La pobreza se estanca

España crece, crea empleo y baja la inflación, pero casi la mitad de los españoles tienen problemas para llegar a fin de mes y 1 de cada 4 personas está en riesgo de pobreza, según la última estadística del INE. Son una décima menos que en 2024, pero como somos más habitantes, hay más españoles en riesgo de pobreza. Y tenemos más “pobres”, personas que ganan menos del 60% de la media: son 9.666.291 personas. Así que, pese a nuestro mayor crecimiento, España es el 5º país con más pobreza de Europa. Y aunque han aumentado las ayudas públicas, están mal diseñadas y tenemos 4 millones de personas muy vulnerables, con carencias materiales severas. Y la pobreza infantil ronda los 2 millones de menores. Urge tomar medidas, mejorando los sueldos más bajos, reduciendo el subempleo, promoviendo alquileres asequibles y aprobando ayudas para familias con niños, el epicentro de la pobreza. Precisamente, el Gobierno aprobó este martes una ayuda de 200 euros al mes por hijos menores de 18 años, pero sin concretar cuándo ni cómo se podrá pagar. Hay que repartir mejor el crecimiento, porque demasiadas personas no lo notan.

                               Enrique Ortega

Europa es un continente con un alto nivel de vida pero también tiene muchas personas en situación vulnerable: en 2024, 93,3 millones de personas en la UE estaban en riesgo de pobreza o exclusión social, el 21,0% de la población (tasa AROPE), según Eurostat. Un dato que incluye los europeos que sufren una de estos tres situaciones: pobreza monetaria (ingresar menos del 60% de la renta media de cada país UE), carencia material severa (problemas para comer adecuadamente, afrontar gastos o mantener la vivienda a una temperatura adecuada) o bajo nivel de empleo (trabajar menos del 20% potencial). De 2025 no hay todavía datos europeos, pero sí de España: el porcentaje de españoles en riesgo de pobreza o exclusión social fue del 25,7%, según el INE, bajando sólo una décima respecto a 2024 (25,8%, cuando éramos el 4º país UE con más riesgo de pobreza, tras Bulgaria, Rumanía y Grecia). Pero como ha crecido la población española en 2025 (+ 442.428 habitantes), ahora hay más españoles en riesgo de pobreza (12.739.676 personas) que en 2024 (12.675.100).

Veamos los tres indicadores que componen la tasa europea AROPE. El primero y más importante es la tasa de pobreza monetaria, los que ingresan menos del 60% de la media del país (en 2025, menos de 12.220 euros los solteros y menos de 25.663 euros las familias con dos adultos y dos niños): eran el 19,5% de la población española, dos décimas menos que en 2024 (19,7%). Pero como la población ha aumentado en 2025, el número de habitantes pobres es casi igual  (9.666.291 personas, 11.983 menos que en 2024). El mayor porcentaje de “pobres” se da en familias con niños, con un 28,5% de menores de 16 años viviendo en familias pobres, casi 2 millones de niños, lo que nos coloca como el 2º país europeo con más pobreza infantil (tras Rumanía). Además, la pobreza monetaria (19,5% de la población) es mayor en Melilla (39,3%), Ceuta (37%), Andalucía (27,7%), Murcia (26,7%), Extremadura (26,2%) y Comunidad Valenciana (26%), según el INE.

El segundo indicador de exclusión social es la carencia material severa, las personas que carecen de 4 de estos 9 conceptos: no pueden irse de vacaciones al menos 1 semana (el 32,2% de los españoles, 16 millones de personas), no pueden comer carne, pescado o pollo al menos cada dos días (5,4% de la población, 2,7 millones de personas), no pueden calentar su casa (el 15,9%), no pueden afrontar gastos imprevistos (el 36,4%de la población, 18 millones de personas), han tenido retraso en el pago de sus gastos de vivienda o compras a plazo (13,3%), no pueden tener un coche (5,4%), ni teléfono ni televisor ni lavadora. En conjunto, sufrían esta carencia material severa el 8,1% de los españoles en 2025, prácticamente 4 millones de personas (62.420 menos que en 2024, cuando eran el 8,3%).

El tercer indicador de exclusión social es tener un nivel de empleo mínimo, trabajar en 2025 menos del 20% del tiempo potencial: les pasó al 8% de los españoles, unos 4 millones de personas, el mismo porcentaje que en 2024, a pesar de la mejoría del empleo. La mayoría de los excluidos cumplen 1 de estas 3 condiciones (sobre todo la pobreza monetaria, por sus bajos ingresos), pero hay un 1,4% de españoles (700.000 personas) que cumplen las tres condiciones: bajos ingresos, varias carencias materiales severas y un mínimo nivel de empleo. Son los más vulnerables de los vulnerables.

Otro dato que revela la Encuesta del INE es el nivel de desigualdad de España, medido con dos indicadores. El primero, el índice S80/20 indica la relación de ingresos entre el 20% de la población que más gana y el 20% que menos gana: era de 5,2 veces en 2025, menos desigualdad que en 2024 (5,4 veces) y que en 2019 (5,9 veces). El segundo, el índice de Gini, que cuanto más bajo es refleja menos desigualdad: ha bajado de 33 en 2019 a 31,2 en 2024 y 30,8 en 2025, el índice de desigualdad más bajo desde 1989. Pero todavía tenemos mucha más desigualdad que la media UE-27 (índice 4,66 veces en 2024) y que Alemania (4,49) o Francia (4,66), aunque menos que Italia (ganan 5,53 veces más los más ricos), según Eurostat.

Fuera de estos indicadores de pobreza y desigualdad, el INE ha publicado otro dato importante, en su Encuesta de Condiciones de Vida 2025: los españoles que tienen problemas para llegar a fin de mes. Y la estadística mejora, pero poco. El 8,5% de la población (4,2 millones de personas) tiene “mucha” dificultad para llegar a fin de mes, menos que en 2024 (9,1%) aunque más que antes de la pandemia, en 2019 (7,4% tenían entonces “mucha” dificultad para llegar a fin de mes). Otro 12,1% llegan a fin de mes “con dificultad” (12,7% en 2024 y 14,2% en 2019). Y un 25,3% llega “con cierta dificultad” (25,6% en 2024 y el mismo 25,3% en 2019). Así que, sumando los tres grupos, casi la mitad de los españoles (el 45,9%) tiene algún problema para llegar a fin de mes, algo menos que en 2024 (47,4%) y que en 2019 (46,9%), aunque entonces había menos población. Los que tienen más problema para llegar a fin de mes (con “mucha” dificultad) son los hogares con un adulto y uno o más niños (el 19,6%) y los hogares de Castilla la Mancha (12,7% llegan a fin de mes con “mucha” dificultad), Murcia (12,1%), Canarias (11,5%), Andalucía (11,3%) y Ceuta (10,5%).

A la vista de estos datos, queda claro que España tiene un problema de pobreza, desigualdad y para llegar a fin de mes, aunque la economía y el empleo crezcan más que nunca. Y a pesar de que en los últimos años se hayan disparado las ayudas públicas a los más vulnerables, primero con la pandemia y luego con la hiperinflación que siguió a la invasión de Ucrania: ERES para paliar la pérdida temporal de empleo, ayudas a los carburantes y al recibo de la luz, control de la subida de alquileres, freno temporal al IVA de los alimentos, ayudas al alquiler y bonos sociales (eléctrico y térmico), así como mejora de la asistencia social y freno a los desahucios de las familias más vulnerables. 

Y sobre todo el Ingreso Mínimo Vital (IMV), que puso en marcha el Gobierno Sánchez en junio de 2020. Inicialmente avanzó muy lentamente, por un exceso de requisitos y burocracia, pero en diciembre de 2025 llegaba ya a 799.553 hogares (+125.824 que en 2024), donde viven 2.441.647 beneficiarios, que reciben una ayuda mensual de 483 euros (mayor si hay menores), que subirá +11,4% este año. Pero la introducción de este IMV ha provocado que 13 autonomías hayan reducido sus ayudas, las rentas mínimas, según un estudio de los Directores y Gerentes de Servicios Sociales: en 2024 las recibían 532.070 beneficiarios, 263.791 menos que en 2020, debido a que 13 autonomías gastan ahora 398 millones menos en esas ayudas, sobre todo Madrid (-95%), Aragón (-92,6%), Castilla la Mancha (-88,2%), Castilla y León (-80,7%) y Andalucía (-79,8%).

A pesar de las mayores ayudas estatales y los recortes de muchas autonomías, el gasto social en España es inferior al de la mayoría de Europa. Las ayudas públicas a las familias (claves para luchar contra la pobreza) suponen el 1,6% del PIB en España (2021), frente al 2,5% de media en la UE-27, el 3,7% en Alemania o el 2,5% en Francia. Pero además de gastarse poco, en España se gastan mal estas ayudas públicas, según nos han reiterado la OCDE y la Comisión Europea: benefician más a las familias de rentas medias y altas que a las familias con rentas bajas, porque el grueso de las  ayudas son desgravaciones fiscales en el IRPF, que benefician a 8 millones de contribuyentes, la mayoría con rentas medias y altas, porque las rentas bajas y los más pobres no declaran (los ingresos de menos de 22.000 euros al año, todos los que están en pobreza severa y la mayoría de los considerados “pobres”).

