SS). El “truco” fue la aprobación, en marzo de 2020, de los ERTES: en lugar de despedir a los trabajadores por la pandemia, se les “embolsaba” en los ERTES, pagándoles la mayor parte del salario y ayudando a empresas y autónomos. Si en la crisis de 2008, 3,8 millones de españoles perdieron su empleo, en esta doble crisis se evitó pasando a 3,5 millones de trabajadores a ERTES (abril de 2020), reduciendo la cifra a 2,6 millones en mayo de 2020, a 702.000 en diciembre y a sólo 33.085 dos años después, en abril de 2022.
Y junto a esta diferente política laboral, el Gobierno Sánchez (como el resto de Gobiernos europeos, de derechas y socialdemócratas) aprobó sucesivos paquetes de ayudas, a empresas, autónomos y familias, para sobrevivir a la pandemia primero y para compensar la inflación después, un gasto total de 45.000 millones de euros (no los recortes de Rajoy entre 2012 y 2014). El resultado de esta distinta política económica frente a la crisis ha sido triple: más crecimiento, más empleo y menos inflación.
España fue el país europeo que más cayó con la pandemia (--11,3% en 2020 frente al -5,7% en la UE-27), porque aquí fue mayor el confinamiento (la actividad laboral cayó un -63%, frente al -55% en Francia y el -47% en Alemania, por el menor impacto del teletrabajo) y por el enorme peso que tienen el turismo y los servicios (colapsados por el COVID). Pero somos también uno de los paises donde más ha crecido la economía en 2021 (+5,5%), 2022 (+5,5%) y primer trimestre de 2023 (+0,6%, frente al +0,1% en la UE-27). Y ahora, la economía española crece a un ritmo del +4,2% anual, impulsada por la exportación, el turismo y las inversiones europeas, lo que significa que crecemos 4 veces más que la media UE-27 (+1%) y que antes de la pandemia (+2% crecimos en 2019).
Y este mayor crecimiento ha permitido alcanzar en junio los 20.869.939 cotizantes a la Seguridad Social, casi 2 millones más de afiliados (+1.954.272) de los que había cuando Pedro Sánchez llegó al poder, en mayo de 2018 (18.915.667 cotizantes). Un balance de empleo (+1,95 millones de afiliados) en 5 años que supera el balance de Rajoy en 5 años y medio (+1.685.746 afiliados entre diciembre 2012 y mayo 2018), según los datos oficiales de afiliación de la SS (ver cuadro), no según las mentiras de Feijóo.
El tercer balance positivo es la menor inflación. Si España pasó de una inflación anual del +2,9% en julio de 2021 a un máximo del +10,8% en julio de 2022 (+9,8% en la UE-27), luego bajó mes a mes, gracias a la rebaja de los precios internacionales de la energía, la excepción ibérica (15 junio 2022) y los cuatro paquetes de bajadas de impuestos y ayudas contra la inflación aprobados por el Gobierno Sánchez. Y así, en junio de 2023, la inflación anual cayó al +1,9%, el dato más bajo desde marzo de 2021. Y ahora somos el 2º país con la inflación más baja de Europa (1,6% en términos homogéneos), junto a Bélgica (+1,6%), tras Luxemburgo (+1%), según Eurostat, muy por debajo de la media de la UE-27 (+6,4%) y de la inflación de Alemania (+6,8%), Italia (+6,7%) y Francia (+5,3%).
Muchos españoles no notan que la economía “va bien” porque sus ingresos se han deteriorado con la inflación, debido a un estancamiento de los salarios, que apenas subieron en 2020 (+1,73%), 2021 (+1,47%) y 2022 (+2,78%), perdiendo poder adquisitivo (-5,7% entre 2019 y 2022, más que en el resto de Europa). De hecho, el salario bruto más frecuente en España se ha estancado: de 18.489,74 euros en 2019 a 18.502,54 euros en 2021, 1 euro más al mes. Y con ese sueldo más frecuente (1.542 euros brutos en 12 pagas, 1.310 euros netos), no es de extrañar que el 47,8% de los españoles tengan problemas para llegar a fin de mes, según el INE. Y que 1,6 millones de familias (el 9%) no puedan hacer frente a sus gastos esenciales, según el Banco de España. Unos datos que contrastan con el alza de los beneficios de las empresas y la banca: los beneficios de 28 empresas del IBEX aumentaron un +43% en 2022 respecto a los de 2016-2019, según Intermón Oxfam. Y la gran banca española ganó 20.850 millones en 2022, un +28% sobre 2021.
Así que la macroeconomía va bien, pero la economía de algunas familias españolas no tanto, porque sus ingresos apenas han subido y han tenido que tirar de los ahorros para sobrevivir, mientras algunas grandes empresas (energéticas, eléctricas y bancos) ganan más que nunca. Eso sí, las ayudas y políticas sociales de estos años han reducido la pobreza y la desigualdad en España. En 2011, al llegar Rajoy al poder, el 20,6% de los españoles eran “pobres” (ingresaban menos del 60% de la media). Y al irse, en 2018, lo eran más, el 21,3%. Ahora, tras 5 años de Sánchez, la pobreza ha bajado al 20,4%. Y también se ha reducido la desigualdad: si en 2011, el 20% más rico ganaba 6,3 veces más que el 20% más pobre, en 2017 era 6,6 veces más y en 2022 ha bajado a 5,6 veces, según el INE.
