Universidad: polémica Ley y poco empleo

El Gobierno aprobó en  agosto el anteproyecto de Ley de Universidades (la LOSU), la 4ª reforma de la democracia. Pero no puede mandarla al Congreso porque, en la fase de consulta pública, ha sido vetada por los rectores y los alumnos. Y tampoco gusta al gobierno catalán. Así que la Ley Castells está bloqueada, aunque la haya retocado dos veces estos meses. El problema es “cuadrar” los intereses de rectores, profesores, alumnos y autonomías, que gestionan los Campus. La Ley busca reducir la precariedad de los profesores (un tercio, temporales), ordenar la carrera docente, mejorar la gestión y una Universidad más relacionada con las empresas y el mundo. Suena bien, pero no resuelve 2 asignaturas pendientes: más recursos públicos (para bajar coste matrículas) y una enseñanza que tenga más que ver con el mercado laboral, dejar de ser “una fábrica de parados” (15% licenciados en paro frente al 6% en la UE y el 4% en Alemania). Nos jugamos mucho en reconvertir la Universidad.

Enrique Ortega

Las Universidades españolas (50 públicas y 33 privadas) han tenido 3 Leyes durante la democracia: la Ley de reforma Universitaria (LRU) de 1983 (Felipe González), la Ley Orgánica de Universidades (LOU) de 2001 (Aznar) y la modificación parcial de la LOU, en abril de 2007 (Zapatero), para incorporar los requerimientos del nuevo sistema universitario europeo (Plan Bolonia de 1999). Ahora, el Gobierno Sánchez ha estado más de un año preparando una nueva norma legal, “para adaptar la Universidad al siglo XXI”: la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), cuyo anteproyecto aprobó el 31 de agosto de 2021.

Los grandes objetivos de la LOSU son terminar con la precariedad laboral de los profesores universitarios, ordenar la carrera docente, mejorar la gestión de los Campus, auditar y controlar mejorar sus cuentas, mejorar la calidad de la enseñanza, internacionalizar su actividad y vincular más sus planes de estudios con las empresas y el empleo. Y en paralelo, negociar con las Universidades la rebaja de costes de las matrículas, prometiendo a cambio una mayor financiación pública a las Universidades y una ampliación de las becas.

El gran problema en el funcionamiento diario de las Universidades es la tremenda precariedad laboral de sus profesores y la escasez de docentes, tras los recortes. Se calcula que entre 2012 y 2018, los Campus públicos perdieron 6.731 plazas de profesores (funcionarios e interinos), por la vía de no sustituir a los jubilados (tasa de reposición del 10% entre 2012 y 2014 y del 50% entre 2015 y 2016) y no renovar o despedir a los contratados. Y además, la no convocatoria de plazas hace que 1 de cada 3 docentes sean profesores asociados, sin garantía de plaza y con enorme precariedad laboral. Para oscurecer el panorama, se calcula que el 53,5% de los profesores permanentes se jubilan en 10 años y que en la próxima década se van a jubilar también el 90% de los actuales catedráticos…

La Ley intenta afrontar este grave problema laboral de la Universidad pública española (en la privada hay aún más precariedad). Por un lado, se permite contratar más, ampliando la tasa de reposición de los jubilados: en 2022, el Presupuesto permite contratar 12 profesores por cada 10 que se jubilen, aunque son las autonomías las que han de cumplirlo, porque son las que contratan  y pagan. Además se fija un cupo del 15% de las nuevas plazas para los profesores asociados (con tesis leída) que trabajen ya en la Universidad. Y se aumenta del 51 al 55% el porcentaje mínimo de profesorado funcionario que deben tener las Universidades, facilitando también la llegada de profesores extranjeros de apoyo, así como la figura del profesor asociado no doctor (para incorporar temporalmente a profesionales a la docencia). Y se establecen las normas para la progresión de carrera en las Universidades.

Otro problema que afronta la nueva Ley es la gestión de las Universidades, fijando criterios sobre la elección de Rectores y Decanos, la configuración del Claustro universitario y el Consejo de Gobierno de los Campus, introduciendo por primera vez sistemas de evaluación permanente de la actividad docente y auditorías sobre la gestión. Y se busca una igualdad de oportunidades para las mujeres, que ganan menos y tienen una escasa presencia en las cátedras (sólo el 21%) y en los puestos de dirección de las Universidades (sólo hay 9 rectoras en las 50 Universidades públicas).Otra cuestión clave de la Ley es intentar ordenar la carrera docente de los profesores universitarios, fijando tres niveles de progresión en la carrera académico y estableciendo normas para cubrir plazas.

Otro punto clave de la Ley es promover la producción y transferencia del conocimiento, exigiendo que todas las Universidades destinen un 5% de su Presupuesto a la investigación y que reserven al menos un 15% de sus plazas a investigadores. Y en paralelo, pretende mejorar la relación de la Universidad, las empresas y la sociedad, promoviendo “doctorados industriales” y la docencia de gestores de empresas, ayudando a una formación permanente de alumnos universitarios y sus profesores. Una medida clave  establece “pasarelas” con la Formación Profesional Superior (FP): algo crucial: que los alumnos de la Universidad puedan terminar estudios de FP y viceversa. Vamos que un universitario pueda hacer estudios de FP y un alumno de FP formarse en la Universidad, algo básico para que los licenciados tengan una formación “más práctica”.

Y otro objetivo básico de la Ley es promover la internacionalización de las Universidades españolas, fomentando las alianzas entre los Campus españoles y los extranjeros y sobre todo en el programa Erasmus. Y facilitando la acreditación de profesores extranjeros y la vuelta de “talentos” españoles, que hoy tienen problemas (de acreditación) para volver y enseñar en la universidad. Y la docencia en el extranjero puntuará a favor de todo los profesores.

Es sólo un resumen, que “suena bien”. Pero la Ley, al entrar en cuestiones relacionadas con la gestión de las Universidades, las contrataciones o las carreras docentes, resulta muy polémica, porque intenta legislar sobre intereses muy contrapuestos. Por eso, aunque el ministro Castells ha estado un año de conversaciones para lanzar el anteproyecto, ha chocado con muchas críticas. Y por ello, ha hecho algo inaudito: cambiar por dos veces el anteproyecto de Ley  aprobado en agosto. El 5 de octubre presentó un 2º texto, dirigido a calmar a los rectores: les aseguraba que no serían elegidos por un Comité (como en la 1ª versión) sino por un sufragio “ponderado” de la comunidad académica, como ahora. Y deja a los Campus las normas sobre elecciones de los Claustros y Consejos de Gobierno. Y el 22 de octubre, Castells presentó un 3º texto de la Ley, dirigido a los sindicatos, modificando exigencias y normas sobre los profesores y la participación de los alumnos.