La propia Comisión Europea alertó, en su informe de diciembre de 2024, sobre el hecho de que las ayudas contra la pobreza en España “tienen menos impacto que en otros paises”, por “los problemas de adecuación y cobertura del sistema de protección social, las disparidades regionales de acceso a los servicios públicos y la persistente pobreza en el trabajo”. Sobre este último punto, recordar que en 2025 eran “pobres” el 11, 6% de los asalariados, 2,6 millones de trabajadores, según la Encuesta de Condiciones de Vida del INE.  Y que España es el tercer país europeo con más porcentaje de “trabajadores pobres” (11,2% en 2024), sólo por detrás de Luxemburgo (13,4%) y Bulgaria (11,8%), peor que Portugal (9,2%) o Grecia (10,7%) y por encima de la UE-27 (8,2% de trabajadores “pobres”), Italia (10,2%), Francia (8,3%) o Alemania (6,5%), según Eurostat.

Por todo ello, expertos y ONGs piden modificar el esquema de protección social a las familias más vulnerables, reformar la política contra la pobreza en España. Por un lado, es urgente coordinar las ayudas públicas, creando “una ventanilla única” donde se soliciten y se gestionen, con menos burocracia, más colaboración entre administraciones (incluyendo los Ayuntamientos, claves en las ayudas contra la pobreza) y dando más entrada a las ONGs, quienes tienen más experiencia y conocimiento del problema. Y por otro, hay que destinar más recursos públicos a la lucha contra la pobreza, gastando el doble (como hace la UE) en ayudas a la familia. Además, urge aprobar una ayuda universal por hijos, clave para reducir la pobreza infantil, como reitera Save the Children.

De hecho, en 17 paises europeos existe una ayuda universal por hijo, que la OCDE ha propuesto a España (y que sólo aplica el País Vasco, desde marzo der 2023, cuando entró en vigor una ayuda universal por hijo de 200 euros que cobrarán las familias durante 3 años). Con esta ayuda, “se matarían dos pájaros de un tiro”: se reduciría la pobreza infantil y la pobreza de las familias (más concentrada en las que tienen hijos) y se fomentaría la baja natalidad, un grave problema estructural de España, que pone en peligro el futuro de las pensiones y del Estado del Bienestar. El Gobierno Sánchez aprobó este martes una ayuda universal por hijo hasta los 18 años, de 200 euros mensuales, dentro de una Estrategia de Desarrollo Sostenible para reducir un 10% en 2030 la tasa de pobreza AROPE (ahora es del 25,7%). Problema: se trata de un objetivo más que de una medida concreta, porque se necesita incluirla en unos Presupuestos para 2026 (casi imposibles de aprobar por ahora) y estudiar con Hacienda cómo se financia (la parte de Sumar del Gobierno propone crear un nuevo impuesto sobre grandes fortunas para costear esta ayuda). Así que de momento, es más un anuncio ("preelectoral") que una ayuda concreta contra la pobreza infantil.  

Para que haya menos pobres y más gente “note” el crecimiento y el empleo, hay que actuar también sobre los salarios, porque son muy bajos y desiguales, lo que provoca que casi la mitad de españoles tengan problemas para llegar a fin de mes. En España, el 30% de los asalariados (5,6 millones de trabajadores) ganan menos de 1.582 euros brutos (1.345 euros netos). Y otro 40% de asalariados (7,5 millones de trabajadores) ganan entre 1.582 y 2.659 euros brutos (entre 1.345 y 1.995 euros netos). Además, la inflación de los últimos años ha subido más que los sueldos, con lo que los asalariados han perdido poder adquisitivo: la subida salarial de los convenios fue del +16,65% entre 2.000 y 2025, según Trabajo, mientras la inflación ha subido un +23,5% entre 2000 y 2025, según el INE.

Otro eje de actuación es la vivienda y los alquileres, culpables de mantener tan alta la tasa de pobreza. Los datos del INE son claros. El porcentaje de españoles en riesgo de exclusión (tasa AROPE) alcanza el 43,1% entre los que viven de alquiler y baja al 19,3% entre los que tienen su vivienda en propiedad. Y lo mismo entre los “pobres monetarios”: son el 14,5% de españoles propietarios, pero el 32,6% entre los que viven de alquiler. Y la carencia material severa se dispara al 17% entre los inquilinos, frente al 4,5% en los propietarios. Así que para bajar las cifras de pobreza, hay que ofrecer alquileres asequibles a los más vulnerables.

El Gobierno aprobó en diciembre de 2024 una Estrategia contra la pobreza 2024-2030, con 4 ejes: garantizar recursos a los más vulnerables (con el IMV y las prestaciones sociales) y un mejor acceso a la vivienda, invertir en las familias más vulnerables, tanto en su educación como en su acceso al empleo, reforzar las ayudas a las familias y mejorar la coordinación entre Administraciones para hacer más eficaces las ayudas sociales. Pero hay pocos recursos para estas políticas sociales, sobre todo en autonomías y Ayuntamientos, con lo que la reducción de la pobreza es muy lenta. De hecho, el escenario macro del Gobierno contempla que la pobreza, que hoy afecta al 19,5% de españoles (9.616.610) sólo baje al 19,1% en 2028: serán 9.747.484 pobres, +130.874 más que hoy, porque seremos 51 millones de habitantes…

Si España no toma medidas drásticas y eficaces, sobre los salarios, la vivienda y las ayudas sociales, tendremos más pobres en unos años. Y esto, además de socialmente injusto, es muy negativo para la economía (menos consumo, menos crecimiento y empleo) y para la política: más españoles malviviendo y sin perspectivas, el caldo de cultivo para el desencanto y los extremismos, un riesgo para la democracia. Por eso, los partidos y la sociedad deberían tomarse en serio el problema de la pobreza y acordar un Plan de choque para que estos millones de españoles vulnerables vivan mejor. Pero eso exige un Pacto entre administraciones y gastar más, algo imposible con los actuales enfrentamientos políticos y las propuestas de bajar impuestos. Otro reto grave que no podemos afrontar mientras persistan los radicales enfrentamientos políticos. Hay que repartir mejor el crecimiento, para reducir la desigualdad y consolidar la democracia. Pero no están por la labor.

Los jóvenes, los grandes perdedores

La subida disparatada de pisos y alquileres está siendo la puntilla para los menores de 30 años, que apenas se benefician de la buena marcha de la economía: sólo un 10% del empleo creado este año ha ido a menores de 25 años, que tienen más del doble de paro que el resto y ganan casi la mitad, por tener contratos más precarios. Eso conduce a que muchos jóvenes no pueden emanciparse y tengan más pobreza que el conjunto de españoles: 2,5 millones de jóvenes viven en situación de “exclusión social”, según el informe Foessa (Cáritas), a pesar de que la mayoría trabajan o estudian. Urge un Plan de apoyo a los jóvenes, con medidas desde la formación a las políticas de empleo y vivienda, para evitar que malvivan y sean utilizados por la ultraderecha. Y no cabe enfrentarlos a los mayores, proponer como solución recortar las pensiones y el gasto a los jubilados. Porque los “boomers” no son unos “privilegiados” como argumentan algunos. Sobre eso escribiré el próximo Blog.

                        Enrique Ortega

Empecemos por ver cuántos jóvenes viven en España. Son 7.564.300 personas las que tenían entre 16 y 29 años en septiembre, según este informe de Trabajo, más hombres (3.902.100) que mujeres (3.662.300). Suponen ahora el 15,44% de la población total, mucho menos que al principios de siglo (21,6% de la población), cuando había 8.765.195 jóvenes de entre 16 y 19 años (+ 1,2 millones), por la caída drástica de la natalidad en España. Y si contabilizamos los jóvenes de 16 a 24 años, son ahora 4.840.000, unos 600.000 jóvenes menos que el año 2.000.

Sin embargo, los jóvenes han aumentado su peso sobre la población en edad de trabajar, debido al envejecimiento de la población española. Así, esos 7.564.400 jóvenes de 16 a 29 años suponen ahora el 23,6% de las personas en edad de trabajar (16-64 años), 1 millón más de los que había en 2015 (6.583.900, el 21,8%). De este total de jóvenes, el 53% están estudiando, aunque casi la mitad de ellos (el 25,6%) también trabajan, según Trabajo. Y un 14,7% de los jóvenes (16 a 29 años) ni estudian ni trabajan (son “ni-nis”), un porcentaje que ha ido bajando (eran el 20,8% en 2015), aunque es superior al de Europa (11%).

