Se dispara la pobreza energética

Enero está siendo un mes muy frío en toda España y eso aumentará los problemas de las familias que tienen dificultades para calentar su vivienda: 8,5 millones de personas sufren “pobreza energética” en España, un 17,5% de la población, casi el doble que la media europea y el triple que en 2008 (5,9%). Aunque el Gobierno ha aumentado las ayudas a estas familias, con el bono social eléctrico y térmico, sólo las reciben 1,7 millones de personas, la quinta parte de los que tienen problemas para calentarse y pagar la luz. Este año, la luz seguirá cara y lo mismo la calefacción, por lo que el Gobierno ha prorrogado estas ayudas a las familias en situación de pobreza energética. Pero la medida, que se incluye dentro del Decreto de revalorización de pensiones y prórroga del “escudo social” está pendiente de convalidarse en el Congreso y tanto la derecha como Junts amenazan con no aprobarla. Urge tomarse en serio este grave problema, que tantas familias no puedan pagar la energía.

                    8,5 millones de españoles sufren "pobreza energética"

En 2025 volvió a subir la luz, como en 2024 y 2023, aunque el recibo no dio los sustos de 2022, tras la invasión de Ucrania. En el mercado mayorista en origen, el precio medio ha sido 65,52 euros MWh, una subida del +4,2% sobre el precio medio de 2024 (62,90 euros MWh), por el aumento del precio del gas en la primera parte del año y la subida de los costes del CO2, aunque han evitado una mayor subida las lluvias de primavera y el aumento de la generación fotovoltaica. A partir de este precio en origen, el recibo de la luz que pagan los consumidores con tarifa regulada (8,5 millones) ha subido +12%, hasta una factura media de 69,34 euros mensuales (frente a 61,88 euros en 2024 y 60,34 euros de 2023, muy lejos ambas de los 105,48 euros que pagamos en 2022), según la OCU. Y en cuanto a la calefacción, la media del recibo subió un 13% en 2025 (a 640 euros anuales).

Ahora, en 2026, se espera otra subida del recibo de la luz, aunque puede bajar en origen hasta un 12%, dado que los futuros prevén un precio medio en el mercado mayorista de 56,70 euros MWh (que volvería a bajar a 54,25 euros MWH en 2027), según estimaciones de OMIP. Sin embargo, el recibo que pagamos podría subir este año. A los que tienen tarifa reducida, por la subida de peajes (cargos aprobados por el Gobierno) y, sobre todo, porque REE seguirá manteniendo “de guardia” varias centrales de gas, para evitar apagones, lo que supone un recargo en la factura. Y los que tienen una tarifa “libre” (20 millones de consumidores) verán como en la revisión anual de tarifas le suben, por estos cargos, al menos un 10%. Eso sí, la tarifa regulada del gas para calefacción baja más del 5%.

En definitiva, pagar este año la luz y la calefacción será caro, aunque puede haber algunos ahorros (ya también subidas si hay más conflictos geopolíticos). Y como el invierno está siendo frío, todo apunta a que la factura de la luz y la calefacción será un coste importante para muchas familias, junto a los alquileres (o hipotecas), la alimentación y el transporte. Por eso preocupa que aumenten las personas con problemas para calentar su casa o pagar la luz: el pasado invierno (2024-2025), el 17,5% de los españoles no pudieron calentar correctamente sus casas, según Eurostat. Eran más de 8,5 millones de personas con “pobreza energética”, el triple que en 2008 (entonces eran el 5,9% de la población).

