Ojo a hacer demagogia con los parados

Hay un viejo tópico: muchos parados no quieren trabajar y prefieren cobrar el desempleo. Un estereotipo alimentado por la patronal y algunos “expertos”. Hace unas semanas, se les sumó  el líder de UGT: “los parados que no acepten un  trabajo deberían no cobrar”. Pura demagogia. Primero, porque ya se hace así. Y segundo, porque no dice que un 36% de los parados registrados no cobran nada ni que las oficinas de empleo (SEPE) no les ayudan a trabajar: sólo gestionan el 2% de los contratos. Y sólo 1 de cada 38 parados que cobran el paro llegan a recibir una oferta de trabajo. Encima, España, líder de paro en Europa, es el 2º país con menos “vacantes” de empleo, con menos ofertas: 4,9 por cada 100 parados, frente a 50 en la UE-28. Así que los 3 millones de parados españoles lo tienen muy difícil, como para atacarles. Antes del verano, se debe crear la nueva Agencia Estatal de Empleo, que pretende ayudarles a recolocarse. Pero sin medios.

Enrique Ortega

Los que nos hemos quedado alguna vez en paro sabemos bien que no es una situación fácil, sino angustiosa, que nos hunde en la desesperación y la impotencia, aunque cobremos el paro. Y la gran mayoría de los parados, lo que quieren es trabajar. Pero hay un viejo tópico, alimentado por la patronal y algunos “expertos” económicos: muchos parados no quieren trabajar y prefieren “vivir del paro”. Un estereotipo que perpetúan en los últimos años con quejas de que no encuentran trabajadores, sobre todo en la hostelería, el transporte, la construcción o el campo, los sectores más duros y peor pagados. “Páguenles más”, les contestó el presidente Biden en EEUU y la ministra Díaz en España.

Ahora, lo grave es que hasta el líder de la UGT se ha sumado a esta insidia contra los parados. A principios de marzo, Pepe Álvarez sugirió (en un  acto organizado por El Mundo…)  que “los parados que rechacen una oferta de trabajo deben dejar de cobrar la prestación”, reconociendo después que su posicionamiento “no es normal”. Y tanto: es pura demagogia. Primero, porque el líder sindical sabe (o debería saber) que ya hay una norma para evitar los abusos, un régimen sancionador: si un parado rechaza una oferta adecuada, se le abre una infracción y está 3 meses sin cobrar el paro. Y si rechaza un 2º trabajo, se le sanciona con 6 meses más sin cobrar el desempleo. Y a la tercera, se le quita el subsidio. Pero además, Pepe Álvarez debería saber que el problema hoy no está en los parados, sino en las oficinas de empleo (SEPE), que son un desastre y no ayudan a los parados a recolocarse.

Una vez más, los datos replican a la demagogia. Por un lado, un tercio de los parados registrados en el SEPE no cobran ninguna ayuda: en diciembre de 2022, cobraban algún subsidio 1.838.199 parados, el 64% de los registrados (2.873.653). Así que un 36% de los parados registrados no recibía ninguna ayuda. Y de los dos tercios restantes, la mayoría (casi 1 millón de parados) cobraba una miseria, un subsidio asistencial  de 463,21 euros, que reciben algunos parados a los que se les han acabado los dos años de paro o que no han cotizado lo suficiente (6 años para cobrar 2 de paro). En su mayoría son parados mayores de 45 años, mujeres y jóvenes, la mayoría de los que cobran ese subsidio asistencial y de los que no cobran nada. No es casualidad que los parados lideren la tasa de pobreza en España: el 58,6% son, estadísticamente, "pobres", según la Red Europea de lucha contra la pobreza (EAPN).

Además, por otro lado, los parados registrados no reciben casi ninguna ayuda de las oficinas de empleo (SEPE), razón por la que muchos no se registran: en diciembre de 2022 había 3.024.000 personas que se declaraban “parados” en la EPA (cuando les preguntaba el INE), pero en esa fecha sólo había 2.873.653 registrados en el SEPE (150.347 se consideraban parados pero no les compensaba registrarse). Y eso pasa porque los parados saben que las oficinas de empleo no les sirven para encontrar empleo. Los datos confirman esa sensación. En enero de 2023, el SEPE solo gestionó 27.806 colocaciones, el 1,99% de las colocaciones registradas en España. Y esto lleva pasando muchos años. Así, en julio de 2022, las oficinas de empleo sólo gestionaron el 2,23% de todas las colocaciones hechas en el país. Y entre 2012 y julio de 2022, las oficinas públicas de empleo (SEPE) intermediaron 4,2 millones de contratos, el 2% de todos los contratos hechos en la última década (las ETTs privadas intermediaron el 16,4%).

Así que las empresas españolas no confían en las oficinas públicas de empleo para contratar y utilizan las ETTs más los portales de empleo privados, las redes sociales y los contactos de conocidos y trabajadores. Y el 96% de los parados registrados que encuentran trabajo lo hacen por su cuenta, multiplicando los contactos, currículos y visitas. Otro dato, que debería conocer el líder de UGT: en enero de 2023, sólo 1 de cada 38 personas que cobraban el paro llegaron a recibir una oferta de trabajo de su oficina pública de empleo, según las propias estadísticas del SEPE. Así que quizás haya quien rechace un empleo, pero la mayoría tiene el problema de no recibir ofertas.

Precisamente, el problema de España, que lidera la tasa de paro en Europa (13% en enero, frente al 6,1% en la UE-28 y el 3% en Alemania, según Eurostat), es que es el 2º país europeo con menos ofertas “vacantes” de empleo: a finales de 2022 había 140.517 “vacantes” sin cubrir, el 0,9% de los empleos existentes, sólo un porcentaje menor de vacantes que Rumanía, Bulgaria y Polonia (0,8% de los empleos), según Eurostat. Eso significa que, aunque España tiene mucho paro, los nuevos empleos (pocos) se ocupan mayoritariamente, no se rechazan. De hecho, por cada 1.000 empleos existentes, en España hay 9 vacantes, frente a 28 de media en la UE-28, 44 en Alemania, 24 en Francia y 19 en Italia.

Hay otra forma de medirlo, la proporción de puestos vacantes y parados. En España hay 4,9 empleos vacantes por cada 100 parados, la cifra más baja de toda la OCDE, salvo Grecia (4,1 vacantes por cada 10 parados). Y la media en Europa es de 50 vacantes por cada 100 parados y 32 empleos vacantes por cada 100 parados en Alemania, Paises Bajos y República Checa, según Eurostat. Así que, ya no es sólo que las oficinas de empleo (SEPE) funcionen mal y no ayuden a recolocarse, es que, además, los parados españoles tienen menos oportunidades de encontrar empleo, por el tipo de economía que tenemos (menos productiva y más basada en los servicios). De hecho, las estadísticas europeas reflejan que la oportunidad de un parado español de encontrar empleo es 26,2 veces inferior a la de un alemán, 35 veces inferior a un checo y 10 veces inferior a la media europea.