El primer gran problema de los jóvenes españoles es que muchos tardan en encontrar un trabajo (por su baja formación e inexperiencia) y tienen  por ello una baja tasa de empleo: trabajan el 45,9% de los jóvenes de 16 a 29 años (septiembre 2025), más los chicos (48%) que las chicas (43,7%), aún lejos del 68,6% que trabajan en el conjunto de la población (16 a 64 años). Eso se traduce en que trabajan 3.474.000 jóvenes de 16 a 29 años, el 15,51% de todos los ocupados en España (22.387.100 en septiembre de 2025). Son 1 millón más de jóvenes trabajando que hace 10 años (2.463.600 trabajaban en septiembre 2015), pero el conjunto de ocupados ha crecido mucho más (+4,33 millones) en esta década. Y desde 2019, tras la pandemia, el empleo de los jóvenes (16 a 29 años) ha crecido en +701.800, mientras aumentó en +63.900 entre 30 y 49 años y +1,65 millones entre los mayores de 50 años (que se han llevado dos tercios del empleo creado).

Un problema de muchos jóvenes para encontrar trabajo es su bajo nivel educativo (lo tienen el 20% de los ocupados), consecuencia en algunos de que abandonaron sus estudios: el abandono escolar temprano (no terminar la ESO), ha bajado del 20% de los jóvenes de 18 a 24 años (2015) al 13% en 2024, aunque es muy superior a la media UE (9,4%). Y otro millón largo de jóvenes (el 28,7% de los que trabajan) tienen un nivel educativo medio, mientras sólo la mitad de los jóvenes ocupados (1.663.200) tienen un alto nivel de estudios.

Cuando los jóvenes de 16 a 29 años trabajan, generalmente lo hacen en los servicios (2,79 millones hoy, el 81,3% de los jóvenes ocupados), seguidos de la industria (409.400 jóvenes), la construcción (183.600, un 82,7%  más que en 2015) y la agricultura (82.600 jóvenes, un 18,7% menos que hace 10 años). Pero el trabajo de los jóvenes se concentra en unas pocas ramas de actividad: comercio y reparación de vehículos (585.700), hostelería (516.000), industria (375.000), sanidad y servicios sociales (348.500), actividades profesionales y técnicas (237.800) e información y comunicaciones (192.900 jóvenes).

El gran problema del trabajo de los jóvenes es la precariedad de sus contratos. Por un lado, siguen teniendo un alto porcentaje de contratos temporales, aunque su peso se ha reducido desde 2022 gracias a la reforma laboral: 48,7% entre los jóvenes de 16 a 24 años y el 35,8% los jóvenes de 16 a 29 años (el doble que en Europa), frente a sólo el 15,6% de contratos temporales el conjunto de los trabajadores. Y casi la mitad de estos contratos temporales de los jóvenes son “involuntarios”: los tienen porque no encuentran un contrato indefinido. Además, el 24,1% de los jóvenes (16-29 años) tienen contratos a tiempo parcial (por horas o por días), el doble que el conjunto de los trabajadores (12,9%). Y de nuevo, casi la mitad de estos jóvenes con trabajos parciales (el 43,4% en España, frente al 18,1% en Europa) los tienen “de forma involuntaria”, porque no encontraron un empleo a jornada completa.

Estos tres factores, la baja formación, el sector donde trabajan y el tipo de contrato explican que los jóvenes tengan unos bajos salarios, según este informe de Trabajo: ganan 15.364 euros de media (2023)  los ocupados con 20 a 24 años (un 45,3% menos que el conjunto de trabajadores, con 28.049 euros) y 21.039 euros los jóvenes de 25 a 29 años (el 25% menos que la media, aún menos las mujeres: -6,9 adicional), según el INE.

Esto los jóvenes que trabajan, porque hay 812.700 jóvenes en paro, el 10,7% de los jóvenes de 16 a 29 años, según Trabajo. La tasa de paro (parados sobre activos) es muy elevada entre los jóvenes de 16 a 24 años, el 25,4% (casi el doble de la tasa europea, el 14,8% y cuatro veces la alemana, el 6,3%)  y baja al 17,1% entre los de 16 a 29 años, aunque es mucho mayor que la tasa de paro del conjunto de españoles (10,6% en septiembre). De nuevo, la tasa de paro joven depende mucho de la formación: es del 28,9% entre los jóvenes con baja formación, el 19,2% en niveles medios y sólo del 13,5% entre jóvenes con alta formación.

Volviendo a los jóvenes que trabajan, esos 3.474.000 ocupados (el 46% de los jóvenes entre 16 y 29 años), su siguiente problema es que la precariedad de sus contratos y sus bajos salarios no les permiten en muchos casos emanciparse y vivir fuera de casa o formar una familia: 7 de cada 10 jóvenes de 16 a 29 años con empleo siguen viviendo con sus padres, según el Observatorio de la Juventud. Y esta dependencia se ha agravado en los últimos años, al dispararse el precio de los alquileres: En octubre, el alquiler medio en España costaba ya 14,5 euros/m2, según el portal  Idealista, otro máximo histórico (en 2006 costaba 10,1 euros, en 2011 bajó a 7,8 euros y en 2019 10,4 euros/m2, casi un 40% menos que hoy). Una subida de alquileres del +10,9% anual, que se suma al +81% que subieron los alquileres entre 2014 y 2024. Con ello, un joven, con un sueldo medio bruto de 1.502 euros (INE), no puede pagar un alquiler medio en Madrid (1.700 euros) o Barcelona (2.000).

Los alquileres disparados han aumentado el porcentaje de jóvenes con problemas para llegar a fin de mes. De hecho, ya en 2024, los datos oficiales señalaron que los jóvenes (y los niños) tienen una tasa de pobreza monetaria mayor que el resto de la sociedad: 1 de cada 5 jóvenes (el 20,7%) de 16 a 29 años es “pobre” (ingresa menos del 60% del ingreso medio del país, menos de 827 euros al mes en 14 pagas (o menos de 1.737 euros mensuales si es una familia con dos niños). Así que 1,5 millones de jóvenes (16 a 29 años) están en situación de pobreza monetaria. Pero si se tienen en cuenta más factores, los jóvenes “excluidos” son más: 2,5 millones de jóvenes menores de 30 años están en exclusión social, según el reciente Informe Foessa (Cáritas) que analiza 37 indicadores de empleo, vivienda, educación, salud, participación e integración social. Y de ellos 723.190 jóvenes (el 11%) vive en exclusión social severa, un número que ha aumentado un 83% desde 2007.

Estos 2,5 millones de jóvenes en exclusión social son, para Cáritas y el informe Foessa, “los grandes perdedores del actual modelo socioeconómico”. Y rechaza que se les considere “pasotas” y “al margen de la sociedad”, porque más de un tercio de estos jóvenes trabaja (aunque eso no les saca de “pobres”) y una cuarta parte estudia. Y reiteran que las familias de las que proceden y su código postal están detrás de su precaria situación, porque apenas funciona “el ascensor social”, siendo clave el nivel educativo de padres e hijos.

Además, los datos demuestran que las tres últimas crisis (la financiera de 2008-2010, la pandemia y la hiperinflación tras la guerra de Ucrania) han dañado especialmente a los jóvenes españoles: hay una llamativa “desigualdad generacional” según la edad del cabeza de familia. Así, los hogares encabezados por un menor de 35 años han bajado su renta mediana de 31.700 euros en 2020 a 29.100 euros en 2022 (-8,2%), según el Banco de España. Y los hogares encabezados por personas de 35 a 44 años han visto caer su renta real un -0,9% (de 37.300 a 35.600 euros). Luego, a partir de esta edad, los hogares sí han mejorado su renta real: los encabezados por personas de 45 a 54 años un +7,3% (de 34.300 a 36.800), los hogares entre 55 y 64 años mejoran un +0,55% (de 35.900 a 36.100 euros), los de 65 a 74 años un +4,46%, de 29.100 a 30.400) y los hogares encabezados por mayores de 74 años aumentaron sus ingresos un +9,1% entre 2020 y 2022 (de 19.800 a 21.600 euros).

Estos datos y otros sobre el menor patrimonio de los jóvenes han llevado a algunos expertos a plantear un cambio en las políticas públicas: destinar menos recursos a los mayores y más a los jóvenes, una especie de “enfrentamiento generacional” que apoyan expertos neoliberales y  políticos de ultraderecha, que se apoyan en que la pensión media de jubilación (por la que los jubilados han cotizado 35 años o más) era en noviembre de 1.511,51 euros, poco menos que el salario mediano de 2024, que era de 2.001 euros brutos (y un 30% de los asalariados ganaban menos de 1.582 euros. Lo que no dicen es que el 48,37% de todas las pensiones (y el 38,88% de las jubilaciones) cobran menos de 1.000 euros…

Pero cada vez que se da el dato mensual del gasto en pensiones (27.119 millones en noviembre, por la extra de Navidad) o la revalorización para 2026 (+2,7% subirán en 2026), muchos expertos y organismos aprovechan para hablar del “disparatado gasto en pensiones” y lo mal que están los jóvenes. Incluso la OCDE ha presentado un informe donde propone medidas para frenar el gasto futuro en pensiones (ampliar la edad y el periodo de cotización y recortar las pensiones futuras como hizo Rajoy) y destinar una parte del ahorro a vivienda, para ayudar a los jóvenes. Otra vez un enfrentamiento generacional tan injusto como injustificado. Porque los problemas de los jóvenes no se solucionan recortando pensiones y dañando a sus padres y abuelos. Es una demagogia sin fundamento.

