Casi 10 millones de niños y jóvenes no van al colegio, Instituto o Universidad desde el 11 de marzo, tratando de seguir online la enseñanza en su casa. Y todo apunta a que no volverán a clase hasta septiembre. Por eso, les preocupa cómo van a evaluarlos. El Ministerio propuso a las autonomías que fueran flexibles y que sólo se repita curso en casos excepcionales, porque muchos alumnos tienen problemas para seguir las enseñanzas online. Pero 4 autonomías gobernadas por el PP (Madrid, Andalucía, Murcia y Castilla y León) se han negado y aplicarán la LOMCE: con más de 2 suspensos se repite curso. También el País Vasco evaluará por su cuenta. Esta disparidad de criterios va a perjudicar a muchos alumnos y agravará la tremenda desigualdad educativa que ya existe por autonomías. Además, si son incapaces de pactar una evaluación en condiciones excepcionales, ¿van a lograr pactar una Ley educativa el próximo curso? La politización de la educación perjudica a los estudiantes y al país.
 |
| A partir de una imagen de la película El globo rojo enrique ortega |
Los niños y jóvenes de infantil, primaria, secundaria, Bachillerato y Formación Profesional (8.237.006) y los universitarios (1,6 millones) llevan sin ir a clase desde el 11 de marzo, siguiendo como pueden sus programas educativos a través de Internet. Este “confinamiento educativo” va a deteriorar seriamente los resultados de este curso escolar, porque la enseñanza online es muy desigual y menos efectiva que la presencial. De hecho, con el confinamiento, los alumnos perderán un 11% de lo que se aprende en un curso escolar “normal”, según el estudio “Efectos de la crisis del coronavirus en la Educación”, elaborado por Ismael Sanz y publicado por la Organización Educativa Iberoamericana (OEI).
Pero este dato es una aproximación media, ya que el “confinamiento educativo” afecta de una manera muy desigual, según las familias, las regiones y los centros. En cuanto a los alumnos, un 10% (1 millón) están “tecnológicamente desconectados”, o bien porque viven en zonas donde la conexión a Internet es muy deficiente (zonas rurales y la España “vaciada”) o porque no tienen acceso a Internet o no tienen ordenador o tienen que compartir los que hay en casa con otros hermanos y con los padres que “teletrabajan”. Y además, no es lo mismo tener unos padres que te pueden ayudar, por su medio o alto nivel educativo, o que no, sin olvidar la ventaja (o desventaja) de tener o no hermanos que también ayudan. Aunque el Ministerio de Educación ha repartido 20.000 tarjetas SIM para conectar a alumnos y varias autonomías han repartido además tablets y ordenadores, hay muchas zonas donde Correos y hasta la Guardia Civil han tenido que colaborar llevando deberes en papel a los niños confinados.
La segunda desigualdad es regional. Sólo un 52% de los centros escolares tienen una plataforma educativa adaptada a Internet, según este estudio de la Fundación COTEC, pero la situación en muy desigual por autonomías: tienen el 71% de los centros adaptados en Castilla y León, el 63% en Cataluña y País Vasco, el 51% en Madrid y sólo el 40% de los centros en Extremadura y el 35% en Aragón. Además, hay una tercera desigualdad tecnológica según el tipo de colegio: el 71,4% de los privados tienen una plataforma educativa en Internet eficaz, frente a un 55% los concertados y sólo un 48,8% los centros públicos, según la Fundación COTEC . Y la misma desigualdad se produce en el manejo de las herramientas online por los profesores (75,5% en los centros privados, 69% entre docentes de centros concertados y sólo un 45,5% de profesores en centros públicos). En definitiva, los más perjudicados por el “confinamiento educativo” son los centros públicos, colegios e Institutos, no sólo porque tienen menos medios informáticos y menos docentes digitalmente formados sino, sobre todo, porque acogen a un mayor porcentaje de alumnos desfavorecidos, que son los que sufren más la “brecha digital”.