Con estos datos, queda claro que los parados españoles tienen muy difícil recolocarse, no sólo por las peculiaridades de nuestra economía sino por lo poco que les ayudan las oficinas de empleo, el SEPE, que sólo les sirven para “sellar” periódicamente su demanda y cobrar (dos tercios, el 36% nada). ¿Por qué falla el SEPE? Primero, porque no está dirigido a “recolocar” a los parados, sino a gestionar burocráticamente su desempleo. Basta con ver su web, “Empléate”: sólo incluía 63.853 puestos de trabajo  y 22.209 ofertas a finales de marzo, prácticamente las mismas que hace un año, con sólo 63.965 empresas registradas (de las 3 millones existentes) y 783.785 trabajadores registrados (de 3 millones de parados y 17,3 millones de asalariados). Datos que reflejan que el empleo no pasa por la web del SEPE, mientras el portal de empleo de Francia registra un millón de ofertas…

El problema de fondo de las oficinas de empleo (SEPE) es que no buscan la recolocación de los parados y no están preparadas para ayudarles: su sistema informático es obsoleto, su plantilla es insuficiente (los sindicatos piden ampliarla de 8.100 a 12.000 personas), muy envejecida (la mitad tienen más de 50 años), con contratos precarios (la cuarta parte son interinos y más de 1.000 personal laboral)  y no está especializada en recolocaciones. Además, las 4.000 oficinas de empleo repartidas por España funcionan de forma diferente, porque la política de empleo la gestionan las autonomías. Y pasa como con la sanidad, la educación o la dependencia: unas regiones gestionan mejor que otras el desempleo, aunque ahora todas dispongan de más recursos, porque se han duplicado los recursos aportados por el Estado (y la UE) para políticas activas de empleo: 2.798 millones del Estado y los Fondos Europeos repartidos en 2022. Según los datos del SEPE, las regiones que consiguen más recolocaciones son Extremadura, Andalucía y Canarias. Y las que menos recolocan (el 1% o menos) son Cataluña, Comunidad Valenciana, Galicia y Madrid.

Otra asignatura pendiente es mejorar la formación de los parados, ya que está demostrado que hay más paro y menos recolocaciones entre los parados menos formados. Pero aquí también han fallado las oficinas de empleo (SEPE), porque sólo un 2% de los parados asisten a cursos de formación (sólo 65.389 desempleados en 2021, según el SEPE). Una parte puede ser por “dejadez” de los parados, pero otra parte se debe a la falta de atractivo (y exceso de burocracia) de muchos de los cursos ofertados. Y al desinterés de las empresas españolas por mejorar la formación de los parados, para así conseguir trabajadores mejores formados. De hecho, una buena parte de la cuota de formación que pagan empresas y trabajadores no se gasta, por falta de demanda de empresas (que racanean permisos y fondos), trabajadores y parados: hay un remanente no gastado entre 2015 y 2020 de 2.635 millones…

Para tratar de buscar alternativas a los parados, en febrero de 2023 se aprobó en el Congreso la Ley de Empleo, otra exigencia de Bruselas, para tratar de mejorar la política de empleo y la recolocación de los parados. Para los sindicatos y algunos expertos, es una Ley demasiado vaga y falta de medios, por lo que están pendientes de ver el Reglamento que la desarrolle, donde debería concretarse la obligación de las empresas de comunicar todas sus ofertas de empleo a las oficinas públicas, como se hace en Francia. Y queda por ver cómo se hace el cambio de la actual SEPE a la nueva Agencia Estatal de Empleo, que se quiere poner en funcionamiento antes del verano.

El objetivo de todo el cambio legal y de nombre es ofrecer un asesoramiento individual y personalizado a los parados, tras hacerles uno a uno una entrevista y contar con un tutor de la Agencia Estatal de Empleo que elaborará su perfil y un expediente personalizado, para facilitar su recolocación, lo que exigirá que el parado se comprometa a participar en las acciones necesarias para mejorar su empleabilidad. En paralelo, se pretende agilizar y modernizar el portal público de empleo, para que incluya todas las ofertas de trabajo y asegure que lleguen a todos los parados y trabajadores. Una tarea ingente, si se quiere ayudar de verdad a 3 millones de parados, para la que hará falta mucho personal especializado (funcionarios y empresas colaboradoras) y, sobre todo, muchos recursos. Dinero y personal que no se ha asegurado con la Ley y la futura Agencia de Empleo. Y cuya ejecución va a tener mucho que ver con los Gobiernos autonómicos que se elijan el 28-M…

En resumen, que nadie debería hacer más demagogia con los parados, porque bastante mal están, un tercio sin ningún ingreso y la mayoría solos a la hora de buscar trabajo, sin casi ayuda pública. Es hora de afrontar la grave situación que arrastramos desde hace décadas, dedicando más personal y más recursos públicos a formarlos y ayudarlos en su recolocación, con más implicación de las empresas. Darles una salida, ya que casi la mitad de los parados actuales (42,4%) llevan más de 1 año sin trabajo y la sexta parte (medio millón) llevan más de cuatro años en paro y sin esperanzas. Así que dejen de hacer demagogia con los parados y ayúdenles a recomponer su trabajo y su vida.

La EPA desigual de la pandemia

Hoy se ha conocido el balance del empleo y paro en el primer año de pandemia, la EPA 2020. Y los datos son malos pero no tanto como podía esperarse, porque el empleo y paro mejoraron en el 4º trimestre, a pesar de los rebrotes. Pero la pandemia ha causado la pérdida de 622.600 empleos, cifra que sería mucho peor sin los ERTEs (donde hay “embolsados” 750.000 trabajadores). Y tenemos 527.900 parados más, una tasa del 16,13%,  más del doble que Europa. Lo que revela la EPA es que los daños de la pandemia son muy desiguales: el paro y la pérdida de empleo se ha “cebado” en las mujeres, los jóvenes, los servicios, Canarias y Baleares, mientras apenas ha afectado al empleo de los mayores, la construcción, el campo y buena parte de España. Todo apunta a que la mayor factura de la pandemia, en empleo y paro, llegará en 2021. Urge aprobar un Plan de choque que ayude a los parados más afectados. 

Enrique Ortega

 

La pandemia ha roto en 2020 la racha de 6 años consecutivos de creación de empleo: entre 2014 y 2019 se crearon en España +2.831.700 empleos, todavía un millón menos de los destruidos entre 2007 y 2013. Pero 2020 se ha cerrado con una pérdida de -622.600 empleos netos, según la EPA, una cifra que podría haber sido mucho peor de no ser por la mejoría del empleo en el tercer trimestre (+596.600 empleos), por la desescalada, y en el cuarto trimestre (+167.400 empleos), a pesar de la 2ª y 3ª ola de contagios (o “gracias” a ellas). Una creación de empleo que no pudo compensar la pérdida de empleo en el primer trimestre (-285.600) y, sobre todo, en el 2º trimestre (-1.074.000 empleos).