Afrontar la preocupante situación de los jóvenes exige de tomar medidas en varios frentes para dar una salida a las nuevas generaciones. Hay que empezar por el principio, por la enseñanza: mejora de la formación en colegios, institutos y Universidades, para adecuarla a lo que necesitan las empresas, mejorando la orientación laboral de los jóvenes y su digitalización. En el mercado laboral, hay que fomentar la contratación indefinida y avanzar en la formación dual (trabajo y formación) y en mejorar las prácticas y becas (el Estatuto del Becario acaba de aprobarse por el Gobierno, tras anunciarse con los sindicatos hace casi 17 meses). Y hay que mejorar la conciliación laboral de las familias jóvenes, con más ayudas por hijos. Pero sobre todo, urge una política de vivienda que facilite el alquiler a los jóvenes, con ayudas que hoy son escasas e ineficaces.

Pero además, hay que poner a los jóvenes como una de las prioridades de todas las políticas económicas y sociales, algo que no viene pasando, quizás porque los distintos Gobiernos han pensado más en los mayores, que son los que más cotizan, pagan impuestos y votan. Pero si queremos tener futuro como país, hay que cambiar las reglas del juego y pensar que son los jóvenes los que han de protagonizar la modernización de la economía y la mejora del nivel de vida, la digitalización, la descarbonización y el salto formativo y  tecnológico que nos hagan más productivos y competitivos. Sin abandonar a los mayores, pero reequilibrando el “contrato generacional” en España. Urge pactar un Plan de medidas a favor de los jóvenes, a corto y medio plazo, para conseguir que los jóvenes de dentro de 20 años vivan mejor que los de hoy. Se lo debemos.

Pero todo esto, sin caer en la tentación de una “guerra entre generaciones”, sin culpar a los mayores (“boomers”) de la situación de los jóvenes, como parece estar de moda. Primero, porque “no se viste a un santo desvistiendo a otro”. Y segundo, porque los mayores en España no son unos privilegiados, ya que chocan con serios problemas en su empleo (a partir de una edad, ninguna empresa los contrata), en el paro, en las condiciones de su jubilación (muchas pensiones por debajo de 1.000 euros), en su salud  y en su ancianidad, sobre todo si son dependientes (27.217 mayores han muerto este año hasta octubre sin recibir las ayudas a la Dependencia a las que tenían derecho). En definitiva, que los “boomers” no somos unos privilegiados y menos a costa de los jóvenes, de los hijos y nietos. Algo sobre lo que escribiré el próximo Blog.

El crecimiento aguanta (mal repartido)

En abril parecía que los aranceles de Trump llevarían al mundo a otra recesión. Pero se retrasó su aplicación y la economía mundial aguanta: el FMI elevó en octubre el crecimiento mundial y de España (+0,6% sobre abril). Y la Comisión Europea acaba de elevar el crecimiento europeo y de España: creceremos el 2,9%, más del doble que la UE-27, gracias al tirón del empleo, el consumo y las inversiones (por los Fondos UE). Pero están fallando 2  motores del crecimiento: el turismo (apenas creció este verano) y las exportaciones (estancadas, mientras el déficit con USA crece +38,7%), por el parón europeo y la incertidumbre económica mundial. España crece más que la mayoría, pero la gente no lo nota y casi la mitad llegan mal a fin de mes, por la subida de la vivienda y los alimentos y por la desigualdad, que lleva a tener 4,3 millones de personas en exclusión severa (según Cáritas), principalmente jóvenes, mujeres e inmigrantes. Urge repartir mejor el crecimiento, porque 2026 va a ser peor.

                 Casi la mitad españoles tienen problemas para llegar a fin de mes

El anuncio de Trump, el 2 de abril, de fijar unos aranceles disparatados al resto del mundo disparó todas las alarmas y el temor a otra recesión mundial. Ese mismo mes de abril, el Fondo Monetario Internacional (FMI) emitió un informe donde recortaba el crecimiento mundial (del 3,3% en 2024 al 2,8% en 2025). Pero la aplicación concreta de estos aranceles se fue retrasando y el comercio mundial se disparó en primavera, para anticiparse a los aranceles. La consecuencia fue que en julio, otro informe del FMI subió sus previsiones de crecimiento mundial para este año al 3% (+0,2%). Y en octubre, un tercer informe del FMI volvió a mejorar las previsiones: subieron al 3,2% el crecimiento mundial este año (otro +0,2%), al 1,2% en la eurozona (+0,4% sobre abril)  y al 2,9% a España  (+0,6% sobre abril). Justificaron estas mejores previsiones por el retraso en la aplicación de los aranceles (hasta julio o agosto), en que los demás paises no habían tomado represalias y en que las empresas habían diversificado sus cadenas de suministro, manteniendo el comercio mundial.

El pasado lunes, 17 de noviembre, la Comisión Europea publicaba sus previsiones de otoño y se sumaba a la mejoría vaticinada por el FMI: la economía europea crecerá este año 1,4% (+1,2% la eurozona), tres décimas más de lo que esperaban en primavera, aunque un crecimiento mucho más bajo que el del resto del mundo (+1,6% crecerán las economías avanzadas y 2% EEUU, según el FMI). Bruselas explica que esta mejora del crecimiento (muy bajo todavía: la UE creció +1,9% en 2019) se explica por el retraso en los nuevos aranceles hasta el 1 de agosto (aunque el superávit comercial de la UE-27 con EEUU ha bajado hasta +40.800 millones en el tercer trimestre, frente a +47.100 en el 2º y +81.200 en el 1º de 2025), la diversificación de exportaciones, la fuerza del mercado laboral europeo y las mayores inversiones en muchos paises, por el Plan de Recuperación.

Eso sí, los grandes paises UE crecerán mucho menos: +0,2% Alemania (-0,5% en 2024), +0,7% Francia (1,2% en 2024) y +0,4% Italia (+0,7% en 2024). La excepción será España: crecerá +2,9% este año (+0,3% de lo que Bruselas preveía en primavera), más del doble que la UE-27 (+1,4%) y casi como el año pasado (+3,5%), básicamente porque tenemos poco comercio con EEUU (4,1% de todas las exportaciones) y porque el empleo, el consumo y las inversiones (por los Fondos UE) tiran con fuerza, aunque se han estancado las exportaciones y el turismo, los otros motores del fuerte crecimiento español tras la pandemia.

Al día siguiente de estas nuevas previsiones de Bruselas, el Gobierno español revisó también al alza (+0,2%) el crecimiento que preveía hace unos meses, apuntándose al +2,9% que esperan el FMI y la Comisión Europea. Y destacan que no sólo es el doble del crecimiento europeo y 10 veces el de Alemania, sino que además es un crecimiento “sano”, porque se está creando empleo a la vez que mejora la productividad por hora trabajada y mejora la balanza con el exterior (seguimos con superávit, algo inusual en el último siglo) y se reduce el déficit público (cerraremos el año con un “agujero fiscal” del -2,5% del PIB, inferior al -3,3% de déficit UE-27, al -3,1% de Alemania, el -5,5% de Francia y el -3% de Italia).

Para el Gobierno, los motores del crecimiento en 2025 (y en 2026, cuando España crecerá menos, un +2,2%) serán el empleo (esperan que se creen 450.000 empleos anuales en los próximos años, básicamente por la inmigración: el 68% de los 2,42 millones de empleos creados desde 2020 han sido para trabajadores no nacidos en España) y el consumo de las familias, junto a las inversiones (promovidas por los Fondos UE, que se terminan en 2026). Eso sí, “pincharán” las exportaciones, que restarán crecimiento al país en 2025 (-0.5%) y 2026 (-0,6%), debido al escaso crecimiento de la economía europea (nuestro mayor “cliente” comercial), a los aranceles de Trump y al consiguiente retraimiento de la economía y el comercio mundial (que crecerá sólo un 0,6% en 2026). Y junto a este crecimiento previsto, mucho mayor que el del resto de Europa, el Gobierno ha incluido 2 nuevos objetivos en su Cuadro macro, algo nuevo en las previsiones : reducir la pobreza en España (del 19,4% de la población al 19,1% en 2028) y la desigualdad (que los más ricos, que hoy ingresan 5,5 veces más que los más pobres, ganen sólo 5 veces más en 2028).