Toda esta situación, excepcional y muy desigual, es la que ha llevado al Ministerio de Educación a proponer a las autonomías (que gestionan la educación) un método también excepcional para evaluar a los alumnos este curso: que los alumnos pasen de curso, salvo casos excepcionales, y si tienen carencias las recuperen el curso próximo. Y en todo caso, que sean los centros y sus equipos docentes los que tengan autonomía para evaluar, en base a las notas anteriores al confinamiento y el trabajo online realizado estas semanas. Tras la reunión con las autonomías, el miércoles 15 de abril, parecía que había acuerdo. Pero cuatro autonomías gobernadas por el PP se descolgaron: Madrid, Castilla y León, Andalucía y Murcia mostraron su desacuerdo a lo que calificaban de “aprobado general”, lo mismo que el País Vasco, las 5 autonomías que seguirán sus propios criterios de evaluación, según se refleja en la orden publicada por Sanidad (por el estado de alarma) este viernes 24 de abril. Incluso Cataluña seguirá la recomendación del Ministerio de Educación.
Habrá que ver cuáles son estos criterios, pero el consejero de Educación de Madrid ya ha dicho que harán lo que dice la LOMCE (la Ley de Educación aprobada en solitario por el PP en 2013): sólo sacarán el título de Bachiller y pasarán a la Selectividad los estudiantes de 2º que tengan todo aprobado, sólo pasarán de 1º a 2º de Bachillerato los que tengan un máximo de 2 suspensos y en ESO y Primaria sólo se pasará de curso con 2 suspensas (o excepcionalmente con 3, si no son Lengua o Matemáticas). Y en las instrucciones enviadas a los Centros madrileños este martes, recalcan que el tercer trimestre no podrá servir para recuperar los dos anteriores en caso de estar suspensos. Vamos, como si no pasara nada y los alumnos no llevarán semanas confinados en casa. Su argumento es que “defienden la exigencia y premian el esfuerzo”, aunque en realidad es más por una cuestión ideológica: los conservadores siempre han defendido la “meritocracia” y la promoción de los mejores, la estrategia de “la repetición como castigo”, que, según muchos expertos, no ayuda a los repetidores y hunde más a los que tienen problemas, promoviendo el abandono escolar.
En la Universidad, la evaluación tendrá menos controversia, básicamente porque el Ministerio de Universidades deja autonomía a los Campus para que decidan cómo serán las pruebas de evaluación, seguramente online, ya que el ministro no cree que se puedan reabrirse las aulas este curso. Las notas finales tendrán que ver con las notas de los dos primeros trimestres más el trabajo online de estas semanas, donde ya se han realizado preguntas tipo test, exámenes orales, videoconferencias y trabajos. Eso sí, 36.000 universitarios (el 3%) tienen problemas tecnológicos para seguir las clases o examinarse online, según los rectores. Ahora, todas las Universidades ultiman plataformas para hacer exámenes online en mayo y junio, asegurando la identidad de los alumnos y que en las respuestas no se copian ni hay ayuda externa. El riesgo que temen algunas es que los sistemas informáticos se saturen. Y en el caso de las pruebas de Selectividad (EBAU), se han fijado nuevas fechas para exámenes presenciales, del 22 de junio al 10 de julio, que muy probablemente no se podrán realizar. Eso obligaría a un “Plan B”: o exámenes online o dejar la EBAU para septiembre.
Precisamente, la otra gran preocupación de los 10 millones de estudiantes y sus familias es cuándo van a volver a clase, si regresarán unos días en mayo y junio o no. Todo indica que los estudiantes no volverán a las aulas hasta septiembre, que es la propuesta que han hecho al Gobierno 8 asesores de la Asociación Española de Pediatría. Y eso porque, aunque se pueda salir a la calle a finales de mayo o junio, “los colegios no están preparados para reanudar las clases con garantías sanitarias”: separación entre alumnos, no contacto, mascarillas, flexibilización de horarios… Algo que chocaría con lo que están haciendo algunos paises europeos menos afectados por el coronavirus: en Dinamarca han vuelto a clase el 15 de abril, en Alemania vuelven a clase el 4 de mayo, en Francia y Holanda el 11 de mayo. Pero en Italia no hay tampoco fecha de vuelta a clase y en Wuhan no han vuelto todavía.