Al final, este balance del empleo en el primer año de la pandemia no es tan malo como podía esperarse (en 2012 se perdieron -850.000 empleos) gracias a dos factores. Uno, que un gran número de trabajadores han mantenido su empleo al ser incluidos en un ERTE o programa de ayuda para autónomos, donde cobran un 70% de su sueldo en activo (se lo paga el SEPE y le descuenta el pago de su cotización a la SS). En el peor momento, en abril, había 3,4 millones de asalariados en ERTE y 1,1 millones de autónomos con ayudas por cese temporal de actividad (que cobran unos 800 euros de media), 4,5 millones de empleos “aparcados” y salvados momentáneamente. A finales de 2020, los asalariados en ERTE eran sólo 755.613, más  otros 350.000 autónomos, en total 1.100.000 empleos que se han salvado en 2020, aunque con un alto coste en sueldos y cotizaciones: 30.000 millones de euros. Y ahora, en 2021, los ERTEs y ayudas a autónomos se han prorrogado hasta el 31 de mayo.

El otro factor que ha evitado una mayor caída del empleo ha sido el teletrabajo. A lo largo de 2020, casi 1 de cada 10 trabajadores ocupados (1.923.800 personas, el 9,95%) han trabajado desde casa más de la mitad de los días de la semana, según revela la EPA de hoy, lo que ha evitado su despido. Y también ha ayudado que el conjunto de ocupados han trabajado menos horas (menos horas y menos días), lo que ha evitado más ajustes: los ocupados han trabajado 36,1 horas de media a la semana, frente a 36,6 horas en 2019.

Lo que revela la EPA de 2020, en este primer año de la pandemia, es su desigual balance sobre el empleo. Ha sido casi igual la pérdida por sexo (-3,13% de empleo han perdido los hombres y -3,09% las mujeres) pero han sufrido mucho más la pérdida los jóvenes: de todos los empleos perdidos el año pasado (-622.600, un -3,12%), casi la mitad los han perdido los menores de 30 años (-288.900 empleos, un -10,4%). Y dentro de ellos, la mayor caída la han sufrido los más jóvenes (16 a 24 años), que han perdido -200.100 empleos (-19%). Eso contrasta con el efecto de la pandemia entre los mayores de 55 años, donde creció el empleo en 2020 (+166.100 empleos), como entre los de 45 a 49 años (+9.100 empleos).

También es desigual la pérdida de empleos por sectores y autonomías. Casi 9 de cada 10 empleos perdidos con la pandemia han sido en los servicios (hostelería, turismo, comercio y servicios varios): -577.100 (-3,5%). Apenas se perdió empleo en la construcción (-3.700) y en el campo (-11.800) y poco en la industria (-70.100). Y por regiones, han sufrido la mayor caída de empleo Canarias (-112,.800, un -12%) y Baleares (46.300, un -8,12%), siendo comparativamente menor en Cataluña (-137.600 empleos, una pérdida de sólo el -3,95%), Madrid (-107.100 empleos, -3,39%) y la Comunidad Valencia (-72.500, -3,44%). Y hay 3 autonomías donde ha crecido el empleo en el año de la pandemia: Extremadura (+5.500 empleos, +1,44%), Melilla (+4.500 empleos, +16,62%) y La Rioja (+400 empleos, +0,26%), según la EPA 2020 publicada hoy por Estadística.

El balance del empleo es de una pérdida global neta de -622.600 puestos de trabajo en 2020, pero el año pasado se firmaron casi 16 millones de contratos, 6,5 millones menos que el año anterior por la menor actividad durante la pandemia. Y los datos de Trabajo revelan que, con pandemia, la precariedad en los empleos que se crean sigue igual: sólo el 9,69% de los contratos firmados en 2020 fueron indefinidos, mientras el 91,31% fueron temporales. Y casi un tercio (el 31,29%) fueron contratos a tiempo parcial, por horas. Sin embargo, como se han hecho menos contratos, el peso de los asalariados con contrato temporal ha bajado un poco, del 26,10% en 2019 al 24,6% en 2020, aunque todavía son más de 4 millones de asalariados precarios (4.000.700), casi la cuarta parte, un porcentaje más del doble que en Europa.

El paro ha crecido en 2020 en +527.900 desempleados, según la EPA, rompiendo también una racha de 7 años en que estaba bajando el paro (entre 2013 y 2019, el paro se redujo en -2.812.700 personas). Otra vez, lo llamativo es que el paro ha bajado en el cuarto trimestre (-3.100), tras subir en el primero (+121.100), en el 2º (+55.000) y sobre todo en el tercer trimestre (+354.900), porque durante el verano aumentaron los que buscaban trabajo, lo mismo que ha vuelto a pasar en el último trimestre, por la Navidad, aunque mucho menos (y por eso bajó el paro). Aquí, vuelve a pasar lo mismo que con el empleo: el aumento del paro es muy desigual por sexo, edad, sectores o regiones.

Aquí sí que las mujeres han sufrido más el aumento del paro por la pandemia: +305.600 mujeres paradas en 2020 (+18,31%) frente a +222.000 parados hombres (+14,96%). Y casi todo el paro se ha concentrado otra vez en los servicios (+279.500 parados, +23,91%), mientras apenas creció en el campo (+500 parados en la agricultura, +0,27%) y en la construcción (+7.900 parados, +5,42%) y algo más en la industria (+31.900 parados, +19,78%). Y por regiones, donde más sube el paro (en porcentaje) es en Baleares (+75,2%, +47.200 parados), Madrid (+36,2%, +127.700 parados), Cataluña (+32,56%, +132.100 parados), Navarra (+28,85%, +8.200 parados) y Canarias (+28,33%, +61.600 parados). Y hay 3 autonomías donde ha bajado el paro con la pandemia: Extremadura (-12.200 parados), Murcia (-5.500 parados) y Galicia (-3.200 parados)

A pesar de esta subida desigual del paro, la pandemia no ha cambiado el hecho de que haya 2 Españas para el desempleo. Una España con una tasa de paro insoportable, superior al 20% de personas en edad de trabajar sin empleo en diciembre de 2020: Ceuta (26,74% de paro), Canarias (25,22%),  Melilla (23,63%), Andalucía (22,74%) y Extremadura (21,32%). Y otra España con un nivel de paro europeo: País Vasco (9,96% de paro), La Rioja (10,365), Castilla y León (11,61%), Navarra (11,65%), Galicia (11,66%) y Cantabria (11,79%), según la EPA.