España está bandeando mejor la nueva crisis de los aranceles de Trump, la incertidumbre internacional y el estancamiento europeo porque nos han salvado el turismo, el mayor empleo creado (por el aumento de mano de obra disponible y barata) y el consiguiente mayor consumo, las exportaciones y las fuertes inversiones en todos los sectores derivadas de varios años de Fondos Europeos. Pero en los últimos meses ya han aparecido datos preocupantes que indican un menor empuje en dos motores claves: el turismo y las exportaciones.

El turismo, ese gran motor que nos ha permitido crecer mucho más que el resto de Europa, está frenando su crecimiento: entre enero y septiembre han llegado 76,5 millones de turistas extranjeros, todo un récord pero suponen un crecimiento igual al de 2024 (+3,5%).Y en verano la llegada ha crecido menos, tanto en julio (+1,6% este año frente al 7,3% en 2024), como en agosto (+2,9% frente a +7,3%) y más en septiembre (+0,8% de turistas frente a +9,1% en 2024), según el INE.  Y este año, han caído los turistas franceses (-0,1% hasta septiembre frente a 2024), y belgas (-2,8%), creciendo muy poco los alemanes (+1,4%), nórdicos (+1,9%), británicos (+4%), italianos (+4,5%), holandeses (+3,4%) y norteamericanos (+3,1%). Un frenazo en el turismo derivado del estancamiento europeo, la incertidumbre económica internacional y la fuerte subida de precios turísticos en España.

El otro motor del crecimiento en estos años, las exportaciones, se han estancado también: han crecido sólo un +0,5% este año (enero-septiembre), menos que las europeas (+2,4% han crecido en la UE-27, +1,2% en Francia y +3,5% en Italia, aunque sólo +0,3% en Alemania), según los últimos datos de Comercio, debido también al estancamiento europeo (el 62% de nuestras exportaciones ven a la UE-27 y el 74% a toda Europa) y a la incertidumbre mundial. Y los aranceles han disparado el déficit comercial que tenemos con EEUU (importamos más de lo que exportamos): -10.785 millones de euros hasta septiembre, +38,7% que en 2024. Y además, la fortaleza del euro (se ha revalorizado +11,2% frente al dólar este año) no ayuda, porque los productos españoles (y europeos) son ahora un 11,2% más caros a los paises que pagan sus compras (o sus viajes) en dólares.

Otro problema en el horizonte económico es que los aranceles y la incertidumbre internacional han frenado la tendencia a la bajada de tipos, tan necesaria para reanimar las economías y el bolsillo de los hipotecados: el BCE decidió en octubre (por tercera reunión consecutiva) mantener los tipos oficiales en el 2%, ante el panorama económico mundial y los aranceles, que pueden relanzar la inflación europea (en el 2,5% en octubre, peor que el 2,2% de mayo). Eso ha provocado que el Euribor (el tipo al que se prestan los bancos) lleve 4 meses subiendo (del 2,081 en julio al 2,220 previsto para noviembre), lo que encarece las futuras hipotecas (ya mucho más caras porque se ha disparado el precio de los pisos).

En definitiva, España crece (+2,9%) más que el resto de Europa (+1,4%), pero hay problemas que frenarán ese crecimiento en 2026 (+2,2%). Y sobre todo, hay muchos españoles que no notan este crecimiento, por distintas causas. La primera, por la fuerte subida de los alimentos, (que suponen el 15,8% del presupuesto de las familias) : hasta octubre suben un +2,4% anual, pero el problema es que llueve sobre mojado y ya se han encarecido un +36,24% entre 2020 y 2025, según el INE. Una subida acumulada que crea problemas a la mayoría de las familias, sobre todo a las más vulnerables, porque los salarios han crecido en estos años menos de la mitad (+16,6% entre 2020 y 2025, según la estadística de convenios). El otro punto negro del crecimiento son los gastos de la vivienda (alquileres, agua, luz, calefacción, tasas e impuestos), que crecen un +7,5% este año y un +32,4% desde principios de 2020.

Y además, la vivienda es la primera preocupación de los españoles, según el CIS, porque se han disparado los precios de compra y los alquileres. El precio de las casas subió a 2.153 euros/m2 en septiembre de 2025, según el Ministerio de la Vivienda, superando el precio que tenía en plena burbuja (2.101 euros en 2008). Y los alquileres están ya en 14,5 euros de media por metro cuadrado (1.305 euros un piso de 90m2), según el portal Idealista, pero se disparan hasta los 24,3 euros en Barcelona (2.187 euros mensuales) o 23 euros en Madrid (2.070 euros). Una subida del 46,5% sólo en los últimos 7 años, que impide emanciparse a los jóvenes y que hunde en la pobreza a las familias que necesitan alquilar.

La combinación de sueldos bajos (el 30% de los asalariados ganan menos de 1.582 euros mensuales brutos y otro 40% ganan entre 1.582 y 2.659 euros brutos) y alta inflación acumulada más los alquileres disparados provocan que casi la mitad de las familias (el 47,4%) tengan problemas para llegar a fin de mes, a pesar del alto crecimiento de España: el 9,1% llegan a fin de mes “con mucha dificultad” (eran el 7,8% en 2019), según el INE, otro 12,7% llegan a fin de mes “con dificultad” y el 25,6% restante “con cierta dificultad”. Y además, son muchos los españoles que sufren “carencias materiales”, según el INE: casi un tercio de la población (35,8%) “no tiene capacidad para atender gastos imprevistos”, el 6,1% no puede permitirse comer carne o pescado cada 2 días, un 17,6% no pueden mantener su vivienda a una temperatura adecuada, y otro 13,6% de habitantes han tenido “retrasos” en el pago de recibos y gastos de su vivienda.

Pero lo más preocupante, a pesar del alto crecimiento y del fuerte aumento del empleo (menos precario tras la reforma laboral) es que España tiene todavía muchos “pobres” (personas que ingresan menos del 60% de la media del país): somos el 5º país con más pobreza de Europa (19,7% de la población en 2024), tras Letonia (22%), Bulgaria (21,7%), Estonia (20,7%) y Lituania (20,6%), según Eurostat, muy por encima de la media europea (16,2% de pobreza) y de Alemania (15,5%), Francia (15,9%) e Italia (18,9%). Esa tasa de pobreza ha bajado desde 2018 (era del 21,5%), cuando Sánchez llegó a la Moncloa, pero como ha aumentado la población, todavía hoy tenemos 9.653.000 españoles en situación de “pobreza monetaria” (ganan menos del 60% que la media), sólo 409.000 “pobres" menos que en 2018. Y la previsión del Gobierno es que la pobreza baje al 19,1% de la población en 2028, un preocupante objetivo, porque al aumentar la población, habrá más pobres en tres años.

Una pobreza que se concentra en las familias jóvenes con hijos (más las que encabezan mujeres solas), los jóvenes, las mujeres y los inmigrantes. Y con dos datos preocupantes: hay 4,3 millones de españoles en situación de exclusión severa, según el reciente estudio Foessa (Cáritas), que mide 35 indicadores y refleja que estos pobres más graves trabajan en muchos casos y en otros estudian o buscan empleo. Y que el 45% viven en alquiler, destacando la pobreza severa entre jóvenes, mujeres y familias con niños. Precisamente, en España hay 2,5 millones de niños y niñas que viven en hogares pobres, según Save the Children, quien recuerda que somos el 2º país europeo con más pobreza infantil.

En resumen, que la economía española va muy bien, pero la economía de muchos españoles va regular o mal (mientras la de otros va mucho mejor). Es urgente repartir mejor el crecimiento, para que mejore la vida de la mayoría de españoles y sobre todo de los más vulnerables. Hay que actuar en dos frentes. Uno, aprobar un Plan urgente contra la pobreza, en especial contra la pobreza infantil, aprobando una ayuda universal por hijo (como tienen 19 de los 27 paises de la UE), que está pendiente de la nueva Ley de Familia, paralizada en el Congreso. Y otro, habría que pactar una nueva política salarial, que además de seguir aumentando el salario mínimo (ha pasado de 735 euros en 2018 a 1.184 en 2024), revise al alza´(con mayores subidas que el resto) los salarios más bajos, ahora que las empresas llevan años subiendo márgenes y beneficios.

Pero además, hay que revisar toda la estrategia de ayudas sociales, muy dispersa y mal planteada, porque tanto la Comisión Europea como la OCDE reiteran que las ayudas públicas (directas y fiscales) ayudan comparativamente más a los que más tienen que a los más pobres. Y en paralelo, urge fortalecer los servicios públicos, porque la saturación de la sanidad, la educación y la Dependencia obliga a muchas familias a gastar parte de su sueldo en un seguro privado, en colegios concertados, comedores y transporte escolar o en contratar a alguien para cuidar a mayores y discapacitados, dificultándoles llegar a fin de mes. Pero, sobre todo, hay que resolver el grave problema de la vivienda, que hunde todos los presupuestos (ya sea por el alquiler o la hipoteca) y tomar medidas para mejorar la precariedad laboral (y salarial) de una buena parte de los jóvenes, las mujeres y los inmigrantes. Y vigilar los precios de los alimentos, para que intermediarios y super no se forren a costa de nuestro bolsillo.