Si no se vuelve a clase en mayo o junio, la clave será reforzar mucho más el próximo curso escolar 2020-21, que podría empezar también con "clases online", según ha anticipado hoy el ministro de Universidades, Manuel Castell. Quizás haya que empezarlo antes y seguro que habrá que incluir materias no dadas en este curso y ayudar a los alumnos que se hayan quedado atrás por el confinamiento educativo. Eso exigirá una programación más personalizada y sobre todo, contar con más profesores de refuerzo. Para ello, el Ministerio de Educación prevé retomar el próximo curso escolar el Programa PROA, un Plan de refuerzo escolar en Primaria y Secundaria, que estuvo en vigor de 2005 a 2012, cofinanciado por el Gobierno central y las autonomías (500 millones) y que los recortes de Rajoy se llevaron por delante. Y también será importante cambiar el sistema de becas, para aumentar su número y cuantía, beneficiando ya el próximo curso a esos millones de familias que sufren la emergencia económica del coronavirus. Además, el ministro Castell ha prometido acordar con las autonomías la bajada de las tasas universitarias el próximo curso.
Mientras se decide si reabren o no los colegios y cómo será el próximo curso, el hecho ahora es que la división política entre las autonomías provoca un efecto muy desigual del vigente “confinamiento escolar” para los alumnos no universitarios: en casi media España (las 5 autonomías “díscolas” suman el 46,3% del alumnado no universitario) tendrán una evaluación “más exigente” y en algo más de media España les harán una evaluación “más flexible”. Confiemos en que la "sensatez educativa" de centros y profesores eviten en lo posible esa discriminación regional. Porque si no, esas divergencias "políticas" a la hora de evaluar, además de perjudicar a millones de alumnos (sobre todo a los que han tenido más problemas para seguir el curso online), van a agravar la brecha educativa en España, las diferencias educativas entre autonomías, que ya eran muy importantes antes del coronavirus.
Haya o no más repetidores por el coronavirus, lo esencial es que España ya es hoy un país líder en alumnos repetidores, según el último Informe PISA 2018: un 28,7% de los alumnos de 15 años han repetido curso, frente al 13% que repiten en la UE-28 y un 11,4% en la OCDE, siendo el tercer país de Europa con más repetidores, tras Luxemburgo (32,2%) y Bélgica (30,8%) y muy lejos del 3,3% de repetidores en Finlandia. Y eso se debe a que en otros paises la enseñanza es diferente, menos memorística y da menos peso a los exámenes y más a la evaluación continua de los alumnos. Pero, además, hay grandes diferencias de repetidores porautonomías. Hay 13 regiones con más repetidores que la media, encabezadas por Ceuta (49,1% alumnos 15 años han repetido curso), Melilla (45,6%), Canarias (35,6%), Extremadura (34,7%), Murcia (34,6%), Castilla la Mancha y La Rioja (34,1%), Andalucía (33,3%), Comunidad Valenciana (32,2), Baleares (31,7%), Aragón (30,4%), Madrid (29,9%) y Castilla y León (29,5%). Y otras 6 autonomías con menos repetidores: Cataluña (15,1%), País Vasco (20%), Navarra (23,9%), Asturias (26,7%), Cantabria (26,9%) y Galicia (27,5%).
Ahora, con la diferente evaluación este curso, las diferencias regionales en repetidores aumentarán. Sobre todo porque el Informe PISA revela que hay una relación directa entre pobreza y alumnos repetidores: en España, los alumnos pobres repiten curso 4 veces más que las familias con más recursos, siendo el 2º país europeo (tras Eslovaquia) donde más incide la pobreza en los repetidores. Y otro factor que incide en los resultados académicos, en las pruebas de ciencias, matemáticas y lectura que analiza el informe PISA es el índice socioeconómico y cultural de los alumnos: en España, más del 12% del rendimiento en matemáticas, por ejemplo, se debe al nivel económico de las familias, mientras en toda la OCDE sólo afecta al 3% del rendimiento y en Europa al 4%. Ahora, dado que el coronavirus ha deteriorado mucho el nivel de vida y empleo de los más vulnerables, es de esperar que también afecte más negativamente al nivel educativo de sus hijos.
