Llega la nueva tasa de basuras

Desde el 10 de abril, los Ayuntamientos con más de 5.000 habitantes tienen que cobrar una nueva tasa de basuras a sus vecinos. Actualmente, las viviendas y locales ya pagamos un impuesto municipal por la recogida de basuras, pero sus ingresos sólo cubren el 58% del coste de recogida y tratamiento. Ahora, la Comisión Europea obliga a los paises a subir las tasas de basuras, para facilitar su tratamiento y reciclaje, muy bajo en España: el 48% de las basuras acaba en vertederos y Bruselas nos ha abierto varios expedientes. El problema es que el PP (y Vox), que gestionan la mayoría de Ayuntamientos, no están de acuerdo con esta tasa, aunque están obligados a aplicarla antes de fin de año. Pero no hay una directriz homogénea para hacerlo y cada Ayuntamiento aplicará criterios diferentes. Lo seguro es que pagaremos más por la basura (ahora sólo 100 euros al año de media). Y habría que incentivar a las viviendas y locales que recojan y reciclen mejor. Necesitamos un país más limpio.

                       Ayuntamientos han de cobrar nueva tasa de basuras antes de fin de año

Europa, como el resto del mundo, tiene un grave problema con las basuras y residuos urbanos, que crecen de forma imparable, con un bajo reciclaje. En 2023 se generaron 511 kilos por europeo de residuos municipales (domésticos y comerciales), 32 kilos más que diez años antes (2013) y sólo 2 kilos menos que a principios de siglo (513 kilos en el 2000), según Eurostat. Los paises europeos más ricos del centro y norte de Europa son los que generan más residuos urbanos: Dinamarca (802 kg/habitante en 2023), Luxemburgo (712), Bélgica (689), Chipre (674), Malta (606), Alemania (601), Francia (530) y  Eslovenia (517). Les siguen Italia (486), Portugal (505), Croacia (475), Eslovaquia (472), Paises Bajos y Finlandia (468), con España en el puesto 16º : 465 kilos de residuos municipales por habitante.

Sin embargo, España es el país europeo que más ha reducido sus residuos en este siglo: -188 kg/habitante desde el año 2000 (generábamos 653 kg/habitante), mientras la UE-27 los ha reducido sólo -2 kilos (513 en 2000), Alemania los ha recortado en -41 kg/habitante (642 en 2000), Italia en -23 kg/habitante (509 en 2000) y Francia los ha subido (+16 kg, desde 514 kg/habitante que generaba en el año 2.000).

El problema no es sólo que los residuos sean muy elevados en toda Europa sino que su tratamiento es muy deficiente, las basuras apenas se reciclan, según los datos de Eurostat: en la UE-27 sólo se reciclaron el 48% de las basuras municipales en 2023, superando ese porcentaje Alemania (recicla el 68,2% de su basura), Eslovenia (59,76%), Paises Bajos (58,33%), Luxemburgo (56,32%) e Italia (53,29%). Reciclan menos que la media europea Francia (42,26%) España (41,50% en 2023), Portugal (30,5%) o Grecia (17,54%). Otro porcentaje de las basuras se incinera: un 25,2% de media en la UE-27, porcentaje superado en Alemania (44,87%) y Francia (30,37%), pero que es mucho menor en Italia (18,50%), Portugal (18,21%), España (10,53%) y Grecia (1,54%). Y el resto de la basura que ni se recicla ni se incinera, acaba en los vertederos, un grave problema en España.

En el conjunto de Europa, sólo un 22,5% de la basura municipal (viviendas y locales) acaba en vertederos (115 kg/habitante en 2023). En Alemania, sólo un 1,16% de la basura acaba en vertederos, frente al 22,8% en Francia y el 18,10% en Italia, según Eurostat. Pero en España, acaba en vertederos casi la mitad de la basura municipal (223 kg/habitante, el 47,95% de los residuos urbanos), un elevadísimo porcentaje que nos ha costado la apertura de varios expedientes (y multas) de Bruselas. Lo mismo les pasa a Portugal (56,43% de la basura acaba en vertederos) y Grecia (80,92% de la basura va a vertederos).

Ante este “sucio panorama”, la Comisión Europea lleva más de una década dictando normas para intentar reducir las basuras y tratarlas mejor. Ya en 2008 aprobó la Directiva 2008/98/CE sobre gestión de residuos, con un doble objetivo: que los paises reciclaran el 50% de su basura para 2020 y sólo el 35% acabara en vertederos. Después, en 2018, la Comisión Europa aprobó unos objetivos más ambiciosos para el futuro: subir el porcentaje de reciclaje al 55% para 2025 y al 65% en 2035. Y más recientemente, en junio de 2019, la Comisión aprobó otra Directiva europea para retirar del mercado los plásticos de un solo uso, dando un plazo de 2 años a los paises.