Pero los cambios no han convencido. Y así, en el Consejo de Universidades del 18 de noviembre, los rectores se han negado a emitir un informe sobre la Ley, que es preceptivo, criticando la Ley y sus cambios. Y tampoco han emitido su informe preceptivo las asociaciones de estudiantes, que convocaron protestas y manifestaciones, ese mismo 18 de noviembre, en 20 ciudades de 12 autonomías. Y en paralelo, el Gobierno catalán ha presentado 100 páginas de alegaciones a la LOSU, reclamando más autonomía de gestión para los Campus catalanes. Así las cosas, el ministro Castells ha paralizado el nuevo envío de la Ley al Consejo de Ministros, tras  el periodo de información pública, con lo que se retrasa también su envío al Congreso. Y eso que la LOSU es una de las Leyes que el Gobierno había prometido a Bruselas este año.

El fondo de las críticas a la LOSU es que los rectores de las Universidades quieren más autonomía y no les gusta que una Ley les diga cómo dirigir su Campus o le ponga reglas para contratar a sus profesores. Y los sindicatos de profesores y los alumnos quieren también más participación y más poder, que no se les regule por Ley. La cuestión es que con 17 autonomías, hace falta un marco legal unitario, como se hace en Europa, que establezca unos mínimos, para evitar las diferencias que ya hay en sanidad o educación no universitaria. Y para asegurar una calidad mínima y homogénea de la enseñanza universitaria. Pero el acuerdo va a ser difícil: cuanto más se intente regular, más resistencias. Y cuanto menos se regule, más posibilidades de consensuar una Ley que sea poco eficaz. En esas estamos.

Pero al margen de la LOSU, las Universidades españolas han de afrontar otros problemas de fondo, en los que nos jugamos mucho. Sobre todo dos: la financiación de las Universidades y su utilidad para el reto de modernizar la economía y crear más empleo. Además, las Universidades públicas (50, ninguna nueva desde 1998) han de afrontar “la competencia” de las Universidades privadas, las únicas que crecen (son ya 33), con alumnos que no superan el filtro de la EBAU (sobre todo en Madrid, donde la nota media es de 10,2 a 10,4, frente a 9,2/9,6 en Cataluña y 8,7/9,1 en Castilla León o la Rioja, por ejemplo). Y más que van a crecer, de la mano de Fondos e inversores extranjeros: en 2018, el fondo italiano Permira compró la Universidad Europea de Madrid, en 2019 la Universidad Alfonso X el Sabio fue comprada por el Fondo británico CVC (el que ha comprado parte de LaLiga)  y en 2021 el Fondo norteamericano KKR ha dado el salto a la Formación Profesional española, comprando la malagueña Medac. Año tras año, las Universidades públicas pierden alumnos y los ganan las Universidades privadas, muchas de dudosa calidad académica.

La primera gran asignatura pendiente es financiar mejor la Universidad. En conjunto, España destina el 1,3% de su riqueza (PIB) a financiar los estudios universitarios, frente al 1,5% de media en la OCDE y el 2% en EEUU, según un estudio de los rectores. Y si miramos solo la financiación pública, España destina el 0,83% del PIB, frente al 0,97% en la OCDE y el 0,98% en la UE-23. Eso significa que la Universidad española recibe un 14,5% menos de financiación pública que las Universidades extranjeras. A lo claro, eso significa que les faltan 2.400 millones de euros cada año (1.600 millones públicos). Y no es sólo que España destine menos recursos a financiar sus Universidades, sino que el esfuerzo (% del PIB) es menor hoy que hace 22 años, según los rectores). Y además, está mal repartido: hay Gobiernos autonómicos que gastan más que la media (6.210 euros por universitario), como La Rioja (9.000 euros), País Vasco (8.500), Cantabria (8.000), Galicia (7.800), Navarra o la Comunidad Valenciana (7.500 euros) y otras que gasta mucho menos, como Madrid (5.000 euros por universitario), Baleares (5.100), Extremadura (5.200), Murcia (5.500) o Andalucía y Castilla la Mancha (aportan 5.900 euros por universitario).

Esta escasa financiación, más los recortes iniciados en 2012, explican que la Universidad pública española  sea la 2ª más cara de Europa, junto a Holanda, según el ministro Castells. Y somos el 11º país europeo (de los 23 estudiados) con las tasas universitarias más altas, según un estudio de los rectores (CRUE). De los grandes paises, sólo se paga más por la Universidad en Reino Unido e Italia, no se paga casi nada en Francia y es gratuita en muchos paises europeos, como Alemania, Dinamarca, Suecia o Finlandia. En España, el 73% de los universitarios pagan tasas, un precio medio de 1.050 euros en Grado, aunque con una gran diferencia según titulaciones y autonomías (de 2.000 euros en Cataluña a 700 euros en Galicia. Claro que la privada es impagable: más de 1.000 euros al mes en Madrid.

El sistema de becas es también “insuficiente” (2.000 euros de media al año, según la CRUE), porque se han recortado mucho en la última década y dejan fuera a muchos universitarios que no alcanzan la nota exigida (5,5 puntos desde 2018). El Gobierno Sánchez lleva 2 años aumentando los fondos para becas, de las que se benefician ahora unos 390.000 universitarios (de 1,6 millones), que reciben unos 1.000 millones al año. Pero el problema sin resolver es que cobran las becas 4 meses después de iniciado el curso, porque hay que esperar a aprobar el Presupuesto siguiente, lo que crea serios problemas a sus familias.

La 2ª gran asignatura pendiente de la Universidad, junto a la financiación, es la adecuación de sus estudios a lo que exigen las empresas y la economía. Urge reconvertir los Planes de estudio, porque las Universidades (públicas y privadas) ofrecen un exceso de Grados (se ha pasado de 1.275 en 2008 a 2.920 en 2020-21) y  sobre todo de Máster (de 1.736 a 3.567), que les consumen recursos y esfuerzos, pero que no tienen sentido. Sobre todo, porque el 13% de las carreras no cubren ni la mitad de las plazas y el 25% no cubren el 75%.

El problema ya no es que la Universidad tiene una oferta de estudios excesiva e inútil, sino que además, los alumnos estudian carreras sin salida, curso tras curso. Así, en el curso 2020-21 (últimos datos de Educación), el 47,1% de los nuevos alumnos de la Universidades públicas eligieron Ciencias Sociales y Jurídicas (carreras con mucho paro) o Ciencias de la Salud (18,85% y sólo el 6,3% se matricularon en Ciencias (carreras más difíciles pero con más empleo) y otro 18,85% ingenierías y arquitectura. De hecho, la gran diferencia de España con otros paises europeos es que somos el país con menos universitarios matriculados en titulaciones STEM (ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas): un 23,4% frente a un 28,1% en la UE-23, un 25,5% en Italia y Francia, un 30,5% en Reino Unido y un 37,5% de los universitarios matriculados en Alemania, según el último informe de la CRUE.

