Sanidad cada vez más privada

La crisis y los recortes han llevado a ocho autonomías, gobernadas por el PP, a privatizar total o parcialmente 25 grandes hospitales, argumentando que así recortan costes y se gestionan mejor. La realidad es que ya no pueden mantenerles y en vez de reformar la gestión pública para que sean más eficientes, los traspasan a empresas privadas, que buscan beneficios a costa de recortar servicios y calidad. La privatización traerá despidos y cierre de servicios, mientras empeora la sanidad pública y se duplican las listas de espera. Con ello, casi 11 millones de españoles tienen ya un seguro médico privado y la sanidad privada ha duplicado su tamaño, alcanzando ya un 30% del pastel sanitario. O se hace más eficiente la sanidad pública o seguirá ganando terreno la privada, para el que se la pueda pagar.

enrique ortega

La privatización de hospitales se inició en la Comunidad Valenciana: en 1.999 se entregó a una empresa privada (Ribera Salud, participada por Bancaja y la CAM) la construcción y gestión no médica del hospital de Alzira. Luego, se amplió a la gestión médica y a los centros de salud de la zona (la llave para controlar el gasto en el hospital). Y con ese modelo se han privatizado los hospitales de Torrevieja (2006), Denia (2009), Manises (2010) y Elche (2011): hay un millón de personas (20%) atendidas por la gestión privada, a cambio de cobrar a la Comunidad 639 euros por persona.


En Madrid, Esperanza Aguirre quiso copiar el modelo Alzira, que curiosamente llaman PPP (Partenariado Público- Privado) y puso en manos privadas la construcción y gestión de cuatro hospitales públicos en la periferia: Valdemoro (2007), Torrejón (2011), Móstoles (2012) y Collado-Villalba (en proyecto). Además, dejó en manos privadas la construcción y gestión no médica (limpieza, restauración, material y mantenimiento) de otros 7 hospitales, que inauguró en 2008. Ahora, su sucesor, Ignacio González, va más allá y privatizará también (en 2013) la gestión sanitaria de 6 de estos  hospitales: Infanta Leonor (Vallecas), Infanta Sofía (San Sebastián de los Reyes), Infanta Cristina (Parla), Hospital del Henares, del Sureste y del Tajo. A cambio, desmantelará parcialmente dos hospitales públicos con solera, La Princesa (donde ha dado marcha atrás) y Carlos III, cerrando el Instituto de Cardiología. Y privatizará el 10% de los centros de salud de Madrid (unos 27), además de externalizar los servicios no sanitarios (lavandería restauración, mantenimiento) de todos los hospitales (también lo hará en 2013 la Comunidad Valenciana)

El mismo camino sigue Cospedal en Castilla la Mancha: antes de fin de año sacará a concurso la construcción y gestión total de cuatro nuevos hospitales (Almansa, Villarrobledo, Tomelloso y Manzanares) y sus centros de salud. Y quiere repetirlo en los futuros hospitales de Toledo y Guadalajara. La Rioja sacará también a concurso la gestión total del hospital de Calahorra.

Otras cuatro autonomías gobernadas por el PP apuestan por otra variante privatizadora, el modelo PFI (Iniciativa de Financiación Privada): se deja a empresas privadas la construcción y gestión no médica de hospitales. Es el caso de Galicia (hospital de Vigo, en construcción), Extremadura (futuros hospitales de Cáceres y Don Benito), Castilla y León (Burgos), Baleares (futuro hospital Son Espasses). También Canarias privatizará servicios no médicos de sus hospitales. Cataluña posee históricamente una estructura mixta, con hospitales públicos gestionados por mutuas, fundaciones, consorcios y centros de la Iglesia.

La razón real de tanta privatización es que las autonomías no pueden con el gasto sanitario (hasta 45% de sus Presupuestos) y menos Madrid, donde Aguirre creó una verdadera burbuja hospitalaria: 13 nuevos hospitales públicos en 10 años (de 20 a 33). El problema no ha sido tanto construirlos (gracias a pagar un canon a las empresas) sino ahora mantenerlos, lo que resulta imposible. Luego está el argumento ideológico (“lo público es peor que lo privado y cuanto menos mejor”), que se disfraza con el argumento de costes: dicen (no hay estudios independientes) que una cama privada cuesta 700 euros frente a 1.250 la pública. Pero eso esconde dos hechos. Uno, que los privados pujan por precios bajos y luego reclaman más: en 2010, la Comunidad de Madrid subió 2 millones el canon a los 6 hospitales semiprivatizados (además de que una inspección reveló que tenían menos personal, medios y material del que decían). Y el otro, que el servicio no es el mismo ni tampoco la calidad: la atención privada mira con lupa las pruebas que se encargan, hay más vigilancia (e incentivos) sobre los médicos y se desvían a la pública los tratamientos más caros (por ejemplo, trasplantes).