En definitiva, no basta con crecer, hay que conseguir que este crecimiento mejore la vida de la mayoría de españoles y no deje atrás a las familias más vulnerables. Para eso necesitamos gastar más desde las Administraciones públicas, lo que exige recaudar más, no pagando más impuestos la mayoría sino los que hoy pagan menos (empresas, bancos y los más ricos). Hace falta una reforma fiscal y una mejora de las ayudas y servicios públicos para que la mayoría de españoles confíen en el sistema y no crezca el desencanto (y la extrema derecha). Pero todo esto exige acuerdos y un Presupuesto. Algo imposible ahora. Así nos va.

El desarrollo humano se estanca

Los españoles y el resto de europeos estamos ahora preocupados por nuestra seguridad y por una nueva crisis si se mantienen los aranceles de Trump. Una visión “eurocentrista” de los problemas del mundo, que no escucha la última alerta de la ONU: el desarrollo humano se ha estancado en 2024 y de seguir así, los paises en desarrollo seguirán con problemas en los próximos 25 años. Además, este estancamiento económico global ha aumentado las diferencias entre paises ricos y pobres, otro detonante de tensiones geopolíticas. Y en paralelo, también desoímos otra alerta reciente de la OMS: el atraso económico y la pobreza acortan la vida en los paises más pobres y dentro de los paises, donde los más vulnerables viven menos años. En un momento donde Trump y el nacionalismo ultra atacan la cooperación internacional, es más urgente que nunca mantenerla y avanzar en el comercio y las inversiones internacionales, en reducir las diferencias entre paises ricos y pobres. Porque un mundo menos desigual nos beneficia a todos.

En 1990, la ONU introdujo un índice para medir el desarrollo de los paises: el índice de desarrollo humano (IDH), que mide 3 indicadores claves para reflejar la situación económica y social de un país: la esperanza de vida de la población, el nivel de estudios y educación y el nivel de vida (PIB per cápita descontando la inflación). Sobre estos 3 indicadores, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) publica cada año el índice de desarrollo humano del mundo y el índice de los 193 paises analizados. Y el PNUD acaba de publicar el IDH de 2024, una “alerta” para el mundo: se ha estancado en 0,76 puntos en 2024, el mismo índice que en 2023 y casi el mismo que en 2019, antes de la pandemia (0,75).

El objetivo de la ONU era que este índice de desarrollo humano (IDH) llegara a 0,81 puntos en 2030, pero los expertos del PNUD alertan que va a ser difícil conseguirlo y que si seguimos la tendencia de estos últimos años, el IDH podría estancarse en esos 0,76 puntos actuales en 2030, algo que nunca ha pasado en las últimas décadas. Y eso porque los paises ricos crecen poco y se ha estancado el crecimiento de los paises en desarrollo, una situación agravada en los últimos meses por las crisis geopolíticas y las tensiones en el comercio mundial, por la amenaza de aranceles de Trump. Y además, se está frenando la bajada de tipos (en USA y Europa), lo que agrava los problemas de deuda de muchos paises.

El otro problema sobre el que alerta la ONU es el aumento de la desigualdad entre los paises, una brecha que se había reducido y que ha crecido tras la pandemia. Esta desigualdad se refleja en los distintos índice de desarrollo humano (IDH) que publica el PNUD (ver listado). Hay un primer grupo de 74 paises de “muy alto nivel de desarrollo”, con un IDH de 0,914 puntos, encabezado por Islandia (0,972 puntos), Noruega (0,970). Suiza (0,970), Dinamarca (0,962) y Alemania (0,959 puntos). EEUU ocupa el lugar 17 (0,938 puntos del IDH), Francia el 26º, España el lugar 28º (0,918 puntos) e Italia el 29º (0,915 puntos).

El segundo grupo de paises, por su “desarrollo humano” (esperanza de vida, educación y nivel de vida) lo integran otros 50 paises con un “alto nivel de desarrollo” (media IDH 0,777 puntos), donde están China (0,797 de IDH), Brasil (0,786) y muchos paises de Latinoamérica, Asia y Oriente medio. El tercer grupo lo integran 43 paises con un “nivel medio de desarrollo” (0,656 de IDH), entre ellos India (0,685) y varios paises de Asia y África. Y el cuarto grupo lo integran los 26 paises con “bajo nivel de desarrollo” (0,515 puntos de IDH), los paises más pobres y con peor desarrollo humano del mundo. De los 10 últimos, 9 son paises de África: Sudán del sur (0,388 de IDH, la mitad que la media mundial), Somalia (0,404), República Centroafricana (0,414), Chad (0,416), Níger (0,419), Mali (0,419), Burundi (0,439), Burkina Fasso (0,459), Sierra Leona (0,467) y Yemen (0,470 puntos IDH).

El informe del PNUD (ONU) alerta que esta desigualdad en el desarrollo entre paises se ha agravado en 2024, el 4º año consecutivo en que crece la brecha entre paises ricos y pobres, tras haberse reducido en las dos décadas anteriores. Y alertan que esta mayor desigualdad mundial es un riesgo porque alienta el aumento de conflictos y de ruptura económica. Además, el informe muestra su preocupación por el futuro, ya que si se mantienen estas tendencias (estancamiento del IDH y aumento de la desigualdad entre paises), será difícil conseguir los Objetivos del Desarrollo previstos para 2030, entre ellos, acabar con el hambre en el mundo: actualmente pasan hambre 733 millones de personas y la ONU solo puede atender, con el programa de alimentos (WFP) a 123 millones de personas. ”Si sigue el estancamiento actual, los objetivos previstos para 2030 pueden demorarse décadas, haciendo del Planeta un lugar menos seguro, más dividido y más vulnerable a las perturbaciones económicas y ecológicas”, alerta Achim Steiner, administrador del PNUD (ONU).

En paralelo a este informe de la ONU se ha publicado la semana pasada otro informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que tampoco ha tenido eco en los medios. Su conclusión es tremenda: la pobreza acorta la vida. El estudio revela que la falta de oportunidades laborales, de educación y vivienda son más determinantes para provocar problemas de salud que los factores genéticos y sanitarios. Y que el nivel de desarrollo supone que las personas vivan más o menos. Un ejemplo: en paises de altos ingresos (como Suecia o Japón), la esperanza de vida es 33 años superior a la de paises pobres (como Chad o República Centroafricana. Y reitera la OMS: “millones de personas sufren más riesgo de enfermedad y muerte por las condiciones socioeconómicas en que han nacido o por el grupo social al que pertenecen. La desigualdad sanitaria no es un accidente, es consecuencia de la forma en que la sociedad distribuye recursos y oportunidades”.

Este informe de la OMS no sólo refleja una desigualdad en la sanidad y esperanza de vida entre paises, según su nivel de desarrollo, sino también dentro de cada país, según las zonas y grupos sociales. Así, revela que en el mismo Japón, los hombres de las regiones más atrasadas viven 2 años y medio menos que los de las zonas ricas. En Canadá, los inuit viven de media 12,5 años menos que el resto de la población. Y en Australia, la población aborigen vive 10 años menos que la media de la población. También en España, los datos del INE reflejan que la esperanza de vida en los municipios más ricos (Majadahonda, Las Rozas, Pozuelo) es 6 años mayor que en los municipios más pobres y con más paro (Ceuta, la Linea de la Concepción, Melilla, Algeciras o Linares).

La OMS también alerta que el mayor o menor desarrollo afecta también a la mortalidad infantil: los niños nacidos en paises pobres tienen hasta 13 veces más de posibilidades de fallecer antes de cumplir los 5 años que los de las naciones más ricas. Y señala que si consiguiéramos reducir las desigualdades entre los paises (con inversiones en servicios sanitarios, sociales, educación, servicios públicos e  infraestructuras), se podría salvar la vida de 1,8 millones de niños del mundo cada año…

Volviendo al estancamiento del desarrollo humano (IDH), la ONU (PNUD) propone medidas para impulsar el crecimiento mundial, con más cooperación internacional por la vía de inversiones y comercio, al contrario de lo que propone Trump y la extrema derecha mundial. También es clave la inversión en educación y sanidad. Y en su informe, proponen aprovechar la Inteligencia artificial (IA) para impulsar el desarrollo de los paises más pobres, lo que exige solventar las actuales brechas de estos paises en su acceso a la electricidad, a Internet y a las aplicaciones de la IA. En definitiva, creen que la IA puede corregir parte de la actual desigualdad mundial, pero si se aplica mal, sin contar con los paises en desarrollo, puede agravar esa desigualdad, planteando un futuro a 2 velocidades…

El problema de fondo es que la economía mundial se ha estancado tras la pandemia, tras décadas de crecimiento, según revela otro informe, esta vez del Banco Mundial. Y no sólo crecen menos los paises ricos, sino que “ha pinchado” el crecimiento de los paises en desarrollo: crecieron una media del +5,9% entre 2000 y 2010, un +5,1% entre 2010 y 2020 y sólo el +3,5% entre 2020 y 2024, según el Banco Mundial. Y además, estos paises en desarrollo han crecido un 0,5% menos que las economías ricas desde 2014, lo que ha ampliado la brecha de desarrollo entre paises ricos y pobres.

