Las elecciones y la falta de Gobierno hasta enero de 2020 (eso si no se repite el actual bloqueo político) son una muy mala noticia para la economía: se prorroga otra vez el Presupuesto de 2018, no se toman medidas contra la crisis que viene y no se afrontan las reformas urgentes aparcadas en estos 4 años de inacción. Lo sufriremos todos, pero sobre todo los pensionistas (hoy no tienen asegurada una subida superior al 0,25% en enero), los funcionarios, el salario mínimo y las autonomías: no pueden cobrar los 7.500 millones de atrasos de Hacienda y preparan a ciegas los Presupuestos 2020, porque no saben cuánto les va a transferir el Estado. Y como en 2020 no pueden tener déficit (“regla de gasto” de Montoro) ni endeudarse más, sólo les quedará hacer más recortes. Los tendrán que imponer en sanidad, educación, Dependencia y ayudas sociales, sobre todo la Comunidad Valenciana, Murcia, Aragón, Castilla la Mancha y Extremadura, las que hoy tienen peor sus cuentas. Y eso cuando las autonomías no han recuperado aún el gasto social de 2009. Vienen malos tiempos.
Las elecciones del 10-N, las cuartas en 4 años, no son sólo un fracaso de nuestros políticos sino un grave riesgo para la economía, porque no tendremos Gobierno hasta enero o febrero de 2020 (y eso si no se repiten los resultados y el actual bloqueo político), con lo que no se podrán tomar medidas para impedir otra crisis y afrontar el enfriamiento de la economía europea, un Brexit duro, la caída del comercio mundial y otra posible crisis del petróleo. Y tampoco se van a afrontar en muchos meses las reformas urgentes que llevan esperando desde 2015, por el bloqueo político y la imposibilidad de pactos : pensiones, paro, reforma laboral, educación, sanidad, Dependencia, gasto social, pobreza y desigualdad, vivienda, retraso tecnológico… Y todos lo sufriremos.
Los primeros afectados son los 8,7 millones de pensionistas, que no tienen garantizada la subida que tendrán en enero de 2020. En 2019 han tenido una subida del 1,6% (y un 3% las mínimas), gracias a un decreto-ley aprobado por el Gobierno Sánchez en diciembre de 2018 y convalidado en enero en el Parlamento (con la abstención de PP y Ciudadanos). Pero antes, desde 2013, sólo se les revalorizaba un 0,25% anual, hasta que en 2018 Rajoy y el PNV pactaron una subida del 1,6%. Ahora, hay incertidumbre sobre lo que va a pasar, porque el Gobierno está en funciones y la subida del 1,6% era sólo para 2019: Sánchez quería que la revalorización futura la fijara el Pacto de Toledo. Pero no hubo acuerdo entre los partidos y el Parlamento está cerrado. Ahora, la ministra portavoz ha dicho que el Gobierno en funciones no aprobará la subida antes del 10-N y que esperará a ser investido para subirlas lo que el IPC. Eso puede retrasar la subida de enero si el que gane las próximas elecciones no consigue ser investido antes del 31 de diciembre. Y si no tiene apoyo en el futuro Congreso, las pensiones sólo subirán el 0,25% fijado por la vigente Ley de 2013.
También están afectados los 2,5 millones de funcionarios públicos, que no tienen asegurada la subida salarial de 2020. En principio, hay un pacto a tres años (firmado en 2018 por el Gobierno Rajoy con los sindicatos) para subirles un 2% (más un 1% adicional por productividad), pero hacerlo efectivo implica que haya un Gobierno investido para aprobar la subida de 2020 : no pueden aprobarlo tampoco antes del 20-N, lo que también puede retrasar la subida de enero. Y la falta de Gobierno afecta también a los 2,5 millones de trabajadores que cobran el salario mínimo, ya que aunque se firmó un pacto entre el PSOE y Podemos para subirlo de los 900 euros actuales a 1.000 euros en 2020, la subida requiere un decreto-ley que sólo puede aprobar un Gobierno investido. Y de ese nuevo SMI depende el importe de muchas ayudas sociales, como becas y ayudas a la vivienda, que no subirán en 2020 si no se actualiza el salario mínimo.