España (con ese 17,5%) es el 4º país con  más “pobreza energética” de Europa, sólo por detrás de Bulgaria y Grecia (19% de personas con pobreza energética) o Lituania (18%) y duplica la media europea (9,2% de población con pobreza energética), según Eurostat, quedando muy por delante de Alemania (6,3%), Francia (11,8%), Italia (8,6%), Polonia (3,4%), Suecia (4,1%), Dinamarca (4,4%) o Finlandia (2,7%), paises mucho más fríos que España. Además, 1 de cada 3 familias españolas tuvo que retrasar el pago de sus facturas energéticas el invierno pasado, según otro Informe sobre pobreza energética 2024. Y existe una “pobreza energética “oculta”: un 15% de las familias tuvieron que recortar otros gastos básicos, como la compra de alimentos, para pagar las facturas de calefacción.

Esta pobreza energética en España es desigual, según el estudio. Afecta mucho más a las familias que viven de alquiler (un 33% sufren “pobreza energética”, casi el doble de la media española) que a los que tienen su casa en propiedad (17,5% de pobreza energética). Y hay una gran diferencia por autonomías: en Canarias y en las regiones más ricas (Madrid, Cantabria, País Vasco, Navarra, la Rioja, Cataluña y Baleares) baja la tasa de pobreza energética (al 9%) y sube en las más pobres (al 23% en Extremadura, el 14,3% en Andalucía o el 12,3% en Murcia). Y además, preocupa el alto porcentaje de la pobreza energética “ severa” : un 9,35% de las familias (4,5 millones de personas) que dedican un porcentaje excesivo de sus ingresos a las facturas, incurren en retrasos severos de pago o no pueden mantener temperaturas adecuadas (por debajo de 18°C-21°C).

Frente a este grave problema de la pobreza energética, el Gobierno Zapatero creó en 2009 una ayuda, el bono social eléctrico, que se reformó en 2017 y se amplió en octubre de 2018, con el Gobierno Sánchez, que creó el bono social térmico. Dos formas de ayuda frente a la pobreza energética que son un avance pero que sólo ayudan a 1.703.511 personas, 1 de cada 5 afectados por la pobreza energética (8,5 millones). Veámoslas con detalle.

El bono social eléctrico es un descuento en la factura de la luz que beneficia a las familias más vulnerables, que tienen problemas serios para pagar el recibo. El descuento varía según los ingresos del beneficiado: se rebajaba un -42,5% la factura eléctrica (descuento vigente del 30 de junio al 31 de diciembre de 2025) a los consumidores “vulnerables” (ingresan menos de 12.600 euros al año los solteros, 19.320 euros  las parejas con un niño y menos de 23.500 euros las familias con dos niños) y el descuento era del -57,5% para los consumidores “vulnerables severos” (ingresan menos de 6.300 euros al año los solteros, menos de 9.660 euros las parejas con 1 hijo, menos de 11.760 las familias con dos hijos, menos de 16.800 euros anuales las familias numerosas y menos de 16.800 euros los pensionistas). Además, hay un tercer grupo de beneficiados, los consumidores “en exclusión social” (atendidos por los servicios sociales de Ayuntamientos y autonomías) que no tienen que pagar nada de luz (ni se la pueden cortar) y a quien esas administraciones pagan el 50% del recibo.

Este bono social eléctrico, esos descuentos en el recibo de la luz, los solicitan los beneficiarios potenciales a su compañía eléctrica, que se los aplicará si cumplen los requisitos, aunque realmente cargan después este coste al resto de los consumidores  (a través del concepto “financiación del bono social” incluido en las facturas de la tarifa regulada, aunque  los consumidores con contrato “libre” lo acaban pagando también). En 2025 había 1.703.511 consumidores beneficiados por el bono social eléctrico, medio millón más que antes de dispararse los precios de la energía por la invasión de Ucrania (1.218.120 beneficiarios en 2021). Más de la mitad de estas ayudas se concentran en Andalucía (348.435 beneficiarios), Comunidad Valenciana (223.306), Cataluña (189.705) y Madrid (187.639).