La pandemia ha agravado un problema congénito del paro en España: casi la mitad de los parados EPA no cobran ningún subsidio. Así, a finales de 2020, había 2.381.723 parados que cobraban alguna ayuda (el 52% un subsidio contributivo de 862,5 euros mensuales y el 48% restante un subsidio asistencial de 430 euros). Pero si descontamos las 755.613 personas que estaban en ERTE (y les paga el SEPE), podemos estimar que sólo 1.626.610 parados cobraban el desempleo, el 50,96% de los parados que refleja la EPA.  Y menos que los 1.964.132 parados que cobraban alguna ayuda (el 61,5% de los parados) en 2019.

Esto se debe a que muchos parados han agotado las ayudas por desempleo porque llevan mucho tiempo sin trabajar. De hecho, a finales de 2020, un 40,88% de todos los parados llevaban más de un año sin trabajar, 1.521.000 parados, según la EPA. De ellos, 635.600 llevan entre 1 año y 2 años en paro y otros 885.400 llevan más de 2 años. Y aunque este porcentaje de parados de larga duración ha mejorado algo (eran el 43,45% de los parados en 2019), es todavía un porcentaje demasiado alto y muy preocupante. Primero, porque estos parados tienen menos posibilidades de recolocarse, porque las empresas buscan parados menos “desconectados”. Segundo, porque la gran mayoría de estos parados tienen una baja formación: el 42% de estos parados de larga duración tiene sólo estudios primarios (o ni eso) y otro 28,57% tiene sólo la ESO, según un informe de Trabajo, con lo que el 70% están poco formados, una rémora para colocarse. Y un tercer problema es su edad: el 70% de los parados de larga duración tienen más de 45 años (y lo peor: un 39,8% tienen más de 55 años: no pueden trabajar ni jubilarse).

Visto el panorama que nos deja el primer año de la pandemia, el temor ahora es que el nuevo rebrote de contagios y la 3ª ola agraven la recesión y España crezca poco o nada en este primer trimestre de 2021 y apenas se recupere el empleo. Y que si no se llega a tiempo con las vacunas, se pierda el verano para el turismo, lo que agravaría el problema del empleo y el paro, forzando a ampliar los ERTEs y las ayudas a los autónomos después de mayo. Y habría que mantener las ayudas y la prohibición de despedir (ligada a los ERTES). En cualquier caso, todas las previsiones estiman que apenas se creará empleo en 2021 y que incluso aumentará el paro, porque habrá más personas buscando trabajo.

En cualquier caso, mientras se clarifica el futuro de los contagios y las vacunas, debería aprobarse un Plan de choque contra el paro, que tenga en cuenta la desigual factura de la pandemia en el empleo y el paro. Eso obliga a poner en marcha un Plan centrado en dos frentes. Uno, mejorar la situación de los parados actuales, ampliando los subsidios a los que no cobran nada (en coordinación con el Ingreso Mínimo Vital, que funciona mal) y multiplicando los cursos de formación y las tareas de asistencia personalizada a los parados que lleven más tiempo sin trabajar, para ayudarles a recolocarse a través de las oficinas de empleo (que están saturadas y necesitan más personal y medios). Y el otro frente, articular medidas y bonificaciones para fomentar el empleo de las mujeres, jóvenes y mayores en Canarias, Baleares, Madrid y Cataluña, sobre todo en la hostelería, el turismo, el comercio y las actividades de ocio y cultura, los colectivos, sectores y regiones más dañados por la pandemia. Hacen falta dinero y programas concretos, pactados con las autonomías.

Al final, el primer año de la pandemia ha dejado una factura en empleo y paro, pero no ha sido tan grande como lo es la recesión (se han perdido menos empleos que en 2012) porque se han aprobado ayudas y por el teletrabajo. Pero si la pandemia no se frena y las ayudas se reducen, se disparará la factura y perderemos mucho más empleos en 2021, algo que no podemos permitirnos con más del doble de paro que Europa. Así que Gobierno, autonomías, empresas y sindicatos han de volcarse en no perder más empleos y en empezar a crearlos como sea. Pero para ello, la clave es doblegar los contagios (tenemos que confinarnos en casa dos o tres semanas) y acelerar las vacunas. Dos prioridades sanitarias para salvar vidas y para salvar empleos.

El empleo no puede esperar

Hoy se ha conocido la EPA de junio, que aumenta el empleo y baja el paro, como es habitual en primavera. Pero la ocupación aumenta menos que los años anteriores. Y se crea más empleo temporal que en 2018, con parados que firman hasta 40 contratos al año para tener trabajo. Y los empleos “fijos” tampoco lo son: 1 de cada 3 acaban en despido antes de un año. Además, el paro sigue siendo el doble que antes de la crisis y que en Europa. Y la mitad de los parados llevan más de un año sin trabajar y no cobran el paro. De hecho, hay 1,45 millones de parados sin ninguna ayuda, en la pobreza. Un panorama muy preocupante, tras 5 años de recuperación. Por eso, urge pactar un Plan de choque contra el paro y por un empleo de más calidad, con un acuerdo social entre patronal y sindicatos y con medidas que deberían ser la prioridad del futuro Gobierno. El empleo no puede esperar. 

enrique ortega

El segundo trimestre del año suele ser el mejor para el empleo, por las rebajas y las contrataciones previas al verano. Y en 2019, la EPA de junio lo ha confirmado, con un aumento del empleo y una bajada del paro. Pero, en ambos casos, la mejoría es menor que en 2018 y años anteriores, porque el empleo está perdiendo fuelle. Y si el paro baja, también menos, es en gran parte porque hay menos españoles que buscan trabajo, menos “activos”, sobre todo mujeres y mayores de 45 años, así como jóvenes que prolongan sus estudios. De hecho, hay 500.000 activos menos que en 2012, según la EPA.

Con todo, lo más preocupante es que el empleo que se crea es muy precario, más incluso que en 2018. Así, el 90,32% de los contratos firmados entre enero y junio de 2019 son temporales, según Trabajo, frente al 89,6% en el primer semestre de 2018 y el 89,75% de todo 2018, en línea con el 91% de contratos temporales firmados en 2016 y 2017. Y además, hay una gran rotación, con lo que se firman muchos contratos de corta duración para cada empleo. Así, un 38% de los contratos se firman por menos de un mes y un 25% por menos de 1 semana, sobre todo en el turismo, la hostelería, el comercio y los servicios. Además, lo que está pasando es que esta excesiva temporalidad se ceba en un reducido número de trabajadores, unos 212.000, que han firmado una media de 3,3 contratos al mes, unos 40 contratos al año para poder trabajar, según un reciente estudio de CCOO.