La consecuencia es que las empresas no encuentran licenciados con la formación que necesitan. Y sucede, ya desde 2020, que hay más ofertas de empleo para los que han estudiado FP (41,3% de las ofertas) que para los universitarios (33,7%), según Infoempleo y Adecco. Esta falta de adecuación entre lo que se estudia en la Universidad y lo que buscan las empresas se ve claro en dos datos dramáticos. Uno, que la tasa de empleo de los licenciados españoles (25 a 34 años) es la más baja de Europa: trabajan el 75%, frente al 83% en la UE-22 o en la OCDE, el 84% en Portugal, el 85% en Francia, el 88% en Alemania, el 91% en Reino Unido o el 92% en Paises Bajos (solo es peor en Italia: 67% empleados), según el Informe “Panorama de la Educación 2021” de la OCDE. Y además, 1 de cada 4 universitarios en España (el 24%) sigue en paro 3 años después de licenciarse, algo que sólo les pasa al 16,3% en Europa y al 7,5% en Alemania. El otro dato es el paro de los universitarios (25 a 34 años): en España están desempleados el 15%, más del doble que en Europa (6% de licenciados desempleados) y casi cuatro veces Alemania (4% paro). Demoledor.

Con estos datos sobre el elevado paro y el bajo empleo de nuestros universitarios (sepamos además que un tercio están subempleados, “sobrecualificados”: trabajan en empleos que exigen mucha menos formación, desde cajera de supermercados a bares o tiendas), queda claro que la Universidad española tiene que reconvertirse a fondo, con una nueva Ley o sin ella. Habría que lograr un gran acuerdo para que sea más eficaz y ayude a crear empleo de calidad, al margen de las peleas de cada uno por su parcela de poder, su cátedra o su Campus. Nos jugamos mucho.

1 de cada 3 universitarios están subempleados

Otro curso más, 1,6 millones de jóvenes estudian en la Universidad española, muchos temiendo que tener una carrera no les sirva para trabajar. Porque más de un tercio de los universitarios (37,6%) están "subempleados" , trabajan en empleos de menor cualificación, mientras las empresas se quejan de que no encuentran trabajadores cualificados. El hecho es que la Universidad se ha convertido en una “fábrica de parados”, 114.000 licenciados que salen cada año sin muchas expectativas: menos trabajo que en Europa y el doble de paro universitario. La Comisión Europea acaba de pedir a España dos cosas: más gasto educativo (gastamos una quinta parte menos por universitario) y una mayor colaboración entre la Universidad y las empresas, para que formen en los empleos que hacen falta. Y los Rectores urgen a los políticos a aprobar una nueva Ley Universitaria (de 2001 y reformada en 2007), que les aporte más autonomía y medios. Hay que reformar a fondo la Universidad.

enrique ortega

Este Curso universitario 2019-2020 será el 2º consecutivo en que aumentan (poco: menos del 1%) los alumnos, tras 6 años antes de reducción en los alumnos de Grado (-169.000 alumnos entre 2011-12 y 2017-18), por la caída de la natalidad y el aumento de las tasas universitarias, aunque aumentaron los alumnos de Máster y Doctorado. Este año estudian en la Universidad española 1,6 millones de jóvenes, cursando un Grado universitario (casi 1,3 millones), un Máster (220.000 alumnos) o un Doctorado (otros 90.000 universitarios), en su mayoría mujeres (55%) y españoles (sólo el 0,9 % de los estudiantes de Grado son extranjeros, frente a un 6,5% en las Universidades europeas). Y cada vez estudian más alumnos en las Universidades privadas: ya son un 15,3% del total de estudiantes de Grado (y un 36,2% de Máster). De hecho, hay un “boom” de Universidades privadas: desde la creación de la última Universidad pública (Politécnica de Cartagena en 1998) se han autorizado 23 Universidades privadas, según la Fundación CYD.


¿Qué estudian los universitarios españoles? De los 340.000 nuevos universitarios matriculados este Curso 2019-2020, la mayoría Ciencias Sociales y Jurídicas (40%), seguida de Ingeniería y Arquitectura (20%) y Humanidades (18%), optando por Ciencias sólo el 6,4% de los nuevos universitarios, según los datos de Educación. Precisamente, esta elección de estudios (muy ligada a la nota que se ha sacado en Selectividad) determina que sean pocos jóvenes los que elijan carreras STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics), que son las que tienen más salidas profesionales y más futuro. De hecho, las matriculaciones en Ingeniería y Arquitectura han caído un 28% entre los cursos 2010-2011 y 2016-2017, según un  informe de la Fundación CYD. Y seguirán cayendo estas matriculaciones en el próximo lustro, según la Asociación Española de Inteligencia Artificial. Algo que contrasta con este dato, aportado por Digital.es: las empresas españolas tienen 10.000 puestos tecnológicos vacantes, sin cubrir, porque no encuentran los profesionales competentes.


¿Por qué los universitarios españoles estudian menos carreras tecnológicas? La mayoría (el 40%) las rehúye por su dificultad académica y otro 35% por desconocimiento de los caminos que abren, según una encuesta de Ernest&Young hecha a jóvenes de 12 a 18 años. Este rechazo a elegir carreras técnicas se gesta en la ESO y Bachillerato, según la Fundación CYD, donde los alumnos “cogen miedo” a las matemáticas y a la tecnología, impartidas además por profesores poco formados en estas ramas (sólo el 12% de los créditos de Magisterio corresponden a Matemáticas y Tecnología). Y además, la asignatura de Tecnología es opcional en la ESO y Bachillerato en muchas autonomías. El resultado es que se opta poco por carreras STEM, sobre todo las chicas (sólo 25% en Ingenierías).


Además de estudiar poco las carreras con más futuro profesional (carreras STEAM), los universitarios españoles tienen un alto grado de fracaso escolar: el 21,5% abandonan la Universidad tras el primer curso (y un 12,1% en los Máster), según datos de la Comisión Europea. Y 2 de cada  3 universitarios (el 65,1%) necesitan más de 4 años para graduarse, subiendo hasta el 89,9% en Informática. Y tampoco acaban a tiempo el 29,6%% de los que hacen un Máster de un año y el 27% de los que estudian uno de 2 años), según revela la Fundación CYD. Además, los universitarios españoles tienen poca movilidad, salen poco a formarse en otros paises: sólo el 1,9% se gradúan fuera de España, muchos menos que los universitarios europeos (3,6%), según la Comisión Europea.


Así que los universitarios españoles estudian carreras con pocas salidas, con poco aprovechamiento académico y sin beneficiarse de la formación en otros paises. Mala base formativa para trabajar después, sobre todo en un país con un modelo económico que ofrece menos empleo que Europa (recuerden: tenemos 1.800.000 empleos menos que la media de Europa: un 67% de adultos trabajando frente al 73,2% en la UE-28).