Quienes seguro van a sufrir los efectos de no tener Gobierno son las autonomías. Por dos razones. La primera, porque la falta de Gobierno les impide ingresar 7.500 millones de euros que les adeuda Hacienda, casi un 5% de sus ingresos
totales. Y la segunda, porque al no haber Gobierno, las autonomías no han
recibido ninguna indicación de los ingresos que les tiene que transferir el
Estado central en 2020, con lo que tienen
muchos problemas para presentar sus Presupuestos en octubre, como otros
años: los tienen que hacer “a ciegas”, sin
saber lo que se pueden gastar. Lo que sí saben es que en 2020 no pueden tener déficit (tuvieron -2.810 millones en 2018,
un 0,4% del PIB), por la “regla de gasto” que les dejó Montoro, “un
corsé presupuestario” que el Gobierno Sánchez no pudo quitarles el último año, al no tener mayoría en el
Senado. Así que les faltan ingresos, no saben los que van a tener y no pueden
tener déficit, con lo que parece seguro que en 2020 tendrán que gastar menos.
Hacer recortes otra vez.
El primer problema, los
atrasos que les debe Hacienda, tiene mal
arreglo. Son de dos tipos. Por un lado, 5.000 millones de la liquidación de impuestos compartidos de 2017: cada año, Hacienda les transfiere una
cantidad en concepto de impuestos compartidos (les toca recibir el 50% de la
recaudación prevista del IRPF y del IVA, más el 58% de los impuestos especiales
y el 100% del impuesto sobre la electricidad). Es un cálculo sobre lo que esperan recaudar. Luego, a los dos años, Hacienda les paga la diferencia si se recauda más (o les resta si
se recauda menos). Y les corresponde esos
5.000 millones más de atrasos por 2017. Por otro lado, Hacienda cambió en 2017 el sistema de liquidación del IVA
y les abonó a las autonomías sólo 11 meses, con lo que tiene otro atraso de 2.500 millones más que
debería pagarles este año 2019. En total, 7.500 millones de atrasos pendientes.
Pero el Gobierno Sánchez en funciones no se lo
paga, porque Hacienda dice que “legalmente no puede hacerlo”: tiene un dictamen de la Abogacía del Estado que le da la razón y dice que un
Gobierno en funciones no puede pagar los atrasos. Y el pago de los atrasos del IVA (los 2.500 millones) es aún más difícil: exige una Ley. El Gobierno Sánchez intentó corregirlo en
la Ley de Presupuestos para 2019, pero se la tumbaron en el Parlamento.
Las autonomías están que trinan, sobre todo las más afectadas por este retraso, que son
las no gobernadas por socialistas: Cataluña
(1.317 millones de atrasos pendientes), Andalucía
(1.190 millones), Madrid (1.237
millones), Castilla y León (400 millones) o Galicia (375 millones), aunque
deben también 450 millones a la Comunidad Valenciana, 300 a Castilla la Mancha
y 150 a Asturias, según algunas estimaciones. La Generalitat
catalana ya ha anunciado que va a llevar al Gobierno Sánchez a los Tribunales para cobrar (recurso ante el Tribunal
Contencioso Administrativo) y tanto Madrid como Andalucía estudian hacer lo
mismo. Y mientras, el Gobierno en funciones asegura que “busca una salida”, pero que legalmente está muy difícil resolverlo. Sin embargo, el diario "El País" afirma que el Gobierno en funciones les pagará antes de finales de septiembre 4.500 millones (sin el IVA),lo que ha provocado acusaciones de "electoralismo" del PP y Ciudadanos.
Y entre tanto, a falta de ese dinero, las autonomías no saben lo que van a ingresar
en 2020, porque Hacienda no les ha
enviado, como otros años, las previsiones de recaudación y de transferencia de fondos previstas para 2020,
al estar en funciones y no haber proyecto de Presupuestos para 2020 en
septiembre, como otros años. Lo que sí saben es que este año y el que viene, les han subido los gastos, en muchos casos, por decisiones tomadas por el Gobierno central pero que “pagan ellos”:
subida del 2,5% del sueldo de los funcionarios y de las bases mínimas de
cotización a la SS (las nóminas públicas suponen un tercio del gasto
autonómico), subida del salario mínimo (al que están ligadas muchas ayudas
sociales autonómicas, ahora más costosas) y más horas lectivas en la enseñanza
(reforma de una parte de la LOMCE), que encarece la enseñanza pública
(transferida).