Por encima de este balance de la coyuntura económica, lo más importante de esta Legislatura es que se han aprobado reformas económicas necesarias, pendientes desde hace décadas e impulsadas por la Comisión Europea, que las ha exigido como contrapartida de los Fondos europeos. La lista es larga, pero resaltaré algunas que son claves para modernizar la economía española: reforma laboral (balance: hay 2.450.300 españoles más ahora con empleo indefinido que en 2018), subida del salario mínimo interprofesional (de 735,9 a 1.063 euros, un +44% en 5 años), doble reforma de las pensiones (que ahora, por Ley, suben lo que el IPC cuando Rajoy las subió sólo un 0,25% entre 2014 y 2017), el ingreso mínimo vital (que llega ya a 1,8 millones de beneficiarios), Ley de Cambio Climático, Ley de Residuos, Ley de Ciencia, Ley de Digitalización de la Economía, Ley de Educación, Ley de FP, Ley de Universidades, Ley de Empleo, Ley del Teletrabajo, Ley Riders, Ley de la Cadena Alimentaria, liberalización ferroviaria, Ley contra la brecha salarial de las mujeres, Ley de Protección de datos, Ley de Telecomunicaciones, Ley de Vivienda (una norma contraproducente, por imposición de Podemos) y los impuestos temporales a energéticas, banca y grandes fortunas.
Y en paralelo, la gestión de los Fondos Europeos: somos el único país que ha recibido 4 entregas de fondos (37.036 millones de subvenciones), que han movilizado ya 190.000 proyectos empresariales por toda España, que aportan una buena parte del crecimiento y el empleo. Y el Gobierno Sánchez presentó en junio de 2023 una “adenda” al Plan de Recuperación, para recibir los 84.000 millones de créditos previstos, otros 7.700 millones de transferencias adicionales y 2.644 millones más del programa REpowerEU. En total, el objetivo es movilizar 160.000 millones de la UE entre 2021 y 2026 (el 12% del PIB), más otros 36.700 millones de Fondos Estructurales. Un dinero que depende de que los proyectos se gestionen y gasten bien y de que las reformas prometidas a Bruselas se hagan.
Ahora, con las elecciones, el futuro de estas reformas económicas está en el aire, dado que el PP y Vox votaron en contra de la mayoría. Lo que más preocupa son las medidas contra el Cambio Climático, dado que los nuevos gobiernos de coalición PP-Vox ya han ido en contra de los carriles-bici y algunas normas de protección de la naturaleza. Y que Vox en un partido que niega el Cambio Climático. Ambos partidos defienden también no cerrar las centrales nucleares entre 2025 y 2035, como pactaron en 2019 las eléctricas y el Gobierno Sánchez. Otro tema clave son las pensiones: el PP cree que su futuro no está asegurado con las reformas aprobadas y podría volver a los recortes que aprobó Rajoy en 2013. Y Vox defiende su privatización parcial, como en Chile. También podría haber retrocesos en otras reformas, como la Ley de Educación, el salario mínimo, la brecha salarial, la reforma laboral o los impuestos.
Precisamente, un tema clave que se juega en estas elecciones son los impuestos. El PP promete suprimir los impuestos temporales a las grandes energéticas y la banca, además de reducir el IRPF (deflactando la tarifa, descontando la inflación: supondría una rebaja de 100 euros para los que ganan 20.000 euros, 345 euros para los sueldos de 40.000 y 544 euros de ahorro para los que ganan más de 70.000 euros anuales), suprimir el impuesto de patrimonio (que sólo pagan los 183.523 contribuyentes más ricos) y también el de sucesiones y donaciones. Y rebajarían el impuesto de sociedades, para que bancos y grandes empresas paguen menos impuestos (aún).
El problema cuando la derecha promete bajar impuestos es que no dice nada de cómo se van a pagar entonces los gastos públicos, desde la sanidad y la educación a la dependencia, los gastos sociales, el paro o las infraestructuras. Siempre tiran del mito de que bajando impuestos se ingresa más, pero es una falacia económica que siempre acaba en dos medidas: o sube el déficit (Reagan, Thatcher) o llegan los recortes (Rajoy). Porque no hace falta ser economista para saber que si bajan los impuestos, hay menos recursos para gastar. Y más en 2024, cuando España se ha comprometido con Bruselas a cumplir con el 3% de déficit público, lo que obligará al próximo Gobierno a ingresar más o a recortar gastos (o a las dos cosas).
Así que si este domingo ganan las elecciones el PP y Vox, podría producirse un parón en algunas reformas que son claves para seguir modernizando la economía (Cambio Climático, reforma laboral, pensiones ayudas sociales) y vernos abocados a los ajustes del pasado, en perjuicio de pensionistas y las familias más desfavorecidas. Basta leerse los programas del PP y Vox para “temerse lo peor en economía”, sin olvidar el riesgo de retroceder en derechos: aborto, eutanasia (ojo: no es obligatoria), derechos de la mujer, Memoria histórica (dejen enterrar a los muertos...), derechos LTGBI, lenguas nacionales, cultura…
El verdadero dilema es
avanzar,
en economía y en derechos, completando las reformas necesarias para modernizar
la economía y hacerla compatible con el medio ambiente y la digitalización. O
retroceder en las reformas iniciadas y enfrentarse al futuro con
recortes y ajustes. Esto es lo que de verdad está en juego, además de que la extrema derecha entre en otro
Gobierno europeo, tras Italia y Finlandia, lo que complicaría
las elecciones
europeas de junio de 2024, con el auge de la ultraderecha en
Francia, Alemania, Holanda y Suecia. Piense bien su voto y las
consecuencias. No se trata de
votar a la contra, “con la tripa”, para “castigar a alguien”, sino votar “con la cabeza” y los datos reales,
pensando en la mejor estrategia para
avanzar, crecer, crear empleo y vivir mejor. Reflexione y vote.