El bono social térmico, la otra ayuda complementaria disponible, es un pago anual único para ayudar al pago de los gastos de calefacción, agua caliente y cocina. Su cuantía depende de la zona climática donde vive el beneficiario (más en Ávila que en Canarias), del grado de vulnerabilidad (ingresos) y de lo que aporte opcionalmente la autonomía a esta ayuda, que se financia con los Presupuestos del Estado (su coste fue de 312 millones en 2025, frente a 75 millones abonados en 2019). En 2025, la ayuda del bono social térmico variaba entre 40 y 373 euros anuales. Esta ayuda se abona en cuenta entre enero y agosto a todos los que disfruten del bono social eléctrico en diciembre del año anterior, pero este abono lo gestionan las autonomías y eso supone una gran descoordinación y retraso en las ayudas, por lo que algunos dicen que existen “17 bonos sociales térmicos”. En 2025, los beneficiarios del bono social térmico fueron 1.649.625 personas, medio millón más que en 2019.

Estas dos ayudas a los gastos energéticos se han ido prorrogando en los últimos años, la última vez hasta el 31 de diciembre de 2025. Unos días antes de vencer el plazo, el 22 de diciembre pasado, El Gobierno llegó a un pacto con EH Bildu para prorrogar estas dos ayudas durante todo 2026. Y al día siguiente, en el Consejo de Ministros del 23 de diciembre, el Gobierno aprobó formalmente la prórroga, en un Real Decreto que incluyó también la prohibición de desahucios y el mantenimiento del “escudo social” más la revalorización de las pensiones. Ahora, todas estas medidas, incluida la prórroga de las ayudas a la pobreza energética, han de ser convalidadas en el Congreso, algo problemático dado que Junts asegura que no va a apoyar ningún Decreto del Gobierno, como PP y Vox.

Tenemos un antecedente de lo que puede pasar: hace un año, el Gobierno llevó al Congreso un Decreto semejante, para prorrogar el escudo social y revalorizar las pensiones y Junts lo tumbó, con PP y Vox, para ratificarlo unos días más tarde con algunos cambios y la partición del Decreto en dos (pensiones y otras ayudas). Ahora, PP, Vox, Junts y PNV no confirman si apoyarán este Decreto y critican que el Gobierno haya mezclado la revalorización de pensiones con la prórroga de ayudas contra la pobreza energética, la prohibición de coste de suministros básicos (luz, gas o agua) o la prohibición de los desahucios.

Mientras se concreta esta nueva “pelea política” lo que está en el aire son la prórroga de las ayudas a 1.7 millones de personas que tienen problemas para pagar la luz y calentar su casa, junto a la prohibición de que les corten los suministros. El bono social eléctrico y térmico es una ayuda importante para muchas familias, pero resulta insuficiente a la vista de los datos: 4 de cada 5 afectados por la pobreza energética no reciben ninguna ayuda. Los expertos lo achacan al exceso de requisitos y a la burocracia, que llevan a que muchos potenciales beneficiarios de las ayudas ni siquiera las pidan. Y también hay una gran descoordinación entre Administraciones, por lo que las ONGs  piden más implicación de los servicios sociales de los Ayuntamientos, para atender mejor las necesidades energéticas.

En paralelo a las ayudas, la Comisión Europea ha pedido a los paises otras medidas para paliar la pobreza energética, como potenciar las ayudas a la rehabilitación de viviendas, para que estén mejor aisladas y las familias puedan gastar menos en luz y calefacción. En este tema, España está retrasada, a pesar de las importantes ayudas a la rehabilitación energética con Fondos europeos: se rehabilitan energéticamente el 0,8% de las viviendas, cuando la Comisión Europea considera que deberían rehabilitarse el 2% cada año.