Lo preocupante es su futuro: “los próximos 25 años serán más difíciles para las economías en desarrollo de lo que han sido los últimos 25 años”, augura Indermit Gill, economista jefe del Banco Mundial. Así que no sólo tenemos el problema de que se ha estancado el desarrollo humano de los más pobres (como dice la ONU) sino que seguirá estancado los próximos años. Y eso porque se han frenado las fuerzas que les hicieron crecer, sobre todo el comercio y las inversiones (y la deuda) . Y ahora, con un menor crecimiento también para los paises ricos, preocupa que los paises en desarrollo frenen sus exportaciones y reciban menos inversiones, mientras les sigue pesando la deuda (por los todavía altos tipos de interés) y se agravan las consecuencias negativas del cambio climático.

El futuro de las economías en desarrollo no sólo es importante para ellas sino también para las economías desarrolladas. Y a su vez, el crecimiento de EEUU, Europa y Japón es clave para promover el crecimiento de los paises en desarrollo. Actualmente, ambas crecen poco y se multiplican los problemas en el comercio mundial (aranceles y proteccionismo), las inversiones y la deuda. El informe del Banco Mundial señala que los paises en desarrollo necesitarán en los próximos años un nuevo modelo estratégico que acelere las reformas estructurales, fomente la inversión nacional y extranjera, fomente nuevas áreas de relaciones comerciales y promueva un uso más eficiente del capital, el talento y la energía. Y estos retos serán claves en América Latina, África y Asia, los paises con menos crecimiento futuro. Las dificultades serán el aumento de la incertidumbre de los inversores, las tensiones geopolíticas y comerciales y el temor a una mayor inflación, que frene la bajada de tipos y encarezca la deuda.

“El mundo no puede permitirse dar la espalda a los paises en desarrollo”, dijo hace un año en Washington el economista jefe y vicepresidente del Banco Mundial, Indermit Gill. Y no sólo por humanidad y por justicia, también por “egoísmo económico”: “La historia deja claro que cerrar las brechas de renta y desarrollo entre las naciones más pobres y las más ricas beneficia a todas las economías”, señaló el Banco Mundial. Porque si los 75 paises más pobres mejoran y se reduce la brecha con los ricos, todos saldremos ganando en crecimiento, comercio, inversiones, empleo, con menos guerras, tensiones y conflictos.

Ahora que parece que cada país y cada continente se cierran sobre sí mismos, es el momento de coordinar esfuerzos, de aunar fuerzas y reforzar las instituciones internacionales, para reducir el hambre, la pobreza y la desigualdad entre paises. Hasta ahora habíamos reducido la brecha entre ricos y pobres, pero ahora hay más desigualdad global, una fuente de conflictos, de más muertes y menos esperanza de vida. Hay que atajarla entre todos, con más comercio, inversiones y colaboración multinacional. Miremos un poco al mundo.

Crecemos, pero con pobreza y desigualdad

Confirmado: España creció en 2024 cuatro veces más que Europa (3,2% frente a 0,8%). Pero mucha gente no lo nota, porque la inflación se ha comido los salarios y por la subida de alquileres, hipotecas y servicios públicos. Así, un 9,1% españoles llegan a fin de mes “con mucha dificultad” y casi la mitad con problemas. Y hay 9,6 millones de españoles en situación de “pobreza”: ganan menos del 60% que la media. Tenemos sólo 409.000 “pobres” menos que en 2018, cuando Sánchez llegó a la Moncloa, aunque hay 2,35 millones de residentes más. Pero sube la pobreza infantil y somos el 5º país con más pobreza de Europa, a pesar del crecimiento y el empleo. Fallan las ayudas a la pobreza y tenemos demasiados sueldos bajos: un 70% ganan menos de 2.548 euros, 24% menos que en Europa. Urge corregir las medidas sociales, con más ayudas por hijos, y subir más los salarios bajos (menores de 2.000 euros), ahora que los beneficios empresariales son altos. Hay que “repartir” mejor el crecimiento.

Eurostat, lo confirmó a finales de enero: España creció +3,2% en 2024, más que en 2023 (+2,7%) y cuatro veces el crecimiento de la UE-27 (+0,8%), triplicando el crecimiento de Francia (+1,1%) y seis veces más que Italia (+0,5%), mientras Alemania sigue en recesión (-0,2%). Los motores del alto crecimiento español, por tercer año consecutivo, son el aumento del consumo público y privado (por el aumento de ocupados: + 468.100 empleos en 2024), las exportaciones y, sobre todo el turismo, que batió otro récord histórico. Y además, la inflación cerró el año con una subida del 2,8%, en linea con el +2,7% en la UE-27. El punto negro sigue siendo el paro, que acabó en el 10,6%, casi el doble que la media europea (5,6%).

Con todo, la economía española crece más que la europea, con una inflación moderada (al alza), menos déficit público y superávit con el exterior, esperando crear otros 500.000 empleos en 2025. Pero muchos españoles no acaban de notarlo. Primero, porque la inflación de los últimos años “se ha comido” parte de sus salarios: los salarios pactados en convenio han subido un +12,92% entre 2020 y 2024, mientras la inflación subió un +20% (y si nos vamos más atrás, desde 2009, los salarios han perdido un -21,43% de poder adquisitivo). Además, en los últimos años se han disparado los alquileres (subieron +31% entre 2020 y 2024) y el coste de las hipotecas, por la subida de los pisos y tipos. Y hay muchos servicios que se han encarecido, como la sanidad (los seguros médicos) o la educación, subiendo las facturas de la energía, alimentos y carburantes, a pesar de las ayudas del “escudo social”.

Y hay otro factor del que apenas se habla: la economía crece con fuerza, producimos mucho más, pero somos mucho más habitantes, con lo cual la producción (y la renta) se reparte entre muchos más. Así, el valor de lo producido (PIB) ha pasado de 1.253.710 millones de euros en 2019 a 1.593.136 en 2024, un aumento del +27% . Pero la población residente ha pasado (por el aluvión de inmigrantes), de 47 a 49 millones en estos 6 años. Así que el PIB por habitante ha crecido algo menos: de 26.670 euros en 2019 a 32.461 en 2024 (+21,7%). Todavía tenemos una menor productividad que Europa, no tanto por los trabajadores como por la baja inversión y un modelo económico menos productivo.

Volviendo a los que no notan el fuerte crecimiento, la última estadística del INE revela que casi la mitad de los españoles (el 47,4%) tienen algún problema parea llegar a fin de mes, algo menos que en 2019 (49,3% tenían problemas), aunque ahora hay 2 millones de habitantes más. De ellos, un 9,1% llegan a fin de mes “con mucha dificultad” (eran el 7,8% en 2019 y el 9,3% en 2023), sobre todo en Castilla la Mancha (13%), Canarias (12,4%) y Andalucía (10,9%), siendo pocos en País Vasco (5,1%), Baleares (5,6%) y la Rioja (5,9%). Otro 12,7% de españoles llegan a fin de mes “con dificultad” (14,2% en 2019) y el 25,6% restante con “cierta dificultad (27,3% en 2019). La alta inflación pasada y los alquileres lo explican.

Otro dato preocupante son los españoles, que a pesar de la mejoría del crecimiento y el empleo, sufren “carencias materiales”, según la Encuesta de Condiciones de Vida 2024 del INE. Casi un tercio de la población (35,8%) “no tiene capacidad para atender gastos imprevistos” (como en 2019, cuando eran el 35,9%, aunque hoy somos 2 millones de habitantes más), el 6,1% no se puede permitir comer carne o pescado cada dos días (eran la mitad, el 3,8% en 2019), un 17,6% no pueden mantener su vivienda a la temperatura adecuada (el doble que en 2019, cuando eran el 7,6%) y un 13,6% de personas han tenido retrasos en el pago de gastos de su vivienda (frente al 8,3% en 2019).

Pero lo más preocupante es que, a pesar del alto crecimiento y el empleo, España todavía tiene muchos “pobres”: somos el 5º país con más pobreza de Europa (19,7% de la población en 2024) , tras Letonia (22%), Bulgaria (21,7%), Estonia (20,7%) y Lituania (20,6%), según Eurostat. Son 9.653.000 españoles a los que las estadísticas europeas considera “pobres”, porque ingresan menos del 60% de la media del país (menos de 11.584,4 euros al año los solteros y menos de 24.3272 euros al año una familia con dos niños), según el INE.