La Comisión Europea (también en funciones) acaba de alertar a España sobre el problema de la Universidad: tenemos más universitarios que Europa (44,3% de los jóvenes de 25 a 34 años, frente al 42,9% en la UE-23) pero nuestros graduados tienen menos oportunidades de empleo que los europeos: sólo trabajan el 77,9% de los graduados (20-34 años) que terminaron entre 1 y 3 años antes, frente al 85,5% que trabajan en Europa (UE-28). Y por eso, porque tenemos menos universitarios trabajando (20,5% de los jóvenes de 18 a 24 años frente al 30,2% en la UE-23),  tenemos más jóvenes que siguen estudiando (59,3% de 18 a 24 años frente a 56,7%) y más jóvenes (18 a 24 años) que “ni estudian ni trabajan” (20,2% de “ni-nis” frente al 13,1%), la mayoría porque están parados.


Ser universitario supone, eso sí, tener más empleo y menos paro que el resto de españoles con menos estudios. Pero comparados con los universitarios europeos, salen perdiendo en empleo y paro, aunque menos en sueldos, según el reciente informe “Education and Glance 2019” de la OCDE. Veámoslo.


En empleo, los universitarios españoles de 25 a 34 años tienen una tasa de ocupación del 78%, inferior al 84% de universitarios ocupados en la OCDE (36 paises desarrollados) y en la UE-23. Y con la crisis (2008-2018), su tasa de empleo ha caído un 6% en España y sólo el 2% en la UE-23 y el 1% en la OCDE. Y si miramos a todos los adultos universitarios (25 a 64 años), en España trabajan el 82% y en Europa el 86% (y hasta el 89% en Alemania, el 88% en Portugal, el 86% en Reino Unido y el 85% en Francia), según la OCDE. Y la estadística demuestra que tienen más empleo, en España y en Europa, los licenciados en TIC (86% ocupados en España y 91% en la UE-23) e ingenierías (85 y 89%) que los graduados en Educación (76 y 85% ocupados) y Humanidades y Ciencias Sociales (79% ocupados en España y 84% en la UE-23), aunque lidera el empleo la Salud (85 y 88% de ocupación).


En paro, los universitarios españoles de 25 a 34 años tienen una tasa de desempleo (12%) que duplica la de la OCDE, la UE-23 y Francia (el 6% de paro entre universitarios) y cuadruplica la de Alemania (3% de paro entre universitarios) y Reino Unido (2% de paro entre licenciados). Y si tomamos a todos los adultos universitarios, la tasa de paro en España es del 8,2%, la segunda más alta de Europa (tras el 11,5% de Grecia), casi el triple que la media europea (3,7% de paro en UE-28) y muy por encima del paro entre adultos universitarios en Alemania (1,7%), Reino Unido (2,6%), Francia (4,6%) o Italia (5,5%), según Eurostat. Y también es mayor en España la proporción de universitarios que llevan más de un año sin trabajar (28,2% del total frente al 24.8% en la UE-23).


Donde apenas hay diferencia con Europa es en los sueldos de los adultos universitarios (25 a 64 años): en España ganan un 57% más que los que sólo estudiaron Secundaria (y éstos, un 24% más de los que sólo tienen la ESO o menos), igual que en la OCDE y algo más que en Europa : en la UE-23, los universitarios ganan un 52% más que los bachilleres, aunque ganan un 69% más en Alemania o Portugal y sólo un 39% más en Portugal, según la OCDE. Eso sí, en España hay menos brecha de género entre universitarios: las mujeres licenciadas ganan el 82% del sueldo de los hombres licenciados, una diferencia menor a la de toda Europa, donde la brecha varía de ganar el 70% en Italia, el 71% en Francia o el 74% en Alemania al 76% de media en la UE-23, según el informe de la OCDE.


Un preocupante panorama, de menos empleo y más paro, que espera cada año a los 114.000 nuevos licenciados que salen de la Universidad. Su primer gran problema es conseguir un empleo. Y los datos son preocupantes: los licenciados en 2013-2014, a los cuatro años de salir de la Universidad (2018) sólo estaban afiliados a la Seguridad social un 27,7%, según la Fundación CYD .O sea, a los 4 años de licenciarse, solo 1 de cada 4 universitarios trabajaban legalmente. El resto estaban parados o empleados ilegalmente, muchos como “falsos becarios”. Y mientras, muchas empresas se quejan reiteradamente de que no encuentran personal de algunas cualificaciones, sobre todo con perfiles tecnológicos y digitales.


Pero además, un tercio de los universitarios que sí trabajan están “subempleados”: trabajan en empleos que exigen una formación inferior a la que tienen (vendedores, cajeras de supermercado, tele operadores, hostelería…). En 2018, trabajaban sobrecualificados el 37,6% de los universitarios españoles, frente al 23,4% en la UE, según refleja el último informe de la Fundación CYD, que sitúa a España como el país con más jóvenes que trabajan sobrecualificados en Europa, por delante incluso de Chipre (35,6%) o Grecia (33,9%) y de Reino Unido (27%), Francia (23%), Italia (22%), Alemania (19%), Portugal (14%) o Luxemburgo (8%). Y donde más se da esta “sobre cualificación” es en la hostelería y el comercio, los empleados, contables y profesionales.


Y mientras, las empresas se quejan de que les faltan profesionales cualificados en muchas áreas, sobre todo TIC, ciencia de datos, inteligencia artificial y carreras ligadas a ingenierías y matemáticas, donde no hay paro ni lo habrá en el futuro, según los expertos. Por eso, la Comisión Europea acaba de recordar a España la recomendación que nos hizo el último Consejo Europeo de 2019: “incrementar la colaboración entre los sectores educativo y empresarial, con vistas a mejorar la capacitación y cualificación demandadas en el mercado laboral, especialmente en el ámbito de las TIC”. Coordinar la Universidad y las empresas. Algo que reitera la Fundación CYD: “no hay flexibilidad en la Universidad española para adaptar las titulaciones a lo que demandan las empresas”.


El último informe de la Comisión Europea sobre la educación en España, presentado el 26 de septiembre, alerta sobre dos problemas: el bajo empleo de los universitarios españoles (por lo que urge colaborar más con las empresas) y el bajo gasto en educación, sobre todo tras los 10.000 millones recortados a la Universidad durante la crisis. Recuerda que España gasta en toda la educación un 4% del PIB frente al 4,6% la UE y el 5% la OCDE. Y en concreto, en la Universidad, el gasto por alumno en España es de 12.614 dólares frente a 15.556 en la OCDE y 15.803 dólares en la UE-23, que sube a  16.173 dólares por alumno universitario en Francia, 17.429 en Alemania o 23.771 dólares en Reino Unido, según la OCDE. Y como el Estado aporta menos (un 66% de la financiación universitaria en España frente al 73% en la UE-23) y también las empresas (4% frente al 7%), las familias tienen que aportar más para financiar la Universidad  (29% frente al 17% en la UE), pagando mucho más tras las subidas de tasas universitarias implantadas en 2012 y 2013.


