A partir del 16 de mayo, 250.000 funcionarios y empleados
del Estado pasarán a trabajar 35 horas a la semana, 2,5 horas
menos que ahora, por un acuerdo entre el Gobierno y los sindicatos. Un
horario reducido que se cumple desde hace años en 11 de las 17
autonomías y en 35 de los 56 grandes Ayuntamientos, mientras no se ha
conseguido recortar la jornada a 37,5
horas a todos los trabajadores, por el veto de Junts, PP y Vox. Pero esta
reducción de jornada a la mayoría de
trabajadores públicos choca con dos problemas: necesitamos reforzar
las plantillas del Estado (menores que en 2010, por las jubilaciones), a
pesar de las abultadas oposiciones convocadas desde 2019, y urge reducir
su precariedad: un tercio de los empleados públicos son interinos,
lo que ha provocado sentencias contrarias del Tribunal de
Justicia UE y dos dictámenes en abril de la Comisión Europea para
que España lo solucione en dos meses. El Gobierno ha convocado a las autonomías para reformarlo. Es urgente.
Pero los funcionarios y empleados públicos de la
Administración General del Estado (AGE) no recuperaron las 35 horas
de otras Administraciones, lo que lleva años siendo un caballo de batalla de
los sindicatos de funcionarios. En 2022, el recorte de jornada en la AGE fue incluido
en el Acuerdo
Marco para una Administración del Siglo XXI, firmado entre el
Gobierno, UGT y CCOO, sin la presencia de CSIF (el sindicato mayoritario en la
Administración), que no se incorporó hasta noviembre de 2025. Y con los 3
sindicatos, el Gobierno acordó
explícitamente, el 27 de marzo de 2026, implantar el recorte de jornada
en gran parte de la Administración del Estado, con una Resolución
publicada en el BOE el 15 de abril
y que los organismos han de aplicar desde este 16 de mayo.
El
acuerdo establece una jornada de 35 horas (frente a las 37,5
actuales) para 246.500 funcionarios y empleados públicos de la
Administración General del Estado (AGE), algo menos de la mitad del total
(son 540.830 empleados públicos en la AGE), porque el acuerdo no incluye
a las Fuerzas y Cuerpos de la Seguridad del Estado, las Fuerzas Armadas,
personal de la Administración de Justicia (tendrán las 35 horas, pero tras
concretarlo en una mesa sectorial) y los
funcionarios de Prisiones (a negociar también). Los distintos Ministerios, la
Seguridad Social y los organismos públicos afectados han
tenido un mes para reajustar horarios y turnos (para asegurar la
atención al público y los servicios), de tal manera que a partir de este
sábado 16 de mayo ha de aplicarse el nuevo horario de 35 horas, con el
mismo sueldo.
La Resolución del
Gobierno concreta los
nuevos turnos para estos empleados públicos de la AGE. El horario de
mañana ya no será de 9.00 a 14.30, sino de 9.00 a 14.00. Esto suma 25
horas. “El tiempo restante hasta completar la jornada semanal se realizará en
horario flexible, entre las 7.00 y las 9.00 de lunes a viernes y entre las
14.00 y las 18.00 de lunes a jueves, así como entre las 14.30 y las 15.30 horas
los viernes”, agrega la Resolución. El horario de mañana y tarde pasa a
ser de 9.00 a 16.30 horas (antes era hasta las 18.00) y el de tarde de
15.00 a 20.00 (antes era hasta las 19.30). Además, la jornada intensiva de
verano no cambia: se mantiene en seis horas y media entre el 16 de
junio y el 15 de septiembre, “a desarrollar entre las 8.00 y las 15.00 de lunes
a viernes” en horario de mañana. En horario de tarde, transcurrirá por norma
general entre las 14.30 y las 21.30 horas. Por otra parte, los empleados
públicos en régimen de especial dedicación, con mayores
responsabilidades y, mejores salarios, empezarán a trabajar 37 horas y media,
en vez de las 40 actuales.