Ahora, el Gobierno debe aprobar finalmente la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética 2026-2030, cuyo borrador presentó en septiembre de 2025. El Plan tiene 4 ejes de actuación (caracterización de la pobreza energética y creación de un Observatorio, protección de los consumidores, mejoras estructurales de las viviendas y mayor coordinación de las distintas Administraciones), concretados en 12 medidas: aumento del bono social, mejora y ampliación del bono social térmico (incluido en verano), concesión directa ayuda a los beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital, prohibición de cortes de suministro e integrar medidas de descarbonización en la protección social energética. Algunas organizaciones sociales y ONGs creen que habría que ser más ambiciosos en esta nueva Estrategia, para cubrir a más personas energéticamente vulnerables, en colaboración con Ayuntamientos, autonomías y las propias compañías eléctricas. Y algunos proponen crear un Banco de Energía, al estilo de los Bancos de Alimentos, para canalizar donaciones (de energía o de dinero) a las familias más vulnerables.

En resumen, el pago de la luz y la calefacción supone cada vez un coste mayor para muchas familias, que no pueden afrontarlo, con lo que no pueden calentar sus hogares o lo hacen a costa de reducir otros gastos. Y España, al igual que en la pobreza general, es también líder en Europa en esa pobreza energética, que afecta a casi 1 de cada 6 españoles (17,5%). Urge ayudarles este mes de enero, con la convalidación en el Congreso de la prórroga del bono social eléctrico y térmico. Y después, habría que acordar un sistema de ayudas más eficaz, que llegara a la mayoría de los afectados (ahora 4 de cada 5 están desatendidos), no sólo con descuentos y ayudas en las facturas sino con medidas estructurales para rehabilitar las viviendas y reducir el gasto energético. Un gasto que angustia cada invierno a muchas familias.

Elecciones 28-A : lo que queda por hacer

Muchos españoles se quedan sin ayudas y se perderán inversiones al no aprobarse los Presupuestos 2019. Y 31 Leyes quedan sin aprobarse. Pero el Gobierno Sánchez quiere aprobar en su último Consejo varios decretos Leyes : subsidio para 114.000 parados mayores de 52 años, pago de cotizaciones a 180.000 cuidadoras de dependientes o ampliación del permiso de paternidad de 5 a 8 semanas. Y medidas de igualdad laboral entre hombres y mujeres, más algunos cambios urgentes en la reforma laboral. E incluso, la revalorización de pensiones con el IPC o reformas en alquileres. También pretende aprobar algunas Leyes antes del cierre del Parlamento (5 marzo). Pero como ha aprobado gastos y no más ingresos, deja como “herencia” un agujero de 8.000 millones (mínimo). Así que el futuro Gobierno, o consigue más ingresos o tendrá que hacer más recortes. Y tanto PP como Ciudadanos prometen bajar impuestos, con lo que la tijera sería mayor. Mientras, quedan pendientes los grandes problemas: paro, pensiones, sanidad, educación, vivienda, cambio climático, pobreza y desigualdad, tecnología o modernización del país. Retos mucho más importantes que Cataluña. 

enrique ortega

El Gobierno Sánchez, con sólo 84 diputados, ha echado mano del decreto-ley para gobernar estos 8 meses: han sido 25 decretos-leyes aprobados en Consejo de ministros y luego todos convalidados en el Congreso, salvo el de alquileres, rechazado por Podemos. El decreto-ley está limitado por la Constitución a casos de “extrema y urgente necesidad”, pero ha sido un instrumento muy utilizado en los últimos años, más por Aznar y Rajoy que por Sánchez. Primero fue José María Aznar, que en su primera Legislatura (1996-2000), sin mayoría absoluta, aprobó 85 decretos-leyes, un 32,95% de sus 173 Leyes. Pero le ganó Mariano Rajoy, que en su primera Legislatura (2012-2016), aprobó el 33,8% de sus Leyes por decreto-Ley (y eso que tenía mayoría absoluta): fueron en total 76 decretos-leyes, entre ellos 15 de las 16 primeras Leyes que aprobó (143 en total). Sólo en julio de 2014, el Gobierno Rajoy aprobó un “macrodecreto” Ley que modificó 26 importantes Leyes, entre ellas el IRPF o la Ley de Empleo. En su segunda Legislatura (octubre 2016-mayo 2018), Rajoy sólo aprobó 16 decretos-Leyes y otros 9 proyectos de Ley, la mayoría por obligada trasposición de Directivas europeas.