Los Rectores han dado la alerta: urge una reforma de la Universidad, para conseguir más recursos y un nuevo modelo educativo que consiga mejorar el empleo de los universitarios. Para ello, los expertos piden promover la tecnología y las matemáticas en la ESO y Bachillerato, para conseguir que más jóvenes (sobre todo mujeres) elijan estudiar carreras técnicas (STEM), que aseguran más empleo. Y una mayor vinculación entre formación y prácticas, ligando FP superior y Grados. También reducir la oferta de titulaciones, hoy excesiva (8.526 títulos y 3.527 Másteres). La Fundación CYD también promueve una reforma del profesorado universitario, para rejuvenecerlo (el 16% tiene 60 años o más y se tiene que jubilar pronto) y abrirlo al mundo profesional y de la empresa, porque ahora hay un exceso de endogamia: el 68,8% de los profesores enseñan en la misma Universidad donde se doctoraron. Y también urge internacionalizar más la Universidad española, atrayendo más profesores y alumnos extranjeros, con más trabajos e investigaciones internacionales.


La Universidad española no funciona bien y es un despilfarro de dinero y de ilusiones para acabar en el paro o el subempleo. Hay que pactar una reforma universitaria y aprobar una nueva Ley de Universidades, que sustituya a la aprobada por Aznar en 2001 (reformada parcialmente por ZP en 2007, con los votos en contra del PP), con más recursos (harían falta unos 4.000 millones de euros más al año), más autonomía y un cambio drástico en los planes de estudio, en colaboración con  las empresas. Y una política de becas que prime a los jóvenes que se esfuerzan, para que nadie deje la Universidad por su coste. Al final, se trata de tener una Universidad más eficiente, que forme mejor y ayude al empleo. A ello.

¿Para qué estudian los universitarios?

Casi millón y medio de universitarios han  vuelto a clase con la duda de todos los años: ¿me servirá de algo estudiar una carrera? Saben que hay muchos universitarios en paro (un 10,7%, el doble que en Europa) y que un tercio trabajan en empleos que nada tienen que ver con lo que estudiaron. Es el doble fracaso de una Universidad que lleva ya 7 cursos ya perdiendo alumnos (sobre todo la pública), que investiga mucho menos y que pierde peso internacional, todo agravado por años de recortes donde han perdido 10.000 millones de Presupuesto y 4.730 docentes, con unas plantillas envejecidas (50 años de media) y precarias (42% con contrato temporal). Urge pactar una nueva Ley Universitaria que asegure más dinero para la Universidad y plantillas menos precarias, más becas, reordene la oferta (exceso de grados y Másteres), fomente la investigación, internacionalice los estudios y  logre una mayor conexión con las empresas que contratan, para que los jóvenes estudien profesiones con futuro. Conseguir estudiar para trabajar.

enrique ortega

El primer gran reto de la Universidad española es ser útil, conseguir que su formación le sirva al alumno para trabajar en el futuro. Así había sido hasta el inicio de esta crisis, en 2007, cuando el paro de los universitarios en España era sólo el 5,31%, según la EPA. Pero luego se disparó, como el del resto de españoles, hasta el 14,48% en junio de 2014. Y ahora ha caído y está en el 8,67%, que es casi la mitad del paro global en España (15,28%). Pero esa es la media, la tasa de paro es mucho mayor entre los universitarios jóvenes: el 25,01% de paro entre 16 y 19 años, el 18,72% entre 20 y 25 años y el 14,90% entre 25 y 29 años. Y todavía, el paro entre los universitarios jóvenes españoles duplica la media europea: un 10,7% entre licenciados menores de 39 años frente al 5,1% de paro en Europa (UE-28), el 2,8% en Reino Unido, el 3,2% en Alemania o el 6% de Francia, según Eurostat.

¿Qué carreras tienen más paro? El INE (Estadística) lo publica periódicamente, en la Encuesta de Inserción Laboral de los Titulados Universitarios (la  última de 2014, publicada en diciembre de 2015). Ahí se ve que hay universitarios que no tienen casi paro: ingenieros en automática y electrónica industrial (0% de paro), médicos (0,6%), ingenieros electrónicos (1,4%), ingenieros aeronáuticos (2,8%), ingenieros informáticos (3,8%), licenciados en investigación y técnicas de mercado (4,4%), ingenieros de telecomunicación (5%) o fisioterapeutas (5,2%). Otros con poco paro, como farmacéuticos (6,3%), ópticos (6,9) o podólogos (10,8%), enfermería (8,1%), ingenieros técnicos en informática (8,9%)  o estadísticos (9,2%). Y hay carreras con un paro disparado: Filología francesa (45,4%) o árabe (44,5%), diplomado en Navegación Marítima (42,3%), Ciencias del Mar (41,5%), Bellas Artes o Historia del Arte (36,3%). Y universitarios con paro elevado: licenciado en Historia (38,1%), Minas (38,5%), Geología (36,2%), Biología (31,3%) o Filosofía (28,6%).

Al final, los universitarios que consiguen trabajar son menos que en Europa: trabajan el 77.3% de los universitarios menores de 39 años, una de las tasas más bajas de la UE-28, donde trabajan el 81% de los universitarios y hasta el 87% en Alemania y Reino Unido, según Eurostat. Pero el problema no es sólo encontrar trabajo sino que tenga que ver con lo que se ha estudiado. Y aquí España tiene un grave problema: somos el país europeo con más porcentaje de universitarios sobrecualificados, que trabajan en tareas que exigen menos formación de la que tienen: son el 37,1% de los graduados empleados, frente al 23,2% de media en Europa y muy por delante de Reino Unido (25,9% de empleados sobrecualificados), Francia (22,6%), Italia (20,6%), Alemania (19,5%) o Portugal (14,4%), según los datos para 2017 de un reciente estudio de la Fundación CYD. Y el problema ha ido a más, porque antes de la crisis, en 2007, los graduados empleados sobrecualificados eran el 34,9%.

La causa principal de que muchos universitarios acaben sirviendo hamburguesas o de cajera de supermercado está en que la economía española crea menos empleos cualificados que otras grandes economías europeas, porque aquí tienen menos peso la industria y los sectores de alto valor añadido y más los servicios (turismo y comercio) y la construcción. Y tenemos una economía menos eficiente y productiva, que también crea menos empleo. Pero además, hay un factor educativo: lo que se estudia en la Universidad tiene poco que ver con lo que demandan las empresas. Y esto agrava el problema, provocando que muchos universitarios acaben en paro o trabajen de cualquier cosa, con empleos y sueldos precarios. Así, el 20,2% de los universitarios españoles tienen contratos temporales frente a sólo el 10,5% de media en Europa. Y el 26,8% de los universitarios que cuentan con un título de máster y llevan trabajando entre dos y tres años perciben un salario que no sobrepasa los 1.000 euros al mes, un 8,8 % cobra menos de 600 euros y un 61% no supera los 1.600 euros. En consecuencia, más de 1 millón de universitarios españoles están en riesgo de pobreza, según un reciente informe de la Red Europea contra la pobreza (EAPN).