Esta tasa de pobreza (19,7%) era superior en 2018 (21,5%), cuando el Gobierno Sánchez llegó a la Moncloa, pero el número de pobres ha bajado poco, en -409.000 personas (había 10,06 millones de pobres en 2018), entre otras cosas porque ahora somos 2,35 millones de habitantes más. La población en situación de “pobreza extrema” (ingresan menos del 40% que la media, menos de 7.772 euros anuales los solteros y menos de 16.218 euros las familias con 2 niños) también se ha reducido, pero poco: eran el 8,7% de los españoles en 2018 y ahora son el 8,3% de la población, 4.067.000 españoles (solo 4.000 menos que en 2018).

Lo peor es que, a pesar del alto crecimiento y el empleo, la pobreza infantil ha crecido en España: en 2024 estaban en situación de pobreza el 29,2% de los menores de 16 años, frente al 26,2% de pobreza infantil en 2018. Son 2,5 millones de niños y niñas que viven en hogares pobres y de ellos, más de un tercio (el 11%, 941.000 niños y niñas) viven en hogares con pobreza severa y no pueden acceder a una alimentación saludable, como denuncia Save the Children, recordando que España es el 2º país de Europa con más pobreza infantil, tras Rumanía.  Esta pobreza infantil se concentra en las familias de mujeres solas con niños (el 81% de las familias monoparentales), “feminizando” la pobreza.

La llamativa subida del salario mínimo interprofesional (de 735 euros en 2018 a 1.184 euros en 2025, +61%), el avance del Ingreso mínimo Vital (llega a 674.000 hogares, con 2 millones de beneficiarios y una cuantía mensual entre 658 y 1.500 euros) y las ayudas públicas que han integrado (e integran) el “escudo social” (ERTEs, bono social eléctrico, ayudas al transporte,  luz, alimentos y carburantes) han evitado que la pobreza en España creciera estos años, a pesar de que somos 2,35 millones de habitantes más. Pero la tasa de pobreza es “inadmisible” y la Comisión Europea nos alertó de ello en diciembre pasado.

El problema de fondo no es sólo que falten ayudas públicas contra la pobreza sino que se gastan mal, como nos ha reiterado la OCDE y la Comisión Europea. Por un lado, las ayudas públicas a las familias (claves para luchar contra la pobreza) tienen en  España la mitad de peso que en otros paises: suponen el 1,6% del PIB (2021), frente al 2,5% de media en la UE-27, el 3,7% en Alemania o el 2,5% en Francia. Por otro, estas ayudas públicas en España benefician más a las familias de rentas medias y altas que a las familias con rentas bajas, porque el grueso de las  ayudas son desgravaciones fiscales en el IRPF, que benefician a 8 millones de contribuyentes, la mayoría con rentas medias y altas, porque las rentas bajas y los más pobres no declaran (los ingresos de menos de 22.000 euros al año, todos los que están en pobreza severa y la mayoría de los considerados “pobres”).

La propia Comisión Europea alertó, en su informe de diciembre, sobre el hecho de que las ayudas contra la pobreza en España “tienen menos impacto que en otros paises”, por “los problemas de adecuación y cobertura del sistema de protección social, las disparidades regionales de acceso a los servicios públicos y la persistente pobreza en el trabajo”. Sobre este último punto, recordar que en 2023 eran “pobres” casi 2,5 millones de trabajadores (2.499.654), según la Red EAPN. Y que España es el tercer país europeo con más porcentaje de “trabajadores pobres” (11,9%), sólo por detrás de Rumanía (15%) y Bulgaria (11,7%), peor que Portugal (10%) o Grecia (9,85) y por encima de la UE-27 (8,9% de trabajadores “pobres”), Italia (9,9%), Francia (7,8%) o Alemania (6,5%), según Eurostat.

Por todo ello, expertos y ONGs piden modificar el esquema de protección social a las familias más vulnerables, reformar la política contra la pobreza en España. Por un lado, es urgente coordinar las ayudas públicas, creando “una ventanilla única” donde se soliciten y se gestionen, con menos burocracia, más colaboración entre administraciones (incluyendo los Ayuntamientos, claves en las ayudas contra la pobreza) y dando más entrada a las ONGs, quienes tienen más experiencia y conocimiento del problema. Y por otro, hay que destinar más recursos públicos a la lucha contra la pobreza, gastando el doble (como hace la UE) en ayudas a la familia. Además, urge avanzar en aprobar una ayuda universal por hijos, clave para reducir la pobreza infantil, como reitera Save the Children.

De hecho, en 20 paises europeos existe una ayuda universal por hijo, que la OCDE ha propuesto a España (y que sólo aplica el País Vasco, desde marzo der 2023, cuando entró en vigor una ayuda universal por hijo de 200 euros que cobrarán las familias durante 3 años). Con esta ayuda, “se matarían dos pájaros de un tiro”: se reduciría la pobreza infantil y la pobreza de las familias (más concentrada en las que tienen hijos) y se fomentaría la baja natalidad, un grave problema estructural de España, que pone en peligro el futuro de las pensiones y del Estado del Bienestar. El Gobierno Sánchez dice que estudia una ayuda universal por hijo hasta los 6 años, pero tiene difícil contar con apoyos políticos y recursos, máxime cuando la política del PP (apoyada por Junts y PNV) es “bajar impuestos” indiscriminadamente.

Para que haya menos pobres y más gente “note” el crecimiento y el empleo, hay que actuar también sobre los salarios, porque son muy bajos y desiguales, lo que provoca que casi la mitad de españoles tengan problemas para llegar a fin de mes. Los salarios en convenio han subido un +3,07% en 2024, más que la inflación media (2,77%), pero llevan muchos años perdiendo poder adquisitivo (-7,08% desde 2020 y -21,43% desde 2009). Y tienen dos problemas. Uno, son más bajos que en Europa: el salario medio por hora era de 18,2 euros en 2023, frente a 24 euros de media en la UE-27 (-24,2%) , 31,6 euros en Alemania, 28,7 euros en Francia o 21,5 euros/hora en Italia, según Eurostat. Y el otro, que los salarios en España son muy desiguales y hay una mayoría que los tiene bajos.

Veamos. El salario medio bruto en España era de 2.237 euros en 2023, según la última estadística del INE (Decil de salarios). Pero de los 18 millones de asalariados, un 30% (5.400.000) ganan menos de 1.534 euros brutos al mes, otro 40% (7.200.000 trabajadores) ganan entre 1.534,7 y 2.548,2 euros brutos mensuales y sólo el 30% restante (5.400.000 asalariados) ganan más de 2.548,2 euros brutos mensuales. A lo claro: que el 70% de los que trabajan en España (12,6 millones) ganan menos de 2.548 euros brutos, unos 2.170 euros netos. Y hay sectores enteros, como la hostelería, el campo, las empleadas de hogar, el comercio y muchas pymes, donde ganan aún menos. Y sobre todo las mujeres (2.063,2 euros de media, -16,4% que los hombres) y los jóvenes que aún ganan menos (1.387 euros brutos es el salario medio de 16 a 24 años). Con este bajo nivel salarial, no es extraño que si repunta la inflación o suben los alquileres y algunas facturas, mucha gente tenga problemas para llegar a fin de mes. O acabe en la pobreza.

Por eso, habría que actuar en dos frentes. Por un lado, aprobando un Plan urgente contra la pobreza, en especial contra la pobreza infantil, legislando una ayuda por niño/a hasta los 6 años (complementada con otras ayudas hasta los 16 años) y reformando las ayudas públicas disponibles, para que beneficien más a los más pobres. Y por otro, promoviendo en la negociación colectiva una subida mayor de los salarios más bajos (los de menos de 2.000 euros, por ejemplo), para reducir la desigualdad actual y mejorar el poder de compra, lo que se traduciría en más consumo, más crecimiento y más empleo. Es hora de plantear subidas mayores del 3% para estos trabajadores peor pagados, porque ahora las empresas pueden hacerlo, porque llevan 3 años consecutivos con más ventas, márgenes y beneficios.

Lo peor que le puede pasar a un país es que no crezca ni cree empleo. Pero tampoco es bueno que crezca y la mayoría de su población no lo note, porque una buena parte de la población no llegue a fin de mes o siga en la pobreza. Urge aplicar políticas para reducir de verdad la pobreza, sobre todo la infantil, y para que la mayoría de los salarios sean más altos y permitan una vida mejor. Hay que “repartir mejor el crecimiento”, para que lo noten más españoles, no sólo una minoría de sueldos y empresas. Es la manera de evitar que muchos españoles “pasen” del Estado y de la política y se radicalicen, en manos del populismo y la ultraderecha. La democracia ( y aún más la socialdemocracia) es crecer más para que la mayoría vivan mejor. A ello.