El Gobierno Sánchez ha justificado su apelación a gobernar por decreto-Ley al “filibusterismo” parlamentario del PP y Ciudadanos, que han utilizado su mayoría en la Mesa del Congreso (5 de 9 miembros) para torpedear la aprobación de las Leyes enviadas al Parlamento. La estrategia, denuncian, ha sido la ampliación sistemática e indefinida de los plazos para presentar enmiendas. Un ejemplo es la Ley para reformar el Código Penal, para reducir las penas a los piquetes de huelga (como exigen los sindicatos): no se aprueba porque PP y Ciudadanos han conseguido ampliar los plazos de enmiendas… hasta 59 veces. Con este sistema y otras maniobras en las Comisiones, la oposición de PP y Ciudadanos ha bloqueado muchas de las 13 Leyes aprobadas por el Gobierno Sánchez y sus 25 decretos-leyes, convalidados por el Congreso pero luego muchos tramitados como proyectos de Ley.

Ahora, el Gobierno Sánchez intenta que algunas de estas 31 Leyes pendientes (ver listado) se aprueben en el Congreso antes del 5 de marzo, fecha de disolución de las Cortes. El pasado jueves 21 de febrero, el Pleno aprobó la Ley Hipotecaria, una trasposición de una Directiva Europea que debería haberse aprobado hace casi 3 años, en marzo de 2016. Pero el Gobierno Rajoy fue retrasando su aprobación, que incluye nuevas obligaciones para la banca y mayor protección para los hipotecados (en materia de reclamaciones, embargos y desahucios), además de una nueva regulación de las clausulas suelo y la asunción por la banca de todos los gastos hipotecarios (salvo la tasación), dos cambios introducidos por el Gobierno. De no aprobarse in extremis, Bruselas podría multar a España con 100.000 euros diarios.

Otras tres Leyes aprobadas en el Pleno del pasado jueves fueron la modificación de la Ley de Propiedad Intelectual (incluye más control de las sociedades de gestión, como la SGAE, y más medidas contra la piratería y cierre de Webs), otra Ley obligada para trasponer una Directiva europea, la mejora de la situación de orfandad de los hijos de mujeres víctimas de violencia de género (pasarán de cobrar 140 euros a 600) y  una Ley para mejorar las condiciones de los profesores en la enseñanza no universitaria (volver a los alumnos por clase y régimen de sustituciones anteriores a los recortes de la Ley Wert). Y también se aprobó la convalidación de decreto-ley de medidas urgentes para paliar los daños de inundaciones y catástrofes.

Para el próximo jueves 28 de febrero, el último Pleno del Congreso, el Gobierno Sánchez quiere llevar otros proyectos de Ley que estaban a punto de aprobarse, algo que intentarán torpedear  PP y Ciudadanos. Quizás acepten incluir la aprobación de un paquete de medidas urgentes para la Ciencia, destinadas a eliminar trabas burocráticas y que el Gobierno aprobó el 8 de febrero. Y quizás el Gobierno Sánchez intente convalidar algunas de las 5 medidas pactadas con las asociaciones de autónomos el 26 de diciembre de 2018, que necesitan ser aprobadas por el Congreso para que beneficien a 3,3 millones de autónomos: mejorar el paro y las bajas de los autónomos, cotizaciones por ingresos reales, que no paguen el IVA hasta que cobren las facturas, acabar con los falsos autónomos y mejorar sus pensiones. El Gobierno Sánchez sólo enviará al Pleno temas que cuenten con el apoyo seguro de Podemos y nacionalistas.