Todo esto tiene mucho que ver con lo que estudiaron. Porque todavía son pocos los estudiantes españoles matriculados en carreras de áreas STEM (acrónimo en inglés de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas), que son las que tienen mejores perspectivas de empleo, según todos los expertos (y los datos de paro por carreras del INE). En España, las carreras punteras son Salud y Educación y somos el 8º país europeo con menos matriculados en licenciaturas STEM: sólo un 23,7% de los matriculados en 2016-17, frente al 28,5% de media en la UE, el 37,6% en Alemania o el 30,6% en Reino Unido, según el estudio de la Fundación CYD. Y esto viene de lejos, de las últimas décadas en que no se han promocionado las carreras técnicas. El resultado está ahí: la proporción de graduados STEM entre los jóvenes españoles (20 a 34 años) es de 9 por 1.000, frente a los 11,3 por 1.000 de los grandes paises europeas y de los 14 por 1.000 de los paises más dinámicos, como Eslovenia, Irlanda, Dinamarca o Finlandia.

Así que ya sabemos por qué tenemos más universitarios en paro o subempleados: porque no estudian carreras con futuro (mejor, con presente). Este es el gran reto de la Universidad española: adecuar lo que se estudia a lo que demandan las empresas. Pero hay más. El segundo gran reto es recuperar los alumnos perdidos. Este curso 2018-2019 estarán estudiando en las 84 Universidades españolas (50 públicas y 34 privadas) alrededor de 1.450.000 alumnos de Grado y Máster, siendo el 7º curso consecutivo en que se pierden alumnos. Y eso, porque desde el curso 2012-2013 han bajado los alumnos de Grado (licenciaturas): eran 185.612 menos el curso 2017-2018 (1.284.041) que en 2011-2012(1.469.653). En cambio, han subido los alumnos de Máster (son +77.082), desde los 113.061 en 2011-2012 a 190.143 el curso pasado. Y se espera que superen los 200.000 este curso. Esta pérdida de alumnos se ha dado sobre todo en las Universidades públicas, mientras han crecido en las Universidades privadas  (donde se matriculan un 14,3% de los estudiantes de Grado y el 34,3% de los Másteres) y en las Universidades a distancia (5% de Grados y 13% Másteres).

Una parte de esta pérdida de alumnos universitarios se debe a la demografía, a que hay menos jóvenes de 18 a 21 años: en enero de 2018 había 458.008 jóvenes menos (1.780.923) que en enero de 2002 y 152.351 menos que en enero de 2010. Otro factor es que, con la crisis, muchos jóvenes se han ido a estudiar Formación Profesional de grado superior en vez de matricularse en la Universidad, pensando que así tenían “más salidas”. De hecho, la FP Superior ha pasado de 212.802 alumnos en 2006-2007 a 333.079 en 2016-2017. Y un tercer factor que explicaría la pérdida de alumnos: la subida de matriculas y estudios universitarios desde 2012-2013, con tasas que han subido hasta un 60%.

De hecho, otro grave problema de la Universidad española es que, además de poco útil para trabajar, es muy cara, con grandes diferencias entre Universidades y regiones. Así, el coste de un crédito para una misma carrera (Medicina) varía entre 21,53 euros y 260,83 euros (un curso de Grado tiene 60 créditos) entre la Universidad pública y la privada, según un estudio de la OCU. Y dentro de las Universidades públicas, las diferencias son abismales: las más caras son las de Cataluña (33,58 euros por crédito, 2.014 un curso de Grado), Madrid (28,83 euros/crédito) y Castilla y León (24,48 euros). Y las más baratas, Andalucía, Galicia y Cantabria (de 12,57 a 13,58 euros/crédito, según los estudios elegidos).

Con estos precios, la Universidad española es una de las más caras de Europa. Hay 15 paises (entre ellos Alemania, Austria, Finlandia o Suecia) donde la Universidad es casi gratuita: por menos de 100 euros al año se puede estudiar una carrera y completarla con un Máster, según un estudio de CCOO de 2016. En el extremo opuesto, hay 4 paises donde estudiar un Grado es más caro que en España (Reino Unido, Irlanda, Letonia y Lituania (con más de 2.000 euros de coste anual. Al final, el estudio revela que de los 37 paises europeos analizados, España es el 8º país más caro para estudiar un Grado (1.100 euros de media) y un Máster (2.200 euros de media). Y el 6º más caro tomando sólo la UE-28.

Y estos precios altos se agravan porque España tiene menos becas universitarias. Ocupa  el puesto 14 entre los 37 paises analizados en el porcentaje de universitarios con beca: un 23% frente a un 33% que reciben ayudas en Francia, Reino Unido y varios paises más, según el estudio de CCOO. Y además, España ocupa el puesto 22 (de 37) por el importe medio de las becas, más bajo que en la mayoría de Europa. Y todo esto se debe a que España invierte en becas universitarias un tercio menos que la media de la OCDE, según denunció el presidente de la Conferencia de Rectores. Y además, el sistema de concesión es muy deficiente, por lo que se quiere cambiar: ahora, se solicitan de agosto a octubre pero se conceden con el curso en marcha y una parte variable al final del curso. Y su cuantía es muy desigual por autonomías (más bajas en Madrid o Cataluña, donde estudiar es más caro).

El tercer gran reto de la Universidad española, además de dar trabajo y recuperar alumnos, es cumplir con su vertiente investigadora, ser “un templo para la Ciencia”, una función que se ha perdido en parte por los recortes. El gasto público en investigación (Administración más Universidad) ha caído del 48,3% del total en 2010 (el resto es investigación privada) al 46,1% en 2016. Y con ello, el peso del gasto en Ciencia de la Universidad española es sólo del 0,33% del PIB, frente al 0,44% que supone en Europa (UE28) o el 0,87% en Suecia. La Universidad española ha perdido estos años financiación, proyectos e  investigadores (-9,7%) y eso se ha traducido en una menor producción científica y en menos patentes y “spin-off” de nuestras Universidades, según refleja el estudio de la Fundación CYD.

El cuarto gran reto de nuestra Universidad es tener una mayor presencia internacional, para captar más alumnos extranjeros y más financiación de empresas e instituciones internacionales (sobre todo de la UE). Actualmente, las Universidades españolas no figuran en cabeza de los tres grandes rankings internacionales: sólo hay una (Universidad de Barcelona, puesto 151) entre las 200 mejores universidades del ranking de Shanghái (ARWU), 5 Universidades (puesto 135 la Pompeu Fabra y 145 la Autónoma de Madrid) entre las 400 mejores del ranking The Times Higher y 25 Universidades españolas (puesto 159 la Autónoma de Madrid y 193 la Autónoma de Barcelona) entre las 1.000 mejores del ranking QS Word. Mucho se debe a la menor producción científica e investigadora, pero también a la necesidad de aumentar Grados y Másteres en idiomas extranjeros y con profesores foráneos.