Dicho esto, hay un hecho claro: la sanidad pública es manifiestamente mejorable. No se justifica que haya quirófanos cerrados por las tardes (para no pagar horas), que máquinas costosas sólo se usen unas horas (en la privada hacen TAC un viernes a las 11 de la noche), que las consultas especializadas sólo sean de mañana (para que los médicos puedan tener consulta privada por las tardes), que haya horarios funcionariales, una política de sueldos y contratación sin incentivos y una gestión política y no médico-económica.

Volviendo a la privatización de hospitales y servicios (análisis clínicos y pruebas -60% TAC- ya se hacen mayoritariamente en centros privados), el resultado a corto plazo va a ser más despidos (personal interino y contratado) y un deterioro de la calidad del servicio, primando más los costes sobre los criterios médicos. Y eso, unido a los recortes (7.267 millones en el tijeretazo de abril), deteriorará aún más nuestra sanidad. De hecho, las listas de espera se han duplicado, pasando de 32 a 72 días para una operación. Y se tarda 82 días de media en recibir el diagnóstico de un especialista.  

La consecuencia inmediata es que el que puede, se hace un seguro médico privado para lo más urgente. Ya hay 10,7 millones de españoles, que pagaron 6.589 millones en primas en 2011 (50 euros al mes por asegurado), el doble que hace diez años. Y la sanidad privada ya supone un 30% del gasto sanitario, facturando casi 7.000 millones, el doble que en 2002. Al amparo del deterioro de la sanidad pública ha crecido una potente industria sanitaria privada, empujada por empresas extranjeras de capital riesgo: el fondo británico Doughty Hanson (y la familia Cordón Muro) controlan el Grupo Quirón (líder en pacientes, con 46 centros en 29 ciudades), la sociedad luxemburguesa CVC (dueña de la Fórmula 1) gestiona el Grupo Capio (líder en hospitales, 30, y en conciertos con la sanidad pública), el fondo Goodgrower (familia Gallardo, de Almirall) controla Adeslas Hospitales (la 3ª del ranking), la británica BUPA es dueña de Sanitas Hospitales (4ª) y Bankia y Sabadell controlan el Grupo Ribera Salud (Alzira y otros 5 hospitales). Todos esperan ansiosos los nuevos concursos.

Cara al futuro, el gasto sanitario va a seguir creciendo (tecnologías más caras y más viejos) y la tentación de privatizar seguirá en alza, al menos mientras sea negocio (si no, se vuelven a nacionalizar los hospitales, como se pretende hacer ahora con las autopistas). Pero, al margen de las protestas generalizadas, la mejor manera de preservar la sanidad pública es reformarla a fondo, no con recortes, sino con cambios profundos: política de personal, horarios de médicos, utilización de tecnologías y tratamientos (según la OMS, un 30% del gasto es ineficiente), potenciar la atención primaria y la prevención, despolitizar la gestión…

Si la sanidad pública no se hace más eficiente, se recortará más mientras crece el pastel de la privada. Y acabaremos con una sanidad dual: la pública para los pobres y la privada para el que se la pueda pagar. Hay que atajarlo ya, cuando todavía tenemos la mejor sanidad de Europa.

Autonomías: el cuarto recorte en tres años

En medio de las noticias sobre la huelga del 14-N, los desahucios y las elecciones catalanas, ha pasado desapercibido que 13 autonomías (todas salvo Asturias, Galicia, País Vasco y Cataluña) han presentado ya sus Presupuestos para 2013. Y con ellos, habrá otro recorte de 9.500 millones, que se suma a los 23.000 millones recortados entre 2011 y  2012 (dos veces). El ajuste se hará en gastos de personal (con la pérdida de hasta 50.000 empleos públicos), en menos subvenciones a familias, empresas y Ayuntamientos, en no hacer inversiones y en nuevos ajustes en educación, sanidad,  gastos sociales y Dependencia.  Estos recortes afectarán más a los ciudadanos que los del Estado central, porque vuelven a recortar el Estado del Bienestar y agudizan la recesión y el paro. Y además, son inútiles: las autonomías no consiguen tapar sus agujeros y se prorroga su Fondo de rescate para 2013.