Además de este recorte de horario, el acuerdo
establece la flexibilidad horaria: 1 hora de margen para entrar y
salir a los empleados públicos que tengan que cuidar a niños menores de 12
años, mayores o discapacitados. Y se incluye el compromiso del Gobierno de impulsar
el teletrabajo en la Administración Pública (AGE), que se reguló en
2021 (tras la COVID) como “voluntario y reversible” pero que ahora se practica
poco y de forma arbitraria. La idea del Ministerio y los sindicatos es pactar
pronto una regulación más clara y precisa, que podría consolidar un
modelo de trabajo 3 días en remoto y 2 presenciales, siempre con
la condición de asegurar la atención al público en todos los servicios. Y en
paralelo, el Gobierno y los tres sindicatos del sector público, firmaron el
28 de noviembre un pacto
salarial para asegurar una subida del 11,4% hasta 2028 para
los 3 millones de empleados públicos (la subida del 2,5% de 2025 se abonó en
diciembre, con efectos desde enero), tras una
pérdida de poder adquisitivo del 20% desde 2010.
Este recorte de jornada ya implantado para la mitad
de empleados de la Administración General del Estado (246.500 de 540.830) podría
presionar a las autonomías (1.934.335 empleados públicos) a
rebajar la suya (en el caso de las 6
autonomías donde se trabajan 37,5 horas: Madrid, Cataluña, Comunidad
Valenciana, Galicia y Baleares) al igual que a los
21 Ayuntamientos de grandes ciudades que no la
han rebajado. Pero los expertos no creen que ayude a la
rebaja de jornada en las empresas privadas, sobre todo después de
que Junts,
PP y Vox rechazaran en el Congreso, el 10 de septiembre de 2025, debatir el
proyecto de Ley de reducción de Jornada a 37,5 horas (desde las 40 horas
actuales), aprobado
por el Consejo de ministros el 6 de mayo de 2025, en cumplimiento del pacto
de Gobierno PSOE-Sumar.
Con ello, los trabajadores de empresas privadas
trabajan ahora más horas que la mayoría de los empleados
públicos: la jornada media pactada por todos los trabajadores en
2025 (4º trimestre) era de 151,7 horas al mes (37,92 horas semanales), según el INE, pero casi
la mitad de los ocupados trabajan más de 40 horas semanales efectivas: 9,33
millones (el 41,8% de los ocupados) trabajan de 40 a 49 horas
semanales y otros 1,20 millones (el 5,4% del total) trabajan incluso
más de 50 horas a la semana, según la EPA de
marzo. Los empleados que trabajan jornadas más largas son los jóvenes
(el 55% tienen entre 25 y 34 años) y los empleados en hostelería, comercio,
construcción y algunas industrias, sobre todo en Madrid, Baleares,
Canarias, Cantabria y Galicia.
Ahora se han mejorado los horarios y los sueldos de muchos funcionarios
y empleados públicos, pero siguen con dos graves problemas de fondo.
Uno, que son
insuficientes en muchos destinos, porque su número se ha
reducido con los años, debido a que han crecido más las jubilaciones que las
contrataciones, especialmente en la Administración General del
Estado (AGE): eran 597.021 empleados en 2010, cayeron hasta
512.577 en 2018 y aunque han aumentado después, eran 540.830 en 2025,
47.000 empleados públicos (AGE) menos que en 2010, aunque la población en
España ha
aumentado en 3 millones de habitantes en estos 15 años. En los
Ayuntamientos, a pesar de ese aumento de la población censada, las
plantillas se han estancado: de 632.719 empleados públicos en 2015 a 632.030 en 2025. Donde sí han aumentado
mucho es en las autonomías y Universidades: de una plantilla conjunta de
1.450.479 trabajadores en 2015 a 1.934.335
en 2025 (+33,3%).