Esta alta temporalidad de los nuevos contratos, que arrastramos desde la reforma laboral aprobada por Rajoy en 2012, lleva a que España sea el país europeo con más precariedad laboral: un 26% de los asalariados tienen ya un contrato temporal, casi el doble que en Europa (14,1% de contratos temporales en la UE-28), Francia (16.7%) o Alemania (12,6%), según Eurostat (2018). Y además, España es también el país europeo donde se hacen más contratos temporales por menos de 6 meses: el 60% del total, frente al 15% en Alemania, según la OIT.

También han subido este año los contratos a tiempo parcial (por horas o días), que suponen el 34,72% de los contratos firmados de enero a junio de 2019 (frente al 33,18% en el primer trimestre), según Trabajo. El problema de estos contratos a tiempo parcial es que se concentran en las mujeres: 2,2 millones de los 3 millones de asalariados que trabajan a media jornada. Y además, las mujeres y los hombres que trabajan menos horas no lo hacen porque quieren (algunos sí, para cuidar a hijos y padres dependientes), sino porque no encuentran otra cosa. Así, el 61,1% de los contratados a tiempo parcial en España lo son de forma “forzosa” (subempleo), frente al 26,4% de media en Europa, según Eurostat.

Así que España crea empleo, más que la mayoría de Europa, pero sigue siendo un empleo muy precario. De hecho, sólo el 6,31% de los contratos firmados en 2019 (10.988.900 entre enero y junio) son contratos “de calidad”: indefinidos y a tiempo completo, menos incluso que en 2018 (6,5% de contratos fijos y a tiempo completo), según Trabajo. Pero es que, además, estos contratos “indefinidos” no son tampoco “seguros”: sólo un 63% de los contratos indefinidos firmados a lo largo de 2018 sobrevivían a finales del año pasado, según un estudio de CCOO, que lo achaca a la reforma laboral de 2012, porque en 2011, el 87% de los contratos indefinidos se mantenían. Y otro dato sorprendente sobre la precariedad de los contratos “fijos”: sólo el 50% de los contratos indefinidos firmados en 2017 sobrevivían a finales de 2018: la otra mitad se habían perdido.

Esta elevada precariedad laboral, más en los contratos temporales y de media jornada, pero también en los indefinidos, se traduce en bajos salarios, porque los contratos precarios ganan entre un 39% y un 62% del sueldo de los contratos indefinidos a jornada completa: 17.003 euros anuales los empleos temporales y 10.648 euros a tiempo parcial frente a 27.348 euros los que trabajan a tiempo completo, según la estadística salarial del INE (2017). Eso explica el aumento de los trabajadores pobres en España: 2.654.000 personas con empleo, el 14,1% de los asalariados, según la Red Europa de lucha contra la pobreza (EAPN), con lo que somos el país occidental con más porcentaje de trabajadores pobres (que ganan menos del 60% de la media del país), según la OCDE.

Si la situación del empleo es preocupante, lo es mucho más la del paro, que afecta a 3 millones de españoles y sus familias. La bajada del paro es menor en 2019 que en los dos últimos años. Y aunque la tasa de paro esté ahora por debajo del 14% (Rajoy la dejó en el 16,7%), es todavía mucho más alta que antes de la crisis, cuando estaba en el 7,9% (verano 2007). Y, sobre todo, es la segunda más alta de Europa, tras Grecia (18,1% de paro), con más del doble de paro que la media europea (6,3% en la UE-28) y más de cuatro veces el paro de Alemania (3,1%), según los últimos datos de Eurostat (mayo 2019). Además, el paro afecta especialmente a los jóvenes (32% en paro frente al 15% en 2007), los inmigrantes (21% paro) y las mujeres (16,5% en paro frente al 12,5% os hombres). Y hay 5 autonomías que superan la tasa de paro del 20% (Melilla, Extremadura, Ceuta, Andalucía y Canarias), mientras tres no llegan al 10% (Navarra, País Vasco y Aragón).

No es sólo que tengamos todavía una tasa de paro “insoportable”. Es que la situación de los parados es doblemente preocupante. Por un lado, son casi la mitad los parados que llevan varios años en paro, sin encontrar trabajo, lo que les dificulta ser recolocados: hay casi 1,5 millones de parados EPA que llevan más de un año sin trabajar, el triple que antes de la crisis (500.000 parados de larga duración en 2007). Y de ellos, casi 700.000 llevan más de 4 años parados, muchos de ellos sin perspectiva porque tienen más de 45 años.

Por otro lado, casi la mitad de los parados no cobra ninguna ayuda, porque se les ha acabado el subsidio o porque su contrato era tan precario que no tiene derecho (o autónomos que no han cotizado). En mayo, último dato de Trabajo, sólo 1.745.593 parados cobraban alguna ayuda, el 56% de los parados EPA, cuando antes de la crisis, en 2007, cobraban subsidio el 76% de los parados. Y hay 7 autonomías donde hay más parados que no cobran ayudas (más del 50%) de los que sí las cobran: Melilla, Madrid, Canarias, Ceuta, Asturias, País Vasco y la Rioja. Además, entre los que cobran algo, son mayoría (1.048.500 parados) los que cobran un subsidio “asistencial” (de sólo 430 euros, durante unos meses) que los que reciben un subsidio “contributivo” (697.094 parados), ahora de 817,50 euros al mes.

Con la EPA de hoy, el empleo ronda los 19,8 millones de ocupados, lo que indica que se han creado 2.850.000 nuevos empleos (precarios y mal pagados) con la recuperación iniciada en la primavera de 2014. Pero todavía queda recuperar más de 700.000 empleos para alcanzar la máxima ocupación alcanzada antes de la crisis (20.510.600 españoles trabajaban en septiembre de 2007, según la EPA). Así que no hay que hacer “triunfalismo” con los datos de empleo de junio, sobre todo porque el ritmo de creación de empleo está bajando, como el crecimiento de la economía. La previsión de la Comisión Europea es que el empleo en España crezca este año un 2% (frente al 2,5% en 2018 y el 3% en 2016 y 2017). Eso se traducirá en 350.000 nuevos empleos este año 2019, tras los 566.200 creados en 2018 (y una media de 465.000 cada año entre 2014 y 2017). Y eso si no hay “sustos” en el horizonte económico de los próximos meses (guerras comerciales, subida del petróleo y los tipos de interés, estancamiento en Europa, nuevos ajustes, bloqueo político en España…).

Como he intentado explicar, los datos del empleo y el paro mejoran pero están lejos del resto de Europa y de recuperar la situación que teníamos antes de la crisis, a pesar de estos 5 años de recuperación. Y la situación es angustiosa para muchas familias, o bien porque siguen en paro (mucho tiempo ya y sin cobrar subsidio) o porque tienen empleos muy precarios y mal pagados, que les hacen mirar el futuro con mucha incertidumbre. Por todo ello, el paro sigue siendo “la primera preocupación de los españoles” (para el 62,5%), según el Barómetro del CIS de junio. Y eso hace que las soluciones no pueden esperar, a la vista del grave panorama del empleo y el paro que acabo de reflejar, con datos oficiales españoles y europeos.