Pero la mayoría de las 31 Leyes pendientes (casi todas aprobadas por el Gobierno Sánchez) se quedarán sin aprobar en el Congreso, a la espera del nuevo Parlamento. Y muchas son importantes y afectan a muchos españoles. Como la Ley de Seguridad Ciudadana (o “Ley Mordaza”) o la Ley del voto rogado (para facilitar el voto emigrante), la Ley de Eutanasia (bloqueada por PP y Ciudadanos, que han aprobado 23 prorrogas para presentar enmiendas), la Ley de Cuidados paliativos (pendiente del Senado), la Ley de prevención del suicidio, la Ley contra las “pseudociencias”, la nueva regulación de las especialidades médicas, la nueva Ley de Industria, la regulación del contrato de relevo, la creación de la Autoridad de protección del cliente financiero o la Autoridad de supervisión macro prudencial, el organismo que debe vigilar y avisarnos si viene otra crisis. O el proyecto de nueva Ley de Educación aprobado por el Gobierno Sánchez el 15 de febrero. Y dos Leyes que ha aprobado el último Consejo de Ministros del 22 de febrero, porque las exigía Europa antes de finales de 2018: una Ley de Cambio Climático y un Plan Nacional de Energía y Clima (España ha sido el último país UE en aprobarlo). 

En paralelo, el Gobierno Sánchez no se resiste a aprobar antes de irse algunas medidas que iban en los Presupuestos 2019 y que benefician a muchos españoles. Tratará de aprobarlas  por decreto-ley, en los Consejos del 22 de febrero y el 1 de marzo. La primera, el seguro de paro para los que tienen entre 52 y 55 años (que les quitó Rajoy en 2013), unos 114.000 personas beneficiadas (la medida cuesta 700 millones). La segunda, el pago de la cotización a la Seguridad Social  (que les quitó Rajoy en 2012) a los cuidadores familiares de los dependientes, 180.000 beneficiarios, en su mayoría mujeres (315 millones). La tercera medida, la ampliación del permiso de paternidad de 5 a 8 semanas, que podría beneficiar a 18.000 padres (cuesta 302 millones). 


Y además, mañana martes 26 de febrero, negociará con sindicatos y patronal un consenso laboral para aprobar, en el próximo Consejo de Ministros, un decreto-ley para anular algunas medidas de la reforma laboral aprobada por Rajoy en 2012 y que exigen los sindicatos: la prórroga automática indefinida de los convenios (ultraactividad), suprimir la prevalencia del convenio de empresa sobre el de sector y la prohibición de la subcontratación, así como el control horario de jornada, para evitar el abuso de las horas extras (la mayoría, sin cobrar).  Incluso, el presidente Sánchez anunció el sábado que va a aprobar, en el Consejo de este viernes 1 de marzo, un decreto-ley de medidas urgentes sobre igualdad laboral entre hombres y mujeres, incluyendo la obligación a las empresas de llevar un registro salarial. Y el Gobierno no descarta negociar otro decreto de alquileres con Podemos y aprobarlo como decreto-ley antes de las elecciones. 

Si finalmente el Gobierno Sánchez aprueba “in extremis” estas medidas (u otras, como la revalorización de las pensiones con el IPC), por decreto-ley, luego tendrá que conseguir convalidarlas en el Congreso, bien en el último Pleno o en la Diputación Permanente, el organismo que sigue abierto, "de guardia", tras el cierre de las Cortes el 5 de marzo, donde hay 64 miembros y la presidenta del Congreso (24 del PP, más Ana Pastor, y 6 de Ciudadanos, lo que dejaría la convalidación en manos del PSOE, 15 votos, Podemos, con 12, Grupo mixto, 4, Ezquerra con 2 y PNV con 1). A ver quien “se retrata” y vota en contra del seguro de paro a los mayores de 52 años, la cotización a las cuidadoras, aumentar el permiso de paternidad o la revalorización de las pensiones.