Así que más gasto, este año y en 2020, menos
ingresos e incertidumbre y la certeza de que en 2020 no pueden tener déficit, por imposición de Bruselas y Montoro. El
resultado es que todas las autonomías tratan de “hacer encaje de bolillos” para no hacer recortes. Pero lo
tienen difícil. Y más si no les llegan los 7.500 millones que esperan desde
hace meses.
Y quien vamos a sufrir esta situación, fruto de una
falta de Gobierno y de Presupuesto que va a continuar meses, somos los ciudadanos. Porque las autonomías son responsables de la
mayoría del gasto social, de la gestión
y de la mayor parte de la financiación de la sanidad, la educación, la
Dependencia y las ayudas sociales. Y las autonomías
tendrán que volver a hacer recortes, cuando todavía no se han recuperado de los
recortes anteriores. Así, el
gasto social autonómico (sanidad, educación, Dependencia y ayudas sociales)
es de 116.100 millones de euros este año
2019, un 3,6% menos (-800
millones) que en 2009, según el análisis hecho por los Directores y Gerentes de Servicios Sociales. Y si miramos el gasto social autonómico por habitante
(2.420 euros en 2018), ha bajado aún
más con la crisis, un -4,54% (era de
2.535 euros en 2009).
El problema de tener que volver a hacer recortes es que llovería
sobre mojado, porque hay 8
autonomías que no han recuperado todavía el gasto social por habitante (sanidad,
educación, dependencia y ayudas sociales) de
2009: Cataluña (-21,7%), Castilla la Mancha (-13,8%), Canarias (-5,6%),
Madrid (-5,5%), Galicia, Murcia, Andalucía y Aragón, según el balance de los Directores de servicios sociales. Y las 9 autonomías que sí recuperaron su
gasto social en 2018, apenas gastaron algo más que en 2009:
Baleares (+9,6%), Comunidad Valenciana (+6,5%), Cantabria (+5,6%), Asturias
(5,4%), Castilla y León (+4,8%), País Vasco (+3,7%), Navarra (+2,6%), la Rioja
(+2,1%) y Extremadura (+1,9%). Y lo peor: sigue habiendo mucha diferencia de gasto social según donde uno viva. Hay 5 autonomías que tienen un gasto social por
debajo de la media española (2.420 euros por habitante en 2018): Madrid
(2.109), Cataluña (2.182), Andalucía (2.311), Canarias (2.340) y Baleares (2.380
euros). Y Madrid, la región con menos
gasto social de España, gasta un
tercio menos que el País Vasco (3.243 euros por habitante o Navarra (3.152
euros).
El mayor problema que tienen las autonomías es la sanidad, donde han hecho el mayor recorte de gasto autonómico: -3.864 millones de euros (un 6% del
presupuesto) entre 2009 y 2018, según el balance de los Directores de servicios sociales. Y tanto Cataluña como Madrid gastan
ahora en sanidad por habitante un
tercio menos (-32%) que en 2009, siendo también menor el gasto por
habitante en sanidad en Andalucía, Murcia y Comunidad Valenciana, lo que se traduce en la calidad de la sanidad,
enormes listas de espera y colapsos en hospitales, especialistas y centros de
salud.
En educación, el recorte del gasto autonómico ha sido de -1.646
millones de euros (-4%) entre 2009 y 2018, con 10 autonomías que gastan menos que antes, sobre todo Castilla la
Mancha y la Rioja (-15%), Cataluña (-12%) y Asturias (-11%). Y ahora hay 8
autonomías que gastan en educación menos que la media (840 euros por habitante en
2018): Madrid (691,79 euros), Asturias (732,84), Cataluña (753,47), Canarias
(777,38), Castilla la Mancha (813), Baleares (822), Castilla y León (830) y
Galicia (837). Y el País Vasco, la
que más gasta (1.250 euros por habitante), casi
duplica el gasto educativo por habitante de la que menos, Madrid.