Estos cuatro grandes retos (enseñar para trabajar, carreras asequibles, más investigación y más internacionalización) exigen una Universidad española con más financiación. De hecho, aunque las autonomías han mejorado sus aportaciones en 2016, 2017 y 2018, todavía el gasto público universitario para 2018  (10.203 millones) es inferior al de 2009 (10.780 millones). Y los recortes hechos, sobre todo entre 2012 y 2015, han supuesto que las Universidades hayan perdido 10.186 millones entre 2009 y 2018. Esto se ha traducido en menos gastos, nulas inversiones, menos investigación y menos personal: se han perdido 4.730 docentes entre 2010 y 2016 (un 4%), según los Rectores (CRUE). Y lo peor es la precarización de las plantillas: el 42% del personal docente e investigador de la Universidad pública española tiene un contrato temporal. Y como no se han renovado plantillas, la edad media son 50 años y la mitad de los catedráticos tienen más de 60 años. Además existe una elevada (y perniciosa) endogamia: el 73,4% de los docentes de las Universidades públicas trabajan en la misma Universidad donde leyeron su tesis, según la Fundación CYD.

Reformar la Universidad pasa, necesariamente, por dotarla de más recursos públicos, para acercarnos a niveles europeos. El gasto por alumno universitario en España era de 12.489 dólares en 2014 (última estadística de la OCDE), un 22% menos de los 16.164 dólares que se gastaban en Europa (UE-22) y de los 16.143 dólares de media que gastaban los 35 paises de la OCDE. Y ese gasto español es aún menor que el de EEUU (29.328 dólares por universitario), Reino Unido (24.542 dólares), Suecia (24.072), Alemania (17.180) o Francia (16.422) y sólo superior al de Portugal (11.813 dólares/universitario) o Italia (11.510). Y si tomamos el esfuerzo económico que se dedica a la Universidad, en España se aporta el 1,3% del PIB, inferior al 1,4% que se aporta en la UE-22 o al 1,6% que aportan los paises OCDE. Si quisiéramos aproximarnos, España debería gastar entre 1.200 y 2.400 millones más cada año en financiar la Universidad, unos 12.000 millones entre el Presupuesto y las autonomías.

Pero la Universidad no sólo necesita más dinero. Hay que emprender otras reformas, la principal ajustar la oferta de títulos (excesiva: 2.854 grados. 3.540 másteres y 1.120 doctorados) a lo que demandan realmente las empresas, orientando mejor a los alumnos que terminan el bachillerato. Esto pasa por una mayor participación de las empresas en la Universidad, una evaluación constante de la formación y fomentar las prácticas en las empresas en los últimos cursos, evitando los abusos actuales. Y reformar a fondo la gestión de la investigación universitaria, eliminando rigideces y aumentando la participación privada. Y volcarse en la internacionalización, captando más alumnos y profesores extranjeros.

Todo ello exige un Pacto político educativo, para garantizar una financiación estable, y un nuevo marco legal, con una nueva Ley de Universidades, que sustituya a la de 2001. Los rectores de las Universidades ya la han pedido (junto a más autonomía)  y el ministro Pedro Duque promete una Ley para antes del final de Legislatura. Pero si la presenta, será difícil que salga adelante y menos si se adelantan las elecciones a 2019. Así que los grandes problemas de la Universidad tendrán que esperar dos cursos más, por lo menos. Y mientras, nuestros jóvenes seguirán estudiando con la amenaza del paro y el subempleo. Así es difícil ilusionarles.

Universidad: cara, muy desigual y poco eficaz

Comenzó otro nuevo curso universitario con viejos problemas. El principal, la asfixia financiera de las 50 Universidades públicas, que han perdido 1.370 millones y 15.000 profesores desde 2010. Pero lo peor lo sufren los universitarios: el coste de las matrículas se ha disparado y España es el 4º país más caro de Europa para estudiar una carrera: 1.257 euros frente a 200 euros en Alemania o 185 en Francia. Y además, estudiar en Cataluña o Madrid cuesta más del doble que en Andalucía o Galicia. Los universitarios españoles tienen menos becas que los europeos y cobran muy distinto según donde vivan. En consecuencia, estudiar una carrera se ha puesto por las nubes y 70.000 jóvenes lo han dejado. Urge un pacto político para aportar más recursos a la Universidad y bajar las matrículas. Y reformar los Planes para que más universitarios estudien lo que las empresas necesitan. Si no, pasa lo que pasa: 14% de titulados en paro y 1 de cada 3 universitarios trabajando en lo que no han estudiado. Un desastre.
 

enrique ortega

Un millón y medio de jóvenes han iniciado el nuevo curso universitario 2015-2016, el quinto con recortes, aunque menores que en los años anteriores. España comenzó a recortar su gasto en educación en 2010, por primera vez en treinta años, y en este quinquenio se han recortado unos 8.000 millones en todas las enseñanzas. De ellos, a la Universidad (que se lleva un 20% del presupuesto educativo), le han tocado 1.370 millones de recortes, con lo que las 50 Universidades públicas tienen ahora un 14% menos para gastar que en 2010. Y para sobrevivir, han tomado dos medidas, sobre todo desde 2012: recortar gastos (unos 900 millones) y aumentar ingresos, subiendo las matrículas a los estudiantes (470 millones).

Los recortes en las Universidades públicas, promovidos por Hacienda y las menores aportaciones hechas por las autonomías (que financian el 84% de las Universidades), se han traducido en un fuerte recorte de los gastos (desde luz y calefacción a material y laboratorios), un desplome de las inversiones (ni arreglos ni nuevas aulas), en un abandono de proyectos (I+D+i), un fuerte endeudamiento (a costa de pagar elevados gastos financieros) y, sobre todo, en un despido o no renovación de profesores jubilados: se han perdido13.200 empleos sólo entre 2008 y 2013 (9% de su plantilla), según Hacienda. Y ya van más de 15.000 despidos. Todo ello en perjuicio de la calidad de la enseñanza universitaria española.

Pero si la asfixia financiera de las Universidades es grave, peor lo están pasando sus alumnos, obligados a pagar unas matrículas cada vez más caras y que ya financian un 23% del coste de sus estudios (el 77% restante lo pagan el Estado y las autonomías). El coste de las matrículas se ha disparado, según datos de la Conferencia de Rectores (CRUE): de media han subido un 45%, pero hay autonomías donde el coste se ha duplicado y más, como Cataluña (+158,4%), Madrid (+117,3%), Comunidad Valenciana (93,9%) o Castilla y León (+78%), mientras en otras subían poco, como Galicia (+5,1%) o Andalucía (+9,7%). Con ello, hay familias que, según donde viven, tienen difícil ya enviar a sus hijos a la Universidad: la matrícula media (gastos para vivir aparte) para estudiar un Grado costaba en el curso 2013-2014 (últimos datos de los Rectores) 2.011 euros en Cataluña, 1.820 euros en Madrid o 1.386 en Valladolid, frente a 713 en Galicia, 757 en Andalucía o 810 en Cantabria.