Así que, con el coronavirus y la diferente evaluación por regiones, tendremos un nivel más desigual de repetidores y de abandono escolar, que no sólo es más elevado en España (somos líderes, con el 17,9% de jóvenes de 18 a 24 años que han abandonado sus estudios al final de la ESO y no completan el Bachillerato o la FP, frente al 10,8% de media en la UE-28, el 8,9% de Francia, el 10,3% de Alemania, el 10,7% de reino Unido o el 8,3% de Finlandia, según Eurostat) sino que también está desigualmente repartido por autonomías: hay regiones que superan o rozan el 25% (como Baleares, Ceuta, Melilla, Andalucía o Murcia) y regiones donde apenas existe, como País Vasco (7% de abandono escolar temprano), Cantabria (8,9%), Navarra (11,3%) o la Rioja (12,9%).
Al final, el coronavirus y el “confinamiento educativo” van a dañar a todos los estudiantes españoles, pero todo apunta a que lo harán de forma muy desigual, afectado más a los jóvenes de familias con menos recursos que vivan en zonas rurales y estudien en centros públicos. Eso va a agravar aún más las desigualdades educativas en España, ya muy preocupantes antes de la pandemia. Se ve en el último informe PISA 2018, donde los alumnos de Ceuta sacan una nota en matemáticas (411 puntos) que indica que están 3 cursos por detrás de los de Navarra (503 puntos). Y Andalucía, más de 1 curso por detrás. En ciencias, los alumnos de Ceuta (415 puntos) están también 3 cursos por detrás de Galicia (510 puntos). Y Canarias o Andalucía, más de un curso por detrás. Y también hay grandes diferencias por autonomías en niveles de formación, en empleo y paro juvenil.
Una parte de estas diferencias educativas por autonomías se debe a que gastan de forma desigual en la enseñanza, además de que España gaste también menos que Europa (el 4% del PIB frente al 5% de la UE-28, unos 11.200 millones menos anuales). Así, Madrid (la autonomía que más empeora en el último informe PISA) es la autonomía que menos invierte por cada escolar (3.945 euros), un 60% menos que el País Vasco, la que más invierte en Educación (6.502 euros). Pero el gasto no es todo, como revela que Galicia o Castilla y León gasten menos y tengan buenos resultados en el informe PISA. Eso exige pensar en otras razones, como el tipo de enseñanza que se da. Y muchos expertos coinciden en que hay que cambiar el modelo de enseñanza en España, buscando centrarse menos en la educación “memorística” y más en desarrollar la capacidad crítica, las habilidades y el trabajo en equipo. "Los docentes deberán cambiar su forma de enseñar en septiembre", ha advertido el director de Educación de la OCDE.
Por todo esto, urge aprobar una nueva Ley de Educación. El Gobierno aprobó el 3 de marzo un proyecto de Ley Orgánica que debía pactarse este año, aunque ahora se retrasará, al menos hasta dentro de dos cursos escolares. Pero si los partidos no son capaces de acordar siquiera cómo evaluar a los alumnos en una pandemia, no parece posible que vayan a pactar una nueva Ley educativa, la 8ª de la democracia. Y hay otra reflexión, a la vista de la actitud educativa de las autonomías en esta pandemia, cada una a su aire (como en la emergencia sanitaria): pensemos si la educación debería ser (como la sanidad) una competencia estatal, unificada en toda España, para reducir las actuales diferencias entre niños y jóvenes, cuya formación no debería depender de dónde vivan, como pasa ahora. Ahí lo dejo.