Pero se ha avanzado muy poco. El 8 de junio de 2023, la Comisión Europea publicó un informe sobre el cumplimiento por los paises de estos objetivos de reciclaje, en base a los datos de la Agencia Europea del Medio Ambiente (AEMA). Y el balance fue desolador: 18 paises comunitarios no cumplían el objetivo de reciclar un 50% de sus residuos urbanos en 2020, entre ellos España. Es más corto dar la lista de los 9 paises que sí habían cumplido: Alemania, Austria, Eslovenia, Paises Bajos, Bélgica, Dinamarca, Luxemburgo, Italia y república Checa. Y el otro objetivo, no enviar a los vertederos más del 35% de la basura, lo han incumplido también 13 paises de los 27: España, Bulgaria, Croacia, Chipre, Chequia, Grecia, Hungría, Letonia, Malta, Polonia, Portugal, Rumanía y Eslovaquia. Resumiendo: la mayoría de Europa recicla mal. De hecho, en julio de 2024, la Comisión Europea abrió  un expediente sancionador a los 27 paises de la UE por incumplir sus obligaciones en materia de recogida y reciclaje de residuos…

Lo peor de este informe de la Comisión Europea sobre el reciclaje no es el balance de estos años, muy marcados por el COVID y sus esfuerzos extras para todos, sino el futuro, que prevén muy gris para el reciclaje. El primer objetivo, ampliar el reciclaje al 55% de los residuos urbanos en 2025 se ve muy difícil para la mayoría: de hecho, la Comisión Europea prevé que incumplan este futuro objetivo de reciclaje 18 paises, entre ellos España, los mismos que ahora. Y respecto al otro objetivo para 2035, rebajar al 10% el porcentaje de basura que acaba en vertederos, la Comisión Europea estima que habrá 13 paises europeos que lo incumplan también: España, Portugal, Grecia, Malta, Chipre, Chequia, Bulgaria, Croacia, Eslovaquia, Hungría, Letonia, Polonia y Rumanía.

España afrontó el grave problema de los residuos trasponiendo (con retraso) la Directiva europea de Residuos de 2008 y la de plásticos de 2019, aprobando el Gobierno Sánchez (en mayo de 2021) una Ley de Residuos que no se aprobó en el Congreso hasta el 31 de marzo de 2022, con la abstención del PP y el voto en contra de Vox. La Ley de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular tiene 2 objetivos básicos: reducir los residuos generados (un -13% para 2025 y un -20% para 2030 sobre los generados en 2010) y aumentar su reciclado (será difícil alcanzar el objetivo europeo de reciclar el 60% de los residuos urbanos en 2030 si ahora estamos en el 41,50%). Y se añade un tercer objetivo para lograrlo: reducir un -50% los plásticos de un solo uso para 2026 y un -70% para 2030 (sobre el consumo de 2022). Para ello, en julio de 2022 se prohibieron los plásticos de un solo uso (bastoncillos, pajitas, cubiertos o platos). Y antes, en abril de 2022, entró en vigor la norma que obliga a bares y restaurantes a servir agua a granel gratis a sus clientes.

La Ley de Residuos aprobó 2 nuevas tasas estatales ligadas a los residuos y plásticos, que entraron en vigor el 1 de enero de 2023. La primera es una tasa estatal a los residuos, de 40 euros por tonelada, que pagarán los que lleven residuos a reciclar (“quien contamina paga”). La otra tasa estatal es un impuesto a la producción de plásticos, de 0,45 euros por kilo, que pagarán los fabricantes, aunque la repercutirán las empresas que utilicen plásticos y envases. Otro cambio importante de la Ley de Residuos es que acelera la recogida separada de residuos urbanos orgánicos, que ahora fija cada Ayuntamiento. A partir de julio de 2022, esa recogida separada es “obligatoria” para las ciudades con más de 5.000 habitantes y a partir de 2024 para todos los municipios, que tendrán que decidir cómo lo hacemos. A partir de 2022, se obligó a clasificar por materiales los residuos de la construcción y demolición. Y a partir de 2025, es obligatoria la recogida separada de residuos textiles, aceite de cocina usado y residuos domésticos peligrosos y voluminosos. El gran objetivo es que en 2035 se recojan separadamente el 50% de los residuos urbanos, facilitando su reciclaje.

Pero quedaba poner en marcha el punto más polémico de la Ley de Residuos de 2022, la implantación de una nueva tasa de basuras a vecinos y locales comerciales de los municipios con más de 5.000 habitantes  (son 1.304 ciudades y pueblos), cuya entrada en vigor se demoró 3 años, hasta el 10 de abril de 2025. Actualmente, las viviendas y locales ya pagamos una tasa de basuras, pero es muy baja: apenas cubre el 57,7 % del coste de recoger, transportar y tratar las basuras municipales, según el estudio de la Fundación ENT. Ahora, la recogida de basuras tiene un coste de 3.947 millones para los Ayuntamientos, Diputaciones y Mancomunidades y sólo se ingresan por las tasas 2.278 millones (hay un déficit de -1.669 millones que se cubre con otros ingresos).