Y queda otra importante tarea pendiente: la reforma de las pensiones. La Comisión del Pacto de Toledo, integrada por 48 diputados de todos los partidos, lleva reuniéndose más de 2 años, desde noviembre de 2016, sin ser capaces de pactar medidas para asegurar el futuro de las pensiones. El 19 de febrero, cuando parecía que tenían unas recomendaciones medio pactadas, se rompió el posible acuerdo, por Podemos y el PP. Y eso cuando había consenso sobre varias recomendaciones para eliminar el déficit en 2025: revalorizar las pensiones con el IPC real, pagar las prestaciones asistenciales con impuestos, que el jubilado pueda escoger sus mejores años de cotización (15 ahora y 25 en 2022) y limitar la jubilación parcial. No es mucho para afrontar una reforma que exige conseguir más recursos (vía cotizaciones e impuestos) y ver cómo repartirlos para que haya para los pensionistas actuales y futuros. Así que 7 años perdidos para afrontar una reforma clave que también queda para la próxima Legislatura. 

Ahora, tras estas dos semanas contra reloj para aprobar las medidas más urgentes, el Gobierno entra en funciones y el país se paraliza durante 2 meses de larga campaña electoral. Y hasta junio o julio no habrá nuevo Gobierno, con lo que habremos perdido medio año para afrontar los graves problemas del país, mucho más preocupantes para los ciudadanos que Cataluña: el empleo, las pensiones, la sanidad, la educación, la dependencia, la pobreza y la desigualdad, los impuestos, la vivienda, la situación de las mujeres y los autónomos,  la Ciencia, la crisis de la industria, la energía y el cambio climático, la digitalización y la modernización de la economía, en una Europa que apenas crece y con Brexit. Esos deberían ser los temas centrales de la campaña electoral, no sólo el 155.

Y por encima de todo, una cuestión clave: los impuestos. Porque la no aprobación de los Presupuestos 2019 nos ha creado un problema serio: hay una serie de gastos que van a seguir adelante (subida de las pensiones y sueldos de los funcionarios, algunos gastos sociales e inversiones), pero no se van a aprobar los nuevos ingresos que contemplaba el Presupuesto (subida impuestos sucesiones empresas, subida patrimonio, tasa Google, impuesto transacciones financieras), con los que el Gobierno Sánchez esperaba ingresar 5.600 millones extras. Y por ello, el déficit público va a ser mayor del previsto: entre el 2 y el 2,4% del PIB, no el 1,8% previsto ni el 1,3% inicial impuesto por el techo de gasto. Eso supone que el próximo Gobierno, sea el que sea, sólo tiene 2 opciones: o subir esos impuestos (u otros) o no tocar los ingresos, aplicar la tijera y recortar 8.000 millones de euros o más. Es “la herencia” que deja Sánchez por no haberle aprobado los Presupuestos. Lo preocupante es que, tanto PP como Ciudadanos se presentan a las elecciones con la bandera de “bajar impuestos”: si lo hacen, el ajuste tendrá que ser todavía mayor.

Así que lo serio sería plantear en la campaña electoral los retos que tenemos, lo que queda por hacer: las necesidades que hay que cubrir (en empleo decente, pensiones, Estado del Bienestar, ayudas sociales, igualdad, vivienda, tecnología, industrialización, infraestructuras, modernización de la economía…) y decirles a los españoles que todo esto no se puede hacer sin aumentar los ingresos públicos, porque España recauda menos que Europa (82.000 millones menos cada año). Y por eso, es obligatorio subir los impuestos, no a la mayoría, que ya pagamos bastante (trabajadores y jubilados), sino a los que pagan menos de lo que deben: grandes empresas, multinacionales, bancos y los más ricos. Y si alguien le vende que “se puede hacer todo bajando impuestos”, no le crea: no salen las cuentas y antes o después hará nuevos recortes y le echará la culpa a “la herencia de Sánchez”. ¿Les suena?