Lo primero y más urgente es resolver la grave situación de los parados que no cobran y que están en la pobreza y la exclusión social. Son 1.450.000 parados que no reciben ayudas, según un reciente estudio de CCOO. Los sindicatos ya presentaron en el Congreso, en febrero de 2017, una iniciativa popular (apoyada por 700.000 firmas) para pagar una renta mínima de 426 euros a las familias sin recursos, iniciativa que contó con el apoyo de todos los grupos parlamentarios, salvo PP y Ciudadanos. Ahora, más de 2 años después, esta propuesta de renta mínima sigue sin aprobarse y tendrá que debatirse de nuevo en un Congreso bloqueado, salvo que se disuelvan las Cortes y haya nuevas elecciones. Mientras, la Autoridad Fiscal independiente (AIReF) ha dado un espaldarazo técnico es esta renta mínima, al presentar un estudio donde defiende crear una renta mínima de 430 euros para 1,8 millones de familias excluidas, con un coste de 5.500 millones anuales.

Esta medida debería ser una prioridad del Congreso y de la mayoría de los partidos, aunque PP y Ciudadanos no la apoyan. Y el próximo Gobierno debería pactar también un Plan de choque contra el paro y por el empleo estable, dirigido especialmente a los jóvenes, las mujeres y los parados de larga duración, los colectivos que tienen más difícil colocarse. Primero, hay que volcarse en su formación (hay 1.504 millones de euros para formación sin gastar, de los ejercicios 2015, 2016 y 2017), con cursos más eficaces y ligados a lo que piden las empresas. Segundo, hay que reformar los servicios públicos de empleo (SEPE), para que no sean unas oficinas burocráticas sino que ayuden realmente a los parados a encontrar empleo, como agencias de colocación. Un avance pueden ser los 3.000 asesores que han  contratado las autonomías para orientar a los jóvenes parados, en cumplimiento del Plan de empleo joven aprobado por el Gobierno Sánchez en diciembre. Y tercero, hay que incentivar (ayudas fiscales, cotizaciones) a las empresas que contraten de forma estable parados de larga duración, casi la mitad de los parados.

En tercer lugar, urge un acuerdo social, entre patronal y sindicatos (con el apoyo del Gobierno y los partidos), para conseguir más empleo “decente”, con una estrategia de “palo y zanahoria”: palo a las empresas y sectores (hostelería y servicios) que “abusan” de los contratos temporales y por horas para empleos que son estables y con jornadas normales. Hay que reforzar la Inspección de Trabajo y lanzar campañas contra los que defraudan, como se empezó a hacer en agosto (se han regularizado 195.000 falsos empleos temporales en 2018). Y “enseñar la zanahoria” al resto, para incentivarles a que hagan contratos fijos y con jornadas normales, con menores cotizaciones e impuestos. Y con un seguimiento periódico y un objetivo: por ejemplo, rebajar del 89,75% al 70% el porcentaje de temporales en los contratos de 2020. Se puede conseguir si se convence a los empresarios que ahora, tras varios años con beneficios,  pueden y deben ofrecer contratos decentes. Y eso pasa también por una reforma normativa, para dar marcha atrás a la reforma laboral de Rajoy de 2012, como piden los sindicatos y la izquierda.

Y hay una cuarta medida de fondo para promover el empleo en España: cambiar el modelo económico de crecimiento, asentado en el turismo, la hostelería, las tiendas y la construcción, sectores con un empleo estacional, precario y mal pagado. Hay que apostar por la industria y la tecnología, porque el 92% de los empleos en España se crean en actividades de bajo contenido tecnológico y sólo el 8% en ramas de tecnología media y alta, las que tienen futuro, según un estudio de CCOO. Eso quiere decir que hay que evitar ser “la California de Europa” y apostar por un país más competitivo, que cree más empleo (tenemos 1.800.000 empleos menos que la media de Europa: un 67% de adultos trabajando frente al 73,2% en la UE-28) y un empleo más estable y más productivo, para vivir mejor.

Son retos muy importantes y que exigen tiempo, pero el empleo no puede esperar, porque es lo que preocupa a los españoles aunque no a los políticos. Dejen de pelearse y tomen medidas eficaces para que trabajen más españoles, con empleos decentes y mejor pagados. Esa debería ser la gran prioridad del Gobierno y los demás partidos este año. Al tajo.

EPA 2017: más empleo, pero falta la mitad

En el último trimestre de 2017 “pinchó” el empleo: se perdieron 50.900 empleos, por el freno del consumo y la crisis en Cataluña. Y en todo 2017 se crearon 490.300 nuevos empleos, más que en 2016 y 2014 pero menos que en 2015. Lo peor es que sólo un 5% fueron empleos de calidad, porque la mayoría fueron contratos temporales (91%) y a tiempo parcial (35,6%), lo que sucede desde 2009. La causa de tanta precariedad está en que se trabajan casi las mismas  horas que en 2011 y como hay más gente empleada, el “truco” es “trocear” el trabajo: hay varias personas para cubrir cada puesto  y además se reparten las horas que hacen. Segundo problema: se han creado 1,86 millones de empleos, pero falta recuperar otros 2 millones perdidos. España es, junto a Grecia y Portugal, el único país UE con menos gente trabajando que antes de la crisis. Necesitamos un Plan de choque contra la precariedad y un Plan de empleo, con recursos y medidas. Si pactaron el 155 y quieren pactar la financiación autonómica, ¿no pueden acordar un Plan para crear más empleo de calidad? Urge hacerlo.

enrique ortega

2017 fue el cuarto año de crecimiento consecutivo en España (+3,1%), pero el empleo “pinchó” en el cuarto trimestre, por un cierto freno en el consumo y la crisis política en Cataluña: se perdieron 50.900 empleos entre enero y octubre, más que en el otoño de 2016 (-19.400 empleos), según la EPA conocida hoy. Con ello, en todo 2017 se crearon +490.300 empleos, más que en 2016 (+413.900) y 2014 (+433.900) pero menos que en 2015 (+525.100), lo que da un total de 1.863.200 empleos creados en estos 4 años, según los datos históricos del INE (no los "más de 2 millones" de que hablan algunos medios). El empleo 2017 se ha creado sobre todo en los servicios (+ 289.700), por el turismo, la hostelería y el comercio, pero también en la industria (+132.200), la construcción (+64.300) y la agricultura (+4.000). Y se ha creado empleo neto en todas las autonomías, salvo Castilla y León (-7.100) y Asturias (-5.400) sobre todo en Andalucía (+126.400), Cataluña (+113.600, más que los 100.800 empleos de 2016) y Madrid (+66.200).