Además de ser insuficiente, la actual tasa de basuras es muy desigual por ciudades, según el estudio: la media que pagamos por la basura son 100,12 euros por vivienda, pero hay ciudades donde se paga mucho más (236 euros en Tarragona, 209 en Palma, 194 en Bilbao, 180 en Córdoba, 170 en Girona o Murcia, 167 en San Sebastián o 165 en Logroño, siendo 113 en Barcelona y 117 en Madrid, según la OCU) y otras mucho menos (29,7 euros en Sevilla, 39 en Alicante, 43,4 en Toledo o 50,6 euros anuales en León). Y también hay muchas diferencias en la tasa de basuras de locales y comercios : 202 euros una peluquería, 214 una tienda de ropa, 271 un taller, 358 una tienda de alimentación, 396 un bar, 501  un banco, 583 un restaurante, 785 un hotel o 845 euros un supermercado… Barato parece.

Ahora, la Ley de residuos obliga a los Ayuntamientos a aprobar una nueva tasa de basuras, que tienen que cobrar antes de fin de año. El único criterio obligatorio es que esa nueva tasa tiene que cubrir todos los costes de la recogida, transporte y tratamiento de las basuras municipales, no puede ser deficitaria como ahora. Así que pagaremos más por las basuras. ¿Cuánto más? Dependerá de las cuentas de cada Ayuntamiento, que tendrá que justificar a Hacienda (para que lo traslade a Bruselas) el coste global del servicio y lo que recauda con la nueva tasa. El problema es que la Ley no fija los criterios para establecer esta nueva tasa y cada Ayuntamiento la fijará según distintos criterios: tamaño de la vivienda (o local), zona y valor catastral, número de personas que viven, consumo de agua…

Veamos lo que va a hacer el Ayuntamiento de Madrid, como ejemplo. Establecerá la nueva tasa (que quiere cobrar en septiembre: una media de 141 euros por vivienda y 310 euros por comercio) en base a una parte fija (81%), calculada en base al valor catastral de la vivienda o local y otro 19% variable, según el barrio, los residuos que ahora genera y el porcentaje de reciclaje que se hace. Y con deducciones para familias vulnerables. La mayoría de los Ayuntamientos, que están estudiando cómo cobrarán la nueva tasa, tendrán en cuenta el valor de la vivienda, número de ocupantes y consumo de agua. Pero la mayoría no tienen datos de cómo es la basura que recogen, con lo que no contemplan incentivos para los vecinos y locales que separen y recojan mejor, uno de los principales objetivos de Bruselas.

En general, la mayoría de los Ayuntamientos de más de 5.000 habitantes no se han preocupado hasta ahora de la nueva tasa de basuras, cuando el 10 de abril se hizo obligatoria. Detrás de este desinterés hay una razón política: el PP se abstuvo en la votación de la Ley de Residuos y ahora, por la presión de Vox (que votó en contra), ha tratado de frenar esta nueva tasa, alegando que Bruselas no obliga a imponerla. Incluso aprovechó su mayoría en el Senado para aprobar una proposición de Ley para suprimir la obligatoriedad del cobro. Y en la Federación de Municipios (FEMP), que controla, aprobó en octubre (por unanimidad) una declaración en la que pedían “reconducir” esta tasa…

Pero la Ley ha entrado en vigor y los grandes Ayuntamientos la tienen que aplicar, creando una nueva tasa de basuras y cobrándola ya en 2025. Una tasa que supondrá una subida sobre la tasa actual (100,12 euros) y que será diferente según donde uno viva, no tanto por los residuos que se generen como por los criterios para cobrarla que elija cada Ayuntamiento. Al final, el problema es que “la derecha” (PP y Vox) no quiere penalizar los residuos y van a boicotear de una u otra forma la nueva tasa de basuras, como atacan toda la regulación medioambiental (como las zonas de bajas emisiones…). Pero la realidad es que “tenemos un grave problema de residuos”, que sólo se resuelve  con el principio de “quien contamina paga”. Quien más basura genera y no recicla, que lo pague.

Esta filosofía choca con el problema de que la mayoría de los Ayuntamientos no saben cómo es la basura que recogen ni trata de concienciar a sus vecinos y locales de que separen mejor la basura (en bolsas y contenedores), facilitando la recogida selectiva. Y tampoco penalizan con multas al que recoja mal y no recicle. El problema de tratar mejor la basura no es una opción política, (no es “woke”), es una exigencia si no queremos ser “líderes en vertederos”. Y eso exige mucha información, muchas campañas, un trabajo bloque a bloque y una política de multas e incentivos para los que incumplan y cumplan mejor. No es un problema de fácil solución, pero hay que conseguir un consenso generalizado, para reducir las basuras, separarlas y reciclarlas mejor, en beneficio de todos. Y todo ello necesita además inversiones y costes, que tendremos que pagar con tasas más altas pero repartidas con justicia. Necesitamos un país más limpio.