En Dependencia y
servicios sociales es en lo único que las autonomías gastaron 1.320 millones más
(+11,11%) en 2018 que en 2009, aunque este gasto cayó en Castilla la Mancha
(-26,5%), Cataluña (-0,73%), Galicia (-0,73%) y Andalucía (-0,64%). Y hay 6
autonomías que gastan en Dependencia y servicios sociales menos que la media
(283,7 euros por habitante): Comunidad Valenciana (243 euros, la mitad que
Navarra, que gasta 511), Murcia (245), Madrid (263), Galicia (266), Cataluña
(274) y Andalucía (277 euros). Y todavía hay
257.787 dependientes en espera (agosto 2019) de recibir unas ayudas que tienen
reconocidas, por falta de recursos de las autonomías (y como son muy ancianos, 80 dependientes mueren cada día sin recibir sus ayudas, según los Directores de Servicios sociales).
Como se ve, las autonomías y todos nosotros aún no nos hemos recuperado de los recortes
sociales, hechos para asegurar a los
inversores (“los mercados”) que iban
a cobrar su deuda: el gasto para pagar intereses (prioritario tras la reforma constitucional
pactada en 2011 entre ZP y Rajoy) saltó
de 6.886 millones pagados por España en 2009 a los 32.113 millones de
euros que pagaremos en 2019. Son 25.227
millones más en pago de intereses que explican por qué el gasto social autonómico (sanidad, educación y servicios sociales) ha caído en 4.190 millones estos años y el
resto de recortes estatales (en inversiones públicas y en casi todo).
Ahora, si nadie lo remedia, las autonomías estarán obligadas a “apretarse el cinturón”, este año y
en 2020, viéndose forzadas a nuevos “ajustes” (recortes). Y más si bajan impuestos, como
prometen Madrid, Andalucía, Galicia y Castilla y León. Baste un dato: Madrid deja de ingresar cada año 955 millones por no aplicar el impuesto de patrimonio, en beneficio de los más ricos que viven en la región. Y eso, a pesar de ser hoy Madrid la autonomía con menos gasto social por habitante, seguida de Cataluña y Andalucía (que también promete bajar
impuestos), la que menos gasta en
educación, la segunda que menos
gasta en sanidad y la quinta con
menos gasto en Dependencia y servicios sociales.
Las autonomías más
preocupadas con las elecciones y falta de Gobierno hasta 2020 son la Comunidad Valencia y Murcia, porque
son dos de las más perjudicadas por el actual sistema de financiación (que
lleva desde 2014 esperando una reforma), están muy endeudadas y han sufrido
unas inundaciones
que serán muy costosas. Por eso, el Gobierno en funciones ha acordado anticiparles 320 millones en créditos
del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), junto a otros 160 millones para Andalucía. Pero es “un parche”: son créditos casi sin interés que tendrán que devolver.
También tienen problemas serios otras autonomías, que no acaban de rebajar su
déficit este año, según AIReF: Aragón, Castilla la Mancha y Extremadura. Y tienen dudas sobre Cataluña, Baleares y Rioja.Todas ellas presionan al Gobierno Sánchez, en funciones, para
que pague los atrasos. Y como el
tema puede ser un gran “obstáculo electoral” para Sánchez, Hacienda ha prometido “buscar una solución antes de fin de año” (ahora será “antes
del 10-N”).
Pero será otro parche
mientras no haya un Gobierno y se pacte una reforma de la financiación de las autonomías, pendiente desde 2014. Y una reforma fiscal de verdad, que
asegure ingresos suficientes para pagar el Estado del Bienestar, porque hoy España recauda 73.703 millones menos cada año que la media de Europa. Y por eso tenemos más déficit público y
recortes. Y menos gasto social que
Europa. Sin más recaudación, sin más recursos (al menos, como Europa), no
se puede apuntalar el Estado del Bienestar. Y ahora, sin Gobierno ni
Presupuesto, las autonomías tendrán que hacer “malabarismos” para mantener la sanidad, la educación, la
Dependencia, los gastos sociales y las inversiones más urgentes. Y más, las que bajen impuestos. Porque tendrán
que hacer recortes o sacarnos el dinero por otro lado. En economía no hay “milagros”.