En conjunto, las
plantillas públicas cayeron de los 2.680.219 empleados en 2010 a
2.611.747 en 2018, para crecer luego hasta los 3.107.195 empleados
públicos que había en 2025. Un crecimiento del +19%
en los últimos 15 años, algo superior al aumento del conjunto de
trabajadores, que ha sido el +15,1%: de 18.476,900 ocupados en
2010 a 19.344.100 en 2018 (crecieron mientras bajaban los empleos públicos)
y los 22.268.000 ocupados en 2025. Con todo, el porcentaje español de
empleados públicos sobre el total de trabajadores era del 15,4% en 2024,
menos que la media OCDE (18,4%) y que paises como Suecia (28,2%), Dinamarca (27,3),
Francia (20,7%), Bélgica, Reino Unido (17,1%) y Austria, aunque más que EEUU
(14,6%), Italia (13,7%) o Alemania (11,5%) : ocupamos el puesto 25 de 38
paises en el
ranking de funcionarios en la OCDE. Así que es otro mito que “tenemos
muchos funcionarios”…
El otro problema que tenemos con los empleados públicos
(además de que son
pocos para un país que ya roza los 50 millones de habitantes) es que su
situación laboral es muy precaria, porque más de un tercio de los 3
millones son interinos o tienen un contrato temporal, debido a que
muchas Administraciones (sobre todo las autonomías, en la sanidad y educación,
y los Ayuntamientos) han cubierto las jubilaciones y nuevas necesidades con personal
temporal, que en muchos casos lleva años (y décadas)
así. Los
datos son espeluznantes: hay 1.237.526 funcionarios (904.603) y
personal laboral (332.927) con contratos temporales y de interinidad,
lo que supone que son “precarios” casi
el 40% del personal público (el 39,82%). Esta temporalidad es
especialmente preocupante en la Sanidad (334.925 interinos, el 45% de
las plantillas), en Educación (225.616 interinos, el 33%), en la Universidad
(92.345 temporales, el 48% de las plantillas), en los empleados de las autonomías (81.613
temporales, el 34%), el personal interino de la Administración Local (225.888,
el 36% de las plantillas) y los interinos en Justicia (18.786, el 34%
del personal), bajando el porcentaje de precariedad en las Agencias
estatales (3.832, el 19%) y en la Administración General del Estado
(24.976 interinos en la AGE, el 5% de las plantillas).
Unas cifras
de temporalidad espeluznante (casi 40%), muy superior al
porcentaje de asalariados temporales en el conjunto de la economía (14,77% en marzo,
según la EPA) y muy superior al tope del 8% que marca la Comisión
Europea, que obligó a reformar esta situación como condición para
pagar una parte de los Fondos Europeos (en el verano de 2025,
España no cobró 626 millones de estos Fondos UE por no haber aprobado la
reforma para reducir el porcentaje de empleados públicos temporales). Además, este
14 de abril, el
Tribunal Europeo de Justicia (TJUE) ha emitido una sentencia
considerando que las soluciones que aplica España a la alta
temporalidad de los empleados públicos (indemnizaciones tasadas, oposiciones
anuales y la figura del “indefinido no fijo”) “no son suficientes”
para evitar el abuso y reparar el daño. Tras este dictamen, el Tribunal Supremo español ha emitido una sentencia este martes donde cierra la puerta a hacer fijos a los interinos que hayan encadenados contratos temporales, salvo que aprueben una oposición, y propone una indemnización adicional (hasta de 10.000 euros) en caso de despido si ha habido abuso de la temporalidad.
Este grave problema de la temporalidad de los contratos
públicos se produce después de que distintas
oposiciones, hayan dado la fijeza a 419.000 trabajadores públicos en
los últimos 5 años. Precisamente, el Gobierno Sánchez ha convocado más
de 274.000 plazas de oposiciones desde 2019 (saltando de las 20.911
convocadas por Rajoy en 2017 a las 40.146 plazas convocadas en 2024 y las
37.017 convocadas este 2026), tanto para cubrir nuevas plazas como para
incorporar a interinos como fijos. Pero aún así, hay 1,2 millones de
empleados públicos interinos, el 60% de ellos en las autonomías, que
son las que gestionan el personal en la Sanidad, la Educación la Universidad o
la Justicia.
Así que España debe aprobar una reforma urgente para
evitar la multa europea y reducir la alta precariedad de los
empleados públicos, algo que no ayuda a que trabajen con eficacia. Además,
habrá que aumentar las próximas oposiciones, para pasar a fijos a parte
de estos interinos, lo que tendrá un coste elevado para autonomías,
Ayuntamiento y la Administración del Estado. Pero no hay otro camino, porque
necesitamos más que nunca unos servicios públicos que funcionen bien y no estén
cortos de plantillas, como ahora. Eso obliga a tener también unos ingresos
públicos crecientes, algo que choca con la rebaja de impuestos por la que
apuestan autonomías y Ayuntamientos controlados por PP y Vox. Es hora de tener unas
plantillas públicas con contratos decentes y bien pagados, porque su
trabajo es clave para que funcione mejor el Estado del Bienestar, que
debería se la prioridad de todos. A ello: es urgente.