Tras la mejora de empleo de 2017, hay que resaltar el grave problema de que es un empleo muy precario: sólo el 5% de los contratos firmados en 2017 (una barbaridad: 21,5 millones, 44 contratos por cada empleo creado) fueron “normales”, fijos y a jornada completa. El resto fueron precarios : contratos temporales (el 91,02%), la cuarta parte (el 26%) por menos de una semana y un tercio por menos (37,8%) de un mes, y a tiempo parcial (el 35,6% de los contratos), por horas o días, según datos de Empleo. Y esta precariedad en los contratos no se ha dado sólo en 2017, sino que se arrastra desde 2009: ese año ya, un 91% de los contratos firmados fueron temporales, como en 2010, y luego entre 2011 y 2015 subieron hasta el 92% de todos los contratos, para bajar al actual 91% de temporalidad en 2016 y 2017.

Se ha creado empleo en 2017 y eso ha permitido bajar el paro estimado hasta los 3.766.700 parados, según la EPA publicada hoy, una reducción anual de 471.000 personas, la menor caída del paro en los últimos cuatro años. Con esta reducción, la tasa de paro sube al 16,55%, la menor desde 2008, aunque tenemos todavía más del doble de paro que Europa: la tasa de la UE-28 es del 7,3% (noviembre) y la de la zona euro el 8,7%, según Eurostat. Y sólo nos supera Grecia (20,5% de paro), estando muy por debajo el paro de Italia (11%), Portugal (8,2%), Reino Unido (4,2%) y sobre todo Alemania (3,6%). Y lo peor es el paro juvenil (menores de 25 años), que aunque ha bajado, es del 37,4%, más del doble que en Europa (16,2%) y la zona euro) y cinco veces el alemán (6,6%).

El paro español se concentra en las mujeres (son más de la mitad de los parados: 1.946.000, con una tasa del 18,35%, frente al 15,07% los hombres), los jóvenes (35% de paro entre menores de 29 años), los emigrantes (22% de paro)  y los mayores de 50 años (el 15% de paro, el triple que en 2007), donde hay ya 957.400 españoles mayores sin trabajo (y sin posibilidad de tenerlo). Y el paro se concentra también en 5 autonomías, que siguen con una tasa de paro “insoportable”, superior al 20%: Ceuta (26,3%), Extremadura (25.12%), Melilla (24,62%), Andalucía (24,43%) y Canarias (22,04%), la media España pobre, que contrasta con el paro “casi europeo” de la España más rica, Navarra (9,63% paro), País Vasco (10,57%) y la Rioja (11,51%). Y un dato estremecedor: han aumentado (+16.700) los hogares donde no trabaja nadie y son ya 1.210.500 hogares donde todos sus miembros están en paro. Y así llevan muchos años.

Pero quizás el dato más preocupante es que el paro se enquista y la mitad de los parados llevan más de un año sin trabajar, son los llamados “parados de larga duración”: en diciembre de 2017, eran 1.899.000 personas, el 50,5% de todos los parados, según la EPA publicada hoy (en la UE-28 son el 43%). Y de ellos, 1,36 millones llevan parados ya más de 2 años y un millón lleva más de 4 años, según un estudio de Fedea. Son una bolsa de “parados crónicos”, que tienen muy difícil volver a trabajar. Y no sólo por su edad (un tercio superan los 50 años) y porque están fuera del “mercado”, sino porque tienen poca formación: el 63% de estos parados de larga duración sólo tienen la ESO o incluso menos.

Con todo, la inmediata consecuencia de que los parados se mantengan meses y años en el desempleo es que acaban agotando el subsidio, si llegaron a tenerlo. Y así, lo grave no es sólo que haya 3.766.000 españoles en paro, sino que la mitad no cobran nada: en noviembre de 2017, según datos de Empleo, sólo cobraban algún subsidio 1.901.054 parados, el 50,5% de los parados estimados por la EPA (cuando llegó Rajoy a la Moncloa, en diciembre de 2011, cobraban subsidio el 55,5% de los parados). Y encima, sólo el 39,3% (748.333) cobraban un subsidio contributivo de 818 euros al mes, mientras los dos tercios restantes (1153.321 parados) cobraban un subsidio contributivo de 426 euros al mes. Esto es por los recortes que hizo Rajoy en 2012 a las prestaciones de desempleo, para rebajar el déficit público a costa de “ahorrar con los parados” (si en 2012 se gastaban 31.680 millones en los parados, en 2017 han sido casi la mitad, 18.318 millones).

Ahora, en 2018, los expertos apuestan porque España crezca menos (el 2,4%, según el FMI, frente al 3,1% de 2017), lo que se traducirá en una menor creación de empleo: unos 440.000 nuevos ocupados, frente a los 490.300 de 2017. Y aún podrían ser menos si se agravan las incertidumbres exteriores (subida del petróleo, el euro y los tipos de interés) y se enquista la crisis en Cataluña. Y este menor empleo es más preocupante porque España aún tiene que recuperar una buena parte del empleo perdido en la crisis. Así, entre 2014 y 2017 se han creado 1.863.300 empleos nuevos, pero hace falta crear otros 2 millones de empleos para recuperar los 3.802.800 empleos perdidos desde 2007 (el máximo se dio en septiembre 2007, con 20.753.400 españoles trabajando y a finales de 2017 sólo había 18.998.400, según estos datos históricos del INE). En eso también vamos rezagados con Europa, porque la UE-28 recuperó el empleo de antes de la crisis en 2015 y los países euro en 2016, siendo España, Grecia y Portugal los únicos grandes países donde todavía trabaja menos gente que en 2007, según Eurostat.

Así que tenemos dos grandes retos por delante: que crezca más el empleo y que el empleo sea de más calidad, menos precario. Porque tras 9 años de enorme peso de los contratos temporales (el 91/92% del total), España se ha convertido en el país de Europa con más temporalidad: el 27,5% de los trabajadores tienen ya un contrato temporal, superando al hasta ahora “líder” (Polonia tiene un 26%) y muy por delante de Francia (17,4% temporalidad), Italia (16,3%), UE-28 (14,4%) y Alemania (12,9%), según Eurostat (septiembre 2017). Y los contratos cada vez duran menos (51,67 días de media). Además, han crecido mucho los contratos a tiempo parcial, por horas: los tienen el 14,5% de asalariados (2017), menos que en muchos países, pero con una particularidad: en Holanda, Reino Unido y otros países, mucha gente trabaja media jornada porque quiere, mientras en España, el 60% lo hace “obligado”, porque no encuentra otra cosa (los “forzosos en Europa son el 27,5%, según la OIT).