enrique ortega

Recortes sobre recortes. Las autonomías empezaron a reducir sus Presupuestos en 2011 (-5%) y luego en 2012 (-8%), este año dos veces (con el Presupuesto y en abril, con el requeterecorte de 10.000 millones en sanidad y educación impuesto por el Gobierno. En total, 23.000 millones, a los que se sumarán otros 9.500 millones en los Presupuestos 2013 (-6%). Los mayores recortes los harán Madrid (-1.424 millones, -7,7%), Andalucía (-1.314, -4,1%), Comunidad Valenciana (-1.048, -9%) y Castilla la Mancha (-860 millones, -10,2%), aunque se esperan otros importantes en Cataluña (-1.500 millones) y País Vasco (-1.000 millones).

Los principales recortes llegarán por tres vías. La primera, metiendo la tijera en los gastos de personal (40% Presupuestos): supresión complementos, aumento horas, no reposición jubilaciones, no oposiciones y despidos en empresas públicas (se podrían perder 50.000 empleos públicos autonómicos, al amparo de la reforma laboral, empezando por los 5.000 que ya ha anunciado la Comunidad Valenciana). La segunda, reduciendo las transferencias a familias (menos ayudas), transportes (subirán metro y autobuses), empresas y Ayuntamientos (más asfixiados en 2013). Y la tercera, recortando drásticamente las inversiones: no se harán obras, aunque lo suframos en incendios forestales, inundaciones, barracones escolares o falta de servicios en hospitales y residencias de ancianos.

Además, se vuelven a recortar (del 5 al 9%) los presupuestos de sanidad, educación, ayudas a servicios sociales y a la Dependencia (se reduce de 481 a 199 euros la prestación mensual a los cuidadores familiares, que han de pagar además toda su Seguridad Social) . Y se avanza en privatizar la gestión de la sanidad (hospitales y centros de salud) en ocho autonomías gobernadas por el PP: Madrid, Comunidad Valenciana, Castilla la Mancha, Galicia, Extremadura, Baleares, Castilla y León y La Rioja.

Por el lado de los ingresos, las autonomías no son tan decididas, aunque nos subirán impuestos y tasas. Todas, salvo Madrid, aplicarán en 2013 el impuesto sobre el patrimonio (con el que recaudaron 581 millones en 2011), tras recular en su negativa a aplicarlo Baleares y Comunidad Valenciana. Además, subirán el impuesto de sucesiones, que recupera Castilla y León. Y también los impuestos de transmisiones y el de actos jurídicos documentados (por los que  ingresan 6.500 millones). Y rebajarán las deducciones autonómicas en el IRPF. Baleares estrenará dos nuevos impuestos “ecológicos”, sobre los envases no retornables (copiado también por Canarias para 2013) y las grandes superficies, además de un impuesto turístico (a los coches de alquiler), como Cataluña (por estancias en hoteles). Y todas suben tasas (se notan menos), desde el agua a las tasas universitarias (+66%): Cospedal, en Castilla la Mancha, ha creado 320 tasas.

La mayoría de las autonomías han incluido una partida de ingresos que parece el cuento de la lechera: venta de inmuebles (742 millones en Madrid) y empresas públicas. Y Madrid se apunta al euro por receta de Cataluña (¿inconstitucional?), para ingresar 83 millones: es revelador que el Gobierno conservador madrileño quiera hacer pagar 72 € a los pensionistas y rechace cobrar el impuesto sobre el patrimonio a los que tienen más de 700.000 € (ingresaría 310 millones anuales).

Como los ingresos no llegan (la recesión hunde también su recaudación), las autonomías optan por una tercera vía: retrasar pagos. A 31 de diciembre de 2011 se pudo el contador a cero, con el primer rescate del Gobierno para que pagaran facturas atrasadas (pagaron 17.718 millones). Pero a finales de septiembre ya habían acumulado nuevas facturas por 10.000 millones, la mitad de autónomos y la otra mitad de laboratorios (2.300) y suministradores sanitarios (2.750 millones). Y ahí no se incluyen las deudas a las farmacias (sólo Valencia debe 450 millones), a colegios y hospitales concertados, a residencias y entidades sociales.