Con estos precios de las matrículas, España es el cuarto país de Europa donde resulta más caro estudiar en la Universidad, según los rectores (CRUE): 1.257 euros de media en 2013-2014, un coste sólo inferior al de Reino Unido (4.409 euros), Irlanda (2.500 euros) e Italia (1.300 euros) y muy superior al de las matrículas universitarias en Alemania (200 euros), Francia (283 euros), Polonia (41 euros) y países nórdicos (0 euros). De hecho, hay 11 países europeos donde estudiar en la Universidad es gratuito (Austria, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Grecia, Malta, Noruega, Escocia –RU, Suecia, Turquía y Chipre). Y los precios de estudiar en Cataluña sólo se superan en Irlanda y Gales. Esto en cuanto a las tasas para estudiar un Grado. En las tasas para estudiar un Master, las diferencias son mayores, porque en España se paga una matrícula media de 2.094 euros (casi el doble que en un Grado), mientras en la mayoría de Europa las tasas son similares a las de Grado y por tanto mucho más bajas, salvo en Reino Unido (4.810 euros) e Irlanda (6.000 euros): 1.300 euros en Italia, 200 en Alemania, 254 en Francia, 41 en Polonia  y 0 euros en los países nórdicos.

Para este curso 2015-2016, las matrículas universitarias siguen subiendo, aunque algo menos porque los nuevos Gobiernos autonómicos controlados por la izquierda han tratado de congelar o frenar las subidas. Las Universidades más caras siguen siendo las de Cataluña (39,53 euros por crédito, a multiplicar por 60 cada curso: 2.371 euros), Madrid (33 euros/crédito), Castilla y León (30,25€), Comunidad Valenciana (24,89 €) y Aragón (25,83€). Y las más baratas, Andalucía (12,62 euros/crédito: 757 euros/curso), Galicia (13,93 €), Cantabria (16,65 €), Murcia (16,78€), Extremadura (18,51€) y Canarias (18,95€). Esto son medias, ya que hay carreras más caras (como Medicina) y otras más baratas (Humanidades). Al final, cuesta casi 4 veces más estudiar en la Universidad más cara (Politécnica de Cataluña: 3.345 euros) que en la más barata (La Coruña: 854 euros). Una injusta desigualdad.

Las becas podrían ayudar a contrarrestar esta fuerte subida de las matrículas. Pero no es así. Desde 2012, el Gobierno Rajoy ha modificado la política de becas, recortando importes (270 millones) y endureciendo los criterios económicos y académicos para concederlas. El resultado es que hay más universitarios que reciben becas (unos 317.000, el 26%) pero con un importe mucho más bajo: la beca media ha bajado 466 euros por estudiante, de 2.530 euros (2010)) a 2.063 euros en 2014 (-18,5%), según datos de los Rectores (CRUE). Y pasa lo mismo que con las tasas: el importe de las becas varía mucho entre las autonomías. Los mayores recortes en el último quinquenio se han dado además en las autonomías más pobres, en Galicia (-21,3%), Andalucía (-21,3%) y Murcia (-19,5%) y los menores en Cantabria (-1,97%), Comunidad Valenciana (-6,11%) y Madrid (-6,58%).

En esto de las becas universitarias, España también “es diferente”. En la mayoría de países occidentales se gasta más en becas (0,31% del PIB en la OCDE y 0,39% del PIB en USA frente al 0,14% en España) y encima se dan más becas en los países con los estudios más baratos (o gratuitos), porque la beca se concede más para pagar los gastos totales de los universitarios que su matrícula (aquí, el 20% de las becas son sólo para pagar matrículas). Y sólo en 12 países europeos se utilizan criterios académicos para conceder becas, como hace el Gobierno Rajoy en España (en la mayoría, lo único que cuenta es la renta). Y en muchos países hay además desgravaciones fiscales a las familias.

Tenemos pues una Universidad asfixiada por los recortes y muy cara para los estudiantes, porque está mal financiada: le faltan recursos públicos. España dedica unos 8.400 millones a la Universidad pública, un 0,84% del PIB, muy por debajo de la media europea (1,26% PIB) y de países como Francia (1,35%) o Alemania (1,30%), en línea con Italia y Reino Unido (0,84%9, donde los universitarios pagan también matrículas caras. Haría falta aumentar esta financiación pública, hasta el 3% del PIB que recomendaba en 2013 el Comité de Expertos sobre la reforma universitaria. Eso supondría dedicar a la Universidad 22.000 millones más al año, algo impensable a corto plazo. Pero si muchos expertos defienden destinar 10.000 millones más cada año a toda la enseñanza, bien podrían destinarse 2.000 millones más a la Universidad, lo que permitiría contratar profesores, superar los recortes que más afectan a la enseñanza, rebajar matrículas y, sobre todo, aumentar becas, en importes y beneficiarios, para que nadie deje de ir a la Universidad por su precio (los Rectores estiman que 70.000 estudiantes la han dejado por eso desde 2012).

Pero no sólo hace falta más dinero, aunque sea prioritario. La Universidad tiene que resolver otros problemas, empezando por ajustar su oferta, recortando titulaciones (2.413 Grados y 2.758 Master) y fusionando centros (hay 236 Campus de 83 Universidades, 50 públicas y 33 privadas), con ofertas similares a pocos kilómetros. Y es clave orientar a los universitarios hacia carreras técnicas (más demandadas), reduciendo la oferta de Humanidades y Ciencias sociales (con menos salidas) y fomentando el trasvase de jóvenes bachilleres a la Formación Profesional Superior (con más empleos). Porque el gran drama de la Universidad es que, después de ser una de las más caras de Europa para las familias, no asegura el trabajo futuro de los jóvenes. Por un lado, los titulados tienen un 14% de paro, el triple que en la OCDE (4,8%), aunque sea la mitad que el paro de los no titulados (del 22 al 50%) y buena parte de la culpa la tenga la estructura de nuestra economía, no sólo la formación. Y por otro, 1 de cada 3 universitarios españoles acaban trabajando (con contratos temporales y por horas) en algo que nada tiene que ver con lo que han estudiado, sobrecualificados y frustrados, desde camarero a cajera de supermercado. "La educación española no prepara para el mundo laboral", acaba de dictaminar un estudio de la OCDE.

Así que habría que aprovechar las próximas elecciones para plantear un debate serio y un gran pacto político-educativo sobre el futuro de la Universidad española, centrado en su financiación, sus costes, su oferta y la utilidad para el empleo de la enseñanza que se ofrece, debatiendo de nuevo la conveniencia o no de aplicar última reforma impuesta por el Gobierno Rajoy, las carreras de tres años más uno de Master (3+1), en sustitución del sistema actual (4+1), un cambio motivado básicamente por recortar más gasto (entre 600 y 800 millones de euros) y que los Rectores han pedido retrasar dos cursos más, hasta el año 2017. La Universidad es clave para la recuperación y el empleo, pero ahora está medio quebrada y es poco eficiente, cara y muy desigual según donde los jóvenes vivan. Y eso es muy injusto. Hay que empezar a cambiarlo en la próxima Legislatura. Piense también en ello al votar en diciembre.