Hay que ir al origen de la precariedad, que se ceba sobre todo entre los jóvenes y las mujeres. Y el origen está en que hay poco trabajo y el que hay “se trocea”, se reparte, con la ayuda de la reforma laboral que aprobó el Gobierno Rajoy en 2012. Vean el dato: en España, por la crisis, se trabajan hoy casi las mismas horas que en 2011, según la EPA: 604 millones en el 4º trimestre de 2017 frente a 597,4 millones a finales de 2011, a pesar de que hay 845.400 españoles más trabajando que cuando Rajoy llegó a la Moncloa. Eso significa que el mismo empleo (horas) se reparte entre más personas, de dos maneras. Una, con más de una persona por empleo (la media de 2017 fueron 44 contratos por empleo creado), gracias a los contratos por meses o semanas (se firman cada mes 500.000 contratos por 1 semana). Y la otra, con contratos por horas, que reparten un empleo entre dos o más personas. Por eso hay tanta precariedad: para repartir el poco empleo disponible (y ahorrar costes).

Y no es verdad que las empresas hagan contratos temporales para “probar” a los nuevos empleados y luego hacerlos fijos. Sólo un 36% de los contratos temporales que se firman cada mes (1,5 millones) son nuevas contrataciones. Y los trabajadores temporales esperan una media de 94 meses (7,8 años) para ser fijos (antes de la crisis esperaban 57 meses). Los  tercios restantes, el 64% de los contratos temporales son “renovaciones, se hacen a trabajadores que ya están trabajando, según los datos de las oficinas de empleo (SEPE). Una “rotación” que para muchos dura años, como un mal menor frente al paro. Y además, cuando finalmente llega el ansiado contrato “fijo”, tampoco da mucha estabilidad: el 60% de los contratos fijos que se firman no sobreviven más de 2 años, según un estudio de la profesora Inmaculada Cebrián. Así que tenemos más empleo, pero de poca calidad.

La precariedad laboral, enquistada en España al menos desde 2009, es un grave problema, no sólo para quien la sufre sino para todos. Primero, porque los contratos precarios están muy mal pagados y tiran a la baja de todos los salarios, más bajos que antes de la crisis y en un nivel “mileurista” (el salario más frecuente son 16.498 euros brutos, 966 euros netos en 14 pagas, según el INE) y muy por debajo de los europeos (un 15,4% menos, según Adecco) Esta precariedad y bajos salarios aumenta la incertidumbre de los españoles, reduciendo el consumo de las familias y la natalidad, sus impuestos y sus cotizaciones, lo que se traduce en un elevado déficit de las pensiones y en que bajen los activos que tienen que pagarlas. Y todo ello para que encima España no sea un país competitivo, a pesar de ser líder en precariedad y bajos salarios: ocupamos el puesto 34 en el ranking mundial GCI.

La Comisión Europea señaló en su informe 2017 que uno de los mayores problemas de España es la precariedad laboral y la “dualidad” del mercado de trabajo (españoles con “buenos” y “malos” contratos). Y la delegación del FMI que visitó España, en octubre 2017, ya indicó al Gobierno que “debía tomar medidas para mejorar la calidad del empleo”. Pero Rajoy como si nada. Y eso que se comprometió a hacerlo en diciembre de 2014, en el punto 2.4 del Acuerdo tripartito que firmó con patronal y sindicatos: “tomar medidas para luchar contra la dualidad en el mercado de trabajo: intensificar la lucha contra el fraude en la contratación e incentivar los contratos fijos”. Palabras inútiles, papel mojado tres años después.

Urge aprobar un Plan de choque contra la precariedad laboral, pactado con sindicatos, patronal y partidos políticos. Se trataría de actuar con el palo y la zanahoria. El “palo” sería hacer cumplir la ley y permitir contratos temporales para trabajos realmente temporales, no para ocupaciones temporales (para eso están los “fijos discontinuos”). Hay que lanzar la inspección de trabajo a las empresas, con planes piloto por zonas y sectores (la hostelería en Mallorca, por ejemplo), que den un “escarmiento” a los que abusan. Claro que para eso hace falta dotar de más medios a la inspección de trabajo (tiene 1.797 inspectores y subinspectores, los mismos que en 2009 y la mitad que en Europa: 1 inspector por cada 15.000 asalariados frente a 1 por cada 7.300 en la UE) y que se dediquen más a inspeccionar contratos (sólo el 4% de las inspecciones hechas en 2016 fueron a combatir el fraude en la contratación temporal). Y la “zanahoria” serían ayudas a las empresas que contraten trabajadores fijos, penalizando las cotizaciones de las que hagan más contratos temporales.

Con este Plan de choque, podría conseguirse mejorar la calidad del empleo en unos años. Pero quedaría otro problema pendiente: hay que crear más empleo, porque falta recuperar 2 millones de empleos perdidos y a este ritmo (400.000 al año) se tardaría 5 años. Y eso sin pensar en los jóvenes que se incorporen a buscar trabajo. España tiene más del doble de paro que Europa y tiene que crear mucho más empleo para salvar la brecha. ¿Cómo? Pues acordando entre todos un Plan de empleo con  4 patas: más ayudas a los parados (que cobren subsidio al menos 1 millón de parados más, lo que costaría unos 5.000 millones anuales), mejorar la formación de los parados (es un escándalo que haya 1.800 millones de remanente para formación sin gastar, según denuncia la patronal), reformar las oficinas de empleo a fondo (para que asesoren y coloquen de forma eficaz a los parados) y aprobar planes específicos para la colocación de jóvenes (no están cobrando las ayudas europeas de la Garantía Juvenil), mujeres y mayores de 50 años, los que más sufren el paro.

En resumen, hemos batido récord de empleos (el Gobierno y sus medios “echarán hoy las campanas al vuelo”) pero son empleos muy precarios y mal pagados, que están repartiendo el poco trabajo que hay entre más gente, “troceando” el empleo. Y aún nos queda recuperar casi la mitad del empleo perdido desde 2007, cosa que ya han hecho en Europa. Y todavía hay millones de parados desesperados, como reflejan las colas kilométricas para dejar un currículo para 100 vacantes en el futuro hotel de la Torre de Madrid. Así que en vez de dormirse en el “triunfalismo”, Gobierno y oposición, junto a sindicatos y patronal, deberían pactar de una vez dos Planes, uno para reducir la precariedad y otro para relanzar el empleo, con la ayuda de un Presupuesto 2018 que debería reanimar la economía, para contrarrestar la incertidumbre del petróleo, el euro y los tipos, más Cataluña. Si PP y PSOE fueron capaces de pactar el 155 para Cataluña y ahora hablan de pactar la financiación autonómica o la política del agua, ¿por qué no pactar el empleo? Urge hacerlo.