Parte de estas deudas deben cubrirse con el segundo rescate del Gobierno, el Fondo de liquidez de 18.000 millones que empezó a llegarles en octubre. Lo han solicitado 9 autonomías: Cataluña (5.433 millones), Comunidad Valenciana (3.500), Andalucía (4.906), Castilla la Mancha (848), Murcia (641), Canarias (757), Asturias (261,7), Baleares (355) y Cantabria (137), cuyas peticiones suman el 93,5% del Fondo. Pero el ministro Montoro se lo está dando con cuentagotas (del 37 al 70%), como hace Merkel con Grecia: quiere asegurarse que hacen los recortes comprometidos antes de soltarles todo el dinero.

El problema de fondo es que el sistema de financiación de las autonomías hace agua por todas partes. Y por eso, necesitarán otro rescate en 2013, con una prórroga del Fondo de liquidez, como ha prometido el Gobierno. Al margen de despilfarros (que los hay), la cuestión clave es que las cuentas de las autonomías no salen: un 80% del gasto es difícil de recortar (sanidad, educación y servicios sociales) y les cae la recaudación y no les llega con los ingresos que les transfiere el Estado central. O se les quitan competencias (difícil a estas alturas) o se les da más recursos, reduciendo los del Presupuesto estatal. Hay que sentarse, repartir competencias, evitar duplicidades y buscar ingresos suficientes. Pero esa reforma se ha dejado sine die, “para cuando salgamos de la crisis”.

En consecuencia, con las exigencias de Bruselas, las autonomías están abocadas a los recortes y a los impagos, en perjuicio de los ciudadanos, ya que ellas son las que prestan el 93% de la sanidad, educación y servicios sociales, que no dejan de deteriorarse. Basten dos datos: las listas de espera para operarse han pasado de 32 a 72 días en año y medio. Y hay 3,3 millones de españoles necesitados que acuden a Cáritas y a la Cruz Roja porque no les atienden en los servicios sociales públicos. Además, estos recortes agravan más la recesión y el paro y, encima, no sirven para recortar suficiente el déficit, como acaba de decirnos Bruselas.

En definitiva, nos esperan en 2013 más recortes autonómicos y más subidas de impuestos que agravarán la crisis y perjudicarán la vida de la mayoría de españoles. Hay que buscar otro camino, suavizar los recortes de las autonomías y buscarles vías de financiación que no hundan del todo el Estado del Bienestar. Ahora, no cuando salgamos de la crisis: sería tarde.

Hay que poner a España a trabajar

El paro ha vuelto a batir todos los récords, camino de los 6 millones. Una cifra que ya ni siquiera nos sorprende, aunque sea el primer problema para una de cada dos familias. El Gobierno sigue obsesionado con el déficit público, no con el desempleo. Así nos va: más recortes, más recesión y al final, no se recorta el déficit y sí aumenta el paro. Y los parados no salen del agujero: 2,5 millones llevan más de un año sin trabajo y la mitad no cobra nada. Un drama que también afecta a los que trabajan, porque el alto desempleo rebaja sus sueldos y condiciones laborales. Y a los pensionistas, porque hay menos cotizando para pagarles. Hay que cambiar de política, reanimar la economía y crear empleo. Aquí planteo algunas medidas concretas para reducir el paro. Hay que poner a España a trabajar.

Lo grave no es sólo que el paro en España haya batido todos los récords, con 5.778.100 parados estimados  en septiembre por la EPA (Encuesta de Población Activa), uno de cada cuatro españoles en edad de trabajar (25,02%), más del doble que en la eurozona (11,4%). Lo peor es que detrás de esa cifra hay cinco datos escalofriantes. El primero: en 1,73 millones de hogares, todos están parados. Segundo: hay 2,57 millones de parados registrados que llevan sin trabajo más de un año (de ellos, 1,6 millones llevan más de 2 años), destacando el paro de larga duración (más del 30% de los parados) en Canarias, Murcia, Comunidad Valenciana y Aragón.  Tercero: el paro se ceba en los jóvenes (52% parados), mujeres y mayores de 55 años (se ha cuadruplicado desde 2007). Cuarto: hay 16 provincias y cinco autonomías con más del 30% de paro: Andalucía (35,4%), Canarias (33,6%), Extremadura (32,6%), Ceuta (41%) y Melilla (30,5%). Y quinto, casi la mitad de los parados no cobran nada: son ya 2.817.840, un 48,77% de los parados EPA. Y en cinco autonomías hay más parados que no cobran que los que cobran: Murcia (59,4% no cobran), Ceuta (59,3%),  Baleares (58,6%), Canarias (53,4%) y Comunidad Valenciana (52,7%).

Lo malo es que el paro va a seguir creciendo, empujado por la recesión (en 2012 y 2013) y por los recortes en el sector público: se han perdido 214.000 empleos públicos en el último año y habrá más despidos en empresas públicas, autonomías (Valencia anuncia que despedirá a 3.000 empleados públicos) y  Ayuntamientos en los próximos meses. También ayuda la reforma laboral, que ha aumentado un 53% los ERE. El Gobierno espera que el paro se estanque en el 24,3% en 2013, pero el FMI acaba de subir su previsión al 25,1%. Y estiman que no se empezará a crear significativamente empleo hasta 2018.

El Gobierno sigue obsesionado con recortar el déficit, aunque con los recortes esté agravando el paro, que es el primer problema para el 79,3% de los españoles, según el CIS. El desempleo es un grave problema para todos. Para los parados, porque se ven en un pozo del que no salen: las estadísticas demuestran que sus posibilidades de encontrar empleo son cada vez menores: sólo un 8,6% de los parados registrados lo encuentran (en 2011 eran el 15% y en 2007 el 30%). Para los que trabajan, porque el alto desempleo tira a la baja de sus salarios y empeora sus condiciones laborales y sus posibilidades de ser cambiado por otro más barato (22.000 demandantes para 300 empleos en Seat). Para los pensionistas, porque hay menos cotizantes que paguen sus pensiones (1,9 por cada jubilado). Y para todos, porque hay menos contribuyentes pagando impuestos y eso pone en peligro la educación, la sanidad y los servicios públicos.

La clave para todo es crear empleo. ¿Cómo? Haciendo otra política, abandonando el camino de los recortes, en el que llevamos casi 1.000 días de mal en peor, incluso sin recortar apenas el déficit público. Hay que reanimar la economía, el consumo y la inversión, para crear empleo. Se puede. Yo propongo aquí las bases de un Plan de choque, basado en más ingresos públicos, más gasto, más inversión y más crédito. Hay que poner a España a trabajar.

Hay que empezar por renegociar el déficit con Bruselas y suavizar los recortes, como defiende ahora el FMI. Eso permitiría no tener que recortar otros 20.000 millones más entre 2012 y 2013 para cumplir lo prometido, al crecer menos de lo esperado. Además, si Merkel y los fundamentalistas de Bruselas nos ayudaran con la deuda, ahorraríamos otros 10.000 millones en pago de intereses. Y se podrían ingresar 10.000 millones más, subiendo impuestos a los que ganan más de 100.000 euros, a las empresas con beneficios, a la banca, a los carburantes (más bajos que en Europa) y a los que contaminan (impuestos verdes). Con ello tendríamos 40.000 millones para dedicarlos a inversiones públicas que estimulen la economía y el empleo: educación, tecnología e innovación, ayudas al turismo y a la exportación, infraestructuras, Dependencia, industria, energías renovables, pymes y autónomos. Y avales para ayudar a las empresas a conseguir créditos, forzando a prestar a bancos y Cajas que han recibido ayudas públicas.

Además, habría que poner en marcha un Plan para reducir el endeudamiento de empresas y familias, con quitas y ayudas para reducir tipos y ampliar plazos. Eso reanimaría la inversión y el consumo, ayudado por una bajada de impuestos a los que ganen menos de 25.000 euros (Italia lo ha hecho). Y habría que firmar un pacto social, entre sindicatos y patronal, para subir salarios a cambio de mejoras de productividad. Y con ayudas valientes (bajada de impuestos y cotizaciones) a las empresas que creen empleo estable.

Un Plan de choque conservador, ya que no subiría el déficit (gasta lo que se ingresa de más o no se recorta), aunque se recortaría en un plazo mayor: se rebajaría al 3% del PIB en 2016, dos años más tarde de lo prometido por el Gobierno. Un Plan que debería contar con ayudas europeas (bastarían 8.000 millones) para poner en marcha otros dos proyectos en paralelo: un Plan de empleo juvenil (tenemos el doble de paro que Europa) y un Plan de formación y reciclaje para los parados (un millón de jóvenes parados no han terminado secundaria), dirigiéndoles hacia sectores con futuro.

Invertir más en sectores con futuro, bajar impuestos a los que menos tienen para reanimar el consumo y ayudar a las empresas y a los particulares a desendeudarse  y a emprender son medidas que han surtido efecto en otras crisis, desde los años treinta y ahora en EEUU, China o Brasil. Hay que probarlas: reanimar la economía, ir por otro camino, ya que el de los recortes sólo nos ha llevado a un paro histórico. No podemos tener a casi 6 millones de personas tiradas, sin crear riqueza. Hay que poner a España a trabajar. Se puede.